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Ante el incremento de asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales, y, en el marco del Día de la Tierra, es resulta más urgente que nunca que mostremos solidaridad y salgamos en defensa de los defensores/ras ambientales y de derechos humanos, que lo arriesgan todo para proteger a las personas y el planeta en el que todas/os vivimos. Por esa razón, les invitamos a unirse al plantón «Justicia Para Defensores» que se realizará este viernes 22 de abril a las 10 am en el Parque Universitario (Referencia: Avenida Abancay con Avenida Nicolás de Piérola)

En esta movilización exigiremos: que se haga justicia por los asesinatos de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, esto, debido a que en los últimos 24 meses han ocurrido 17 asesinatos de personas defensoras en la Amazonia peruana, lo cual no solo representa una pérdida para la defensa del medio ambiente, sino también afecta a sus familias y comunidades. Además, exigiremos que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, una medida fundamental para fortalecer los derechos de las personas defensoras y que en el Perú aún no ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la falta de voluntad política de los congresistas. La situación lo amerita, solo por señalar algunos casos, como el derrame de petróleo provocado por Repsol en el litoral de Lima, o los asesinatos a las y los defensores que se vienen incrementando.  Y, finalmente, exigiremos la renuncia del ministro del interior, Alfonso Chávarry Estrada, por los muertos y heridos en las protestas sociales ocurridas recientemente por el alza de precios de la canasta básica.

Únete y alza la voz por la tierra y los defensores/as de derechos humanos.

Exijamos:
#JusticiaParaDefensores
#CongresoRatificaEscazú
#FueraChávarry
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Viernes 22 de abril
10am
Av. Abancay con Av. Nicolás de Piérola.

Este 23 de marzo de 2022, en el marco de la 49° sesión del Consejo de Derechos Humanos, más de 60 organizaciones de la sociedad civil presentaron un nuevo reporte que evalúa 26 proyectos chinos que operan en 9 países de América Latina, demostrando que existe un patrón de incumplimiento del Estado chino frente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y el ambiente.

 

China se ha convertido en un actor estratégico para el financiamiento y construcción de grandes proyectos de desarrollo en Latinoamérica, generando un impacto directo en la vida y goce efectivo de derechos de grandes poblaciones. Esto preocupa, más aún sabiendo que 21 países de la región ya se han integrado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) liderada por China.

El Estado chino ha participado en tres ciclos del Examen Periódico Universal sobre derechos humanos de Naciones Unidas (en los años 2009, 2013 y 2018). En el último de estos procesos, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), elaboró ocho Informes Sombra sobre la responsabilidad extraterritorial del país asiático respecto a las actividades de sus empresas y bancos en América Latina. Gracias a este proceso de incidencia, China asumió varios compromisos aceptando seis recomendaciones que corresponden al cumplimiento de obligaciones extraterritoriales del Estado, orientadas a que se respeten y protejan los derechos humanos y el ambiente en todas sus operaciones empresariales fuera de China.

El nuevo reporte que se presentará este miércoles, denominado “Derechos humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica”, evalúa el nivel de cumplimiento de las recomendaciones adoptadas por China en su último EPU, a partir del examen de las vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza en 26 proyectos con participación china (23 consorcios y al menos seis bancos) que se desarrollan en los sectores de minería (12), hidroelectricidad (6), hidrocarburos (3) y otros (5).

El reporte se ha presentado este miércoles 23 de marzo en el seminario denominado Derechos Humanos y Actividades Empresariales Chinas en Latinoamérica que se realizó vía zoom.  Es posible ver la transmisión en difereido de la actividad por redes sociales a través de este enlace .

La conclusión general de este Informe es que el Estado chino ha realizado esfuerzos insuficientes para cumplir los compromisos asumidos en el EPU y que el patrón de vulneración de derechos descrito en 2018 continúa siendo sistemático. Entre los hallazgos importantes se demostró que en 24 casos hubo violaciones al derecho a vivir en un medioambiente sano y daños al ambiente, en 18 casos se dieron violaciones al derecho de participación y consulta libre, previa e informada y en la mitad de los casos hubo violaciones al derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada. Así mismo, existe una presencia constante de vulneraciones a los derechos civiles y políticos fundamentales y los derechos laborales, individuales y colectivos, entre otros.

