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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

El 2020 ha sido sin duda el año de la pandemia, de la mayor crisis política, económica y sanitaria que hayamos vivido en las últimas décadas en nuestro país, pero a su vez ha sido el año del despertar ciudadano, de la generación del bicentenario y de una población movilizada, principalmente de jóvenes, que nos han devuelto la esperanza de que nuestro país puede ser diferente, de que no todo está podrido y corrompido, de que los cambios sí son posibles cuando nos organizamos y movilizamos para buscar estos cambios sociales y políticos.

Sin embargo, aun con estos mensajes esperanzadores, los saldos de la pandemia son duros: casi 38 mil fallecidos hasta ahora, miles de personas en UCI, una posible segunda ola de la pandemia, y que viene acompañada con una nueva “cepa”; es decir, la pandemia está lejos de terminar. Y como si esto no fuera poco, en el 2020 se han reactivado los conflictos sociales, y con ello el asesinato de ciudadanos movilizados: jóvenes del #14Noviembre y trabajadores agrícolas en el norte del país (Virú) que perdieron la vida por impactos de bala de la PNP por reclamar sus justos derechos. Hasta el 31 de diciembre del 2020 teníamos un país movilizado que esperaba algún tipo de respuesta del gobierno nacional por los años de abandono sistemático a los sectores más vulnerables de nuestro país

De esta forma empezamos el 2021, y cuando pensamos que las cosas podían ser peores; el presidente Francisco Sagasti el día de ayer hizo un anuncio importante y alentador a la vez, por fin se concretó la compra de un primer lote de vacunas contra la Covid-19 con el laboratorio chino Sinopharm, y el primer envío será en enero. Así mismo se informo de la llegada de otro lote al laboratorio Astrazeneca para el segundo semestre del 2021. Este anuncio llega en un momento muy complejo en nuestro país, y esperamos que genere cierta estabilidad y confianza entre la población y las autoridades nacionales, sobre todo ahora que se confirma la llegada de la segunda ola de la pandemia en nuestro país.

En el año del bicentenario no bastan las reformas o parches parciales, es hora de impulsar cambios de fondo, entre ellos el sistema de justicia, la lucha contra la corrupción, el respeto pleno de los derechos humanos, la reforma de la institución policial (PNP), la gestión oportuna de la conflictividad social, principalmente las derivadas por el sector extractivo minero, entre otros. Este nuevo pacto social se debe hacer con la participación real de la población, de la ciudadanía movilizada, de las comunidades andinas y amazónicas, de los afectados por actividades extractivas, entre otros. Es hora de plantear un momento constituyente para plantear todos estos cambios y que van más allá de las próximas elecciones presidenciales y congresales.

Desde Red Muqui creemos que los cambios y discusiones que se planteen deben ser impulsadas y protagonizadas por las poblaciones movilizadas y afectadas, y no solo con representantes de los gremios empresariales o de algunas autoridades locales, regionales y nacionales como muchas veces pasa. Creemos que estas discusiones mínimamente deben contener la agenda de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, del medio ambiente, la agenda de genero, entre otros. Sabemos que el 2021 será un año movido en términos electorales y de atención a la pandemia, pero no olvidemos estos temas de fondo y sobre todo que el año del bicentenario sea la oportunidad para empezar a cambiar las cosas de verdad.

Por: Área de incidencia legal de Red Muqui.

Cuando las fuerzas políticas que componen el Congreso decidieron vacar al presidente Martín Vizcarra por una supuesta “incapacidad moral permanente”[1], no esperaron que la respuesta de rechazo de la ciudadanía fuera tan masiva en diversas ciudades del país. La demanda ciudadana en un primer momento giraba en torno a “Fuera Merino”, pronto se convirtió en un rechazo contra toda la clase política, investigados por actos de corrupción. Los 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia presidencial, intentaron sostener que su decisión fue motivada por la lucha anticorrupción; cuando en realidad, como se ha ido apreciando en sus actos, esta estaba dirigida a hacerse con mayores cuotas de poder para seguir garantizando sus intereses particulares.

Frente a ello, las juventudes de distintos estratos sociales se autoconvocaron y movilizaron de forma masiva, conscientes del grado de corrupción de las fuerzas políticas del legislativo y también del ex presidente Vizcarra. Estas movilizaciones  mostraron también su rechazo a la designación de Ántero Flores como presidente del Concejo de Ministros, a pesar de sus cuestionamientos por opiniones racistas y sus políticas de represión durante las protestas sociales. No olvidemos que él fue ministro durante el “Baguazo”. Desde los primeros días de la movilización, los jóvenes denunciaron las estrategias de control de la protesta que desplegaba la PNP, en específico a través del grupo TERNA – Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional.  Este grupo que se infiltraba como civil entre los manifestantes para luego realizar detenciones arbitrarias y sembrado de pruebas en los manifestantes. Esta unidad fue creada con el objetivo de luchar contra la delincuencia en zonas urbanas, pero ahora es usada para intervenir en las protestas sociales.

