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Pleno del Congreso debatirá Proyecto de Ley que dejaría impune el delito de minería ilegal

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Hoy se debatirá en el Congreso de la República los Proyectos de Ley acumulados N°s 2172, 2519, 3621 y 5171, que proponen nuevas condiciones para el acceso al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), así como la ampliación del plazo de inscripción, con la finalidad de impulsar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal.

Mediante la propuesta legislativa se estaría modificando, por quinta vez, el proceso de formalización minera que se inició en el 2002 y cuyo plazo ya se encontraba determinado y ampliado hasta el 31 de diciembre del 2024. Por lo que, los operadores mineros podrán seguir operando sin estándares mínimos ambientales ni licencia social. Además, las fiscalías especializadas en materia ambiental se verían limitadas en denunciar el delito de minería ilegal tipificado en el Artículo 307-A del Código Penal, porque, entre otros factores, el acceso al REINFO, tal como se está llevando a cabo, es aprovechado por dicho tipo de minería para catalogarse como en “vías de formalización”.

Desde Red Muqui y su grupo de trabajo de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE), rechazamos y denunciamos que se impulsen tales proyectos de ley que, lejos de ordenar un proceso de formalización con plazos establecidos firmes, lo amplia y de esta manera, se facilitan las condiciones para el avance y consolidación de la minería ilegal, colisionando con los derechos humanos y ambientales de las comunidades y pueblos.

Lima, 21 de septiembre del 2023.

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Organizaciones de la región presentan informe ante la ONU para denunciar a empresas chinas que vulneran DDHH

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En los últimos quince años, ha habido una considerable expansión de las actividades empresariales y financieras de China, tanto a nivel internacional como en América Latina. Sin embargo, este hecho, enmarcado en el relato de que estas inversiones traerían mayor desarrollo social y económico para los países donde se realizan estas actividades, ha venido acompañado, por el contrario, de un considerable aumento de denuncias por parte de la sociedad civil sobre abusos a los derechos humanos y grandes impactos ambientales en los ecosistemas donde se encuentran las operaciones, y Perú no es una excepción.

En nuestro país, de acuerdo al informe “Las obligaciones extraterritoriales en derechos humanos de la República Popular de China con relación a actividades empresariales en América Latina. Informe para la revisión de la República Popular de China por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, actualmente se vienen desarrollando cinco proyectos financiados con capitales chinos: Proyecto minero Las Bambas (Guoxin International Investment Co. Ltd.); Mina Marcona (Shougang Corporation); y Unidad Minera Toromocho (Aluminum Corporation of China – CHINALCO); Proyecto Minero Río Blanco y el Puerto de Chancay. Estos proyectos han sido denunciados por generar contaminación ambiental, afectar los derechos de los pueblos indíagenas o bien vulnerar los derechos a la vida, libertad, integridad y reunión pacífica o la salud de las personas de las zonas.

Es por esa razón que, organizaciones de la sociedad civil de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Brasil, en conjunto con el Servicio Internacional por los Derechos Humanos (ISHR), presentaron el pasado jueves 16 de febrero en Ginebra, Suiza, el informe señalado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas en su sede de Ginebra, Suiza. El estudio, que analiza 14 proyectos de diferentes sectores operados por 11 empresas y/o financiados por bancos chinos en los países señalados, tiene como objetivo presentar antecedentes de violaciones de derechos humanos (ambientales, laborales, etc) por parte de estos proyectos para dar cuenta de que el Estado del país asiático ha incumplido con sus obligaciones en el marco del derecho internacional.

Entre las principales conclusiones, el informe muestra que existe un patrón por parte de estos proyectos de graves abusos a los derechos de pueblos indígenas, al derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, derechos laborales, y a varios otros derechos civiles y políticos.

Las organizaciones que elaboraron el informe, entre ellas Red Muqui, conforman el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), el cual se encargó de la organización del evento.

Raphael Viana David, representante de ISHR, explica que este informe es presentado al CDESC debido a que este organismo es uno de los comités de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales en derechos humanos, y China, al haber ratificado en el 2001 el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, tiene obligaciones extraterritoriales de cumplir con los derechos que están listados en el tratado internacional (Entre ellos: derecho al agua, la alimentación, a una vivienda digna, a la salud, y a un ambiente sano).

