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La sociedad civil organizada, recordamos este mes de octubre del 2022 como un tiempo contra el olvido y por la búsqueda de justicia; este me se cumplen 500 más 30 años de la invasión a nuestros territorios, también se cumple 10 años de la aprobación de la ley de consulta previa y un año en que el gobierno peruano no ha querido ratificar el Acuerdo de Escazú.

Revaloramos estas fechas para hacer memoria, para no olvidar las deudas históricas que el país tiene con los pueblos originarios, defensores de derechos humanos y ambientales.

En éste mismo mes, el Congreso ha aprobado el proyecto de Ley 01210 2021 que modifica ley de deslinde y titulación de comunidades Campesinas sin cumplir con la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. Este mismo año, seguimos viendo la indiferencia del Estado para la aprobación del Acuerdo de Escazú y la mejora efectiva del sistema de fiscalización y sanción ambiental, así como, del sistema de protección a los defensores de derechos humanos y ambientales.

Seguimos viendo en las noticias los pronunciamientos incesantes de las comunidades afectadas por los derrames petroleros en la Amazonía; por otra parte, encontramos a los deudos de los dirigentes indígenas asesinados exigiendo una justicia que nunca llega.

En estos últimos días y aún en éste mismo instante, vemos a las comunidades del departamento de Amazonas, en la zona del río Cenepa, exigiendo que la declaratoria de emergencia de la zona no sea tan solo una declaración sino, que se convierta en acciones contundentes para acabar con la minería informal y la contaminación de toda esta cuenca, poniendo fin a las acciones de amedrentamiento a los dirigentes indígenas por parte de las mafias alrededor de esta actividad ilegal.

Justicia para las víctimas de la defensa del medio ambiente, basta de indiferencia, exigimos respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

 

Amazonia, Ande y Costa peruana, 26 de octubre del 2022.

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas

de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Del 2002 a la actualidad los pueblos amazónicos de Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Guyana Francesa, Surinam y Guyana, se vienen reuniendo para visibilizar su realidad, articular sus organizaciones y una agenda de defensa de sus territorios.

Del 28 al 31 de julio del presente año, en el Estado de Pará, ciudad de Belém de Brasil se ha desarrollado el X FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO (FOSPA), donde se compartieron experiencias de lucha de los pueblos por el bien común de la humanidad, por un mundo justo y solidario. Cada FOSPA es temático y se inició el 2002 dedicado a defensa de la vida, resistencias. Posteriormente sus ejes fueron resistencia al ALCA; mundialización de la Amazonía; derechos de pueblos originarios, ciudades sustentables, IRSA, Buen Vivir; Defensa de la tierras, comunicación, educación popular, debate sobre represas en la Amazonía; Capitalismo y economía verde; Agricultura familiar, democratizar medios de producción, cumplimiento de tratados internacionales; Economía Verde, educación, comunicación Mujeres – Jóvenes, carácter andino – amazónico. La más reciente experiencia tuvo como centro  los seres vivientes.

El 28 de julio del presente año, las delegaciones de los diferentes países se concentraron y marcharon por las calles de Belém al compás de los tambores, cantos y lemas por la defensa del territorio y los seres vivos; la Red Muqui estuvo presente conjuntamente con la delegación de Perú.

Se desarrollaron más de 260 actividades en los ambientes de la Universidad Federal de Pará,  entre las que destacaron presentaciones de resistencia de los pueblos, de las mujeres, de las luchas contra el patriarcado y la urgencia de acciones de todos los pueblos para la protección de la Amazonía. Este espacio de articulación de los pueblos amazónicos fue posible por el trabajo conjunto de diferentes organizaciones, entre ellas de la Federación de ONG de Órganos de Asistencia Social y Educativa (FASE).

El 30 de julio en el panel sobre “Amazonía: Territorio de resistencia frente a la minería”, promovido por FASE, Greenpeace, CEIBO, HIVOS y “todos los ojos en Amazonía”, Gladys Huamán de la Red Muqui, compartió sobre las acciones de resistencia que realizan los pueblos en el Perú, presentando los impactos de la minería en el suelo, agua, aire y la salud de las personas. Destacó que el modelo de minería a tajo abierto no solo afecta las fuentes de agua superficial sino también las subterráneas,  provoca desplazamiento forzado de la población. Además,  según el ministerio de salud hay más de diez millones de personas expuestas a metales tóxicos, pese a lo cual, los diferentes gobiernos promueven la inversión privada en la minería. Según sus proclamas buscan ser primeros productores de metales, para ello flexibilizan los trámites y los impactos ambientales no son considerados.  Galdys Huamán relató cómo los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras son permanentes, y en los cuales el gobierno de turno responde con represión que deja heridos y muertos, criminalizando la protesta social.

