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Las defensoras, los defensores y las organizaciones e instituciones, que conformamos este gran movimiento en defensa de los derechos humanos y ambientales, en el marco del Día Internacional de los derechos humanos, señalamos lo siguiente:

  • Manifestamos nuestro profundo dolor e indignación por el asesinato del defensor ambiental Lucio Pascual Yumanga, ocurrido el 4 de noviembre último, quien se convierte en el onceavo defensor asesinado en el país en los últimos dos años; hecho que demuestra el enorme peligro que implica defender el territorio, los ríos y los bosques en nuestro país. De la misma manera, reconocemos el enorme trabajo de la Seguridad Indígena Asháninka (SIA) y de algunos ministerios por encontrar, a cuatro defensores que estuvieron desaparecidos en Pasco.
  • La emergencia sanitaria en el país ha generado un escenario de mayor desprotección para las y los defensores ambientales en sus territorios; y ante el crecimiento de las economías ilegales, principalmente la tala y la minería ilegal, así como el narcotráfico, es necesario que el Estado adopte medidas y políticas integrales de combate efectivo contra estas actividades que ponen en riesgo la vida de los defensores y las defensoras, principalmente en la Amazonía peruana.
  • Rechazamos la criminalización y estigmatización de la protesta social de cientos de defensoras y defensores y la instrumentalización del derecho penal para hostigarlos y desalentar su importante rol. Solo en el corredor minero del sur andino tenemos más de 99 defensores en procesos judiciales relacionados al ejercicio del derecho a la protesta en conflictos. Como son los casos de Las Bambas, Antapacay y Hudbay, o el caso reciente de los cinco defensores de Huarmey, que acaban de ser liberados por la justicia después de no encontrarse prueba alguna en su contra. Además de los casos señalados, están los defensores/as del Valle del Tambo, en Arequipa, que han sido criminalizados por defender el agro y la vida en su territorio.
  • Exigimos que el Estado proteja a las y los defensores con la implementación inmediata del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, creado a través del DS ° 004-2021-JUS, lo que implica proveerles del presupuesto necesario, porque sabemos que una política pública sin recursos es meramente declarativa, y no va a dar una verdadera protección. De la misma manera, es una exigencia que en el caso de las y los defensores que están en proceso judiciales largos y desgastantes, que la procuraduría del Ministerio del Interior se inhiba de participar como parte civil en los procesos en su contra.

 

  • Asimismo, pedimos a las empresas, en el marco de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que tengan una conducta proba y responsable, de respeto a los derechos de las y los defensores, sin despojarlos de sus territorios, ni contaminar el ambiente, agua y vida a los pobladores de los entornos de sus operaciones, y el cese a la estigmatización de la labor de los defensores acusándolos de ser antimineros, antidesarrollo y antiempresas.

Finalmente, hace unas semanas lanzamos la campaña #ProtegeAQuienNosProtege, con el objetivo de visibilizar esta problemática y los riesgos que sufren las y los defensores, pero fundamentalmente en la intención de sensibilizar a la sociedad peruana respecto al rol fundamental que tienen los defensores en la defensa de la vida y de la casa común, así como su gran aporte a los derechos humanos en el Perú.

Perú, 10 de diciembre del 2021.

 

 

Las y los defensoras (es) de derechos humanos y ambiente de diferentes comunidades y organizaciones sociales de Cajamarca, Áncash, La Libertad, Jaén y Piura fueron parte de la Escuela de Defensores y Defensoras del Norte denominado “Rosa Quedena”; el cual tuvo como finalidad contribuir a visibilizar las acciones que realizan para defender sus derechos individuales y colectivos, la defensa de su territorios y el derecho al medio ambiente. Este proceso formativo se dio en el actual contexto de pandemia, que ha evidenciado la dura realidad y sobre todo las grandes asimetrías sociales, una de ellas es el acceso a medios virtuales y el manejo de estas.

El primer taller fue desarrollado el 27 de octubre, en el que se buscó familiarizar a los participantes con las tecnologías y herramientas virtuales, enfrentando las brechas de desigualdad en el manejo de plataformas como el zoom. El 10 de noviembre, en el segundo taller virtual, colectivamente se hizo un recorrido histórico de los derechos humanos resaltando los avances en los tratados internacionales y el desarrollo interno en los países; sin embargo, su cumplimiento y efectividad es insuficiente. Los participantes reflexionaron sobre la vulneración de los derechos colectivos por las actividades extractivas, afirmaron la importancia de tener en cuenta que sin derechos humanos no hay democracia y es el Estado quien tiene el deber de respetar y hacerlos cumplir.

