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La comunidad campesina de Huancuire ha advertido hoy sobre las declaraciones de un posible desalojo de sus integrantes del área circundante al tajo Chalcobamba en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac, que ha hecho esta mañana el general de la PNP y jefe de la región Policial de Apurímac, Roger Pérez Figueroa. Además la comunidad ha alertado sobre expresiones del oficial entrevistado por un canal de Televisión, que consideran amenazas directas contra sus asesores legales.

En un comunicado público dirigido al ministro del Interior Dimitri Semanche, el presidente de la comunidad Romualdo Ochoa solicita al gobierno que aclare las palabras del jefe policial, ya que los dirigentes y el gobierno mantienen conversaciones para reanudar un espacio de diálogo, que permita destrabar la situación en la que se encuentra el conflicto en torno a la minera Las Bambas, que mantiene sus operaciones suspendidas hace casi dos meses.

Señales de distensión y acercamiento que inclusive han provenido de parte de la iglesia, ya que ayer la Conferencia Episcopal Peruana dio a conocer la petición que le hizo llegar el presidente Pedro Castillo en orden de asumir un rol mediador en la disputa que Huancuire, Fuerabamba y otras cuatro comunidades aledañas mantienen con una de las principales productoras de cobre del mundo. Inclusive el Ejecutivo designó una Comisión de Alto Nivel Ministerial que llegaría hoy martes al distrito de Challhuahuacho, región Apurímac.

En dicho escenario, las palabras del jefe policial son consideradas contrarias a estas conversaciones que las autoridades comunales han mantenido al más alto nivel en Lima y que incluyó una reunión con el propio mandatario Castillo.

Respecto del desalojo el general Roger Pérez expresó que “estamos trabajando ahora para decidir cuál es la fecha más adecuada” y añadió que “primero tenemos que ir a conversar en una comisión, pero si hay intransigencia vamos a tener que usar la fuerza para desalojarlos».

En otro momento se refirió a los asesores legales, que por lo demás son personas que desarrollan su trabajo públicamente y han estado presentes en las instancias de diálogo con el gobierno e informó que la Policía ha detectado a personas que actúan como asesores de las comunidades y los azuzan a tomar acciones de fuerza contra las mineras para reclamar beneficios económicos a cambio de pagos de comisiones. Literalmente sus palabras fueron: 

«Ellos pagan a un grupo de asesores que están detrás de ellos, azuzando”. Personas que según el uniformado tendrían principalmente motivaciones económicas. “El fiscal del distrito judicial de Challhuahuacho ya tiene conocimiento, estamos haciendo un trabajo muy profesional y proceder próximamente a su detención”, advirtió.

En respuesta a estas declaraciones vertidas en un programa del canal  RPP, la comunidad de Huancuire ha aclarado que “debemos dejar en claro que la medida de protesta adoptada por nuestra comunidad fue decidida en pleno uso de nuestra autonomía comunal, por afectarse negativamente nuestros derechos colectivos, siendo nuestro asesor un profesional del derecho que únicamente nos acompaña a fin de interponer absolutamente todas las medidas legales que sean necesarias para la defensa de nuestros derechos de intereses”.

Finalmente los representantes de Huancuire han expresado que confían en la honesta voluntad por parte del poder ejecutivo para concertar mediante el diálogo y resolver esta problemática. Por eso consideran las declaraciones de la autoridad policial un caso aislado, aún cuando interpelan al titular del Interior Semanche a que aclare sobre la línea de mando de la política ministerial.

 

Ayer en la tarde se han viralizado imágenes en redes sociales que muestran la represión que han sufrido integrantes de Huancuire y Fuerabamba y otras cuatro comunidades del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac en el tajo Chalcobamba. Por el momento, se reportan una persona baleada con perdigones identificada como Alejo Ochoa y al menos otros cuatro comuneros heridos. Los autores de la represión, según la denuncia de los comuneros, son las fuerzas policiales de la DINOES que se encuentran en la zona desde que el gobierno decretara el estado de emergencia el pasado 27 de abril, declaratoria que el ejecutivo prolongó por otros 60 días a fines de este mes. A estos enfrentamientos se ha sumado un incendio que ha afectado las instalaciones de Las Bambas, según ha reportado la agencia de noticias Reuters. El abogado de la comunidad de Huancuire, Alexander Anglas, descartó cualquier responsablidad de sus defendidos en este siniestro. Una fuente cercana a la compañía le señaló a Reuters que el incendio había estallado dentro de un campamento minero cerca del tajo planificado de Las Bambas, llamado Chalcobamba, cuya construcción está programada para finales de este año. Un área que se encuentra judicializada, ya que forma parte de 132 hectáreas que eran propiedad de la comunidad, ahora reclamada por la empresa. Traspaso que, sin embargo, según los comuneros no cumplió con los mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico para transferencia de territorios comunales.