Es por eso que, se exige al Estado chino adoptar medidas para que no se vulneren estos derechos por parte de empresas o actores financieros que están bajo su jurisdicción o control. 

La presentación contó con la participación de representantes de diferentes organizaciones de los países de América Latina señalados. Para el caso de Perú, Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, explicó que en el país la fuerte presencia de empresas extractivas de capital chino es el resultado principalmente del alto precio de los minerales a nivel mundial.

Borda expuso sobre dos casos emblemáticos en el norte y centro del país: las empresas mineras Río Blanco Copper y Chinalco, respectivamente. Informó que en el primer caso, desde hace muchos años, el proyecto minero, ubicado en Piura, intenta ingresar al territorio. La población se opone a este proyecto ya que afectaría la conservación de los bosques de neblina y los páramos que entre otros recursos naturales conservan y almacenan las fuentes de agua disponibles en la región. Por esa razón, a través de una consulta vecinal, sus habitantes rechazaron la realización de este proyecto. Sin embargo, la minera ha continuado buscando ingresar al territorio, incluso, usando la fuerza.

En el segundo caso, la empresa minera Chinalco genera grandes afectaciones de derechos humanos y ambientales. Uno de las principales es el reasentamiento forzado, ya que una comunidad entera fue obligada a trasladarse a otro lugar, mientras que parte de la comunidad que se quedó en la zona, vive siendo hostigada y amenazada para que se retire del sitio. Asimismo, Jaime Borda afirma que hay varios compromisos que la empresa y el Estado han incumplido en los últimos años.

Informó también que en ambos casos, se ha omitido la realización de una consulta previa libre e informada, es decir no se ha tomado en cuenta la opinión de la población. Además, la mismas comunidades han realizado denuncias de contaminación en el territorio, sobre todo en el caso de la minera Chinalco.

Finalmente, otro patrón que se ha evidenciado en ambos proyectos es que los dirigentes comunales y organizaciones son denunciados por exigir que la empresa cumpla con su compromiso, y que se respete su derecho a la protesta.

Así como de Perú, también se informaron sobre otros proyectos en diferentes países de América Latina en que los proyectos con capital chino han venido vulnerando los derechos humanos y ambientales. Como es el caso de Chile, con la construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, la cual, a pesar de no tener un permiso aprobado, taló ilegalmente árboles de bosque nativo, con el objetivo de construir la central. Afortunadamente, gracias a las denuncias, la empresa ha realizado un alto a esta tala. Sin embargo, continúa en su afán de obtener el permiso de construcción argumentando que el proyecto es de interés nacional.

Otro caso expuesto es el de Colombia, donde hay varias comunidades afectadas por el proyecto de Buriticá que pertenece a la compañía china Zijin. Este proyecto, a través de diferentes acciones como la tala ilegal, afecta el Bosque Seco Tropical (BST), de vital importancia porque forma parte de corredores biológicos de América Latina, y que, con el paso del tiempo, presenta una gran pérdida de biodiversidad, concretamente, el bosque se ha reducido en más del 70 por ciento. Además, diariamente, el proyecto explota más de  cuatro mil toneladas de oro sin control regular, generando contaminación aérea. Un grave problema que afecta la salud de las comunidades de la zona. Y el Estado, como en los demás casos presentados en el informe, apoya el proyecto pese a las vulneraciones.

Además de la vulneración de los derechos ambientales y a la salud de las comunidades, también hay casos en los que los proyectos vulneran los derechos laborales, como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, ubicado en Cochabambas, Bolivia, que pertenece a la empresa china Sinohydro Corporation. En este proyecto las y los trabajadoras/es carecen de condiciones básicas de bioseguridad (limpieza, no tienen servicios higiénicos adecuados), y de derechos básicos laborales. Sumado a esto, la empresa, que busca construir dos centrales hidroeléctricas, ya ha afectado más de 280 hectáreas de bosques pertenecientes a un área protegida.

