Listado de la etiqueta: Derechos Humanos

Perú incumple tratado internacional que respeta derechos de los pueblos indígenas

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Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presenta Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT.

A pesar de que el Perú es un país pluricultural, y que cuenta con más de 50 pueblos indígenas en su los Andes y la Amazonía, que representa aproximadamente el 7% de la población nacional, históricamente, estos pueblos han sufrido constantes vulneraciones a sus territorios y sus derechos por actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y las invasiones territoriales, así como por el desarrollo de actividades extractivas y de infraestructura que no han sido consultadas previamente.

Asimismo, en los últimos 10 años, según datos recopilados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), basados en informes periodísticos y estatales, se han registrado 26 asesinatos de personas defensoras ambientales. Y aunque el Estado peruano dispuso en el año 2021 de la creación del “Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos”, las amenazas y la impunidad persisten, y no hay eficacia en su implementación.

Sumado a lo señalado, en un contexto de conflictividad sociales y socioambientales, el Estado peruano tiende a estigmatizar y reprimir a las comunidades indígenas que se oponen a proyectos extractivos que violan sus derechos. La respuesta gubernamental se centra en asegurar el orden público, a través del uso de la fuerza para reprimir las protestas, y alentar la inversión privada, sin abordar las causas estructurales de los conflictos.

Todas estas problemáticas y violaciones de derechos que sufren los pueblos indígenas u originarios se sigue dando a pesar de que el Estado peruano se comprometió a defenderlos al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismos adscrito a las Naciones Unidas. Este convenio establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios. Lamentablemente, esto no se está cumpliendo.

Por esa razón, te invitamos a participar este jueves 09 de noviembre a la presentación del Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT que se realizará en el Auditorio «José María Arguedas» de la Facultad Ciencias Sociales – Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El informe busca proporcionar aportes y enriquecer el diálogo en busca de un cumplimiento adecuado de este tratado, con el fin de garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas u originarios.
El documento evidencia un problema histórico de discriminación estructural en el Perú, tal como lo indicó hace 20 años el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyas recomendaciones siguen pendientes y urgentes de abordar.

Por todas las consideraciones expuestas el informe representa un documento actual, debidamente sustentado, que brinda los elementos adecuados para una evaluación crítica sobre el desempeño del Estado peruano sobre un derecho sustancial de los pueblos y comunidades indígenas de Perú. El documento ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, educación y difusión de los Derechos Humanos en el Perú.

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOc5cfVmwFtYG27PcDyKpjOQKs07ZLB4NlS9DPM1T6M3GxPA/viewform

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Red Muqui: 20 años caminando con los pueblos en la defensa de su derechos colectivos y territoriales

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Por: Jaime Borda
Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Este mes de octubre nos encontramos de aniversario, ya que la Red Muqui este año cumple 20 años en su trabajo de acompañamiento y defensa de derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Quizá por ello es importante explicar de dónde viene el nombre de Red Muqui, y en realidad lo adoptamos de la leyenda andina de “el Muqui”; personaje que habitaba en los antiguos socavones donde se extraía minerales y al cual habría que rendirle tributo (“pagos”) para que la actividad minera pudiera realizarse sin perjuicios. En ese sentido, el objetivo de Muqui fue conformar un espacio censor de la actividad minera, ante la gran cantidad de casos de afectaciones de derechos por impactos del “boom minero” en las ultimas décadas.

En octubre del año 2003 se conforma la Red Muqui con el apoyo e iniciativa de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que nucleaba a una serie de instituciones de derechos humanos y ambientales de ese entonces, dicho sea de paso, es en el caso de Tambogrande (Piura) donde la red inicia sus primeras articulaciones en la defensa de derechos de las comunidades y poblaciones del valle de San Lorenzo ante la amenaza del ingreso de un proyecto minero en la zona.

A lo largo de este tiempo son varios los casos que hemos acompañado desde la red, entre los que podemos destacar el caso de Río Blanco en Ayabaca y Huancabamba en Piura, el caso de Conga en Cajamarca, el caso de la comunidad Cañaris en Lambayeque, el caso de la comunidad de Cruz de Mayo y la laguna de Parón en Caraz – Ancash, así como los casos de la Oroya y la Doe Run y el de reasentamiento forzado en Morococha por minera Chinalco en Junín, los casos de Glencore en Espinar (Cusco), Las Bambas en el corredor minero del sur (Cusco y Apurímac), el caso del valle de Tambo y Tía María en Arequipa, entre otros. En la mayoría de estos casos, la Red Muqui ha brindando soporte técnico y legal, además de un acompañamiento permanente a través de los socios locales de la red en los territorios.