Otro caso destacado fue la resistencia de las y los campesinos del Valle de Tambo (Arequipa) que desde el 2009 vienen enfrentando a la empresa y al Estado que pretende aprobar el desarrollo de los dos proyectos mineros La Tapada y Tía María. Emprendimientos que, de realizarse, afectarían a la agricultura que con sus productos sostiene el mercado local, regional y nacional. Es uno de los primeros casos en la que la población organizada y en alianza con otros actores locales han realizado la consulta popular, cuyo resultado arroja que más del 98% de la población desaprueba la minería. También es un caso emblemático de cómo defensores y defensoras de derechos vienen enfrentando largos procesos legales resultado de su resistencia.

En otros lugares del país donde la minería viene operando, los conflictos son por la contaminación de los recursos y la afectación a la salud de las poblaciones. Consecuencias que conllevan la exigencia de que las mineras tengan mayores controles y cumplan sus responsabilidades ante los impactos acumulativos. También se les exige mayores respuestas por sus impactos en las economías de todo el territorio. Finalmente esto ha abierto el escenario para discutir el modelo extractivo, revisar la Ley General de Minería, plantear una política de ordenamiento territorial y la protección de las nacientes de agua, entre otros.

Por su lado Alexandra Narváez del pueblo indígena A’i cofán de Sinangoe en la Amazonía Ecuatoriana resaltó las acciones colectivas que realizan. La galardonada con el Premio Ambiental Goldman 2022, por la defensa de su territorio frente a la minería ilegal expuso que lograron, con la participación de ella siendo la primera mujer guardia,  anular 52 concesiones, otorgadas por el gobierno sin el consentimiento de la comunidad Cofán, cuyos territorios colindan con el Parque Nacional Cayambe-Coca. También participó en el panel el cacique Valdemar Poxo, Cacique da Aldeia Poxo Muybu – TI Sawre MuyBu (Tapajós), Brasil. El líder indígena denunció que vienen siendo amenazados por los taladores, pescadores y mineros ilegales. Enfrentan problemas de contaminación de su principal río Tapajós, sustento de sus formas de vida y cuya extinción amenaza su propia existencia.

El FOSPA culminó con la DECLARACIÓN PANAMAZÓNICA DE BELÉM, de la que destacamos:

“Actualmente, la Amazonía está en su peor momento, devastada por los gobiernos, para los cuales la naturaleza es una mercancía, y los derechos de las personas no tienen validez. Hasta la fecha ningún gobierno ha garantizado el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos amazónicos en defensa de la Madre Naturaleza. Ante esta situación, es necesario hacer un llamado a los movimientos sociales para apelar a la creatividad, aprender de sus errores y seguir luchando”

Las propuestas de políticas a las que arribaron son fundamentales y queda en cada organización y participante para que puedan concretizarse. Destacamos las siguientes:

  • Exigimos un modelo político, social y económico que priorice la integridad de nuestra casa común, que reconozca y respete los territorios y el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos amazónicos y los derechos de la naturaleza.
  • Recuperar, valorar y proteger los saberes de hombres y mujeres y las formas ancestrales de organización de nuestros pueblos para el cuidado y manejo del agua, la protección de sus territorios, que incluyen nuestros ríos, limpios y libres de megaproyectos.
  • Nuestras alternativas por una tierra sin males son la producción agrícola y forestal diversificada en armonía con la naturaleza, la agrosilvicultura, la agroecología, los proyectos de producción y consumo local, el manejo comunitario del territorio y las áreas comunes, el uso de semillas nativas, el ecoturismo comunitario, de energías alternativas, el cuidado y la gestión integrada y participativa de cuencas hidrográficas y biorregiones, y muchas otras iniciativas centradas en la vida y no en la mercantilización de la naturaleza.
  • Instamos a los gobiernos de los países panamazónicos a poner en práctica sus discursos contra la crisis climática y los derechos de la Madre Tierra, con medidas reales contra la deforestación, la degradación y el aumento de emisiones, y no con el maquillaje de las llamadas economías verdes. Exigimos que cumplan y refuercen sus compromisos internacionales.
  • Promover el ejercicio del autogobierno y la libre determinación de los pueblos indígenas, negros, quilombolas, campesinos y ribereños para permitir el ejercicio de la gestión pública con base en su propia visión, normas y procedimientos; para ello es necesario, entre otras cosas, implementar mecanismos adecuados a las nuevas formas de planificación que garanticen sus modos de vida, respetando sus cosmovisiones. Sin autogestión territorial de los pueblos, no hay futuro para la Amazonía, ni para el mundo. Exigir el pleno cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (eg Caso Surinam 2015). Exigimos también la autodeterminación de la Guayana Francesa; nuestra cuenca amazónica no estará completa hasta que logremos su descolonización.
  • Rechazamos las políticas públicas extractivas gubernamentales que atentan contra la vida y la naturaleza. Exigimos que se firme, ratifique, respete e implemente el derecho a la consulta libre, previa e informada, incluido el derecho de veto por objeción de conciencia cultural en el marco de la libre determinación de los pueblos, y exigimos que los hidrocarburos se mantengan bajo tierra y que la Amazonía esté libre de minería.
  • Exigir a los gobiernos la plena propiedad y garantía jurídica de los territorios de los pueblos y comunidades, incluido el subsuelo, para que tengan protección permanente contra la extracción de minerales, para que no atenten contra nuestra madre tierra, a fin de garantizar el bienestar de seres humanos y de todas las formas de vida y espíritus.

