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En el marco de la campaña nacional Defensores y Defensoras del Perú, el mes de noviembre se buscó que el Congreso de la República aprobara la designación de un presupuesto adecuado para la implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que permite establecer obligaciones para distintos sectores del Estado con competencias que aseguren la protección de defensores y defensoras.

El mencionado mecanismo representa una herramienta fundamental considerando la constante situación de amenaza que viven las personas defensoras en el Perú por su labor de protección del medioambiente y la vida. Recordemos que, desde el 2019 a la fecha,  26 defensores y defensoras han sido asesinados en el país, lo que convierte al país en uno de los países de mayor riesgo para realizar esta labor.

A pesar de lo señalado, para el 2022, en el Presupuesto Público, sólo se establecieron S/. 45 mil soles para el mecanismo, presupuesto que no fue suficiente para cumplir su objetivo de proteger a defensores y defensoras en situaciones de riesgo.

El pasado 30 de noviembre fue el día clave para la campaña porque fue el último en que se podía hacer incidencia y exigir al congreso que apruebe un presupuesto mayor para el mecanismo en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Las organizaciones que conforman la campaña Defensores y Defensoras del Perú solicitaron concretamente, a través de la congresista Ruth Luque Ibarra, que sean asignados S/ 50’000,000 (cincuenta millones de soles) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos; y S/ 20’000,000 (veinte millones de soles) al Ministerio del Interior, para la protección de las personas defensoras.

Sin embargo, a pesar de lo señalado y de las acciones realizadas por parte de las organizaciones que conforman la campaña, como por ejemplo, un plantón llevado a cabo el mismo 30 de noviembre que contó con la participación de de defensores de Cusco, Junín y de la Amazonia, no se aprobó el presupuesto que se requería, lo cual tendrá como consecuencia que defensores y defensoras del ambiente sigan sin tener el apoyo adecuado del Estado cuando reciban amenazas, sean criminalizados o violentados.

Ahora, desde la campaña, se buscará que se asigne un presupuesto para el mecanismo en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual es una modificación del presupuesto que se realizará entre enero y febrero del 2023. Defensores y defensoras del Perú necesitan presupuesto para que haya más protección a sus derechos y a sus vidas.

El viernes 12 de noviembre, dirigentes del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata acordaron llevar a cabo el paro indefinido que inició el pasado lunes debido a la ausencia de la premier Mirtha Vásquez a la zona para sostener una reunión con autoridades locales y dirigentes de la cuenca del río Coata que involucra a 5 distritos que son afectados directamente por la contaminación de la cuenca.

Llegado el día lunes 15, si bien pobladores de los cinco distritos iniciaron el paro colocando escombros en el río Torococha, Alcaldes distritales de la cuenca del Coata y alcalde provincial de Juliaca y Puno, así como representantes de organizaciones sociales, llegaron a Lima para reunirse con la premier y representantes del Estado para discutir las demandas que exigen las comunidades de los distritos de Huata, Coata, Capachica, Caracoto y Paucarcolla.

Recordemos que las principales demandas de las comunidades son la inmediata ejecución de las pozas de oxidación y una cámara de filtración para mitigar el ingreso de aguas servidas de la ciudad de Juliaca al río Torococha y posteriormente al río Coata, en el marco del plan de acción de la municipalidad de San Román y Seda Juliaca. Actualmente la población no cuenta con las suficientes cisternas de agua potable como medida de emergencia frente a la contaminación.

Asimismo, exigen la implementación del plan de acción elaborado por el gobierno regional de Puno para atender a más de 50 mil personas expuestas a metales pesados, en temas de salud, ambiente, educación, vivienda y agricultura.

Luego de los dos días de reunión, ambas partes llegaron a un acuerdo que dió fin al paro emprendido en la zona de parte de las comunidades. Entre los principales acuerdos, se establece que el Ejecutivo y los gobiernos locales trabajarán para que los proyectos de saneamiento priorizados empiecen su ejecución el año 2022, 

Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a realizar la transferencia de recursos, una vez iniciada la ejecución del presupuesto del año 2022, durante el primer trimestre, para los proyectos aptos y priorizados de los diferentes sectores involucrados.

Por su parte, el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante el programa AGROIDEAS se comprometió a formular planes de negocio y/o proyectos de reconversión para los distritos de la cuenca Coata, con la finalidad de cofinanciar mini establos y pastos cultivados como inversión complementaria. Finalmente, se realizará la inversión para realizar los estudios para el proyecto “Mejoramiento del servicio de agua para el riego en el ámbito de la cuenca Coata. 

Finalizada la reunión, el alcalde distrital de Coata, Elmer Pelinco destacó que se haya establecido el diálogo con el Ejecutivo, lo que ha permitido establecer las bases para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento en beneficio de la población de Coata, Huata, Caracoto y Capachica.

“Nuestra realidad va a cambiar. Nosotros creemos en el presidente Pedro Castillo, los ministros y la premier, quienes hoy han hecho un compromiso para poder ejecutar los proyectos de agua y saneamiento”, afirmó.