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En una carta dirigida al Gobierno del Perú el 27 de abril, la Relatora Especial de las Naciones Unidas advirtió sobre el uso indebido del derecho penal en contra de personas defensoras del medio ambiente y, por ende, manifestó su desacuerdo sobre las sentencias a dos casos de defensores ambientales. Para sustentar la existencia de este uso indebido, presentó dos casos de sentencias cometidas de forma irregular. Primero, aquella contra César Estrada Chuquilín, al haberse identificado dos faltas graves al debido proceso: falta de incorporación de prueba de descargo y una representación legal ineficaz. Este caso se agrava al tomar en cuenta los antecedentes. En julio del 2017, el Juzgado Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Cajamarca había sentenciado a Estrada a 12 años y 4 meses de prisión por su supuesta vinculación con la retención de una camioneta y extorsión de una contratista en Valle Laguna Azul, a pesar de que este presentaba pruebas que negaban tal vinculación y, por ende, pedía la nulidad de la sentencia. A finales de marzo de 2021, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú declaró nulo e inadmisible su recurso de casación, confirmando la sentencia del 2017.

 

En segundo lugar, expuso la sentencia contra los defensores opuestos al proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú (Arequipa). El 7 de enero del 2021, el Primer Juzgado Colegiado Supraprovincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió sentencia condenatoria para Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos (12 años, 4 meses de prisión) y Mariano Cornejo Reynoso (7 años, 4 meses). Las protestas tuvieron lugar debido a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2014 y el inicio de las actividades en marzo del 2015, a pesar de las denuncias ya realizadas por parte de la población contra los daños a las fuentes de agua para consumo e irrigación de campos en el Valle de Tambo. Sin embargo, el Ministerio Público abrió investigaciones y calificó a las organizaciones sociales protestantes como “organizaciones criminales” y, así, la Fiscalía acusó a los dirigentes Trinidad y Cornejo por los delitos de “asociación ilícita para delinquir”, “extorsión al Estado”, “entorpecimiento al funcionamiento a los servicios públicos”, “disturbios” y “motín”.

 

La relatora no solo exigió a través de la carta, atención urgente por parte del Gobierno sobre los casos señalados, sino que también pide que se actúe frente a los constantes atropellos a los derechos de los defensores de derechos humanos en general. A la fecha habría alrededor de 1200 líderes, ronderos, criminalizados, y estarían siendo procesados por delitos que contemplan penas de 10 a 30 años de prisión.

El viernes 11 de junio, mediante el Decreto supremo 009-2021-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) como resultado de un proceso inédito de construcción participativa de una herramienta cuyo objetivo es adoptar acciones para superar progresivamente las brechas de coherencia de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la competitividad y la inversión sostenible.
En ese sentido, destacamos la participación de las centrales sindicales, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en este proceso, que con su voz y aportes ha permitido que el Estado y las empresas reconozcan oficialmente los impactos negativos en los derechos humanos generados por las actividades empresariales en los pueblos indígenas, comunidades originarias, defensores y defensoras ambientales, trabajadores, trabajadoras, usuarios y consumidores; y también resaltamos que a través de un diálogo multiactor hemos logrado la construcción de un plan nacional que debe guiar al Estado, con el apoyo de los titulares de estos derechos, hacia la implementación de una política pública que reduzca estas violaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar ausencias centrales e importantes que deja el Plan aprobado.
En primer lugar, los pueblos indígenas y comunidades originarias señalamos que sólo uno de los puntos mínimos propuestos por las organizaciones indígenas ha sido incorporado. Durante el proceso, las organizaciones indígenas planteamos se incorpore mecanismos que permitan proteger nuestro derecho al territorio, a la soberanía alimentaria y a la institucionalidad indígena; sin embargo, estos derechos no han sido tomados en cuenta. Tampoco fue tomada en cuenta la jurisdicción indígena como mecanismo de reparación de nuestros pueblos frente a la violación de derechos humanos. Además, la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada y los estudios de impacto ambiental aún no se encuentra acorde a los estándares internacionales. Demandamos que, en el
proceso de implementación, se incorpore este punto por ser de derecho, porque es necesario que se reconozca la importancia del consentimiento previo, libre e informado; así como la reparación de las afectaciones a los pueblos indígenas y las personas y poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas.

En materia laboral, los trabajadores y trabajadoras lamentamos que no se reconozca con la claridad necesaria que la legislación nacional, las políticas públicas y las prácticas empresariales se mantienen aún por debajo de los estándares internacionales y que es necesario y urgente atender todos los derechos colectivos del trabajo incluyendo la asociación y libertad sindical, la huelga y la negociación colectiva así mismo en el tema de la informalidad tantas
veces mencionado en este diálogo multiactor nos ratificamos es que no debe entenderse como un fenómeno desvinculado de la actividad empresarial formal, pues muchas veces funcionas articuladas, permitiendo que las empresas relativicen sus obligaciones de respeto de los derechos humanos.

Las instituciones de derechos humanos hemos exigido en todo el proceso de elaboración del PNAEDH la adopción de una metodología adecuada y el uso de indicadores que realmente evidencien cambios en la conducta empresarial y que ayuden a reducir la vulneración de derechos humanos, así como el cierre de brechas en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Así mismo, insistimos en lo que hemos mencionado en nuestros aportes al Plan ahora que se viene el proceso de implementación del Plan seguiremos haciendo incidencia sobre estos puntos, porque el desarrollo empresarial solo será sostenible si se incorpora integralmente las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Necesitamos mirar el PNAEDH, a partir de este momento, como parte sustancial de una nueva arquitectura estatal de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos que se deben seguir desarrollando en el país, a fin de que tanto las empresas internacionales como nacionales respeten los derechos humanos. En particular, atendiendo al hecho de que el PNAEDH no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que el desarrollo empresarial, que todas y todos saludamos, no se haga a costa de los derechos humanos de los demás. En ese orden de cosas, el PNAEDH recientemente aprobado debe tomarse como un punto de partida para seguir mejorando los procesos en el corto y mediano plazo, en el que se elimine la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras, y se reconozca genuinamente la labor de defensa y protección de los derechos humanos.

La implementación del PNAEDH demanda potenciar la participación empoderada de la sociedad civil en la ejecución y seguimiento, tanto de sus acciones estratégicas, como del cumplimiento de los objetivos planteados en él; y ello pasa por trasladar la información respectiva desde lo nacional a lo regional y viceversa; visibilizando las experiencias piloto de diálogo que hemos venido desarrollando en diferentes zonas del país, las mismas que deben servir de referencia del ejercicio de diálogo entre sectores empresariales, actores sociales y poblaciones ubicados
en esos territorios.

