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Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presenta Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT.

A pesar de que el Perú es un país pluricultural, y que cuenta con más de 50 pueblos indígenas en su los Andes y la Amazonía, que representa aproximadamente el 7% de la población nacional, históricamente, estos pueblos han sufrido constantes vulneraciones a sus territorios y sus derechos por actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y las invasiones territoriales, así como por el desarrollo de actividades extractivas y de infraestructura que no han sido consultadas previamente.

Asimismo, en los últimos 10 años, según datos recopilados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), basados en informes periodísticos y estatales, se han registrado 26 asesinatos de personas defensoras ambientales. Y aunque el Estado peruano dispuso en el año 2021 de la creación del “Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos”, las amenazas y la impunidad persisten, y no hay eficacia en su implementación.

Sumado a lo señalado, en un contexto de conflictividad sociales y socioambientales, el Estado peruano tiende a estigmatizar y reprimir a las comunidades indígenas que se oponen a proyectos extractivos que violan sus derechos. La respuesta gubernamental se centra en asegurar el orden público, a través del uso de la fuerza para reprimir las protestas, y alentar la inversión privada, sin abordar las causas estructurales de los conflictos.

Todas estas problemáticas y violaciones de derechos que sufren los pueblos indígenas u originarios se sigue dando a pesar de que el Estado peruano se comprometió a defenderlos al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismos adscrito a las Naciones Unidas. Este convenio establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios. Lamentablemente, esto no se está cumpliendo.

Por esa razón, te invitamos a participar este jueves 09 de noviembre a la presentación del Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT que se realizará en el Auditorio «José María Arguedas» de la Facultad Ciencias Sociales – Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El informe busca proporcionar aportes y enriquecer el diálogo en busca de un cumplimiento adecuado de este tratado, con el fin de garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas u originarios.
El documento evidencia un problema histórico de discriminación estructural en el Perú, tal como lo indicó hace 20 años el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyas recomendaciones siguen pendientes y urgentes de abordar.

Por todas las consideraciones expuestas el informe representa un documento actual, debidamente sustentado, que brinda los elementos adecuados para una evaluación crítica sobre el desempeño del Estado peruano sobre un derecho sustancial de los pueblos y comunidades indígenas de Perú. El documento ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, educación y difusión de los Derechos Humanos en el Perú.

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOc5cfVmwFtYG27PcDyKpjOQKs07ZLB4NlS9DPM1T6M3GxPA/viewform

Por: Jaime Borda
Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Este mes de octubre nos encontramos de aniversario, ya que la Red Muqui este año cumple 20 años en su trabajo de acompañamiento y defensa de derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Quizá por ello es importante explicar de dónde viene el nombre de Red Muqui, y en realidad lo adoptamos de la leyenda andina de “el Muqui”; personaje que habitaba en los antiguos socavones donde se extraía minerales y al cual habría que rendirle tributo (“pagos”) para que la actividad minera pudiera realizarse sin perjuicios. En ese sentido, el objetivo de Muqui fue conformar un espacio censor de la actividad minera, ante la gran cantidad de casos de afectaciones de derechos por impactos del “boom minero” en las ultimas décadas.

En octubre del año 2003 se conforma la Red Muqui con el apoyo e iniciativa de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que nucleaba a una serie de instituciones de derechos humanos y ambientales de ese entonces, dicho sea de paso, es en el caso de Tambogrande (Piura) donde la red inicia sus primeras articulaciones en la defensa de derechos de las comunidades y poblaciones del valle de San Lorenzo ante la amenaza del ingreso de un proyecto minero en la zona.

A lo largo de este tiempo son varios los casos que hemos acompañado desde la red, entre los que podemos destacar el caso de Río Blanco en Ayabaca y Huancabamba en Piura, el caso de Conga en Cajamarca, el caso de la comunidad Cañaris en Lambayeque, el caso de la comunidad de Cruz de Mayo y la laguna de Parón en Caraz – Ancash, así como los casos de la Oroya y la Doe Run y el de reasentamiento forzado en Morococha por minera Chinalco en Junín, los casos de Glencore en Espinar (Cusco), Las Bambas en el corredor minero del sur (Cusco y Apurímac), el caso del valle de Tambo y Tía María en Arequipa, entre otros. En la mayoría de estos casos, la Red Muqui ha brindando soporte técnico y legal, además de un acompañamiento permanente a través de los socios locales de la red en los territorios.

Muchos de los casos mencionados hasta el día de hoy siguen vigentes y el trabajo de acompañamiento de la red, por lo tanto, se mantiene y en algunos casos las afectaciones y los impactos mineros en los territorios se han agudizado. También es preciso señalar que en las últimas décadas la expansión minera se han acentuado y ha sido promovida de manera entusiasta por la mayoría de gobiernos de turno, debido, entre otras cosas, a la alta demanda de materia prima, principalmente del cobre en el mercado internacional. Todo parece indicar que este extractivismo minero se va a profundizar aún más, puesto que, bajo el nombre de la transición energética, se pretende extraer más minerales, sobre todo los llamados minerales de transición como el litio, niquel, cobre, entre otros, para destinarlos a la producción de baterías de litio.