Este proceso formativo considero un tercer taller de manera presencial en la ciudad de Chiclayo, los días 23 y 24 de noviembre, el cual fue una oportunidad para compartir las problemáticas y elaborar propuestas en la defensa. Los participantes coincidieron en sostener que la labor de los defensores y defensoras se centra en la denuncia de actos como la contaminación de sus ríos, suelos, aire y la afectación a la salud de las personas. Así mismo, compartieron el diagnóstico socio ambiental de sus comunidades, destacando los impactos de la minería en sus territorios, comunidad y cuerpos, e identificaron los derechos que vienen siendo vulnerados.

De la misma forma enfatizaron que, en esta lucha por el respeto a los derechos, la respuesta que reciben desde el Estado y las empresas extractivas es la persecución, agresión física, amenazas e incluso criminalización causándoles detrimentos a nivel personal, familiar, económico, emocional o incluso organizacional. Además, en el caso de las mujeres, resaltaron que son víctimas de tocamientos indebidos, discriminación, acoso y machismo.

También señalaron que la defensa de los derechos conlleva el enfrentar dificultades, en muchos casos no cuentan con seguridad y protección desde el Estado, el acceso a la justicia es nula o lenta, vienen siendo criminalizados y no cuentan con el reconocimiento como defensores. Y las empresas contribuyen en la desorganización, generando corrupción en algunos casos y vienen estigmatizando a las y los defensores de derechos.

Frente a estas situaciones de vulneración y riesgo, sostuvieron la importancia de fortalecer sus capacidades, el establecer espacios de diálogo con las instituciones estatales y empresas, la conformación y consolidación de comités comunales de vigilancia y monitoreo ambiental y la firma de acuerdos con el gobierno y empresas; y la necesidad de que el Estado brinde información oportuna en sus diversos niveles de gobierno, sobre todo en lo relacionado al balance hídrico de las cuencas y las concesiones mineras, las propuestas de alternativas económicas de los gobiernos frente a la actividad extractiva, y la necesidad de la articulación de las y los defensores de derechos a nivel local, regional y nacional.

Dato:

La Escuela de Defensores y Defensoras del Norte “Rosa Quedena”, con los tres talleres formativos sobre derechos humanos ambientales ha sido posible a la articulación de instituciones como la Red Muqui, Grufides, AMAS, Redal, Fedepaz, Natura, Proyecto Amigo, Diócesis de Chulucanas y la Pastoral Social de Vicariato Apostólico.

 

 

 

 

 

Pese a que el día de ayer, lunes 8 de noviembre, se desarrolló una reunión entre los dirigentes del distrito de Challhuahuacho con la empresa minera MMG Las Bambas y funcionarios de la PCM, Energía y Minas, Desarrollo Agrario e Interior, y el alcalde distrital, acordando obras por impuestos, construcción de fitotoldos, caminos vecinales, oportunidades laborales, transporte escolar, instalación de oficinas de consultas, manejo de residuos sólidos y capacitaciones, entre otros para el distrito de Challhuahuacho; el día de hoy, martes 9 de noviembre, en la localidad de Pisaccasa, distrito de Maras, los dirigentes de las otras comunidades y distritos de la provincia de Cotabambas acordaron reiniciar un paro de 48 horas debido a que a la reunión pactada para el día de hoy no llegó el ministro del Ambiente y hasta ahora no se emitió la resolución suprema ofrecida el 27 de octubre por la presidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, que oficializa el relanzamiento del espacio de diálogo denominado Comisión Multisectorial de la provincia de Cotabambas con los 9 grupos de trabajo refrendados en la fecha señalada.  El representante de la PCM presente en la reunión había llevado un proyecto de resolución ministerial.

Cabe precisar que los dirigentes exigen que sea un decreto supremo y no una resolución suprema, con la firma del presidente Pedro Castillo y los ministros.

Debido a estos hechos, los dirigentes de la provincia acordaron realizar un paro preventivo de 48 horas, esperando la llegada del presidente Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y el gerente general de la empresa minera Las Bambas. Si es que no llegan las personas citadas, realizarán un paro indefinido.

La reunión pactada el 27 de octubre para el día de hoy tenía como objetivo discutir la solicitud de inclusión al Área de Influencia Directa del proyecto minero Las Bambas de los 7 distritos que corresponde al grupo de trabajo 7 del tema ambiental. Sin embargo, frente a la presencia de los mismos funcionarios de los anteriores gobiernos y la ausencia del ministro del Ambiente, los dirigentes acordaron pedir el cambio de funcionarios debido a que con los que han estado representando al Estado no han logrado avanzar «nada» desde hace varios años, solo han «dibujado el papel», en palabras de uno de los dirigentes presentes en la reunión de hoy. En la reunión estaban presentes el director de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio del Ambiente, Carlos Eyzaguirre, y Antony Zevallos, secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM, y  los alcaldes de Haquira, Coyllurqui, Progreso y Cotabambas.

