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Glencore admite delitos de sobornos y corrupción y suma graves denuncias por violaciones a DD.HH

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Llueve sobre mojado para Glencore. Así se podrían interpretar los cuestionamientos y sanciones que actualmente enfrenta uno de los mayores consorcios mineros del mundo.
Ayer, martes 24 de mayo, la subsidiaria del gigante de la minería y de comercio de materias prima Glencore Plc ha admitido finalmente delitos investigados desde al menos 2018: el soborno y la manipulación de precios de mercado. Crímenes por los que pagará cerca de US $1.5 mil millones luego de alcanzar acuerdos con la justicia en los Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido y Brasil. Investigaciones que aún siguen su curso ante la justicia en Suiza y Países Bajos.
De esta manera la compañía ha admitido su responsabilidad en casos en los que llegó a desembolsar hasta US $100 millones para sobornar a funcionarios públicos en hechos de corrupción registrados en Brasil y Venezuela en el continente sudamericano y en Nigeria y la República Democrática del Congo en África. Otras prácticas incluyen la manipulación de los precios de los mercados de gasóleo o diesel en Estados Unidos.
“El soborno formaba parte de la cultura corporativa” afirmó al respecto el fiscal de Manhattan Damian Williams en una conferencia de prensa convocada ayer, donde también se develaron códigos como “diarios” o “chocolates” usados internamente para referirse al pago de sobornos. Cargos y admisión de culpabilidad, por casos que abarcan desde 2007 hasta 2019, que de acuerdo a la agencia de noticias económicas Bloomberg dibujan un cuadro que abarca todo el planeta y que resulta condenatorio, porque muestra cuán lejos ha estado dispuesto a ir la compañía persiguiendo ganancias. La agencia, fundada por Michael Bloomberg, uno de los hombre más ricos del planeta, refuerza esa sentencia al afirmar que Glencore y sus rivales, los mayores exponentes del sector minero, tradicionalmente han operado fuera del foco de los entes reguladores y han estado yendo a países, donde otros han rehuido de ir, con tal de hacer negocios.

Valoración que coincide con un reciente estudio de la organización internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, según el cual Glencore Plc presenta el peor historial de violaciones de derechos humanos entre las mineras de metales utilizados en tecnología de energía renovable.
“A nivel mundial, Glencore tiene el peor registro”, señaló el grupo en su “rastreador de minerales de transición” publicado a inicios de mayo. La empresa, subsidiaria de la casa matriz con sede en Suiza, está vinculada al mayor número de denuncias en África, la segunda en el caso de Asia Pacífico y es la tercera con la mayor tasa de denuncias en Sudamérica. Los presuntos abusos atribuidos a todas las empresas van desde ataques a activistas hasta violaciones de las leyes ambientales y reubicaciones forzadas.
Cabe recordar que el año 2013, Glencore se fusionó con la empresa anglo suiza Xstrata, convirtiéndose en uno de los mayores grupos productores de cobre a nivel global.
Al absorber a Xstrata, Glencore pasó a tener presencia en varias operaciones mineras de envergadura en el Perú: Antamina, Antapaccay, Los Quenuales, entre otras. El año 2017 también adquirió una importante participación en la empresa Volcan, una de las principales productoras de zinc a nivel mundial, señalada en numerosos estudios de ser la responsable de la grave contaminación a la que está expuesta la población de Cerro de Pasco.

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De reactiva Confiep a Arranca Perú, más privilegios para las grandes empresas

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A 14 semanas de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en nuestro país, la crisis económica y sanitaria se acentúa cada vez más. La respuesta del gobierno hasta ahora es insuficiente, las cifras no son las más alentadoras; según fuentes oficiales tenemos más de 240 mil personas contagiadas con el virus y más de 7 mil personas fallecidas. A la par, la falta de dinero y trabajo ha hecho que la gente se vuelque a las calles para buscar algo de trabajo. En la practica la cuarentena ya no funciona y las medidas de apoyo del gobierno como los bonos no ha llegado a quienes realmente lo necesitan.

De otro lado, quiénes sí han estado recibiendo su “bono” en el marco de las medidas de reactivación económica en el país, son las grandes empresas privadas, entre ellas una decena de empresas mineras. Como se sabe, el programa económico denominado “Reactiva Perú” fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a inicios del mes de abril. El objetivo del programa era utilizar recursos del Banco Central de Reserva para realizar préstamos a las empresas privadas con bajísimos intereses y de esta forma asegurar la cadena de pagos a sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios.