Muchos de los casos mencionados hasta el día de hoy siguen vigentes y el trabajo de acompañamiento de la red, por lo tanto, se mantiene y en algunos casos las afectaciones y los impactos mineros en los territorios se han agudizado. También es preciso señalar que en las últimas décadas la expansión minera se han acentuado y ha sido promovida de manera entusiasta por la mayoría de gobiernos de turno, debido, entre otras cosas, a la alta demanda de materia prima, principalmente del cobre en el mercado internacional. Todo parece indicar que este extractivismo minero se va a profundizar aún más, puesto que, bajo el nombre de la transición energética, se pretende extraer más minerales, sobre todo los llamados minerales de transición como el litio, niquel, cobre, entre otros, para destinarlos a la producción de baterías de litio.

Frente a este escenario, desde la Red Muqui tenemos una serie de propuestas que creemos que se deben discutir con todos los actores involucrados en la agenda minera en el país. A este documento de trabajo le llamamos “La Agenda Muqui”, el cual se resumen en: a) Reforma minera y respeto a la autonomía, los derechos territoriales colectivos y participación de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones en zonas impactadas por la minería; b) Respeto a los DD. HH., protección efectiva de los defensores/as, no a la criminalización de la protesta y la impunidad; c) Protección del agua, territorio, vigilancia y monitoreo ambiental y gestión integral de cuencas; d) Protección de la salud humana y ambiental; cumplimiento de la política y el plan especial multisectorial para la población expuesta; y e) Fortalecimiento de las alternativas al extractivismo desde los territorios en base a su autonomía, economías comunitarias, justicia de género y construcción del buen vivir.

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Red Muqui presenta observaciones al Proyecto de Ley N° 3634, Ley de Minería Artesanal y a Pequeña Escala ante el Congreso

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El Proyecto de Ley N° 3634, Ley de Minería Artesanal y a Pequeña Escala, presentado por Jorge Luis Flores Ancachi del partido Acción Popular, actualmente se encuentra en la Comisión de Energía y Minas. El contenido de la propuesta legislativa demuestra claras intenciones de fomento y promoción de la minería artesanal y a pequeña escala, lo cual implicaría un grave riesgo por la falta de mecanismos de ordenamiento territorial y Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Muestra de ello son los territorios de los pueblos indígenas u originarios que se ven gravemente afectados por el avance de las actividades ilegales e informales, tal como la minería ilegal, que representa un movimiento de más de 1 millón de onzas de oro al año, sin identificación de la trazabilidad de esta. Y sin mencionar los graves daños ambientales que viene generando esta actividad en los territorios andinos y amazónicos.

Se evidencia que, desde el 2002, se ha prorrogado múltiples veces el proceso de formalización minera integral, cuya acción solo ha desatado argucias legales para enmascarar la minería ilegal a través de la informalidad, inscribiéndose en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). De esta manera, los mineros -en vías de formalización- aún tendrían plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para presentar sus instrumentos ambientales y permisos requeridos para la extracción de minerales. Por lo tanto, desde Red Muqui consideramos que las operaciones mineras, cual sea su magnitud, no deberán colisionar con los derechos humanos, el medio ambiente y el consentimiento de las comunidades campesinas y nativas bajo ninguna condición.

En ese sentido, desde el Grupo de Trabajo sobre Minería Artesanal y a Pequeña Escala de la Red Muqui (Grupo MAPE) se presentaron observaciones legales a la comisión dictaminadora, con el objetivo de cuestionar y aportar recomendaciones al proyecto de ley, así como solicitar su archivo inmediato debido al incentivo de la minería ilegal que generaría su eventual aprobación.

Para leer las observaciones legales, aquí.


Crédito de la foto: Tiempo minero

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Ejecutivo y SNMPE buscan acelerar procedimientos para extraer más minerales desprotegiendo el ambiente y el agua

El actual modelo extractivista que, en beneficio económico y social de las élites, rige el país desde la colonia, se profundizó en los años noventa del siglo XX con la dictadura de Fujimori y durante 30 años se ha perfeccionado con los diversos gobiernos que han ido quitando obstáculos a la inversión minera. Lo que observamos ahora es un contexto mucho más complejo, en el cual nos gobierna un régimen autoritario muy cercano a los intereses de los grupos empresariales mineros que controlan especialmente el Ministerio de Energía y Minas.

Es así que los gremios mineros ya vienen influyendo en el Ejecutivo y han retomado su agenda para plantear modificaciones normativas, para acelerar y simplificar procedimientos administrativos, y así poder prescindir de garantías para la protección del ambiente, el agua y los derechos de comunidades campesinas.

Al realizar un recuento de las normas antiderechos promovidas en este período, estas se inician el 30 de mayo de 2023, a través del Decreto Supremo N° 006-2023-MINAM, con el que se suspendió el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA) aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2022-MINAM. El PUPCA era una herramienta del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), cuya creación fue fruto de un proceso de varios años de evaluación y gestión participativa para integrar la certificación ambiental en un solo ente del Estado, y así poder fomentar la transparencia y el acceso a la información ambiental en los proyectos de inversión. Sin embargo, fue suspendido porque los grupos empresariales no están dispuestos a transparentar su gestión y la información ambiental que manejan. En vez de ser suspendido, el PUPCA debió ser reforzado como instrumento legal, y evidencia la negligencia en la gestión ambiental en el contexto de expansión extractiva y de los conflictos socioambientales en territorios originarios.

