Entradas

En las últimas décadas, han crecido en forma vertiginosa las inversiones chinas en América Latina en los sectores extractivos y las grandes infraestructuras. Mientras tanto, cada vez más comunidades afectadas por el financiamiento y las inversiones chinas, por ello las organizaciones sociales requieren conectarse y elaborar estrategias con otras organizaciones que trabajan la materia.
Ese ha sido el propósito del encuentro presencial del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente – CICDHA, la única red de organizaciones de la sociedad civil, que trabaja sobre China y derechos humanos que se celebró desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 de junio en Lima.
Un espacio común compartido con público para reflexionar sobre el contexto y las implicaciones de los problemas que enfrentan, se dio en la tarde del jueves 23 en el Foro Presencial y Virtual: “Actividad empresarial China en Latinoamérica y derechos humanos”
Marco Antonio Gandarillas de Latinoamérica Sustentable presentó algunas conclusiones sobre el Estudio Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica.
Entre ellas destaca que, todos los 26 proyectos analizados, se han implementado en áreas frágiles, lo que explica en parte la conflictividad que presentan. En 24 de ellos, se violó el derecho a vivir en un ambiente sano o se vulneró gravemente el medio ambiente.

Argentina

Guillermina French de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, destacó el caso del Complejo Hidroeléctrico Río Santa Cruz. Proyecto de capitales chinos que consta de dos represas, que se están construyendo en uno de los ríos patagónicos más importantes y que se nutre completamente del sistema de glaciares. Construcción que amenaza especies endémicas como el ave Maca Tobiano y amenaza espacios sagrados de comunidades tehuelche mapuche, 14 de cuyas comunidades de la zona han sido vulneradas en su derecho a la consulta previa.

Perú

Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui presentó el Caso de Las Bambas y la afectación a los derechos humanos. Megaproyecto que produce el 2 por ciento del cobre a nivel global y cuenta con una inversión de 10 mil millones de dólares. El representante de Muqui explicó que: “encadenado al mal llamado corredor minero, ya que por esta vía se traslada mineral de cobre de cuatro proyectos mineros, el proyecto ha traído graves afectaciones por el traslado diario de 370 camiones que atraviesan 169 centros poblados hasta el puerto de Matarani. En casi todas las etapas del proyecto se han hecho cambios sustanciales en el EIA, y no se han consultado, tampoco se han previsto las medidas de remediación adecuada a los impactos que se producirían”. Además detalló que:
“Sumado al paso de camiones de la minera MMG Las Bambas, son más de 500 camiones que pasan por el corredor diariamente pertenecientes a empresas como Hudbay y Glencore
Lamentablemente el gobierno ha vuelto a recurrir a los mismos mecanismos de represión y no ha mostrado capacidad para resolver las demandas de las comunidades”.

Chile

Javier Oroyo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales- OLCA presentó un caso que gira en torno a la cuarta represa que se pretende instalar sobre el río Bío Bío, el caudal más importante de Chile: la represa Rucalhue. Un proyecto actualmente propiedad de la compañía “China International Water and Electric Corporation” Javier Oroyo explicó: «La empresa busca aprovechar algunas necesidades de la comunidad y entregan algunos beneficios o hacen convenios con la municipalidad, pero no respetan otras cuestiones centrales con aquellos sectores que rechazan la instalación de la represa”.

Ecuador

Uno de los proyectos petroleros más controversiales en Ecuador es la explotación del Bloque 43, en el Parque Nacional Yasuní, una de las regiones más biodiversas de la Amazonía, la que además es una zona donde habitan pueblos en aislamiento voluntario. Una situación que significa un conflicto socio ambiental desde hace casi un década, en el que el Estado ecuatoriano ha intentado forzar la explotación de petróleo contra los derechos de diversos pueblos indígenas y de la naturaleza, que en teoría están protegidos por la Constitución del país, como relató Natalia Yepes de la Alianza por los Derechos Humanos.

Una polémica y cuestionada audiencia se ha desarrollado por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), dependiente del Ministerio del Ambiente. En este espacio que se ha desarrollado de manera virtual la Compañía Minera Ares, subsidiaria del consorcio minero Hochschild Mining, ha presentado la segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la unidad minera Inmaculada, ubicada en la provincia de Paucar del Sara Sara en la región Ayacucho.

La minera ha propuesto modificar el plan de minado, a fin de extender la vida útil de la explotación de oro y plata hasta el 2042. Una propuesta que extiende el tiempo de explotación de esta mina, que representa el 60 por ciento del volumen total de producción del grupo Hochschild, en veinte años, ya que el cierre de producción estaba previsto para 2023.

Esta pretendida ampliación es justamente la que causa polémica, ya que el Estado peruano a través de una comisión gubernamental encabezada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió el 19 de noviembre pasado a respetar los planes de cierre de cuatro unidades mineras y terminar de esa manera la operación de las explotación de minerales en las cabeceras de cuenca en el sur de Ayacucho. Uno de los reclamos más sentidos de las comunidades de las provincias de Páucar del Sara Sara, Lucanas y Parinacochas. Compromiso solemnemente firmado entre el Estado y las comunidades en la comunidad de Cora Cora para negociar el retiro y el cierre de las mineras Apumayo, Breapampa además de Pallancata e Inmaculada.

En conversación con Red Muqui el presidente del Frente de Defensa del Valle de Huanca Huanca, Rodolfo Ríos, cuestionó además el momento y la forma en la que se desarrolló esta audiencia sobre la Modificación del EIA. En una zona del país que no cuenta salvo contados lugares con una cobertura de red que haga posible participar de un espacio virtual que requiere un servicio de Internet estable y con un mínimo de descarga de datos para que los habitantes de las comunidades lo puedan seguir, este espacio resulta más una artimaña de la empresa para sugerir que ha consultado con la población afectada una posible ampliación temporal de sus operaciones, explica Rodolfo Ríos.

