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Cusco: Podrían sentenciar a 30 años de prisión a defensores ambientales de Chumbivilcas

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El día de mañana, viernes 17 de enero, será la última audiencia en el Juzgado Penal Colegiado Supranacional B de Cusco que preside la jueza Yépez Provincia, en la cual se desarrollarán los alegatos finales de la Fiscalía, la empresa minera Anabi, y los dirigentes sociales acusados, tras las protestas desarrolladas en defensa del territorio ante la contaminación ambiental del río Yahuarmayo y las afectaciones causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje de la empresa minera Anabi.

Los delitos que se le imputan a los dirigentes sociales son: secuestro; robo agravado, daño agravado; entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, entre otros.

Historia de la protesta

En el año 2011, las comunidades campesinas originarias del distrito Llusco, provincia de Chumbivilcas, acudieron ante el Estado para denunciar la contaminación ambiental por parte de la empresa minera Anabi SAC. Pese a múltiples pedidos, los dirigentes no fueron escuchados. Sin embargo, ante las movilizaciones desarrolladas posteriormente, el gobierno instaló una mesa de diálogo en enero del 2012. Esta mesa en la que estuvieron el presidente de la PCM, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, autoridades locales y regionales, la empresa minera Anabi y la población, llegó al acuerdo de realizar monitoreos ambientales en la zona impactada, cuyos resultados serían presentados públicamente ante la población de Llusco; cosa que nunca pasó.

Debido al incumplimiento, la población volvió a la protesta, y en el contexto de las movilizaciones, la empresa denunció que el 05 de febrero del 2012 habían incendiado su campamento minero. Tras ese hecho, la empresa denunció a varios dirigentes por diversos delitos; y la Fiscalía, sin hacer mayor investigación penal, formalizó la denuncia contra nueve hombres y una mujer.

No hay pruebas

Frente a las acusaciones de la Fiscalía, cabe señalar que en el transcurso de la investigación no se han presentado fotos, videos u otra prueba que demuestre que los dirigentes sociales fueron los responsables del incendio del campamento minero. Solamente se han presentado como prueba, las declaraciones de ex trabajadores de la empresa minera. Contradictoriamente la misma jueza no quiere aceptar como medio probatorio las declaraciones de los dirigentes sociales acusados.

Sentencia

Las y los defensores están en grave peligro de ser encarcelados por 20 años o más, considerando que esta es la pena mínima por el delito de secuestro. La fiscalía ha pedido 30 años de cárcel. El elemento común entre los acusados es su condición de dirigentes de organizaciones sociales y/o autoridades; pues no existe evidencia de su participación en los actos.

Uno de los abogados de los 10 dirigentes acusados, Ramiro Llatas, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, miembro de la Red Muqui, lamenta que la jueza Yépez Provincia haya rechazado el Amicus Curiae presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Amicus Curiae rechazado

El abogado relata que la jueza rechazó de plano el Amicus Curiae presentado por mesa de partes, señalando que el plazo para presentar aportes probatorios ya pasó. Confundiendo que el Amicus Curiae es un derecho constitucional que pretende aportar al razonamiento jurídico para la fundamentación de la sentencia y no un medio probatorio

La jueza no ha valorado el Amicus Curiae. “Están procesando a defensores del ambiente y el territorio. Ellos estaban ejerciendo derechos constitucionales y no estaban ahí para cometer delitos”, señala el abogado, sobre el contenido del Amicus Curiae.

Audiencia final

Finalmente, el abogado agregó que la jueza se ha mostrado reticente a valorar las declaraciones de 5 de los 10 dirigentes acusados, señalando que las declaraciones no tienen valor probatorio, ante la solicitud de que el día de mañana, además de los alegatos finales a presentarse, también puedan ser escuchados 5 dirigentes sociales acusados. A pesar de la actitud de la jueza, los dirigentes acusados hablarán en defensa propia y colectiva. ”Lo que tendría que hacer la jueza es demostrar que los dirigentes no están diciendo la verdad, no señalar que sus declaraciones no tienen valor probatorio”, finalizó Ramiro Llatas.

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Pronunciamiento: Elementos para una salida dialogada, pacífica y duradera

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Conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); CooperAcción; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP); Estudios para la Defensa de los Derechos para la Mujer (DEMUS); Derechos Humanos sin Fronteras (DHFS), el Insituto de Defensa Legal (IDL); la Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarollo (ANC); la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), hemos publicado el siguiente pronunciamiento sobre el conflicto en Las Bambas, emitido hoy, 1 de abril, en el diario la Républica.