 

 

Actualización de la nota:

Este jueves 12 se iba a llevar a cabo la audiencia contra defensores e integrantes de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, Chiclayo, que fueron denunciados por el Ministerio de Ambiente por, supuestamente, haber cometido delitos de “alteración del ambiente o paisaje” en áreas de la Reserva Ecológica de Chaparrí. Sin embargo esta no se instaló, después que la Defensoría Pública solicitara  que esta se reprogramara debido a que los defensores cuentan con nuevos abogados y estos recién están conociendo el caso.

Los nuevos asesores legales de los comuneros defensores iniciaron su labor gracias a que el pasado 10 de agosto, ellos se lograran reunir en Lima con el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Guillermo Vargas, y con la congresista Ruth Luque. En la reunión, el viceministro indicó que la Defensa Pública estaría a disposición de los defensores ambientales y brindaría asesoría legal en los procesos judiciales que enfrentan a consecuencia de su labor.

Gracias a ello, tres de los defensores denunciados están siendo defendidos por abogados de la Defensoría Pública, en tanto los otros tres tienen el apoyo y acompañamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo en la región de Lambayeque aceptó el pedido y reprogramó la audiencia de juicio oral hasta el 30 de enero de 2023. Recordemos que el juicio puede resultar en una sentencia de cuatro años de prisión para los seis defensores del ambiente.

Comuneros y organizaciones de la sociedad civil mostraron su apoyo a los defensores ambientales y al Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, organización a la cual pertenecen. Los activistas consideran injusta la denuncia, contra quienes desde hace años vienen velando por la protección de la Reserva Ecológica de Chaparrí y, por la cual, sufren de constantes hostigamientos y amenazas por parte de traficantes de tierras. Esto se vió reflejado en la movilización por justicia por los seis comuneros convocada por el Frente de Defensa Salvemos Chaparrí y realizada el pasado 11 de agosto. La protesta se inició en la Plazuela Elías Aguirre de Chiclayo y recorrió las principales avenidas de la ciudad para, posteriormente, terminar con un plantón frente a la sede del Ministerio Público.

 

Nota Anterior:

En agosto del 2017, ocho comuneros y dirigentes pertenecientes a la ciudad de Chongoyape, ubicada en Chiclayo, fueron denunciados por el Ministerio del Ambiente (MINAM) por, presuntamente, haber cometido el delito de “Alteración del ambiente o paisaje” en áreas de la Reserva Ecológica de Chaparrí, la primera Área de conservación privada del Perú.

Las ocho personas denunciadas son Hemeregildo Torres; Porfirio Torres; Genaro Vera; Miguel Ángel Becerra; Segundo Culqui; Juan de Dios Carrasco; Dociteo Tafur; y Américo Laboriano. Los señalados fueron acusados de lotizar y alterar áreas de la reserva construyendo canales de cemento de agua y ramales; una central mini hidroeléctrica; entre otras acciones que, de acuerdo con el MINAM, alteran el ambiente natural.

De esa manera, los ex dirigentes y comuneros fueron denunciados alegando, además, que no ha existido reparación del daño causado ni confesión sincera. La Fiscalía solicitó que se imponga una pena privativa de libertad dentro del tercio inferior de cuatro años de pena privativa de libertad y con noventa días multa para los acusados, así como una reparación civil de S/. 5 000 (cinco mil soles) de manera solidaria a favor del Estado Peruano representado por el Ministerio del Ambiente.