Y es que el consorcio minero tiene prisa por ver aprobada esta pretensión. En diciembre del año pasado, la agencia Reuters informó que Hochschild Mining preveía que el regulador ambiental aprobase en el primer semestre de 2022 ampliar la vida útil de su mina insignia.

Para el dirigente del Frente de Defensa del Valle de Huanca Huanca, donde se encuentra una cabecera de cuenca y tres microcuencas y donde se ubica la explotación con el nombre eufemístico “Inmaculada”, después de trece años de explotación en los que la empresa ha engañado a las comunidades este tipo de acciones no hacen más que aumentar la conflictividad en la zona. Y añade que el pueblo, que no ha participado de esta última audiencia, si bien reconoce que estuvieron presentes trabajadores directos y de empresas subcontratadas que no tienen legitimidad ante las comunidades, rechaza tajantemente la posibilidad que la mina extienda el tiempo de sus operaciones.

Ríos recuerda que el gobierno tiene 90 días de plazo que corren desde el acuerdo del 19 de noviembre de Cora Cora para implementar lo suscrito con los comuneros.

En esa ocasión, se acordó además la implementación de un Marco Metodológico para la identificación, Caracterización y Zonificación de las cabeceras de Cuenca en las tres provincias mencionadas.

Estas medidas fueron acompañadas del compromiso para crear una comisión ejecutiva para la negociación del retiro de las cuatro unidades mineras, medida estrechamente relacionada con lo estipulado por los mismos planes de cierre que presentaron las propias mineras en sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental.

Para las mineras hay mucho juego. En el caso de Ares, las acciones de su casa matriz, Hochschild se hundieron en noviembre a mínimos históricos en la bolsa de Londres. Esto se debió a la incertidumbre en torno al futuro de dos de sus tres minas de metales preciosos (Inmaculda y Pallancata), antes de recuperarse luego de que el Gobierno relativizara su postura sobre la extensión de las operaciones de las mismas.

En tanto los comuneros del valle de Huanca Huanca, cuya vida peligra por la explotación minera, observan el incumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno en atención a la contaminación minera. Así por ejemplo el Ejecutivo se había comprometido a realizar una visita a todas unidades mineras, incluida Inmaculada, hasta el 15 de enero.

Sin embargo, la prometida visita de la comisión ejecutiva no se ha concretado. Para alertar sobre ello el Frente realizará el próximo 11 de marzo la  II Convención de las comunidades y pueblos afectados por la minería en Pauza, Páucar del Sara Sara.

Por: Juan Aste Daffós, economista y consultor de Red Muqui

Las empresas mineras vienen obteniendo sobre ganancias 10 años y 4 meses desde que el cobre superó los 3 dólares la libra de cobre del 2006 al 2014 y de agosto 2020 a diciembre 2021. En la actual coyuntura las empresas mineras quieren asegurarse una mayor expansión minera y la rentabilidad futura sin ninguna reforma tributaria y sin consulta a las comunidades, agricultores y poblaciones locales. La ventaja del Perú respecto a otros países como Chile está en que posee la mayor ley del mineral (contenido fino en el mineral de cobre) y el costo de extracción más bajo (0.8 dólares la libra de cobre), debido también al reducido costo de la fuerza laboral y la energía, así como a una regulación ambiental venida a menos desde el 2015. Solo el 2021 la sobreganancia minera superaría los 5,600 millones de dólares.

Frente a coyunturas de precios altos de los metales, las empresas mineras cambian el plan de minado para explotar las zonas de menor contenido fino y mayor costo de extracción, y amplían la capacidad de las plantas procesadoras del mineral tratando más toneladas para producir la misma cantidad de cobre fino, acumulando muchos más millones de toneladas de desmonte y relaves adicionales cada año. Para ello, requieren más agua, explosivos, reactivos y otros insumos, que aumentan la contaminación del aire, aguas subterráneas y superficiales, y suelos, afectando ecosistemas, la economía de la agricultura, pesca y ganadería que ven limitadas sus actividades, la salud y la vida de las poblaciones del entorno social de la actividad minera. Peor aún, cuando se evidencia que la mayoría de planes de cierre no se cumplen porque la garantía es mucho menor que el costo del plan, y por ello, aumentan los pasivos ambientales que deben ser remediados con dinero del Estado o de todos los peruanos.

Simultáneamente, los elevados ingresos dinamizan las inversiones en exploración a través de las empresas junior, generalmente canadienses, y de las propias empresas mineras. Ello supone ganar territorios sin consulta a las poblaciones locales involucradas, que con los años se han ido trasladando en mayor cantidad hacia cabeceras de cuenca en zonas de importante producción agropecuaria que abastece de alimentos a ciudades cercanas e incluso a Lima, generándose un significativo impacto ambiental y pérdidas de ingresos y empleo masivo.

La expansión de la minería informal e ilegal, en particular en períodos de precios altos de cobre y oro principalmente, abre el camino para el posterior ingreso de la minería formal; es decir, son aliados de la misma actividad e igual fin. Sin embargo, en el valle de San Lorenzo, que comprende principalmente a los distritos de Tambogrande y Las Lomas, provincia de Piura, se produce mango, limón y arroz prioritariamente, y no hay minería informal, e incluso cuando una minera junior quiso posicionarse en dicho valle fue rechazada por la población y el alcalde de Tambogrande. La minería informal se halla concentrada irracionalmente en los distritos de Suyo y Paimas, en la provincia de Ayabaca.