Las peruanas y peruanos hemos visto en las últimas semanas la situación de tensión y conflicto producida por el impacto de las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de#Apurímac y #Cusco, en particular en las provincias de #Cotabambas, #Espinar y #Chumbivilcas. La problemática que afecta a la comunidad de#Fuerabamba también es compartida por otras comunidades de la zona, razón por la que se requiere sentar las bases para una salida dialogada, pacífica y duradera al conflicto. Con ese propósito, las organizaciones abajo firmantes planteamos:

1. A lo largo de la carretera por donde se transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas, existen 149 centros poblados y 72 comunidades, varias de ellas han visto afectada su propiedad y sufren los impactos ambientales del transporte minero. Esto ha sido motivo de conflictos en el año 2016, con las protestas de las comunidades de Choqueca, Pumamarca, Ayahua y Quehuira, en el 2017 con las comunidades de Mara, y en el 2018 con las de Pisacassa, Pitic y Fuerabamba. Esta situación revela la urgencia de una solución para todas las comunidades afectadas, pues de lo contrario los conflictos volverán a repetirse.

2. Las comunidades afectadas por las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de Apurímac y Cusco, se han visto limitadas en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por el establecimiento de los Estados de Emergencia impuestos indebidamente por el Ejecutivo. El Estado debe derogarlos para contribuir a un clima de confianza y diálogo, sin presiones ni mecanismos coercitivos que afecten las libertades de las partes.

3. En el caso particular de la comunidad de Fuerabamba, además del pago por el uso de sus tierras para la carretera, es importante saldar de una vez por todas la entrega de las tierras pendientes, según el convenio celebrado el 2009 entre la empresa Glencore Xstrata y la Comunidad de Fuerabamba. Consideramos que los acuerdos alcanzados deben cumplirse y se deben manejar con total transparencia.

4. Además de Fuerabamba, otras comunidades han planteado diversas quejas por acuerdos incumplidos. A fin de restituir la confianza entre las partes, estos acuerdos, y la situación de los mismos deben transparentarse. La participación de la Defensoría del Pueblo, como instancia externa y neutral a las partes, resulta necesaria para realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos.

5. Según el BCR el 1% del PBI corresponde a la producción de Las Bambas. Una operación tan importante no puede desarrollarse en condiciones de clara afectación a los derechos de las comunidades y a los estándares ambientales, así como de infraestructura precaria (carreteras afirmadas).

6. Es necesario un reconocimiento de los errores y malas decisiones cometidas por los sucesivos gobiernos y la empresa MMG Las Bambas en el trámite de los permisos ambientales. En la segunda modificatoria del EIA se incorporó el cambio de mineroducto por transporte terrestre, a través de un mecanismo de consulta irregular (ITS). Esto originó que el transporte del mineral tenga un tratamiento inadecuado de prevención y reducción de daños. Pese a las quejas de las comunidades afectadas por los daños, nadie fiscalizó ni se responsabilizó de estos hechos, pues no había obligaciones establecidas para fiscalizar.

7. Urge que el Estado recupere la confianza de las comunidades en estas zonas con presencia importante de inversiones y actividades extractivas. Es la única vía para que las comunidades puedan canalizar sus demandas a través de mecanismos institucionales y no recurran a estrategias desesperadas. Los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional deben ser eliminados. La Policía Nacional no puede convertirse en policía privada de las empresas, debe recuperar su rol de servicio público.

8. Datos oficiales muestran que en las regiones de impacto del proyecto minero Las Bambas se evidencia la persistencia de graves problemas de discriminación y violencia de género, hechos que se traducen en nuevas modalidades de explotación sexual, tráfico de mujeres y trata, así como casos de feminicidios y mortalidad materna. Estos casos deben ser investigados y denunciados por el Ministerio del Interior, y deben visibilizarse en el diálogo entre las partes en conflicto.

9. La detención irregular del Presidente de la Comunidad de Fuerabamba Gregorio Rojas ha evidenciado la situación límite de la relación entre las comunidades afectadas, la empresa y el Estado peruano. La fragilidad de las condiciones para el diálogo se hizo evidente en tanto se criminaliza a las y los representantes legítimos: que diversos personajes ajenos a los intereses de la comunidad ganaran protagonismo y pretendieran instrumentalizar el conflicto para sus propios fines. El Estado, y en particular el Ministerio Público, deben cesar de criminalizar a las y los representantes de las comunidades afectadas y encauzar debidamente la solución a los conflictos.