Al mes siguiente, el 27 de junio, a través de la Resolución Ministerial N° 256-2023-MINEM/DM, se publica el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2017-EM. El objetivo principal de la modificación es insertar artículos a fin de acelerar los procedimientos administrativos para la obtención inmediata del título habilitante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el proceso marco de la certificación ambiental de la actividad minera. Red Muqui presentó observaciones a este proyecto de norma, porque lo considera una grave amenaza a las potestades de la ANA frente a la crisis climática, cuyas consecuencias inmediatas y visibles están sufriendo especialmente las comunidades, que deben hacer frente a la escasez hídrica y la merma en la producción agrícola.

Hace poco más de un mes, en tanto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expuso en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Sernanp, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión. Ante la alerta y la denuncia de la sociedad civil sobre esta amenazante propuesta de los grupos empresariales, la titular del Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz, salió a desmentir que el gobierno estuviese considerando la fusión de los entes mencionados. No obstante, ello no imposibilita que el mismo Ejecutivo pueda proponerlo más adelante a través de una posible delegación de facultades.

Las amenazas para el medio ambiente, el agua y las comunidades continúan, ya que se evidencia una política permanente de intentar flexibilizar los actos administrativos para alinearlos a los intereses privados, dejando de lado, con ello, el deber de prevención y el principio precautorio, ambos anclados en el derecho ambiental. Además, mediante las propuestas normativas previstas, que implican prescindir de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos, existe una gran probabilidad que aumenten los conflictos socioambientales. Queda patente así, que los intereses económicos de las empresas, hegemónicos en la sociedad peruana, son los priorizados por las políticas de Estado.

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Organizaciones de mujeres de Cajamarca impulsan la actualización de la Agenda Regional de Género

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La desigualdad de género en el país es uno de los principales problemas que afectan de forma desproporcionada el ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y niñas, más aún en contextos extractivos. Por ello, las organizaciones sociales de mujeres de la región de Cajamarca iniciaron la actualización de la Agenda Regional de Género a fin de implementarla.

Esta agenda fue elaborada de manera participativa, inclusiva y concertada con las 13 provincias de la región, antes de la pandemia. Frente a los nuevos desafíos para cerrar las brechas de género, el 25 de agosto, se realizó el primer taller de actualización de los seis ejes que contiene dicho documento: educación con igualdad, salud integral e intercultural, violencia de género, empleo con igualdad, participación política y social y, por último, medio ambiente y vivienda segura.

Esta actividad fue liderada por las mujeres defensoras, dirigentes y mujeres autoridades de Cajamarca, con el acompañamiento de Red Muqui y Grufides. También participaron el Colegio de Sociólogos de Cajamarca, Centro Emergencia Mujer y jóvenes universitarios.

Durante el taller, las organizaciones sociales de mujeres decidieron considerar en la agenda el cambio climático, la sequía y el fenómeno El Niño, así como incluir la fiscalización ambiental de la minería formal e informal y priorizar la problemática del embarazo adolescente y de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

La agenda, que es un instrumento de gestión en políticas públicas, es importante para la defensa y conquista de los derechos sociales, políticos, ambientales, culturales, económicos, salud y educación de las mujeres. Por lo tanto, la participación y vigilancia ciudadana son claves para su implementación y sus resultados. De igual forma, las autoridades políticas del ámbito regional y local deben asumir un verdadero compromiso que se traduzca en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas en respuesta a la Agenda Regional de Género.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del año 2019 reflejan la problemática de desigualdad de género en la región de Cajamarca, los cuales figuran en este documento:

– La proporción de mujeres de 15 años a más con educación secundaria alcanza el 31 por ciento, mientras que, el de varones es de 39 por ciento. El porcentaje de mujeres con educación universitaria es de 10.2 por ciento, en tanto, en varones alcanza 12.1 puntos porcentuales.

– Entre el 2012 y 2016, en Cajamarca se han presentado 38 casos de feminicidios, de los cuales 13 culminaron en la muerte de mujeres y 35 fueron tentativas.

– Según el Seguro Social de Salud en 2020, el porcentaje de adolescentes, entre 15 y 19 años, que ya son madres en Cajamarca alcanza el 11.3 por ciento.

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Caso de aymara torturado por la PNP en Lima pasará a Fiscalía de DDHH en la capital

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La investigación preliminar del caso de Manuel Quilla, aymara fallecido por derrame cerebral el viernes 31 de marzo en la comunidad de Chuquiaguillo, perteneciente a la provincia de Huancané, Puno, pasará de la Fiscalía provincial de Huancané a Fiscalía en Lima, a cargo del reciente conformado «Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales» a cargo de Marena Mendoza, de acuerdo a la resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 790-2023-MP-fn emitida el 31 de marzo, que señala que todos los casos de las personas fallecidas en el marco de las protestas desde  diciembre del 2022 a marzo del 2023 tendrán que ser asumidos en materia de investigación por fiscales especializados en derechos humanos.