La inexistencia de la consulta a comunidades y poblaciones locales hace que no se realice un análisis del riesgo ambiental, económico y social del proyecto minero frente a las alternativas de vida en los lugares donde el Estado unilateralmente ha entregado concesiones mineras y espera que las empresas obtengan la licencia social mediante el acuerdo previo. Así, la expansión minera ha terminado en muchos casos imponiéndose en los territorios con un marco legal muy permisivo que no conserva ni protege los ecosistemas hídricos, productivos y de bosques, perdiéndose la cuenca y la biodiversidad que alberga un rico material genético, y todo ello con el aval del Estado.

Las reiteradas infracciones ambientales y multas identificadas en la minería por el OEFA en 2011-2014 hizo que un grupo de 20 empresas mineras le abrieran procesos administrativos ante el Indecopi y el poder judicial y pidieran que se le retire el financiamiento (aporte por regulación) a esta entidad supervisora ambiental. Felizmente no lograron. Esta decisión de las mineras es coherente con su posición actual, expresada en el Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de febrero 2020 – espacio impulsado por la PCM- donde plantean que no haya consulta previa, que se implemente la autorregulación ambiental, y que las autorizaciones se den finalmente a través del silencio administrativo positivo, mientras los estándares de calidad ambiental del agua para riego y del aire para el dióxido de azufre se han ido flexibilizando entre el 2008 y el 2017 permitiendo mayor contaminación e impacto ambiental y en la salud de las personas. Adicionalmente, el Estado y las empresas mineras han imposibilitado u ocultado informes que establecen la relación causa efecto.

A estos hechos hay que señalar condiciones inaceptables, como que la empresa minera siga contratando a una consultora para que le elabore varios Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la defienda de las observaciones del Estado, o cuando la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no solo le otorga derechos de uso de aguas a las mineras sin tomar en cuenta la demanda presente y futura del agua para los planes de vida de las comunidades y poblaciones cercanas, sino que para comprobar la información presentada por la empresa en la línea base del EIA no va a la zona para levantar el inventario de fuentes hídricas de la cuenca donde está el proyecto sino que esta información se la entrega la propia empresa minera. Las estaciones de monitoreo ambiental son determinadas en lugares acordados por la empresa y el Estado, sin la participación de los actores sociales de la localidad directamente involucrados.

El balance hídrico no toma en cuenta la demanda de agua de los proyectos de corto y mediano plazo de las comunidades, productores agrarios y poblaciones locales, y los estudios hidrogeológicos resultan insuficientes porque subestiman el nivel de contaminación de las aguas subterráneas que son las más afectadas por la actividad minera al producir aguas ácidas y recibir las filtraciones del relave aguas abajo de la cuenca. El Estado tampoco verifica en campo el dato del EIA sobre el área de la comunidad utilizada realmente por los proyectos mineros.

Esto significa que las empresas mineras han ido contaminando y comprometiendo más cuencas y producción de la agricultura familiar de cada vez más poblaciones, que con el cambio climático se ha acentuado el estrés hídrico que ya padecen, y por ello, no otorgan licencia social a los proyectos mineros para proteger su agroalimentación y su vida. Esto explica el por qué campesinos y agricultores y poblaciones locales rechazan o piden el retiro de la actividad minera de sus territorios y por qué el ordenamiento territorial participativo con respeto a la autonomía de las comunidades, agricultores y poblaciones locales resulta urgente.

Cabe precisar aquí, que entre el 2015 y 2019 las mineras han estado pagando tributos entre el 8 y el 10% del total recibido por el Estado, y si se le descuentan las devoluciones de tributos, su aporte sería de solo el 3%, salvo ahora que, con precios muy elevados de los metales, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha sido del 14.4%. En otras palabras, en el 2021 más del 85% del ingreso neto por tributos no procede de la minería, ocurriendo lo mismo con su aporte al PBI y al empleo directo, que solo es 1.2% de la PEA. Pero si al reducido pago de tributos, se le descuenta el valor del impacto ambiental (ecológico, económico y social) que se pierde, el valor final sería negativo. Esto último es muy importante, porque el Perú es un país megabiodiverso, pluricultural y multilingue.

A manera de colofón, la campaña de algunos diarios para defender la actividad de las empresas mineras como si actuaran ambiental y socialmente de manera responsable, y las comunidades y poblaciones locales fueran vándalos que afectan los ingresos fiscales y las sobreganancias, por lo que solo deben merecer la criminalización de las protestas y no el diálogo, resulta inaceptable. Como también lo son algunas afirmaciones de personas interesadas que hablan en defensa de las empresas mineras sin conocer la realidad de la minería en el Perú.

Mención aparte merece Roque Benavides que, en el caso de la unidad Uchucchacua de Cía de Minas Buenaventura, y en un contexto de precios altos de los metales, pretende que el MINEM le autorice la suspensión de operaciones “por la baja de la ley del mineral”, para luego solicitar el cese colectivo, y de esta manera, desaparecer los sindicatos y reducir el costo de la fuerza laboral y continuar con un nuevo proyecto muy cerca al anterior.

De manera urgente, se requiere descentralizar la gestión ambiental y de los conflictos, realizar ordenamiento territorial e hídrico, garantizar la consulta, la vigilancia ambiental y la salud a las poblaciones, y en general, depender menos de la actividad minera y diversificar la economía.

 

 

 

 

 

El pasado lunes 6 de septiembre el Ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, se reunió en Huancavelica con representantes de diversas organizaciones sociales de base, dirigentes, ingenieros, entre otros; para escuchar la posición de la población frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur.