 

Frente a esta evidencia, las organizaciones que elaboraron el informe plantean varias recomendaciones, entre otras, que el Estado chino elabore un Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos donde se adopten medidas urgentes para asegurar que sus entidades cumplan con sus obligaciones extraterritoriales, con el fin de prevenir los impactos al ambiente, los derechos humanos y el territorio de las comunidades afectadas.

Las organizaciones exigen a los bancos y a las empresas chinas que operan en Latinoamérica que lleven a cabo un examen de debida diligencia en todo el ciclo de sus proyectos y que se adopten mecanismos judiciales y extrajudiciales que proporcionen una reparación efectiva y oportuna de los impactos sociales y ambientales ocasionados por entidades chinas, incluyendo el acceso a remedios judiciales de las víctimas de violaciones de derechos humanos, para que presenten sus demandas de reparación en la jurisdicción de su país o en China.

Por otro lado, demandan mecanismos de control, transparencia y acceso de información para la sociedad civil, y que se incorporen en los acuerdos de comercio cláusulas relativas a la protección de los derechos humanos, el ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Finalmente, el Colectivo también hace observaciones y recomendaciones específicas a las empresas  y entidades chinas, así como a los Estados que emitieron recomendaciones a China en el marco del EPU.

Descargue el resumen ejecutivo del reporte aquí

Para seguir el evento por redes sociales, seguir este enlace:https://fb.me/e/6AVqMMEmM.

Desde el mes de julio la Red Muqui Sur integrado por APRODEH, IDECA, DHSF y la Universidad Tecnológica de los Andes y la Universidad Nacional del Altiplano, vienen desarrollando talleres de fortalecimiento en el marco de la “Escuela de Formación en Derechos Humanos para Jóvenes Abogados (as) y Defensoras (es) del Sur Andino”. La escuela tiene como objetivo fortalecer la formación de estudiantes y egresados de la carrera profesional de derecho, abogados (as) jóvenes y activistas de las regiones de Cusco, Apurímac y Puno, en materia de derechos humanos y la defensa en contexto de conflictos eco-territoriales; bajos los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. Con ello se busca que los participantes puedan tener una reflexión crítica del derecho y del contexto extractivista y de conflictos socio ambientales, que caracteriza al sur andino. 

Los temas que se han ido desarrollando hasta el momento son: los derechos humanos y la justicia intercultural en el contexto global post pandemia, el litigio estratégico y defensa de los derechos de los pueblos originarios, derecho a la protesta y criminalización de defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales y el análisis de casos emblemáticos en materia del derecho a la protesta social. El desarrollo de los temas ha estado a cargo de abogados y abogadas de amplia experiencia en la defensa de derechos humanos y colectivos en el Sur Andino. 

A lo largo de los talleres los abogados (as) jóvenes han compartido casos y problemáticas minero ambientales, presentes en sus regiones. Esto ha aportado aún desarrollo más reflexivo de los temas, involucrándolos activamente. Al concluir la escuela se espera que los abogados (as) presentarán artículos, que analizarán las principales problemáticas de sus regiones planteando alternativas de solución, a partir de los aprendizajes y reflexiones de la escuela. 

Este próximo viernes 24 y sábado 25 de setiembre, en la ciudad de Cusco, se desarrollará el último taller, concluyéndose así con este proceso de fortalecimiento.

Esta escuela ha sido un esfuerzo colectivo de todos los miembros de la Red Muqui Sur, quienes han apostado por contribuir en la formación de jóvenes abogados del Sur Andino; y así apoyar en la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los derechos colectivos de las comunidades campesinas (pueblos indígenas u originarios) afectadas por proyectos mineros.

Amenazas, estigmatización, criminalización y ataques, son los constantes problemas que sufren las personas que defienden los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente en América Latina, y el Perú no está exento de ello. Dada la crisis climática se ha tomado conciencia de la importancia de generar medidas que contribuyan a la protección del medio ambiente, pero aún no se reconoce la importancia de la labor que realizan las y los defensores y los riesgos que enfrentan.

