Listado de la etiqueta: elecciones 2021

Pronunciamiento: Retos para los 100 primeros días del Gobierno de Castillo

,

PRONUNCIAMIENTO: BICENTENARIO DE LOS PUEBLOS.

RETOS PARA LOS 100 PRIMEROS DÍAS DEL GOBIERNO DE CASTILLO

El Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado oficialmente a Pedro Castillo Terrones como presidente y a Dina Boluarte como vicepresidenta de la República del Perú, decisión que saludamos y reconocemos desde la Red Muqui. El triunfo de Pedro Castillo es el triunfo de los pueblos frente a los grupos de poder, los medios de comunicación y los partidos de la derecha más conservadora en el país. Esto abre un nuevo escenario político, precisamente en el año del Bicentenario de la República.

Los desafíos y retos a encarar para el gobierno de Castillo son enormes. A la complicada situación de la pandemia y la voceada tercera ola, se suman las dificultades para la reactivación económica y la crisis política.  Las promesas y aspiraciones de cambio que encarna el actual presidente son muy altas; los pueblos en el país, especialmente de comunidades rurales, andinas y amazónicas, demandan cambios estructurales, reconocimiento y protección a sus derechos colectivos.

La demanda más significativa de estos pueblos, que la Red Muqui respalda, es el proceso popular constituyente, que implica el debate y propuesta de alternativas para la elaboración y aprobación de una nueva constitución. Una constituyente donde los pueblos participen del proceso refundacional del Estado debe ser:  soberana, plurinacional, paritaria y democrática. Además, dicho proceso debe garantizar la participación de todas, todos y todes, así como la representación de los pueblos indígenas u originarios históricamente excluidos.

A la consigna erróneamente sostenida de “Perú: país minero”, se contrapone la realidad de un país mega diverso que no debe ser negado por la dependencia sobre un solo sector productivo como la minería. El extractivismo depredador no ha logrado someter a nuestras comunidades y pueblos. Las resistencias en todos los territorios están yendo de la mano con múltiples alternativas económicas locales y comunitarias, como la pequeña agricultura, la protección de cabeceras de cuenca, el cuidado del agua y los bosques, la pesca artesanal, etc.

Para los cambios que necesitamos, es necesario que el sector minero en nuestro país deje de ser el sector más privilegiado, ya que, amparados en marcos normativos que los favorecen, no respetan los estándares en materia ambiental y social. Más aún en contextos globales como el actual, donde algunos minerales, como el cobre, vienen incrementando considerablemente su precio (actualmente la libra se cotiza a más de cuatro dólares), muy superior al “súper ciclo minero” de la década pasada. Frente a ello, deben eliminarse las exoneraciones tributarias y aplicarse un impuesto a las ganancias extraordinarias de la minería.

Bajo lo planteado, y de cara al nuevo gobierno de Pedro Castillo y el nuevo Congreso, planteamos algunas propuestas que deben ser asumidas en los 100 primeros días de gobierno, así como en el mediano plazo.

1.- Salud humana y ambiental.

La pandemia de la Covid-19 ha desnudado la profunda crisis en la salud pública en el país dejando un saldo de casi 200 mil compatriotas fallecidos. Esta crisis, para el caso de los territorios con extractivismo minero, se acrecienta generando una doble vulnerabilidad, debido a los impactos y daños irreparables a la vida y al medio ambiente que provocan. Es así que, según un reciente informe del Ministerio de Salud (MINSA), cerca de 10 millones de personas en nuestro país están en situación de riesgo por estar expuestos a la presencia de metales pesados a su alrededor. Los casos más dramáticos son los niños y niñas de Cerro de Pasco, La Oroya, Espinar, Cajamarca y otras regiones, con cadmio, arsénico, plomo o mercurio. Esto se debe a los más de 8 mil pasivos ambientales mineros y áreas de producción minera activas de todo tamaño, incluyendo la minera ilegal e informal. Ello impacta sobre cuencas y ríos, sin un adecuado control y fiscalización de la autoridad ambiental. Por lo tanto, es urgente aprobar e implementar de manera efectiva una política de atención integral para personas afectadas por metales tóxicos. Uno de los ejes principales es el fortalecimiento de la atención primaria de la salud en zonas de actividad minera como parte de una gran reforma de la salud pública en el Perú.

2.- Gestión y acceso al agua.