La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades
empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.
Finalmente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que todos estos años hemos defendido los derechos humanos, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir bregando, tanto desde la discusión de las políticas públicas, como ejerciendo el derecho a la incidencia, la movilización y la protesta con propuestas, para reducir la vulneración de derechos humanos y así poder construir juntos un Bicentenario en el que las empresas respeten plenamente los derechos humanos en el Perú.

Firmas:
Centrales Sindicales
Confederación General Trabajadores del Perú
Central Autónoma de Trabajadores del Perú
Central Unitario de Trabajadores del Perú
Confederación de Trabajadores del Perú
Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines – FENTAGRO
Organizaciones de Pueblos Indígenas
Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –
ONAMIAP
Asociación en Defensa de las viviendas y medio ambiente del Puerto de Chancay
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa de Chancay
Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
CooperAcción
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Red Muqui
Red Peruana por una Globalización con Equidad -RedGE
Instituto del Bien Común – IBC
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Comisión de Derechos Humanos de ICA -CODEHICA
Earthrights International -ERI
Programa Laboral de Desarrollo – Plades
Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Derechos Humanos Sin Fronteras -DHSF
IDLADS
CIPCA
GRUFIDES
IESI
DIAKONIA
OXFAM en Perú
11.11.11
Broederlijk Denle
Otras adhesiones:
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Hemos empezado la semana con una noticia muy dolorosa, y es que el lunes 24 de mayo se ha conocido del asesinato de 16 personas, entre ellas 2 menores de edad, en el centro poblado de San Miguel del Ene, distrito de Vizcatán del Ene, Junín. Hasta el momento, las versiones oficiales señalan que los responsables serían grupos de narcoterroristas instalados en la zona. Desde la Red Muqui expresamos toda nuestra solidaridad con las familias de las personas asesinadas, y esperemos que se investigue de manera seria esta masacre y que caiga todo el peso de la ley a los responsables de estos hechos. Así mismo, lamentamos el uso y aprovechamiento político que se pretende hacer sobre esta tragedia, y lo mínimo que deberían hacer ambos candidatos y los medios de comunicación es que respeten el dolor de los familiares y que se les garantice justicia para las victimas.

De otro lado, en la medida en que nos acercamos al 06 de junio, día de las elecciones presidenciales, el escenario electoral se torna cada vez más polarizado, y por más llamado que se hace a la exposición de propuestas y planteamientos concretos de los candidatos, los ataques de uno y de otro lado no han cambiado, y lamentablemente los medios de comunicación nacional se siguen prestando para ello, favoreciendo de manera muy evidente a una sola candidatura. En ese marco, el pasado fin de semana hemos asistido al primer debate de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre, y más que un debate técnico finalmente terminó siendo un debate político, ya que la mayoría de propuestas presentadas han sido muy generales.  Al respecto, un tema que nos genera preocupación es el referido a la protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas ya que no hemos escuchado planteamientos concretos al respecto.

Durante la primera vuelta, diversas organizaciones hemos alcanzando una serie de propuestas y preocupaciones sobre la agenda ambiental y ecológica en el país, resumido en el “Pacto Ecosocial”, que fuera presentado a los candidatos presidenciales. La premisa de esta alianza por el pacto es porque: “El Perú es uno de los diez países más afectados por los efectos del cambio climático. Si el calentamiento global se agrava y la deforestación de nuestra Amazonía y zonas altoandinas continúa, en 25 años tendremos solo 40% del agua disponible, desaparecerán los glaciares andinos impactando a poblaciones y ecosistemas de nuestras tres regiones naturales…”; si no se toman medidas inmediatas de cara a este escenario lamentablemente el futuro que nos espera es desolador e incierto.

Dentro del llamado que se hace en el pacto Ecosocial está la cuestión del extractivismo, principalmente los impactos de la minería, no solo en materia ambiental, si no de la salud de las personas expuestas a metales pesados, así como de los derechos de los pueblos indígenas. Agendas casi ausentes hoy en día en los debates y propuestas de los candidatos, así que esperamos que esta ausencia sea incluida en el debate presidencial del próximo domingo 06 de junio organizado por el JNE en la ciudad de Arequipa.

Por: Bladimir Martínez – Equipo técnico de DHUMA-Puno

La contaminación de la cuenca del río Coata es una problemática socio-ambiental que involucra al gobierno, Empresas Prestadoras de Servicios, industrias como la minería y otras, residuos sólidos, entre otros. Esta problemática se encuentra estrechamente relacionada a la del Lago Titicaca.

Las evidencias de la contaminación de la cuenca del río Coata son refrendadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Dirección Regional de Salud Puno (DIRESA). Quienes muestran resultados alarmantes de los monitoreos de agua, evidenciando que los valores encontrados superan los Límites Máximos Permisibles (LMP)[1]y[2] y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua[3] en parámetros como el boro, hierro, manganeso, sodio, arsénico, plomo, coliformes termotolerantes Escherichia Coli,  bicarbonatos, cloruros,  aceites y grasas[4].

La ANA (2019), evidenció que las fuentes de contaminación provendrían de 21 vertimientos (8 municipales, 4 industriales, 7 botaderos de residuos sólidos y 3 descargas in situ). Los parámetros que sobrepasan los valores establecidos en el ECA agua categoría 4 son: oxígeno disuelto, pH, Conductividad Eléctrica, Fósforo Total, Nitrógeno, Mercurio, Plomo total, y Zinc total en 19 puntos de monitoreo ubicados en la cuenca Coata, que tiene una superficie de 5,548.5 km2 y alberga alrededor de 221,097 habitantes, de los cuales el 70.49% vive en el área urbana y 29.51% en el área rural; y las principales actividades económicas son la pecuaria y agrícola[5].

La evidencia de exposición de personas a metales tóxicos en la cuenca del río Coata se da luego de los análisis de sangre y orina realizados por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente del Instituto Nacional de Salud (CENSOPAS) cuyos resultados fueron que 34 personas presentan niveles de arsénico en sangre y orina, y 2 arsénico y mercurio, dentro de los cuales se encuentran niños y niñas de entre 4 y 14 años de edad[6]. Además, en un segundo estudio llevado a cabo en enero del 2021, se muestra que 223 personas habrían superado las concentraciones de arsénico en orina.