Como se sabe, dicho proyecto minero pone en peligro de contaminación por arsénico el consumo de agua de más de 50 mil huancavelicanos. Esto debido a que el área de exploración se encuentra ubicado en la cabecera de la microcuenca de la quebrada Callqui. 

Esta quebrada abastece aproximadamente más del 70% de agua a la planta de tratamiento EMAPA. A ello se suma la presencia de 46 manantiales, 16 quebradas, 2 lagunas y 8 bofedales en una zona considerada por la propia Nexa Resource, en su Declaratoria de Impacto Ambiental, en una zona de ecosistema frágil.

En su participación, la regidora y especialista ambiental, Elsa Benavente, indicó que las cabeceras de cuenca tienen que ser protegidas porque es donde nace el agua y por lo tanto ser declaradas zonas intangibles.

Además, precisó que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Nexa Respurce, menciona que se harán 40 perforaciones de 100 a 1000 metros de profundidad. Benavente manifestó, “no hay que ser experto para darnos cuenta de que si o si van a cruzarse estas aguas subterráneas. En el propio estudio de Nexa y el informe del ANA dice que los riesgos ambientales de este proyecto es que durante la perforación se cruzara con acuíferos, agua subterránea que alterara la calidad de agua”

Por otro lado, Benavente indicó que presentaran una acción de amparo frente a la resolución del SENACE que aprobó la MEIA presentada por Nexa Resource. 

Por su lado, el congresista huancavelicano, Alfredo Pariona; indicó que “nosotros no somos antimineros, si el proyecto minero Pukaqaqa Sur se da tiene que ser respetando las normas vigentes, pagando a sus trabajadores, respetando el medio ambiente y que no haya conflicto alguno”. Así mismo, indicó que desde su labor como congresista electo estará siempre atento a salvaguardar los intereses de Huancavelica. 

Palabra de Ministro

En su intervención, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino manifestó que se encontraba dispuesto a escuchar y promocionar lo que se quedó desde la campaña y lo que dijo el presidente Castillo; “vamos a promover los proyectos que tengan rentabilidad social, nosotros hemos llegado aquí por el voto del pueblo”.

El ministro dejó en claro que lo más importante es el impacto en la zona, “cualquier intervención tiene que ser con respeto a la cultura local, cualquier proyecto tiene que acondicionarse a la realidad local, si todo proyecto cumple estos requisitos va a tener el apoyo del gobierno e incentivos”

En relación al proyecto minero Pukaqaqa Sur indicó que lo que existe es falta de información de ambas partes, así como falta de dialogo; “primero, la resolución ministerial emitida el 15 de diciembre no constituye ningún otorgamiento de autorización alguno o permiso, la resolución de consejo de minería no es la entidad que autoriza ningún accionar, es un ente que resuelve quejas, no manda ejecución”

De otro lado, el ministro de Energía y Minas reconoció la posición de la población huancavelicana frente al proyecto minero Pukaqaqa Sur como mayoritaria en rechazo de la misma e indicó que respetaran la decisión basándose en la rentabilidad social.

“Es necesario trabajar en conjunto, tenemos una buena relación con la comisión del congreso que ve estos temas y creo que con ellos vamos a tratar y sería la primera instancia donde trabajemos los congresistas locales para que no haya distorsión de la información, debemos tener el diagnóstico preciso”

Finalmente indico que se reuniría con representantes de la empresa Nexa Resource para validar información.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, recalco que su despacho tomará las acciones inmediatas frente a este hecho, para lo cual convocará a una reunión donde participarán los congresistas por Huancavelica, así como los de la Comisión de Energía y Minas (COMEM) y representantes del MINEM para asumir responsablemente la más apropiada decisión.

Desde que asumió la cartera del Ministerio de Energía y Minas, el nuevo ministro Miguel Incháustegui, tras la crisis del gabinete Cateriano, ha dado varios anuncios de un supuesto viraje en su sector.

Ha señalado que van a priorizar 9 proyectos mineros que se encuentra en la última etapa y que están avanzando en permisos y financiamiento. Aunque señaló que su gestión, a diferencia de las anteriores, no pretenderá imponer proyectos mineros que tienen rechazo de la población como Tía María, Conga y Río Blanco; el proyecto minero Toromocho, que anunció se priorizará, actualmente tiene el rechazo de las familias que aún viven en Morococha.

También ha señalado, a diferencia de las anteriores gestiones, que generará consensos y espacios de diálogo tripartitos con los gobiernos regionales, provinciales, municipales y las comunidades. Sobre el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas o un tren que pueda sacar los minerales sin afectar a la gente que vive alrededor y soporta el paso de más de 300 camiones diarios.

Asimismo, ha señalado sobre Espinar que respetara los acuerdos de la mesa de diálogo. Afirmó también en una entrevista que no se han relajado las normas ambientales y que tendrán la intervención del MINEM para que no ocurran fallas en las normas que se han modificado como el de exploración minera y el nuevo reglamento de procedimientos mineros.

Además, durante esta semana, las empresas de su sector están en el ojo público porque el Tribunal Constitucional resolvió que la SUNAT debe seguir cobrando las deudas tributarias que las empresas no quieren pagar. De estas empresas privadas, 22 son empresas mineras que deben más de 5 mil millones de soles.

¿Estamos en un nuevo escenario con el nuevo ministro?

Recabamos la opinión de 2 economistas, especialistas en minería.