Para concluir la presentación del informe, representantes del CICDHA brindaron una serie de recomendaciones a diferentes actores con el objetivo de hacerlas llegar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas. Uno de los actores a los que se les brindó recomendaciones fue al Estado Chino, de manera que se planteó que:

  • Es urgente instar a las instituciones competentes que regulan las operaciones empresariales chinas en el exterior a establecer mecanismos de supervisión que vigilen, investiguen y sancionen las vulneraciones contra los DDHH que se deriven de estas acciones
  • Consideramos fundamental que se garantice el acceso a la justicia y se creen mecanismos de reparación integral para las víctimas más allá de sus fronteras
  • Que se generen canales de comunicación. Consideramos fundamental que las embajadas y la misión permanente en Ginebra establezcan un canal oficial de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil en las regiones, y que este canal nos permita tener un contacto con las empresas chinas. Esto será de ayuda para evitar los conflictos sociales y ambientales que se dan en torno a los proyectos
  • Se deben crear políticas de cooperación que prohiban a las empresas e instituciones chinas participar en proyectos que afecten ecosistemas frágiles, y abstenerse de operar en territorios de poblaciones vulnerables (comunidades campesinas y pueblos indígenas)

El informe es un medio para buscar que se dejen de vulnerar derechos humanos por parte de las empresas chinas y que los estados, no solo el chino, también aquellos donde se realizan los proyectos, se comprometan a crear medidas de protección de los derechos del medio ambiente, de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas, que históricamente vienen siendo afectados.

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Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza se pronuncia sobre los sucesos en protestas en Puno

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La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de la Región Puno, y de la provincia de San Román, tras la confrontación entre pobladores y las fuerzas del orden ocurrido en inmediaciones del aeropuerto Internacional Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca, en los días  6 ,  7 y 8 de enero del presente en la que resultaron innumerables ciudadanos y policías heridos, expresamos lo siguiente:

PRIMERO.- Rechazamos todo tipo de violencia, venga de donde venga. Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, para que moderen su intervención en las acciones disuasivas, actuando de manera proporcional y razonable;   hacia los ciudadanos y ciudadanas; así mismo, a respetar la labor de los periodistas que cubren la información de  los hechos.

SEGUNDO.-Invocamos a los manifestantes para  que la protesta social transcurra de manera pacífica, como ejercicio de un derecho fundamental. Nuestro deber como ciudadanos es cuidar y respetar los bienes privados y públicos; así como el respeto a  los derechos de las personas que no están en las movilizaciones.

TERCERO.-  Es necesario que contribuyamos  en la defensa de la vida, facilitemos la circulación  de las ambulancias y personal de salud para que cumplan con su labor de proteger  a la población, de igual manera el paso de los bomberos que acudan en auxilio de los ciudadanos, evitando el lanzamiento de piedras. Asimismo, invocamos a la responsabilidad de los padres y madres de familia a no exponer a sus hijos menores de edad en zonas de alta convulsión social por los riesgos que puede implicar para su integridad física y psicológica.

CUARTO.-  Pedimos al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República tomar en cuenta en sus agendas las urgentes demandas de la población del Perú profundo,  expresadas en estos días de paralización y que puedan contribuir  al diálogo y a la pacificación .

QUINTO.- Solicitamos que los operadores de justicia intervengan  en forma oportuna de acuerdo a sus atribuciones en la defensa de los derechos de las personas.

SEXTO.- Invocamos a que el Estado cumpla con su labor de protección garantizando la atención integral de salud de los heridos  hasta su completa recuperación . Así mismo en forma solidaria y humanitaria solicitamos a  la comunidad en general a adherirse   en forma concreta (donación de sangre, apoyo con medicamentos, víveres etc) con los heridos y sus  familiares, y como una posibilidad  a través de la Parroquia  Pueblo de  Dios (Av. Triunfo, 8va cuadra Pueblo joven Revolución,  distrito de San Miguel) y contactarse con los teléfonos  al fijo 051 321849 y al celular 951758900.

¡¡¡La vida es el don más preciado y está en nuestras manos cuidarla y hacerla florecer!!!

Comité Ejecutivo Regional de Puno  y  provincial de San Román.

Puno, 08 de enero del 2023

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Carta Abierta del GTPPII frente a la vulneración de derechos de los defensores ambientales y pueblos indígenas

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La sociedad civil organizada, recordamos este mes de octubre del 2022 como un tiempo contra el olvido y por la búsqueda de justicia; este me se cumplen 500 más 30 años de la invasión a nuestros territorios, también se cumple 10 años de la aprobación de la ley de consulta previa y un año en que el gobierno peruano no ha querido ratificar el Acuerdo de Escazú.