Frente a este escenario, desde la Red Muqui tenemos una serie de propuestas que creemos que se deben discutir con todos los actores involucrados en la agenda minera en el país. A este documento de trabajo le llamamos “La Agenda Muqui”, el cual se resumen en: a) Reforma minera y respeto a la autonomía, los derechos territoriales colectivos y participación de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones en zonas impactadas por la minería; b) Respeto a los DD. HH., protección efectiva de los defensores/as, no a la criminalización de la protesta y la impunidad; c) Protección del agua, territorio, vigilancia y monitoreo ambiental y gestión integral de cuencas; d) Protección de la salud humana y ambiental; cumplimiento de la política y el plan especial multisectorial para la población expuesta; y e) Fortalecimiento de las alternativas al extractivismo desde los territorios en base a su autonomía, economías comunitarias, justicia de género y construcción del buen vivir.

Hoy se debatirá en el Congreso de la República los Proyectos de Ley acumulados N°s 2172, 2519, 3621 y 5171, que proponen nuevas condiciones para el acceso al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), así como la ampliación del plazo de inscripción, con la finalidad de impulsar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal.

Mediante la propuesta legislativa se estaría modificando, por quinta vez, el proceso de formalización minera que se inició en el 2002 y cuyo plazo ya se encontraba determinado y ampliado hasta el 31 de diciembre del 2024. Por lo que, los operadores mineros podrán seguir operando sin estándares mínimos ambientales ni licencia social. Además, las fiscalías especializadas en materia ambiental se verían limitadas en denunciar el delito de minería ilegal tipificado en el Artículo 307-A del Código Penal, porque, entre otros factores, el acceso al REINFO, tal como se está llevando a cabo, es aprovechado por dicho tipo de minería para catalogarse como en “vías de formalización”.

Desde Red Muqui y su grupo de trabajo de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE), rechazamos y denunciamos que se impulsen tales proyectos de ley que, lejos de ordenar un proceso de formalización con plazos establecidos firmes, lo amplia y de esta manera, se facilitan las condiciones para el avance y consolidación de la minería ilegal, colisionando con los derechos humanos y ambientales de las comunidades y pueblos.

Lima, 21 de septiembre del 2023.

En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el pasado 20 y 21 de febrero, se realizó la reunión de voceros y voceras de las macroregiones Centro, Sur, Norte y Amazonía de defensoras de la campaña. En este evento, en el que participaron defensores de diferentes regiones del país (Cusco, Ayacucho, Lambayeque, Piura, Junín, Apurímac, Puno, y Amazonas),

El evento inició informando sobre el contexto actual en sus regiones, las movilizaciones y las actividades realizadas como voceros y voceras defensoras del ambiente. Esto ha sido fundamental ya que, como red articulada de defensores, es fundamental que se conozcan sus realidades, problemáticas, entre otras.

Defensores, como Rosa de Piura, han señalado que el material y las capacitaciones brindadas por las organizaciones les han servido mucho para continuar informando a sus comunidades, para fortalecer sus mecanismos de autoprotección, y conocer sus derechos.

En zonas como la Amazonía, actualmente, tratan de callar a los dirigentes y generan miedo cuando apresan a uno. Sobre esto, se señaló que la actuación de la policía y las FFAA en las recientes movilizaciones ha sido un uso abusivo de la fuerza, y esto se ha comprobado porque los proyectiles han sido encontrados en la cabeza, espalda y por encima del tórax. Se consideró que lo que se debe buscar es evitar la impunidad de los policías, militares y establecer las responsabilidades políticas.

Como un segundo momento clave de la reunión, los representantes de las organizaciones del Grupo Impulsor y los voceros y voceras defensoras, realizaron una evaluación de las acciones y de las diferentes etapas de la campaña hasta la fecha.

Se coincide que se ha logrado fortalecer el auto-reconocimiento como defensores y defensoras ambientales, esto es fundamental ya que impulsa más la labor que realizan y se autoidentifican como actores que cumplen una labor importante en la protección de la vida. Asimismo, se han logrado visibilizar la situación de los defensores/as y sus demandas en espacios internacionales.

Los voceros y voceras defensoras señalaron que, a lo largo de la campaña, han logrado fortalecer sus capacidades y conocimientos a través de encuentros y talleres realizados en diferentes regiones, lo cual les ha permitido articularse mejor como defensores a nivel nacional, y poder tener más herramientas para autoprotegerse, ante la ausencia del Estado.

Si bien los y las participantes hicieron evidentes algunas debilidades de la campaña como consolidar más la articulación con organizaciones en los territorios; estas debilidades se pueden superar y contrarrestar con oportunidades que se han presentado gracias a las acciones y al trabajo que se ha venido realizando, como el compromiso que ha aumentado de organismos internacionales de derechos humanos para con los defensores; y el trabajo continuo con gobiernos locales y regionales para visibilizar la importancia de la labor de defensores a nivel regional y nacional.

Además de las oportunidades que también coinciden con las del grupo impulsor, los voceros y voceras defensoras consideraron al apoyo de medios de comunicación alternativos como un aliado fundamental para visibilizar sus voces y articular con más actores sociales y políticos. Asimismo, ven al hecho de que se den nuevas Elecciones, una oportunidad de cambio y salida de la crisis social, institucional y política.