Para el día sábado 14 de noviembre se convocó a la segunda movilización nacional, durante esta jornada de protestas pasó lo más terrible; producto de la represión policial y el uso desproporcionado de la fuerza, 2 jóvenes estudiantes murieron a causa de impactos de proyectiles por armas de fuego: Inti Sotelo y Jack Pintado. La brutalidad policial cobró victimas mortales, a esta se sumó decenas de desaparecidos y de detenciones arbitrarias, 23 personas hospitalizadas por lesiones, así como actos de violencia sexual por parte de la PNP.

Estas estrategias de control de la protesta social y de brutalidad policial no son nuevas, los últimos 20 años, luego de la transición democrática, han seguido ocurriendo como prácticas comunes en el control de la protesta social, por ejemplo en conflictos relacionados a proyectos extractivos mineros. Tal es el caso de lo ocurrido en el año 2003 donde campesinos de Yanta y Ayabaca fueron secuestrados y torturados por oponerse al proyecto minero Rio Blanco en Piura. En Valle de Tambo Arequipa, en los último 10 años, se asesinaron a 7 personas y se criminalizaron a decenas de dirigentes sociales por oponerse al proyecto minero Tía María. En 2015 se asesinó al comunero Quintino Cerezeda por protestar contra el proyecto Las Bambas en Apurímac, entre tantos otros casos.

Desde el 2002 hasta la fecha se habrían registrado al menos 299 personas fallecidas, entre civiles y policías, producto de los conflictos sociales, de los cuales 17 muertes han ocurrido en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006); 193 muertes en el gobierno de Alan García (2006-2011); 73 muertes en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y 16 muertes durante el último gobierno, de los cuales 13 ocurrieron durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y 03 en la gestión de Martín Vizcarra (2018-2019)[2]. Hasta la fecha, en ninguno de estos casos se ha determinado los responsables de estos asesinatos y crímenes y menos aún han habido sanciones; es decir, estos se encuentran en total impunidad.

Se debe destacar especialmente el rol que tiene la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES), grupo de inteligencia de la PNP donde se desarrollan estrategias de control de la protesta social y se cataloga a los defensores de derechos humanos como delincuentes o “enemigos internos” a los cuales hay que perseguir y criminalizar.

Los sucesos de los últimos días evidencian estas estrategias de criminalización y control de la protesta social por parte de la PNP. El martes 17 de noviembre, el  General PNP Víctor Zanabria Angulo, en conferencia de prensa, señaló que todas las actuaciones policiales estaban en investigación y que se determinarán los responsables de forma individual y personal; sin embargo, sabemos  que estos actos de brutalidad policial suelen quedar impunes y que no solo se trata de determinar la responsabilidad penal individual, sino que se deben de determinar las responsabilidades de los miembros de la PNP que dirigieron los operativos y de los altos mandos del Ministerio de Interior.

Todo ello debe ser coherente con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En primer término, los Estados tienen la obligación de: (i) regular adecuadamente su aplicación mediante un marco normativo claro y efectivo; (ii) capacitar y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, los límites y las condiciones a los que debe estar sometido toda circunstancia de uso de la fuerza, y (iii) establecer mecanismos adecuados de control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza. Y el uso en estricto de la fuerza debe satisfacer los siguientes principios:

Legalidad: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio que contemple la forma de actuación en dicha situación.

Absoluta necesidad: el uso de la fuerza debe limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso.

Proporcionalidad: los medios y el método empleados deben ser acorde con la resistencia ofrecida y el peligro existente. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda. (Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Fundamentos 161 y 162).

Las muertes de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado , y los asesinatos de defensores de DDHH en otros años no pueden quedar en la impunidad, pues la ciudadanía es consciente de esta injusticia. Inti y Jack fueron dos jóvenes que salieron a manifestarse por una causa justa y democrática, aún en este contexto de pandemia que ha golpeado terriblemente al país. Por muchos años la PNP y los gobiernos de turno han intentado desacreditar todo intento de protesta social, han pretendido negar el ejercicio de este derecho fundamental.

 

 

 

[1] Constitución Política. Artículo 113.- Vacancia de la Presidencia de la República La Presidencia de la República vaca por:

  1. Muerte del Presidente de la República.
  2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.
  3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.
  4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado.
  5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución.