Revaloramos estas fechas para hacer memoria, para no olvidar las deudas históricas que el país tiene con los pueblos originarios, defensores de derechos humanos y ambientales.

En éste mismo mes, el Congreso ha aprobado el proyecto de Ley 01210 2021 que modifica ley de deslinde y titulación de comunidades Campesinas sin cumplir con la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. Este mismo año, seguimos viendo la indiferencia del Estado para la aprobación del Acuerdo de Escazú y la mejora efectiva del sistema de fiscalización y sanción ambiental, así como, del sistema de protección a los defensores de derechos humanos y ambientales.

Seguimos viendo en las noticias los pronunciamientos incesantes de las comunidades afectadas por los derrames petroleros en la Amazonía; por otra parte, encontramos a los deudos de los dirigentes indígenas asesinados exigiendo una justicia que nunca llega.

En estos últimos días y aún en éste mismo instante, vemos a las comunidades del departamento de Amazonas, en la zona del río Cenepa, exigiendo que la declaratoria de emergencia de la zona no sea tan solo una declaración sino, que se convierta en acciones contundentes para acabar con la minería informal y la contaminación de toda esta cuenca, poniendo fin a las acciones de amedrentamiento a los dirigentes indígenas por parte de las mafias alrededor de esta actividad ilegal.

Justicia para las víctimas de la defensa del medio ambiente, basta de indiferencia, exigimos respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

 

Amazonia, Ande y Costa peruana, 26 de octubre del 2022.

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas

de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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Comunidades aimaras recurrirán ante la CIDH en defensa del derecho a la consulta previa

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José Bayardo Chata Pacoricona. Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA

 

Mediante auto de fecha 10 de mayo de 2022, el Tribunal Constitucional declara improcedente el recurso de subsanación presentado por las comunidades campesinas aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara que buscaba que el máximo interprete constitucional nacional corrija su sentencia que desconocía como derecho fundamental a la consulta previa y le negaba el rango constitucional al Convenio 169 de la OIT.

Con esta respuesta, queda abierta la posibilidad que las comunidades aimaras de Juli, Puno, puedan acceder a la justicia interamericana a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que este caso de vulneración a los derechos de los pueblos indígenas sea revisada y corregida.

Para la presentación de la petición ante la CIDH se cuenta con seis meses a partir de la notificación con este último auto, argumentando por escrito de la violación de derechos fundamentales, la responsabilidad del Estado peruano y de los medios probatorios que sustentan la pretensión.

Recordemos que en fecha 02 de marzo del presente año, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en el Expediente N° 03066-2019-PA/TC, en donde declara improcedente la demanda constitucional de amparo presentada por las comunidades aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara (Juli, Puno), y en la que expresamente desconoce el carácter de derecho fundamental a la Consulta Previa, y con esta decisión se marca un grave retroceso en la protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios y de las garantías constitucionales de las poblaciones más vulnerables del Perú. 

Ambas comunidades aimaras manifestaron su ánimo de no permitir que esta sentencia se quede sin objetar, por lo que están dispuestos a recurrir a las instancias internacionales ya habiendo agotado la vía constitucional nacional, ya que esta sentencia no solamente atentaría contra los derechos de estas dos comunidades indígenas sino que incumbe a todos los pueblos indígenas andinos y amazónicos del país.

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Protesta: Justicia para los Defensores de Derechos humanos y Ambientales

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Ante el incremento de asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales, y, en el marco del Día de la Tierra, es resulta más urgente que nunca que mostremos solidaridad y salgamos en defensa de los defensores/ras ambientales y de derechos humanos, que lo arriesgan todo para proteger a las personas y el planeta en el que todas/os vivimos. Por esa razón, les invitamos a unirse al plantón «Justicia Para Defensores» que se realizará este viernes 22 de abril a las 10 am en el Parque Universitario (Referencia: Avenida Abancay con Avenida Nicolás de Piérola)

En esta movilización exigiremos: que se haga justicia por los asesinatos de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, esto, debido a que en los últimos 24 meses han ocurrido 17 asesinatos de personas defensoras en la Amazonia peruana, lo cual no solo representa una pérdida para la defensa del medio ambiente, sino también afecta a sus familias y comunidades. Además, exigiremos que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, una medida fundamental para fortalecer los derechos de las personas defensoras y que en el Perú aún no ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la falta de voluntad política de los congresistas. La situación lo amerita, solo por señalar algunos casos, como el derrame de petróleo provocado por Repsol en el litoral de Lima, o los asesinatos a las y los defensores que se vienen incrementando.  Y, finalmente, exigiremos la renuncia del ministro del interior, Alfonso Chávarry Estrada, por los muertos y heridos en las protestas sociales ocurridas recientemente por el alza de precios de la canasta básica.