A partir de lo señalado, exhortamos al Gobierno y a las distintas instancias involucradas del Estado, a tratar los temas y problemas de fondo que plantean conflictos como el de Las Bambas. Del mismo modo, a que se revisen las políticas públicas, los marcos normativos ambientales y sociales, y los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa que están a la base de los cuestionamientos de las comunidades impactadas por los megaproyectos, para garantizar así la convivencia pacífica y duradera, el reconocimiento y respeto entre las partes, y la legitimidad y sostenibilidad de los proyectos.

Lima, 31 de marzo del 2019

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Dirigentes y autoridades de Chumbivilcas son denunciados por movilización contra empresa HudBay

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TRAS CONFORMACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO

  • Fiscalía abrió investigación pese a que no se registraron enfrentamientos durante protesta
  • Son 14 los denunciados por delitos contra los medios de transporte entre otros

El presidente de la Comunidad Urasana (distrito de Velille, Chumbivilcas), Amilcar Alcca Chacalla, informó a Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) que la fiscalía de San Tomás ha abierto una investigación a varios dirigentes sociales y alcaldes de provincia de Chumbivilcas, así como de los distritos Velille, Chamaca y Livitaca, por haber participado en las movilizaciones del 25, 26 y 27 de enero en la zona de influencia del proyecto minero de Constancia a cargo de la empresa canadiense Hudbay.

El dirigente comunal de Urasana, señaló haber sido denunciado por delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, entre otros. En la misma situación se encontrarían 13 dirigentes comunales del Frente de Defensa de Velille junto con los tres alcaldes distritales y el alcalde provincial de Chumbivilcas.

Amilcar Alcca dijo mostrarse sorprendido por esta determinación del ministerio público, y aseguró a DHSF Cusco que durante esta protesta de enero, no se registraron disturbios ni enfrentamientos entre pobladores y efectivos policiales.

El Frente de Defensa de Velille, los presidentes comunales, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y los distritos cercanos a esta provincia, realizaron un paro preventivo de 72 horas los días 25, 26 y 27 de Enero del presente año, en contra de la empresa HudBay Perú SAC, y su proyecto minero Constancia en la provincia de Chumbivilcas.

Esta medida de lucha respondió al pedido de cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, en el marco de su política de responsabilidad social y ambiental con los centros poblados y comunidades locales.

Otro pedido contemplado en el pliego de reclamos alcanzados a la minera, era la declaración a de todas las comunidades del distrito de Velille como área de influencia directa, mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y social de dicho proyecto minero.

Tras la medida de protesta, recién el 27 de febrero se instaló una Mesa de Diálogo en Velille, en la que participaron: el alcalde distrital de Velille, el alcalde provincial de Chumbivilcas, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del el Ministerio de Energía y Minas (MEM). En este encuentro con el Estado, se confirmaron oficialmente los grupos de trabajo de responsabilidad social y medio ambiente.

 

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

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Chumbivilcas: Velille inicia diálogo con la PCM, el MEM y representantes de minera Hudbay

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TRAS PARO DE 72 HORAS

Durante este tercer día de paro, los representantes de las organizaciones sociales de base, las autoridades y pobladores del distrito de Velille (Chumbivilcas, Cusco) iniciarán un proceso de diálogo con los representantes de la empresa minera, y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, y la Presidencia del Consejo de Ministros.

El arribo de funcionarios no impidió que los manifestantes tomen las vías que van hacia la sede de Hudbay y a la de Glencore. Se reportó que se ha suspendido  la salida de carros de Arequipa con destino a Chumbivilcas (Cusco), Cotabambas y Aquira (Apurímac). La mesa de diálogo se postergó para hoy debido a que los miembros del Ejecutivo no portaban sus acreditaciones.

Desde las 10 de la mañana, los pobladores se concentraron en el sector de Maraniyoc, ubicado a 3 Km del asentamiento minero.

Hasta el momento, la paralización de 72 horas que enfrentan los pobladores de Velille, tiene masiva concurrencia de la población y respaldo de las 8 comunidades del distrito de Velille y las principales organizaciones sociales de la provincia de Chumbivilcas. Por otro lado, existe un fuerte y numeroso resguardo policial del asentamiento minero del Proyecto Constancia de la empresa minera Hudbay.