 

Acta del 9 de noviembre, provincia de Cotabambas acuerda reiniciar paro by prensamuqui on Scribd

FORTALECIENDO CAPACIDADES DE LIDERES, LIDERESAS Y DIRIGENTES EN MARCO DEL COVID-19

En medio de la pandemia del Covid 19 que viene afectando al planeta, la Red Muqui logró implementar un proceso de capacitación virtual “Muqui 2020” y “Muqui 2021” para el fortalecimiento de capacidades de los líderes, lideresas y dirigentes de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería. Si bien en la primera fase participaron 84 personas de nueves regiones, en esta segunda fase se logró capacitar 45 líderes y lideresas de ocho regiones provenientes de Piura, Cajamarca, Ancash, Junín, Puno, Arequipa, Cusco y Cerro de Pasco, quiénes ahora cuentan con mejores herramientas para poner en práctica la defensa de sus derechos y actualizar sus agendas de protección del territorio, agua y modos de vida con enfoque de género.

La capacitación virtual también ha servido para compartir las diferentes experiencias de conflictos socio ambientales en el país, desde los aprendizajes y conocimientos en los territorios relacionados con la resistencia frente a la imposición de la minería y las luchas por proteger sus territorios, el agua y sus modos de vida. En ese línea, los participantes han planteado generar el debate sobre la nueva constitución y la necesidad de construir un gobierno desde las organizaciones de base, comunidades campesinas e indígenas, sindicatos, frentes de defensa y ciudadanía organizada en general, en pro de construir un proyecto de vida en común.

En ese sentido la participación de la mujer ha sido fundamental con más del 70% de lideresas que han logrado fortalecer sus capacidades para la defensa de sus derechos con el compromiso de incluir el enfoque de género en sus organizaciones y en la construcción de sus agendas e incidencia política.

Finalmente, los participantes han recomendado continuar con las capacitaciones presenciales en los propios territorios y de esta manera seguir fortaleciendo las capacidades de los líderes, dirigentes y poblaciones afectadas por la minería.

Perú ocupa el noveno lugar, entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo.

Defensores/as de derechos humanos y del ambiente del Perú se movilizan a Lima para exigir un alto a la violencia que sufren a diario

Las y los defensores denuncian que son intimidados, perseguidos, encarcelados, llevados a juicios y asesinados por defender territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, la selva, la flora y la fauna.

Durante el 2020, en plena pandemia, 6 defensores de la tierra y el ambiente fueron asesinados en el Perú, según registra el más reciente informe de Global Witness. Este informe señala que, a nivel global, 227 personas defensoras ambientales fueron asesinadas durante el 2020.  El Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo. En el documento, América Latina vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores ambientales.

Así mismo, los defensores y defensoras denuncian que en el Perú se vive una situación de criminalización del derecho a la protesta, en la que tanto la Policía como los órganos jurisdiccionales presentan denuncias e investigaciones contra los líderes sociales a fin de someterlos a largos y costosos procesos judiciales, instrumentalizando el derecho penal para desalentar la protesta y estigmatizar a los defensores.

En ese contexto, este 26 de octubre se llevará a cabo una primera reunión en la que se darán encuentro defensores y defensoras de Cusco, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Amazonas y Lima. En esta reunión se discutirá la pronta convocatoria al Primer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de todo el Perú, así como impulsar una campaña nacional que oriente acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea de batalla para proteger los recursos naturales de todas y todos los peruanos.

Realizarán Plantón frente al Ministerio de Justicia

Al día siguiente, este miércoles 27 de octubre a las 10am se realizará un plantón cultural frente al Ministerio de Justicia, donde se recreará el escenario de violencia a la que defensoras y defensores son sometidos por proteger la tierra. Conoce el evento aquí: https://fb.me/e/1iUskj78e

Campaña «Defensores y defensoras: Proteger a quienes nos protegen»

Esta campaña busca reconocer y reivindicar el papel de defensoras y defensores indígenas del Perú en la defensa de los derechos a la tierra. Las defensoras y defensores deben ser reconocidos como actores imprescindibles para la sociedad, en medio de nuestra lucha por
el cambio climático. Entérate más de la campaña: https://bit.ly/3G91KA8

Exigen implementación de Nuevo Protocolo para defensores

Por ello, pedimos al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto adecuado el nuevo Protocolo para defensores aprobado recientemente por el Ejecutivo, a fin de garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra. Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia para que se pueda prevenir y evitar la criminalización de la protesta.

Evento aquí: https://fb.me/e/1iUskj78e

Contacto de prensa: José Carlos Zúñiga: 927160871

 

 

Por: Beatriz Cortez Sánchez

Esta semana el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha publicado el documento sobre “La rentabilidad social” de la minería, donde establece una serie de criterios para su medición. Se señala que estos conceptos han sido expuestos en el libro: «¿Inversión extranjera = desarrollo?» de autoría del propio ministro Iván Merino publicado el 2003. El documento oficial del MINEM señala que “para que esas iniciativas (inversión privada) sean viables deben ofrecer rentabilidad económica al titular del proyecto y rentabilidad social al territorio donde se ejecutarán”, es de resaltar que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ya ha señalado en sus eventos públicos que ellos ya vienen aplicando el criterio de “rentabilidad social”.

