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EN PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS
• Consultoría financiada por Newmont señala que no existen pruebas concretas en contra de Yanacocha pese a medida cautelar de la CIDH
• Se concluye que empresa minera no persistió en mantener diálogo continuo con la familia Chaupe

RED MUQUI advirtió que en los resultados del Informe “independiente” de la consultora RESOLVE*, que fue encargado y financiado por la trasnacional minera Newmont, se ignoran las pruebas que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir la medida cautelar (Nº 452-11), que obliga al Estado Peruano proteger y garantizar la vida e integridad personal de la familia Chaupe Acuña.

Entre los hallazgos que la Misión Independiente de Constatación de los hechos de Yanacocharecogió entre agosto de 2015 y marzo de 2016, no se consideran los elementos de prueba que se presentó ante la CIDH, y más bien concluye que no existen pruebas concretas de violaciones de derechos humanos por parte de la minera Yanacocha.

“Es incoherente desconocer como hallazgo importante a la medida cautela que la CIDH dictó en este caso. El informe encargado por Newmont también olvidadó que hace unos meses, el propio Estado le otorgó garantías a Máxima y su familia; además tampoco menciona que la medida cautelar todavía requiere ser debidamente implementada por el Estado. Todo esto surge a raíz de las agresiones e incursiones realizadas por la empresa en los cultivos de Máxima Chaupe y su familia”, recordó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de RED MUQUI.

En ese sentido RED MUQUI cuestionó los criterios para establecer violaciones a los derechos humanos, de quienes elaboraron el Informe Tragadero Grande: Tierra, derechos humanos y normas internacionales en el conflicto entre la familia Chaupe y Minera Yanacocha(YIFFM, por sus siglas en inglés).

¿Por qué un informe?

En mayo de 2015, Newmont le encargó a esta misión examinar el conflicto que generó tras la disputa que mantienen con la familia Chaupe, por la posesión de la parcela de tierra denominada “Tragadero Grande” (Ubicada dentro de la Comunidad Campesina de Sorochuco).

Según señala la trasnacional –accionista mayoritaria de Yanacocha– decidieron contratar la elaboración de este informe ante las “persistentes acusaciones por parte de la familia y de ONGs locales, nacionales e internacionales, hacia Minera Yanacocha, por haber estado implicada en violaciones de derechos humanos, como parte de la disputa de tierras”.

Es así que encargaron le encargaron a Tim Martin (ex embajador de Canadá), liderar esta Misión que tuvo como labor, examinar tres aristas del problema: el proceso de adquisición de tierras por parte de Minera Yanacocha, las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas contra la familia Chaupe y el cumplimiento de Minera Yanacocha de las políticas y normas internacionales propias de Newmont.

La Misión insiste en que no tuvo por objeto llegar a una conclusión sobre la validez de los derechos de posesión, ni ofrecer una resolución legal respecto a potenciales violaciones de derechos humanos, ya que todo esto solo puede ser determinado por cortes judiciales o acuerdos negociados entre las partes. “La misión no es una investigación judicial. La información recogida no va a reunir los estándares para constituir evidencia judicial. No tiene como fin afectar procesos judiciales”, aclaró RESOLVE.

Vulneración de derechos

En este rubro, el informe de la Misión concluye que Yanacocha no realizó una adecuada diligencia en materia de derechos humanos, lo cual representa uno de los factores que contribuyó a una situación en la que los derechos humanos de la familia se pusieron en riesgo durante este conflicto. Pero en otra conclusión, el informe señala que no existe evidencia concluyente de que Minera Yanacocha cometiera “violaciones de derechos humanos”.

Adquisición de tierras

Respecto a este punto, el informe YIFFM, deja en el aire la información sobre la venta previa de los derechos de posesión de Tragadero Grande, ya que se realizó en la década de los 90 (1996 y 1997), por lo que resulta es compleja y no concluyente.

Asimismo, RESOLVE puntualiza que el proceso general de adquisición de tierras desde Yanacocha fue razonable. No obstante, para RED MUQUI, en el informe no se muestra de qué manera se llevó a cabo el proceso de transferencia de tierras a la empresa por parte de la Comunidad Campesina de Sorochuco; si la decisión fue tomada en Asamblea Comunal en un día y hora determinados, con votación de los comuneros calificados y que estaban en el padrón comunal; o si Yanacocha brindó información suficiente a dicha comunidad para que tome una decisión adecuada (de venta), entre otras cuestiones.