A pesar de los avances positivos en cuanto a la creación de medidas normativas para la protección de las personas defensoras, como el diseño de un nuevo Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos; las medidas de protección siguen siendo insuficientes, lo cual contribuye a que el Perú siga siendo considerado uno de los países más peligrosos de América Latina para la defensa de la tierra y medio ambiente. Un país en el cual, en la última década, 220 personas defensoras fueron asesinadas. Por esa razón, es primordial generar espacios de discusión que contribuyan a generar medidas que garanticen la protección de los derechos de las personas defensoras y que contribuyan a que su labor se desarrolle sin ningún riesgo.

Por estos motivos, les invitamos a participar este miércoles 15 de setiembre a las 11am del foro: “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú”, organizado por la Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras; FEDEPAZ; Peru Support Group; y CAFOD. El foro contará con la participación de Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Vincent Ringenberg, Encargado de Negocios de la Unión Europea en Perú, Kate Harrisson, Embajadora del Reino Unido en el Perú, además de representantes del Congreso y el Ministerio de Justicia, y defensores/as de derechos.

El foro discutirá sobre las principales tendencias y factores estructurales que permiten el aumento de la vulnerabilidad y riesgos de las personas defensoras en el Perú. Además, se socializarán hallazgos del informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común y recomendaciones para apoyar el trabajo de las y los defensores en el Perú, discutiendo casos emblemáticos con los propios defensores de DDHH de Espinar, Valle de Tambo y de la comunidad Awajún, para así generar aprendizajes para la protección y la generación de un entorno seguro para el trabajo de aquellas personas en general que defienden la tierra y nuestra casa común.

El foro será transmitido a través de nuestras redes sociales y de Wayka.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Hemos empezado la semana con una noticia muy dolorosa, y es que el lunes 24 de mayo se ha conocido del asesinato de 16 personas, entre ellas 2 menores de edad, en el centro poblado de San Miguel del Ene, distrito de Vizcatán del Ene, Junín. Hasta el momento, las versiones oficiales señalan que los responsables serían grupos de narcoterroristas instalados en la zona. Desde la Red Muqui expresamos toda nuestra solidaridad con las familias de las personas asesinadas, y esperemos que se investigue de manera seria esta masacre y que caiga todo el peso de la ley a los responsables de estos hechos. Así mismo, lamentamos el uso y aprovechamiento político que se pretende hacer sobre esta tragedia, y lo mínimo que deberían hacer ambos candidatos y los medios de comunicación es que respeten el dolor de los familiares y que se les garantice justicia para las victimas.

De otro lado, en la medida en que nos acercamos al 06 de junio, día de las elecciones presidenciales, el escenario electoral se torna cada vez más polarizado, y por más llamado que se hace a la exposición de propuestas y planteamientos concretos de los candidatos, los ataques de uno y de otro lado no han cambiado, y lamentablemente los medios de comunicación nacional se siguen prestando para ello, favoreciendo de manera muy evidente a una sola candidatura. En ese marco, el pasado fin de semana hemos asistido al primer debate de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre, y más que un debate técnico finalmente terminó siendo un debate político, ya que la mayoría de propuestas presentadas han sido muy generales.  Al respecto, un tema que nos genera preocupación es el referido a la protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas ya que no hemos escuchado planteamientos concretos al respecto.

Durante la primera vuelta, diversas organizaciones hemos alcanzando una serie de propuestas y preocupaciones sobre la agenda ambiental y ecológica en el país, resumido en el “Pacto Ecosocial”, que fuera presentado a los candidatos presidenciales. La premisa de esta alianza por el pacto es porque: “El Perú es uno de los diez países más afectados por los efectos del cambio climático. Si el calentamiento global se agrava y la deforestación de nuestra Amazonía y zonas altoandinas continúa, en 25 años tendremos solo 40% del agua disponible, desaparecerán los glaciares andinos impactando a poblaciones y ecosistemas de nuestras tres regiones naturales…”; si no se toman medidas inmediatas de cara a este escenario lamentablemente el futuro que nos espera es desolador e incierto.

