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Desde que asumió la cartera del Ministerio de Energía y Minas, el nuevo ministro Miguel Incháustegui, tras la crisis del gabinete Cateriano, ha dado varios anuncios de un supuesto viraje en su sector.

Ha señalado que van a priorizar 9 proyectos mineros que se encuentra en la última etapa y que están avanzando en permisos y financiamiento. Aunque señaló que su gestión, a diferencia de las anteriores, no pretenderá imponer proyectos mineros que tienen rechazo de la población como Tía María, Conga y Río Blanco; el proyecto minero Toromocho, que anunció se priorizará, actualmente tiene el rechazo de las familias que aún viven en Morococha.

También ha señalado, a diferencia de las anteriores gestiones, que generará consensos y espacios de diálogo tripartitos con los gobiernos regionales, provinciales, municipales y las comunidades. Sobre el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas o un tren que pueda sacar los minerales sin afectar a la gente que vive alrededor y soporta el paso de más de 300 camiones diarios.

Asimismo, ha señalado sobre Espinar que respetara los acuerdos de la mesa de diálogo. Afirmó también en una entrevista que no se han relajado las normas ambientales y que tendrán la intervención del MINEM para que no ocurran fallas en las normas que se han modificado como el de exploración minera y el nuevo reglamento de procedimientos mineros.

Además, durante esta semana, las empresas de su sector están en el ojo público porque el Tribunal Constitucional resolvió que la SUNAT debe seguir cobrando las deudas tributarias que las empresas no quieren pagar. De estas empresas privadas, 22 son empresas mineras que deben más de 5 mil millones de soles.

¿Estamos en un nuevo escenario con el nuevo ministro?

Recabamos la opinión de 2 economistas, especialistas en minería.

Juan Aste:

El nuevo ministro ha mostrado un perfil más institucional sustentada en los informes de Rimay y la Comisión de Desarrollo Minero sostenible. No propiciar los conflictos, no darle prioridad a Tía María y otros proyectos. Sin embargo, ha coincidido su entrada con la publicación del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que es un peligro por todos los impactos ambientales que significa, estableciendo el silencio administrativo positivo; o aprobar en un solo procedimiento la concesión de beneficio y la licencia de construcción que favorece a la empresa minera Southern con su proyecto Tía María, por ejemplo.

También está la aprobación del reglamento de protección ambiental de la exploración minera y ahí hay otro problema porque se han sacado los componentes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Exploración y se han pasado al cateo y prospección, haciendo aparecer como si la exploración no tuviera impacto. Avalar eso para dinamizar la exploración, que era objetivo del gran empresariado, es preocupante.

Institucionalmente, él nuevo ministro, está respaldando la desregulación de los procedimientos, que tendrá impactos para dinamizar la inversión.

Ha coincidido su entrada con la flexibilización del reglamento interno de trabajo en las minas en el contexto del Covid para que la producción recupere sus niveles de producción al 100%. Sobre esto ha señalado que la Sunafil es quien tiene que actuar, evadiendo responsabilidad de su sector.

En conclusión, con la nueva gestión se le ha dado continuidad a la política minera que va a traer sus consecuencias en las cuencas hídricas al expandir la exploración y ampliar esta capacidad de producción con la menor cantidad de requerimientos y en los plazos mas cortos, ahí habrá impacto en la agroalimentación y las cuencas hídricas.

José De Echave:

El nuevo ministro tiene un período corto hasta julio del próximo año. Ya empieza la campaña electoral. Es un período corto para pensar en cambios significativos. Va a ser una gestión de salida, son los últimos meses del gobierno.

En relación a los mensajes que ha dado, ni él ni el gobierno pretenden sacar adelante proyectos mineros que tengan fuerte resistencia como es el caso de Tía María, Conga, y Río Blanco. Van a dejar que los proyectos que están más o menos encaminados: Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y otros proyectos muevan la inversión minera.

Lo que sí hay que ver son los cambios normativos, porque sigue habiendo la tendencia de desregulación ambiental y social para el sector. Eso debe monitorearse.

Habrá que ver cuál es su posición frente a los cambios normativos. Lo cierto es que la acción del Ministerio de Energía y Minas y el Estado en su conjunto frente a estos procesos de flexibilización van a ser muy limitados. Tenía limitaciones antes de la pandemia y ahora mucho más. La capacidad de fiscalizar, dar seguimiento es mucho más limitado de lo que ya era. La sensación que tengo es que el ministro está sentando posición sobre unos temas y sobre otros no.