Como un siguiente momento, los voceros y voceras del Centro acordaron realizar acciones para fortalecer la campaña y visibilizar sus demandas. Voceros de la Macrorregión Centro, se comprometieron a buscar tener más presencia en medios de comunicación como la radio para visibilizar sus demandas y la vulneración de los derechos humanos y ambientales, y fortalecer la red de defensores.

En cuanto al Sur, se realizarán talleres de capacitación en políticas ambientales para una Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, y se solicitará la activación del Mecanismo de Protección para personas defensoras.

En cuanto a la Macrorregión Norte, diseñarán mini-campañas en redes sociales y medios de comunicación para informar sobre la vulneración de derechos humanos y ambientales, sobre todo la criminalización, como en el caso de defensores de Chaparrí-Lambayeque; también convocarán reuniones con autoridades locales y regionales, así como con los frentes de defensa y rondas campesinas de sus zonas. Otra acción es la articulación con asociación Ecoaliados ADEADSEC – Sechura.

Finalmente, en cuanto a la Amazonía, se estableció que se coordinarán para la realización de más talleres de fortalecimiento para sensibilizar sobre la vulneración de derechos a través de espacios de radios locales; coordinar un segundo taller de defensores ambientales de la Amazonía. Asimismo, coordinar reuniones que visibilicen las afectaciones al medioambiente, como en el distrito de Imaza, Bagua.

La campaña, así como las organizaciones que la conforman, se han comprometido a seguir luchando contra las amenazas actuales que sufren las personas defensoras, ya que en el contexto actual de crisis que se vive en el país, ha habido un incremento de asesinatos, amenazas, estigmatización, criminalización y discriminación contra defensores de derechos humanos y ambientales.

“Protege A Quienes Nos Protegen”.

Imágenes del evento:

En los últimos quince años, ha habido una considerable expansión de las actividades empresariales y financieras de China, tanto a nivel internacional como en América Latina. Sin embargo, este hecho, enmarcado en el relato de que estas inversiones traerían mayor desarrollo social y económico para los países donde se realizan estas actividades, ha venido acompañado, por el contrario, de un considerable aumento de denuncias por parte de la sociedad civil sobre abusos a los derechos humanos y grandes impactos ambientales en los ecosistemas donde se encuentran las operaciones, y Perú no es una excepción.

En nuestro país, de acuerdo al informe “Las obligaciones extraterritoriales en derechos humanos de la República Popular de China con relación a actividades empresariales en América Latina. Informe para la revisión de la República Popular de China por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, actualmente se vienen desarrollando cinco proyectos financiados con capitales chinos: Proyecto minero Las Bambas (Guoxin International Investment Co. Ltd.); Mina Marcona (Shougang Corporation); y Unidad Minera Toromocho (Aluminum Corporation of China – CHINALCO); Proyecto Minero Río Blanco y el Puerto de Chancay. Estos proyectos han sido denunciados por generar contaminación ambiental, afectar los derechos de los pueblos indíagenas o bien vulnerar los derechos a la vida, libertad, integridad y reunión pacífica o la salud de las personas de las zonas.

Es por esa razón que, organizaciones de la sociedad civil de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Brasil, en conjunto con el Servicio Internacional por los Derechos Humanos (ISHR), presentaron el pasado jueves 16 de febrero en Ginebra, Suiza, el informe señalado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas en su sede de Ginebra, Suiza. El estudio, que analiza 14 proyectos de diferentes sectores operados por 11 empresas y/o financiados por bancos chinos en los países señalados, tiene como objetivo presentar antecedentes de violaciones de derechos humanos (ambientales, laborales, etc) por parte de estos proyectos para dar cuenta de que el Estado del país asiático ha incumplido con sus obligaciones en el marco del derecho internacional.

Entre las principales conclusiones, el informe muestra que existe un patrón por parte de estos proyectos de graves abusos a los derechos de pueblos indígenas, al derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, derechos laborales, y a varios otros derechos civiles y políticos.

Las organizaciones que elaboraron el informe, entre ellas Red Muqui, conforman el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), el cual se encargó de la organización del evento.

Raphael Viana David, representante de ISHR, explica que este informe es presentado al CDESC debido a que este organismo es uno de los comités de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales en derechos humanos, y China, al haber ratificado en el 2001 el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, tiene obligaciones extraterritoriales de cumplir con los derechos que están listados en el tratado internacional (Entre ellos: derecho al agua, la alimentación, a una vivienda digna, a la salud, y a un ambiente sano).

Es por eso que, se exige al Estado chino adoptar medidas para que no se vulneren estos derechos por parte de empresas o actores financieros que están bajo su jurisdicción o control. 

La presentación contó con la participación de representantes de diferentes organizaciones de los países de América Latina señalados. Para el caso de Perú, Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, explicó que en el país la fuerte presencia de empresas extractivas de capital chino es el resultado principalmente del alto precio de los minerales a nivel mundial.