De acuerdo con un representante de la asociación civil Allka Pacha, el abogado Marco Chung, quien también acompaña el caso de los comuneros, la Fiscalía alega que las construcciones que realizaron los comuneros dentro de la reserva ecológica se dieron sin autorización y, como consecuencia, las acciones han alterado el bosque impactando  la fauna silvestre y forestal, y ocasionando un daño ambiental irreparable.

Sin embargo, según Marco Chung, es fundamental conocer que la normativa del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) establece que las áreas de conservación tienen “áreas de servicio restringido” (espacios en los que no se puede realizar ningún tipo de construcción porque se altera el ecosistema) y “áreas de servicio múltiple” (espacios en los que sí se pueden realizar construcciones, siempre y cuando no se alteren los ecosistemas, por ejemplo: cabañas, piscinas ecológicas, etc.). La tesis de la defensa señala que, además de que la comunidad es autónoma en sus decisiones, las construcciones no alteran paisajes ni bosques ya que los comuneros han construido en áreas de uso múltiple. Sin embargo, el abogado declara que la Fiscalía no comprende esto, y desconoce las normas de conservación privada, por lo cual los están acusando.

Asimismo, Chung señala que la acusación es parte de una campaña mediática que se está realizando en contra de los comuneros, ya que justamente son las personas más emblemáticas de la comunidad, quienes durante mucho tiempo han realizado una lucha en defensa de la Reserva Ecológica de Chaparrí, por lo que se está criminalizando también el accionar de defensa ambiental de las personas.

Finalmente, de acuerdo con Marco Chung, el sábado 06 de agosto, se realizará una reunión entre los defensores acusados y sus abogados para analizar la defensa y revisar consideraciones finales antes de la audiencia del juicio oral que tendrá lugar en Chiclayo el domingo 14 de agosto a las 10 am.

El viernes 22 de abril, como parte de la campaña nacional “Defensoras y defensores del Perú”, se realizó un plantón convocado por diferentes organizaciones, instituciones y colectivos que tenían como objetivo principal exigir justicia por los defensores del medio ambiente asesinados en el Perú. Recordemos que desde el año 2020, hasta la fecha, un total de 17 defensores y defensoras de la Amazonia peruana han sido asesinados en su lucha por la defensa del medio ambiente y su territorio, y contra actividades ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal, entre otras actividades.

Además, el plantón se realizó en el marco del día de la Tierra para representar la importancia que tienen las personas defensoras para la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. De esa manera, los colectivos y organizaciones se agruparon, desde las 11 am, al frente del Congreso de la República para exigir las siguientes demandas

  • Justicia para las personas defensoras del medio ambiente asesinadas. En lo que va del año, de enero a abril 5 defensores perdieron la vida por defender el ambiente y sus territorios, y en dos años ya van 17 defensores muertos
  • Que el Congreso de la República apruebe y ratifique el Acuerdo de Escazú, una medida fundamental para fortalecer los derechos de las personas defensoras y que en el Perú, a pesar de que ya han transcurrido más de 4 años desde su aprobación, aún no ha sido incorporado al ordenamiento jurídico por la falta de voluntad política de los congresistas. 
  • Se exigió al Presidente de la República y ministros aprobar una política integral de protección para las personas defensoras de derechos humanos y ambientales e implementarla de forma célebre y oportuna. Ello implica el reconocimiento público de su labor, garantizar el presupuesto público para la implementación del mecanismo intersectorial, y la acción conjunta y coordinada de los ministerios y operadores de justicia para proteger y garantizar el trabajo de las personas defensoras de derechos.
  • Se demandó la importancia de que el gobierno, a través de los ministerios y las instancias respectivas, vigile y fiscalice la actuación de las empresas, en todo lo relacionado con los derechos humanos, y se anulen los contratos de la PNP y las empresas extractivas. Igualmente necesaria es la derogatoria de leyes que avalan el uso de la fuerza pública a cargo de la PNP y FFAA, como la derogatoria de la “Ley del Gatillo fácil” y la prohibición del uso de armas letales en la protesta social. Recordemos que, lamentablemente, en las recientes movilizaciones sociales murieron 6 personas y hubo una decena de heridos, y, hasta la fecha, no hay ninguna investigación ni sanción para los responsables. 
  • Por esa razón, en el plantón también se exigió que el presidente Castillo pida la renuncia inmediata del Ministro del Interior, Alfonso Chavarry.
  • Finalmente, se exigió al Presidente de la República, al Congreso de la República y autoridades del país asumir políticas de emergencia, ante la evidente crisis climática que atravesamos. Señalando que es momento de grandes y radicales cambios en nuestro modo de relacionarnos con el medio ambiente, así como la importancia de regular la explotación desmedida de recursos no renovables,  aprobar una política de ordenamiento territorial y declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca ante la evidente contaminación de las fuentes hídricas para consumo humanos y actividades agropecuarias.