Lea también: Chumbivilcas: Pobladores de Velille inician paro y se movilizan cerca al campamento proyecto minero Constancia – Hud Bay

Cabe recordar que la empresa minera HudBay ha tenido problemas con algunas comunidades afectadas por el el proyecto Constancia. En noviembre del 2014 un grupo de comuneros de la comunidad de Uchuccarco realizó un plantón en el campamento minero de HudBay pruduciendose algunos enfrentamientos entre los pobladores y los miembros de la Policía Nacional. Luego de ello se instaló una mesa de dialogo y hasta la fecha existen reuniones para discutir las demandas de la comunidad de Uchuccarco.

 DATO:

El proyecto Constancia se ubica en el distrito de Velille, Chamaca y Livitaca de la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco / Diario La República

Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

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Pedirán reparaciones civiles y atención médica a comunidades afectadas por metales en la sangre en Espinar

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Afectadas. Melchora Surco y Santusa Ñoñoncca de la comunidad del Alto Huancané

POR MEDIO DE TRES DEMANDAS

  • Denuncias penal y constitucional se formularon a la par con investigación periodística
  • Estado ocultó resultados de comuneros con metales en el organismo en dos oportunidades

Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF Cusco), CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA) emprendieron una serie de demandas en el ámbito civil y penal, así como un proceso de amparo, en defensa de dos de las comunidades que habitan en la zona de influencia del proyecto minero Antapacay (Espinar, Cusco) y que han visto afectada su salud ante la presencia de 16 metales pesados en la sangre.

Dichas demandas han sido interpuestas contra el Estado Peruano por haber omitido los resultados de las muestras de sangre y orina, que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), tomó a los habitantes de las comunidades de Huisa y Alto Huancané en el año 2010, en Espinar (Cusco).

Tal como indica el informe periodístico del equipo de investigación de Convoca, “Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, en este primer estudio, el CENSOPAS conoció que cientos de pobladores de Huisa y Alto Huancané, ubicadas entre los ríos Salado y Cañipía, estuvieron expuestos a arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales considerados por la OMS como altamente cancerígenos. Aun así callaron.

Asimismo, la investigación de Convoca, añade que en el 2013, Censopas hizo un nuevo estudio tras un acuerdo de la mesa de diálogo de Espinar; es así que recogió 180 muestras de orina y confirmó los hallazgos del primer estudio (2010), solo que esta vez arrojó resultados de otros 11 metales presentes en los organismos de los habitantes evaluados. La toma de muestras de estas nuevas 11 sustancias no tuvo el consentimiento de los donantes, y es por ello que volvieron a guardar “reserva”, y no se conocieron hasta diciembre de 2014.

Ante todas estas omisiones y secretismos por parte del Censopas, sin importar la salud de las personas, la plataforma de abogados de DHSF Cusco, CooperAcción y el IDL -junto con los afectados- elaboraron y presentaron una demanda de cumplimiento, es decir, un proceso constitucional con el que se busca que el Estado cumpla con las leyes para proteger la salud, específicamente en las comunidades aledañas al proyecto Antapaccay (ampliación Tintaya).

Juan Carlos Ruiz (IDL), Jaime Borda (DHSF Cusco), Melchora Surco (Alto Huancané) y Juan Magaño (Huisa)

Para ello, se contó con el apoyo del doctor Fernando Osores, médico Magister en enfermedades infeccionas y tropicales, quien trabajó en el CENSOPAS, así en el equipo de profesionales del estudio del 2013. En ese año, Osores denunció estas irregularidades al momento de evaluar a los pobladores, así como la expedición de los resultados a los pobladores “sin sellos, membretes, ni firmas”.

Dr. Fernando Osores 

Juan Carlos Ruiz, Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó de intolerable el hecho de que el mismo Ministerio de Salud, a través del CENSOPAS, haya ocultado a los pobladores durante tres años, los diagnósticos por metales pesados en la sangre.

El letrado de IDL también recalcó que el Estado tiene una función de garante de derechos, así como de protección de los mismos. En ese sentido, Ruiz recordó que el Estado -ante una situación como esta- tiene la obligación de investigar, prevenir, reparar y sancionar:

“Es necesario investigar las causas. Luego de cinco años aun no se sabe el origen de esta contaminación; por un lado, la empresa aduce que es de origen natural, y por otro, los afectados señalan directamente a la actividad minera. Además de también prevenir las violaciones (a los derechos humanos) y reparar la vigencia de la salud, se requiere sancionar a aquellos que resulten responsables por haber cometido ilícitos penales o administrativos” apuntó Juan Carlos Ruiz.