En nota de prensa de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Magaly Bardales sostuvo que “la rentabilidad social ya forma parte de la actuación de las empresas mineras”. La SNMPE resalta especialmente que se tiene que “construir sobre lo ya avanzado”. La preocupación del principal gremio minero en el Perú es que la actual gestión del MINEM continúe con las reformas y ajustes logrados por influencia de ellos en los últimos años. Debemos recordar que el año pasado, 2020, en plena pandemia, producto del lobby minero se aprobó el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros  (Decreto Supremo N° 020-2020-EM)  y el Nuevo Reglamento de protección Ambiental para actividades de Exploración Minera (Decreto Supremo N° 019-2020-EM).

Ahora, con el documento sobre criterios de rentabilidad social publicado por el MINEM, se puede observar de manera muy preocupante, las coincidencias entre la propuesta del ministro Iván Merino y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

El documento señala 7 criterios para medir a rentabilidad social: 1) Dinamización de la economía, 2) Ingreso Nacional, Balanza Fiscal y Balanza de Pagos 3) Nivel y calidad de empleos y salarios 4) Infraestructura local y nacional 5) Tecnología, 6) Distribución del ingreso, estructura del status y poder y 7) Ecosistema y cultura. El documento no solo tiene inconsistencias y grandes vacíos de diagnóstico social, económico, cultural y ambiental, sino que además se omite el enfoque de derechos humanos y plantea una mirada asistencialista y privatista.

La CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) en su informe sobre “Empresas y Derechos Humanos” de 2019 ha señalado que los Estados deben conducir adecuadamente la realización de los derechos humanos, incluido el “derecho al desarrollo, (…) se  requerirá, fundamentalmente, empoderar a las personas y las comunidades como titulares de derechos, ponerlas al centro de cómo se concibe e implementa el desarrollo(…)» (pág. 35). Agregan que: el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un componente más para la realización del derecho al desarrollo y los derechos humanos en general; el derecho al desarrollo entonces permite observar cómo Estados y empresas cumplen sus obligaciones y si los procedimientos seguidos son coherentes con el marco de los derechos humanos.

Por ello creemos pertinente hacer algunos comentarios respecto a los criterios de viabilidad social y económica presentados por el MINEM, ya que estos criterios indefectiblemente deben estar vinculados también a la protección de los derechos humanos.

Comentarios y análisis del Documento de «Rentabilidad Social» del MINEM

Entre varios de los puntos más llamativos, el Eje de “Ecosistemas y culturas” no contiene ni un diagnóstico mínimo del impacto ambiental; solo se reduce a señalar “las modificaciones físicas en el medio ambiente, producto de la acción directa de los proyectos son relativamente fáciles de señalar y evaluar”. Hay un gran vacío en describir el relacionamiento del desarrollo económico local con las condiciones socio-ambientales del territorio. Aquí se omite variables claves como el impacto en la salud humana y ambiental. La rentabilidad social no puede omitir esto, teniendo en cuenta que uno de los principales impactos en la minera es la contaminación del ambiente y sus componentes debido a metales tóxicos.

Otro vacío transversal en el documento es que omite que los principales actores sociales en los territorios impactados por la actividad minera son las comunidades campesinas. En el documento publicado no se señala nada sobre los derechos de los pueblos indígenas, solo habla de “grupo de personas” o “grupos marginados o desplazados”. Se omite que el desarrollo de la economía local, está íntimamente vinculado a los valores culturales y sociales de los pueblos indígenas impactados y en general de las poblaciones asentadas en los diversos territorios. Además, es preocupante la mirada colonialista de creer que los actores sociales en el territorio son meros receptores de “conocimiento”, “capacitaciones” y/o “tecnologías” mineras. El Estado tiene que valorar las propias actividades productivas que ya desarrollan las comunidades y las diversas poblaciones en el país, no solo considerar la actividad minera como única actividad en el territorio impactado, creyendo sin sustento técnico que las empresas mineras podrán desarrollar importantes cadenas productivas a nivel local, porque en todos estos años no lo han logrado.

Por otro lado, el Eje «Empleos y salarios» se centra el análisis en la “productividad” de las empresas mineras por capacitación de “mano de obra”, más no señala nada sobre el estado actual de los derechos laborales y sindicales en el sector minero. Siendo los conflictos por condiciones laborales una problemática latente a nivel nacional. Esto sin entrar al detalle de que la minería no está dando la cantidad de empleos necesarios para generar mayor bienestar y sostenibilidad económica en los territorios donde ingresa.