Al respecto, el último fin de semana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló la base de datos de las 71 mil personas jurídicas y naturales que recibieron los S/24 mil millones de soles (US$7.5 mil millones), y el portal periodístico Ojo Público analizando esta información, pudo constatar “que solo 975 empresas se llevaron el 35% de la cifra total. En la lista aparecen grupos económicos como Intercorp, Wong, El Comercio, entre otros; así como empresas extractivas como Maderera Bozovich, sindicada por lavado de dinero debido a su esquema offshore, y la minera Volcán…”; revelando de esta forma que las beneficiadas con este programa fueron las mismas empresas de siempre, que tienen serios cuestionamientos por corrupción, lavado de activos, infracciones ambientales, entre otros. Y ahora que se ha anunciado el programa Arranca Perú, y para abonar más en la crisis, la Confiep ha salido a decir “que se reactiven todos lo sectores y que la gente se cuide como pueda del virus”

El caso de las mineras beneficiadas es mucho más cuestionable, debido a que las empresas mineras durante la cuarentena han seguido trabajando hasta el 50% de sus operaciones, nunca estuvieron en pierde, es más fue el sector más privilegiado durante la cuarentena. Por eso llama la atención que mineras como Volcan (Pasco); Consorcio minero Horizonte (La Libertad) o Chinalco se hayan beneficiado del programa. Desde Red Muqui creemos que los mecanismos para otorgar este tipo de apoyos desde el gobierno deben ser más rigurosos y transparentes, y mucho más en el sector minero. Programas de este tipo deben servir para atender el pedido de las pequeñas y medianas empresas, como el sector agrario, por ejemplo, que si generan trabajo para millones de personas en este contexto de la pandemia.

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Comunicado de la Mesa Técnica en Salud Humana y Ambiental sobre las familias de Cerro de Pasco afectadas por la contaminación

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Desde la Mesa Técnica en Salud Humana y Ambiental, integrada por instituciones de Derechos Humanos que vienen dando acompañamiento técnico a diversos casos de afectación por contaminación ambiental y humana a nivel nacional, nos solidarizamos con las familias de Cerro de Pasco que vienen acampando hace más de dos semanas en el frontis del Ministerio de Salud, reclamando por atención médica para los niños y niñas afectadas a causa de la sobre exposición de los metales tóxicos en sus cuerpos, pese a ello siguen sin tener una respuesta estatal adecuada.

Saludamos la valentía de las familias que también realizaron un plantón en las instalaciones de la empresa minera Volcán, visibilizando así la responsabilidad de esta empresa por los impactos acumulativos a la salud humana y ambiental en Cerro de Pasco. Lamentamos que la empresa no asuma compromisos y responsabilidades para las reparaciones de las afectaciones ocasionadas.

El Estado peruano no ha dado, hasta la fecha, una respuesta integral y articulada para la región Pasco, siendo este uno de los casos más graves de contaminación por metales tóxicos que existe en el país a causa de la industria extractiva minera. Tampoco se cuenta con una política nacional multisectorial e intergubernamental para abordar todos los casos de contaminación a la salud humana y ambiental por metales tóxicos que existen en diversas regiones del país, donde miles de peruanos viven en territorios contaminados por relaves mineros y derrames petroleros. Esta política es una demanda nacional que desde la Plataforma de afectados y afectadas por Metales Tóxicos se viene exigiendo desde años atrás, y a la cual la Presidencia del Consejo de Ministros sigue sin dar respuesta a través de una comisión multisectorial de alto nivel.

El Estado peruano tiene que dejar de negar el problema y entablar un diálogo directo con los afectados para construir políticas públicas adecuadas e integrales a sus necesidades. Sabemos que en nuestro país no hay posibilidad de que el Estado asuma una política para los afectados por metales tóxicos si es que no hacemos sentir que estamos unidos exigiendo nuestros derechos. Por eso hacemos un llamado a toda la ciudadanía a solidarizarse y movilizarse por Pasco y por los cientos de afectados por metales tóxicos a nivel nacional.

Suscriben:
Mesa de Salud Ambiental y Humana – Centro Labor Pasco – Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Derechos Humanos Sin Fronteras – Red Muqui –  Grufides – Centro de Políticas Públicas Perú Equidad – Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) – Proyecto Amigo – OXFAM – Red por una Globalización con Equidad (RedGe) – Pueblos Índigenas Amazómicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) – EarthRights International (ERI) – CooperAcción

25 de febrero de 2020

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Familias de niños intoxicados con plomo inician huelga de hambre frente a oficinas de Volcan en Lima

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Desde las 8am, 5 familias de Pasco junto al alcalde provincial, Marco de la Cruz, arribaron a los exteriores de las oficinas de la empresa minera Volcan ubicada en la Av. Manuel Olguín 375 del distrito de Surco, Lima; para exigir que la empresa asuma su responsabilidad en la reparación a las familias afectadas con plomo y otros minerales en su cuerpo, tras casi 20 años de actividad minera de la empresa Volcan en la ciudad de Pasco.