Por ejemplo, en el sector laboral, la Federación de Trabajadores Mineros le está pidiendo al MINEM que sincere las cifras de contagios y que junto al Ministerio de Trabajo sienten posición sobre las condiciones laborales que están implementando las mineras. Las jornadas laborales se han extendido hasta 40 días de trabajo continuo. Esto también implica riesgos a las poblaciones vecinas por la exposición al contagio.

El ministro dice que es un tema laboral, pero también le corresponde a su sector. En el protocolo de salud y seguridad ha participado el Ministerio antes de que entre él a la cartera. Las modificaciones del distanciamiento en el trabajo, la potestad del viceministro para aprobar los protocolos por cada empresa ha sido cambiado y las consecuencias de ello las estamos viendo en el aumento de contagios.

Sobre las deudas tributarias, el presidente ha señalado que está de acuerdo en que las deudas no prescriban. Esperaría que los ministros estén alineados. Ya que las deudas corresponden en una gran cantidad, más de 5 mil millones, a las empresas mineras, esperemos que haya un posicionamiento claro del actual ministro.

Sobre las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, veo difícil que se vaya a implementar. La Comisión ha planteado varias cosas, sobre la exploración minera, el gobierno ha tomado ello y ha flexibilizado la protección ambiental para la exploración minera. Asimismo, tiene varios vacíos el informe, por ejemplo: el tema laboral.

Me da la sensación que en el poco tiempo que tiene el ministro va a ser difícil implementar esas recomendaciones y lo que está intentando relanzar el gobierno es Rimay, donde estaban construyendo una visión de la minería al 2030.

 

 

Lima, 15 de agosto de 2016

Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señores Congresistas de la República

Presente. –

Asunto: Condiciones mínimas para mejorar el proceso de evaluación de impacto ambiental de las actividades extractivas e inversiones a gran escala.

De nuestra mayor consideración,

Mediante la presente, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil abajo firmantes les hacemos llegar nuestras recomendaciones para la mejora del proceso de evaluación de impacto ambiental en nuestro país, dado las iniciativas manifestadas por el nuevo gobierno de darle prioridad a la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura a gran escala, y de facilitar la inversión en actividades económicas incluyendo las extractivas.

A ello se suma los esfuerzos que se vienen realizando para que el Perú forme parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE1. Además, el trabajo realizado ha tenido como resultado por el momento, que se hayan emitido una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental de nuestro país.

Por otro lado, es de considerar que el desarrollo de inversiones ya ha generado impactos ambientales y sociales y que su incremento podría traer consigo riesgos mayores y en consecuencia mayor conflictividad, si no se adoptan las medidas del caso. Es por ello necesario contar con inversiones sostenibles que cumplan claros estándares ambientales y sociales, y con una institucionalidad ambiental que tenga las herramientas normativas y el presupuesto necesario para ejercer una adecuada evaluación de estudios y la debida fiscalización.

Por esta razón, presentamos las siguientes condiciones mínimas2 para contribuir a un equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y la protección de la salud y el ambiente, ayudando a generar confianza de la población en las autoridades que promueven las inversiones:

1. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles-SENACE en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA

2. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental-SINEFA.

3. Fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

4. Mejorar la institucionalidad para la transparencia y el acceso a la información

pública que contribuya a los procesos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión a gran escala.

5. Aplicar la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en las diferentes etapas de los proyectos, cuando estas inversiones puedan afectar sus derechos colectivos y el régimen comunal de sus tierras.

6. Reconocer e institucionalizar la Vigilancia y el Monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental-SNGA

7. Planificar estratégicamente la inversión enmarcándola en procesos de Evaluación Ambiental Estratégica-EAE aplicables a las propuestas de políticas, planes y programas de inversión

8. Fortalecer y articular los sistemas de información ambiental (nacionales, regionales y locales) existentes para contar con datos actualizados y fidedignos sobre la calidad del ambiente.

Asimismo, estas condiciones mínimas requieren el impulso a los procesos de planificación del ordenamiento territorial, a cargo de los gobiernos locales y regionales, eliminando las trabas que le impiden asumir su carácter vinculante en la toma de decisiones sobre la ocupación y uso del territorio nacional, y siendo este un paso previo (incluyendo sus instrumentos técnicos como la Zonificación Ecológica Económica-ZEE, entre otros) para la evaluación de los impactos sociales y ambientales de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo en el país.

Por lo expuesto, instamos a las nuevas autoridades a fortalecer la institucionalidad para la gestión ambiental, mejorando el marco legal. Para lograrlo es importante que se considere los más altos estándares ambientales y sociales, así como los compromisos internacionales asumidos por el Perú relacionados al ambiente y derechos de pueblos indígenas. Esperamos que, con ello nuestro país consolide su desarrollo en el siglo 21.

Finalmente, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra voluntad de seguir aportando en la mejora de las políticas públicas nacionales desde nuestra experiencia y trayectoria institucional.