Únete y alza la voz por la tierra y los defensores/as de derechos humanos.

Exijamos:
#JusticiaParaDefensores
#CongresoRatificaEscazú
#FueraChávarry
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Viernes 22 de abril
10am
Av. Abancay con Av. Nicolás de Piérola.

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Lanzan reporte sobre DDHH y actividades empresariales chinas en Latinoamérica

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Este 23 de marzo de 2022, en el marco de la 49° sesión del Consejo de Derechos Humanos, más de 60 organizaciones de la sociedad civil presentaron un nuevo reporte que evalúa 26 proyectos chinos que operan en 9 países de América Latina, demostrando que existe un patrón de incumplimiento del Estado chino frente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y el ambiente.

 

China se ha convertido en un actor estratégico para el financiamiento y construcción de grandes proyectos de desarrollo en Latinoamérica, generando un impacto directo en la vida y goce efectivo de derechos de grandes poblaciones. Esto preocupa, más aún sabiendo que 21 países de la región ya se han integrado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) liderada por China.

El Estado chino ha participado en tres ciclos del Examen Periódico Universal sobre derechos humanos de Naciones Unidas (en los años 2009, 2013 y 2018). En el último de estos procesos, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), elaboró ocho Informes Sombra sobre la responsabilidad extraterritorial del país asiático respecto a las actividades de sus empresas y bancos en América Latina. Gracias a este proceso de incidencia, China asumió varios compromisos aceptando seis recomendaciones que corresponden al cumplimiento de obligaciones extraterritoriales del Estado, orientadas a que se respeten y protejan los derechos humanos y el ambiente en todas sus operaciones empresariales fuera de China.

El nuevo reporte que se presentará este miércoles, denominado “Derechos humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica”, evalúa el nivel de cumplimiento de las recomendaciones adoptadas por China en su último EPU, a partir del examen de las vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza en 26 proyectos con participación china (23 consorcios y al menos seis bancos) que se desarrollan en los sectores de minería (12), hidroelectricidad (6), hidrocarburos (3) y otros (5).

El reporte se ha presentado este miércoles 23 de marzo en el seminario denominado Derechos Humanos y Actividades Empresariales Chinas en Latinoamérica que se realizó vía zoom.  Es posible ver la transmisión en difereido de la actividad por redes sociales a través de este enlace .

La conclusión general de este Informe es que el Estado chino ha realizado esfuerzos insuficientes para cumplir los compromisos asumidos en el EPU y que el patrón de vulneración de derechos descrito en 2018 continúa siendo sistemático. Entre los hallazgos importantes se demostró que en 24 casos hubo violaciones al derecho a vivir en un medioambiente sano y daños al ambiente, en 18 casos se dieron violaciones al derecho de participación y consulta libre, previa e informada y en la mitad de los casos hubo violaciones al derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada. Así mismo, existe una presencia constante de vulneraciones a los derechos civiles y políticos fundamentales y los derechos laborales, individuales y colectivos, entre otros.

 

Frente a esta evidencia, las organizaciones que elaboraron el informe plantean varias recomendaciones, entre otras, que el Estado chino elabore un Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos donde se adopten medidas urgentes para asegurar que sus entidades cumplan con sus obligaciones extraterritoriales, con el fin de prevenir los impactos al ambiente, los derechos humanos y el territorio de las comunidades afectadas.

Las organizaciones exigen a los bancos y a las empresas chinas que operan en Latinoamérica que lleven a cabo un examen de debida diligencia en todo el ciclo de sus proyectos y que se adopten mecanismos judiciales y extrajudiciales que proporcionen una reparación efectiva y oportuna de los impactos sociales y ambientales ocasionados por entidades chinas, incluyendo el acceso a remedios judiciales de las víctimas de violaciones de derechos humanos, para que presenten sus demandas de reparación en la jurisdicción de su país o en China.