“No está claro cómo es que la Comunidad Campesina decidió acordar la venta. RESOLVE solo muestra como hallazgo, la declaración del Presidente de la Comunidad y con ello no se puede definir la legalidad y legitimidad del proceso”, acotó Jahncke Benavente.

Cumplimiento de estándares Newmont

Cabe remarcar que Newmont es miembro fundador del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) cuyos lineamientos corporativos se basan en Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas (UNGP, por sus siglas en inglés) y los Principios Voluntarios. Algo que los realizadores del informe, reconocen.

«Los requisitos de las políticas internacionales y de Newmont para el diálogo en la solución de controversias no se satisficieron en el caso Chaupe. Ha habido un retraso para encontrar un camino a la solución debido a una estrategia que priorizó el litigio sobre el diálogo”, puntualizan.

Asimismo, el informe señala la falta de una evaluación de riesgos específica para el caso (con los Chaupe Acuña), un análisis sobre las causas del conflicto y una investigación integral de los asuntos de seguridad.

Respuesta de la minera

El vicepresidente, gerente general y Asuntos Corporativos de Yanacocha, Javier Velarde, insistió en que la empresa minera ha buscado permanente un diálogo con los Chaupe Acuña, sin embargo, se perpetró otro ataque contra Máxima Acuña, y su esposo Jaime, el último 18 de setiembre. Velarde tomó el informe pagado por Newmont como otro punto de vista sobre el problema.

“Algunas de las conclusiones del informe no corresponden con nuestra visión del conflicto, pero reconocemos que debemos estar abiertos a comprender todos los puntos de vista involucrados, para superar el estancamiento actual. Confiamos en que este proceso –que ha durado un año y medio– y el informe final abrirán caminos para iniciar un diálogo con la familia Chaupe, el que hemos estado buscando desde hace unos meses para resolver finalmente la disputa con Yanacocha”, indicó.

DATOS:

  • *El recojo de información y realización del informe fue supervisado RESOLVE, organización sin fines de lucro dedicada a la construcción del consenso multisectorial. Newmont financió las actividades de la Misión con todos los fondos del proyecto transferidos a RESOLVE.
  • El equipo de la misión estuvo compuesto por las siguientes personas: Tim Martin, Director; Myriam Montalvo-Méndez, y Miguel Cervantes Rodríguez, miembros del equipo; Dana Goodson, Asesora en Políticas.
  • La adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido durante más de 30 años un mecanismo para la defensa preventiva de violaciones a los derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
  • Newmont es un productor líder de oro y cobre, cuyas operaciones se realizan principalmente en los Estados Unidos, Australia, Ghana, Perú, Indonesia y Surinam.

Fuente: Informe Yanacocha Independent Fact Finding Mission / RESOLVE / Yanacocha.com

Foto: Gabriela Delgado RED MUQUI / eltecolote.org / lamula.pe 

EN FERIA INFORMATIVA

La RED MUQUI junto con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), participó en la “Feria informativa sobre Derechos Humanos” que organizó la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) que forma parte de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú (CRP).

En este encuentro, que se llevó a cabo el jueves 26 de mayo en el Colegio de Jesús (Pueblo Libre), participaron alrededor de 60 personas, entre religiosas y religiosos, laicas y laicos, que se identifican y conocen los grandes ejes problemáticos del país como: Industria extractivas, Economía ilegal, Migrantes y Trata de personas, Cambio Climático, Corrupción, Ideologías, etc.

El objetivo de esta Feria de organizaciones e instituciones, fue articular posibles trabajos o apoyos en común, así como dar a conocer a los religiosos y laicos, el trabajo que estas organizaciones realizan en distintas parte del Perú, y muchas veces de la mano con instituciones de la iglesia; tal como es el caso de la RED MUQUI que además de CEAS, tiene entre sus miembros a la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) de La Libertad, el Centro Pastoral de Diócesis de Chulucanas (Piura), la Pastoral de la Dignidad Humana Arzobispado de Huancayo (PASSDIH) de Junín, la Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén (Cajamarca) y la Vicaría de la Pastoral Minera de Pasco.