Una de las principales demandas de los pueblos afectados por la minería es que se garantice de manera efectiva el derecho al acceso al agua de calidad y se respete las fuentes de agua en los territorios. Los proyectos mineros impactan gravemente no solo en la cantidad sino en la calidad de este bien común. Por ello, el Estado, especialmente la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debe cambiar el régimen de gestión de los recursos hídricos, que privilegia el uso productivo y que afecta el uso del agua para la población y la actividad agropecuaria. Además, se debe lograr la protección efectiva de las “cabeceras de cuenca” declarando su intangibilidad, así como el reconocimiento de los vigilantes y monitores ambientales indígenas, claves para lograr la gestión comunitaria.

3.- Ordenamiento territorial y derechos de los pueblos indígenas.

Casi el 14% del territorio peruano está concesionado a actividades extractivas mineras según datos del INGEMMET. El 35% de territorios de las comunidades campesinas y nativas de costa sierra y selva tienen presencia de proyectos extractivos. Estas concesiones se otorgan de manera centralista, sin información, sin consulta previa y sin consentimiento de las poblaciones, lo que genera una alta conflictividad social. Es evidente el rechazo de la población local a proyectos como Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, Río Blanco en Piura y Antamina en la sierra y costa de Ancash, donde el Estado y las empresas mineras han intentado, y en algunos casos han logrado imponer estos proyectos a través del uso de fuerza y la violencia. Al respecto, una tarea imprescindible del nuevo gobierno es garantizar el respeto y reconocimiento a la decisión autónoma de los pueblos. Los procesos de consulta previa y participación ciudadana deben ser idóneos y vinculantes, que permitan a las poblaciones afirmar su derecho para decidir sobre los bienes comunes y sus territorios, coherentes con políticas de ordenamiento territorial que el Estado debe implementar.

4.- Criminalización de la protesta y defensores ambientales.

La Defensoría del Pueblo asegura que más del 60% de los conflictos son de tipo socio ambiental. De estos, el 65% de los conflictos sociales está vinculado a la actividad minera. Las poblaciones, comunidades, pueblos originarios y sus líderes y dirigentes que rechazan la actividad minera y extractiva en sus territorios, son constantemente estigmatizados, judicializados, criminalizados y privados de su libertad. Por ello, consideramos que el nuevo gobierno debe derogar las normas que promueven la impunidad policial, como la Ley N° 31012. También es necesario que se reconozca el derecho a la protesta, a su no criminalización y que no se vuelva a decretar Estados de Emergencia preventivos en territorios indígenas. Así mismo, se requiere un trabajo articulado con el Ministerio Público y el Poder Judicial en una política de reconocimiento de los defensores ambientales para el cese de acciones judiciales y fiscales que los criminalicen.

5.- Reactivación del agro y la promoción de alternativas.

La agricultura en nuestro país emplea a más del 20% de peruanos y peruanas y alimenta al país con más del 70% de los productos. Durante la pandemia ha sido uno de los sectores más afectados. Sin gozar de un apoyo específico, claro e importante de parte del Estado, las y los campesinos han tenido que afrontar la caída de sus precios, las limitaciones para el transporte de sus productos, sequías, falta de agua y de conectividad en zonas rurales, el aprovechamiento de los intermediarios, la competencia con productos importados, entre otras dificultades. Todo ello supone atender de manera inmediata la demanda de más de 2,2 millones de pequeños productores del país que trabajan la agricultura familiar para que garanticen la alimentación de los peruanos y peruanos. De igual manera, en este nuevo período corresponde visibilizar y promover la agricultura familiar como parte de las alternativas al desarrollo frente al extractivismo minero, una agricultura con un enfoque agroecológico, que sea parte de una política y plan económico que a mediano y largo plazo permita disminuir la dependencia de la minería.

Finalmente, para llevar a cabo todos estos cambios del bicentenario, es importante que el presidente Pedro Castillo designe responsabilidades claves a personas comprometidas y consecuentes con la transformación del país. Su gabinete ministerial, principalmente en las carteras de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego, y la cartera de Ambiente debe guardar coherencia con las expectativas de todo el país: que el gobierno de Castillo sea realmente el gobierno de los pueblos soberanos.

Lima, 27 de julio del 2020.