Borda expuso sobre dos casos emblemáticos en el norte y centro del país: las empresas mineras Río Blanco Copper y Chinalco, respectivamente. Informó que en el primer caso, desde hace muchos años, el proyecto minero, ubicado en Piura, intenta ingresar al territorio. La población se opone a este proyecto ya que afectaría la conservación de los bosques de neblina y los páramos que entre otros recursos naturales conservan y almacenan las fuentes de agua disponibles en la región. Por esa razón, a través de una consulta vecinal, sus habitantes rechazaron la realización de este proyecto. Sin embargo, la minera ha continuado buscando ingresar al territorio, incluso, usando la fuerza.

En el segundo caso, la empresa minera Chinalco genera grandes afectaciones de derechos humanos y ambientales. Uno de las principales es el reasentamiento forzado, ya que una comunidad entera fue obligada a trasladarse a otro lugar, mientras que parte de la comunidad que se quedó en la zona, vive siendo hostigada y amenazada para que se retire del sitio. Asimismo, Jaime Borda afirma que hay varios compromisos que la empresa y el Estado han incumplido en los últimos años.

Informó también que en ambos casos, se ha omitido la realización de una consulta previa libre e informada, es decir no se ha tomado en cuenta la opinión de la población. Además, la mismas comunidades han realizado denuncias de contaminación en el territorio, sobre todo en el caso de la minera Chinalco.

Finalmente, otro patrón que se ha evidenciado en ambos proyectos es que los dirigentes comunales y organizaciones son denunciados por exigir que la empresa cumpla con su compromiso, y que se respete su derecho a la protesta.

Así como de Perú, también se informaron sobre otros proyectos en diferentes países de América Latina en que los proyectos con capital chino han venido vulnerando los derechos humanos y ambientales. Como es el caso de Chile, con la construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, la cual, a pesar de no tener un permiso aprobado, taló ilegalmente árboles de bosque nativo, con el objetivo de construir la central. Afortunadamente, gracias a las denuncias, la empresa ha realizado un alto a esta tala. Sin embargo, continúa en su afán de obtener el permiso de construcción argumentando que el proyecto es de interés nacional.

Otro caso expuesto es el de Colombia, donde hay varias comunidades afectadas por el proyecto de Buriticá que pertenece a la compañía china Zijin. Este proyecto, a través de diferentes acciones como la tala ilegal, afecta el Bosque Seco Tropical (BST), de vital importancia porque forma parte de corredores biológicos de América Latina, y que, con el paso del tiempo, presenta una gran pérdida de biodiversidad, concretamente, el bosque se ha reducido en más del 70 por ciento. Además, diariamente, el proyecto explota más de  cuatro mil toneladas de oro sin control regular, generando contaminación aérea. Un grave problema que afecta la salud de las comunidades de la zona. Y el Estado, como en los demás casos presentados en el informe, apoya el proyecto pese a las vulneraciones.

Además de la vulneración de los derechos ambientales y a la salud de las comunidades, también hay casos en los que los proyectos vulneran los derechos laborales, como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, ubicado en Cochabambas, Bolivia, que pertenece a la empresa china Sinohydro Corporation. En este proyecto las y los trabajadoras/es carecen de condiciones básicas de bioseguridad (limpieza, no tienen servicios higiénicos adecuados), y de derechos básicos laborales. Sumado a esto, la empresa, que busca construir dos centrales hidroeléctricas, ya ha afectado más de 280 hectáreas de bosques pertenecientes a un área protegida.

Para concluir la presentación del informe, representantes del CICDHA brindaron una serie de recomendaciones a diferentes actores con el objetivo de hacerlas llegar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas. Uno de los actores a los que se les brindó recomendaciones fue al Estado Chino, de manera que se planteó que:

  • Es urgente instar a las instituciones competentes que regulan las operaciones empresariales chinas en el exterior a establecer mecanismos de supervisión que vigilen, investiguen y sancionen las vulneraciones contra los DDHH que se deriven de estas acciones
  • Consideramos fundamental que se garantice el acceso a la justicia y se creen mecanismos de reparación integral para las víctimas más allá de sus fronteras
  • Que se generen canales de comunicación. Consideramos fundamental que las embajadas y la misión permanente en Ginebra establezcan un canal oficial de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil en las regiones, y que este canal nos permita tener un contacto con las empresas chinas. Esto será de ayuda para evitar los conflictos sociales y ambientales que se dan en torno a los proyectos
  • Se deben crear políticas de cooperación que prohiban a las empresas e instituciones chinas participar en proyectos que afecten ecosistemas frágiles, y abstenerse de operar en territorios de poblaciones vulnerables (comunidades campesinas y pueblos indígenas)

El informe es un medio para buscar que se dejen de vulnerar derechos humanos por parte de las empresas chinas y que los estados, no solo el chino, también aquellos donde se realizan los proyectos, se comprometan a crear medidas de protección de los derechos del medio ambiente, de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas, que históricamente vienen siendo afectados.

La sociedad civil organizada, recordamos este mes de octubre del 2022 como un tiempo contra el olvido y por la búsqueda de justicia; este me se cumplen 500 más 30 años de la invasión a nuestros territorios, también se cumple 10 años de la aprobación de la ley de consulta previa y un año en que el gobierno peruano no ha querido ratificar el Acuerdo de Escazú.