 

Es así que los religiosos y laicos invitados por la Comisión DDHH/JPIC se pasearon por diferentes estantes para intercambiar experiencias con las organizaciones, además de recibir informes y publicaciones de las organizaciones de la Sociedad Civil que se hicieron presentes con sus respectivos materiales: Red Pan-amazónica, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Observatorio de los Jesuitas, CEAS, Instituto Bartolomé de la Casas, RED KAWSAY, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Cáritas Perú, la Mesa de Lucha contra la Pobreza , Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDHEP), Movimiento Peruano “Para que no se repita” (PQNSR), RED MUQUI, Religiosos y religiosas en la ONU, y otras agencias internacionales.

DATO:

  • La Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú (CRP), decidió que es oportuno contar con un espacio de formación en temas sociales, a raíz del Seminario Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación que fue impulsado por la Conferencia Latinoamericana de Religiosas/os (CLAR), en noviembre del año 2014. Es así que la CRP decidió crear la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Justicia, Paz e integración (DDHH/JPIC)

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

EN FORO PARLAMENTARIO

A través del Foro: La agenda parlamentaria frente a las industrias extractivas y los conflictos socioambientales, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) generó un espacio de diálogo alrededor de una mesa compuesta de representantes parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, a fin de evaluar conjuntamente las propuestas y perspectivas sobre la regulación y el impacto de las inversiones extractivas en el Perú incidiendo en la  promoción de  propuestas favorables  respeto a los derechos humanos, territoriales y ambientales.

Los congresistas electos de Acción Popular, Miguel Román; de Peruanos Por el Kambio, Gino Costa, y del Frente Amplio, Humberto Morales, dieron a conocer las propuestas de sus respectivos partidos, así como el impulso que darán, desde el Congreso, a problemáticas en torno a: Ordenamiento territorial, Consulta Previa, Fortalecimiento ambiental y Gestión de conflictos sociales. En este encuentro el partido de Fuerza Popular decidió no participar.

Consulta previa, conflictos sociales y diálogo pendiente

RED MUQUI y CooperAcción participaron como panelistas y expusieron la situación actual de la conflictividad social y la consulta previa ante los nuevos parlamentarios.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de la RED MUQUI, se refirió a los mecanismos de toma de decisión que no involucran a gobiernos regionales, ni locales, pese a que estos tienen competencias en planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ya que las concesiones están por encima. De igual modo Jahncke indicó que un proceso de concesión no se puede afirmar que exista una verdadera participación ciudadana que otorgue una licencia social. «Las audiencias públicas que se llevan a cabo con la población se orientan solamente a informar a la población sobre el proyecto, es decir, solo se cumple un ‘mero requisito administrativo’ para dar luz verde a la concesión del proyecto», remarcó.

Como parte de esa problemática, Jahncke comentó a los congresistas electos que en el sector minería solo se han llevado a cabo tres procesos de consulta previa debido a esta lógica de “informar a la población en audiencias públicas”. El secretario de la RED MUQUI puntualizó que muchas de las empresas no reconocen la presencia de pueblos indígenas debido a que no existe una base de datos adecuada desde el Ministerio de Cultura, que además no es constitutiva de derechos.

Por su parte, Ana Leyva, Directora Ejecutiva de CooperAcción, indicó a los candidatos que los conflictos sociales deben ser entendidos de una manera multidimensional y que las demandas de las poblaciones afectadas por megaproyectos, no necesariamente son económicas. En ese sentido, Leyva remarcó la necesidad de establecer una tipología de conflictos, ya que no todos se dan por un afán de resistencia, sino de convivencia con la empresa. Una tipología permite un tratamiento diferenciado para poder lograr un mejor entendimiento y resolución del mismo.

Como asesora de las comunidades en la Mesa de Trabajo de Cotabambas (Apurímac), Ana Leyva aseguró que el carácter de estas mesas, son de negociación mas no de diálogo, lo cual conlleva a una lucha por anteponer intereses de la inversión a las demandas de quienes se sienten afectados, en este caso por el proyecto minero Las Bambas. “No hay un búsqueda por establecer nuevas relaciones de confianza duraderas entre la empresa y la población, sino de aminorar el problema”, señaló.