Como consecuencia de las concentraciones de metales tóxicos y microorganismos que superan los LMP en pozos de agua para consumo humano, se declaró en reiteradas ocasiones el Estado de Emergencia por Peligro Inminente, ante contaminación de agua para consumo humano, los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca desde el 2019[7]. El INDECI (2021) considera a estos distritos como de Muy Alto Riesgo; sin embargo, a pesar de que no existen mecanismos claros para la reducción de la categoría de Muy Alto Riesgo, se ha concluido la prórroga de la Declaratoria de Estados de Emergencia en los cuatro distritos.[8]

Como consecuencia de lo anterior, pobladores de los distritos afectados protestaron pacíficamente durante el noviembre y diciembre del 2020, solicitando la atención integral de salud, y el cese definitivo de las fuentes contaminantes, razón por la cual los pliegos de ministerios correspondientes se constituyeron en Puno el 15 de diciembre y firmaron un acta con 12 acuerdos, encontrándose dentro de estos la conformación de la mesa de diálogo denominada “Articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local para la atención de la problemática de la cuenca del río Coata , a favor de los distritos de Capachica, Coata, Huata y Caracoto”, cuyo objeto es concertar y elaborar un Plan de Acción Integral conducente a desarrollar labores de articulación orientadas a atender la problemática de la cuenca del río Coata, cuyo periodo de vigencia culmina el 15 de julio del 2021[9].

Sin embargo, ante el aparente retraso en el cumplimiento de acuerdos y compromisos por parte del pliego de ministerios, Gobierno Regional de Puno, y la Municipalidad Provincial de San Román, se anunció una movilización social para el 15 de junio. Cabe señalar que, es preocupante la evidencia de actos intimidatorios y de criminalización en contra de integrantes de los Frentes de Defensa, esto último a pesar de que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos[10] solicitó acciones al gobierno peruano poner fin a cualquier acto de criminalización en contra de los defensores de derechos humanos de la cuenca del río Coata.

En conclusión, si bien la contaminación se evidenció en estudios desde el 2015, la problemática socio ambiental inicia mucho antes. Además, se observa que la respuesta del gobierno a los resultados alarmantes de la contaminación se da luego de cuatro años, y recién después de cinco se realizan análisis en sangre y orina de las personas expuestas. Cabe señalar que, las fuentes contaminantes podrían estar distribuidas en la zona alta, media y baja de la cuenca Coata cuya extensión es de 5,548.5 km2 y alberga alrededor de 221,097 habitantes, lo que indicaría que la población expuesta podría superar los 50,000 habitantes que solo viven en la parte baja. Adicionalmente, se evidenciaron actos de criminalización en contra de los dirigentes principales de los Frentes de Defensa, con la aparente intención de paralizar el pliego de reclamos de la población expuesta a metales pesados.

Por último, a pesar de que no se tienen claros los mecanismos para la reducción del Muy Alto Riesgo existente, las declaratorias de estado de emergencia se dejaron de emitir. Y el proceso para la elaboración de un Plan de Acción Integral para atender la problemática aún es incipiente, y la garantía que este plan aborde problemas estructurales de la contaminación ambiental, aún es un tema que requiere una discusión amplia, y la participación de sectores privados (ONGs) y estatales que garanticen un abordaje integral y consecuente de la problemática.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Informe N° 027-2018-DSB/DESA/DIRESA/GR-PUNO

[2] Informe N°244-2015-OEFA/DE-SDCA

[3] Límites Máximos Permisibles, D.S N° 031-2010 – SA y Estándares de Calidad Ambiental para agua D.S. N° 015-2015-MINAM

[4] Informe técnico N° 172 – 2015 – ANA -AAA.TIT-SDGCRH

[5] Informe Técnico N° 055-2019-ANA-AAA.TIT-AT/RWAA. Resultados del monitoreo participativo de la calidad del agua superficial en la Unidad Hidrográfica Coata (23 al 30 de septiembre del 2019).

[6] Informe de Resultados N° 585G-2020-CENSOPAS

[7] DS N° 081-2020-PCM, DS N° 204-2019-PCM, DS N° 153-2019-PCM y DS N° 123-2019-PCM

[8] Reporte de Peligro Inminente N° 106 – 02/05/2021/ COEN – INDECI/22:55 HORAS (Reporte N° 34)

[9] Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 002 – 2021-PCM/SGSD. Lima, 19 de febrero del 2021.

[10] Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la situación de criminalización del Sr. Félix Suasaca Suasaca y el Sr. Claudio García Choqueluque, ambos miembros de frentes de defensa en contra de la contaminación. PER 003 / 1120 / OBS 129 del 20 de noviembre del 2020.

Entrevista a periodista Nicole Maron: «A veces me da vergüenza decir que soy de Suiza»
La periodista suiza Nicole Maron vive en el Perú y tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente y un mundo más justo. Denuncia el estilo de vida globalizado del Norte Global como un sistema neocolonialista que explota al resto del mundo, escribió una carta abierta al Ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, y toca puntos delicados en muchas de sus publicaciones.

Nicole Maron, usted llama al estilo de vida supuestamente «civilizado» del Norte Global neocolonialista explotador. ¿Qué exactamente quiere decir con esto?

En América Latina y otras regiones del Sur Global, los efectos de la globalización se pueden sentir muy claramente. Las relaciones económicas a nivel global siguen basándose en la explotación, a pesar de que la era del colonialismo supuestamente ya ha terminado. Pero lo que vivimos hoy en día, es una forma extrema de neocolonialismo, sostenido no por la fuerza de armas sino por la presión económica y política. Los y las habitantes de países como Perú o Bolivia sufren por las consecuencias negativas de este modelo, el cual permite el estilo de vida lujoso y bien asegurado en países como Suiza.

¿A qué consecuencias negativas se refiere?

Por ejemplo, a la deforestación de la selva o la contaminación por la minería. A nivel mundial, cada minuto se tala una superficie de selva tropical del tamaño de 30 campos de fútbol, un diez por ciento de esto en Brasil. Gran parte de las zonas deforestadas se destinan a la producción de soja, es decir, a la alimentación del ganado cuya carne se exporta a China, Estados Unidos o Europa. Por otro lado, las actividades mineras contaminan el agua, el suelo y el aire, destruyendo la base de vida de la población local.

¿Conoce algún caso concreto de contaminación?

Por supuesto. En lugares como Espinar o Cerro de Pasco estamos hablando de personas que tienen hasta 17 metales pesados en la sangre y cuyos animales mueren porque beben agua de ríos envenenados.

¿Hay empresas suizas que son involucrados en esta situación?