Finalmente, luego del plantón se realizó un Tuitazo en las redes sociales desde las 5 pm para continuar exigiendo las demandas señaladas anteriormente. Esto se realizó con los diferentes colectivos, organizaciones e instituciones coordinadoras de la movilización, de manera que los mensajes puedan tener un mayor alcance. Los “hashtags” principales que se utilizaron fueron #JusticiaParaDefensores y #CongresoRatificaEscazú. Este tipo de actividades se continuarán desarrollando con el objetivo de que el Estado escuche las demandas que se exigen para que los derechos de las personas defensoras sean protegidos, así como los del medio ambiente.

Ante el incremento de asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales, y, en el marco del Día de la Tierra, es resulta más urgente que nunca que mostremos solidaridad y salgamos en defensa de los defensores/ras ambientales y de derechos humanos, que lo arriesgan todo para proteger a las personas y el planeta en el que todas/os vivimos. Por esa razón, les invitamos a unirse al plantón «Justicia Para Defensores» que se realizará este viernes 22 de abril a las 10 am en el Parque Universitario (Referencia: Avenida Abancay con Avenida Nicolás de Piérola)

En esta movilización exigiremos: que se haga justicia por los asesinatos de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, esto, debido a que en los últimos 24 meses han ocurrido 17 asesinatos de personas defensoras en la Amazonia peruana, lo cual no solo representa una pérdida para la defensa del medio ambiente, sino también afecta a sus familias y comunidades. Además, exigiremos que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, una medida fundamental para fortalecer los derechos de las personas defensoras y que en el Perú aún no ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la falta de voluntad política de los congresistas. La situación lo amerita, solo por señalar algunos casos, como el derrame de petróleo provocado por Repsol en el litoral de Lima, o los asesinatos a las y los defensores que se vienen incrementando.  Y, finalmente, exigiremos la renuncia del ministro del interior, Alfonso Chávarry Estrada, por los muertos y heridos en las protestas sociales ocurridas recientemente por el alza de precios de la canasta básica.

Únete y alza la voz por la tierra y los defensores/as de derechos humanos.

Exijamos:
#JusticiaParaDefensores
#CongresoRatificaEscazú
#FueraChávarry
—————–
Viernes 22 de abril
10am
Av. Abancay con Av. Nicolás de Piérola.

Este 23 de marzo de 2022, en el marco de la 49° sesión del Consejo de Derechos Humanos, más de 60 organizaciones de la sociedad civil presentaron un nuevo reporte que evalúa 26 proyectos chinos que operan en 9 países de América Latina, demostrando que existe un patrón de incumplimiento del Estado chino frente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y el ambiente.

 

China se ha convertido en un actor estratégico para el financiamiento y construcción de grandes proyectos de desarrollo en Latinoamérica, generando un impacto directo en la vida y goce efectivo de derechos de grandes poblaciones. Esto preocupa, más aún sabiendo que 21 países de la región ya se han integrado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) liderada por China.

El Estado chino ha participado en tres ciclos del Examen Periódico Universal sobre derechos humanos de Naciones Unidas (en los años 2009, 2013 y 2018). En el último de estos procesos, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), elaboró ocho Informes Sombra sobre la responsabilidad extraterritorial del país asiático respecto a las actividades de sus empresas y bancos en América Latina. Gracias a este proceso de incidencia, China asumió varios compromisos aceptando seis recomendaciones que corresponden al cumplimiento de obligaciones extraterritoriales del Estado, orientadas a que se respeten y protejan los derechos humanos y el ambiente en todas sus operaciones empresariales fuera de China.

El nuevo reporte que se presentará este miércoles, denominado “Derechos humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica”, evalúa el nivel de cumplimiento de las recomendaciones adoptadas por China en su último EPU, a partir del examen de las vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza en 26 proyectos con participación china (23 consorcios y al menos seis bancos) que se desarrollan en los sectores de minería (12), hidroelectricidad (6), hidrocarburos (3) y otros (5).