Esta información fue brindada por el fiscal provincial René Alfaro Caira a los familiares de Manuel Quilla, debido a que los hechos que habrían generado la causa de la muerte de Manuel se dieron en Lima en el marco de las protestas. Este encuentro del fiscal con la familia se dio en el marco de la diligencia que se desarrolló en la comisaría del distrito de Huancané el miércoles 4 de abril en la mañana, en que Irma Mariela Cayo, conviviente de Manuel, fue a dar su testimonio respecto a las causas del fallecimiento de su esposo. Su abogado Pablo Abdo y el hermano de Manuel Quilla, Fernando Quilla, la acompañaron.

Como es de conocimiento público en las redes de Juliaca, la pareja conviviente de Manuel Quilla ha estado denunciando desde que llegó de Lima a Juliaca con Manuel Quilla en la semana del 20 de marzo, que su pareja había sido torturada en Lima por la policía tras haber viajado con la delegación de Juliaca para protestar contra la dictadura cívico militar de Dina Boluarte. En ese entonces narró que producto de la tortura sufrida en una de las comisarías de Petit Thouars o San Andrés, donde ella acudió el viernes 17 de marzo, su esposo había quedado malherido e inconsciente. Mariela Cayo narró a Red Muqui que los familiares de Manuel en Lima le llamaron el 15 de marzo en la noche porque acababan de ver a su pareja inconsciente y siendo arrastrada por la policía que lo sacaba de la comisaría de Petit Thouars para ingresarlo a una camioneta policial. Los familiares de la persona torturada se encontraban caminando por allí coincidentemente.

Manuel Quilla fue con la delegación de Juliaca a Lima el viernes 10 de marzo y participó de las protestas el martes 14 de marzo en el campo de marte, donde fue reprimido. Su pareja se pudo comunicar con él ese día y Manuel le señaló que logró escapar de la represión pero que lo habían golpeado y pateado. No conversaron más, hasta el día siguiente que los compañeros de Manuel Quilla contestaron su teléfono y le informaron que su pareja se había ido descalzo del alojamiento durante la mañana, diciendo incoherencias, como si tuviera una crisis nerviosa. No reconocía lo que le decían sus compañeros.

Además de otras heridas en su cuerpo y algunas palabras que expresaba Manuel en referencia a la tortura policial como: electrochock, agua, que los policías eran malos, etc, Irma Cayo encontró a Manuel con heridas en las muñecas producto de la presión de los grilletes (esposas), que es el elemento central para señalar que la policía torturó a Manuel, como señala el abogado de la familia, Pablo Abdo.»Una cosa es colocar las esposas de acuerdo al reglamento, y otra cosa es colocar las esposas de manera muy ajustada como método de tortura», precisa el abogado.

 

 

Durante estos días, también se conoció que la policía y serenazgo en Lima habrían intervenido a Manuel Quilla en la tarde del 15 de marzo, porque supuestamente habría querido raptar a un niño de 1 año, de acuerdo a la denuncia de una venezolana que señala que una persona descalza entró al taller donde trabaja para agarrar a su hijo entre sus brazos para llevárselo. Producto de este supuesto hecho, la policía llevó a Manuel a la comisaría de Petit Thouars. Cabe señalar que hasta ahora la policía no ha hecho público las pruebas de la detención en el marco de la intervención a Manuel Quilla junto a serenazgo.

Para el abogado Pablo Abdo y los familiares de Manuel Quilla, la detención producto de este supuesto hecho no justifica que Manuel luego haya sido torturado en la comisaría.

Desde que Manuel Quilla llegó a Juliaca traído por su pareja y sus familiares el 20 de marzo, lo llevaron directamente a la Clínica Americana de Juliaca, pero allí no sacaban resonancias magnéticas y solo le recetaron Neurovial y Clonacepan. Luego Irma Cayo llevó a Manuel a la clínica Rezo Sur, pero le dijeron que no podían sacarle una resonancia magnética debido a su estado físico de salud. Manuel tenía que estar estable 40 minutos para la prueba. Posteriormente Irma Cayo lo llevó a la casa de su madre y el 23 de marzo a su casa en la comunidad de Chuquiaguillo en Huancané. Hasta el día de su muerte en su casa, estuvo siendo atendido por su pareja y sus hermanos.

