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Protesta por el “Día de la Tierra”: ¡Basta de asesinatos a defensores ambientales!

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El viernes 22 de abril, como parte de la campaña nacional “Defensoras y defensores del Perú”, se realizó un plantón convocado por diferentes organizaciones, instituciones y colectivos que tenían como objetivo principal exigir justicia por los defensores del medio ambiente asesinados en el Perú. Recordemos que desde el año 2020, hasta la fecha, un total de 17 defensores y defensoras de la Amazonia peruana han sido asesinados en su lucha por la defensa del medio ambiente y su territorio, y contra actividades ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal, entre otras actividades.

Además, el plantón se realizó en el marco del día de la Tierra para representar la importancia que tienen las personas defensoras para la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. De esa manera, los colectivos y organizaciones se agruparon, desde las 11 am, al frente del Congreso de la República para exigir las siguientes demandas

  • Justicia para las personas defensoras del medio ambiente asesinadas. En lo que va del año, de enero a abril 5 defensores perdieron la vida por defender el ambiente y sus territorios, y en dos años ya van 17 defensores muertos
  • Que el Congreso de la República apruebe y ratifique el Acuerdo de Escazú, una medida fundamental para fortalecer los derechos de las personas defensoras y que en el Perú, a pesar de que ya han transcurrido más de 4 años desde su aprobación, aún no ha sido incorporado al ordenamiento jurídico por la falta de voluntad política de los congresistas. 
  • Se exigió al Presidente de la República y ministros aprobar una política integral de protección para las personas defensoras de derechos humanos y ambientales e implementarla de forma célebre y oportuna. Ello implica el reconocimiento público de su labor, garantizar el presupuesto público para la implementación del mecanismo intersectorial, y la acción conjunta y coordinada de los ministerios y operadores de justicia para proteger y garantizar el trabajo de las personas defensoras de derechos.
  • Se demandó la importancia de que el gobierno, a través de los ministerios y las instancias respectivas, vigile y fiscalice la actuación de las empresas, en todo lo relacionado con los derechos humanos, y se anulen los contratos de la PNP y las empresas extractivas. Igualmente necesaria es la derogatoria de leyes que avalan el uso de la fuerza pública a cargo de la PNP y FFAA, como la derogatoria de la “Ley del Gatillo fácil” y la prohibición del uso de armas letales en la protesta social. Recordemos que, lamentablemente, en las recientes movilizaciones sociales murieron 6 personas y hubo una decena de heridos, y, hasta la fecha, no hay ninguna investigación ni sanción para los responsables. 
  • Por esa razón, en el plantón también se exigió que el presidente Castillo pida la renuncia inmediata del Ministro del Interior, Alfonso Chavarry.
  • Finalmente, se exigió al Presidente de la República, al Congreso de la República y autoridades del país asumir políticas de emergencia, ante la evidente crisis climática que atravesamos. Señalando que es momento de grandes y radicales cambios en nuestro modo de relacionarnos con el medio ambiente, así como la importancia de regular la explotación desmedida de recursos no renovables,  aprobar una política de ordenamiento territorial y declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca ante la evidente contaminación de las fuentes hídricas para consumo humanos y actividades agropecuarias.

Finalmente, luego del plantón se realizó un Tuitazo en las redes sociales desde las 5 pm para continuar exigiendo las demandas señaladas anteriormente. Esto se realizó con los diferentes colectivos, organizaciones e instituciones coordinadoras de la movilización, de manera que los mensajes puedan tener un mayor alcance. Los “hashtags” principales que se utilizaron fueron #JusticiaParaDefensores y #CongresoRatificaEscazú. Este tipo de actividades se continuarán desarrollando con el objetivo de que el Estado escuche las demandas que se exigen para que los derechos de las personas defensoras sean protegidos, así como los del medio ambiente.

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Las contradiciones del gobierno sobre el protocolo sanitario para el sector minero

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

La semana pasada fue aprobada la Resolución Ministerial 111-2020-MINEM/DM, sobre el “Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID – 19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las Unidades Mineras y Unidades de Producción”[1]. Al parecer el gobierno ya habría decidido que la minería es uno de los sectores que van a retomar sus acticidades productivas, aunque en la practica la minería, durante la emergencia sanitaria, sí ha venido operando con cierta normalidad en varias regiones del país, lo que ha desencadenado trabajadores contagiados por el virus en varios proyectos mineros.[2]

Volviendo al tema del protocolo sanitario del Covid 19 para el sector minero, como era previsible, tiene varios vacíos, pero quiza el más grave es que no obliga a las empresas mineras a realizar examenes de descarte del Covid-19 a los trabajadores. De esta manera se terminan vulnerando los derechos de los trabajadores porque se pone en riesgo la salud y la vida de ellos mismos y de sus familias, ya sea para los que salen e ingresan a los campamentos mineros. Lo más grave del asunto es que los trabajadores mineros no han participado en la discusión de la elaboración del protocolo. Nunca fueron consultados. De otro lado la norma del protocolo no fue emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ya que esta es la institución rectora en materia de salud ocupacional. Algo que hemos llamado la atención desde la Red Muqui pronunciándonos y enviando una carta al Ministerio de Justicia con nuestras observaciones al Protocolo aprobado.

Lo contradictorio, en relacion al tema del protocolo para el sector minero es que, por un lado, el gobierno, a traves del Ministerio de Energia y Minas, emite una serie de “normas favorables” para la actividad minera y, por otro lado, el presidente Martin Vizcarra señala que no es así. En su última visita a Moquegua el presidente ha señalado que las empresas deberan realizar pruebas rapidas: “Definitivamente, una vez que se recuperemos el inicio de las actividades económicas productivas uno de los requisitos, para que las empresas puedan hacer su trabajo, será que deban hacer un control permanente a sus trabajadores a través de estas pruebas” y, concluye, que se deben proteger a los trabajadores. Lamentablemente, el gobierno, en la práctica, ha desprotegido a los trabajadores en el sector minero y a las comunidades aleñadas, emitiendo normas que no toman en cuenta los derechos laborales y humanos, priorizando solo el aspecto económico.

Finalmente, un tema que no queremos dejar pasar por alto es la declaración del “Dia internacional de la Tierra”. Estamos en un momento más que propicio para repensar en medio de la pandemia del Covid-19 sobre lo que estamos haciendo con nuestra madre tierra; la pachamama, la casa común que nos cobija y nos provee de alimento. La explotación desmesurada y sin control de nuestros recursos naturales ya ha generado profundos cambios en los ecosistemas de la naturaleza; si no cambiamos ahora, la Tierra puede presincidir facilmente de nosotros, como ya lo hizo en el pasado.

 

[1] “En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, incorporado por Decreto Supremo N° 068-2020-PCM”

[2] https://muqui.org/noticias/cronologia-que-ha-pasado-en-35-dias-de-coronavirus-en-el-sector-minero-en-el-peru/

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Red Muqui conmemora el Día Internacional de la Tierra como nuestra “casa común”

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Hoy 22 de abril, en el Día Internacional de la Tierra, como parte de Red Muqui queremos anunciar que en conjunto con la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y Caritas Perú hemos lanzado la campaña: “Seamos profetas de la vida. Protejamos nuestra tierra, nuestra casa común” a nivel nacional. Nuestra sociedad consumista nos está llevando a utilizar una serie de productos, en grandes cantidades, que su degradación demora cientos de años y contaminan y dañan nuestra casa común: la tierra.

  • Según la última estadística sobre concesiones mineras de noviembre 2017, el 14.07% del territorio nacional está concesionado a la actividad minera, del cual cerca del 50% son tierras de las comunidades campesinas.
  • Del total de 8, 448 pasivos ambientales mineros en la actualidad, el 80% de los pasivos ambientales mineros no tienen un responsable identificado. Peor aún con la iniciativa del gobierno a través de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), plantea que los relaves mineros puedan volver a utilizarse para extraer lo máximo posible del mineral desechado, perjudicando más la salud ambiental de las comunidades.
  • Normas como la Ley 30230 favorece la venta de las tierras campesinas incluyendo a las Juntas Directivas de una Comunidad Campesina en la decisión sobre la disposición de tierras, la que corresponde en exclusiva a la Asamblea General de la Comunidad y buscan eliminar garantías a las tierras de las Comunidades, facilitando el acceso especialmente a los proyectos mineros.

En ese sentido, tras haber pasado semana santa, queremos rememorar los mensajes del Papa Francisco a los Movimientos Populares hace algunos años: “Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole de que la cultivara y la protegiera. Veo que aquí hay decenas de campesinos y campesinas, y quiero felicitarlos por custodiar la tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino existencial y espiritual, porque hay una relación con la tierra que está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción.”

En el Perú, el gobierno y el congreso siguen implementando políticas y leyes para desarrollar la minería en todo el país, sin preocuparse en que cerca de 3 millones de peruanos y peruanas trabajan como agricultores familiares; actividad que no es compatible con la minería y que cuenta con nulo apoyo del gobierno. No existe un presupuesto específico para la implementación del Plan de Agricultura Familiar, en un contexto en que en el mundo se ha llegado a la conclusión de que la agricultura familiar es parte de la solución a los problemas del cambio climático; la inseguridad alimentaria; el deterioro de los recursos naturales y el calentamiento global.

Como se señaló en una de las conclusiones del Foro para promover la agricultura familiar; los agricultores/as pueden ayudar a sostener servicios ecosistémicos que pueden dar agua a los agricultores/as mismos, como la instalación de cochas, la siembra y cosecha de aguas, y la filtración en general. Los agricultores/as, sobre todo los agricultores/as agroecológicos tienen un rol importante como combatir la desertificación; la degradación de la tierra y de los suelos.

Como Red Muqui señalamos que seguimos comprometidos con la defensa de la tierra y con las alternativas económicas productivas sostenibles para el territorio y las comunidades.

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