El reporte se ha presentado este miércoles 23 de marzo en el seminario denominado Derechos Humanos y Actividades Empresariales Chinas en Latinoamérica que se realizó vía zoom.  Es posible ver la transmisión en difereido de la actividad por redes sociales a través de este enlace .

La conclusión general de este Informe es que el Estado chino ha realizado esfuerzos insuficientes para cumplir los compromisos asumidos en el EPU y que el patrón de vulneración de derechos descrito en 2018 continúa siendo sistemático. Entre los hallazgos importantes se demostró que en 24 casos hubo violaciones al derecho a vivir en un medioambiente sano y daños al ambiente, en 18 casos se dieron violaciones al derecho de participación y consulta libre, previa e informada y en la mitad de los casos hubo violaciones al derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada. Así mismo, existe una presencia constante de vulneraciones a los derechos civiles y políticos fundamentales y los derechos laborales, individuales y colectivos, entre otros.

 

Frente a esta evidencia, las organizaciones que elaboraron el informe plantean varias recomendaciones, entre otras, que el Estado chino elabore un Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos donde se adopten medidas urgentes para asegurar que sus entidades cumplan con sus obligaciones extraterritoriales, con el fin de prevenir los impactos al ambiente, los derechos humanos y el territorio de las comunidades afectadas.

Las organizaciones exigen a los bancos y a las empresas chinas que operan en Latinoamérica que lleven a cabo un examen de debida diligencia en todo el ciclo de sus proyectos y que se adopten mecanismos judiciales y extrajudiciales que proporcionen una reparación efectiva y oportuna de los impactos sociales y ambientales ocasionados por entidades chinas, incluyendo el acceso a remedios judiciales de las víctimas de violaciones de derechos humanos, para que presenten sus demandas de reparación en la jurisdicción de su país o en China.

Por otro lado, demandan mecanismos de control, transparencia y acceso de información para la sociedad civil, y que se incorporen en los acuerdos de comercio cláusulas relativas a la protección de los derechos humanos, el ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Finalmente, el Colectivo también hace observaciones y recomendaciones específicas a las empresas  y entidades chinas, así como a los Estados que emitieron recomendaciones a China en el marco del EPU.

Descargue el resumen ejecutivo del reporte aquí

Para seguir el evento por redes sociales, seguir este enlace:https://fb.me/e/6AVqMMEmM.

Desde el mes de julio la Red Muqui Sur integrado por APRODEH, IDECA, DHSF y la Universidad Tecnológica de los Andes y la Universidad Nacional del Altiplano, vienen desarrollando talleres de fortalecimiento en el marco de la “Escuela de Formación en Derechos Humanos para Jóvenes Abogados (as) y Defensoras (es) del Sur Andino”. La escuela tiene como objetivo fortalecer la formación de estudiantes y egresados de la carrera profesional de derecho, abogados (as) jóvenes y activistas de las regiones de Cusco, Apurímac y Puno, en materia de derechos humanos y la defensa en contexto de conflictos eco-territoriales; bajos los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. Con ello se busca que los participantes puedan tener una reflexión crítica del derecho y del contexto extractivista y de conflictos socio ambientales, que caracteriza al sur andino. 

Los temas que se han ido desarrollando hasta el momento son: los derechos humanos y la justicia intercultural en el contexto global post pandemia, el litigio estratégico y defensa de los derechos de los pueblos originarios, derecho a la protesta y criminalización de defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales y el análisis de casos emblemáticos en materia del derecho a la protesta social. El desarrollo de los temas ha estado a cargo de abogados y abogadas de amplia experiencia en la defensa de derechos humanos y colectivos en el Sur Andino. 

A lo largo de los talleres los abogados (as) jóvenes han compartido casos y problemáticas minero ambientales, presentes en sus regiones. Esto ha aportado aún desarrollo más reflexivo de los temas, involucrándolos activamente. Al concluir la escuela se espera que los abogados (as) presentarán artículos, que analizarán las principales problemáticas de sus regiones planteando alternativas de solución, a partir de los aprendizajes y reflexiones de la escuela. 

Este próximo viernes 24 y sábado 25 de setiembre, en la ciudad de Cusco, se desarrollará el último taller, concluyéndose así con este proceso de fortalecimiento.

Esta escuela ha sido un esfuerzo colectivo de todos los miembros de la Red Muqui Sur, quienes han apostado por contribuir en la formación de jóvenes abogados del Sur Andino; y así apoyar en la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los derechos colectivos de las comunidades campesinas (pueblos indígenas u originarios) afectadas por proyectos mineros.