Atentamente,

1. Asociación ARARIWA

2. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

3. Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca -ACODECOSPAT

4. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP

5. Asociación Pro Derechos Humanos

6. Asociación Nacional de Centros-ANC

7. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica-CAAAP

8. CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú

9. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad

10. Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES

11. Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU

12. CooperAcción

13. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR

14. Environmental International Agency- EIA

15. Foro Ecológico del Perú

16. Forum Solidaridad Perú

17. Instituto del Bien Común-IBC

18. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible-IDLADS

19. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú- ONAMIAP

20. Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU

21. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú – ORPIAN-P

22. Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO

23. Paz y Esperanza

24. RED MUQUI Perú

25. Red Peruana por una Globalización con Equidad-RedGE

26. SERVINDI-Servicios de Comunicación Intercultural

27. Suma Ciudadana

28. Urku Estudios Amazónicos

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1 OCDE-CEPAL (2016) Evaluaciones del desempeño ambiental Perú 2016. Aspectos Destacados y recomendaciones.

2 Las mismas que se desarrollan en el anexo de esta comunicación.

  • Protesta pacífica se realiza a poco más de un año del estallido del conflicto en Islay
  • Paro de 72 horas fue convocado por agricultores sin participación de dirigentes o líderes comunales
  • Ollanta Humala estuvo en Arequipa en segundo día de paro, pero no se acercó a Islay

El paro de 72 horas (para este 11, 12 y 13 de mayo) convocado por los agricultores de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta del Bombón (Islay, Arequipa), se desarrolló de manera pacífica en cada una de sus actividades en rechazo al anuncio sobre el inicio de operaciones del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa minera Southerm Cooper.

En estos tres días, pobladores y autoridades locales y congresales que se unieron a esta protesta reiteraron que el proyecto Tía María “no tiene licencia social”. Al no percibir ninguna respuesta a su reclamo, al término del segundo día de paro, los manifestantes comunicaron la posibilidad de prolongar la protesta de forma indefinida.

Además de ser pacífica, la movilización no produjo ningún acercamiento del Estado que permita llegar a un entendimiento. Por ello, las comunidades de las zonas de influencian consideran que la única manera de concitar la atención del Estado es movilizándose constantemente.

Según dio cuenta el diario El Pueblo de Arequipa, la representante de la Fiscalía Provincial de Islay, Sally Zorrilla Alarcón, informó que el segundo día de este paro provincial culminó sin ningún problema, lo cual coincide con el reporte de la Policía Nacional que envió alrededor de 300 agentes al lugar.

Días atrás, el presidente de Southerm, Oscar González, aseguró que pronto se reuniría con el presidente de la República, Ollanta Humala, para que el proyecto minero empiece a operar en la zona antes del cambio de gobierno.

A estas declaraciones se sumó el director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales, quien insistió en que el proyecto Tía María (Arequipa) se encuentra prácticamente listo (para operar), lo cual sería una señal importante para las inversiones mineras, tanto locales como extranjeras.

Es así que el martes 3 de mayo, los comuneros y agricultores de la zona realizaron una Asamblea Popular en el sector de La Curva (distrito de Deán Valdivia, Islay), y acordaron paralizar durante tres días sus actividades relacionadas a la cosecha de arroz, además de realizar marchas de protesta en los distritos que comprenden el valle agricultor más grande del sur del Perú. Además este paro convoca a la manifestación pacífica en rechazo al proyecto, en toda la región Arequipa, por medio de vigilias, plantones y expresiones artísticas.

Dirigentes no participaron

Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, aclaró que este paro de 72 horas se ha llevado a cabo por iniciativa propia de los agricultores del valle quienes se auto convocaron para manifestarse, al considerar como ofensivas, las expresiones de Oscar Gonzales Rocha referidas a la viabilidad del proyecto cuprífero.

De igual modo, recalcó que los dirigentes sociales de la zona no participaron de esta la medida de protesta, ya que vienen cumpliendo reglas de conducta mientras el Ministerio Público lleva a cabo sus investigaciones tras el estallido del conflicto de Tía María en marzo de 2015. Es por ello que están impedidos por orden del Poder Judicial.

Día 1

La primera jornada del paro de 72 horas inició en el distrito de Deán Valdivia (El Arco) donde fue el punto de inicio de la movilización en la que participaron cientos de personas, recorriendo la plaza San Francisco, la Curva y las calles del distrito de Cocachacra. Solo los centros educativos amanecieron con las puertas cerradas y los alumnos no asistieron a clases (por orden de la Ugel-Islay).