Hay muchas empresas mineras transnacionales que operan en el Perú. En Cerro de Pasco y también en Espinar, la empresa suiza Glencore maneja tres minas que ya llevan casi 40 años causando graves daños al medio ambiente y a la salud de la población. La empresa actúa con una indiferencia y arrogancia increíble. Lo único que le interesa es su ganancia.

¿Cuál es la actitud del gobierno peruano?

El gobierno peruano tanto como el gobierno suizo están apoyando a las empresas porque el Estado se beneficia de estas actividades a través de los impuestos. En el mes de noviembre del año pasado, el gobierno suizo recomendó rechazar la iniciativa para mayor responsabilidad empresarial por temor a los daños económicos para Suiza. Con esta actitud, Suiza ha declarado oficialmente que la economía tiene prioridad sobre los derechos humanos.

¿Fue esa la razón por la que escribió una carta al Ministro Ignazio Cassis el 28 de febrero de 2021?

El motivo de esta carta fue un pronunciamiento de Cassis en diciembre, en el cual anunció que, de aquí en adelante, las ONGs ya no podrán utilizar fondos de la COSUDE -la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación- para campañas de información y sensibilización en Suiza.

¿Qué significa eso en lenguaje sencillo?

Que la cooperación al desarrollo debería concentrarse en sus proyectos en el Sur Global y no puede evidenciar los daños que la política y las empresas suizas causan en el extranjero. Se ignora la destrucción del medio ambiente, la crisis climática y la muerte de personas para que la población suiza pueda mantener su estilo de vida orientado al consumo. Los metales que se extraen aquí en el Perú y en otros países, se utilizan para baterías y dispositivos electrónicos que compramos en Suiza a montones.

En su carta, usted exige un gobierno que asuma su responsabilidad y ponga la ética por encima de los intereses económicos, para que ya no tenga que avergonzarse cuando diga que es de Suiza.¿Siente vergüenza de su país?

Desgraciadamente, sí. Porque, me guste o no, soy parte del sistema que se base en la explotación y resulta en la injusticia global. Con mi pasaporte y un sueldo mayor al sueldo promedio peruano o boliviana, tengo privilegios – no sólo en Suiza-, sino también aquí. Por ejemplo, el acceso a una buena atención sanitaria.

¿Cómo se percibe a Suiza en países como Perú o Bolivia, que -según la lista de la Fundación Alemana para el Desarrollo en cooperación con la OCDE- se consideran países en desarrollo?

Depende a quién se le pregunte. Muchos empleados estatales la perciben de manera muy positiva, a Suiza y a los otros países que invierten aquí, porque aportan al crecimiento económico. Pero si se habla con la población indígena que sufre directamente por las decisiones políticas y las actividades económicas de Suiza, la percepción es muy diferente.

¿Tiene un ejemplo?

Si. En enero hice entrevistas en comunidades indígenas de Espinar para un documental sobre las minas de Glencore. Una señora mayor me pidió que hiciera un llamado a Suiza y a los directores de Glencore.

¿Qué dijo exactamente?

Dijo: «Yo sufrí desde mi niñez por la minería. Mi papa trabajaba en una mina hasta su muerte, pero ahora mi pobre mamá no recibe ni seguro ni renta. Se han comprometido en educarnos, pero por ser gente humilde, gente originaria, aquí no hay justicia. Por eso ya hago un llamado a los dueños de la mina. Seguramente no soy la única a quien les pasan estas cosas. En todo el mundo, cuantos niños estarán sufriendo por la minería, cuantas madres estarán golpeadas, cuantas despojadas de sus terrenos. ¿Por qué tenemos que sufrir? Pregunto también al Estado peruano y a los congresistas, ¿por qué no nos manda sus abogados? A todos ellos hago este llamado, con mi tanto sufrimiento.»

Usted señala que el consumismo de la población del Norte Global es corresponsable por esta situación. ¿Qué podemos hacer para cambiarla?

Cada uno puede cambiar su comportamiento como consumidor. Por ejemplo, ¿realmente necesitamos un nuevo celular cada año, o cada nuevo dispositivo? Hay que ser más consciente de nuestra huella ecológica, la cual en Suiza es mayor que en muchos otros países. Pero creo que hay algo con lo que se puede lograr mucho más: el compromiso político. En Suiza tenemos la oportunidad de participar e influir en las decisiones de nuestro gobierno hasta cierto punto, y deberíamos aprovechar este derecho.

¿Por qué vive en el Perú actualmente?

Después de vivir en Kurdistán por un año de 2010 al 2011, quise conocer a América Latina como otra región del mundo con fuertes movimientos sociales que luchan contra el sistema de opresión y explotación. Aquí y también en Bolivia donde vivía antes, he aprendido mucho, incluso culturalmente y espiritualmente.

¿Por ejemplo?

En la región andina y también en la amazónica la gente tiene otras formas de pensar y vive realidades que son completamente diferentes, los cuales cuestionan el llamado «progreso» y la visión académica del mundo. Hablo del «llamado progreso» porque un estilo de vida que resulta en la destrucción de nuestro planeta no debería ser llamado desarrollado, sino primitivo y estúpido. Al fin y al cabo, estamos destruyendo poco a poco nuestra propia base de vida. Sin embargo, los países que se autodenominan «desarrollados» presumen enseñar al resto del mundo como se puede vivir mejor.

Entonces, ¿la vida en los países desarrollados no es mejor que en los países en desarrollo?

No necesariamente, porque son los países desarrollados que definen lo que significa una vida mejor, y esta definición se basa principalmente en tener más plata. Pero este modelo principalmente sirve a la economía y a las empresas. Conozco a muchas personas en Suiza que se han enfermado o han caído en depresión entre los 30 y los 40 años, porque ya no podían soportar las presiones del mundo laboral. Incluso hay niños y niñas de la primaria en Suiza que sufren de depresión debido a la presión por el rendimiento. Ahora, ¿un sistema que hace que la gente enferme, realmente puede ser un buen sistema?

¿Usted quiere cambiar el sistema?

Mi compromiso es compartir las experiencias que hago aquí con personas en Suiza y otros países del norte, esperando que esto ayude que ellos reflexionen más sobre los efectos de su estilo de vida. Tal vez de esta manera, se pueda impulsar un cambio de conciencia que es muy necesario. Porque el sistema económico actual ha creado una sociedad de consumo que acabará llevándonos a todos y todas al borde del colapso.