Revaloramos estas fechas para hacer memoria, para no olvidar las deudas históricas que el país tiene con los pueblos originarios, defensores de derechos humanos y ambientales.

En éste mismo mes, el Congreso ha aprobado el proyecto de Ley 01210 2021 que modifica ley de deslinde y titulación de comunidades Campesinas sin cumplir con la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. Este mismo año, seguimos viendo la indiferencia del Estado para la aprobación del Acuerdo de Escazú y la mejora efectiva del sistema de fiscalización y sanción ambiental, así como, del sistema de protección a los defensores de derechos humanos y ambientales.

Seguimos viendo en las noticias los pronunciamientos incesantes de las comunidades afectadas por los derrames petroleros en la Amazonía; por otra parte, encontramos a los deudos de los dirigentes indígenas asesinados exigiendo una justicia que nunca llega.

En estos últimos días y aún en éste mismo instante, vemos a las comunidades del departamento de Amazonas, en la zona del río Cenepa, exigiendo que la declaratoria de emergencia de la zona no sea tan solo una declaración sino, que se convierta en acciones contundentes para acabar con la minería informal y la contaminación de toda esta cuenca, poniendo fin a las acciones de amedrentamiento a los dirigentes indígenas por parte de las mafias alrededor de esta actividad ilegal.

Justicia para las víctimas de la defensa del medio ambiente, basta de indiferencia, exigimos respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

 

Amazonia, Ande y Costa peruana, 26 de octubre del 2022.

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas

de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Del 2002 a la actualidad los pueblos amazónicos de Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Guyana Francesa, Surinam y Guyana, se vienen reuniendo para visibilizar su realidad, articular sus organizaciones y una agenda de defensa de sus territorios.

Del 28 al 31 de julio del presente año, en el Estado de Pará, ciudad de Belém de Brasil se ha desarrollado el X FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO (FOSPA), donde se compartieron experiencias de lucha de los pueblos por el bien común de la humanidad, por un mundo justo y solidario. Cada FOSPA es temático y se inició el 2002 dedicado a defensa de la vida, resistencias. Posteriormente sus ejes fueron resistencia al ALCA; mundialización de la Amazonía; derechos de pueblos originarios, ciudades sustentables, IRSA, Buen Vivir; Defensa de la tierras, comunicación, educación popular, debate sobre represas en la Amazonía; Capitalismo y economía verde; Agricultura familiar, democratizar medios de producción, cumplimiento de tratados internacionales; Economía Verde, educación, comunicación Mujeres – Jóvenes, carácter andino – amazónico. La más reciente experiencia tuvo como centro  los seres vivientes.

El 28 de julio del presente año, las delegaciones de los diferentes países se concentraron y marcharon por las calles de Belém al compás de los tambores, cantos y lemas por la defensa del territorio y los seres vivos; la Red Muqui estuvo presente conjuntamente con la delegación de Perú.

Se desarrollaron más de 260 actividades en los ambientes de la Universidad Federal de Pará,  entre las que destacaron presentaciones de resistencia de los pueblos, de las mujeres, de las luchas contra el patriarcado y la urgencia de acciones de todos los pueblos para la protección de la Amazonía. Este espacio de articulación de los pueblos amazónicos fue posible por el trabajo conjunto de diferentes organizaciones, entre ellas de la Federación de ONG de Órganos de Asistencia Social y Educativa (FASE).

El 30 de julio en el panel sobre “Amazonía: Territorio de resistencia frente a la minería”, promovido por FASE, Greenpeace, CEIBO, HIVOS y “todos los ojos en Amazonía”, Gladys Huamán de la Red Muqui, compartió sobre las acciones de resistencia que realizan los pueblos en el Perú, presentando los impactos de la minería en el suelo, agua, aire y la salud de las personas. Destacó que el modelo de minería a tajo abierto no solo afecta las fuentes de agua superficial sino también las subterráneas,  provoca desplazamiento forzado de la población. Además,  según el ministerio de salud hay más de diez millones de personas expuestas a metales tóxicos, pese a lo cual, los diferentes gobiernos promueven la inversión privada en la minería. Según sus proclamas buscan ser primeros productores de metales, para ello flexibilizan los trámites y los impactos ambientales no son considerados.  Galdys Huamán relató cómo los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras son permanentes, y en los cuales el gobierno de turno responde con represión que deja heridos y muertos, criminalizando la protesta social.

Otro caso destacado fue la resistencia de las y los campesinos del Valle de Tambo (Arequipa) que desde el 2009 vienen enfrentando a la empresa y al Estado que pretende aprobar el desarrollo de los dos proyectos mineros La Tapada y Tía María. Emprendimientos que, de realizarse, afectarían a la agricultura que con sus productos sostiene el mercado local, regional y nacional. Es uno de los primeros casos en la que la población organizada y en alianza con otros actores locales han realizado la consulta popular, cuyo resultado arroja que más del 98% de la población desaprueba la minería. También es un caso emblemático de cómo defensores y defensoras de derechos vienen enfrentando largos procesos legales resultado de su resistencia.