Dentro del llamado que se hace en el pacto Ecosocial está la cuestión del extractivismo, principalmente los impactos de la minería, no solo en materia ambiental, si no de la salud de las personas expuestas a metales pesados, así como de los derechos de los pueblos indígenas. Agendas casi ausentes hoy en día en los debates y propuestas de los candidatos, así que esperamos que esta ausencia sea incluida en el debate presidencial del próximo domingo 06 de junio organizado por el JNE en la ciudad de Arequipa.

El día de hoy 04 de diciembre, los trabajadores en liquidación del Complejo Metalurgico de La Oroya, han tomado y bloqueado varios tramos de la Carretera Central del país en protesta, porque la Junta de Acreedores del proceso concursal no ha cumplido con firmar la adenda que permitirá finalizar el proceso de adjudicación. El abogado de los trabajadores, Luis Castillo, ha señalado que de no acreditarse el proceso se daría una liquidación de oficio, lo que llevaría a un despido masivo de trabajadores sin el pago de las deudas pendientes en este proceso concursal.[1] La preocupación central de los trabajadores es por un posible despido masivo, sin que la empresa o el Estado se hayan hecho cargo de garantizar todos sus derechos laborales.

 

 

Sin embargo, el problema es complejo, ya que el Complejo Metalurgico de La Oroya, en sí mismo es uno de los pasivos ambientales más grandes de nuestro país. La contaminación por el dióxido de azufre proveniente de sus chimeneas tienen a miles de personas contaminadas en la zona, por esta situación el Estado peruano fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el incumplimiento de sus obligaciones de atención a la salud humana.

Hasta la fecha ni el Estado ni la empresa, que adquirió el complejo de La Oroya, han sido capaces de lograr operar dentro de estándares de calidad compatibles con la salud y el ambiente. Desde 1997 Doe Run incumplió de manera reiterada con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que no era otra cosa que un conjunto de inversiones para adecuar las operaciones del complejo metalúrgico a los estándares ambientales del país. Doe Run recibió el beneficio de dos ampliaciones de plazos y varias modificaciones del PAMA, que nunca cumplió.

El Complejo Metalurgico de La Oroya (CMLO) opera al 5% de sus capacidades y en enero de 2020 el MINEM dispuso paralizar totalmente las actividades, debido a que Doe Run incumplió con constituir “las garantías correspondientes al año 2020 del Plan de Cierre” de esta unidad productiva, se trata de US$11 millones en garantías acumuladas que la empresa debió presentar[2]. Sin embargo, esto no se concretó por que los trabajadores expusieron que no se les había informado esta situación por parte de la empresa liquidadora. Lo cierto es que, si CMLO se paraliza totalmente, las posibilidades de que los acreedores puedan encontrar inversionistas se reducen, ya que el CMLO se desvalorizaría aún más.

La Dirección General de Minería es la encargada de gestionar las garantías económicas del proceso de liquidación de DOE RUN, sin embargo, hasta la fecha el estado peruano no ha podido garantizar que la empresa en liquidación se haga cargo de forma adecuada de sus obligaciones económicas, laborales y ambiental.  El caso de DOE RUN es un claro ejemplo de una pésima gestión ambiental en el sector minero y la del Estado al promover inversiones mineras sin una adecuada fiscalización ambiental. Por muchos años la empresa minera ha venido incumpliendo sus obligaciones ambientales, y mediante su actual proceso concursal se estaría a punto de afectar los derechos de sus acreedores laborales. Es un tema muy grave que pone en la mesa la capacidad que tiene el Estado peruano de regular la actividad privada en el marco del respeto de los derechos humanos, ambientales, laborales y la salud pública.