En la última parte, que es la más importante del documento, se desarrollan 34 preguntas dirigidas especialmente a medir el relacionamiento o impacto económico-laboral de la empresa minera en el territorio. Pero es llamativo que se traten de preguntas para proyectos en funcionamiento, es decir cuando los impactos ya se están dando, y que casi en su totalidad estén formuladas para ser dirigidas al sector empresarial. ¿No se supone que son preguntas para evaluar la viabilidad de los proyectos futuros, de manera previa al funcionamiento de estos? ¿Cómo se puede analizar viabilidad social y económica con preguntas especialmente dirigidas al empresariado y no a las comunidades y poblaciones?

Las preguntas planteadas para evaluar la rentabilidad social están dejando de lado a actores claves en los territorios, además que omiten el enfoque de derechos humanos, solo una de las preguntas hace una referencia muy vaga a normas de la OIT (Organización internacional del Trabajo), pero también tenemos otro tipo de derechos conexos e interrelacionados, de mucha relevancia, como el derecho al agua, la salud, el ambiente, educación, alimentación, vivienda, entre otros.

El desarrollo no puede seguir siendo medido solo en términos planteados por los grandes inversionistas, sin analizar en concreto las amplias necesidades de la población y comunidades. El gobierno de Pedro Castillo no debe olvidar que tiene un mandato para generar cambios a favor de la vida y la economía del pueblo: para esto el Estado debe reforzar su rol como garante de derechos y regulador económico. Esto es: lograr que las políticas de producción económica sean acordes a la promoción y protección derechos humanos, especialmente los derechos sociales. 

 

Desde el mes de julio la Red Muqui Sur integrado por APRODEH, IDECA, DHSF y la Universidad Tecnológica de los Andes y la Universidad Nacional del Altiplano, vienen desarrollando talleres de fortalecimiento en el marco de la “Escuela de Formación en Derechos Humanos para Jóvenes Abogados (as) y Defensoras (es) del Sur Andino”. La escuela tiene como objetivo fortalecer la formación de estudiantes y egresados de la carrera profesional de derecho, abogados (as) jóvenes y activistas de las regiones de Cusco, Apurímac y Puno, en materia de derechos humanos y la defensa en contexto de conflictos eco-territoriales; bajos los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. Con ello se busca que los participantes puedan tener una reflexión crítica del derecho y del contexto extractivista y de conflictos socio ambientales, que caracteriza al sur andino. 

Los temas que se han ido desarrollando hasta el momento son: los derechos humanos y la justicia intercultural en el contexto global post pandemia, el litigio estratégico y defensa de los derechos de los pueblos originarios, derecho a la protesta y criminalización de defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales y el análisis de casos emblemáticos en materia del derecho a la protesta social. El desarrollo de los temas ha estado a cargo de abogados y abogadas de amplia experiencia en la defensa de derechos humanos y colectivos en el Sur Andino. 

A lo largo de los talleres los abogados (as) jóvenes han compartido casos y problemáticas minero ambientales, presentes en sus regiones. Esto ha aportado aún desarrollo más reflexivo de los temas, involucrándolos activamente. Al concluir la escuela se espera que los abogados (as) presentarán artículos, que analizarán las principales problemáticas de sus regiones planteando alternativas de solución, a partir de los aprendizajes y reflexiones de la escuela. 

Este próximo viernes 24 y sábado 25 de setiembre, en la ciudad de Cusco, se desarrollará el último taller, concluyéndose así con este proceso de fortalecimiento.

Esta escuela ha sido un esfuerzo colectivo de todos los miembros de la Red Muqui Sur, quienes han apostado por contribuir en la formación de jóvenes abogados del Sur Andino; y así apoyar en la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los derechos colectivos de las comunidades campesinas (pueblos indígenas u originarios) afectadas por proyectos mineros.

El último miércoles 15 de setiembre se realizó el foro “Protección de defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Recomendaciones para Perú” organizado por la Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras; FEDEPAZ; Peru Support Group; y CAFOD. El evento tenía como objetivo la discusión sobre las principales tendencias y factores estructurales que permiten el aumento de la vulnerabilidad y riesgos de las personas defensoras en el Perú, además de informar sobre los hallazgos del informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común”.

Por esa razón, se contó con la participación de panelistas de diferentes organismos públicos y privados para generar una discusión desde diferentes visiones y generar las mejores recomendaciones para apoyar el trabajo de las y los defensores en el Perú. En el foro participaron la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor; Vincent Ringenberg, Encargado de Negocios de la Unión Europea en Perú; Kate Harrisson, Embajadora del Reino Unido en el Perú, además de representantes del Congreso y el Ministerio de Justicia.