[2] Información sistematizada por la República.- Wilber Huacasi, 19 agosto 2019. Disponible en: https://www.pressreader.com/peru/peru-la-republica/20190819/282583084657742

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) avanza en la protección de DDHH aprobando un importante instrumento de política pública para analizar patrones y tendencias de ataques a personas defensoras. Por otro lado; el Tribunal Constitucional dicta una sentencia incongruente para la protección de personas defensoras y declara constitucional Convenios entre PNP y empresas extractivas.

En un período en que se viene agravando el ataque a defensores y defensoras ambientales y de DDHH – 5 asesinados y varios heridos en lo que va del 2020-; el primero de octubre se emitió la Resolución Ministerial N° 0255-2020-JUS que aprueba el “Registro de Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos. El Registro es parte de las metas establecidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril de 2019 el MINJUSDH aprobó el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa, siempre que lo hagan de forma pacífica y dentro del marco del derecho nacional e internacional.

Sobre la aprobación del “Registro de situaciones de riesgo”; Mar Pérez, coordinadora del Grupo de Defensores y Defensoras de la Coordinadora Nacional de DDHH señala que: “La creación del registro de ataques a personas defensoras de derechos humanos es un paso importante hacia la creación de un mecanismo integral de protección. Gracias a esta herramienta se podrán identificar cuáles son los principales patrones de ataques, para a partir de allí diseñar políticas de protección ajustadas a las necesidades reales, e intervenir en los lugares donde más se requiere”

Como señala Mar Pérez, la aprobación de este Registro es un avance para obtener una política integral de protección de personas defensoras. Desde la sociedad civil se ha participado activamente desde el 2018 en la Mesa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Red Muqui en coordinación con el Grupo de Defensores de la CNDDHH ha venido presentado observaciones y aportes haciendo énfasis en la protección de personas defensoras del territorio y el ambiente en zonas donde se desarrollan actividades extractivas mineras.

La representante de la Coordinadora de DDHH precisa que: “Queda pendiente avanzar hacia un registro más detallado del papel de las empresas en los ataques a personas defensoras, pero esperamos que esto se pueda ajustar en el marco del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que se está trabajando actualmente.”

Identificación de tendencias y patrones de ataques hacia las personas defensoras

Una de nuestras principales preocupaciones desde Red Muqui ha sido que se pueda lograr una caracterización adecuada y objetiva de los patrones y tendencias de ataques a defensores que defienden bienes colectivos y comunes como el territorio y los ecosistemas hídricos. Esta caracterización será la base para poder activar mecanismos de protección temprana establecidas en el Protocolo. El registro establece definiciones como “Persona defensora de DDHH”, “situación de riesgo de una Persona Defensora de Derechos Humanos” y “Actos contra una Persona Defensora de Derechos Humanos” , y también establece lineamientos para identificar los riesgos que corren los defensores en los territorios. Sus objetivos específicos son los siguientes:

  • Identificar las zonas de mayor riesgo para las labores que desarrollan las Personas Defensoras de Derechos Humanos (PDDH) a nivel local, regional y nacional; y los problemas estructurales que generan estas situaciones de riesgo.
  • Determinar aquellos grupos de PDDH que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad, en razón de sus labores de defensa de derechos humanos, e identificar y visibilizar los patrones de ataques más frecuentes contra estas personas.
  • Obtener información para el seguimiento y evaluación de la implementación de las acciones de prevención y protección contenidas en el Protocolo a mediano y largo plazo, para disponer la activación del procedimiento de alerta temprana (en adelante PAT), en caso corresponda.

TC emite sentencia incongruente sobre convenio de la PNP con empresas extractivas

Por otro lado, hace unos días el Tribunal Constitucional del Perú, emitió la sentencia en Expediente N° 00012-2019-131/TC; en ella se ha declarado constitucional los convenios que viene celebrando la PNP con empresas extractivas. Estos convenios han sido seriamente cuestionados por la sociedad civil, ya que, en el marco de las protestas sociales contra proyectos extractivos, se han producidos represiones arbitrarias que conllevaron a la pérdida de la vida y la afectación a la integridad de muchos líderes y representantes de organizaciones sociales -defensores de derechos humanos-.

El día de ayer, viernes 2 de octubre a las 9:30 am, pobladores de la Antigua Morococha, cansados del cierre de sus vías de acceso, decidieron ir a las instalaciones de la minera Chinalco para conversar con el objetivo de buscar una solución.

Fueron un aproximado de 8 pobladores que subieron de forma pacifica y que, en un primer momento, lograron conversar con un representante de la empresa. Sin embargo, minutos después de esperar, llegó una camioneta de la PNP con efectivos policiales que fueron directamente a enmarrocar a los pobladores sin dar ningún tipo de razón.