Podría tener un trabajo bien pagado en Suiza o en otro país del llamado primer mundo, mientras que las oportunidades de ganar dinero en el Perú probablemente sean menores. ¿No le importa eso?

Para nada. Nunca he hecho depender mis actividades profesionales o mi compromiso de mis ingresos, sino únicamente de lo que hago vale la pena. Mientras pueda sustentarme con mi sueldo, seguiré trabajando en proyectos no remunerados, sea en Suiza o en el extranjero.

 

Entrevista: Kerem S. Maurer
Publicado en: Anzeiger von Saanen, Suiza, 23. de abril 2021

Nicole Maron Oscamayta es una escritora y periodista suiza. Desde 2017, vive en Bolivia y el Perú. Trabaja para diferentes medios de Suiza y Alemania y realiza documentales, con un enfoque en temáticas socio-políticas y medio-ambientales como migración, (in)justicia global, descolonización, derechos humanos, y espiritualidad.

www.maron.ch

A inicios de la cuarentena declarada en Perú en marzo de 2020, el PBI minero cayó en sus puntos más bajos. No es hasta diciembre del 2020 donde el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) registró un aumento de 0.51% de la economía nacional, siendo el primer mes con un resultado positivo desde que la Covid-19 llegó al país.

Para el subsector minería, se mostró solo una caída de -2.5% en diciembre, lo que significa que operó al 97.5% de su capacidad operativa respecto al mismo mes del año anterior. Este último dato indica que el sector minero ha recuperado prácticamente sus niveles de producción previo a la llegada de la Covid-19. Ha de señalarse que durante la primera ola de la pandemia los precios de los metales bajaron debido a la paralización de la economía; sin embargo, ahora, a nivel global, la tendencia del precio de los metales se ha incrementado excepcionalmente debido a que la recuperación económica global demanda estos metales y las expectativa de los inversionistas crece.

De acuerdo a este escenario internacional, es importante analizar los planes de gobierno de Perú Libre y Fuerza Popular respecto al sector minero; las implicancias que tendrían de aplicar sus planes de gobierno y las propuestas de la Red Muqui frente a ello.

El presente análisis comparativo se basa en los documentos oficiales de los partidos que han pasado a segunda vuelta. Plan de Gobierno 2021-2021: Rescate (Fuerza Popular) y Perú Libre: Ideario y Programa, además del Plan de Gobierno Perú al Bicentenario Libre de Corrupción (Perú Libre). Los ejes programáticos que se han priorizado analizar son: 1) Concesiones, Ordenamiento Territorial y Participación Ciudadana, 2) Derechos de los Pueblos Indígenas, 3) Salud y Ambiente, 4) Derecho al Agua, y 5) Reforma Tributaria. Los comentarios que planteamos se desarrollan en base al documento de “Agenda Muqui 2021” lanzado bajo la campaña “Construyendo Alternativas frente a la Expansión Minera”4 de la Red Muqui.

 

 

 

Frente al actual escenario político, de cara a la segunda vuelta para la elección de la Presidencia de la República y la grave crisis sanitaria, económica, educativa y ambiental que enfrenta nuestro país; el colectivo de instituciones que conforman la Red Muqui se pronuncian:

1.- El recrudecimiento de la pandemia desatada por la Covid-19 hace más de un año, ha evidenciado nuestras profundas precariedades como país, no solo en el sistema de atención a la salud, sino también en la atención de la educación, cobertura de internet, apoyo al sector agrario, trabajo digno, entre otros. La defensa del modelo económico neoliberal, vigente desde los 90, ha seguido una línea de continuidad en los gobiernos durante los últimos 30 años, que ha privilegiado la explotación de materia prima y el extractivismo en los territorios, ha concentrado la riqueza en unos pocos y generado grandes desigualdades debido a la reducción de derechos sociales, laborales y sindicales. También ha afectado a la actividad agropecuaria y las posibilidades de desarrollo de otras actividades económicas de los pueblos, dejándolos con impactos negativos en el agua, suelo y aire, con un severo deterioro en la salud de los niños y niñas que tienen altos niveles de metales pesados en su organismo y sufren de desnutrición crónica y anemia infantil. Todos estos aspectos evidencian que este modelo está agotado y que no podemos seguir postergando los cambios estructurales más urgentes que demanda la población peruana.

2.- El modelo económico actual fue sellado con la Constitución de 1993, durante un régimen dictatorial. Hoy son más que evidentes los impactos del extractivismo depredador y el modelo minero actual que solo ha admitido parches sin cambios de fondo. Aún en tiempos de pandemia y de crisis económica, los gremios empresariales mineros y el gobierno insisten con presionar los territorios para sacar adelante proyectos mineros cuestionados como Tía María en Arequipa, Conga en Cajamarca o Río Blanco en Piura. Del mismo modo, se mantiene el despojo de territorios de los pueblos indígenas, atropellando los derechos ambientales, de consulta previa, de tierra y territorio, participación ciudadana, entre otros. Por tanto, urge un proceso participativo de cambio y mejora del pacto social que representa la Constitución Política del Estado, que incluya el ordenamiento del territorio y enfrente la problemática del uso del suelo y subsuelo, la conservación de las fuentes de agua con respeto a las actividades agropecuarias.

3.- La Defensoría del Pueblo asegura que más del 60% de los conflictos son de tipo socio ambiental y, dentro de estos, el 65% de los conflictos sociales está vinculado a la actividad minera. Las poblaciones, comunidades, pueblos originarios y sus líderes y dirigentes que rechazan la actividad minera y extractiva en sus territorios son constantemente estigmatizados, judicializados, criminalizados y privados de su libertad. Inclusive se busca militarizar zonas mineras a través de Estados de Emergencia. Como consecuencia de los conflictos existen casos de heridos y fallecidos civiles, sin ningún tipo de identificación y sanción a los responsables, la impunidad policial se mantiene intacta, debido a las normas que protegen a la PNP. Además, aún se mantienen los convenios de las empresas mineras con la PNP. Una propuesta de gobierno que pretenda mantener vigente este modelo extractivista y su profundización, no representa de ninguna manera una propuesta de cambio y de respeto a los derechos humanos.