Propuestas a impulsar

Para el congresista electo, Miguel Román de Acción Popular, en un escenario de conflictividad social sería necesario paralizar las operaciones de un proyecto hasta que se le explique a la población sobre los beneficios. Este proceso, según dijo, debería ser por tiempo indeterminado hasta el momento en que las comunidades den su aprobación, de ser necesario a través de una consulta previa.

Gino Costa de Peruanos Por el Kambio puntualizó que su partido tiene en propuesta la creación de un sistema nacional de prevención y gestión pacífica de conflictos sociales, en el cual la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, funcionaría como secretaría técnica. Costa también comentó que se reactivaría la procuraduría del orden público dentro del Ministerio del Interior, con el fin de identificar los actores que incitan a la violencia y al desorden público para que puedan ser llevados a la justicia con celeridad.

A su turno, Humberto Morales del Frente Amplio, manifestó que no se puede negar que la conflictividad social se da a causa de un tema ideológico, como es el del buen vivir y otras formas de entender el uso de los recursos naturales. Morales resaltó la necesidad de contar con una ley de Ordenamiento Territorial en el que las Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) sea vinculante para gestionar el buen uso del territorio, además de una ley de protección de cabeceras de cuencas. Con el cumplimiento adecuado de ambas normativas podrían evitarse muchos de los conflictos sociales, anotó.

 

Fotos / Videos: Comunicaciones RED MUQUI

EN ÚLTIMO INFORME

  • Informe sobre impactos de la minería canadiense que RED MUQUI presentó ante la CIDH, impulsó parte de esta publicación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo», documento que recomienda a los Estados miembros desarrollar políticas de prevención eventuales violaciones a los derechos humanos, a través de marcos normativos.

Las actividades extractivas y de desarrollo, que van en aumento en la región, son generalmente implementadas en áreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales, y que en su mayoría, coinciden con los territorios que son ocupados históricamente por los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes.

Es por ello que en este documento se destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano que son aplicables a este tema.

“Los Estados receptores deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a los derechos humanos que resulten de la ejecución de estos proyectos. Asimismo, deben cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, mediante la adopción de políticas, legislación y regulaciones adecuadas, y la garantía de un efectivo acceso a la justicia”, indica.

Una de las obligaciones más destacadas en su informe, constituye el deber de prevención de violaciones a los derechos humanos, es decir, desde antes de autorizar una actividad y otorgar permisos, así como durante la implementación y el ciclo de vida del proyecto bajo examen mediante medidas de supervisión y fiscalización.

“Esta obligación incluye la necesidad de evaluar eficazmente los riesgos a los derechos humanos internacionalmente reconocidos inherentes a la operación de actividades extractivas y de desarrollo antes de que sean autorizadas”, señala en la presentación del documento.

Asimismo, la CIDH resalta la obligación de adoptar un marco regulatorio apropiado para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos que contemple de forma adecuada la operación de compañías extranjeras en la jurisdicción de un Estado, con un enfoque extraterritorial de los derechos humanos.

“Dicha obligación también incluye el deber fundamental de consultar a pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes que pueden verse afectadas; la garantía de mecanismos de participación efectiva y de un adecuado acceso a información facilitadora del ejercicio de derechos; la obligación de supervisar y fiscalizar  las actividades de las empresas y otros actores no estatales”, remarca.

Además, también contempla como obligación de los Estados miembros, el deber de prevenir actividades ilegales y otras formas de violencia; así como medidas para asegurar un adecuado acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y reparación plena de las violaciones de derechos humanos en estos contextos.

Todo esto alcanza a grupos específicos como: líderes, autoridades y defensores indígenas o afro descendientes, mujeres,  niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Recomendaciones

El informe concluye con una lista de recomendaciones prácticas que procuran promover que los Estados desarrollen un marco normativo y regulatorio adecuado para que puedan cumplir con su obligación de actuar con debida diligencia, adoptando medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia en este ámbito.

La Comisión insiste de forma particular en la necesidad de adoptar e implementar legislación doméstica para proteger los derechos humanos y el establecimiento de sistemas de monitoreo, control y supervisión de las actividades de compañías extractivas y de desarrollo. El informe incluye recomendaciones orientadas hacia los Estados receptores (donde se ejecuta el proyecto) y los de origen (donde tiene sede la empresa).

