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Dada la necesidad de fortalecer las capacidades de los defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, quienes desarrollan su labor en un contexto de riesgo y violencia por su accionar a favor de la paz, la justicia, los pueblos indígenas, los territorios, el agua y la lucha por reconquistar derechos y exigir su garantía y respeto.

En razón de su rol de defensa de los derechos humanos son víctimas de asesinatos como los ocurridos  hace una semana que les quitaron la vida a cuatro defensores ambientales.

Por tal contexto de riesgo personal y criminalización, se llevó a cabo los días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Cusco, el Taller Macroregional de Formación de Defensores y Defensoras del Sur Andino. El evento se desarrolló en el marco de la campaña nacional “Defensores y defensoras del Perú” y contó con la participación de defensoras y defensores provenientes de 11 provincias de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno y se realizó con el apoyo conjunto de varias organizaciones de sociedad civil.

Al iniciar el encuentro se realizó un pequeño homenaje al hermano Oscar Mollohuanca Cruz,  guardándose un minuto de silencio en su memoria. A 19 días de su partida exigimos una seria investigación sobre las circunstancias en que ésta se produjo. Se reafirmó la solidaridad con los familiares de las víctimas de asesinato, exigiendo al Estado una respuesta oportuna seguida de una investigación con transparencia y una efectiva sanción a los responsables, pues ningún crimen debería quedar impune.

El taller se realizó de forma presencial, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Se ha debatido y analizado temáticas referidas a derechos colectivos, individuales, territorio, significancia de ser defensor de derechos humanos, fortalecimiento de la capacidad en la toma de decisiones,  importancia de la cohesión social para el  autocuidado frente a la ausencia del Estado que deja a las defensoras y defensores y a sus familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, continuamos denunciando la criminalización, amenaza y hostigamiento hacia las defensoras y los defensores de derechos humanos. 

Las actividades se desarrollaron de manera interactiva, involucrando a todas y todos los participantes en ejercicios, charlas y testimonios que reafirman la identidad y la unión en la lucha común y compartiendo las experiencias de defensa del territorio en las diferentes provincias y visibilizando las problemáticas que las personas defensoras buscan solucionar. Además, se tuvo la participación de Jorge Eliecer Sánchez del Comité político Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, y especialista en la abogacía y los derechos humanos ambientales, el cual nos contó sobre las experiencias de la defensa del territorio en Colombia, y respondió algunas consultas que le hicieron las personas defensoras participantes del taller. Se propuso también estrategias de acción para hacer frente a las problemáticas actuales, articulando una Red de trabajo conjunto entre las defensoras y defensores participantes. 

Desde el encuentro se compartieron los avances de la campaña nacional “Defensoras y Defensores del Perú”, así como se creó expectativa por el impulso y avances de la mini campaña denominada “¡Acuerdo de Escazú Ya!”, la cual tiene como objetivo principal impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú para fortalecer la defensa del medio ambiente y la protección de quienes lo defienden.

Finalmente, se reconoció la importancia crucial de la unión y la necesidad de levantar la voz contra el abuso, el despojo en los territorios, los asesinatos, la estigmatización y las amenazas constantes contra defensoras y defensores.

Cabe señalar que el eje de las actividades y el intercambio propuesto de los talleres es el de consolidar una Red Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Ambientales a corto plazo, por lo cual se anunció que se continuarán desarrollando talleres dirigidos a las personas defensoras que permitan fortalecer sus capacidades y conocimientos, así como fortalecer la articulación de las acciones. Además, se han propuesto las bases para el 1er Encuentro Nacional Costero Andino Amazónico de Defensores y Defensoras, que se llevará a cabo en el mes de junio en Lima.

PROTECCIÓN Y JUSTICIA PARA LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS, ¡AHORA!

BASTA DE CRIMINALIZACIÓN Y ASESINATOS

¡NUESTRA LUCHA NO ES SÓLO EN DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS, ES EN DEFENSA DE LA VIDA DE TODOS!

 

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En estas semanas, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República viene debatiendo la ratificación del tratado de Escazú – “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”[1], adoptado en Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018”.