Por otro lado, demandan mecanismos de control, transparencia y acceso de información para la sociedad civil, y que se incorporen en los acuerdos de comercio cláusulas relativas a la protección de los derechos humanos, el ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Finalmente, el Colectivo también hace observaciones y recomendaciones específicas a las empresas  y entidades chinas, así como a los Estados que emitieron recomendaciones a China en el marco del EPU.

Descargue el resumen ejecutivo del reporte aquí

Para seguir el evento por redes sociales, seguir este enlace:https://fb.me/e/6AVqMMEmM.

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Relatora de la ONU participará en discusión de medidas para apoyar a defensores de la tierra y el medio ambiente en el Perú

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Amenazas, estigmatización, criminalización y ataques, son los constantes problemas que sufren las personas que defienden los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente en América Latina, y el Perú no está exento de ello. Dada la crisis climática se ha tomado conciencia de la importancia de generar medidas que contribuyan a la protección del medio ambiente, pero aún no se reconoce la importancia de la labor que realizan las y los defensores y los riesgos que enfrentan.

A pesar de los avances positivos en cuanto a la creación de medidas normativas para la protección de las personas defensoras, como el diseño de un nuevo Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos; las medidas de protección siguen siendo insuficientes, lo cual contribuye a que el Perú siga siendo considerado uno de los países más peligrosos de América Latina para la defensa de la tierra y medio ambiente. Un país en el cual, en la última década, 220 personas defensoras fueron asesinadas. Por esa razón, es primordial generar espacios de discusión que contribuyan a generar medidas que garanticen la protección de los derechos de las personas defensoras y que contribuyan a que su labor se desarrolle sin ningún riesgo.

Por estos motivos, les invitamos a participar este miércoles 15 de setiembre a las 11am del foro: “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú”, organizado por la Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras; FEDEPAZ; Peru Support Group; y CAFOD. El foro contará con la participación de Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Vincent Ringenberg, Encargado de Negocios de la Unión Europea en Perú, Kate Harrisson, Embajadora del Reino Unido en el Perú, además de representantes del Congreso y el Ministerio de Justicia, y defensores/as de derechos.

El foro discutirá sobre las principales tendencias y factores estructurales que permiten el aumento de la vulnerabilidad y riesgos de las personas defensoras en el Perú. Además, se socializarán hallazgos del informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común” y recomendaciones para apoyar el trabajo de las y los defensores en el Perú, discutiendo casos emblemáticos con los propios defensores de DDHH de Espinar, Valle de Tambo y de la comunidad Awajún, para así generar aprendizajes para la protección y la generación de un entorno seguro para el trabajo de aquellas personas en general que defienden la tierra y nuestra casa común.

El foro será transmitido a través de nuestras redes sociales y de Wayka.

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Decreto N°1500 sobre reactivación económica debilita institucionalidad ambiental y dificultará participación ciudadana

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En el marco de la delegación de facultades establecidas mediante Ley N° 31011, el Congreso facultó al Ejecutivo Nacional legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. El pasado 11 de mayo se emitió una serie de decretos entre los cuales se encuentra el Decreto Legislativo N° 1500 que establece medidas para reactivar, mejorar y  optimizar la ejecución de proyectos de inversión  pública privada ante el impacto del COVID-19. El objeto de este decreto es establecer medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como las certificaciones ambientales.

El domingo 03 de mayo se emitió el Decreto Supremo N° 080-2020- PCM donde se inicia la reanudación económica fase 1 y dentro de los sectores priorizados se tiene a la gran minería estableciendo etapas progresivas para la reanudación de la inversion y desarrollo de proyectos del sector minero. El decreto legislativo 1500 emitido contiene dispositivos que generan preocupación porque reduce estándares de protección de derechos fundamentales y garantías institucionales para la protección del ambiente. Esto tiene que ver con las modificaciones, obligaciones para las empresas inversoras en temas administrativos, para que con ello se facilite el impulso de los proyectos de inversion; incluida la minería.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El primer punto que nos preocupa son las obligaciones correspondientes a la participación ciudadana. La participación ciudadana suele concebirse y reducirse como un requisito administrativo para la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental; sin embargo, en la práctica, cobra vital importancia para el desarrollo de una política de prevención de conflictos y de respeto de los derechos fundamentales. En la actualidad existen casos graves de estancamiento del diálogo entre empresas y poblaciones por la ausencia de un desarrollo adecuado de procesos de participación ciudadana. Este derecho funciona como una garantía para la protección de diversos derechos: reasentamiento, vivienda, salud, educación, ambiente saludable.