En otros lugares del país donde la minería viene operando, los conflictos son por la contaminación de los recursos y la afectación a la salud de las poblaciones. Consecuencias que conllevan la exigencia de que las mineras tengan mayores controles y cumplan sus responsabilidades ante los impactos acumulativos. También se les exige mayores respuestas por sus impactos en las economías de todo el territorio. Finalmente esto ha abierto el escenario para discutir el modelo extractivo, revisar la Ley General de Minería, plantear una política de ordenamiento territorial y la protección de las nacientes de agua, entre otros.

Por su lado Alexandra Narváez del pueblo indígena A’i cofán de Sinangoe en la Amazonía Ecuatoriana resaltó las acciones colectivas que realizan. La galardonada con el Premio Ambiental Goldman 2022, por la defensa de su territorio frente a la minería ilegal expuso que lograron, con la participación de ella siendo la primera mujer guardia,  anular 52 concesiones, otorgadas por el gobierno sin el consentimiento de la comunidad Cofán, cuyos territorios colindan con el Parque Nacional Cayambe-Coca. También participó en el panel el cacique Valdemar Poxo, Cacique da Aldeia Poxo Muybu – TI Sawre MuyBu (Tapajós), Brasil. El líder indígena denunció que vienen siendo amenazados por los taladores, pescadores y mineros ilegales. Enfrentan problemas de contaminación de su principal río Tapajós, sustento de sus formas de vida y cuya extinción amenaza su propia existencia.

El FOSPA culminó con la DECLARACIÓN PANAMAZÓNICA DE BELÉM, de la que destacamos:

“Actualmente, la Amazonía está en su peor momento, devastada por los gobiernos, para los cuales la naturaleza es una mercancía, y los derechos de las personas no tienen validez. Hasta la fecha ningún gobierno ha garantizado el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos amazónicos en defensa de la Madre Naturaleza. Ante esta situación, es necesario hacer un llamado a los movimientos sociales para apelar a la creatividad, aprender de sus errores y seguir luchando”

Las propuestas de políticas a las que arribaron son fundamentales y queda en cada organización y participante para que puedan concretizarse. Destacamos las siguientes:

  • Exigimos un modelo político, social y económico que priorice la integridad de nuestra casa común, que reconozca y respete los territorios y el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos amazónicos y los derechos de la naturaleza.
  • Recuperar, valorar y proteger los saberes de hombres y mujeres y las formas ancestrales de organización de nuestros pueblos para el cuidado y manejo del agua, la protección de sus territorios, que incluyen nuestros ríos, limpios y libres de megaproyectos.
  • Nuestras alternativas por una tierra sin males son la producción agrícola y forestal diversificada en armonía con la naturaleza, la agrosilvicultura, la agroecología, los proyectos de producción y consumo local, el manejo comunitario del territorio y las áreas comunes, el uso de semillas nativas, el ecoturismo comunitario, de energías alternativas, el cuidado y la gestión integrada y participativa de cuencas hidrográficas y biorregiones, y muchas otras iniciativas centradas en la vida y no en la mercantilización de la naturaleza.
  • Instamos a los gobiernos de los países panamazónicos a poner en práctica sus discursos contra la crisis climática y los derechos de la Madre Tierra, con medidas reales contra la deforestación, la degradación y el aumento de emisiones, y no con el maquillaje de las llamadas economías verdes. Exigimos que cumplan y refuercen sus compromisos internacionales.
  • Promover el ejercicio del autogobierno y la libre determinación de los pueblos indígenas, negros, quilombolas, campesinos y ribereños para permitir el ejercicio de la gestión pública con base en su propia visión, normas y procedimientos; para ello es necesario, entre otras cosas, implementar mecanismos adecuados a las nuevas formas de planificación que garanticen sus modos de vida, respetando sus cosmovisiones. Sin autogestión territorial de los pueblos, no hay futuro para la Amazonía, ni para el mundo. Exigir el pleno cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (eg Caso Surinam 2015). Exigimos también la autodeterminación de la Guayana Francesa; nuestra cuenca amazónica no estará completa hasta que logremos su descolonización.
  • Rechazamos las políticas públicas extractivas gubernamentales que atentan contra la vida y la naturaleza. Exigimos que se firme, ratifique, respete e implemente el derecho a la consulta libre, previa e informada, incluido el derecho de veto por objeción de conciencia cultural en el marco de la libre determinación de los pueblos, y exigimos que los hidrocarburos se mantengan bajo tierra y que la Amazonía esté libre de minería.
  • Exigir a los gobiernos la plena propiedad y garantía jurídica de los territorios de los pueblos y comunidades, incluido el subsuelo, para que tengan protección permanente contra la extracción de minerales, para que no atenten contra nuestra madre tierra, a fin de garantizar el bienestar de seres humanos y de todas las formas de vida y espíritus.

 

 

Actualización de la nota:

Este jueves 12 se iba a llevar a cabo la audiencia contra defensores e integrantes de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, Chiclayo, que fueron denunciados por el Ministerio de Ambiente por, supuestamente, haber cometido delitos de “alteración del ambiente o paisaje” en áreas de la Reserva Ecológica de Chaparrí. Sin embargo esta no se instaló, después que la Defensoría Pública solicitara  que esta se reprogramara debido a que los defensores cuentan con nuevos abogados y estos recién están conociendo el caso.