Hay que recordar también que en el 2010 Renco presentó su demanda al CIADI reclamando una compensación por US$ 800 millones tras haber dejado la administración de los activos de Doe Run Perú. Si bien el Tribunal falló a favor de Perú, el Estado tuvo que pagar 8 millones de dólares por los costos arbitrales. Es por esto que el Estado y los órganos competentes deben dar una respuesta rápida a las demandas que motivan las protestas, y evitar el escalamiento de la violencia y el uso de a fuerza de forma desproporcional.

[1] Paro en la Oroya: trabajadores bloquean carreteras y exigen adjudicación de Complejo Metalúrgico. El popular, 04.12.2020.

[2] DOE RUN paralizará ciento por ciento por primera vez. El Comercio, 18.02.2020

La Red Muqui, miembros de las redes macroregionales de Muqui Centro, Muqui Norte y el Colectivo de Abogados y Abogadas de Muqui Sur, expresamos nuestro rechazo y preocupación frente a las opiniones vertidas por el archivamiento de la Resolución Legislativa que busca ratificar el acuerdo de Escazú denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Al respecto señalamos lo siguiente:

1.- Rechazamos el adelanto de decisión de no ratificar el Acuerdo de Escazú por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Consideramos que no ratificar dicho acuerdo sería un grave retroceso del Estado peruano en la línea de promover la vigencia y garantía de los derechos humanos, territoriales y ambientales.

2.- Precisamos que el Acuerdo de Escazú no contraviene los principios y valores del Estado Peruano. Todo lo contrario, el Acuerdo es un instrumento internacional que busca fortalecer la protección de los derechos, en especial el medio ambiente, la vida de los defensores y defensoras y la vigencia de la democracia a través de la participación y fiscalización ciudadana en materia ambiental.

3.- Resaltamos que la ratificación del Acuerdo de Escazú no implica que el Perú pierda su soberanía sobre sus recursos naturales, bienes comunes o la jurisdicción interna. El artículo 3ro de dicho Acuerdo establece claramente que se rige por el irrestricto respecto de la “soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”. El Perú, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoce las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que ello haya significado el menoscabo a nuestro sistema de justicia interna; al contrario, la cooperación entre las cortes ha fortalecido nuestra democracia.

4.- La labor de defensa de derechos ambientales en nuestro país enfrenta muchos riesgos como asesinatos y criminalización de defensores y defensoras ambientales, tal como lo hemos constatado en las ultimos meses en nuestro país. Por ello es importante reforzar los mecanismos para acceder a información, desplegar mecanismos reales de protección de defensores y garantizar el acceso a la justicia en caso de daños. El Acuerdo de Escazú otorga estos y otros estándares de protección y así lo reconocen la mayoria de paises que la han suscrito.

Finalmente, por todo lo señalado INSTAMOS a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú, pues permitirá asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

19 de octubre del 2020.

Luego de haber realizado acciones en la ciudad de Arequipa el lunes 22, reuniéndose con el Jefe de la Novena Macro Región Policial Arequipa, General Roy Ugaz Suárez; y con el Presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Dr. Franklin Tomy López; para manifestar su preocupación frente al uso de la violencia en el operativo policial en el Valle de Tambo y verificar la detención de personas civiles que reportaba la población del Valle. La Misión de Derechos Humanos, que tiene como objetivo elaborar un Informe de la situación de conflictividad que se vive en la Islay, desencadenado por el proyecto minero Tía María; se trasladó al Valle de Tambo el martes 22.

Ya en el Valle de Tambo, la Misión constituida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui, Amnistía Internacional y la Asociación Nacional de Centros; visitó en la persona de Tito Bracamonte – secretario ejecutivo de la CNDDHH- y Javier Jahcnke – secretario ejecutivo de la Red Muqui- las instalaciones del Cuartel de Chucarapi, que la policía viene utilizando como instalación para el operativo. Asimismo, tomó el reporte del Comandante Medina de la DINOES, quién señaló los 5 heridos/contusos que había sufrido la PNP en los enfrentamientos del lunes 22; y que el operativo policial contaba con la participación de la USE Lima y Arequipa y la DINOES de Lima.