La comunidad de Huancuire, reclama que la empresa no ha realizado la consulta previa con la comunidad indígena campesina en torno a este proyecto.

En tanto, la comunidad de Antuyo del distrito Tambobamba, Apurímac, se ha sumado desde el sábado pasado a la protesta contra la minera MMG Las Bambas y ha acordado dejar sin efecto la autorización de actividades de exploración de la empresa en su territorio que acordaron el 19 de marzo del presente año, a la que acusa de incumplimiento de compromisos.

En el acta de la asamblea realizada el 27 de mayo, los dirigentes de la comunidad han denunciado la desatención por parte de la empresa en cuestiones relacionadas con graves falencias estructurales de las viviendas, falta de acceso a agua potable y las continua contaminación con la emisión de polvo, que levantan los camiones en amplios tramos sin asfalto de la carretera del corredor vial minero. Los comuneros afirman asimismo que la minera, paralizada desde hace casi 50 días y que produce casi un 2 por ciento del suministro global de cobre, habría faltado a sus compromisos en salud, educación, empleo, con lo cual ha incumplido el acuerdo suscrito con la comunidad que le había otorgado autorización para trabajos de exploración en su territorio.

La empresa, por su parte, ha acusado que la paralización de su explotación, desde que el pasado 14 de abril la comunidad de Fuerabamba ocupó terrenos ancestrales cedidos a Las Bambas por el incumplimiento denunciado de compromisos, ha generado pérdidas que superan los US$ 400 millones en exportaciones de cobre. Además, el país habría dejado de percibir aproximadamente S/220 millones en rentas a causa del bloqueo, que pondría en peligro las fuentes laborales de hasta nueve mil trabajadores que dependen directa e indirectamente de esa unidad productiva.
En relación a esta arista del conflicto, el anuncio de la comunidad de Antuyo se ha conocido a pocos días de la anunciada manifestación de los trabajadores de la empresa, que realizarán una marcha el 2 de junio en Cusco, Arequipa y Lima en movilizaciones dirigidas contra del gobierno, al que acusan de incapaz de resolver el conflicto social.

Nuevas arremetidas policiales, esta vez contra comuneros de Huancuire, se ha registrado este día, jueves 28 de abril, en la comunidad mencionada perteneciente a la provincia de Cotabambas (Apurímac), muy cerca de la minera Las Bambas. En las imágenes difundidas por redes sociales se observa a agentes reprimiendo con bombas lacrimógenas y balas a un numeroso grupo de comuneros, quienes se han defendido arrojando piedras a los uniformados de la PNP. Hasta ahora se registran 3 heridos por proyectiles de armas de fuego.

Sólo ayer la represión contra los comuneros de Fuerabamba, la otra comunidad en conflicto contra la minera Las Bambas, había dejado 14 heridos entre los comuneros y 4 heridos de la policía, resultando el caso más grave el de Rosa Paniura, quien presenta pérdida de globo ocular y traumatismo craneano leve, de acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo. También se registran heridos de contusiones y fracturas, tal como lo revela Convoca.

 

Ya en la tarde del miércoles, los  comuneros afirmaron en declaraciones a la prensa local que volverían a terrenos de la minera Las Bambas. Con ese fin hicieron un llamado a otras comunidades para que los apoyen en este esfuerzo.  “Ya sabe todo el país que Las Bambas no va, es la decisión que ha tomado la comunidad. La guerra nos ha declarado Las Bambas y vamos a enfrentarnos a esta guerra. Nosotros vamos a recuperar nuestra tierra”, explicó Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, al diario La República.