 

Día 2: Humala evitó a Tía María

En medio de las manifestaciones, el jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, llegó a la provincia arequipeña de Caylloma y participó en la ceremonia de la entrega del título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la danza del Wititi, en el distrito de Yanque. En su discurso recalcó la importancia de que el siguiente gobierno continúe con los programas sociales que su gobierno impulsó. A su salida, el mandatario se retiró rápidamente y evitó pronunciarse sobre Islay, pese a la insistencia de varios periodistas.

Mientras tanto en el centro poblado El Fiscal (entrada del distrito de Cocachacra) se llevó a cabo un mitin, tras la movilización desde la Plaza San Francisco hasta la panamericana Sur (sector de Ventillata). En dicho lugar hubo una interrupción del tránsito en carretera por dos horas. Decenas de vehículos particulares y de carga pesada, que se desplazaban entre los kilómetros 1044 y 1047, quedaron varados; sin embargo los manifestantes decidieron ubicarse en los extremos de la vía y realizaron una olla común.

En dicha actividad marcharon el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz; el alcalde distrital de Cocachacra, Helard Valencia, y el congresista electo por el Frente Amplio, Horacio Zeballos. Durante el recorrido, los efectivos de la comisaría del lugar acompañaron la marcha a distancia sin interferir en la manifestación.

Día 3

El último día de la jornada de protesta, los manifestantes se agruparon en unos 60 vehículos y partieron desde la plaza San Francisco hasta el ingreso de Mollendo, capital de la provincia de Islay. Una vez en el lugar, cientos de manifestantes empezaron a marchar por  las calles del Puerto Bravo con acompañamiento de la policía. En esta última etapa del paro no se registraron enfrentamientos, ni detenciones.

DATOS:

  • El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, coincide con Southern en que «sólo falta la licencia de construcción» para dar inicio a las operaciones.
  • Según el funcionario, para que Tía María inicie operaciones se debe resolver la disputa de 50 hectáreas que reclama Sociedad Minera Vania, cuya apelación está en proceso ante el Consejo de Minería.
  • Tía María es un proyecto minero que procesará cobre en los yacimientos de La Tapada y Tía María, a 2.5 kilómetros del valle de Tambo, en el distrito de Cocachacra (Islay).
  • Southern tiene la concesión 35 mil hectáreas, de las cuales tiene previsto operar en mil 600 hectáreas. Además, es dueño del terreno superficial.

Recuento de hechos

Este conflicto surgió en el año 2011, luego de la presentación del primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al cual se le había formulado una serie de observaciones. La población expresó su rechazo y a falta de eco inició la primera protesta que dejó un saldo de 4 muertos y varios heridos. En agosto del 2014 el Ministerio de Energía y Minas recibió y aprobó un nuevo EIA, aduciendo que las observaciones de la población civil ya habrían sido absueltas. Frente a ello, la población siguió expresando su disconformidad con el proyecto, pidiendo se respete su posición. Al siguiente año (2015) el conflicto volvió a estallar, y aunque se repitieron las reacciones violentas, abusos por parte de la policía y muertes, durante las manifestaciones del 27 y 28 de mayo se pudo sentir la solidaridad de diferentes gremios y sociedad civil organizada en casi todas las regiones; además hubo mucha exposición mediática, evidenciándose posteriormente un importante respaldo ciudadano (45%, según Encuesta GfK nacional urbana).

 

Fuentes: Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) / Facebook Salvemos el Valle de Tambo / El Búho de Arequipa / Diario El Pueblo / RPP / La República

Fotos: Facebook Salvemos el Valle de Tambo

TRAS CONFORMACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO

  • Fiscalía abrió investigación pese a que no se registraron enfrentamientos durante protesta
  • Son 14 los denunciados por delitos contra los medios de transporte entre otros

El presidente de la Comunidad Urasana (distrito de Velille, Chumbivilcas), Amilcar Alcca Chacalla, informó a Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) que la fiscalía de San Tomás ha abierto una investigación a varios dirigentes sociales y alcaldes de provincia de Chumbivilcas, así como de los distritos Velille, Chamaca y Livitaca, por haber participado en las movilizaciones del 25, 26 y 27 de enero en la zona de influencia del proyecto minero de Constancia a cargo de la empresa canadiense Hudbay.

El dirigente comunal de Urasana, señaló haber sido denunciado por delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, entre otros. En la misma situación se encontrarían 13 dirigentes comunales del Frente de Defensa de Velille junto con los tres alcaldes distritales y el alcalde provincial de Chumbivilcas.

Amilcar Alcca dijo mostrarse sorprendido por esta determinación del ministerio público, y aseguró a DHSF Cusco que durante esta protesta de enero, no se registraron disturbios ni enfrentamientos entre pobladores y efectivos policiales.