El informe de necropsia

Cuando Manuel Quilla fue llevado muerto de la morgue de Huancané a Essalud de Juliaca por disposición del fiscal, para que el médico legista pueda hacer el informe de necropsia, debido a que en Huancané no se apersonó el médico legista de la provincia; el médico Paul Mamani les dijo a los familiares al día siguiente cuando estaba haciendo la necropsia que Manuel había fallecido producto de un derrame cerebral. Señaló que tenía coágulos en la cabeza y una fisura interna en el cráneo, aunque externamente no se veía alguna herida en la cabeza. Además era visible el líquido encefálico que había salido por su oído y se habían formado costras debido a que ya había pasado más de 24 horas del fallecimiento.

Además, los familiares le mostraron una placa de una tomografía que le tomaron a Manuel en Lima días después de ser torturado en la comisaría. Al verla, el médico legista les dijo que ahí se observaba algo extraño, como una fisura interna en el cerebro y que quería el informe técnico del tomógrafo para poder completar su informe de necropsia. Se espera que la próxima semana el médico legista emita el informe de necropsia.

Además, el médico legista informó que solicitaría muestras de patología de Manuel que se realizarían en Lima. El resultado de estas muestras demoran de 6 meses a más.

Por su parte, la defensa legal señaló que solicitarán un perito de parte, particular, para que también emita un informe sobre las causas del fallecimiento de Manuel Quilla.

Durante la diligencia realizada en la comisaría de Huancané en que el fiscal provincial entrevistó a la pareja de Manuel Quilla, el abogado defensor Pablo Abdo también pudo realizar algunas preguntas para que el testimonio de Irma Cayo pueda dar mayores luces sobre las causas del fallecimiento del padre de sus hijos.

Pablo Abdo: ¿Cuándo su pareja estaba ya en casa y balbuseaba sobre «electroshock y agua», hizo referencia a ahogamiento?

Irma Cayo: Que, si, hizo referencia y decía “agua, agua ahogamiento” y decía “ahora van a ver justicia mis hermanos sufren”

Solidaridad con familia de Manuel Quilla

La pareja de Manuel Quilla, Irma Cayo, ahora se quedará a cargo de sus dos hijos y será el único sustento económico para ellos. En la imagen se ve al hermano de Manuel Quilla, a Irma y su hijito. Manuel se dedicaba a desarrollar diversos tipos de trabajo, «mil oficios», y su pareja se dedicaba al cuidado de sus hijos.

 

Para quienes deseen ayudar económicamente a la familia de Manuel Quilla, la cuenta BCP de su pareja Irma Cayo es: 40577791620081

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Juliaca: Familiares de víctimas del régimen de Dina Boluarte articulan esfuerzos en Encuentro Nacional

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El sábado 1 de abril, en vísperas de la semana santa, se reunieron la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, la Asociación de los Asesinados y Heridos el 15 de diciembre en Ayacucho y la Asociación de Víctimas de la Represión en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, junto a los familiares de Remo Candia y Rosalino Flores de Cusco, con el objetivo de compartir el proceso de injusticia que están viviendo tras perder a sus familiares y unirse en la lucha contra la impunidad. Varios de ellos no participaban directamente en las legítimas protestas.

El Encuentro Nacional se realizó en el Coliseo Deportivo La Capilla en la ciudad de Juliaca e inició a las 10am con un ritual en señal de duelo por las víctimas de la represión. Previamente las delegaciones marcharon desde la plaza de armas de Juliaca. En la mesa de honor estuvieron los representantes de las víctimas de cada región participante,portando velas en sus manos.

También participaron algunas personas que han quedado heridas por la represión policial y militar, como es el caso de Luzmila Choquehuanca, herida de bala en la pierna el 7 de enero, quien se desplaza en silla de ruedas y señaló que se operó en una clínica porque no había capacidad en el hospital debido a la gran cantidad de heridos que llegaron el 9 de enero. Fecha conocida como «la masacre de Juliaca».


El hermano del médico asesinado Samillán, representante de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Jualiaca, además de señalar que los juicios que han entablado al Estado van a paso de tortuga, precisó que los heridos están abandonados a su suerte por el gobierno y Ministerio de Salud. «No tienen atencion inmediata, les han dado de alta cuando deberían seguir el tratamiento en los hospitales», añadió.

Sobre la situación legal de los casos, el abogado de las víctimas de Juliaca, Quispe, señaló que ahora las Fiscalías de Derechos Humanos están empezando a ver los casos de las personas asesinadas, y que ya se vienen recogiendo algunos testimonios. Anteriormente los casos estaban siendo atentidos por otras Fiscalías no especializadas. Esta es una exigencia que debe plantearse en todas las regiones donde hay víctimas de la represión. Algunos familiares señalaron a Red Muqui que recién irán a declarar porque tenían temor ante el cambio de citaciones de la Fiscalía.

A su turno, el representante de la Asociación de Víctimas de la Represión en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, señaló que ellos no cuentan con defensa legal debido a que no cuentan con recursos económicos, y que se han sentido abandonados. «Agradecemos la invitación a este Encuentro, ahora estaremos articulados con otras víctimas de la dictadura en la lucha por justicia para nuestros familiares».