 

 

 

En tanto el gobierno se ha deslindado en un comunicado de la responsabilidad de la represión ocurrida ayer en el desalojo de la comunidad de Fuerabamba del sector de Takiruta, que los comuneros reclaman como territorio ancestral y donde la empresa MMG Las Bambas actualmente pretende extender sus operaciones mineras. Sobre la represión ocurrida el día de hoy contra los comuneros de Huancuire, no ha habido un nuevo pronunciamiento del gobierno. Es importante destacar que la mina es la más grande productora de cobre del país. La acción policial de desalojo producida ayer, sin embargo, fue precedida por la declaración del Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días, con el fin de desalojar a la  mencionada comunidad. 

«La intervención de la Policía Nacional se realizó en el marco de la ejecución de una ‘defensa posesoria extrajudicial’ tramitada por la empresa Las Bambas y no por decisión del Ejecutivo. Dicha acción legal se encuentra regulada en Código Civil y fue invocada por la empresa Las Bambas», detalló el comunicado emitido por la PCM.

Los comuneros de Fuerabamba, vecino al asentamiento minero, ingresaron en terrenos de la empresa el pasado 14 de abril, tras denunciar compromisos incumplidos por la compañía desde 2014, cuando vendieron sus terrenos para las operaciones extractivas.

Ante esta protesta, Las Bambas paralizó sus actividades el pasado 20 abril, en una decisión que según el gremio minero representa la pérdida de unos 5,2 millones de soles diarios para el Estado peruano.

 

La Sala Penal de la Corte Superior de Moquegua ha impuesto una pena de 5 años de prisión efectiva contra cinco comuneros:  Román Felipe Cabana Peñaloza, Dina Aurelia Cabana Peñaloza, Isabel Catalina Flores Mamani, Jova Guevara Alejo y Serapio Lucio Cueva Pari, bajo la figura de coautoría del delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación. La supuesta agraviada sería la empresa minera Anglo American Quellaveco S.A.

Si bien la empresa Quellaveco alega que adquirió por compra venta el terreno ubicado en el sector denominado Pampa Charaque en el distrito de Torata, en el juicio contra los 5 comuneros se discutió sobre el derecho a posesión. La sentencia señala que los comuneros habían actuado de manera dolosa contra la empresa minera, señalando que se conocía que la propiedad de esos terrenos era de la empresa minera y que aun así se procedió a tomar posesión del terreno.

La tesis de la empresa minera, es que esta había ejercido posesión del terreno ubicado en el sector denominado Pampa Charaque y que el 6 de agosto de 2018 fue parcialmente despojado en aproximadamente 360 metros cuadrados por los cinco acusados, mediante el ingreso oculto, cuando no se encontraba el personal de vigilancia de la empresa.

Por otra parte, los comuneros alegan tanto en primera como en segunda instancia que son copropietarios del terreno, por lo que ingresaron a sus propiedades de manera legítima en ejercicio de su derecho de propiedad, además que actuaron conforme a derecho. Sin embargo, la Sala Penal valora que los agraviados actuaron con dolo para usurpar terreno de propiedad de la empresa minera.

Comuneros estaban pasteando cabras y su ganado para sostenerse económicamente. Esto no se señala en la sentencia, pero es parte de la declaración de los comuneros. Esta es la motivación del por qué los comuneros estaban en esa zona.

Frente a la actual crisis política que atraviesa nuestro país, queremos señalar lo siguiente: 