El Frente de Defensa de Velille, los presidentes comunales, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y los distritos cercanos a esta provincia, realizaron un paro preventivo de 72 horas los días 25, 26 y 27 de Enero del presente año, en contra de la empresa HudBay Perú SAC, y su proyecto minero Constancia en la provincia de Chumbivilcas.

Esta medida de lucha respondió al pedido de cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, en el marco de su política de responsabilidad social y ambiental con los centros poblados y comunidades locales.

Otro pedido contemplado en el pliego de reclamos alcanzados a la minera, era la declaración a de todas las comunidades del distrito de Velille como área de influencia directa, mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y social de dicho proyecto minero.

Tras la medida de protesta, recién el 27 de febrero se instaló una Mesa de Diálogo en Velille, en la que participaron: el alcalde distrital de Velille, el alcalde provincial de Chumbivilcas, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del el Ministerio de Energía y Minas (MEM). En este encuentro con el Estado, se confirmaron oficialmente los grupos de trabajo de responsabilidad social y medio ambiente.

 

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

EN LIMA

  • Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH concretó importante reunión con exposición de casos
  • Relatora Victoria Tauli-Corpuz prepara un nuevo informe sobre Pueblos Indígenas que será presentado en setiembre de este año

La Relatora de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se reunió con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos (CNDDHH), y recibió un informe sobre la situación de afectación de derechos de las poblaciones indígenas en base a una serie de casos.

En reunión que tomó dos días (miércoles 27 y jueves 28), organizaciones de la sociedad civil, entre ellas RED MUQUI, presentaron ante la funcionaria de la ONU, cómo es que los derechos de las poblaciones indígenas son vulnerados por efecto de las inversiones extractivas, inversiones en infraestructura y también por decisiones del Estado, a través de normativas que no contemplan el cumplimiento del convenio 169 de la OIT.

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial ONU, refirió que ante el desconocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre las inversiones que van a impactar sus territorios y los tratados internacionales que los afectarán,  les ha recomendado enterarse de los contenidos de dichas acciones para afirmar mejor sus derechos.

Situación de la consulta previa en minería

Una de las mayores preocupaciones que fueron expuestas ante relatora, fue el de la situación de la consulta previa respecto a proyectos mineros en el Perú. El Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, fue quien expuso sobre el proceso de consulta previa que inicia con el otorgamiento de una concesión minera, por parte del Estado. La relatora Tauli-Corpuz tuvo conocimiento que las partes involucradas –en este proceso– son el Estado (administrador de todos los bienes) y la empresa concesionarias, las empresas mineras en este caso.

“El problema de fondo radica en que nadie más es parte del proceso administrativo, los demás actores como: gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas o nativas y la población en general, solo son informados de las decisiones que se toman”, señaló Jahncke ante los relatores de la ONU.

De igual modo, el representante de la RED MUQUI explicó a la relatora que, tanto el Estado como la empresa concesionaria, realiza talleres informativos para presentar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los cuales son dirigidos por ingenieros y abogados, quienes utilizan un lenguaje técnico que las comunidades campesinas no manejan.

“La presencia de las comunidades, le es suficiente –a la empresa y al Estado- para asegurar que la población ha recibido información suficiente como participar en una audiencia pública posterior y exponer puntos de vista orientados a mejorar el proyecto, pero no para cuestionarlo”, puntualizó Javier Jahncke.

En ese sentido, el Secretario Ejecutivo de RED MUQUI, remarcó que en este proceso de consulta, la posición de las comunidades no tiene incidencia sobre la viabilidad del proyecto, ya que la decisión es tomada solo por el Estado y la empresa que solicita la concesión.

“Según las normas del sector la consulta previa se realizaría después de la aprobación de los EIA y de todas las autorizaciones necesarias para que las actividades extractivas inicien. Por lo tanto, no se consulta sobre ninguna resolución que involucre la realización del proyecto, la consulta previa se realiza en dos momentos en los que no se puede decidir nada”, finalizó.

Luego de culminadas las exposiciones, Tauli-Corpuz, saludó que la Sociedad Civil peruana mantenga una elaboración de reportes e informes que monitorean el cumplimiento de la ley y procesos de consulta previa en el Perú, y los consideró como insumos necesarios para aquellos funcionarios designados por el Estado en los procesos de diálogo con comunidades indígenas.

«Creo que los reportes e informes que están siendo trabajados por la sociedad civil, sobre consulta, pueden llegar a  ser un elemento importante en los procesos de diálogo, al exponer las violaciones al convenio 169”, indicó Tauli-Corpuz al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.