Los nuevos asesores legales de los comuneros defensores iniciaron su labor gracias a que el pasado 10 de agosto, ellos se lograran reunir en Lima con el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Guillermo Vargas, y con la congresista Ruth Luque. En la reunión, el viceministro indicó que la Defensa Pública estaría a disposición de los defensores ambientales y brindaría asesoría legal en los procesos judiciales que enfrentan a consecuencia de su labor.

Gracias a ello, tres de los defensores denunciados están siendo defendidos por abogados de la Defensoría Pública, en tanto los otros tres tienen el apoyo y acompañamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo en la región de Lambayeque aceptó el pedido y reprogramó la audiencia de juicio oral hasta el 30 de enero de 2023. Recordemos que el juicio puede resultar en una sentencia de cuatro años de prisión para los seis defensores del ambiente.

Comuneros y organizaciones de la sociedad civil mostraron su apoyo a los defensores ambientales y al Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, organización a la cual pertenecen. Los activistas consideran injusta la denuncia, contra quienes desde hace años vienen velando por la protección de la Reserva Ecológica de Chaparrí y, por la cual, sufren de constantes hostigamientos y amenazas por parte de traficantes de tierras. Esto se vió reflejado en la movilización por justicia por los seis comuneros convocada por el Frente de Defensa Salvemos Chaparrí y realizada el pasado 11 de agosto. La protesta se inició en la Plazuela Elías Aguirre de Chiclayo y recorrió las principales avenidas de la ciudad para, posteriormente, terminar con un plantón frente a la sede del Ministerio Público.

 

Nota Anterior:

En agosto del 2017, ocho comuneros y dirigentes pertenecientes a la ciudad de Chongoyape, ubicada en Chiclayo, fueron denunciados por el Ministerio del Ambiente (MINAM) por, presuntamente, haber cometido el delito de “Alteración del ambiente o paisaje” en áreas de la Reserva Ecológica de Chaparrí, la primera Área de conservación privada del Perú.

Las ocho personas denunciadas son Hemeregildo Torres; Porfirio Torres; Genaro Vera; Miguel Ángel Becerra; Segundo Culqui; Juan de Dios Carrasco; Dociteo Tafur; y Américo Laboriano. Los señalados fueron acusados de lotizar y alterar áreas de la reserva construyendo canales de cemento de agua y ramales; una central mini hidroeléctrica; entre otras acciones que, de acuerdo con el MINAM, alteran el ambiente natural.

De esa manera, los ex dirigentes y comuneros fueron denunciados alegando, además, que no ha existido reparación del daño causado ni confesión sincera. La Fiscalía solicitó que se imponga una pena privativa de libertad dentro del tercio inferior de cuatro años de pena privativa de libertad y con noventa días multa para los acusados, así como una reparación civil de S/. 5 000 (cinco mil soles) de manera solidaria a favor del Estado Peruano representado por el Ministerio del Ambiente.

De acuerdo con un representante de la asociación civil Allka Pacha, el abogado Marco Chung, quien también acompaña el caso de los comuneros, la Fiscalía alega que las construcciones que realizaron los comuneros dentro de la reserva ecológica se dieron sin autorización y, como consecuencia, las acciones han alterado el bosque impactando  la fauna silvestre y forestal, y ocasionando un daño ambiental irreparable.

Sin embargo, según Marco Chung, es fundamental conocer que la normativa del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) establece que las áreas de conservación tienen “áreas de servicio restringido” (espacios en los que no se puede realizar ningún tipo de construcción porque se altera el ecosistema) y “áreas de servicio múltiple” (espacios en los que sí se pueden realizar construcciones, siempre y cuando no se alteren los ecosistemas, por ejemplo: cabañas, piscinas ecológicas, etc.). La tesis de la defensa señala que, además de que la comunidad es autónoma en sus decisiones, las construcciones no alteran paisajes ni bosques ya que los comuneros han construido en áreas de uso múltiple. Sin embargo, el abogado declara que la Fiscalía no comprende esto, y desconoce las normas de conservación privada, por lo cual los están acusando.

Asimismo, Chung señala que la acusación es parte de una campaña mediática que se está realizando en contra de los comuneros, ya que justamente son las personas más emblemáticas de la comunidad, quienes durante mucho tiempo han realizado una lucha en defensa de la Reserva Ecológica de Chaparrí, por lo que se está criminalizando también el accionar de defensa ambiental de las personas.

Finalmente, de acuerdo con Marco Chung, el sábado 06 de agosto, se realizará una reunión entre los defensores acusados y sus abogados para analizar la defensa y revisar consideraciones finales antes de la audiencia del juicio oral que tendrá lugar en Chiclayo el domingo 14 de agosto a las 10 am.