Luego de la presentación del evento realizada por Jaime Borda, Secretario General de Red Muqui, comenzó la participación de la embajadora Kate Harrisson quien señaló que la mayoría de los conflictos que se registran en el Perú son conflictos socioambientales, es decir que se generan a partir de la afectación de un recurso natural en la zona, lo cual también genera impactos negativos en las comunidades cercanas. Además, comentó que, si bien el trabajo que realizan las empresas pueden generar impactos positivos, no se debe dejar de lado el deber que tienen de trabajar sin vulnerar los derechos de las poblaciones indígenas, ni de las personas defensoras ambientales, lo cual es una problemática constante en el país. Sobre lo último, la Embajadora del Reino Unido en el Perú, informa un dato alarmante, y es que “entre el 2020 y el presente, en el país ha habido al menos 10 defensores ambientales que han perdido la vida” buscando defender sus derechos y los del medio ambiente. Por esa razón, como comenta Kate Harrisson, es crucial “fortalecer el apoyo legal de las personas defensoras para que puedan denunciar crímenes en su contra”.

Constantemente, las personas defensoras de diferentes regiones del país sufren de amenazas, estigmatización, criminalización y ataques lo cual afecta sus derechos y su labor de defensa de la tierra y el medio ambiente. Frente a esto, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, señaló que hay una extrema inseguridad de las personas defensoras, ya que no se sienten protegidas ni ellas ni sus familias, y esto se refleja en el informe regional de CAFOD: “Proteger Nuestra Casa Común”, presentado en el foro. Informa también que “los riesgos que enfrentan los defensores han subido durante la pandemia, por actividades contra el ambiente legales e ilegales, y por acceso a la tierra”. En cuanto a la inseguridad con la que viven las personas defensoras, comenta que esto se le asocia también al fracaso del sistema de justicia, que no brinda una respuesta a los pedidos de protección ni una solución concreta a la problemática.

Continuando con los resultados obtenidos por el informe realizado por CAFOD, Emily Mulville, representante de la misma organización, completando la información de las anteriores panelistas, señala que el Perú es uno de los países más peligrosos para la defensa del medioambiente, la realidad comprobada en los estudios y datos sobre la problemática que sufren las personas defensoras, “es escandalosa e inadmisible”. Informa, además, que es debido a que existen fuerzas políticas que tienen como objetivo apoderarse de las tierras que se generan los ataques a los defensores y los impactos negativos al medio ambiente. 

Por esa razón, David Velazco, abogado perteneciente a la organización FEDEPAZ, comenta que es fundamental que se reconozca la importancia de la labor de las personas defensoras ambientales en la sociedad, para que se genere un respaldo social, y en el Estado peruano de manera que “integre mecanismos de protección preventivos ante posibles amenazas”. Sin embargo, la atención que brinda el Estado a la problemática a través del diseño de mecanismos de protección es aún insuficiente, lo cual genera que las personas defensoras sigan siendo criminalizadas y se vean obligadas a refugiarse en los Derechos Humanos, establecidos por la ONU, como señala Hilda Torocahua, defensora de Valle del Tambo.

En el foro también se contó con la participación de la congresista Ruth Luque y de Guillermo Vargas, Viceministro de DDHH y Acceso a la Justicia del  MINJUS, con el objetivo de conocer los retos que se plantean desde el Estado para apoyar el trabajo de las personas defensoras y proteger sus derechos. Ruth Luque señaló que existen aspectos estructurales que el Estado debe cambiar para que se priorice la integridad de las personas defensoras y de las comunidades, de manera que, además, se legitime su rol y labor. Para lograr esto, el sistema normativo debe tomar en cuenta las necesidades de los defensores y que el sistema funcione en favor de ellos y ellas, los cuales son, constantemente, asediados por la minería ilegal.

Guillermo Vargas, reconoce la importancia de que el Estado priorice la atención de la situación de vulnerabilidad en la que viven las personas defensoras. Por esa razón, comenta que el 22 de abril del presente año, se aprobó el mecanismo intersectorial para la prevención de las situaciones de riesgo, en favor de los defensores ambientales.

Si bien se ha habido un avance a nivel normativo para la protección de los/las defensores, aún hay retos que cumplir para que las personas defensoras puedan realizar su labor en espacios seguros. Por esa razón, como señala Guillermo Vargas, “solo el compromiso del Estado en conjunto y de todos los actores permitirá que sigamos contribuyendo a la defensa de las personas defensoras del ambiente”.

Sin embargo, para brindar una solución concreta a la problemática, es importante que todos los actores sociales estén involucrados en esto, no solo la sociedad civil y el Estado. Velazco señala que es importante que las empresas evidencien su compromiso con las personas defensoras y no elaboren proyectos que generan impactos negativos en el ambiente, de manera que se pueden prevenir las consecuencias negativas que afectan también a las poblaciones cercanas a la zona.

En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el último sábado 21 de agosto se realizó un proceso de diálogo en la comunidad de Cancahuani del distrito de Capaccmarca, entre las 7 comunidades originarias de la provincia de Chumbivilcas, autoridades de gobierno, y representantes de la empresa minera Las Bambas. Esta reunión representó una reunión preparatoria entre este sector de la población y la comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para instalar la mesa de diálogo que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de agosto.