En los últimos meses este tratado ha generado debates e incluso se han desplegado campañas en contra de su ratificación. Desde los sectores conservadores y económicos  que desarrollan actividades de explotación en el territorio nacional liderados por la CONFIEP, su principal argumento es que, con la ratificación del tratado, el Perú somete su soberanía a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y les resta competencias a nuestros tribunales nacionales (juzgados y Tribunal Constitucional). Pero debemos preguntarnos, ¿cuán cierto es todo esto?, ¿cuál es el objetivo y contenido del tratado de Escazú? o ¿existe alguna otra intención de estos sectores que se oponen a Escazú?.

Debemos empezar, precisando, en primer lugar, que este tratado tiene cuatro pilares principales: i) el acceso a la información ambiental (art. 5 y 6), ii) participación en procesos de toma de decisiones ambientales (art. 7), iii) acceso a la justicia (art. 8), iv) la protección de defensores ambientales (art. 9); la cual se complementa con disposiciones de fortalecimiento de capacidades y cooperación (art. 10 y 11), entre otros.

En segundo lugar, la soberanía nacional vista desde el acuerdo de Escazú, no se sobrepone a las competencias y decisiones del sistema administrativo y de justicia nacional. Como tratado promueve el respeto por derechos fundamentales, debido proceso, acceso a la información ambiental, mejora en los mecanismos de participación y acceso a la justicia en caso de daños.

Debemos recordar también que, actualmente, nuestro país, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2] y el Estado Peruano reconoce las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este sistema ha sido invocado por diversos ciudadanos y sectores de nuestra sociedad, como los pueblos indígenas/originarios que acuden al ámbito de la justicia internacional por graves violaciones de derechos fundamentales y colectivos, sobre todo aquellas relacionadas con las actividades extractivas que afectan el ambiente y la salud de las personas.

Los líderes representantes de comunidades, quienes son defensores de derechos humanos y medio ambiente están reconocidas por nuestra legislación, no es un status nuevo, al igual que la necesidad de proteger su labor e integridad.   El protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos aprobada mediante la Resolución Ministerial N°059-2019-JUS es un importante avance en esta garantía, pero aún insuficiente por el riesgo que significa la defensa del medio ambiente ante la degradación y contaminación de territorios de pueblos originarios, ocasionada por actividades extractivas formales e informales. El acuerdo de Escazú no se pronuncia con especificidad sobre actividades informales porque esta constituye delito y es el Estado en su rol protector, quien debe intervenir a través de sus diversos organismos.

Recientemente la Red Muqui fue convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Republica para dar su punto de vista sobre el acuerdo de Escazú, y en ese marco los miembros de la Comisión en reiteradas oportunidades han señalado que, efectivamente, hace falta mejorar la regulación ambiental o en su defecto aclarar los vacíos que existen;  y que, pese a ello, el Perú sería uno de los países que más ha avanzado en la regulación y protección del medio ambiente; lo cual, desde nuestro punto de vista, no es cierto. En el Perú cada vez más se vienen flexibilizando los estándares ambientales a través de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, quienes procurando “destrabar” proyectos de inversión reducen las garantías y exigencias ambientales.

Esta flexibilización ambiental se dio por ejemplo con el Decreto Legislativo 1500, que dispuso la aplicación de mecanismos virtuales para la participación ciudadana en los procedimientos de elaboración y aprobación de EIAs. Con medidas como estas el Estado deja de proteger a los derechos colectivos de los Pueblos Originarios. Hechos como este, desencadena demandas, denuncias, movilizaciones provocadas por el propio Estado y aprovechadas por empresas públicas y privadas.

Le tomamos la palabra a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, a fin de que inicie un proceso de revisión de las normas que flexibilizan las normas ambientales y la protección a los miembros de las comunidades.

Finalmente, instamos al Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú, pues permitirá asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. El acuerdo de Escazú es un tratado a favor de los intereses de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que todos estos años han venido recibiendo el embate de las actividades extractivas en su territorio. El Congreso debe sincerar bajo que intereses legislan, todavía están a tiempo de hacerlo en favor de la gente.

[1] Acuerdo de Escazú. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf

[2] Tratados ratificados por el Perú: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/ANEXO.1.RATIFICACIONES.pdf