El hermano de Rosalino Flores de Cusco, señaló que además de la demora del traslado de su hermano al Hospital Loayza, cuando fue a pedir ayuda a los medios de comunicación de Lima, finalmente no emitieron un reportaje que habían realizado sobre el caso, porque luego salió el video cuando se ve que la policía dispara directamente por la espalda a su joven hermano, que no tenía intestino y no podía comer, producto de los más de 20 perdigones que recibió.

El hijo del ex dirigente Remo Candia de la comunidad Uninsaya Coyana de la provincia de Anta, Cusco, señaló que su padre antes de ser asesinado ya venía sufriendo el hostigamiento policial en su casa y que a pesar de ello fue a la ciudad de Cusco a apoyar la lucha como dirigente de su pueblo.»Si mi padre estuviera vivo hubiera impulsado este Encuentro Nacional junto a ustedes», precisó antes de finalizar su intervención.


Ante la pregunta a algunos familiares sobre el bono que entregaría el gobierno a las víctimas de la represión, varios señalaron que el dinero no les devolverá la vida de sus familiares. La madre juliaqueña de la joven de 17 años que estudiaba psicología señaló que espera que Dina Boluarte y los policías responsables paguen con la cárcel, la pérdida de la vida de sus familiares.

El Encuentro finalizó con arengas: «la sangre derramada jamás será olvidada, el pueblo unido jamás será vencido». Y se recalcó la importancia de desarrollar los próximos encuentros en los territorios de las delegaciones visitantes.

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Criminalizan y acosan a dirigentes aymaras y delegaciones que viajan a Lima

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Las delegaciones de diversos distritos aymaras que se encuentran viajando desde Puno a Lima en el marco de las protestas que exigen la renuncia de Dina Boluarte, vienen siendo criminalizadas y hostigadas por la policía, quienes les vienen haciendo el control de identidad y revisando sus pertenencias más de 12 veces en lo que va el recorrido.

Cuando los ciudadanos aymaras reclaman por estas intervenciones continuas, la policía les señala que está prohibido el pase de “grupos” y los amenaza señalando que tienen orden de detener a los protestantes. Cuatro buses están en camino a Lima y estos días partirán más buses desde Puno. Un ciudadano aymara relató a la red portal de Juliaca que primero los forman, los hacen esperar un largo rato, revisan sus cosas, no encuentran nada malo y luego vuelven a revisar. La policía nos grita diciendo: “no deben llevar hondas, huaracas, ni whipalas’.

Como se recuerda, el 9 de enero se realizó la masacre de Juliaca, en que 21 personas fueron asesinadas, algunas de ellas no estaban protestando y fue asesinada una menor de edad.

El lunes, 30 personas de Madre de Dios fueron retenidas 4 horas en la comisaría de Abancay, Apurímac, cuando estaban dirigiéndose hacia Lima. Esa delegación ya se encuentra en Lima.

Orden policial

El 22 de febrero se emitió un documento de la División de Seguridad de Penales de la PNP (DIVSEPEN) que criminaliza a los dirigentes y organizaciones sociales de los distritos de Puno: Pomapata, Yunguta, Sepita, por tomar la decisión de protestar en Lima, señalando que “muy probablemente se reúnan con integrantes de diferentes grupos gremiales y colectivos de izquierda radical a fin de coordinar actos vandálicos en la ciudad capital, para atentar y/o destruir instalaciones estratégicas, activos críticos nacionales”.

En el comunicado firmado por el coronel Juan Carlos Ramos Galindo, jefe de la DIVSEPEN, se indica al dirigente Edgar Chura Mamani del Frente de Defensa del Sur y Recursos Naturales de Puno, por supuestamente haber encabezado la reunión en que las organizaciones de los distritos señalados tomaron la decisión de viajar a Lima para continuar con las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución que les devuelva el poder sobre los recursos naturales que están en sus territorios, como el litio.

Al dirigente mencionado, se suman el informe de la Dirección de Inteligencia de la PNP que se hizo público a inicios de enero, en que se señalan como supuestos organizadores violentistas a los dirigentes Lucio Ccallo Ccallata de Ilave, así como a Reynaldo Villahermosa, secretario general del SUTE de la provincia de Puno; a Félix Suasaca del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata;Amador Núñez, Orlando Sanga, Alex Pilco y Marcela Gonzales.

El documento policial en mención cierra con la siguiente orden: “Los jefes de los departamentos de la DIVSEPEN PNP (División de Seguridad de Penales), teniendo presenta la información precedente adoptarán las acciones y las medidas correspondientes en el ámbito de su competencia, a efectos de hacer de conocimiento a la totalidad del personal bajo su mando para que extremen las medidas de seguridad durante el desplazamiento en zonas de conflicto”.

Para el abogado David Velasco de Fedepaz, estos son actos de criminalización de la protesta, debido a que se sindica a dirigentes y organizaciones como si fueran criminales, amenazándolos para que no puedan ejercer su libre derecho a la protesta como manda la Constitución.