Es en ese preciso momento que uno de los jóvenes solicitó a los policías que se identifiquen y expliquen el por qué de su detención, e inmediatamente comenzó el forcejeo y los reclamos por parte de los pobladores.

Producto de esta intervención abusiva, las señoras Mary Caro y Maritza Rada fueron agredidas físicamente, empujadas y jaloneadas mientras exigían respeto por parte de los policías. Ambas mujeres fueron detenidas junto a una menor de edad de 14 años quien en todo momento grabó a los efectivos policiales cometiendo este abuso de autoridad.

Según lo manifestado por pobladores morocochanos, las mujeres detenidas están siendo acusadas de robo y permanecerán detenidas 48 horas.

Sobre las vías

Para entender por qué los pobladores fueron hasta las instalaciones de la minera se debe tener en cuenta que desde hace dos semanas la empresa minera Chinalco viene bloqueando todas las vías de acceso y salida de la antigua Morococha.

Vías de transito que les permiten abastecerse de alimentos, ir a trabajar y ser utilizadas como rutas de comercio con otras comunidades. Vías que limpiaban con sus propios medios todos los días para movilizarse gracias al apoyo de una sola movilidad ya que ninguna otra quiere brindarles el servicio.

En ese contexto, por iniciativa propia, los pobladores se organizaron para presentar un habeas corpus para garantizar su derecho al libre tránsito. Sin embargo, por varias dificultades hasta la fecha no han podido presentarlo.

Este martes 08 de septiembre, dirigentes de la provincia de Espinar se reunieron con representantes de la empresa minera Antapaccay, del Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de la Producción para conversar sobre los avances de la aplicación del bono humanitario.

Tras la reunión, que duro más de dos horas, se logró establecer la entrega del bono de mil soles a través del Ministerio de la Producción y la empresa privada Edenred. La fecha establecida para la implementación del pago en su totalidad es el 23 de septiembre y se realizará a través de tarjetas multiuso.

Dos empresas fueron las que participaron para hacerse cargo de la entrega del bono. Por un lado, Edenred con 253 mil soles en gastos operativos, contra los 80 mil soles de la empresa Carbured, que es lo que señalan les costaría implementar la entrega del bono. El Ministerio de Producción junto al MINEM eligieron a Edenred. Cabe señalar que la comisión establecida por la empresa privada será de 3.44%. El martes 15 de septiembre, el Comité de Gestión de Espinar se reunirá para evaluar el avance de las gestiones para la entrega del bono.

Sobre las otras agendas pendientes en Espinar

Sobre el proyecto Coroccohuayco, Freddy Llaique, vicepresidente del Comité de Lucha de Espinar sostuvo que lo que se viene pidiendo es la paralización del proyecto hasta que se cumpla toda la plataforma de lucha. A esto se sumó el pedido de otro dirigente quien indicó la necesidad de independizar el proyecto Coroccohuayco con el fin de establecer su propia mesa de diálogo y su convenio marco. En esa línea, Vidal Merma, presidente de la AUPE Espinar, mencionó la propuesta de que se instale cinco grupos de trabajo por tema, de manera independiente. 1) Personas afectadas con metales pesados 2) Derechos humanos y justicia 3) Contaminación ambiental 4) El corredor minero y 5) El proyecto Corocoohuayco. Todo ello con el objetivo de legitimar las mesas de diálogo con una resolución ministerial para que se asegure su cumplimiento. En respuesta, el ministro de Energía y Minas solicitó una propuesta consensuada entre las organizaciones sobre el pedido de ampliación de cinco mesas de trabajo por escrito.

La propuesta se oficializo por escrito el jueves 3 de septiembre finalizada la reunión y se envió el viernes 4 a través de la municipalidad de Espinar, el documento fue firmado por todos los dirigentes. Hasta la fecha no hay una respuesta por parte del Ministerio de Energía y Minas.

Diálogo en vilo

El día de ayer, 09 de septiembre, los dirigentes de Espinar sostuvieron una reunión con representantes de la minera Antapaccay y del Ministerio de Energía y Minas para lograr la reformulación del Convenio Marco. La reunión se centró en la cláusula séptima de “Promoción de empleo y desarrollo de capacidades”.

Sobre ésta, los dirigentes de la provincia de Espinar solicitaron que la captación de personal no calificado, de manera indirecta, sea del 100% con la posibilidad de negociarlo hasta en un 80%. Sin embargo, la propuesta de la empresa minera es de un 45%.

En el caso de la captación de personal calificado de manera directa, los dirigentes de Espinar piden que sea del 50%, pero lo ofrecido por la empresa minera es solo del 20%.