Si bien, la CIDH no desalienta estos proyectos y reconoce la importancia que pueden tener para la prosperidad económica de los países de América, y desarrolla cuáles son las obligaciones que los Estados miembro tienen con miras a garantizar que el desarrollo no se realice a expensas de los derechos humanos fundamentales de las comunidades indígenas y afro descendientes.

Antecedentes

Cabe recordar que en el año 2013, en una audiencia pública de la CIDH, RED MUQUI y sus miembros presentaron el documento «El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá», el cual presenta cinco casos sobre los impactos de la minería canadiense.

En este informe, se plantó ante la CIDH, la necesidad de establecer responsabilidad en los países de origen de las empresas mineras que generan un fuerte impacto ambiental generan en los países donde realizan explotación de minerales.

Como consecuencia, la relatora sobre pueblos indígenas de la CIDH, Ann Marie Antoine, visitó Lima y planteó que la instancia que ella presidía emita un informe sobre la situación de los pueblos indígenas frente a las industrias extractivas.

Precisamente, este informe tiene como antecedente, la acción de incidencia ante la CIDH por parte de la RED MUQUI como contribución a este proceso a nivel de América Latina.

A leer el informe: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf

DATOS:

  • La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  • La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
  • La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Foto: Portada del informe CIDH «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo»

TRAS ASESINATO DE LÍDER INDÍGENA

Diversas organizaciones civiles comprometidas con la lucha por el pleno respeto, igualdad y vigencia de los Derechos Humanos en Latinoamérica y en el mundo, se dirigieron al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para pedir que se haga justicia y resuelva el caso el asesinato de la líder indígena, Berta Cáceres, quien fue acribillada en su casa, el último 3 de marzo.

Asimismo, la Sociedad Civil peruana recomendó al Estado de Honduras a brindar oportuna y efectiva protección a la familia de la fallecida lideresa y Coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras – COPINH. De igual modo, se le pidió al mandatario Hernández a extender dicha protección a la comunidad que Berta pertenecía, así como a sus demás colegas defensores de derechos humanos; ello apelando al cumplimiento de la propia Constitución hondureña.

“Solicitamos por vuestro intermedio al Gobierno de la República de Honduras, para que se adopten las disposiciones necesarias para iniciar una inmediata investigación, de manera exhaustiva, independiente e imparcial a fin de determinar la responsabilidad de los hechos y se sancione a los culpables, a efectos de que no prevalezca la impunidad por tan execrable delito”, indicó la Sociedad Civil peruana.

De igual modo, se le recordó al presidente Hernández y a su consejo de ministros –al que también se le remitió una carta- que Berta Cáceres contaba con Medidas Cautelares a su favor, las mismas que le fueron otorgadas desde el 29 de junio de 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. Lamentablemente estas disposiciones no fueron acatadas por el Estado de Honduras, desconociendo el Estado de Derecho y debilitando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Expresamos enfáticamente nuestra preocupación, total reprobación y condena por este cobarde asesinato, así como inacción por parte del Estado hondureño para protegerla a ella y su familia; esta lamentable situación es contraria a los derechos que protege la Convención Americana de Derechos Humanos, siendo de consecuencia muy grave para la institucionalidad de la República de Honduras”, expresa la carta de las instituciones peruanas.

La carta al jefe de Estado hondureño, también hace hincapié en el las informe país de la CIDH, “Situación de Derechos Humanos en Honduras” (18 de febrero de 2015), en donde se llama la atención sobre la grave situación del pueblo Tolupán y pone de manifiesto numerosos hechos de amenazas y persecuciones en su contra, por parte de grupos armados vinculados al crimen organizado y a empresas mineras.

Dicho informe se le recuerda y recomienda al gobierno de Honduras que “los pueblos indígenas tienen derecho a ser protegidos de ataques por terceros, especialmente cuando éstos ocurren en el marco de conflictos por el territorio ancestral”. Ante esta vulnerabilidad y riesgo, la CIDH otorgó medidas cautelares a la organización MADJ que protege los derechos de la comunidad Tolupán, en diciembre de 2013.

Quién fue Berta Cáceres

Berta Cáceres, fue madre de cuatro hijos y dirigente que organizó al pueblo Lenca (la mayor etnia indígena de Honduras) en su lucha contra la represa de Agua Zarca de la empresa FICHOSA. La construcción de la misma estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para esta comunidad indígena y vital para su supervivencia.

