En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el mes de noviembre se buscó que el Congreso de la República aprobara la designación de un presupuesto adecuado para la implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que permite establecer obligaciones para distintos sectores del Estado con competencias que aseguren la protección de defensores y defensoras.
El mencionado mecanismo representa una herramienta fundamental considerando la constante situación de amenaza que viven las personas defensoras en el Perú por su labor de protección del medioambiente y la vida. Recordemos que, desde el 2019 a la fecha, 26 defensores y defensoras han sido asesinados en el país, lo que convierte al país en uno de los países de mayor riesgo para realizar esta labor.
A pesar de lo señalado, para el 2022, en el Presupuesto Público, sólo se establecieron S/. 45 mil soles para el mecanismo, presupuesto que no fue suficiente para cumplir su objetivo de proteger a defensores y defensoras en situaciones de riesgo.
El pasado 30 de noviembre fue el día clave para la campaña porque fue el último en que se podía hacer incidencia y exigir al congreso que apruebe un presupuesto mayor para el mecanismo en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Las organizaciones que conforman la campaña Defensores y Defensoras del Perú solicitaron concretamente, a través de la congresista Ruth Luque Ibarra, que sean asignados S/ 50’000,000 (cincuenta millones de soles) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos; y S/ 20’000,000 (veinte millones de soles) al Ministerio del Interior, para la protección de las personas defensoras.
Sin embargo, a pesar de lo señalado y de las acciones realizadas por parte de las organizaciones que conforman la campaña, como por ejemplo, un plantón llevado a cabo el mismo 30 de noviembre que contó con la participación de de defensores de Cusco, Junín y de la Amazonia, no se aprobó el presupuesto que se requería, lo cual tendrá como consecuencia que defensores y defensoras del ambiente sigan sin tener el apoyo adecuado del Estado cuando reciban amenazas, sean criminalizados o violentados.
Ahora, desde la campaña, se buscará que se asigne un presupuesto para el mecanismo en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual es una modificación del presupuesto que se realizará entre enero y febrero del 2023. Defensores y defensoras del Perú necesitan presupuesto para que haya más protección a sus derechos y a sus vidas.