4.- No obstante, esta situación crítica que vivimos y la crisis política en la que nos ha sumergido nuestra clase política, no hemos sido derrotados. La solidaridad y apoyo comunitario organizado en los barrios y en las comunidades han servido para ello. Frente a la escasez de alimentos se han implementado ollas comunales, ante la falta de oxígeno se ha movilizado el apoyo comunitario, así como experiencias de alimentación sostenida por la agricultura familiar y otras economías populares. Del mismo modo, frente al intento de golpe a la democracia, la población -sobre todo los jóvenes- se han movilizado masivamente el año pasado para defenderla ante intereses subalternos y de mafias organizadas que todavía se encuentran en el Congreso. Si bien nos encontramos en medio de un proceso electoral, la población continúa con la defensa de sus territorios y también es consciente que no es momento de mantenerse neutrales; que no se puede retroceder en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

5.- Por ello, frente a un escenario ciertamente complejo y altamente polarizado; desde la Red Muqui nos reafirmamos en la defensa férrea de los derechos humanos, sobre todo el de las comunidades afectadas que resisten al extractivismo minero. Sabemos que los cambios que proponemos no vendrán desde el Fujimorismo. El Fujimorismo representa un grave riesgo para nuestra democracia, no solo porque durante su dictadura en los años 90 se violaron derechos humanos, sino porque entre sus miembros se alojan personas sentenciadas por corrupción, quienes en la reciente crisis política del 2020 contribuyeron a desestabilizar el Congreso de la Republica y el Poder Ejecutivo. Tal es así, que hoy, esta “organización política”, afronta un proceso judicial por delitos como crimen organizado y lavado de activos.

Por todo lo mencionado, nos sumamos a las iniciativas de resistencia permanente en los territorios y hacemos un llamado a la población y a las organizaciones de base, a cerrarle el paso al retorno del fujimorismo. No es posible que a 200 años de nuestra vida republicana tengamos que celebrar el retorno del nefasto pasado dictatorial, represivo, altamente corrupto y sangriento. Somos conscientes de que el país necesita cambios, no solo de formas, sino en temas de fondo. Por ello nuestro voto debe ser de respeto por la democracia y los derechos humanos. Votemos sin miedo por el cambio; votemos por el cambio constitucional que abra las puertas a un modelo post extractivista que tenga como centro la dignidad de la gente.

 

Lima, 19 de mayo del 2021.

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

 

Hemos tenido una semana con mucho movimiento a nivel político y social, sobre todo luego del debate realizado en el distro de Chota- Cajamarca entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Dentro de los planteamientos, y en la mayoría muy generales que se dijeron, está la propuesta de la señora Keiko de distribuir el 40% del canon minero de manera directa a la población en las regiones mineras del país, propuesta que fue respaldada por algunos “analistas políticos” señalando que esto era perfectamente posible. Al respecto desde Red Muqui hemos señalado que tal medida no solo es populista e inviable, sino que busca bajar el rechazo de la población a la minería en los territorios a cambio de dinero, sin tomar en cuenta los impactos ambientales. Además solo se beneficiarían algunas regiones como Cusco, Ancash, Arequipa, Cajamarca, y algunas más, su alcance es muy limitado y, sobre todo, se generaría conflictos entre la población y los gobiernos locales, ya que las municipalidades se quedarían con pocos fondos para las obras públicas. En suma, se evidencia la desesperación de Keiko por buscar votos en las zonas rurales del país.

Un segundo tema, sumamente preocupante, es la que viene del Congreso de la República. El pasado 22 de abril se aprobó el dictamen de ley que reconoce a los “Comités de Autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”, la norma fue excluida de segunda votación. Esta ley fue impulsada por el fujimorismo y Alianza Para el Progreso. La aprobación de esta ley contraviene abiertamente la Constitución Política y los principios que rigen el uso de la fuerza pública, ya que promueve abiertamente la militarización, el uso de armas de fuego y la represión estatal en los territorios por parte de estos comités de autodefensa (CAD). Desde nuestro punto de vista la norma debe ser observada por el Ejecutivo, ya que varios ministerios la han observado, así como la Defensoría del Pueblo, inclusive el día de ayer diversas organizaciones sociales, comunales y las mismas rondas campesinas se han movilizado al Congreso de la Republica para pedir el archivamiento de la misma. Santos Savedra, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas ha señalado que: «Esto lo ha impuesto el fujimorismo con el respaldo de APP. Las rondas no lo hemos planteado. Esto nos llevaría a ser como Colombia con organizaciones paramilitares en nuestros territorios y comunidades”

Finalmente, al mismo tiempo del reclamo de las organizaciones por la observación y archivamiento de la esta ley de los comités de autodefensa, también se ha planteado al Congreso de la Republica, la urgencia de un pleno de pueblos y de ambiente, ya que la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República tiene varios dictámenes aprobados en favor de los pueblos indígenas, el ambiente, el cambio climático, entre otros. Esperamos que finalmente los voceros de las diferentes bancadas del Congreso se pongan de acuerdo para aprobar el pleno de los pueblos para los próximos días, antes de finalizar la legislatura y el periodo de este congreso. Para finalizar, desde Red Muqui queremos solidarizarnos con las víctimas de la represión y la violencia desatada en Colombia y nos sumamos a los llamados para que el gobierno de Iván Duque cese el uso de la fuerza y la violencia de las fuerzas de seguridad contra la población.

 

El martes 4 de mayo se ha promulgado en el diario El Peruano, la ley para “Fortalecer prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas”, firmada por el presidente de La República, Francisco Sagasti, y la presidenta de la PCM: Violeta Bermúdez. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República el 31 de marzo del presente año con el aporte de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, y faltaba la promulgación por parte del Ejecutivo si es que no había alguna observación. Desde octubre del 2018 en que se aprobó los “Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas” por el Ministerio de Salud, no había otro avance normativo importante.

Implicancias de la Ley

De acuerdo al artículo 3, esta ley encarga a la “Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Salud en ejercicio de su función rectora, la definición de los actores y de los mecanismos de articulación intersectorial e intergubernamental para la incorporación de la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas en los planes y programas a cargo de los sectores competentes, así como en los de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

La coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, Karem Luque, señala que “esto permitirá que no solo haya una acción organizada a nivel multisectorial que contempla a diferentes ministerios, sino que entre los diferentes sectores haya mejores propuestas. Refuerza los canales de comunicación para que los gobiernos regionales y locales puedan ejecutar y dialogar mejor frente a las políticas nacionales que se vayan aprobando.

Agregó que desde la sociedad civil ahora se podrá argumentar que existe ya una ley para que los gobiernos regionales realicen un plan integral de salud que contemple a las y los afectados por metales tóxicos.

Minsa adecuará protocolos para atención

Asimismo, la ley señala que el Ministerio de Salud debe elaborar y actualizar “los protocolos de atención e instrumentos técnicos para la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas”.

