La crisis sanitaria mundial por la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) no solo está causando graves problemas para la salud, sino también está poniendo en grave riesgo la alimentación y el medio amiente de todos los peruanos y peruanas. En especial, los más afectados son los más de 2.2 millones de pequeños productores agropecuarios que tienen una gran responsabilidad de producir alimentos para el país debido a que son excluidos de las políticas públicas, el abandono de los gobiernos de turno y la política de reactivación económica que prioriza el extractivismo en desmedro del medio ambiente.

La actividad agrícola cayó (-1.72% y – 9.52%) en los últimos meses de Junio – Agosto[1] por la pandemia y algunos productos como el café cayo hasta un 10% y, en general, existe el riesgo de perder sus cosechas porque muchos productores se han quedado endeudados. Lo mismo ocurre  con la actividad pecuaria que fue afectada por la pandemia: “los ganaderos han tenido que botar su leche y quesos”, porque las políticas públicas excluyen a los pequeños productores agropecuarios, tal como lo señala el presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) que han solicitado a Qali Warma para que puedan comprar alimentos directamente a los pequeños productores, pero hay varios candados legales que los impiden o dificultan. El gobierno lejos de atender estas demandas continua debilitando los estándares ambientales (por presión de la CONFIEP para favorecer alas grandes empresas mineras que ya han dejado más de 8,448 pasivos ambientales mineros y en estos tiempos de pandemia la actividad minera continúa trabajando sin control ambiental, con licencia para contaminar las principales fuentes de agua del país

La crisis sanitaria que venimos atravesando se ha convertido ya en una crisis alimentaria y ambiental y requiere la urgente atención del gobierno. Este 16 de octubre,“día mundial de la alimentación” , no hay nada que celebrar porque nos encontramos en medio de una de las peores crisis en la historia del Perú. Una crisis sanitaria que va impactando directamente en la seguridad alimentaria del país y agravando a gran velocidad nuestro medio ambiente.

En estos tiempos de incertidumbre, es de prioridad urgente que el gobierno asuma su responsabilidad y organice un comando de seguridad alimentaria para articular a los diferentes sectores del gobierno y de esta manera atender de inmediato el problema de la crisis alimentaria y ambiental. Además, el Estado debe reconstruir el tejido social para fortalecer a las principales organizaciones sociales (comunidades campesinas y nativas, organizaciones de mujeres, rondas campesinas, organizaciones amazónicas, a los pequeños productores, etc) para evitar que una crisis resulte siendo la puerta para muchas otras que tuvieron que ser evitadas desde antes. La alimentación es un derecho humano y ahora más que nunca es importante reconocer la necesidad de apoyar a nuestros héroes de la alimentación, a los pequeños productores agropecuarios y los trabajadores de todo el sistema alimentario, que garantizan que los alimentos lleguen de la chacra a la mesa, incluso en medio de esta crisis actual de COVID-19. El congreso de la Republica tiene un deber indispensable de elaborar políticas adecuadas para reconocer a los héroes de la alimentación y enfrentar la crisis alimentaria y ambiental del país.

[1] INEI 2020