Juan Aste:

El nuevo ministro ha mostrado un perfil más institucional sustentada en los informes de Rimay y la Comisión de Desarrollo Minero sostenible. No propiciar los conflictos, no darle prioridad a Tía María y otros proyectos. Sin embargo, ha coincidido su entrada con la publicación del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que es un peligro por todos los impactos ambientales que significa, estableciendo el silencio administrativo positivo; o aprobar en un solo procedimiento la concesión de beneficio y la licencia de construcción que favorece a la empresa minera Southern con su proyecto Tía María, por ejemplo.

También está la aprobación del reglamento de protección ambiental de la exploración minera y ahí hay otro problema porque se han sacado los componentes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Exploración y se han pasado al cateo y prospección, haciendo aparecer como si la exploración no tuviera impacto. Avalar eso para dinamizar la exploración, que era objetivo del gran empresariado, es preocupante.

Institucionalmente, él nuevo ministro, está respaldando la desregulación de los procedimientos, que tendrá impactos para dinamizar la inversión.

Ha coincidido su entrada con la flexibilización del reglamento interno de trabajo en las minas en el contexto del Covid para que la producción recupere sus niveles de producción al 100%. Sobre esto ha señalado que la Sunafil es quien tiene que actuar, evadiendo responsabilidad de su sector.

En conclusión, con la nueva gestión se le ha dado continuidad a la política minera que va a traer sus consecuencias en las cuencas hídricas al expandir la exploración y ampliar esta capacidad de producción con la menor cantidad de requerimientos y en los plazos mas cortos, ahí habrá impacto en la agroalimentación y las cuencas hídricas.

José De Echave:

El nuevo ministro tiene un período corto hasta julio del próximo año. Ya empieza la campaña electoral. Es un período corto para pensar en cambios significativos. Va a ser una gestión de salida, son los últimos meses del gobierno.

En relación a los mensajes que ha dado, ni él ni el gobierno pretenden sacar adelante proyectos mineros que tengan fuerte resistencia como es el caso de Tía María, Conga, y Río Blanco. Van a dejar que los proyectos que están más o menos encaminados: Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y otros proyectos muevan la inversión minera.

Lo que sí hay que ver son los cambios normativos, porque sigue habiendo la tendencia de desregulación ambiental y social para el sector. Eso debe monitorearse.

Habrá que ver cuál es su posición frente a los cambios normativos. Lo cierto es que la acción del Ministerio de Energía y Minas y el Estado en su conjunto frente a estos procesos de flexibilización van a ser muy limitados. Tenía limitaciones antes de la pandemia y ahora mucho más. La capacidad de fiscalizar, dar seguimiento es mucho más limitado de lo que ya era. La sensación que tengo es que el ministro está sentando posición sobre unos temas y sobre otros no.

Por ejemplo, en el sector laboral, la Federación de Trabajadores Mineros le está pidiendo al MINEM que sincere las cifras de contagios y que junto al Ministerio de Trabajo sienten posición sobre las condiciones laborales que están implementando las mineras. Las jornadas laborales se han extendido hasta 40 días de trabajo continuo. Esto también implica riesgos a las poblaciones vecinas por la exposición al contagio.

El ministro dice que es un tema laboral, pero también le corresponde a su sector. En el protocolo de salud y seguridad ha participado el Ministerio antes de que entre él a la cartera. Las modificaciones del distanciamiento en el trabajo, la potestad del viceministro para aprobar los protocolos por cada empresa ha sido cambiado y las consecuencias de ello las estamos viendo en el aumento de contagios.

Sobre las deudas tributarias, el presidente ha señalado que está de acuerdo en que las deudas no prescriban. Esperaría que los ministros estén alineados. Ya que las deudas corresponden en una gran cantidad, más de 5 mil millones, a las empresas mineras, esperemos que haya un posicionamiento claro del actual ministro.

Sobre las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, veo difícil que se vaya a implementar. La Comisión ha planteado varias cosas, sobre la exploración minera, el gobierno ha tomado ello y ha flexibilizado la protección ambiental para la exploración minera. Asimismo, tiene varios vacíos el informe, por ejemplo: el tema laboral.

Me da la sensación que en el poco tiempo que tiene el ministro va a ser difícil implementar esas recomendaciones y lo que está intentando relanzar el gobierno es Rimay, donde estaban construyendo una visión de la minería al 2030.

 

 

Lima, 15 de agosto de 2016

Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señores Congresistas de la República

Presente. –

Asunto: Condiciones mínimas para mejorar el proceso de evaluación de impacto ambiental de las actividades extractivas e inversiones a gran escala.

De nuestra mayor consideración,

Mediante la presente, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil abajo firmantes les hacemos llegar nuestras recomendaciones para la mejora del proceso de evaluación de impacto ambiental en nuestro país, dado las iniciativas manifestadas por el nuevo gobierno de darle prioridad a la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura a gran escala, y de facilitar la inversión en actividades económicas incluyendo las extractivas.

A ello se suma los esfuerzos que se vienen realizando para que el Perú forme parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE1. Además, el trabajo realizado ha tenido como resultado por el momento, que se hayan emitido una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental de nuestro país.

Por otro lado, es de considerar que el desarrollo de inversiones ya ha generado impactos ambientales y sociales y que su incremento podría traer consigo riesgos mayores y en consecuencia mayor conflictividad, si no se adoptan las medidas del caso. Es por ello necesario contar con inversiones sostenibles que cumplan claros estándares ambientales y sociales, y con una institucionalidad ambiental que tenga las herramientas normativas y el presupuesto necesario para ejercer una adecuada evaluación de estudios y la debida fiscalización.

Por esta razón, presentamos las siguientes condiciones mínimas2 para contribuir a un equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y la protección de la salud y el ambiente, ayudando a generar confianza de la población en las autoridades que promueven las inversiones:

1. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles-SENACE en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA

2. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental-SINEFA.

3. Fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

4. Mejorar la institucionalidad para la transparencia y el acceso a la información

pública que contribuya a los procesos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión a gran escala.

5. Aplicar la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en las diferentes etapas de los proyectos, cuando estas inversiones puedan afectar sus derechos colectivos y el régimen comunal de sus tierras.

6. Reconocer e institucionalizar la Vigilancia y el Monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental-SNGA

7. Planificar estratégicamente la inversión enmarcándola en procesos de Evaluación Ambiental Estratégica-EAE aplicables a las propuestas de políticas, planes y programas de inversión

8. Fortalecer y articular los sistemas de información ambiental (nacionales, regionales y locales) existentes para contar con datos actualizados y fidedignos sobre la calidad del ambiente.

Asimismo, estas condiciones mínimas requieren el impulso a los procesos de planificación del ordenamiento territorial, a cargo de los gobiernos locales y regionales, eliminando las trabas que le impiden asumir su carácter vinculante en la toma de decisiones sobre la ocupación y uso del territorio nacional, y siendo este un paso previo (incluyendo sus instrumentos técnicos como la Zonificación Ecológica Económica-ZEE, entre otros) para la evaluación de los impactos sociales y ambientales de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo en el país.

Por lo expuesto, instamos a las nuevas autoridades a fortalecer la institucionalidad para la gestión ambiental, mejorando el marco legal. Para lograrlo es importante que se considere los más altos estándares ambientales y sociales, así como los compromisos internacionales asumidos por el Perú relacionados al ambiente y derechos de pueblos indígenas. Esperamos que, con ello nuestro país consolide su desarrollo en el siglo 21.

Finalmente, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra voluntad de seguir aportando en la mejora de las políticas públicas nacionales desde nuestra experiencia y trayectoria institucional.

Atentamente,

1. Asociación ARARIWA

2. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

3. Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca -ACODECOSPAT

4. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP

5. Asociación Pro Derechos Humanos

6. Asociación Nacional de Centros-ANC

7. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica-CAAAP

8. CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú

9. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad

10. Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES

11. Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU

12. CooperAcción

13. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR

14. Environmental International Agency- EIA

15. Foro Ecológico del Perú

16. Forum Solidaridad Perú

17. Instituto del Bien Común-IBC

18. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible-IDLADS

19. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú- ONAMIAP

20. Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU

21. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú – ORPIAN-P

22. Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO

23. Paz y Esperanza

24. RED MUQUI Perú

25. Red Peruana por una Globalización con Equidad-RedGE

26. SERVINDI-Servicios de Comunicación Intercultural

27. Suma Ciudadana

28. Urku Estudios Amazónicos

———————————————————————————–

1 OCDE-CEPAL (2016) Evaluaciones del desempeño ambiental Perú 2016. Aspectos Destacados y recomendaciones.

2 Las mismas que se desarrollan en el anexo de esta comunicación.

  • Protesta pacífica se realiza a poco más de un año del estallido del conflicto en Islay
  • Paro de 72 horas fue convocado por agricultores sin participación de dirigentes o líderes comunales
  • Ollanta Humala estuvo en Arequipa en segundo día de paro, pero no se acercó a Islay

El paro de 72 horas (para este 11, 12 y 13 de mayo) convocado por los agricultores de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta del Bombón (Islay, Arequipa), se desarrolló de manera pacífica en cada una de sus actividades en rechazo al anuncio sobre el inicio de operaciones del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa minera Southerm Cooper.

En estos tres días, pobladores y autoridades locales y congresales que se unieron a esta protesta reiteraron que el proyecto Tía María “no tiene licencia social”. Al no percibir ninguna respuesta a su reclamo, al término del segundo día de paro, los manifestantes comunicaron la posibilidad de prolongar la protesta de forma indefinida.

Además de ser pacífica, la movilización no produjo ningún acercamiento del Estado que permita llegar a un entendimiento. Por ello, las comunidades de las zonas de influencian consideran que la única manera de concitar la atención del Estado es movilizándose constantemente.

Según dio cuenta el diario El Pueblo de Arequipa, la representante de la Fiscalía Provincial de Islay, Sally Zorrilla Alarcón, informó que el segundo día de este paro provincial culminó sin ningún problema, lo cual coincide con el reporte de la Policía Nacional que envió alrededor de 300 agentes al lugar.

Días atrás, el presidente de Southerm, Oscar González, aseguró que pronto se reuniría con el presidente de la República, Ollanta Humala, para que el proyecto minero empiece a operar en la zona antes del cambio de gobierno.

A estas declaraciones se sumó el director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales, quien insistió en que el proyecto Tía María (Arequipa) se encuentra prácticamente listo (para operar), lo cual sería una señal importante para las inversiones mineras, tanto locales como extranjeras.

Es así que el martes 3 de mayo, los comuneros y agricultores de la zona realizaron una Asamblea Popular en el sector de La Curva (distrito de Deán Valdivia, Islay), y acordaron paralizar durante tres días sus actividades relacionadas a la cosecha de arroz, además de realizar marchas de protesta en los distritos que comprenden el valle agricultor más grande del sur del Perú. Además este paro convoca a la manifestación pacífica en rechazo al proyecto, en toda la región Arequipa, por medio de vigilias, plantones y expresiones artísticas.

Dirigentes no participaron

Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, aclaró que este paro de 72 horas se ha llevado a cabo por iniciativa propia de los agricultores del valle quienes se auto convocaron para manifestarse, al considerar como ofensivas, las expresiones de Oscar Gonzales Rocha referidas a la viabilidad del proyecto cuprífero.