  • Lamentamos el innecesario anuncio de estado de emergencia y de inmovilidad social que decretó el pasado martes 05 de abril el presidente Pedro Castillo, medida injustificada y desproporcionada, que lo único que hizo fue acrecentar la situación de crisis y dio pie para que las mafias golpistas y sectores de ultraderecha hoy intenten aprovecharse de esta situación. Por ello condenamos los actos vandálicos de personas infiltradas en las legítimas movilizaciones sociales, exigimos investigar y sancionar a los responsables de estos hechos de violencia. 
  • Nos solidarizamos con los familiares de las cinco personas que murieron, producto de la violenta intervención de la PNP en Huánuco, Ica, Huancavelica y Junín (Alexander Trujillo Nolasco, Jhonny Quinto, Candy Hinostroza, Bruce Pomasunco y Jorge Maldonado respectivamente), así como con los heridos afectados en varias regiones del país. Exigimos una exhaustiva investigación sobre estos hechos, sanción ejemplar a los responsables y la renuncia inmediata del ministro del Interior. El uso de la fuerza y el abuso de los DDHH lo único que hace es agravar esta crisis.
  • El pueblo movilizado en varias regiones del país le está exigiendo y dando un ultimátum al gobierno de Pedro Castillo y al Congreso de la República para que cumplan lo prometido, asumiendo cada cual su responsabilidad, como: atención al sector agropecuario, la lucha contra la corrupción, atención a la crisis económica y sanitaria, medidas para mitigar la subida del costo de vida, atención a los conflictos socioambientales y el inicio de un proceso constituyente. 
  • La crisis que atravesamos es sistémica, 30 años de neoliberalismo han generado profundas brechas sociales y económicas. No es posible sostener más este modelo económico que privilegia a los que más tienen. Es tiempo de una justa redistribución de la riqueza, así como de las condiciones de su producción. Es tiempo de que paguen los que más tienen, por ejemplo, un impuesto a las sobre ganancias de las empresas mineras, que se encuentran en un súper ciclo, sin precedentes, de alza de precios de los metales.

Lamentablemente el gobierno de Pedro Castillo ha tomado decisiones erráticas, y se ha alejado de sus promesas de cambio rápidamente. Hoy tiene la última oportunidad para cambiar esta situación, por ello debe reorganizar su gabinete ministerial y llevar a cabo un programa de emergencia. Urge el diálogo para escuchar y atender las justas demandas de la población, sobre todo de los más necesitados.

El 02 de marzo del presente año, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencia en el Expediente N° 03066-2019-PA/TC, donde declara improcedente la demanda constitucional de amparo presentada por las comunidades aymaras de Chila Chambilla y Chila Pucara (Juli, Puno), y en la que expresamente desconoce el carácter de derecho fundamental a la Consulta Previa:

“[E]l derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución ya sea en forma expresa o tácita, por lo que no cabe reclamar respecto de él tutela a través del proceso de amparo, ya que no es un derecho fundamental.

En todo caso, el derecho a la consulta previa emana del Convenio 169, el cual no le otorga el carácter de derecho fundamental, por lo que no puede inferirse que se trate de un derecho de tal dimensión y menos que tenga rango constitucional.”

Esta decisión marca un grave retroceso en la protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios y de las garantías constitucionales de las poblaciones más vulnerables del país. Por ello debemos manifestarlo siguiente:

  1. Por más de una década, el Tribunal Constitucional, en diferentes casos, venía sentando reiterados precedentes sobre la vigencia y exigibilidad del Convenio 169 de la OIT desde su entrada en vigencia en el país (02 de febrero de 1995), y con ello el reconocimiento del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. De la misma forma, declaró el rango constitucional de este tratado de derechos humanos y su plena protección y garantía por el sistema de justicia peruano, e incluso desarrollando su contenido constitucionalmente protegido. Al respecto se pueden ver las sentencias 00022-2009-PI/TC (fj. 11), 05427-2009-AC/TC (fj. 43), 00025-2009-PI/TC (fj. 23), entre otras.
  2. En esta sentencia el Tribunal Constitucional no ha cumplido con garantizar una debida motivación para apartarse de sus anteriores precedentes donde reconoció y amparó el derecho a la consulta previa de diferentes pueblos indígenas u originarios que se vean afectados por medidas administrativas o legislativas y ha negado el rango constitucional que tiene este tratado de derechos humanos que lo integra a nuestro ordenamiento nacional, atentando contra principios constitucionales, más aun siendo el Tribunal Constitucional el máximo garante de nuestra Constitución.
  3. Nuestra Constitución Política no sólo resguarda los derechos fundamentales reconocidos explícitamente, sino también aquellos reconocidos implícitamente y los incorporados por los tratados derechos humanos; por lo que, la justicia constitucional tiene el deber irrestricto de garantizarlos, en especial cuando estos derechos corresponden a pueblos históricamente excluidos y que enfrentan día a día diversas barreras políticas, sociales, económicas y culturales como son los pueblos indígenas.
  4. Rechazamos la posición asumida para este caso de los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada y Blume Fortini, quienes afectan la búsqueda de justicia intercultural y la importancia del reconocimiento del Convenio 169 como instrumento normativo constitucional necesario e indispensable para la conservación y garantía de la existencia de los pueblos indígenas.