Si bien, como lo informó Red Muqui [ver nota], las comunidades esperaban la presencia del presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, en la reunión preparatoria, esta no se dio. Sin embargo, desde la PCM, se comunicó que Bellido estará en la mesa de diálogo del 28 de agosto en la comunidad de Huininquiri.

Luego de aproximadamente 6 horas de discusión en la reunión preparatoria, los representantes de las ocho comunidades quechuas presentes y del Ejecutivo, acordaron la conformación de cuatro subcomisiones de trabajo para atender las demandas de las comunidades en torno al corredor minero

Antecedentes

Recordemos que el 23 de julio del presente año, las comunidades de Chumbivilcas iniciaron un bloqueo de la vía y protestas para reclamar la Nulidad de la R.M. N° 372-2018-MTC, que usurpa los terrenos y declara como Vía Nacional las carreteras comunales. Por estas vías re-categorizadas como vías nacionales, transitan vehículos que ocasionan -en diferentes grados- contaminación sonora y del aire, el agua y los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Colquemarca, tal como lo señala el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el 2019.

De esta manera, además de la nulidad de la norma, las comunidades exigen a la empresa minera el pago de indemnizaciones justas por sus tierras y ser proveedoras de servicios de la minera para que pueda aportar a la economía local de las comunidades.

4 comisiones de trabajo

Una de las cuatro comisiones de trabajo que se definieron en la reunión del sábado 21, fue el 1er subgrupo de trabajo, presidido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que se encargará de analizar la nulidad de la RM N° 372-2018-MTC, la cual, como se mencionó antes, autorizó crear una ruta nacional en sus territorios sin mínimamente implementar la consulta previa.

El subgrupo 2, presidido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), se dedicará a evaluar las afectaciones ambientales y a analizar las posibles compensaciones e indemnizaciones de las 7 comunidades. 

Por otro lado, el subgrupo 3, presidido por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción y la empresa minera Las Bambas, se encargará de promover que las comunidades tengan la posibilidad de convertirse en proveedores de bienes y servicios e integrar a la cadena de valor de la empresa minera. 

Finalmente, el subgrupo 4, presidido por el Ministerio de Justicia (MINJUS), será el responsable de recoger las situaciones de criminalización de la protesta, procesos judiciales contra dirigentes y afectaciones a los derechos humanos.

Estos 4 subgrupos serán parte de la instalación de la mesa de diálogo el próximo 28 de agosto con la presencia del presidente de la PCM, Guido Bellido. Estas acciones de parte del gobierno son fruto de la protesta de las comunidades retomada el 16 de agosto, que, al no ver que la PCM implementaba la mesa de diálogo y no contestaba las llamadas ni cartas – enviada el 9 de agosto -, decidieron hacer un llamado de atención. La mesa de diálogo debió instalarse el 11 de agosto, tal como lo había prometido el premier Guido Bellido el 2 de agosto. 

Por: Juan Aste Daffós

El discurso inaugural del presidente Pedro Castillo el 28 de julio 2021 logró calmar a los empresarios y a la gente al plantear la consolidación y mejora de la actual política de salud, la reanudación de las clases presenciales en el 2022, y la pronta reactivación de la economía a fin de recuperar el empleo perdido mediante el impulso de la inversión pública, las facilidades para reprogramar las deudas, obtener créditos para el agro, las pymes, el turismo y el transporte, además de un bono de 700 soles a cada familia vulnerable.

Sin embargo, en el discurso, el eje estratégico de la economía está centrado en la profundización del extractivismo minero, con una gestión ambiental muy permisiva. Las economías de Bolivia con gobiernos de izquierda como el de Evo Morales y Luis Arce ahora, y la de Ecuador con Rafael Correa y Guillermo Lasso han hecho lo mismo.

Así, para el gobierno de Castillo: “los proyectos mineros van” si cumplen con el criterio de la rentabilidad social, es decir, si se comprometen en generar mayores ingresos y empleo dinamizando las economías locales, por lo que la licencia social, manifestada en la consulta a las poblaciones locales involucradas, es dejada de lado, o se aplica tal como ahora, en que se consulta la resolución administrativa que aprueba los estudios de impacto ambiental o las modificaciones a este.

Cuando el presidente Castillo nos dice que la rentabilidad social se considera superior a la licencia social, es decir, al derecho a la consulta de las poblaciones locales, está otorgando la prioridad a los proyectos mineros porque supuestamente generarán los recursos estatales necesarios para financiar proyectos de inversión pública en salud, educación, en el agro y otras actividades. Pero, sin diagnóstico de la minería y con un enfoque fundamentalmente económico y subordinado a lo que decida el Estado en los territorios, quedan de lado las alternativas de vida de las poblaciones locales, y ello es solo garantía de mayores conflictos socioambientales.

El discurso de Castillo refuerza el criterio de la rentabilidad social, cuando para promover los proyectos de inversión, sostiene que “Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica, y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente.” Y a nivel territorial, ocurre igual cuando afirma que se debe poner orden en la minería “sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto”.