De igual modo, recalcó que los dirigentes sociales de la zona no participaron de esta la medida de protesta, ya que vienen cumpliendo reglas de conducta mientras el Ministerio Público lleva a cabo sus investigaciones tras el estallido del conflicto de Tía María en marzo de 2015. Es por ello que están impedidos por orden del Poder Judicial.

Día 1

La primera jornada del paro de 72 horas inició en el distrito de Deán Valdivia (El Arco) donde fue el punto de inicio de la movilización en la que participaron cientos de personas, recorriendo la plaza San Francisco, la Curva y las calles del distrito de Cocachacra. Solo los centros educativos amanecieron con las puertas cerradas y los alumnos no asistieron a clases (por orden de la Ugel-Islay).

 

Día 2: Humala evitó a Tía María

En medio de las manifestaciones, el jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, llegó a la provincia arequipeña de Caylloma y participó en la ceremonia de la entrega del título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la danza del Wititi, en el distrito de Yanque. En su discurso recalcó la importancia de que el siguiente gobierno continúe con los programas sociales que su gobierno impulsó. A su salida, el mandatario se retiró rápidamente y evitó pronunciarse sobre Islay, pese a la insistencia de varios periodistas.

Mientras tanto en el centro poblado El Fiscal (entrada del distrito de Cocachacra) se llevó a cabo un mitin, tras la movilización desde la Plaza San Francisco hasta la panamericana Sur (sector de Ventillata). En dicho lugar hubo una interrupción del tránsito en carretera por dos horas. Decenas de vehículos particulares y de carga pesada, que se desplazaban entre los kilómetros 1044 y 1047, quedaron varados; sin embargo los manifestantes decidieron ubicarse en los extremos de la vía y realizaron una olla común.

En dicha actividad marcharon el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz; el alcalde distrital de Cocachacra, Helard Valencia, y el congresista electo por el Frente Amplio, Horacio Zeballos. Durante el recorrido, los efectivos de la comisaría del lugar acompañaron la marcha a distancia sin interferir en la manifestación.

Día 3

El último día de la jornada de protesta, los manifestantes se agruparon en unos 60 vehículos y partieron desde la plaza San Francisco hasta el ingreso de Mollendo, capital de la provincia de Islay. Una vez en el lugar, cientos de manifestantes empezaron a marchar por  las calles del Puerto Bravo con acompañamiento de la policía. En esta última etapa del paro no se registraron enfrentamientos, ni detenciones.

DATOS:

  • El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, coincide con Southern en que «sólo falta la licencia de construcción» para dar inicio a las operaciones.
  • Según el funcionario, para que Tía María inicie operaciones se debe resolver la disputa de 50 hectáreas que reclama Sociedad Minera Vania, cuya apelación está en proceso ante el Consejo de Minería.
  • Tía María es un proyecto minero que procesará cobre en los yacimientos de La Tapada y Tía María, a 2.5 kilómetros del valle de Tambo, en el distrito de Cocachacra (Islay).
  • Southern tiene la concesión 35 mil hectáreas, de las cuales tiene previsto operar en mil 600 hectáreas. Además, es dueño del terreno superficial.

Recuento de hechos

Este conflicto surgió en el año 2011, luego de la presentación del primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al cual se le había formulado una serie de observaciones. La población expresó su rechazo y a falta de eco inició la primera protesta que dejó un saldo de 4 muertos y varios heridos. En agosto del 2014 el Ministerio de Energía y Minas recibió y aprobó un nuevo EIA, aduciendo que las observaciones de la población civil ya habrían sido absueltas. Frente a ello, la población siguió expresando su disconformidad con el proyecto, pidiendo se respete su posición. Al siguiente año (2015) el conflicto volvió a estallar, y aunque se repitieron las reacciones violentas, abusos por parte de la policía y muertes, durante las manifestaciones del 27 y 28 de mayo se pudo sentir la solidaridad de diferentes gremios y sociedad civil organizada en casi todas las regiones; además hubo mucha exposición mediática, evidenciándose posteriormente un importante respaldo ciudadano (45%, según Encuesta GfK nacional urbana).

 

Fuentes: Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) / Facebook Salvemos el Valle de Tambo / El Búho de Arequipa / Diario El Pueblo / RPP / La República

Fotos: Facebook Salvemos el Valle de Tambo

TRAS CONFORMACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO

  • Fiscalía abrió investigación pese a que no se registraron enfrentamientos durante protesta
  • Son 14 los denunciados por delitos contra los medios de transporte entre otros

El presidente de la Comunidad Urasana (distrito de Velille, Chumbivilcas), Amilcar Alcca Chacalla, informó a Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) que la fiscalía de San Tomás ha abierto una investigación a varios dirigentes sociales y alcaldes de provincia de Chumbivilcas, así como de los distritos Velille, Chamaca y Livitaca, por haber participado en las movilizaciones del 25, 26 y 27 de enero en la zona de influencia del proyecto minero de Constancia a cargo de la empresa canadiense Hudbay.

El dirigente comunal de Urasana, señaló haber sido denunciado por delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, entre otros. En la misma situación se encontrarían 13 dirigentes comunales del Frente de Defensa de Velille junto con los tres alcaldes distritales y el alcalde provincial de Chumbivilcas.

Amilcar Alcca dijo mostrarse sorprendido por esta determinación del ministerio público, y aseguró a DHSF Cusco que durante esta protesta de enero, no se registraron disturbios ni enfrentamientos entre pobladores y efectivos policiales.

El Frente de Defensa de Velille, los presidentes comunales, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y los distritos cercanos a esta provincia, realizaron un paro preventivo de 72 horas los días 25, 26 y 27 de Enero del presente año, en contra de la empresa HudBay Perú SAC, y su proyecto minero Constancia en la provincia de Chumbivilcas.