El abogado de Puno, César Quispe, agrega que la actual acción policial de intervenir a las delegaciones que se encuentran viajando es una grave violación a derechos humanos, a la libertad de tránsito y el derecho a la paz, como está establecido en la Constitución. Precisa que esto ocurrió también la primera vez que viajaron delegaciones de Puno a Lima durante el mes de enero.

 

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Familiares de 21 víctimas de la masacre en Juliaca denuncian que investigaciones están paralizadas

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Desde el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el día de hoy, jueves 23 de febrero, la reciente conformada Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca – Puno, realizó una conferencia de prensa en que narraron los hechos de violencia que vivieron ese trágico día, y que hasta ahora la prensa nacional no ha dado a conocer.

Además, en palabras de uno de los abogados de las víctimas, Wilmer Quiroz, denunciaron que las investigaciones en Puno están paralizadas: «Hasta la fecha, no se han realizado pericias balísticas ni psicológicas. Tampoco se han recogido las declaraciones de la PNP y el Ejército, ni se ha citado a los agraviados».

El otro abogado César Quispe, señaló que han requerido a la Fiscalía la apertura de la investigación a los jefes de los operativos y, principalmente, contra el oficial Juan Manuel Herrera, que debe responder “por qué ordenó matar a tantos ciudadanos el 9 de enero en la ciudad de Juliaca”. Los 3 abogados a cargo de la defensa legal de las víctimas, exigen la creación de una Fiscalía de Derechos Humanos en la región, debido a que las investigaciones están en una Fiscalía común sin especialistas a cargo.

En el turno de los familiares de las víctimas, el hermano del médico asesinado, Raúl Samillán, señaló entre lágrimas que su hermano acudió al llamado de auxilio de los brigadistas porque había bastantes manifestantes heridos y porque los brigadistas también estaban siendo reprimidos. “Acudí al hospital y los dos pisos estaban llenos de heridos y sangre en el piso, era doloroso. Eso no ha salido en la prensa (..). Tal vez nunca se me borre de mi memoria la imagen de los muertos en el hospital», señaló el familiar.

Por otro lado, Julia Paccsi, herida con un perdigón en el cuello, señaló: «salí a ayudar a la gente con un balde de agua y vi que los helicópteros estaban disparando, casi encima de la gente, y me pegué a la pared para protegerme y en eso sentí que algo me impactó cerca al cuello. La gente me dijo que estaba sangrando. Quise ir al hospital inmediatamente, pero la gente señaló que la policía estaba deteniendo a las personas que llegaban al hospital”.

Agregó que se fue caminando buscando un centro de salud y llegó a una clínica y como no tenía dinero no la quisieron atender. Recién al día siguiente fue al hospital, pero le señalaron que no tenían especialistas en tratamiento de cuellos y cabeza. Julia precisó que nunca la trasladaron a Arequipa, como decían algunos doctores de Juliaca, y viajó a Lima para conseguir una mejor atención a sus dolencias.

Por su parte, el padre de la menor de 17 años que murió producto de la represión policial por un proyectil de arma de fuego, sin ser parte de la protesta, señaló que su hija quería ser psicóloga y le arrebataron ese sueño. “Lucharé hasta alcanzar justicia”.

Finalmente, ante la pregunta de la prensa sobre la reparación económica de 50 mil soles ofrecida por el gobierno a los deudos de las víctimas; Raúl Samillán, señaló que ningún monto de dinero les va a devolver la vida de sus familiares.

Ante otra pregunta de la prensa, sobre la propuesta de amnistía para policías y militares, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, señaló que es una medida desesperada de algunos congresistas para generar impunidad, “pero no hay amnistías para violaciones de derechos humanos y tarde o temprano la justicia prevalecerá”.

Foto de los 3 abogados de las víctimas del 9 de enero en Juliaca

 

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Congreso aprueba ley que formaliza invasiones del 2004 al 2015 sobre tierras comunales

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Con el impulso de la bancada de Podemos y el apoyo de la bancada fujimorista, el Congreso de la República aprobó el jueves 20 de octubre el proyecto de ley 1210/2021-CR que formaliza las invasiones constituidas del 01 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2015 sobre las tierras de las comunidades campesinas.

La iniciativa legislativa aprobada modifica un único artículo de la Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas, Ley 24657:

Artículo único. Modificación del artículo 2 de la Ley 24657, Ley que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas

Se modifica el inciso b) del 2 artículo de la Ley 24657, modificado por las leyes 26845 y 27046, en los siguientes términos.

«Artículo 2. El territorio comunal está integrado por las tierras originarias de la Comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario, y las adjudicadas con fines de Reforma Agraria. Las tierras originarias comprenden: las que la Comunidad viene poseyendo, incluyendo las eriazas, y las que indican sus títulos. En caso de controversia sobre esos títulos, el Juez competente calificará dichos de instrumentos.