Karem Luque precisa que actualmente el Ministerio de Salud tiene guías de diagnóstico clínico con los que los médicos evalúan los síntomas y signos de las personas que estarían afectadas por metales pesados. “La guía más actualizada es la de plomo del 2017. También hay guías para arsénico, cadmio y mercurio”. Agrega que lo que se pide con este artículo, es que estas guías sean actualizadas y sea asumido por todos los profesionales de la salud que van a trabajar en la zona donde hay exposición a metales pesados. “Los médicos deben conocer a detalle estas guías para diagnosticar la enfermedad de los pacientes expuesto a metales pesados”, puntualiza

Crearán Registro de personas afectadas por metales pesados

Otro importante avance de acuerdo a esta ley, es que el Ministerio de Salud implementará y actualizará el “Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, a fin de organizar el sistema de atención sobre esta materia, que brinde mayor conocimiento sobre su incidencia, prevalencia y demás información relevante en cada área geográfica que se produzca, así como los niveles de afectación en la salud”.

Hace unos meses el Ministerio de Salud informó que actualmente “hay más de 10 millones de personas expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en el país” . Sin embargo, Karem Luque señala que no es un informe detallado para saber cuántas personas expuestas a metales pesados hay en cada provincia y distrito. “La data solo es a nivel regional. Esperamos que con esta ley y su reglamento se pueda tener la data detallada con el apoyo de los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, en cusco hay 342 660 personas en riesgo de exposición a metales pesados, pero no se dice dónde”.

En el artículo 5, se precisa que el registro se construirá “a partir de la información obtenida en atenciones médicas realizadas, en los establecimientos de salud de los tres niveles de gobierno, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud su conducción y actualización periódica, conforme lo señale el reglamento”.

Financiamiento

Finalmente, sobre el financiamiento, en el artículo 7 de la ley se precisa que no habrá recursos adicionales del Tesoro Público para implementar estas acciones. “La aplicación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades públicas involucradas”.

Karem Luque señala que los gobiernos regionales deben elevar sus presupuestos, ya que ellos son los que definen los montos a utilizar en el sector salud de su región. “Si tendríamos en cada región una unidad de metales pesados que esté bien equipada, tendríamos mayor seguimiento a los casos de exposición y afectados por metales pesados”.

Finaliza, precisando que sí debería evaluarse un presupuesto especial a nivel nacional porque en los territorios donde ya hay afectados por metales pesados y personas en riesgo de serlo, se sigue impulsando la actividad minera, y por ello debería haber un presupuesto especial para implementar las acciones de mitigación, prevención y atención a los afectados por metales pesados.

Aprobada la ley, el reglamento de la Ley debe ser aprobado dentro del plazo de 90 días calendario, contados a partir del día de hoy, 4 de mayo.

DATO

Actualmente la Comisión Multisectorial Temporal de la que hacen parte representantes de ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Salud, Vivienda, Agricultura, Trabajo, Cultura, Mujer, Producción; 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales; y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, vienen elaborando el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.

Con la ley aprobada, la implementación del Plan Especial Multisectorial tendrá un respaldo jurídico para la prevención, mitigación y atención de la salud de los afectados y afectadas.

 

En la actualidad, de acuerdo al reporte de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, existen más de 80 conflictos sociales en torno a la minería, sea por que las comunidades y poblaciones exigen mayores recursos a las empresas mineras y al Estado para el beneficio de sus pueblos; porque las empresas mineras no se hacen responsables de la contaminación ambiental y a la salud que han generado en el pasado y en la actualidad; y porque hay comunidades y poblaciones que viven de la agricultura y otras actividades económicas locales que rechazan la imposición de proyectos mineros en sus territorios.

Para responder a la pregunta sobre la viabilidad y eficacia de las propuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori para resolver la problemática minera en el Perú, conversamos con dos especialistas: Epifanio Baca, economista del Grupo Propuesta Ciudadana; y Roxana Barrantes, economista y presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible.

Castillo ha señalado que el “70 % de utilidades se tiene que quedar para el país y que las empresas mineras se lleven el 30%. ¿Es viable esa propuesta?

Epifanio Baca:  Suponiendo que Castillo se refiere al porcentaje del Estado que recibe del impuesto a la renta. No es claro en eso. Actualmente el impuesto a la renta es casi el 30% sobre las utilidades de las empresas. Él está planteando llevarlo al 70% y que las empresas se queden con el 30%. Es un planteamiento inviable. Piensa que las empresas tienen contratos con el Estado y ahí está establecido ese pago. Las empresas mineras, como todas las empresas, pagan el impuesto a la renta que está asociado por ley y eso se da para todos los sectores. Y quien define eso es el Congreso no el Ejecutivo. Hay diferentes tipos de impuestos, por ejemplo, los que pagan las personas naturales y otros impuestos.

Roxana Barrantes: Cualquier cambio con cuanto se queda el Estado sobre el aprovechamiento de recursos mineros tiene que tomar en cuenta a nuestros vecinos  de Colombia y Chile y en qué posición nos dejaría en la atracción de inversión respecto a ellos. La información que manejo, es que la posición del Perú, respecto a lo que se queda el Estado sobre el aprovechamiento minero, es similar a la de Colombia y Chile. Ese no es un factor diferenciador para atraer inversiones en el sector. Si eso se quiere cambiar para aumentar la recaudación del Estado, creo que vamos a perder competitividad y a mediano plazo empobrecernos.

En la actualidad se está dando un alza en el precio de los minerales.

E. Baca: Está empezando un contexto favorable del alza de precios desde fines del año pasado. Eso se va a traducir para una mejora económica del sector y también para los ingresos fiscales que produce para el Estado.

Los impuestos que paga el sector minero en el primer trimestre de este año comparado con los últimos 15 años, está en el pico más alto. Ha superado en el monto del 2011-2012 que eran las cifras récord. Es una señal que con el cobre alrededor de 4 dólares la libra, que es un precio extraordinario y si se mantiene durante varios años, eso va a mejorar las utilidades de las empresas y conceptos que ellos pagan: impuesto a la renta, impuesto especial a la minería y las regalías que pagan.

R. Barrantes: Con el alza de minerales lo que tenemos que hacer es vender. Aumentar niveles de producción con los protocolos sanitarios respectivo y vender lo más que podamos.

¿Y qué propone Keiko Fujimori sobre la recaudación de ingresos en el sector minero?