Melchora Surco muestra fotos de como eran sus tierras antes de la contaminación ambiental por metales

Tres demandas

De ser favorable la sentencia a raíz de la demanda de cumplimiento (presentada en mayo de 2015), se tendría que decretar emergencia sanitaria, emergencia ambiental, así como practicar exámenes epidemiológicos y toxicológicos en la zona.

Los defensores legales de las comunidades de Huisa y Alto Huancané indicaron que se busca una orden judicial para afectar el presupuesto y así ejecutar un Plan de Atención Integral que no se limite a campañas informativas, sino integrales.

De igual modo, los abogados de las comunidades señalaron está en curso una demanda penal interpuesta por la ONG Solsticio debido a los ilícitos penales, como el de no atender a personas en peligro.

Juan Carlos Ruiz del IDL añadió que vienen preparando una demanda civil contra el Estado, por no cumplir con atender la salud de estas personas, pese a saber y haber comprobando que se encontraban en peligro. Es por ello que se apunta a que los afectados por metales en la sangre, reciban una reparación civil.  “Aun no se establece la responsabilidad de la empresa minera”, deslizó Ruiz.

Cuestión de presupuesto

Otro aspecto importante que mencionaron los abogados defensores, fue que en medio de los procesos de amparo, la procuradora de la Dirección de Salud del Cusco (DIRESA Cusco) reconoció la gravedad de los afectados y adujo que como el gobierno regional tenía un PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL (PAI), pero que el gobierno central no facilitó el presupuesto. “Dicho PAI demanda un millón y medio de soles para su ejecución, y tras cinco de evidencia de daño en las personas no se atiende a la gente porque supuestamente no hay dinero, pese a lo que genera la actividad minera en la zona”, incidió Juan Carlos Ruiz del IDL.

“La actividad minera, petrolera y energética son muy importantes ya que generan trabajo y divisas, pero no a costa de sacrificar vidas y poner en peligro la integridad física de las personas. El artículo 59 de la Constitución es muy claro: la libertad de empresa, la libertad de industria y la libertad contractual son muy importantes y hay que protegerlas, pero no pueden poner en peligro la salud de las personas”, remarcó Ruiz.

Gabriel Arriarán y Milagros Salazar de Convoca.pe

“Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, es un informe periodístico elaborado por el equipo de periodistas de investigación de Convoca, con el respaldo de CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF – Cusco) y médicos especializados en salud ambiental.

La presentación estuvo a cargo de Milagros Salazar y Gabriel Arriarán de Convoca, junto con representantes de las comunidades afectadas.

Fotos: Facebook Convoca / Comunicaciones RED MUQUI

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Peregrinos del señor de Qoyllorit’i marcharon en contra de Concesiones Mineras

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Más de 800 personas, integrantes de las ocho naciones que conforman la hermandad del Señor De Qoyllorit’i conjuntamente con el Consejo de Naciones  marcharon por las principales calles de la ciudad del Cusco, en protesta a las concesiones mineras en el santuario y la minería ilegal que existe en esta zona.

 

Tras la marcha y en mitin realizado en Plaza de Armas se logró el consenso para firmar el acta de conformidad entre el Presidente Regional, el alcalde Provincial del Cusco, el Titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura, el Director Regional de Energía y Minas, el presidente del Consejo de Naciones y la hermandad , donde se comprometen a hacer cumplir las funciones de evaluación y derogatoria del proyecto minero que buscaba explotación en el santuario del señor de Qoyllorit’i que tendría un plazo de  5 meses antes de la celebración por las fiestas del Cusco; caso contrario las 8 naciones, la hermandad y el pueblo cusqueño tomaran medidas extremas como tomar el santuario de Saqsayhuaman en un nuevo paro indefinido.

 

El representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Econ. Daniel Maraví Vega Centeno, ratificó que la entidad cultural no autorizará ninguna actividad de exploración o explotación minera en el Santuario de Qoyllurit´i a fin de salvaguardar la peregrinación anual que realizan miles de fieles.

 

«Hemos asumido el compromiso de colocar hitos para delimitar el área intangible, como espacio cultural, que tiene más de 3 mil 641 hectáreas para el resguardo, protección y salvaguardia de este legado que es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO» dijo el titular ante una multitud presente en la Plaza de Armas de Cusco, quienes exigían la defensa del santuario ante el avance de la actividad minera informal.