Por todo ello, exhortamos al Tribunal Constitucional a marcar distancia de esta última decisión y garantizar la plena protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT, su reiterada jurisprudencia y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Puno, marzo de 2022

 

Suscriben:

Comunidad Campesina Aimara de Chila Chambilla

Comunidad Campesina Aimara de Chila Pucara

Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA

Instituto de Defensa Legal – IDL

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – IDECA

CooperAcción

Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF

Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

Asociación Arariwa

Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas – CADEP JMA

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu, CEDEP AYLLU

Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria – ISAIAS

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

Colectivo de Abogados y Abogadas de la Red Muqui Sur

Red Muqui

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climatico – MOCICC

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible – IDLADS PERÚ

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP

Movimiento Manuela Ramos

Asociación Servicios Educativos Rurales – SER

Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad – SEDYS Trujillo

Asociación Proyecto Amigo

Perú EQUIDAD

Centro Loyola Ayacucho

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP

Centro de Desarrollo Étnico – CEDET

Paz y Esperanza

Codeh Pucallpa

Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

Instituto del Bien Común – IBC

Forum Solidaridad

Caminos de la Memoria

Asociación Por la Vida y la Dignidad Humana – Aporvidha

Asociación Construyendo Caminos de Esperanza frente a la Injusticia el Rechazo y el Olvido

Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL

COFADER PERÚ

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES

Instituto Regional Para la Paz

IPEP – CJS (Instituto de Promoción y Educación Popular – Comisión de Justicia Social) Chimbote.

Gobierno Territorial Autónomo Awajún – GTAA

 

 

Durante la visita académica realizada por el relator especial de la ONU, Marcos Orellana, en que visitó zonas afectadas de la Amazonía y la provincia de Espinar, Cusco, también se reunió con las y los dirigentes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados y Sustancias Tóxicas.

Durante la reunión realizada el miércoles 23 de febrero por la mañana, el relator señaló que su visita académica tenía como objetuvo un primer acercamiento para conocer los casos a través de los testimonios de los afectados y de esa forma programar una siguiente visita oficial que permita realizar un informe público ante la ONU y entregarlo al gobierno peruano a través de una reunión, que permita visibilizar y otorgar propuestas para atender en el corto y mediano plazo las demandas de las personas y pueblos afectados por la industria extractiva minera y petrolera.

Durante la reunión, Eusebio Cuñachi de Chiriaco, Amazonas, expresó que las comunidades afectadas por el derrame de petróleo de Chiriaco de 2016 pese a tener un fallo a favor siguen sin tener acceso a un sistema integral de salud, y los efectos en la salud siguen sin ser atendidos. Exigimos atención, es nuestro derecho.

Desde el norte andino, Juana Martínez de Cajamarca, señaló que la minera Yanacocha derramó su mercurio en Choropampa: «a pesar de que estuvimos enronchados, dolores de cabeza y cuerpo, no nos quisieron apoyar. (..)Nunca hubo plan de contingencia para nosotros. Hemos hecho demandas nacionales e internacionales, pero no tenemos respuesta. Han tenido que archivar procesos judiciales, no tenemos dinero para seguir el juicio».

Desde Cerro de Pasco, Dora Damaso, indignadamente señaló: «De que estamos hablando de que hay una minería responsable, si hay niños con sangre. En Perú no hay minería responsable. La comida, todo está contaminado. Nos hemos cansado del MINSA. Nos falta implementación del hospital: no hay pastillas ni camillas».

A su turno, desde el sur andino de nuestro país, Félix Suasaca, dirigente afectado de cuenca del Coata de Puno relató: «Nos están matando por culpa de esas mineras: CIEMSA, MINSUR, TACASA Y MÁS DE 200 años De minería. Todas las aguas de consumo tienen tóxicos. El 83.5% tiene tóxicos en su cuerpo. El lago Titicaca no sirve y próximas extracciones de empresas serán de litio y uranio. Somos denunciados penalmente por defender DDHH».

 

El viernes 25 de febrero, el relator también se reunió con los pescadores y líderes indígenas afectados por los derrames de petróleo.