Esta medida de lucha respondió al pedido de cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, en el marco de su política de responsabilidad social y ambiental con los centros poblados y comunidades locales.

Otro pedido contemplado en el pliego de reclamos alcanzados a la minera, era la declaración a de todas las comunidades del distrito de Velille como área de influencia directa, mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y social de dicho proyecto minero.

Tras la medida de protesta, recién el 27 de febrero se instaló una Mesa de Diálogo en Velille, en la que participaron: el alcalde distrital de Velille, el alcalde provincial de Chumbivilcas, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del el Ministerio de Energía y Minas (MEM). En este encuentro con el Estado, se confirmaron oficialmente los grupos de trabajo de responsabilidad social y medio ambiente.

 

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

EN LIMA

  • Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH concretó importante reunión con exposición de casos
  • Relatora Victoria Tauli-Corpuz prepara un nuevo informe sobre Pueblos Indígenas que será presentado en setiembre de este año

La Relatora de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se reunió con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos (CNDDHH), y recibió un informe sobre la situación de afectación de derechos de las poblaciones indígenas en base a una serie de casos.

En reunión que tomó dos días (miércoles 27 y jueves 28), organizaciones de la sociedad civil, entre ellas RED MUQUI, presentaron ante la funcionaria de la ONU, cómo es que los derechos de las poblaciones indígenas son vulnerados por efecto de las inversiones extractivas, inversiones en infraestructura y también por decisiones del Estado, a través de normativas que no contemplan el cumplimiento del convenio 169 de la OIT.

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial ONU, refirió que ante el desconocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre las inversiones que van a impactar sus territorios y los tratados internacionales que los afectarán,  les ha recomendado enterarse de los contenidos de dichas acciones para afirmar mejor sus derechos.

Situación de la consulta previa en minería

Una de las mayores preocupaciones que fueron expuestas ante relatora, fue el de la situación de la consulta previa respecto a proyectos mineros en el Perú. El Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, fue quien expuso sobre el proceso de consulta previa que inicia con el otorgamiento de una concesión minera, por parte del Estado. La relatora Tauli-Corpuz tuvo conocimiento que las partes involucradas –en este proceso– son el Estado (administrador de todos los bienes) y la empresa concesionarias, las empresas mineras en este caso.

“El problema de fondo radica en que nadie más es parte del proceso administrativo, los demás actores como: gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas o nativas y la población en general, solo son informados de las decisiones que se toman”, señaló Jahncke ante los relatores de la ONU.

De igual modo, el representante de la RED MUQUI explicó a la relatora que, tanto el Estado como la empresa concesionaria, realiza talleres informativos para presentar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los cuales son dirigidos por ingenieros y abogados, quienes utilizan un lenguaje técnico que las comunidades campesinas no manejan.

“La presencia de las comunidades, le es suficiente –a la empresa y al Estado- para asegurar que la población ha recibido información suficiente como participar en una audiencia pública posterior y exponer puntos de vista orientados a mejorar el proyecto, pero no para cuestionarlo”, puntualizó Javier Jahncke.

En ese sentido, el Secretario Ejecutivo de RED MUQUI, remarcó que en este proceso de consulta, la posición de las comunidades no tiene incidencia sobre la viabilidad del proyecto, ya que la decisión es tomada solo por el Estado y la empresa que solicita la concesión.

“Según las normas del sector la consulta previa se realizaría después de la aprobación de los EIA y de todas las autorizaciones necesarias para que las actividades extractivas inicien. Por lo tanto, no se consulta sobre ninguna resolución que involucre la realización del proyecto, la consulta previa se realiza en dos momentos en los que no se puede decidir nada”, finalizó.

Luego de culminadas las exposiciones, Tauli-Corpuz, saludó que la Sociedad Civil peruana mantenga una elaboración de reportes e informes que monitorean el cumplimiento de la ley y procesos de consulta previa en el Perú, y los consideró como insumos necesarios para aquellos funcionarios designados por el Estado en los procesos de diálogo con comunidades indígenas.

«Creo que los reportes e informes que están siendo trabajados por la sociedad civil, sobre consulta, pueden llegar a  ser un elemento importante en los procesos de diálogo, al exponer las violaciones al convenio 169”, indicó Tauli-Corpuz al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.

Se viene un nuevo informe

La comisionada por la ONU sobre Pueblos Indígenas, destacó la importancia de que las comunidades puedan decir sí o no, a las inversiones que se realizarán en sus territorios, así como de la aprobación de salvaguardas ambientales y de derechos humanos, por parte del Estado. En ese sentido, la relatora recomendó que los inversionistas sean transparentes en sus propósitos y las negociaciones deben hacerse de manera pública para que los ciudadanos tengan la posibilidad de intervenir y hacer estudios de impactos en los derechos humanos.

Victoria Tauli-Corpuz, anunció que en setiembre de este año presentará un informe referido a Pueblos Indígenas. Cabe recordar que la relatora elaboró el informe «Repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, Informe a la Asamblea General, 2015», el mismo que fue presentado a la 70ª sesión de la Asamblea General de ONU.

“Los pueblos indígenas son las poblaciones más vulnerables y no queremos que se agrave la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Por esto tenemos el mandato de protegerlos, indicó”.

DATOS

  • Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Baskut Tuncak, Relator Especial sobre Residuos Tóxicos, también de la ONU, y Francisco Eguiguren, Relator de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, llegaron a Lima para participar en un foro público, para analizar los alcances y las posibles afectaciones que sufrirían los pueblos indígenas del Perú y de otras 11 países, por el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI