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En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el pasado 30 de setiembre, pobladores de comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, que bloqueaban caminos llegaron a un acuerdo con la minera MMG Las Bambas para levantar el bloqueo que las comunidades venían sosteniendo desde el 10 de setiembre. Esto fue logrado, además, gracias a la presencia de una comitiva de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por su secretario, Jesús Quispe, y el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas, Kaimer Dolmos.

Se llegó al acuerdo de retomar la búsqueda de consensos con la empresa Las Bambas, y desarrollar una reunión entre los representantes de la alta dirección de la empresa, así como representantes de las comunidades, el ex premier Guido Bellido y los ministros de Estado.

El encuentro, que tuvo lugar el 5 de octubre en el Centro de Convenciones del distrito de San Borja, se desarrolló en el marco de las labores del grupo de trabajo de naturaleza temporal para proponer acciones que permitan atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur, de la provincia de Chumbivilcas. Cabe recordar que este grupo de trabajo fue creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N.° 0011-2021-PCM/SGSD. En el encuentro participaron representantes de 10 comunidades campesinas: Cruzpampa, Cancahuani, Yanque Lacca Parcobamba, Huininquiri, Ahuicnta Huisuray, Ñaupa Hapo Urinsaya, Tincurca Laccaya, Tuntuma, Hatun Ccollana y Huaylla Huaylla.

Al finalizar la reunión, presidida por el ex premier Bellido, se logró llegar a un acuerdo que busca, además, prevenir futuros conflictos entre las comunidades, la empresa y el Estado. En el documento firmado por las partes, acordaron establecer mecanismos o relaciones comerciales para incorporar a las comunidades campesinas de Chumbivilcas en la cadena de valor de la empresa. Esta incorporación, según el acuerdo, se dará a través de empresas comunales bajo las condiciones, necesidades y requerimientos de la minera Las Bambas. Además, se detalló que los requerimientos estarán referidos a los servicios de transporte de concentrado; transporte interno de personas; mantenimiento vial; cisternas para el regado de vías; línea amarilla; entre otros servicios. De esta manera, las comunidades de Chumbivilcas han logrado que se cumpla una de sus demandas, convertirse en proveedoras de servicios de la minera.

En un tuit realizado por el ex ministro de Energía y Minas, Iván Merino, este señaló que luego de que se llegara a un acuerdo entre las partes “se construye una posible alianza de largo plazo para el desarrollo de los pueblos».

Asimismo, de acuerdo con el acta de la reunión, las negociaciones se retomarán en cuatro subgrupos de trabajo conformados en agosto para atender las otras demandas comunales. El 13 de octubre se llevará a cabo la reunión de trabajo del subgrupo 1, que verá los temas de revisión y análisis de la Resolución Ministerial N.° 372-2018-MTC/01.02. El encuentro será facilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la misma fecha, el Ministerio del Ambiente articulará la reunión del subgrupo 2, para evaluar y analizar las afectaciones ambientales.

Posteriormente, el 14 de octubre, el MINEM facilitará la reunión del subgrupo 3 para ver la evaluación de los proveedores de bienes y servicios y, finalmente, en el mismo día, el Ministerio de Justicia articulará la reunión del subgrupo 4 para discutir el tema de servicio de defensa pública.

DEMANDAS PENDIENTES DE REVISAR:

Si bien se logró llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, aún quedan demandas de las comunidades para revisar como las afectaciones ambientales generadas por el transporte de minerales de la empresa Las Bambas por la vía cercana a las comunidades; y la defensa de las personas criminalizadas en las protestas que tenían como objetivo que se escuchen y atiendan sus demandas.

Nota elaborada en conjunto con Derechos Humanos Sin Fronteras

Ayer, lunes 27 de enero, al promediar las nueve de la noche, y luego de más de nueve años de un proceso lleno de cuestionamientos; la colegiatura del Poder Judicial de Cusco, conformada por los jueces Edson Ormachea Acurio, Gilbert Arias Paullo, Lizbeth Nohemí Yepez Provincia y Valencia Tito Núñez, dictó sentencia absolutoria a favor de diez defensores del territorio y derechos humanos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, denunciados por la minera Anabi S.A.C. en el 2011.

Antecedentes

Cabe recordar que los procesados fueron dirigentes comunales y de organizaciones sociales de base que protestaron de manera pacífica entre diciembre del 2011 y febrero del 2012 frente a la grave contaminación ambiental generada por el paso de los camiones de la empresa minera Anabí y porque la minera habría contaminado el rio Molino en la cuenca del Yaramayo.

A raíz de estas protestas, la minera presentó una denuncia contra los ex dirigentes por los presuntos delitos de secuestro, disturbios, daños a la propiedad, entre otros, la cual fue impulsada por la Fiscalía de Chumbivilcas.

Los 10 dirigentes son: Jaime Mantilla Chancuaña, Julian Alejo Ataucuri, , Victoria Quispesivana  Corrales, Luciano Atucuri Chavez, Samuel Acero Hurtado, Urbano Cjulca Caceres, Esteban Alvis Cahuana, Wilber Garcia Huaycani, Grimaldo Asto Puma y Edgardo Aguirre Pacheco.

Proceso judicial

Durante este proceso judicial, diferentes organizaciones han acompañado con asesoría legal a los dirigentes, como Derechos Humanos Sin Fronteras, Red Muqui Sur y Earth Rights International, quienes junto a otros abogados y abogadas independientes; han denunciado una serie de cuestionamientos: una inadecuada valoración de las pruebas; una suspensión repetitiva de audiencias; el cambio continuo de magistrados; entre otros hechos que ponen en tela de juicio la autonomía, independencia e imparcialidad de la administración de justicia.

Uno de los abogados de la defensa de los dirigentes, Ramiro Llatas, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras, señaló en sus redes sociales: “lo que se había actuado y presentado en el proceso penal era básicamente lo que había construido la mina a través de sus testigos, y sus pruebas documentales. Ninguna prueba demostraba en modo categórico la responsabilidad penal de los defensores del ambiente. Más bien se logró demostrar que ellos todo el tiempo pidieron diálogo y la conformación de mesas de diálogo. Al parecer el propósito de la empresa minera denunciando a los dirigentes y después asumido en la acusación de parte de la Fiscalía era neutralizar todo tipo de reclamo y eso se hace usando el derecho procesal penal, como una forma de intimidación”.

Precedente judicial

Esta sentencia sienta un gran precedente para todos los casos de defensores ambientales que han sido criminalizados en el Perú, y deja claro que el Ministerio Público adelanta investigaciones sin fundamentos. Como declaró la jueza, la Fiscalía no pudo probar ninguno de los hechos, lo que deja entrever cómo estos procesos son usados para disuadir y reprimir el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos.

Frente a estos hechos, la jueza decidió mandar al Órgano de Control Interno la acusación para que los fiscales que no actuaron con objetividad sean sancionados.

Celebración

“No nos podemos callar ante tanta injusticia, porque la ley es igual para todos,” declaró el líder chumbivilcano Luciano Ataucuri Chávez, criminalizado en este proceso, en los exteriores del Poder Judicial de Cusco, donde los esperaron cientos de personas para felicitarlos por la sentencia absolutoria.

Lo primero que hicieron los ciudadanos y ciudadanas Chumbivilcanos, al recibir a sus dirigentes, a pesar de la lluvia, fue cantar el himno nacional como afirmación de su ciudadanía y pertenencia a este país.