Una reunión con demandas y propuestas que no llegaron a buen acuerdo y que tuvo momentos de tensión de ambas partes. Según lo manifestado por uno de los dirigentes, el MINEM y la minera están confabulados y parcializados. El día de ayer casi se rompe el dialogo porque la minera no acepta las propuestas de los dirigentes de la provincia de Espinar.

Por tal motivo, se estableció que el Ministerio de Energía y Minas se reúna de forma individual con los representantes de la minera y luego con los dirigentes de la provincia de Espinar con la finalidad de lograr un consenso de ambas partes. La reunión tiene como fecha establecida el 18 de septiembre.

Minera Antapaccay responsabiliza de aumento de contagios a dirigentes

Otro de los puntos que preocupan a la población de Espinar es el incremento de casos de contagios por Covid-19 y las carencias en el hospital provincial. Hasta el 1 de septiembre, según el reporte epidemiológico de la red de salud de Canas, Canchis y Espinar, se han confirmado 576 contagiados de coronavirus y 13 fallecidos en la provincia de Espinar.

Además, para una población de más de 69 mil habitantes, el hospital de Espinar solo cuenta con dos médicos, 4 enfermeras, dos técnicas de enfermería y una obstetra. A esto se suma la carencia de equipos para responder a la pandemia.

Frente a esta realidad, uno de los dirigentes de Espinar señaló que la minera Antapaccay ha lanzado un psicosocial asegurando que las protestas en Espinar han originado el aumento de casos por Covid-19. Sobre este hecho, manifestó que es falso ya que en otras provincias donde no ha habido protestas y hay más incidencia de casos. Además, de los más de 500 contagiados, más de la mitad pertenecen a la empresa minera Antapaccay, que desde un inicio presentó los primeros casos y estos fueron incrementándose debido a la falta de aplicación de protocolos de salud y seguridad para sus trabajadores, tomando decisiones al margen de la Dirección Regional de Salud de Cusco, precisó el dirigente.

Como se denunció desde Red Muqui, a inicios de la cuarentena, la empresa minera Antapaccay derivó a sus trabajadores contagiados a Arequipa sin coordinar con la DIRESA Cusco y la Red de Salud provincial.

Frente a este escenario, según lo manifestado por uno de los dirigentes de Espinar, el Convenio Marco ya ha invertido 2 millones de soles para combatir el Covid-19. Se ha estableció la compra de una ambulancia, 5 mil pruebas rápidas, camas, y otros equipos. Además, señaló que se ha aprobado la compra de una planta de oxígeno transportable.

Comisión investigadora sobre heridos de Espinar tras protestas

Finalmente, sobre los hechos ocurridos en las protestas donde hubieron heridos de bala, hasta la fecha se interpuso una denuncia, y se coordinó con el Congreso de la República para conformar una comisión investigadora; sin embargo, no hay mayor información sobre avance alguno, tanto en la denuncia, como en la acción del Congreso en la conformación de la Comisión. Hace un mes, el ahora ex ministro de Energía y Minas, Perez Montoya, cuando se presentó ante la Comisión de Pueblos Andinos y de Defensa, declaró que actuaron de acuerdo al protocolo policial.

El 9 de julio de 2020, la defensa legal de los 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, Fedepaz, “formuló la solicitud de interrupción del juicio oral que pretendía reiniciarse mediante sesiones de audiencia de carácter virtual al considerar que no se habían superado los riesgos de una probable vulneración de principios procesales que garanticen el cumplimiento del debido proceso judicial”, como se advierte en su nota. Ello, debido a que existe más de 160 testigos y peritos y abundante material documental probatorio, pluralidad de delitos acusados, etc.

El abogado David Velasco señaló en la sustentación que “no hay una relación directa entre los magistrados a cargo del juicio y los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.), así como tampoco con los acusados o los presuntos agraviados, vulnerándose el principio de inmediación procesal”.

En virtud de ello, el día de ayer, lunes 7 de septiembre, el Primer Juzgado Supraprovincial de Arequipa declaró fundada la solicitud de interrupción (quiebre) del Juicio Oral a 17 agricultores del Valle del Tambo, que fueron parte de la protesta contra la imposición del proyecto minero Tía Maríal el 2015.  El juicio oral había iniciado el 3 de marzo del presente año y fue interrumpido por la declaratoria de estado de emergencia sanitaria del gobierno ante la pandemia que vivimos.

El Juzgado señaló que “una Audiencia Virtual en un caso tan complejo como éste vulneraba el principio de concentración procesal y unidad del proceso, de publicidad del Juicio Oral y de igualdad de armas. Finalmente, resaltó la necesidad de que los magistrados deben de cuidar el cumplimiento del debido proceso judicial en un Juicio Oral y que las partes procesales deben, de buena fe, coadyuvar a que no se produzcan nulidades y advertirlas, como lo advirtió la defensa legal de los agricultores para evitar que estas situaciones ocurran”, señala la nota de prensa de Fedepaz.