E. Baca: El planteamiento del fujimorismo es dar facilidades para la inversión. No tiene una propuesta para recaudar más ingresos a través de impuestos. Es lo mismo que la Confiep, «bajemos la tramitología, facilitemos la inversión». Mano dura y cumplimiento de la ley en aquellas zonas donde se bloque la carretera. Llevarán supongo al ejército para que continúen los proyectos mineros.

R. Barrantes: El fujimorismo no tiene metas en minería muy claras al respecto. No tiene nada, solo está pensando en la simplificación administrativa y aumentar el personal para los ministerios del Ambiente y Energía y Minas.

Es importante tener personal capacitado, que trabaje con liderazgo claro, que pueda avanzar en el MINAM y el MINEM y todos los organismos relevantes, pero esa no es la única solución para sacar adelante más proyectos y beneficiarlos de la demanda de recursos mineros que permitan además hacer inversiones en otros sectores de la actividad económica, aumentar la productividad y el desarrollo de la ciencia y tecnología.

Necesitamos un liderazgo claro del Estado para sacar adelante los proyectos. No el Estado que recibe los pedidos administrativos,  sino el Estado que tiene que liderar el desarrollo territorial en las regiones.

¿A qué se debe el alza de los precios en los minerales?

E. Baca: El alza se debe a un factor estructural que tiene que ver con la transición energética a nivel mundial. Esta en marcha el reemplazo de energías fósiles por otras energías y específicamente el cambio más grande es la electro movilidad en los países desarrollados como la China. Significa que están reemplazando los carros que funcionan con gasolina, petróleo, a electricidad. Ese cambio genera una demanda de nuevos minerales como el cobre, litio y piedras raras para las baterías y otros insumos.

El otro factor, más coyuntural, es que la economía china va a crecer este año al 9%, después que su crecimiento cayó a 1-2%, pero no a cifras negativas como en todo el mundo. En una economía como la China, este crecimiento genera una demanda de minerales fuerte.

¿Nuestro país podrá aprovechar esta demanda?

E. Baca: El PBI del sector minero cayó 14% y la producción en términos físicos disminuyó por la pandemia. Han sido afectados en su producción. ¿Este año como será? Dependerá como estará la pandemia. Si el Estado puede controlar la pandemia, ayudará; pero en el Perú no tenemos grandes minas nuevas, tenemos ampliaciones, pequeñas minas como el proyecto Toromocho y mina Justa. No va a haber en estos tres años un aumento significativo como hubo en el 2016 con proyectos mineros como Las Bambas, Ampliación Cerro Verde y junto a ellos Hudbay, Constancia, y Antapaccay en Cusco.

Volviendo a las propuestas de Castillo, ¿es posible la nacionalización del sector minero?

E. Baca: Esas propuestas en el campo minero son difíciles de implementar. Si las empresas no aceptan la renegociación, nacionalizamos señala Castillo, pero eso no tiene pies ni cabezas. El Estado no tiene capacidad de hacer minería actualmente.

El equipo de Castillo lo que quiere es que la minería deje más plata. No tanto están con los temas ambientales, sociales de derechos humanos. Critican fuertemente a las ONGs, las acusan de estar ligadas al imperialismo yanqui.

¿Pero es imposible que el Estado administre empresas mineras?

E. Baca: El Estado actualmente no tiene capacidad para hacer vacunas,  ni para hacer plantas de oxígeno. Tenemos antecedentes en los 70s y 80s en que el Estado administró empresas mineras. Tintaya fue administrada por el gobierno regional de Cusco. En el 87-88, Patria Roja tenia la gobernación y fue un desastre económicamente. Te llevan la eficiencia al piso. No somos Chile. En Chile tienen un consenso de 40 años y la gestión es privada y funciona. Acá no se está planteando esto. Tenemos una institucionalidad débil. Las empresas publicas han sido usadas en el Perú como botines. Por ello, es bien complicado.

Una opción para futuros proyectos mineros, sería que el Estado, que tiene algunas concesiones mineras, señale a las empresas mineras: «yo te voy a concesionar esto pero quiero ser socio». Tendríamos una empresa mixta, donde el Estado es accionista, por ejemplo en un 30%, y de esa manera participa de la renta.

¿Y sobre aumentar la recaudación de impuestos?

E. Baca: No creo que sea posible aumentar la tasa del impuesto del 30%. Si se puede cambiar las regalías, como hizo Humala, que en vez de que este calculado se de sobre la base operativa, sea sobre las rentas. Como actualmente pasa con el proyecto minero Las Bambas, y en otras tres empresas más. La otra manera es el control de elusión fiscal de las empresas mineras a través de la SUNAT, que sea más rigurosa en el control para que las empresas no usen practicas elusivas para declarar menos utilidades.

Sobre las exoneraciones tributarias no son muchas, pero sí hay que retirar de la Constitución de 1993 el anclaje constitucional de los contratos ley de las empresas mineras. No puede estar protegida por la Constitución. Los contratos ley protegían todo antes. Solo deberían proteger ahora el impuesto general a la renta porque cualquier inversionista necesita seguridad a largo plazo para invertir. En el pasado incluía otros beneficios paras las empresas mineras.

¿Y sobre la protección ambiental, el fujimorismo qué plantea?

E. Baca: No van a mejorar el desempeño ambiental del Estado. Mano dura significa eso, mantener las cosas.

R. Barrantes: Keiko dice vamos a articular y hacer una convivencia armónica con la agricultura, pero no dice cómo. Y sobre la criminalización de la protesta no dicen nada. Me cuesta dar información donde no dicen nada.

Pero el fujimorismo señala que aumentarán el personal de calidad para el Ministerio del Ambiente y de Energía y Minas.

E. Baca: Conocemos al fujimorismo en el sector. Dará facilidades de apoyo al sector. Si para eso hay que bajar leyes ambientales, lo harán. Habrán mayores conflictos y aplicará la represión seguramente. El fujimorismo tiene capacidad operativa para hacer eso. Tiene gente, especialistas para hacer eso.

R. Barrantes: Están pensando que por tener más personal en el MINEM y el MINAM la convivencia va a ser más armónica.

¿Y Castillo y sus propuestas?

E. Baca: Castillo es recontra precario. Esta diciendo que va a suspender todo: Ositrán, la Defensoría del Pueblo, ATU, etc. Pero que tenga capacidad e gobierno para hacer eso , no la tiene. Para hacer eso necesitas aparato político, el ejército a tu lado, y mayoría en el Congreso. Si llegase al gobierno tiene pocas capacidades de hacer las cosas que está planteando.

R. Barrantes: En los planes de gobierno sobre el tema ambiental, Castillo no dice nada.