Asimismo, cuando el presidente Castillo asume el criterio de la rentabilidad social como “una nueva forma de hacer proyectos en el Perú”, coincide con la propuesta del “Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (ICDMS) de la PCM (feb 2020) del gobierno de Vizcarra, avalada por la Sociedad Nacional de Minería, que para enfrentar el fracaso histórico estructural del perjuicio y empobrecimiento de las poblaciones del entorno de los proyectos mineros, y lograr el apoyo social al proyecto minero, propone la “construcción del entorno social favorable a cada proyecto”.

Esta propuesta consiste en que la inversión minera implemente un plan piloto y luego uno de mediano plazo del llamado “Plan de Desarrollo Territorial, Sostenible e Integrado” con la participación del gobierno nacional, el gobierno regional, las municipalidades, las empresas y la sociedad civil en cada lugar del entorno de un proyecto minero, señalando que la consulta no es vinculante. Se trata de ofrecer apoyo en la elaboración de planes de desarrollo y recursos económicos a cambio de aprobar un proyecto minero, pero incluso en esta opción, las empresas incumplen los acuerdos una vez que las operaciones se inician, generándose nuevos conflictos.

Los puntos propuestos por el presidente Castillo que aportan, aunque parcialmente, están referidos a la urgente necesidad del reconocimiento de las comunidades indígenas para hacer valer sus derechos amparados en el convenio 169 de la OIT. También se hace una mención indirecta a la consulta cuando al referirse a la toma de decisiones de la mayor importancia, solo se afirma débilmente que “se consideren las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano.”

Respecto a la gestión ambiental, se señala la creación de instrumentos, cuando en realidad se trata de darle continuidad al Plan Nacional Actualizado del Convenio de Estocolmo pre publicado el 23 dic 2019 y a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y el Plan de Acción 2014 al 2018 -editado en nov del 2014-, ambos publicados por el MINAM, más el «Plan de Atención lntegral de Salud a las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas aprobado por ESSALUD el 31 enero 2020.

El gobierno de Castillo plantea abordar la demanda por adecuar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de agua, aire y suelo, existiendo además los de ruido, gestión de sitios contaminados y relaciones no ionizantes, frente a la desregulación aplicada desde el 2013 por el MINAM, que ha hecho más permisivos los ECA de agua, como el de “riego de vegetales y bebida de animales”, y el de aire, como el dióxido de azufre. Se sabe que la actividad minera siempre contamina las cuencas donde se ubican sus diferentes componentes que emanan gases, partículas y efluentes, generando degradación irreversible sobre los ecosistemas, razón por la cual la minería no es sostenible.

Existen varias propuestas de Ley de Ordenamiento Territorial en el Congreso de la República, y el gobierno de Castillo ha asumido el reto de darle continuidad a lo que ya está en curso. Sin embargo, un avance en esta dirección es darle el carácter de vinculante a las consultas vecinales realizadas, por ejemplo, en el valle de Tambo (Tía María en Arequipa), en el valle de San Lorenzo (Tambogrande en Piura) y en las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta (Huancabamba y Ayabaca, Piura), y no permitir que se siga generando incertidumbre, estrés y más muertes en estas poblaciones locales. Sin embargo, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, dejó abierta la posibilidad que Tía María opere, al declarar el primer día de su gestión: “la población que no le ha dado la licencia social. Si ellos resuelven ese tema, el proyecto iría».

A contracorriente del deseo manifiesto de las empresas mineras de eliminar el financiamiento del OEFA para evitar la determinación de las infracciones ambientales y luego aplicar las multas, el gobierno de Castillo ha propuesto eliminar las trabas que impiden el cobro de dichas infracciones ambientales, las cuales deben utilizarse para fortalecer la gestión pública ambiental.

El gran vacío en el discurso del presidente Castillo ha sido el enfoque territorial y participativo de la gestión pública, y dentro de este el tema de la gestión del agua y su relación con la actividad minera, por ejemplo, en la determinación de las fuentes hídricas por las propias empresas mineras y su uso en perjuicio de las comunidades y poblaciones locales. Así, el rol, las normas y las acciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben adecuarse para proteger las cuencas y los territorios de las comunidades frente al alto riesgo del impacto de la minería, así como, se requiere la aprobación de una ley que institucionalice la vigilancia y el monitoreo ambiental realizado por las comunidades y organizaciones sociales de las áreas urbanas, complementariamente a la labor del OEFA, ANA, DIGESA, SENASA y otras.

También estuvo ausente la necesidad de avanzar en la descentralización de la gestión ambiental, en particular de los conflictos mineros, que representan más de las dos terceras partes del total de conflictos socioambientales, habiendo estado activo el conflicto de Las Bambas. Así también, llama la atención en el discurso el vacío respecto a la necesidad de modificar normas y conductas de los representantes del Estado para garantizar los derechos de las comunidades y poblaciones locales frente a la criminalización de la protesta social.