A través de un pronunciamiento, la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca- Sede Hualcuy  y el Colectivo por Ayabaca denunciaron que hace unos días personas vinculadas al consorcio minero Río Blanco, con complicidad de los militares: “tiraron de noche, cobardemente, las puertas de fierro al abismo, rompiendo la autoridad ejercida disciplinadamente por muchos años y contra los usos y costumbres de las Rondas Campesinas”.

Compartimos el pronunciamiento:

La Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – sede Hualcuy y el Colectivo por Ayabaca se dirigen a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1.Que, en medio de la emergencia sanitaria producto de la pandemia del coronavirus, el impositivo, necio y grotesco consorcio minero Río Blanco con el aval del gobierno actual y algunas malas autoridades regionales y locales, insisten en seguir enfrentando a comuneros, corrompiendo y dividiendo a hermanos de las comunidades campesinas, a fin de pretender, por la fuerza y la violencia, explotar y contaminar nuestras tierras comunales.

  1. Que le reiteramos una vez más al consorcio minero y a su aval estatal, que desde el 2007, en una histórica, masiva y democrática consulta vecinal, miles de pobladores de Ayabaca y Huancabamba, DECIDIERON SU PROPIO MODELO DE DESARROLLO, basado en la agricultura, ganadería, comercio y turismo, teniendo como sustento esencial y vital, el agua limpia que bajan de las cabeceras de cuencas hasta la región Piura. Por lo tanto, jamás aceptaremos minería en nuestros territorios. El agua limpia nunca se contaminará por relaves ni pasivos ambientales.
  2. Que no nos cansaremos de sustentar y sostener que en Ayabaca y Huancabamba, no es ni será viable la minería, porque además de contaminar agua, aire y suelo, esta actividad, genera violencia entre comuneros, corrupción a todo nivel por el dinero fácil y mal venido. No queremos más enfrentamientos entre hermanos.
  3. Asimismo denunciamos los recientes hechos de violencia, propiciados por este consorcio minero Río Blanco y la complicidad de malas autoridades del ejército por violentar los portones de la Comunidad de Andurco, que históricamente son instrumentos de control y seguridad ronderil. Hace pocos días estas dañinas personas tiraron de noche, cobardemente, las puertas de fierro al abismo, rompiendo la autoridad ejercida disciplinadamente por muchos años y contra los usos y costumbres de las Rondas Campesinas.
  4. Denunciamos públicamente estos hechos de violencia y rechazamos toda forma de agresión en nuestras comunidades.
  5. Hacemos un llamado a todos los comités de Rondas Campesinas de Ayabaca y Huancabamba a estar atentos y vigilantes ante cualquier imposición del consorcio minero y rechazar pacífica y democráticamente cualquier intento de violencia y contaminación de nuestros territorios.

Fuera Río Blanco de Ayabaca y Huancabamba!!!

Agro sí, mina no!!

Solo con la lucha al pueblo se le escucha!!!

Ayabaca 26 de agosto de 2020.

Central de Rondas de Ayavaca – Hualcuy     Colectivo por Ayavaca.

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

El pasado miércoles 20 de agosto, el ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, se presentó en la sesión virtual conjunta extraordinaria de las comisiones de Pueblos Andinos y de Inclusión Social del Congreso de la República. El pedido de estas reuniones por parte de los congresistas de ambas comisiones fue para que el ministro responda por los hechos ocurridos el 22 de julio en Espinar (Cusco) y en Bretaña (Loreto), entre el 8 y 9 de agosto. En ambos casos se denunció el uso de la fuerza desproporcionada por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Producto de ello, en Espinar se reportaron 5 heridos, 3 de ellos por impactos de bala; y en el caso de Requena, se registraron 3 indígenas muertos por impacto de bala y más de 17 heridos, 11 indígenas y 7 efectivos policiales.

 

Los reclamos en el caso de Espinar eran por la entrega de un bono humanitario para atender la pandemia, atención a la salud y el ambiente por los impactos mineros, y reformulación del convenio marco; sin embargo, la empresa minera Glencore Antapaccay se negaba a hacerlo. En el caso de Bretaña, las comunidades indígenas kukamas, cercanas al Lote 95, pedían desde hace mucho tiempo a la empresa Petrotal que atienda los servicios de salud, instalación de agua y desagüe en sus comunidades. En ambos casos se pidió y se sigue pidiendo el cumplimiento de acuerdos de las empresas extractivas. Asimismo, se exige mayor atención y presencia del Estado, y mucho más ahora en el contexto de la pandemia por la Covid-19. Por el contrario, lo que principalmente han recibido es violencia y represión; por ello es que el ministro del interior fue citado a las mencionadas comisiones.