Posteriormente la Misión se dirigió a entablar una reunión con el párroco de Cocachacra, Jorge Caselli, quién manifestó que la población se siente herida por no ser escuchada directamente por el gobierno central en todos estos años de conflicto, y que tienen muy presente la represión vivida en el conflicto el 2011 y 2015. Señaló que la población siente que les quieren imponer un proyecto económico del que no viven.

Asimismo, agregó que la población del Valle de Tambo puede sentir cada vez mayor mortificación al no observar que se informa lo que pasa en el Valle con veracidad, como cuando el Gobierno señala que el operativo policial del lunes 22 fue pacífico. Precisó que la población tiene temor de atenderse en los centros de salud porque pueden ser identificados y detenidos como ocurrió en el 2015. Finalmente señaló que los familiares de las personas asesinadas en los años pasados se encuentran abandonadas por el Estado, al no haber recibido ningún tipo de reparación.

Tras la visita al párroco; la Misión se reunió con la población del Valle de Tambo que se encontraba reunida en la plaza San Francisco del distrito Cocachacra, con el objetivo de tomar el reporte directo de la situación de los pobladores tras los enfrentamientos el día lunes; la situación de los familiares de las personas asesinadas en el conflicto durante el 2015 y 2011; y la afectación en general que vienen sufriendo en estos 10 años de conflicto.

En la audiencia pública se tomó reporte de una persona herida y de la situación de las personas criminalizadas tras las protestas ocurridas el 2015 y 2011; señalando una de ellas que estuvo presa más de un año por haber sido sembrada por la policía. Asimismo, la población planteó su preocupación permanente frente al escenario de vulneración de derechos humanos que ya han vivido antes, proponiendo que se instale una oficina de derechos humanos. Propuesta que fue recibida por la institución de derechos humanos de CEPRODE – Arequipa, que posteriormente instaló una oficina en el local de la Junta de Usuarios de Valle de Tambo, con el acompañamiento de la Misión.

Después de la audiencia pública, la Misión se trasladó a Punta de Bombón, para buscar a los familiares de las personas asesinadas el 2011, logrando encontrar a Margarita Suni Checa, viuda del sr Aurelio Huarcapuma; quién señaló que tras la muerte de su esposo no obtuvo ninguna atención del Estado, ni reparación económica. Actualmente la señora sufre de artrosis.

Al término de la reunión, la Misión se dirigió a reunirse con el alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, para tomar el reporte frente a lo ocurrido en los enfrentamientos el lunes 22; la situación del Valle en términos productivos; y el rol de la Municipalidad en el conflicto. El alcalde señaló que intervino el lunes 22 para que cesen los enfrentamientos y puedan liberar a un joven que fue retenido en el cuartel de Chucarapi durante más de una hora. Retención que fue negada inicialmente por la policía.

En medio de la reunión, la Misión y el alcalde tomaron conocimiento del enfrentamiento que se estaba desarrollando en la carretera perteneciente a la zona de Chucarapi, y que habían detenidos y heridos, por lo que la Misión inmediatamente se dirigió a la zona de enfrentamiento y al cuartel de Chucarapi para verificar la situación, constatando que había sido detenido Gilberto Colqui de 31 años. Asimismo, la Misión constató la presencia de una mujer herida gravemente en el rostro, que la población reportó había sido herida por la policía, que estuvo disparando las bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, en palabras de los protestantes.

Finalmente, la Misión logró reunirse con el detenido y verificar que estaba en buen estado de salud. Asimismo, se reunió con la Defensoría del Pueblo, el abogado del detenido y el abogado de la municipalidad de Dean Valdivia, en las inmediaciones del cuartel de Chucarapi, exigiendo la presencia del fiscal que no quería llegar al cuartel de Chucarapi; y que finalmente llegó. En el lugar, la Misión constató que no hay fiscales presentes en la zona de manera permanente y ello es un obstáculo para la actuación oportuna de los fiscales en una situación de conflictividad.

Frente a estos hechos constatados, la Misión acaba de emitir un Comunicado exigiendo el cese del uso de la violencia al presidente Martín Vizcarra, que se encuentra, hoy miércoles 23, en la ciudad de Arequipa.