Amenazas, estigmatización, criminalización y ataques, son los constantes problemas que sufren las personas que defienden los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente en América Latina, y el Perú no está exento de ello. Dada la crisis climática se ha tomado conciencia de la importancia de generar medidas que contribuyan a la protección del medio ambiente, pero aún no se reconoce la importancia de la labor que realizan las y los defensores y los riesgos que enfrentan.

A pesar de los avances positivos en cuanto a la creación de medidas normativas para la protección de las personas defensoras, como el diseño de un nuevo Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos; las medidas de protección siguen siendo insuficientes, lo cual contribuye a que el Perú siga siendo considerado uno de los países más peligrosos de América Latina para la defensa de la tierra y medio ambiente. Un país en el cual, en la última década, 220 personas defensoras fueron asesinadas. Por esa razón, es primordial generar espacios de discusión que contribuyan a generar medidas que garanticen la protección de los derechos de las personas defensoras y que contribuyan a que su labor se desarrolle sin ningún riesgo.

Por estos motivos, les invitamos a participar este miércoles 15 de setiembre a las 11am del foro: “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú”, organizado por la Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras; FEDEPAZ; Peru Support Group; y CAFOD. El foro contará con la participación de Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Vincent Ringenberg, Encargado de Negocios de la Unión Europea en Perú, Kate Harrisson, Embajadora del Reino Unido en el Perú, además de representantes del Congreso y el Ministerio de Justicia, y defensores/as de derechos.

El foro discutirá sobre las principales tendencias y factores estructurales que permiten el aumento de la vulnerabilidad y riesgos de las personas defensoras en el Perú. Además, se socializarán hallazgos del informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común y recomendaciones para apoyar el trabajo de las y los defensores en el Perú, discutiendo casos emblemáticos con los propios defensores de DDHH de Espinar, Valle de Tambo y de la comunidad Awajún, para así generar aprendizajes para la protección y la generación de un entorno seguro para el trabajo de aquellas personas en general que defienden la tierra y nuestra casa común.

El foro será transmitido a través de nuestras redes sociales y de Wayka.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Hemos empezado la semana con una noticia muy dolorosa, y es que el lunes 24 de mayo se ha conocido del asesinato de 16 personas, entre ellas 2 menores de edad, en el centro poblado de San Miguel del Ene, distrito de Vizcatán del Ene, Junín. Hasta el momento, las versiones oficiales señalan que los responsables serían grupos de narcoterroristas instalados en la zona. Desde la Red Muqui expresamos toda nuestra solidaridad con las familias de las personas asesinadas, y esperemos que se investigue de manera seria esta masacre y que caiga todo el peso de la ley a los responsables de estos hechos. Así mismo, lamentamos el uso y aprovechamiento político que se pretende hacer sobre esta tragedia, y lo mínimo que deberían hacer ambos candidatos y los medios de comunicación es que respeten el dolor de los familiares y que se les garantice justicia para las victimas.

De otro lado, en la medida en que nos acercamos al 06 de junio, día de las elecciones presidenciales, el escenario electoral se torna cada vez más polarizado, y por más llamado que se hace a la exposición de propuestas y planteamientos concretos de los candidatos, los ataques de uno y de otro lado no han cambiado, y lamentablemente los medios de comunicación nacional se siguen prestando para ello, favoreciendo de manera muy evidente a una sola candidatura. En ese marco, el pasado fin de semana hemos asistido al primer debate de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre, y más que un debate técnico finalmente terminó siendo un debate político, ya que la mayoría de propuestas presentadas han sido muy generales.  Al respecto, un tema que nos genera preocupación es el referido a la protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas ya que no hemos escuchado planteamientos concretos al respecto.

Durante la primera vuelta, diversas organizaciones hemos alcanzando una serie de propuestas y preocupaciones sobre la agenda ambiental y ecológica en el país, resumido en el “Pacto Ecosocial”, que fuera presentado a los candidatos presidenciales. La premisa de esta alianza por el pacto es porque: “El Perú es uno de los diez países más afectados por los efectos del cambio climático. Si el calentamiento global se agrava y la deforestación de nuestra Amazonía y zonas altoandinas continúa, en 25 años tendremos solo 40% del agua disponible, desaparecerán los glaciares andinos impactando a poblaciones y ecosistemas de nuestras tres regiones naturales…”; si no se toman medidas inmediatas de cara a este escenario lamentablemente el futuro que nos espera es desolador e incierto.