Luis Diaz, de la Federación de Pescadores de Ucallama, atestiguó que llevan más de cuarenta días, en los que  la empresa ha jugado con ellos. Una empresa multimillonaria, que a pesar de sus ganancias nunca vieron desplegar operaciones de contingencia. Como habitante de Ucallama, puede dar fe que existen amplias zonas que abarcan desde la zona de Chancay hasta Ventanilla, que no han sido limpiadas adecuadamente. Según sus palabras, no hay presencia del Estado, y los equipos hacen acciones de supuesta limpieza en zonas que no son controladas, en las que entierran las arenas contaminadas simplemente para esconderlas.

Abel Rojas, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Ucallama en la provincia de Huaral expresó que representa el distrito más perjudicado, puesto que no sólo  están afectados por el derrame de petróleo, sino también por la industria de harina de pescado. El dirigente explicó que ahora no tienen ingresos para mantener a sus familias y ante la falta de medios incluso han debido retirar a sus hijos en etapa escolar de los establecimientos educacionales. 

Ante la falta de respuesta e inexistentes apoyos del gobierno central, lamentó tener que acudir a las instancias internacionales. Por eso apeló a la mediación del Relator Especial, para que sea el transmisor de sus reclamos y pedidos, porque no tienen ningún interlocutor en el gobierno.

Macedonio Vásquez Contreras, presidente del Frente macro región norte Pesca Sí Petróleo No, expresó que los derechos humanos de la población han sido vulnerados por más de 150 años a través de reiterados desastres ambientales. Sin embargo ha debido ocurrir un desastre en la capital del país para que los medios y la gente en Lima le preste atención a una realidad que los pueblos amazónicos viven día a día. Comunidades cuyos ríos están contaminados, cuyos cuerpos están contaminados.

Afirmó que a la contaminación por reiterados derrames petroleros se le suma la contaminación causada por la minería como en las costas de Ilo causada por la empresa Southern Coopper o como en la bahía de Puerto Huarmey afectados por la minera Antamina. En ambos casos los pescadores han debido desplazarse a kilómetros de distancia de sus antiguas zonas de pesca.

El Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de Naciones Unidas, Marcos Orellana, ante los testimonios presentados y como primera reflexión acerca de las significancia de los derrames y la contaminación expresó que los testimonios refuerzan las imágenes del derrame petrolero en Ventanillas que han dado la vuelta al mundo. Para él esta es la expresión clara de la fragilidad y al mismo tiempo de la dependencia que tenemos del medio ambiente y de la necesidad de preservarlo como base esencial de nuestras vidas. Sin embargo se cuestionó si acaso las imágenes tan dramáticas han aportado a sensibilizar, han significado un cambio en el enfoque de lo que significa el desarrollo. Reclamó que esto debería llevar a un nuevo rumbo hacia un mundo con medio ambiente intacto, un reclamo que debería ser un compás moral. Pero no basta con declamaciones, sino que es necesario una respuesta normativa que tome en cuenta también un registro de las afectaciones sociales, algo que no se ha hecho en el país por parte de las autoridades.

 

Las defensoras, los defensores y las organizaciones e instituciones, que conformamos este gran movimiento en defensa de los derechos humanos y ambientales, en el marco del Día Internacional de los derechos humanos, señalamos lo siguiente:

  • Manifestamos nuestro profundo dolor e indignación por el asesinato del defensor ambiental Lucio Pascual Yumanga, ocurrido el 4 de noviembre último, quien se convierte en el onceavo defensor asesinado en el país en los últimos dos años; hecho que demuestra el enorme peligro que implica defender el territorio, los ríos y los bosques en nuestro país. De la misma manera, reconocemos el enorme trabajo de la Seguridad Indígena Asháninka (SIA) y de algunos ministerios por encontrar, a cuatro defensores que estuvieron desaparecidos en Pasco.
  • La emergencia sanitaria en el país ha generado un escenario de mayor desprotección para las y los defensores ambientales en sus territorios; y ante el crecimiento de las economías ilegales, principalmente la tala y la minería ilegal, así como el narcotráfico, es necesario que el Estado adopte medidas y políticas integrales de combate efectivo contra estas actividades que ponen en riesgo la vida de los defensores y las defensoras, principalmente en la Amazonía peruana.
  • Rechazamos la criminalización y estigmatización de la protesta social de cientos de defensoras y defensores y la instrumentalización del derecho penal para hostigarlos y desalentar su importante rol. Solo en el corredor minero del sur andino tenemos más de 99 defensores en procesos judiciales relacionados al ejercicio del derecho a la protesta en conflictos. Como son los casos de Las Bambas, Antapacay y Hudbay, o el caso reciente de los cinco defensores de Huarmey, que acaban de ser liberados por la justicia después de no encontrarse prueba alguna en su contra. Además de los casos señalados, están los defensores/as del Valle del Tambo, en Arequipa, que han sido criminalizados por defender el agro y la vida en su territorio.
  • Exigimos que el Estado proteja a las y los defensores con la implementación inmediata del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, creado a través del DS ° 004-2021-JUS, lo que implica proveerles del presupuesto necesario, porque sabemos que una política pública sin recursos es meramente declarativa, y no va a dar una verdadera protección. De la misma manera, es una exigencia que en el caso de las y los defensores que están en proceso judiciales largos y desgastantes, que la procuraduría del Ministerio del Interior se inhiba de participar como parte civil en los procesos en su contra.

 

  • Asimismo, pedimos a las empresas, en el marco de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que tengan una conducta proba y responsable, de respeto a los derechos de las y los defensores, sin despojarlos de sus territorios, ni contaminar el ambiente, agua y vida a los pobladores de los entornos de sus operaciones, y el cese a la estigmatización de la labor de los defensores acusándolos de ser antimineros, antidesarrollo y antiempresas.

Finalmente, hace unas semanas lanzamos la campaña #ProtegeAQuienNosProtege, con el objetivo de visibilizar esta problemática y los riesgos que sufren las y los defensores, pero fundamentalmente en la intención de sensibilizar a la sociedad peruana respecto al rol fundamental que tienen los defensores en la defensa de la vida y de la casa común, así como su gran aporte a los derechos humanos en el Perú.

Perú, 10 de diciembre del 2021.

 

 

Las y los defensoras (es) de derechos humanos y ambiente de diferentes comunidades y organizaciones sociales de Cajamarca, Áncash, La Libertad, Jaén y Piura fueron parte de la Escuela de Defensores y Defensoras del Norte denominado “Rosa Quedena”; el cual tuvo como finalidad contribuir a visibilizar las acciones que realizan para defender sus derechos individuales y colectivos, la defensa de su territorios y el derecho al medio ambiente. Este proceso formativo se dio en el actual contexto de pandemia, que ha evidenciado la dura realidad y sobre todo las grandes asimetrías sociales, una de ellas es el acceso a medios virtuales y el manejo de estas.

El primer taller fue desarrollado el 27 de octubre, en el que se buscó familiarizar a los participantes con las tecnologías y herramientas virtuales, enfrentando las brechas de desigualdad en el manejo de plataformas como el zoom. El 10 de noviembre, en el segundo taller virtual, colectivamente se hizo un recorrido histórico de los derechos humanos resaltando los avances en los tratados internacionales y el desarrollo interno en los países; sin embargo, su cumplimiento y efectividad es insuficiente. Los participantes reflexionaron sobre la vulneración de los derechos colectivos por las actividades extractivas, afirmaron la importancia de tener en cuenta que sin derechos humanos no hay democracia y es el Estado quien tiene el deber de respetar y hacerlos cumplir.

Este proceso formativo considero un tercer taller de manera presencial en la ciudad de Chiclayo, los días 23 y 24 de noviembre, el cual fue una oportunidad para compartir las problemáticas y elaborar propuestas en la defensa. Los participantes coincidieron en sostener que la labor de los defensores y defensoras se centra en la denuncia de actos como la contaminación de sus ríos, suelos, aire y la afectación a la salud de las personas. Así mismo, compartieron el diagnóstico socio ambiental de sus comunidades, destacando los impactos de la minería en sus territorios, comunidad y cuerpos, e identificaron los derechos que vienen siendo vulnerados.

De la misma forma enfatizaron que, en esta lucha por el respeto a los derechos, la respuesta que reciben desde el Estado y las empresas extractivas es la persecución, agresión física, amenazas e incluso criminalización causándoles detrimentos a nivel personal, familiar, económico, emocional o incluso organizacional. Además, en el caso de las mujeres, resaltaron que son víctimas de tocamientos indebidos, discriminación, acoso y machismo.