 

La respuesta del ministro Montoya, ante las comisiones del Congreso, lamentablemente es la misma que la de sus antecesores cada vez que se ha denunciado el abuso de derechos humanos en zonas de conflictividad social. El Ministerio del Interior responde que no es responsabilidad de las fuerzas policiales, que se han cumplido con los protocolos, que por el contrario los afectados son los miembros de la PNP, que la población movilizada es la responsable; inclusive niega que se hayan usado armas de fuego, que Control Interno de la PNP y Fiscalía investigara los hechos, entre otros.

Se esgrimen los mismos argumentos de siempre, por ello creemos que la política de represión y criminalización no han cambiado, existe una decena de casos de denuncias por parte de familiares de los fallecidos en los conflictos sociales, en ningún caso estas investigaciones avanzan, los muertos de los conflictos nunca tienen responsables; por el contrario, la denuncias e investigaciones contra los lideres sociales avanzan diligentemente.

 

Por ello, desde Red Muqui creemos que estos casos no deben quedar más en la impunidad, se deben revisar los marcos normativos que permiten estos abusos como la Ley N° 31012 (ley del gatillo fácil).  En ese sentido, saludamos y nos sumamos a la campaña iniciada por Derechos Humanos Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para denunciar los hechos sucedidos en Espinar: https://derechosinfronteras.pe/reporte-especial-n-1-2020-dhsf-cnddhh/

El día de hoy debía realizarse la reunión de los dirigentes sociales de Espinar, representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, del Comité de Lucha provincial, los alcaldes distritales y el alcalde provincial de Espinar, con la Comisión de Alto Nivel del gobierno liderada por el viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, Augusto Cauti, e integrada por viceministros de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, Ambiente, Salud, Justicia y Derechos Humanos e Interior; sin embargo, los viceministros no llegaron a la reunión, y tampoco la representación de la empresa minera.

Los dirigentes sociales iban a presentar los 6 puntos de la agenda de lucha del Comité: reformulación del Convenio Marco para que la población de Espinar tenga beneficios directos; la problemática de los afectados por metales tóxicos; las afectaciones del corredor minero por donde transitan los camiones de las empresas mineras; la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco; el cambio de jueces y fiscales en los juicios que se sigan desarrollando desde el 2013 contra ex dirigentes sociales de la provincia tras las protestas del 2012; y la agenda de derechos humanos respecto a las torturas que han sufrido los jóvenes y mujeres.

Desarrollo de la reunión

La reunión inició a las 12 y 20pm con las palabras del obispo de Sicuani, Pedro Bustamante, designado como mediador y facilitador del diálogo, que estuvo presente en la reunión junto al comandante Albino de la PNP, informando que el gobierno había emitido un comunicado minutos antes del inicio de la reunión señalando que los viceministros que arribaron a Cusco a las 8 y 30 am, no asistirían a Espinar porque habían tomado «conocimiento que diversas organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Espinar desconocen a la comitiva de alto nivel enviada por el Gobierno. Además, se recibió información que dichas organizaciones han convocado a bloqueos y manifestaciones, lo cual va en contra del compromiso de paz social».

Comunicado emitido minutos antes, a las 12 y 13pm por la PCM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los alcaldes distritales de Espinar mostraron la extrañeza del comunicado porque la provincia de Espinar se encontraba sin protestas y sin bloqueo de carreteras.

El alcalde del distrito de Coporaque señaló: «el Comité de lucha con dirigentes de todas las organizaciones de Espinar y los alcaldes estamos presentes, y los viceministros nos hacen venir por las puras; desde lejos venimos y dejamos nuestras responsabilidades».

Los dirigentes sociales del Comité de Lucha de Espinar expresaron que era una falta de respeto que los representantes del gobierno no hayan llegado a la reunión, cuando desde la 00 horas, Espinar se encontraba en paz social y tranquilidad para el desarrollo de la reunión tal como había solicitado el gobierno, a pesar de las torturas que recibieron varios jóvenes en las protestas desarrolladas el miércoles 22 de julio.

El dirigente del Comité de Lucha saludó, además, la presencia del comandante de la policía: Albino. «Hombre respetable; sin embargo, hay policías que nos han robado el celular y quitado el dni, a golpes nos han quitado, como a muchas señoritas que también golpearon». Como se recuerda, el 22 de julio, los espinarenses denunciaron al coronel Vargas como responsable del operativo policial que produjo 3 heridos de bala y tortura a los jóvenes que se trasladaban en un camión para apoyar las protestas. Tras las denuncias, el comandante Albino es quien ha asumido la responsabilidad a cargo de la policía en Espinar.