 

/por

Es tiempo de reescribir nuestra historia en el año del bicentenario

,

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

El próximo 28 de julio vamos a conmemorar los 200 años de vida republicana en nuestro país, dos siglos después muchas cosas no han cambiado y han aflorado en este proceso electoral, entre ellos el racismo y la discriminación visceral por parte de quienes se dicen garantes de la democracia, y que con mucho cinismo han montado una campaña: “Yo defiendo mi voto”; acción que por el contrario busca eliminar y despreciar el voto rural, el derecho a elegir de miles de comunidades y pueblos andinos y amazónicos, allí donde mayoritariamente ha ganado el profesor Pedro Castillo. En vez de afirmar nuestra democracia, respetando las instituciones y los derechos de los demás; el fujimorismo y sus aliados lo que buscan es retroceder en el tiempo para que los pueblos indígenas no tengan el derecho a votar. Esto es algo que no se puede permitir y por eso nos parece sumamente importante mantenerse movilizados y vigilantes para que se respete el voto popular.

En ese sentido, el pasado martes 15 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE ha hecho público la culminación de las actas procesadas y contabilizadas al 100%, y registra como ganador de la contienda electoral al profesor Pedro Castillo Terrones con 8,835,579 votos. La diferencia de votos contra su rival Keiko Fujimori es de 44,058 votos. Lo que corresponde ahora es que el Jurado Nacional de Elecciones acelere la proclamación como presidente a Pedro Castillo. Si bien existen un número alto de recursos de nulidad presentados por el fujimorismo, estas en su mayoría han sido declarados inadmisibles por los Jurados Electorales Especiales, aunque el fujimorismo insiste a través de conferencias de prensa que a ellos les asiste la ley, haciendo interpretaciones antojadizas sobre los procedimientos y plazos de los recursos e impugnaciones que ellos han presentado. Al respecto, el mismo JNE ha salido a desmentir varias de estas afirmaciones y maniobras ilegales e inconstitucionales que Keiko y sus aliados están planteando.

Finalmente, nos parece inaceptable los comentarios y opiniones que se vienen vertiendo por algunos seudo periodistas, militares en retiro y congresistas electos que vienen incitando a desconocer los resultados de las actuales elecciones e inclusive se han atrevido a hacer llamados de golpe de Estado. Frente a ello, nos parece saludable el pronunciamiento del presidente Francisco Sagasti, quien el día de hoy ha señalado de forma categórica: “Que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho”. Por ello, desde Red Muqui nos reafirmamos en la defensa de los derechos de nuestros pueblos andinos y amazónicos, y exigimos que se respete el derecho al voto de nuestros compatriotas en todo el país. Así mismo, rechazamos cualquier intento de desconocer el actual proceso electoral y los anuncios de intentos de golpe de Estado.

/por

Foro: Especialistas y dirigentes analizarán propuestas electorales sobre minería y ambiente

, ,

Este jueves, a pocos días de las elecciones en Perú, especialistas y dirigenta/es indígenas y sindicalistas analizarán las propuestas electorales de los partidos contrincantes Fuerza Popular y Perú Libre, en materia de minería y medio ambiente.

Minería en Debate

En el tramo final de estas elecciones el tema minero se ha puesto en debate. Por un lado Perú libre plantea renegociar contratos y recaudar más impuestos a mineras, y por el otro Fuerza Popular insiste en continuar y profundizar el modelo minero. En ambos casos no se habla con claridad sobre los impactos de la minería en el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

Ante ello, Red Muqui llevará a cabo el Foro denominado “Futuro de la minería y medio ambiente” con la participación de dirigentes, dirigentas y profesionales que analizarán las propuestas de estos dos partidos de la contienda electoral 2021.

Se contará con un panel de destacados especialistas, entre ellos: Jaime Borda, secretario Ejecutivo de Red Muqui, quien estará a cargo de la moderación. José de Echave, doctor en economía y miembro de la ONG CooperAcción – Acción Solidaria para el desarrollo. Beatriz Cortez, abogada de Red Muqui. Así como de Melania Canales, presidenta de ONAMIAP (Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú) y Edmer Bartolo Santamaría, Secretario de Organización de la Federación nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú – FNTMMSP.

Foro: «Futuro de la minería y medio ambiente»

La cita es este Jueves 03 de Junio a las 5 P.M.

El Foro se trasmitirá en vivo a través del medio de comunicación Wayka y por medio de la página de facebook de Red Muqui.