El viernes 22 de abril, como parte de la campaña nacional “Defensoras y defensores del Perú”, se realizó un plantón convocado por diferentes organizaciones, instituciones y colectivos que tenían como objetivo principal exigir justicia por los defensores del medio ambiente asesinados en el Perú. Recordemos que desde el año 2020, hasta la fecha, un total de 17 defensores y defensoras de la Amazonia peruana han sido asesinados en su lucha por la defensa del medio ambiente y su territorio, y contra actividades ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal, entre otras actividades.

Además, el plantón se realizó en el marco del día de la Tierra para representar la importancia que tienen las personas defensoras para la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. De esa manera, los colectivos y organizaciones se agruparon, desde las 11 am, al frente del Congreso de la República para exigir las siguientes demandas

  • Justicia para las personas defensoras del medio ambiente asesinadas. En lo que va del año, de enero a abril 5 defensores perdieron la vida por defender el ambiente y sus territorios, y en dos años ya van 17 defensores muertos
  • Que el Congreso de la República apruebe y ratifique el Acuerdo de Escazú, una medida fundamental para fortalecer los derechos de las personas defensoras y que en el Perú, a pesar de que ya han transcurrido más de 4 años desde su aprobación, aún no ha sido incorporado al ordenamiento jurídico por la falta de voluntad política de los congresistas. 
  • Se exigió al Presidente de la República y ministros aprobar una política integral de protección para las personas defensoras de derechos humanos y ambientales e implementarla de forma célebre y oportuna. Ello implica el reconocimiento público de su labor, garantizar el presupuesto público para la implementación del mecanismo intersectorial, y la acción conjunta y coordinada de los ministerios y operadores de justicia para proteger y garantizar el trabajo de las personas defensoras de derechos.
  • Se demandó la importancia de que el gobierno, a través de los ministerios y las instancias respectivas, vigile y fiscalice la actuación de las empresas, en todo lo relacionado con los derechos humanos, y se anulen los contratos de la PNP y las empresas extractivas. Igualmente necesaria es la derogatoria de leyes que avalan el uso de la fuerza pública a cargo de la PNP y FFAA, como la derogatoria de la “Ley del Gatillo fácil” y la prohibición del uso de armas letales en la protesta social. Recordemos que, lamentablemente, en las recientes movilizaciones sociales murieron 6 personas y hubo una decena de heridos, y, hasta la fecha, no hay ninguna investigación ni sanción para los responsables. 
  • Por esa razón, en el plantón también se exigió que el presidente Castillo pida la renuncia inmediata del Ministro del Interior, Alfonso Chavarry.
  • Finalmente, se exigió al Presidente de la República, al Congreso de la República y autoridades del país asumir políticas de emergencia, ante la evidente crisis climática que atravesamos. Señalando que es momento de grandes y radicales cambios en nuestro modo de relacionarnos con el medio ambiente, así como la importancia de regular la explotación desmedida de recursos no renovables,  aprobar una política de ordenamiento territorial y declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca ante la evidente contaminación de las fuentes hídricas para consumo humanos y actividades agropecuarias.

Finalmente, luego del plantón se realizó un Tuitazo en las redes sociales desde las 5 pm para continuar exigiendo las demandas señaladas anteriormente. Esto se realizó con los diferentes colectivos, organizaciones e instituciones coordinadoras de la movilización, de manera que los mensajes puedan tener un mayor alcance. Los “hashtags” principales que se utilizaron fueron #JusticiaParaDefensores y #CongresoRatificaEscazú. Este tipo de actividades se continuarán desarrollando con el objetivo de que el Estado escuche las demandas que se exigen para que los derechos de las personas defensoras sean protegidos, así como los del medio ambiente.

Ante el incremento de asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales, y, en el marco del Día de la Tierra, es resulta más urgente que nunca que mostremos solidaridad y salgamos en defensa de los defensores/ras ambientales y de derechos humanos, que lo arriesgan todo para proteger a las personas y el planeta en el que todas/os vivimos. Por esa razón, les invitamos a unirse al plantón «Justicia Para Defensores» que se realizará este viernes 22 de abril a las 10 am en el Parque Universitario (Referencia: Avenida Abancay con Avenida Nicolás de Piérola)

En esta movilización exigiremos: que se haga justicia por los asesinatos de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, esto, debido a que en los últimos 24 meses han ocurrido 17 asesinatos de personas defensoras en la Amazonia peruana, lo cual no solo representa una pérdida para la defensa del medio ambiente, sino también afecta a sus familias y comunidades. Además, exigiremos que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, una medida fundamental para fortalecer los derechos de las personas defensoras y que en el Perú aún no ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la falta de voluntad política de los congresistas. La situación lo amerita, solo por señalar algunos casos, como el derrame de petróleo provocado por Repsol en el litoral de Lima, o los asesinatos a las y los defensores que se vienen incrementando.  Y, finalmente, exigiremos la renuncia del ministro del interior, Alfonso Chávarry Estrada, por los muertos y heridos en las protestas sociales ocurridas recientemente por el alza de precios de la canasta básica.

Únete y alza la voz por la tierra y los defensores/as de derechos humanos.

Exijamos:
#JusticiaParaDefensores
#CongresoRatificaEscazú
#FueraChávarry
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Viernes 22 de abril
10am
Av. Abancay con Av. Nicolás de Piérola.