Dentro del llamado que se hace en el pacto Ecosocial está la cuestión del extractivismo, principalmente los impactos de la minería, no solo en materia ambiental, si no de la salud de las personas expuestas a metales pesados, así como de los derechos de los pueblos indígenas. Agendas casi ausentes hoy en día en los debates y propuestas de los candidatos, así que esperamos que esta ausencia sea incluida en el debate presidencial del próximo domingo 06 de junio organizado por el JNE en la ciudad de Arequipa.

El día de hoy 04 de diciembre, los trabajadores en liquidación del Complejo Metalurgico de La Oroya, han tomado y bloqueado varios tramos de la Carretera Central del país en protesta, porque la Junta de Acreedores del proceso concursal no ha cumplido con firmar la adenda que permitirá finalizar el proceso de adjudicación. El abogado de los trabajadores, Luis Castillo, ha señalado que de no acreditarse el proceso se daría una liquidación de oficio, lo que llevaría a un despido masivo de trabajadores sin el pago de las deudas pendientes en este proceso concursal.[1] La preocupación central de los trabajadores es por un posible despido masivo, sin que la empresa o el Estado se hayan hecho cargo de garantizar todos sus derechos laborales.

 

 

Sin embargo, el problema es complejo, ya que el Complejo Metalurgico de La Oroya, en sí mismo es uno de los pasivos ambientales más grandes de nuestro país. La contaminación por el dióxido de azufre proveniente de sus chimeneas tienen a miles de personas contaminadas en la zona, por esta situación el Estado peruano fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el incumplimiento de sus obligaciones de atención a la salud humana.

Hasta la fecha ni el Estado ni la empresa, que adquirió el complejo de La Oroya, han sido capaces de lograr operar dentro de estándares de calidad compatibles con la salud y el ambiente. Desde 1997 Doe Run incumplió de manera reiterada con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que no era otra cosa que un conjunto de inversiones para adecuar las operaciones del complejo metalúrgico a los estándares ambientales del país. Doe Run recibió el beneficio de dos ampliaciones de plazos y varias modificaciones del PAMA, que nunca cumplió.

El Complejo Metalurgico de La Oroya (CMLO) opera al 5% de sus capacidades y en enero de 2020 el MINEM dispuso paralizar totalmente las actividades, debido a que Doe Run incumplió con constituir “las garantías correspondientes al año 2020 del Plan de Cierre” de esta unidad productiva, se trata de US$11 millones en garantías acumuladas que la empresa debió presentar[2]. Sin embargo, esto no se concretó por que los trabajadores expusieron que no se les había informado esta situación por parte de la empresa liquidadora. Lo cierto es que, si CMLO se paraliza totalmente, las posibilidades de que los acreedores puedan encontrar inversionistas se reducen, ya que el CMLO se desvalorizaría aún más.

La Dirección General de Minería es la encargada de gestionar las garantías económicas del proceso de liquidación de DOE RUN, sin embargo, hasta la fecha el estado peruano no ha podido garantizar que la empresa en liquidación se haga cargo de forma adecuada de sus obligaciones económicas, laborales y ambiental.  El caso de DOE RUN es un claro ejemplo de una pésima gestión ambiental en el sector minero y la del Estado al promover inversiones mineras sin una adecuada fiscalización ambiental. Por muchos años la empresa minera ha venido incumpliendo sus obligaciones ambientales, y mediante su actual proceso concursal se estaría a punto de afectar los derechos de sus acreedores laborales. Es un tema muy grave que pone en la mesa la capacidad que tiene el Estado peruano de regular la actividad privada en el marco del respeto de los derechos humanos, ambientales, laborales y la salud pública.

Hay que recordar también que en el 2010 Renco presentó su demanda al CIADI reclamando una compensación por US$ 800 millones tras haber dejado la administración de los activos de Doe Run Perú. Si bien el Tribunal falló a favor de Perú, el Estado tuvo que pagar 8 millones de dólares por los costos arbitrales. Es por esto que el Estado y los órganos competentes deben dar una respuesta rápida a las demandas que motivan las protestas, y evitar el escalamiento de la violencia y el uso de a fuerza de forma desproporcional.

[1] Paro en la Oroya: trabajadores bloquean carreteras y exigen adjudicación de Complejo Metalúrgico. El popular, 04.12.2020.

[2] DOE RUN paralizará ciento por ciento por primera vez. El Comercio, 18.02.2020