No se consideran tierras de la Comunidad:

  1. b) Las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos al 31 de diciembre de 2015, salvo aquellas sobre las que se haya interpuesto acciones de reivindicación por parte de las Comunidades Campesinas antes de dicha fecha Las autoridades pertinentes procederán a formalizar y registrar las tierras ocupadas por los asentamientos humanos, con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes a sus ocupantes.

El dictamen del proyecto aprobado fue presentado por la Comisión de Vivienda y Construcción. El dictamen no fue discutido en la Comisión de Pueblos Andinos a pesar que se solicitó ello con anterioridad; fue rechazado por mayoría en la sesión plenaria.

El día de la aprobación, la congresista Digna Calle sustentó su Proyecto señalando que con esta ley se beneficiarían a 65 mil familias de Manchay, que actualmente viven sobre tierras campesinas y no pueden acceder a títulos a pesar de vivir varios años allí. Sin embargo, no especificó que con esta modificación se deja abierta la puerta para el despojo de territorios campesinos por traficantes de tierras y poblaciones que necesitan vivienda, que están abandonados por el Estado por no existir una política de vivienda social como en otros países.

La congresista Noelia Herrera Medina de Renovación Popular se mostró de acuerdo con la ley y fue más allá, pidió a la Mesa Directiva poner en agenda su Proyecto de Ley N.° 580, que contempla la titulación automática para posesiones informales en asentamientos humanos.

Reacciones

Para el especialista legal y director ejecutivo de Cepes, Laureano del Castillo, el problema de la modificación de este artículo “es que por esta vía excepcional se vienen haciendo perforaciones al derecho de propiedad comunal reiteradas veces. Una situación de emergencia no puede ser eterna”. Señaló que la modificación de este artículo ya se ha hecho en años anteriores para beneficiar a las invasiones en tierras comunales.

También precisó que en algunos casos son los mismos comuneros, quiénes viendo su interés personal familiar por encima de la comunidad, promueven estas invasiones.

“La perspectiva a futuro será los que los que hayan invadido del 2015 hasta el 2022, también tendrán su artículo modificado para que se legalice su invasión, y así luego hasta el 2040, etc”.

Para la comunidad nativa Centro Arenal del pueblo Huitoto Murui en Amazonas, la ley afecta a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, por lo que debió ser objeto de debate con la sociedad y de consulta previa con los pueblos indígenas.

Recuerdan que el artículo 14 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que es obligación del Estado proteger y titular las tierras indígenas porque estas garanticen la subsistencia de estas poblaciones.

Además, el proyecto cuestionado sería inconstitucional al contravenir el artículo 89 de la Constitución Política del Estado peruano el cual establece que la propiedad comunal es imprescriptible. Estos argumentos fueron enviados mediante una carta al Congreso, al Poder Ejecutivo y a la Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades para que no se pueda implementar esta ley. En la carta piden que el presidente de la República, Pedro Castillo, observe el Proyecto de Ley y no lo promulgue.

Para el especialista Laureano del Castillo el problema es que estamos en presencia de dos derechos que entran en conflicto: “el derecho de las comunidades campesinas de mantener su territorio y el derecho de los pobladores de tener su casa”. Sin embargo, precisó que se debería hacer una denuncia ante el Tribunal Constitucional amparados en el convenio 169 de la OIT, tal como lo señala la comunidad amazónica en mención.

Tribunal Constitucional reconoce vigencia de tratados internacionales

Para el también especialista legal Juan Carlos Ruiz de IDL, el proyecto de ley aprobado es inconstitucional no solo porque viola lo señalado en el Convenio 169 de la OIT a nivel internacional, sino porque también transgrede la jurisprudencia de la Corte IDH respecto al derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Esta jurisprudencia se basa en el caso del pueblo indígena Xucuru vs Brasil, en que la sentencia internacional establece:

  • La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado.

Además, el especialista legal agrega que el derecho de propiedad no prescribe y que ha habido omisión de consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades campesinas respecto a la modificación de esta ley que trata sobre sus derechos, en este caso al territorio.

Juan Carlos Ruiz agregó que el Tribunal Constitucional ya ha reconocido anteriormente que el Convenio 169 de la OIT y los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional:

 “En el caso del Convenio N.° 169 de la OIT, la situación es distinta. Como ya ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la STC 03343-2007-PA/TC [fundamento 31], tal convenio forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, como cualquier otra norma debe ser acatada. De otro lado, los “tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, ostentan rango constitucional” [STC N.° 0025-2005-PI/TC, Fundamento 33]”. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar -normativa e interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes”. (STC 00022-2009-PI, f.j. 9)

Finalmente, consultada por Red Muqui, la actual presidenta de ONAMIAP, Ketty Marcelo, señaló que emitirán un pronunciamiento rechazando la aprobación de esta ley por el Congreso de la República y exigiendo al gobierno que no promulgue esta ley, además de otras acciones.

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