También señalaron que la defensa de los derechos conlleva el enfrentar dificultades, en muchos casos no cuentan con seguridad y protección desde el Estado, el acceso a la justicia es nula o lenta, vienen siendo criminalizados y no cuentan con el reconocimiento como defensores. Y las empresas contribuyen en la desorganización, generando corrupción en algunos casos y vienen estigmatizando a las y los defensores de derechos.

Frente a estas situaciones de vulneración y riesgo, sostuvieron la importancia de fortalecer sus capacidades, el establecer espacios de diálogo con las instituciones estatales y empresas, la conformación y consolidación de comités comunales de vigilancia y monitoreo ambiental y la firma de acuerdos con el gobierno y empresas; y la necesidad de que el Estado brinde información oportuna en sus diversos niveles de gobierno, sobre todo en lo relacionado al balance hídrico de las cuencas y las concesiones mineras, las propuestas de alternativas económicas de los gobiernos frente a la actividad extractiva, y la necesidad de la articulación de las y los defensores de derechos a nivel local, regional y nacional.

Dato:

La Escuela de Defensores y Defensoras del Norte “Rosa Quedena”, con los tres talleres formativos sobre derechos humanos ambientales ha sido posible a la articulación de instituciones como la Red Muqui, Grufides, AMAS, Redal, Fedepaz, Natura, Proyecto Amigo, Diócesis de Chulucanas y la Pastoral Social de Vicariato Apostólico.

 

 

 

 

 

Pese a que el día de ayer, lunes 8 de noviembre, se desarrolló una reunión entre los dirigentes del distrito de Challhuahuacho con la empresa minera MMG Las Bambas y funcionarios de la PCM, Energía y Minas, Desarrollo Agrario e Interior, y el alcalde distrital, acordando obras por impuestos, construcción de fitotoldos, caminos vecinales, oportunidades laborales, transporte escolar, instalación de oficinas de consultas, manejo de residuos sólidos y capacitaciones, entre otros para el distrito de Challhuahuacho; el día de hoy, martes 9 de noviembre, en la localidad de Pisaccasa, distrito de Maras, los dirigentes de las otras comunidades y distritos de la provincia de Cotabambas acordaron reiniciar un paro de 48 horas debido a que a la reunión pactada para el día de hoy no llegó el ministro del Ambiente y hasta ahora no se emitió la resolución suprema ofrecida el 27 de octubre por la presidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, que oficializa el relanzamiento del espacio de diálogo denominado Comisión Multisectorial de la provincia de Cotabambas con los 9 grupos de trabajo refrendados en la fecha señalada.  El representante de la PCM presente en la reunión había llevado un proyecto de resolución ministerial.

Cabe precisar que los dirigentes exigen que sea un decreto supremo y no una resolución suprema, con la firma del presidente Pedro Castillo y los ministros.

Debido a estos hechos, los dirigentes de la provincia acordaron realizar un paro preventivo de 48 horas, esperando la llegada del presidente Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y el gerente general de la empresa minera Las Bambas. Si es que no llegan las personas citadas, realizarán un paro indefinido.

La reunión pactada el 27 de octubre para el día de hoy tenía como objetivo discutir la solicitud de inclusión al Área de Influencia Directa del proyecto minero Las Bambas de los 7 distritos que corresponde al grupo de trabajo 7 del tema ambiental. Sin embargo, frente a la presencia de los mismos funcionarios de los anteriores gobiernos y la ausencia del ministro del Ambiente, los dirigentes acordaron pedir el cambio de funcionarios debido a que con los que han estado representando al Estado no han logrado avanzar «nada» desde hace varios años, solo han «dibujado el papel», en palabras de uno de los dirigentes presentes en la reunión de hoy. En la reunión estaban presentes el director de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio del Ambiente, Carlos Eyzaguirre, y Antony Zevallos, secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM, y  los alcaldes de Haquira, Coyllurqui, Progreso y Cotabambas.

 

Acta del 9 de noviembre, provincia de Cotabambas acuerda reiniciar paro by prensamuqui on Scribd