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El día de hoy 04 de diciembre, los trabajadores en liquidación del Complejo Metalurgico de La Oroya, han tomado y bloqueado varios tramos de la Carretera Central del país en protesta, porque la Junta de Acreedores del proceso concursal no ha cumplido con firmar la adenda que permitirá finalizar el proceso de adjudicación. El abogado de los trabajadores, Luis Castillo, ha señalado que de no acreditarse el proceso se daría una liquidación de oficio, lo que llevaría a un despido masivo de trabajadores sin el pago de las deudas pendientes en este proceso concursal.[1] La preocupación central de los trabajadores es por un posible despido masivo, sin que la empresa o el Estado se hayan hecho cargo de garantizar todos sus derechos laborales.

 

 

Sin embargo, el problema es complejo, ya que el Complejo Metalurgico de La Oroya, en sí mismo es uno de los pasivos ambientales más grandes de nuestro país. La contaminación por el dióxido de azufre proveniente de sus chimeneas tienen a miles de personas contaminadas en la zona, por esta situación el Estado peruano fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el incumplimiento de sus obligaciones de atención a la salud humana.

Hasta la fecha ni el Estado ni la empresa, que adquirió el complejo de La Oroya, han sido capaces de lograr operar dentro de estándares de calidad compatibles con la salud y el ambiente. Desde 1997 Doe Run incumplió de manera reiterada con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que no era otra cosa que un conjunto de inversiones para adecuar las operaciones del complejo metalúrgico a los estándares ambientales del país. Doe Run recibió el beneficio de dos ampliaciones de plazos y varias modificaciones del PAMA, que nunca cumplió.

El Complejo Metalurgico de La Oroya (CMLO) opera al 5% de sus capacidades y en enero de 2020 el MINEM dispuso paralizar totalmente las actividades, debido a que Doe Run incumplió con constituir “las garantías correspondientes al año 2020 del Plan de Cierre” de esta unidad productiva, se trata de US$11 millones en garantías acumuladas que la empresa debió presentar[2]. Sin embargo, esto no se concretó por que los trabajadores expusieron que no se les había informado esta situación por parte de la empresa liquidadora. Lo cierto es que, si CMLO se paraliza totalmente, las posibilidades de que los acreedores puedan encontrar inversionistas se reducen, ya que el CMLO se desvalorizaría aún más.

La Dirección General de Minería es la encargada de gestionar las garantías económicas del proceso de liquidación de DOE RUN, sin embargo, hasta la fecha el estado peruano no ha podido garantizar que la empresa en liquidación se haga cargo de forma adecuada de sus obligaciones económicas, laborales y ambiental.  El caso de DOE RUN es un claro ejemplo de una pésima gestión ambiental en el sector minero y la del Estado al promover inversiones mineras sin una adecuada fiscalización ambiental. Por muchos años la empresa minera ha venido incumpliendo sus obligaciones ambientales, y mediante su actual proceso concursal se estaría a punto de afectar los derechos de sus acreedores laborales. Es un tema muy grave que pone en la mesa la capacidad que tiene el Estado peruano de regular la actividad privada en el marco del respeto de los derechos humanos, ambientales, laborales y la salud pública.

Hay que recordar también que en el 2010 Renco presentó su demanda al CIADI reclamando una compensación por US$ 800 millones tras haber dejado la administración de los activos de Doe Run Perú. Si bien el Tribunal falló a favor de Perú, el Estado tuvo que pagar 8 millones de dólares por los costos arbitrales. Es por esto que el Estado y los órganos competentes deben dar una respuesta rápida a las demandas que motivan las protestas, y evitar el escalamiento de la violencia y el uso de a fuerza de forma desproporcional.

[1] Paro en la Oroya: trabajadores bloquean carreteras y exigen adjudicación de Complejo Metalúrgico. El popular, 04.12.2020.

[2] DOE RUN paralizará ciento por ciento por primera vez. El Comercio, 18.02.2020

La Red Muqui, miembros de las redes macroregionales de Muqui Centro, Muqui Norte y el Colectivo de Abogados y Abogadas de Muqui Sur, expresamos nuestro rechazo y preocupación frente a las opiniones vertidas por el archivamiento de la Resolución Legislativa que busca ratificar el acuerdo de Escazú denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Al respecto señalamos lo siguiente:

1.- Rechazamos el adelanto de decisión de no ratificar el Acuerdo de Escazú por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Consideramos que no ratificar dicho acuerdo sería un grave retroceso del Estado peruano en la línea de promover la vigencia y garantía de los derechos humanos, territoriales y ambientales.

2.- Precisamos que el Acuerdo de Escazú no contraviene los principios y valores del Estado Peruano. Todo lo contrario, el Acuerdo es un instrumento internacional que busca fortalecer la protección de los derechos, en especial el medio ambiente, la vida de los defensores y defensoras y la vigencia de la democracia a través de la participación y fiscalización ciudadana en materia ambiental.

3.- Resaltamos que la ratificación del Acuerdo de Escazú no implica que el Perú pierda su soberanía sobre sus recursos naturales, bienes comunes o la jurisdicción interna. El artículo 3ro de dicho Acuerdo establece claramente que se rige por el irrestricto respecto de la “soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”. El Perú, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoce las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que ello haya significado el menoscabo a nuestro sistema de justicia interna; al contrario, la cooperación entre las cortes ha fortalecido nuestra democracia.

4.- La labor de defensa de derechos ambientales en nuestro país enfrenta muchos riesgos como asesinatos y criminalización de defensores y defensoras ambientales, tal como lo hemos constatado en las ultimos meses en nuestro país. Por ello es importante reforzar los mecanismos para acceder a información, desplegar mecanismos reales de protección de defensores y garantizar el acceso a la justicia en caso de daños. El Acuerdo de Escazú otorga estos y otros estándares de protección y así lo reconocen la mayoria de paises que la han suscrito.