 

Aseguró que la entidad cultural mantendrá permanente coordinación y trabajo con el Consejo de Naciones y la Hermandad del Señor de Qoyllurit´i para defender este territorio religioso que es reconocido como la mayor peregrinación que se realiza en  Sudamérica, asimismo anunció su pleno respaldo a todas las acciones que dispongan las autoridades correspondientes.

 

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras

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Naciones de la hermandad del Señor de Qoyllorit’y marcharan en contra de concesiones mineras

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Integrantes de las ocho naciones que conforman la hermandad del Señor De Qoyllorit’y este 18 de enero marcharan en la ciudad del Cusco en protesta contra las concesiones mineras que realizo en Ministerio de Energía y Minas al territorio del Santuario de Sr. De Qoyllorit’y ubicado en las faldas del nevado Ausangate, en la localidad de Sinakara de la provincia de Quispicanchi.

 

Esta marcha viene siendo convocada por la Hermandad del Señor de Qoyllorit`y  y el consejo de las 8 naciones comprendidas por Paucartambo, Quispicanchis, Paruro, Acomayo, Chinchero, Urubamba, Canchis y Anta, quienes anualmente participan de la peregrinación en el Sinakara. El motivo de  esta movilización es pedir la anulación de las concesiones mineras que se realizaron en este territorio.

 

 

Según las declaraciones de Felipe Achahui integrante de la directiva de las danzas en Ocongate, en esta marcha  no  se permitirá la presencia de partidos políticos y candidatos en campaña debido a la coyuntura electoral, esto para no terjiberzar los objetivos de la marcha. También manifestó que durante la marcha se dirigirán a la Dirección  Desconcentrada de Cultura, seguidamente a la dirección de energía y minas solicitando la intervención de estos organismos para la anulación de las  concesiones.

 

Sobre la concesión minera del Sinakara

La Dirección Regional de Energía y Minas confirmó la existencia de 40 concesiones mineras fuera del área intangible listas para su tratamiento administrativo y posterior exploración y explotación; hecho que afectaría el área intangible. Con la afirmación de la Dirección Regional de Energía y Minas se puede ver que las concesiones mineras amenazan la ruta tradicional de bperegrinación y la geografía del santuario, afectando la práctica cultural y la vida cotidiana de las comunidades campesinas del entorno.

 

Entre tanto con Resolución Directoral Nacional Nº 696 / INC del 29 de marzo del 2010, la Dirección Desconcentrada de Cultura efectuo la  delimitación del área intangible, indienable como espacio cultural que  considera un área de 3, 641, 04 hectáreas; mientras que la zona destinada para los derechos mineros son 170 mil hectáreas.

 

Afectación a la festividad de fe y devoción

Debemos destacar que la festividad del Señor de Qoyllorit’y se realiza en los meses de Junio en las faldas del nevado Ausangate a 5362 msnm, en la localidad de Sinakara en la provincia de Quispicanchi, convocando a miles de devotos e integrantes de las naciones, a esto se suma la declaratoria de la festividad y el santuario del Qoyllorit’y como patrimonio cultural de la nación, realizado el 10 de agosto de 2004, así mismo el 27 de noviembre de 2011 la UNESCO inscribió a la «Peregrinación al santuario del Señor de Qoyllorit’y» como integrante de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

 

Movilización de las naciones

La municipalidad distrital de Ocongate conjuntamente con los directivos de las danzas de Ocongate, la hermandad y las 8 naciones; se vienen pronunciando sobre este atentado; es así que el alcalde de Ocongate José Adrián Barrientos Díaz se dirigió a la Capital de la Republica pidiendo al SERNAP la anulación de las concesiones mineras, para proteger el área natural del Ausangate que es considerado patrimonio cultural Inmaterial de la Humanidad.

Así mismo Felipe Achahui, integrante de la directiva de las danzas en Ocongate, menciono: Que, parte de los pobladores de Mahuayani tienen temor por la realización de estas concesiones, “La zona intangible solo consta de casi 3600 hectáreas frente a un territorio inmenso y que las actividades están paralizadas por el momento…”. De otro lado ha señalado que existe un grupo de pobladores en la zona de Carhuayo que estarían a favor de la actividad minera en la zona, pues brindaría oportunidad de trabajo para los mismos.

 

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco

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