Se viene un nuevo informe

La comisionada por la ONU sobre Pueblos Indígenas, destacó la importancia de que las comunidades puedan decir sí o no, a las inversiones que se realizarán en sus territorios, así como de la aprobación de salvaguardas ambientales y de derechos humanos, por parte del Estado. En ese sentido, la relatora recomendó que los inversionistas sean transparentes en sus propósitos y las negociaciones deben hacerse de manera pública para que los ciudadanos tengan la posibilidad de intervenir y hacer estudios de impactos en los derechos humanos.

Victoria Tauli-Corpuz, anunció que en setiembre de este año presentará un informe referido a Pueblos Indígenas. Cabe recordar que la relatora elaboró el informe «Repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, Informe a la Asamblea General, 2015», el mismo que fue presentado a la 70ª sesión de la Asamblea General de ONU.

“Los pueblos indígenas son las poblaciones más vulnerables y no queremos que se agrave la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Por esto tenemos el mandato de protegerlos, indicó”.

DATOS

  • Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Baskut Tuncak, Relator Especial sobre Residuos Tóxicos, también de la ONU, y Francisco Eguiguren, Relator de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, llegaron a Lima para participar en un foro público, para analizar los alcances y las posibles afectaciones que sufrirían los pueblos indígenas del Perú y de otras 11 países, por el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

ACUERDO EN CHUMBIVILCAS

  • Ese día recién se acordarán  puntos de la agenda de trabajo entre pobladores, la minera HudBay y el MEM
  • Pobladores exigen información sobre modificaciones que se realizó al EIA del proyecto Constancia

Las organizaciones sociales y autoridades de Velille (Chumbivilcas, Cusco) acordaron que el 17 de febrero se llevará a cabo la próxima reunión de diálogo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y los funcionarios de la empresa minera HudBay que opera en la zona a través del proyecto Constancia

En esta sesión se aprobará el reglamento interno de la Mesa de Diálogo, la agenda de trabajo y la acreditación de los representantes de las partes. En el encuentro con los funcionarios del MEM y HudBay, los dirigentes comunales y las autoridades locales, dejaron en claro que esperan que esta no sea una mesa de diálogo más y que finalmente se logren acuerdos que tomen en cuenta las demandas de la población y sean adecuadamente implementados.

En la reunión del 27 de enero, también estuvieron los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) además del MEM y HudBay; el encuentro se inició en presencia de la Fiscalía de Prevención de Delitos de Chumbivilcas, en el sector de Maranniyuq, y luego se trasladó al colegio Juan de Dios Valencia en Velille. Tras un intenso intercambio entre los representantes de cada sector, se tomó el acuerdo de iniciar el proceso de diálogo.

Las organizaciones sociales del distrito de Velille iniciaron un paro de 72 horas el lunes 25 de enero, el cual fue contundente al movilizar más de 6 mil pobladores incluyendo a representantes de Livitaca. Aunque la Dirección Regional de la Policía envió un gran contingente de efectivos, y sin no hubo ningún enfrentamiento de por medio, así como tampoco denunciados o detenidos.

Recién en el tercer día de movilización hacia el campamento minero del proyecto Constancia, se pudo instalar un nuevo proceso de diálogo, con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la empresa minera, así como de los gobiernos locales y dirigentes sociales.

De esta manera se levantó el paro de 72 horas que había sido acordado por asamblea popular el 10 de enero último.

Los reclamos

– Que se declare como área influencia directa a todas las comunidades del distrito de Velille mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental y social del proyecto Constancia.

– Ejecución del monitoreo ambiental mínimo 3 veces al año en el que participe OEFA, ANA, Hudbay y el Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental del distrito,

– Que se informe de las modificaciones que se realizó al estudio de impacto ambiental, así como la implementación de un plan de contingencia sobre la contaminación ambiental en el área de influencia de la mina.

– Así mismo se pide que dentro del plan de desarrollo distrital se considere la implementación de programas educativos, centros de salud, energía eléctrica y el asfaltado de la carretera que conecta a Espinar – Chumbivilcas, más puestos de trabajo, la promoción del desarrollo económico y el fiel cumplimiento de los convenios con las comunidades aledañas al proyecto, entre otros temas.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros

Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras / Tomate Colectivo

TRAS PROMULGACIÓN DE DECRETO SUPREMO

  • Ejecutivo no ha vuelto a fijar fecha para otro eventual diálogo

Autoridades y representantes de organizaciones sociales de Challhuahuacho (Cotabamba, Apurímac) buscarán reunirse con cada uno de los 12 ministerios y hacer seguimiento al inicio de las obras que cada sector debe ejecutar para que las poblaciones de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, cambien su condición de extrema pobreza; adelantó Juan Pablo Conislla, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de dicho distrito.