➡️ Sintoniza la trasmisión en vivo aquí: https://t.co/34lhm5hqrE?amp=1 

 

 

/por

La Plataforma Europa Perú (PEP) exhorta que se garantice la imparcialidad en las elecciones

COMUNICADO PÚBLICO: LA PEP EXHORTA A GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES IMPARCIALES Y NEUTRALES EN EL PERÚ

La Plataforma Europa Perú (PEP) expresa su preocupación por el reciente clima de polarización y crispación que el Perú está viviendo en torno a la segunda vuelta electoral presidencial. A solo unos días de celebrarse las elecciones, la PEP exhorta a la candidata y al candidato a la presidencia, a los medios de comunicación y a todas las partes a evitar utilizar un lenguaje difamatorio y politizar cualquier hecho sucedido que afecte a la población peruana con el fin de obtener un beneficio electoral. Solicitamos también a los medios de comunicación garantizar una cobertura electoral imparcial y que no se difunda información parcializada que no haya sido expuesta a escrutinio e investigaciones debidas.

A las organizaciones que integramos la PEP nos parecen de suma gravedad las declaraciones públicas que apuntan a minimizar violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno, como las que han demeritado la lucha por justicia y reparación de las miles de mujeres que fueron esterilizadas forzosamente durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tal como lo dijo el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, la cobertura electoral, con información parcializada, ha provocado un clima de miedo con el fin de beneficiar a la candidata Fujimori. El Tribunal a su vez advirtió sobre la necesidad de “diferenciar claramente la opinión de la información y a cumplir con la cobertura imparcial y objetiva de los hechos noticiosos que la ética periodística demanda”.

1) Lamentamos también el uso político que se viene haciendo del trágico suceso del 23 de mayo, el atentado en el VRAEM donde murieron 16 peruanas y peruanos. Las personas responsables de estas muertes tienen que ser identificadas y sancionadas tomando en consideración la gravedad de sus actos; así mismo, esa tragedia no puede ser instrumentalizada con fines electorales. Coincidimos con declaraciones de la sociedad civil peruana que añade que las “estrategias ‘políticas’ de esta naturaleza cuestionan los fundamentos democráticos y ponen en riesgo el actual proceso electoral”.

2) La PEP reafirma su compromiso al respeto y promoción de los derechos humanos de todas y todos los peruanos y exhorta al gobierno peruano, los partidos políticos y medios de comunicación a que se garantice la defensa de la verdad, la memoria y la justicia a lo largo del proceso electoral.

Esperamos que cesen los cuestionamientos indebidos a los organismos electorales y que las elecciones se lleven a cabo de manera pacífica y con plena garantía del sistema democrático y el estado de derecho. Demandamos a las misiones electorales internacionales presentes en el Perú que tengan bajo consideración los graves hechos antes señalados, y que estén vigilantes a irregularidades antes y durante el día de las elecciones.

Firman:

Plataforma Europa Perú
– Action Solidarité Tiers-Monde – ASTM (Luxemburgo)
– Asociación Pro Derecho Humanos de España (España)
– Broederlijk Delen (Bélgica)
– Catapa (Bélgica)
– Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)
– Commission Justice et Paix (Bélgica)
– Entraide et Fraternité (Francia)
– Entrepueblos (España)
– FOS (Bélgica)
– Informationsstelle Peru e.V. (Alemania)
– Kampagne “Bergwerk Peru-Reichtum geht Armut Bleibt”, Campaña Perú País Minero
(Alemania)
– Peru Support Group (Reino Unido)
– Peru Kommiten för MR (Suecia)
– Secours Catholique (Francia)
– 11.11.11 (Bélgica)

/por

Elecciones 2021- Pronunciamiento: Por el respeto a la democracia y los derechos humanos

,

Frente al actual escenario político, de cara a la segunda vuelta para la elección de la Presidencia de la República y la grave crisis sanitaria, económica, educativa y ambiental que enfrenta nuestro país; el colectivo de instituciones que conforman la Red Muqui se pronuncian:

1.- El recrudecimiento de la pandemia desatada por la Covid-19 hace más de un año, ha evidenciado nuestras profundas precariedades como país, no solo en el sistema de atención a la salud, sino también en la atención de la educación, cobertura de internet, apoyo al sector agrario, trabajo digno, entre otros. La defensa del modelo económico neoliberal, vigente desde los 90, ha seguido una línea de continuidad en los gobiernos durante los últimos 30 años, que ha privilegiado la explotación de materia prima y el extractivismo en los territorios, ha concentrado la riqueza en unos pocos y generado grandes desigualdades debido a la reducción de derechos sociales, laborales y sindicales. También ha afectado a la actividad agropecuaria y las posibilidades de desarrollo de otras actividades económicas de los pueblos, dejándolos con impactos negativos en el agua, suelo y aire, con un severo deterioro en la salud de los niños y niñas que tienen altos niveles de metales pesados en su organismo y sufren de desnutrición crónica y anemia infantil. Todos estos aspectos evidencian que este modelo está agotado y que no podemos seguir postergando los cambios estructurales más urgentes que demanda la población peruana.