Virtualidad

El DL 1500 en su artículo 6 establece que los mecanismos de participación ciudadana podrán llevarse a cabo de manera virtual; si bien el párrafo señala una serie de condiciones para llevar esto a cabo, surgen muchas dudas de que ello pueda beneficiar a las poblaciones y comunidades cuyos derechos van a ser impactados por un proyecto minero. Sobre ellos tenemos dos observaciones: 1) el acceso a medios digitales para la comunicación virtual en muchas zonas del país, sobre todo las rurales, no es universal y muchas personas se encuentran excluidas; 2) los procesos de participación ciudadana también implican el respeto de derechos colectivos y no debe ser reducido a requisitos administrativos. Los soportes virtuales pueden ser usados para seguir debilitando la participación y decisiones colectivas de las poblaciones y comunidades afectadas si no son adecuadamente garantizados por el estado.

Por otro lado, en la quinta disposición complementaria del decreto se señala: “Las disposiciones reguladas en el artículo 6 del presente Decreto Legislativo, también resultan aplicables a los casos en los que se haya establecido mecanismos de participación ciudadana previos al otorgamiento de títulos habilitantes.” Con esta disposición entendemos que estas modificaciones se aplicarían tanto para los procesos de participación ciudadana en curso como los que se requieren impulsar para las primeras fases de aprobación de los proyectos mineros; por ende, su aplicación surtirá efecto durante todo el proceso de reactivación económica planificado por el Estado.

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

El segundo punto que nos preocupa es el referido a la fiscalización ambiental, debido a que entre los artículos 7 y 8 de esta norma, se flexibiliza el procedimiento de monitoreo en el sector de minería. Procedimientos imprescindibles para garantizar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA); y que las empresas, en sus vertimientos o impactos, no sobre pasen los Límites Máximos Permisibles (LMP).

Exoneración de reportes de monitoreo ambiental

El artículo 7 en su primer apartado 7.1. sostiene que se exonerará “[…] a los administrados [empresas mineras] de la obligación de presentar a las entidades con competencia ambiental [como OEFA], los reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o social, que implique trabajo de campo […]”. Es decir, en el período que dure las medidas desplegadas a causa de la pandemia, las empresas no realizarán los procedimientos de monitoreo ambiental; a la cual estaban obligados para controlar que sus actividades no impacten el medio ambiente.  En la parte final de este artículo se sostiene que las medidas cesan cuando la “[…] actividad sujeta a fiscalización ambiental se reinicie”; lo cual no sabemos cuándo sucederá.

Debido a las medidas sanitarias de aislamiento social implementadas por el gobierno, que son evaluadas constantemente sin una fecha de culminación; ha conllevado a que las entidades públicas, entre ellas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), desarrollen sus labores parcialmente.

Sanciones fraccionadas

Sobre las sanciones que sean impuestas (multas) por infracciones ambientales (contaminación) con anterioridad a la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitario o con posterioridad; ahora podrán ser “fraccionadas y aplazadas en la exigibilidad”. Así lo dispone el artículo 8 de este Decreto Legislativo. Claramente con esta disposición se ha otorgado un beneficio adicional a las empresas mineras, que es innecesaria, pues la capacidad económica de este sector es solvente.

Entendemos que como consecuencia de la pandemia que vivimos hoy, muchas de las entidades públicas se ven afectadas en la prestación de los servicios; pero al mismo tiempo es importante recordar la labor fundamental que despliegan organismos como el OEFA, para garantizar la estricta protección del derecho fundamental a un ambiente sano, razón por la cual su labor debe desarrollarse al 100%, sin que ello represente un riesgo para sus funcionarios. Ello sería proporcional y necesario, pues desde el gobierno ha quedado claro que la minería será una de las actividades impulsadas con mayor prioridad.

 

 

 

 

 

 

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