Los dirigentes señalaron que el comunicado emitido por el gobierno es «deshonesto. El cual el día de hoy responsabiliza a los dirigentes usando excusa para no llegar a la reunión. Eso es falta de respeto. Prefieren apoyar a la empresa minera Glencore Antapaccay».

El presidente del Comité de Lucha, Rolando Condori, señaló: «La PCM invocó, sra Paola Bustamante ahí esta tu espacio y no estás. Donde están los ministros», preguntó.

Una dirigente señaló al congresista del Cusco presente, Alexander Hidalgo: «usted congresista ha visto que no somos violentos, sí somos contestarios. ¿A quien defiende el gobierno?». También estuvieron presentes en la reunión la gobernadora del gobierno regional de Cusco, Delia Condo, y la regidora provincial de Espinar, Yeny Huillca, representante alterna de la Municipalidad en el Comité de Gestión del Convenio Marco.

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Protesta pacífica

Uno de los dirigentes del Comité de Lucha manifestó que el día de mañana, miércoles 28 de julio, realizarán un mitin pacífico en la plaza de Espinar con la bandera a media asta debido a la agresión que han recibido de parte del gobierno -policía- y la empresa minera.

Frente al desplante de la comisión enviada por el gobierno; los alcaldes, dirigentes sociales y representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, solicitan la presencia de los ministros de Estado en la Comisión de Alto Nivel.

Acta de la reunión desarrollada sin la presencia de los viceministros y la empresa minera:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Por: Jaime Borda /Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Durante las últimas semanas hemos venido advirtiendo de la reactivación de varios conflictos sociales en el país, principalmente los vinculados al tema minero, y como si esto no fuera suficiente, el nuevo premier Pedro Cateriano y su gabinete han señalado que ellos han entrado a destrabar las inversiones mineras para reactivar la economía del país. Ya los gremios mineros habían salido a decir que para atender la actual crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del Covid-19, proyectos mineros como Tía María en Arequipa tienen que retomarse, y que con Conga en Cajamarca debe revisarse y que debían agilizarse los “tramites burocráticos” para aprobar cuanto antes Quellaveco en Moquegua, Mina Justa en Ica, ampliación Coroccohuayco en Espinar, entre otros.

Y Espinar es la provincia que ha estado en el foco del conflicto esta semana, como se sabe los pobladores reclaman el uso de los fondos del convenio marco firmado el año 2003 y del cual se desprenden varias clausulas, entre ellos la entrega del 3% de utilidades anuales generadas por la minera Glencore. El alcalde provincial de Espinar, los alcaldes distritales, las organizaciones sociales y la empresa minera Antapaccay han sostenido varias reuniones en las ultimas semanas para ponerse de acuerdo sobre la entrega de este bono solidario a más de 50 mil pobladores de la provincia, el monto acordado inicialmente fue de 1000 soles; sin embargo, en la ultima reunión del 14 de julio la empresa minera de manera unilateral decidido no aceptar este pedido, es más presentaron otro programa denominado “Reactiva Espinar”, todo esto ha generado un malestar comprensible en los pobladores de la provincia.

Luego de agotarse el diálogo, la población ha decidido iniciar un paro indefinido desde el pasado miércoles 15 de julio, y entre el miércoles y jueves de esta semana se han registrado situaciones de represión y violencia contra los pobladores de la ciudad de Espinar, denunciándose varios casos de abuso de derechos humanos por parte de los efectivos policiales y las fuerzas armadas. Hemos podido observar por los medios y las redes sociales, además, el incendio de un camión minero de Las Bambas en circunstancias más que extrañas que tienen que investigarse, ya que desde el gobierno nacional y la empresa minera se busca responsabilizar de estas acciones a los espinarences. Por ello, lo ocurrido en la noche del miércoles 22 de julio en pleno centro de la ciudad de Espinar es más que preocupante, desde mayo del 2012 no se registraban estos de niveles de violencia y de abuso denunciados por la población, inclusive los mismos periodistas han sido atacados por la PNP, también hay denuncias de agresiones sexuales a las mujeres, entre otros. Todos estos hechos tendrán que ser investigados por las autoridades competentes, no se puede pasar por alto estos excesos.

Por lo pronto, las autoridades locales de Espinar, así como los representantes de las organizaciones sociales han llamado al diálogo y piden la presencia del Premier Cateriano. Desde la Red Muqui hacemos un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto ha restablecer el diálogo, así mismo pedimos el cese a la violencia de parte de la PNP y las FFAA, y el pleno respeto por los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de Espinar.