Esta decisión fue tomada tras la publicación del Decreto Supremo (Nº 005-2016), que fue parte del compromiso de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para declarar “de prioridad nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho”. Con esta norma se busca institucionalizar los acuerdos arribados en la mesa de diálogo distrital y asegurar la ejecución presupuestal de 700 millones de soles para los próximos años, aunque el decreto en cuestión, no especifica ninguna cifra para este fin.

“La implementación del presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Para tal efecto, las entidades del Estado priorizarán su presupuesto a fin de atender los compromisos asumidos, sujetos a su capacidad operativa y disponibilidad presupuestaria, así como al cronograma de ejecución de las respectivas intervenciones”, indica claramente el artículo 2 de la norma.

En ese sentido, Conislla señaló a RED MUQUI que para las autoridades y dirigentes, este dispositivo legal es un primer paso, así como una garantía para asegurar que el próximo gobierno se encargue de cumplir con este distrito que, desde hace 3 años, espera salir de la extrema pobreza, pese a tener actividad minera.

“Somos conscientes de que las obras pendientes en Challhuahuacho no las va a hacer Ollanta Humala, sino el gobierno que entre. Es por eso que nosotros exigimos que se emita esta norma para que esto no quede en promesas y los ministerios estén comprometidos desde ahora”, comentó.

Por su parte, Allen Torres, miembro del equipo técnico de Cotabambas, considera que la emisión de esta norma es un paseo más por parte del Ejecutivo.

“Creemos que este papel es un pasea más del gobierno. Hasta ahora no hay ningún cronograma establecido y mucho menos una fecha de una próxima reunión de trabajo. El último contacto con los funcionarios de la PCM fue cuando nos trajeron el decreto antes de su publicación. Luego de ello no hay más, y hay mucho por hacer”, expresó a RED MUQUI.

El dirigente campesino, Juan Pablo Conislla, también afirmó que tras la suspensión del diálogo programado para el 19 de enero, los funcionarios de la PCM regresaron a Tambogrande el 22 para mostrarles el texto del decreto que fue publicado en el Diario El Peruano el lunes 25 de enero último.

ANTES DE ELECCIONES

No obstante, el texto del decreto indica –en su artículo 3– esta política de desarrollo se pretende llevar a cabo “en el mediano plazo que trascienda al actual Gobierno, en vista que las elecciones generales de abril próximo, determinarán el ascenso de nuevas autoridades nacionales”.

Lea también: Challhuahuacho le da 48 horas al Ejecutivo para emitir norma que ejecuta proyectos de desarrollo en la zona

Son 12, los ministerios que han refrendado este decreto junto con el presidente Ollanta Humala: Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Interior, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de Energía y Minas, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro del Ambiente y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

VER DECRETO 

Fotos: Facebook del alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani Lima

TRAS PARO DE 72 HORAS

Durante este tercer día de paro, los representantes de las organizaciones sociales de base, las autoridades y pobladores del distrito de Velille (Chumbivilcas, Cusco) iniciarán un proceso de diálogo con los representantes de la empresa minera, y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, y la Presidencia del Consejo de Ministros.

El arribo de funcionarios no impidió que los manifestantes tomen las vías que van hacia la sede de Hudbay y a la de Glencore. Se reportó que se ha suspendido  la salida de carros de Arequipa con destino a Chumbivilcas (Cusco), Cotabambas y Aquira (Apurímac). La mesa de diálogo se postergó para hoy debido a que los miembros del Ejecutivo no portaban sus acreditaciones.

Desde las 10 de la mañana, los pobladores se concentraron en el sector de Maraniyoc, ubicado a 3 Km del asentamiento minero.

Hasta el momento, la paralización de 72 horas que enfrentan los pobladores de Velille, tiene masiva concurrencia de la población y respaldo de las 8 comunidades del distrito de Velille y las principales organizaciones sociales de la provincia de Chumbivilcas. Por otro lado, existe un fuerte y numeroso resguardo policial del asentamiento minero del Proyecto Constancia de la empresa minera Hudbay.

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Cabe recordar que la empresa minera HudBay ha tenido problemas con algunas comunidades afectadas por el el proyecto Constancia. En noviembre del 2014 un grupo de comuneros de la comunidad de Uchuccarco realizó un plantón en el campamento minero de HudBay pruduciendose algunos enfrentamientos entre los pobladores y los miembros de la Policía Nacional. Luego de ello se instaló una mesa de dialogo y hasta la fecha existen reuniones para discutir las demandas de la comunidad de Uchuccarco.