Diálogo nulo

Frente a la solicitud de reunión por parte del alcalde y los familiares, la respuesta de la empresa fue que solo dialogaría con el alcalde, desconociendo la vocería y organización de las familias, que, con exámenes y documentos del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) que depende del Ministerio de Salud, y el Instituto Nacional del Niño de San Borja, mostraban las altas cantidades de plomo y otros metales pesados que tenían sus niños en la sangre; y también el insuficiente tratamiento que venían recibiendo de parte del Instituto Nacional del Niño.

Salud deteriorada

Las familias demandan atención médica especializada porque lo único que reciben como medicación de parte del Instituto Nacional del Niño, son: antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. Las familias denuncian que sus hijos e hijas presentan cuadros de leucemia y cáncer y no reciben atención especializada tal como se comprometió el gobierno hace dos años.

La madre de familia del niño Jhan Mauricio Estrella, Irma Estrella, se encuentra preocupada porque no quiere que a su hijo le pase lo que le pasó al hijo menor de la familiar Olivera Daga, que falleció el 6 de agosto del año pasado en el Instituto Nacional del Niño, debido a complicaciones por la leucemia que le diagnosticaron el 2017

“Cada padre tiene el diagnóstico de sus niños. Que dolor tiene cada niño”, refiere Irma Estrella.

“Ya no queremos que fallezcan más niños. Queremos que salgan fuera de Perú para que los curen en otro lado. No queremos más muertos en Cerro de Pasco. El lunes tiene tratamiento mi hijo y ya me cansé que a mi niño le saquen sangre a cada rato y no haya una solución. No hay tratamiento especializado en Perú. A las madres les está dando parálisis facial. Es fundamental que haya trasplante de médula para los niños que están con leucemia.”, agregó Irm

 

Estudios técnicos

Las familias también demandan solución a la contaminación con metales pesados que expone la salud de más de 2500 niños de la ciudad, tal como lo señala el documento técnico de los «Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas» del Ministerio de Salud.

Otro de los estudios que respaldan la relación entre la exposición humana a los metales pesados como causa de las enfermedades que sufren los niños y niñas y las familias en general, es el Estudio de Source International de Italia en conjunto con la municipalidad distrital de Simón Bolivar y la Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor, respecto al Análisis Ambiental de la Calidad de los Recursos Hídricos en la Zona Minera de Cerro de Pasco y Biomonitoreo de Metales en Niños y Niñas del Centro Poblado de Paragsha, Cerro de Pasco – Perú, publicado el 2018.

El estudio utilizó “una muestra de 82 niños de Paragsha, residentes cerca de las plantas y/o operaciones mineras y 20 niños de Carhuamayo, como muestra de control no directamente afectados por la minería”. Y en las conclusiones se señala: “El estudio muestra además niños con un estado nutricional ineficiente por escasez de elementos esenciales (zinc, selenio, cobre), que implica y refuerza la absorción de algunos metales tóxicos. El 100% de los niños pertenecientes al centro poblado de Paragsha presentan concentraciones elevadas de plomo, encima de 0,1 mg/Kg cual límite de referencia según los estándares de referencia (ER) alemanes. El 97% y el 96% de ellos presenta respectivamente manganeso e aluminio por encima de los estándares de referencia (Mn 0,5 mg/Kg- Al 8 mg/Kg); y el 92% de ellos presenta niveles extremadamente elevados de cromo y hierro, y arsénico (86%)”.

El Estado no cumple acuerdos

En agosto del 2018, tras las múltiples protestas realizadas por las familias de Pasco, entre ellas el encadenamiento que realizaron frente al Ministerio de Salud el 2017; el Estado suscribió un acta con las familias afectadas con metales tóxicos de Pasco, que posteriormente ratificó el 18 de octubre del 2018, pero hasta la fecha el Estado no ha cumplido los acuerdos.

Uno de los acuerdos según el acta es que el Estado brindaría viviendas a las familias afectadas porque ya no pueden seguir viviendo en Pasco de acuerdo a las resoluciones médicas del Instituto Nacional del Niño; pero hasta ahora, las familias en protesta, continúan viviendo en la Beneficiencia de lima. Lugar de donde quieren ser desalojados, según relataron en la protesta.

En el acta del 23 de agosto del 2018, el Ministerio de Salud se comprometió en brindar “atención médica individual y especializada, incluso internacional de acuerdo a los diagnósticos médicos que se emitan y los procedimientos que deban aplicarse. Y el SIS y ESSALUD cubrirían los gastos de tratamiento de los menores que se encuentren dentro de su ámbito de actuación”.

Sin embargo, el Instituto Nacional del Niño solo brinda antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos y las familias que han viajado al exterior para que se atiendan sus niños, no han tenido ningún apoyo del Estado.

 

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