2.- El modelo económico actual fue sellado con la Constitución de 1993, durante un régimen dictatorial. Hoy son más que evidentes los impactos del extractivismo depredador y el modelo minero actual que solo ha admitido parches sin cambios de fondo. Aún en tiempos de pandemia y de crisis económica, los gremios empresariales mineros y el gobierno insisten con presionar los territorios para sacar adelante proyectos mineros cuestionados como Tía María en Arequipa, Conga en Cajamarca o Río Blanco en Piura. Del mismo modo, se mantiene el despojo de territorios de los pueblos indígenas, atropellando los derechos ambientales, de consulta previa, de tierra y territorio, participación ciudadana, entre otros. Por tanto, urge un proceso participativo de cambio y mejora del pacto social que representa la Constitución Política del Estado, que incluya el ordenamiento del territorio y enfrente la problemática del uso del suelo y subsuelo, la conservación de las fuentes de agua con respeto a las actividades agropecuarias.

3.- La Defensoría del Pueblo asegura que más del 60% de los conflictos son de tipo socio ambiental y, dentro de estos, el 65% de los conflictos sociales está vinculado a la actividad minera. Las poblaciones, comunidades, pueblos originarios y sus líderes y dirigentes que rechazan la actividad minera y extractiva en sus territorios son constantemente estigmatizados, judicializados, criminalizados y privados de su libertad. Inclusive se busca militarizar zonas mineras a través de Estados de Emergencia. Como consecuencia de los conflictos existen casos de heridos y fallecidos civiles, sin ningún tipo de identificación y sanción a los responsables, la impunidad policial se mantiene intacta, debido a las normas que protegen a la PNP. Además, aún se mantienen los convenios de las empresas mineras con la PNP. Una propuesta de gobierno que pretenda mantener vigente este modelo extractivista y su profundización, no representa de ninguna manera una propuesta de cambio y de respeto a los derechos humanos.

4.- No obstante, esta situación crítica que vivimos y la crisis política en la que nos ha sumergido nuestra clase política, no hemos sido derrotados. La solidaridad y apoyo comunitario organizado en los barrios y en las comunidades han servido para ello. Frente a la escasez de alimentos se han implementado ollas comunales, ante la falta de oxígeno se ha movilizado el apoyo comunitario, así como experiencias de alimentación sostenida por la agricultura familiar y otras economías populares. Del mismo modo, frente al intento de golpe a la democracia, la población -sobre todo los jóvenes- se han movilizado masivamente el año pasado para defenderla ante intereses subalternos y de mafias organizadas que todavía se encuentran en el Congreso. Si bien nos encontramos en medio de un proceso electoral, la población continúa con la defensa de sus territorios y también es consciente que no es momento de mantenerse neutrales; que no se puede retroceder en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

5.- Por ello, frente a un escenario ciertamente complejo y altamente polarizado; desde la Red Muqui nos reafirmamos en la defensa férrea de los derechos humanos, sobre todo el de las comunidades afectadas que resisten al extractivismo minero. Sabemos que los cambios que proponemos no vendrán desde el Fujimorismo. El Fujimorismo representa un grave riesgo para nuestra democracia, no solo porque durante su dictadura en los años 90 se violaron derechos humanos, sino porque entre sus miembros se alojan personas sentenciadas por corrupción, quienes en la reciente crisis política del 2020 contribuyeron a desestabilizar el Congreso de la Republica y el Poder Ejecutivo. Tal es así, que hoy, esta “organización política”, afronta un proceso judicial por delitos como crimen organizado y lavado de activos.

Por todo lo mencionado, nos sumamos a las iniciativas de resistencia permanente en los territorios y hacemos un llamado a la población y a las organizaciones de base, a cerrarle el paso al retorno del fujimorismo. No es posible que a 200 años de nuestra vida republicana tengamos que celebrar el retorno del nefasto pasado dictatorial, represivo, altamente corrupto y sangriento. Somos conscientes de que el país necesita cambios, no solo de formas, sino en temas de fondo. Por ello nuestro voto debe ser de respeto por la democracia y los derechos humanos. Votemos sin miedo por el cambio; votemos por el cambio constitucional que abra las puertas a un modelo post extractivista que tenga como centro la dignidad de la gente.

 

Lima, 19 de mayo del 2021.

 

 

/por