 DATO:

El proyecto Constancia se ubica en el distrito de Velille, Chamaca y Livitaca de la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco / Diario La República

Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

OTRO CONFLICTO EN EL CUSCO

Esta mañana el  frente de Defensa de Velille, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y las ocho comunidades de Velille iniciaron  el paro preventivo de 72 horas en contra de la empresa minera HudBay Perú SAC, que promueve el proyecto Constancia en el distrito de Velille, Chamaca y Livitaca de la provincia de Chumbivilcas.

Los manifestantes se movilizaron por las principales vías de acceso, para concentrarse a 1 km del campamento minero, cerca de Chilloroya. Ante la Plataforma de Lucha presentado por el Frente de Defensa del distrito de Velille, los representantes de la empresa Hudbay se comprometieron en iniciar proceso de dialogo el día de mañana martes 26 a las 13 horas; en el que participaran los representantes de la empresa minera, las autoridades de Chumbivilcas, los representantes de las 8 comunidades y los representantes de los frentes de defensa. Siendo como intermediario la Presidencia del Consejo de Ministros.

Cabe recordar que la empresa minera HudBay ya ha tenido problemas con algunas comunidades afectadas por el el proyecto Constancia. En noviembre del 2014 un grupo de comuneros de la comunidad de Uchuccarco realizó un plantón en el campamento minero de HudBay pruduciendose algunos enfrentamientos entre los pobladores y los miembros de la Policia Nacional.

La comunidad de Uchuccarco en ese entonces denunció el incumplimiento de compromisos asumidos por parte de la Empresa Hudbay y su negativa a discutir y/o negociar una 2da adenda al convenio inicial suscrito. Luego de ello se instaló una mesa de dialogo y hasta la fecha existen reuniones para discutir las demandas de la comunidad de Uchuccarco.

Asimismo, vecinos del distrito de Santo Tomás, en Chumbivilcas;  reportaron que a través de la radio emisora local “Qorilazo”,  una persona que se auto identificó como comandante de la Policía Nacional del Perú de la jurisdicción de Espinar, habría manifestado que los efectivos policiales en torno a la unidad minera Constancia contaban con la orden de disparar a cualquier persona que intentara violentar las instalaciones de la mina. Este hecho provocó el malestar de la población y causó la adhesión de más manifestantes a la protesta.

Durante la jornada los accesos hacia la provincia de Chumbivilcas estuvieron bloqueados y los piquetes de huelguistas señalaron que mantendrán sus posiciones hasta el día 27 de enero, impidiendo el pase de los vehículos. Por otro lado, se informó que un grupo de 200 personas aproximadamente logró acercarse hacia las instalaciones de la mina Constancia; no obstante, los dirigentes del Comité de Lucha han negado cualquier tipo de coordinación con dichas personas.

Hasta el momento, el  Ministerio de Energía y Minas ha enviado un comunicado exhortando al diálogo entre la empresa y la población, así como al cese de la movilización.

Qué es lo que reclaman

– Que se declare como área influencia directa a todas las comunidades del distrito de Velille mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental y social del proyecto Constancia.

– Ejecución del monitoreo ambiental mínimo 3 veces al año en el que participe OEFA, ANA, Hudbay y el Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental del distrito,

– Que se informe de las modificaciones que se realizó al estudio de impacto ambiental, asi como la implementación de un plan de contingencia sobre la contaminación ambiental en el área de influencia de la mina.

– Así mismo se pide que dentro del plan de desarrollo distrital se considere la implementación de programas educativos, centros de salud, energía eléctrica y el asfaltado de la carretera que conecta a Espinar – Chumbivilcas, más puestos de trabajo, la promoción del desarrollo económico y el fiel cumplimiento de los convenios con las comunidades aledañas al proyecto, entre otros temas.

Algunos antecedentes

Velille es un distrito de la provincia de Chumbivilcas, y es uno de los distritos afectados por el proyecto minero de Constancia de la Canadiense HudBay, junto a los distritos de Chamaca y Livitaca. Las autoridades locales y las organizaciones sociales de Velille desde el año 2015 han venido organizando diferentes eventos, congresos y foros sobre la presencia de la actividad minera en su territorio, estas discusiones estaban centrados en los aportes sociales y ambientales que la empresa deberia realizar para el distrito de Velille.

Parte de estas discuciones en sus eventos públicos se encontraba la poca información que se habría brindado desde el Gobierno Central y la empresa minera sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Constacia.

Tanto el Alcalde de Velille Sergio Valencia Salcedo como el presidente del Frente de Defensa de Velille Guider Puma, han señalado que se ha insistido con invitaciones y cartas a la empresa minera para que se pueda sentar a dialogar y a los mismos representantes del gobierno nacional, y no han obtenido respuesta a sus demandas.

 

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras / Observatorio de Conflictos Mineros/ Voces de la Tierra

Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras / Voces de la Tierra