Finalmente, por todo lo señalado INSTAMOS a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú, pues permitirá asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

19 de octubre del 2020.

Luego de haber realizado acciones en la ciudad de Arequipa el lunes 22, reuniéndose con el Jefe de la Novena Macro Región Policial Arequipa, General Roy Ugaz Suárez; y con el Presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Dr. Franklin Tomy López; para manifestar su preocupación frente al uso de la violencia en el operativo policial en el Valle de Tambo y verificar la detención de personas civiles que reportaba la población del Valle. La Misión de Derechos Humanos, que tiene como objetivo elaborar un Informe de la situación de conflictividad que se vive en la Islay, desencadenado por el proyecto minero Tía María; se trasladó al Valle de Tambo el martes 22.

Ya en el Valle de Tambo, la Misión constituida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui, Amnistía Internacional y la Asociación Nacional de Centros; visitó en la persona de Tito Bracamonte – secretario ejecutivo de la CNDDHH- y Javier Jahcnke – secretario ejecutivo de la Red Muqui- las instalaciones del Cuartel de Chucarapi, que la policía viene utilizando como instalación para el operativo. Asimismo, tomó el reporte del Comandante Medina de la DINOES, quién señaló los 5 heridos/contusos que había sufrido la PNP en los enfrentamientos del lunes 22; y que el operativo policial contaba con la participación de la USE Lima y Arequipa y la DINOES de Lima.

Posteriormente la Misión se dirigió a entablar una reunión con el párroco de Cocachacra, Jorge Caselli, quién manifestó que la población se siente herida por no ser escuchada directamente por el gobierno central en todos estos años de conflicto, y que tienen muy presente la represión vivida en el conflicto el 2011 y 2015. Señaló que la población siente que les quieren imponer un proyecto económico del que no viven.

Asimismo, agregó que la población del Valle de Tambo puede sentir cada vez mayor mortificación al no observar que se informa lo que pasa en el Valle con veracidad, como cuando el Gobierno señala que el operativo policial del lunes 22 fue pacífico. Precisó que la población tiene temor de atenderse en los centros de salud porque pueden ser identificados y detenidos como ocurrió en el 2015. Finalmente señaló que los familiares de las personas asesinadas en los años pasados se encuentran abandonadas por el Estado, al no haber recibido ningún tipo de reparación.

Tras la visita al párroco; la Misión se reunió con la población del Valle de Tambo que se encontraba reunida en la plaza San Francisco del distrito Cocachacra, con el objetivo de tomar el reporte directo de la situación de los pobladores tras los enfrentamientos el día lunes; la situación de los familiares de las personas asesinadas en el conflicto durante el 2015 y 2011; y la afectación en general que vienen sufriendo en estos 10 años de conflicto.

En la audiencia pública se tomó reporte de una persona herida y de la situación de las personas criminalizadas tras las protestas ocurridas el 2015 y 2011; señalando una de ellas que estuvo presa más de un año por haber sido sembrada por la policía. Asimismo, la población planteó su preocupación permanente frente al escenario de vulneración de derechos humanos que ya han vivido antes, proponiendo que se instale una oficina de derechos humanos. Propuesta que fue recibida por la institución de derechos humanos de CEPRODE – Arequipa, que posteriormente instaló una oficina en el local de la Junta de Usuarios de Valle de Tambo, con el acompañamiento de la Misión.

Después de la audiencia pública, la Misión se trasladó a Punta de Bombón, para buscar a los familiares de las personas asesinadas el 2011, logrando encontrar a Margarita Suni Checa, viuda del sr Aurelio Huarcapuma; quién señaló que tras la muerte de su esposo no obtuvo ninguna atención del Estado, ni reparación económica. Actualmente la señora sufre de artrosis.

Al término de la reunión, la Misión se dirigió a reunirse con el alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, para tomar el reporte frente a lo ocurrido en los enfrentamientos el lunes 22; la situación del Valle en términos productivos; y el rol de la Municipalidad en el conflicto. El alcalde señaló que intervino el lunes 22 para que cesen los enfrentamientos y puedan liberar a un joven que fue retenido en el cuartel de Chucarapi durante más de una hora. Retención que fue negada inicialmente por la policía.

En medio de la reunión, la Misión y el alcalde tomaron conocimiento del enfrentamiento que se estaba desarrollando en la carretera perteneciente a la zona de Chucarapi, y que habían detenidos y heridos, por lo que la Misión inmediatamente se dirigió a la zona de enfrentamiento y al cuartel de Chucarapi para verificar la situación, constatando que había sido detenido Gilberto Colqui de 31 años. Asimismo, la Misión constató la presencia de una mujer herida gravemente en el rostro, que la población reportó había sido herida por la policía, que estuvo disparando las bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, en palabras de los protestantes.

Finalmente, la Misión logró reunirse con el detenido y verificar que estaba en buen estado de salud. Asimismo, se reunió con la Defensoría del Pueblo, el abogado del detenido y el abogado de la municipalidad de Dean Valdivia, en las inmediaciones del cuartel de Chucarapi, exigiendo la presencia del fiscal que no quería llegar al cuartel de Chucarapi; y que finalmente llegó. En el lugar, la Misión constató que no hay fiscales presentes en la zona de manera permanente y ello es un obstáculo para la actuación oportuna de los fiscales en una situación de conflictividad.

Frente a estos hechos constatados, la Misión acaba de emitir un Comunicado exigiendo el cese del uso de la violencia al presidente Martín Vizcarra, que se encuentra, hoy miércoles 23, en la ciudad de Arequipa.