Cáceres de 43 años fue cobardemente asesinada el día jueves 3 de marzo a las 11:45 de la noche por dos personas desconocidas, quienes irrumpieron en su vivienda ubicada en la Colonia “El Líbano” en La Esperanza, Intibucá, su ciudad natal. Según fuentes locales, los asesinos esperaron a que ella se durmiera para forzar las puertas de su vivienda y matarla, resultando herida otra persona como producto de dicha agresión.

Como reconocimiento de su incansable lucha ganó un máximo reconocimiento: el Premio Medioambiental Goldman por ser una activista y defensora del medio ambiente. Berta Cáceres participó hace dos semana en una conferencia de prensa en la que se denunció el asesinato de cuatro dirigentes de su comunidad, ataques que siguen en total impunidad.

Las organizaciones firmantes de la misiva son:

  • Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
  • RED MUQUI
  • Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo – ANC
  • Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia – COSDEJ
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Ica – CODEHICA
  • Derecho, Ambiente y Recursos naturales – DAR
  • Earth Rights International – ERI PERU
  • Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia – Piura
  • CEPIS – Proyecto Amigo, Paz y Esperanza
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
  • Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH
  • Perú Equidad
  • Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA
  • Programa Democracia y Transformación Global – PDTG
  • GRUFIDES
  • Rocío Silva Santisteban, ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, RED MUQUI, DEMUS el Colectivo Alfombra Roja, el Colectivo Nadienospaga y el Bloque Hiphop, han convocado a un plantón de protesta en solidaridad con Máxima Acuña y su familia, quienes desde hace meses vienen sufriendo hostigamiento por parte de la empresa minera Yanacocha.

La acción está programa para este martes 16 de febrero desde las 4 y 30 de la tarde. El objetivo como Sociedad Civil, es que desde el espacio ciudadano, se visibilice y denuncie la hostilidad que Yanacocha utiliza como medio para obtener los terrenos de los Chaupe Acuña para la actividad extractiva del proyecto minero Conga.

Para ello, la CNDDHH, ofrecerá una conferencia de prensa para hacer públicos estos hechos, informar los últimos pormenores del caso y también denunciar el hostigamiento a los defensores del medio ambiente en Cajamarca, además de invitar a la prensa a participar en el plantón.

Por la tarde, diferentes colectivos ciudadanos y ONG defensoras de derechos humanos, la mujer, y el ambiente, realizarán una vigilia a las afueras de las oficinas de Yanacocha en Lima. Como parte de las intervenciones, se realizará una Alfombra Roja humana y se tenderá una tela larga donde se le escribirán mensajes de solidaridad a la familia de Máxima, la misma que les será entregada por el Bloque Hiphop. Además la vigilia estará acompañada de música, pancartas y velas.

De forma paralela, este plantón se realizará en otras ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo y Cajamarca.

Para participar en esta intervención, ingrese a: on.fb.me/1Xisr8C

Desde hace 4 años, la familia Chaupe Acuña sufre una serie de atentados en su propiedad, sin embargo, la empresa Yanacocha ha intensificado los hostigamientos con invasiones, destrucción de cultivos, ataques a mascotas y hasta el acecho aéreo con una dron. Pese a esta situación, el Estado peruano permanece indiferente, pese a las denuncias que la defensa de Máxima Chaupe ha presentado ante la Fiscalía de Cajamarca.

Respaldo internacional

Por su parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitaron una intervención URGENTE sobre este caso.

Algunas de las medidas que exhorta al Estado peruano es garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Acuña, de su familia; asimismo, recomiendan llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos acaecidos, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.

“El Observatorio condena de forma contundente los ataques en contra de la Sra. Acuña y su familia y exhorta a las autoridades de Perú a investigar, a la mayor brevedad posible, los hechos denunciados, para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia, algo que hasta este momento no ha sucedido con relación a ninguno de los ataques”, indicaron en un comunicado.

Estos ataques están relacionados con la disputa que la Sra. Acuña tiene desde hace varios años con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra. El 17 de diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca determinó en última instancia que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como argumentaba la empresa. Ahora la empresa minera rebate la propiedad de la tierra ante un tribunal civil.

Foto: Diseño RED MUQUI