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Organizaciones defensoras de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente y casa común, de la región andina, reunidas en abril de 2022 en la ciudad de Cusco, ante la crisis política y social que atraviesa el Perú y las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Antapaccay – Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco de la empresa Glencore en Espinar, manifestamos nuestra solidaridad y preocupación ante:

  • Las graves violaciones de derechos humanos denunciadas por la comunidad de Alto Huarca en Espinar a raíz de las afectaciones sociales, económicas y ambientales producidas por años de extractivismo, que no han resuelto sino agravado los problemas estructurales de las comunidades.
  • Las denuncias de la población por la falta de participación efectiva y de garantías para la consulta previa, libre e informada, afectando sus derechos colectivos y las garantías contenidas bajo el Convenio 169 de la OIT, de acuerdo también al bloque de constitucionalidad, la Ley de Consulta Previa y la Sentencia A.P. 29126-2018.
  • Los constantes reclamos ante el incumplimiento de los acuerdos y compromisos de compensación, reubicación y otros establecidos con las comunidades por parte de la empresa minera Glencore Antapaccay.
  • Las graves violaciones al derecho a la salud de las comunidades debido a las afectaciones al medio ambiente y a la casa común provocados por la explotación minera, así como la falta de respuesta y atención de salud, pese a los avances en materia de políticas públicas en salud ambiental y humana en el país.
  • La evidencia de proyectos de reasentamientos que no se adecúan a estándares de derechos humanos tales como la Observación General No 7. del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Social y Culturales (PIDESC) ni responden a las necesidades culturales y formas de vida de las comunidades, promoviendo así el cambio acelerado de patrones de vida y la urbanización acelerada de la población.
  • Las afectaciones al patrimonio cultural, espiritual, y arqueológico de las comunidades, incluyendo sitios sagrados, flora y fauna, lo cual constituye, además, vulneraciones a la preservación de la memoria histórica y cultural del país.
  • Los impactos ambientales relatados sobre las fuentes hídricas, contaminación del aire y suelo por las operaciones mineras, como también impactos diferenciados e invisibilizados a grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, niños/as, personas con discapacidad, personas adultas mayores, especialmente sobre sus derechos económicos, sociales y culturales.
  • Las vulneraciones al derecho a la alimentación, reforzadas por el extractivismo y la crisis de alimento y combustible actual, que muestran que décadas de extractivismo no han supuesto una respuesta efectiva a la superación de la pobreza y la desigualdad
  • La criminalización de defensores/as ambientales y el uso de la fuerza pública que afectan el derecho a la protesta social, la libertad de expresión y asociación.

En este contexto, preocupa el plan de ampliación del proyecto minero Coroccohuayco y la amenaza de que se repitan estas prácticas y violaciones de derechos. En nuestros países hemos visto los mismos patrones de  operación de proyectos mineros de similar alcance, como en los departamentos de Guajira y Cesar, Colombia, donde Glencore también desarrolla actividades de extracción de carbón a gran escala.

Nos sumamos al pedido de las comunidades a que, en el marco del cuidado de la Casa Común y la promoción de la dignidad de las personas, se respete el ejercicio de derechos fundamentales de las comunidades afectadas por actividades extractivas, por lo que solicitamos:

  •  Que el Estado peruano atienda los problemas estructurales, las expectativas y reivindicaciones históricas acumuladas de la población peruana manifestadas en las recientes protestas sociales, para la gobernabilidad y bien común, así como el cumplimiento de rol de garante de derechos de comunidades impactadas por el extractivismo.
  • Que el Estado peruano, en especial el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Glencore, garanticen la participación efectiva y el mecanismo de consulta previa a la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Coroccohuayco, cumpliendo con los estándares internacionales ya reconocidos en el Perú y en concordancia con la Sentencia A.P. 29126-2018, la cuál se podrá aplicar con carácter retroactivo a los casos donde se haya omitido o negado el derecho a la consulta previa desde el 2012, año en que se publicó el Reglamento de la Ley de Consulta Previa en Perú.
  • Que el Estado peruano garantice la implementación efectiva de leyes que protejan a personas defensoras del medio ambiente, incluyendo la ratificación del Acuerdo de Escazú, tal como ya se avanzó en Bolivia y Chile, y que ponga fin a la criminalización y estigmatización de personas defensoras, combata la impunidad, garantice la participación y consentimiento previo de comunidades campesinas indígenas.
  • Que el Estado peruano ponga fin a la criminalización y estigmatización de personas defensoras del medio ambiente y derechos humanos y garantice la implementación efectiva de leyes que las protejan y combatan la impunidad, promoviendo su participación y consentimiento previo de comunidades campesinas indígenas.
  • Que la empresa Glencore atienda el pedido de las comunidades afectadas por sus operaciones de cumplir con sus obligaciones y los acuerdos a los que ha llegado con las comunidades afectadas, respetar los derechos humanos y los estándares internacionales, así como una real participación e implementación de la consulta previa.
  • Que los Estados de países andinos – amazónicos introduzcan una legislación robusta sobre la debida diligencia de empresas en materia de medio ambiente y derechos humanos que garantice la protección de los derechos humanos y de las personas defensoras.
  • Que los Bancos de Desarrollo que financian y apoyan inversiones en megaproyectos extractivos o de infraestructura en Perú y el resto de Sudamérica modifiquen sus directivas de pueblos indígenas, desplazamientos, compensaciones, debida diligencia y atención a grupos vulnerables, para adecuarlas a los estándares internacionalmente reconocidos de derechos humanos.

 

Por primera vez, la Ley de Presupuesto nacional incluye un incremento significativo del presupuesto asignado para la atención a afectados y afectadas por metales tóxicos, esto gracias a la gestión de la congresista por Cusco, Ruth Luque, y por la iniciativa de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Si bien ya existía presupuesto específico para la realización de tamizajes a la población a nivel nacional, los presupuestos asignados venían siendo insuficientes para las medidas de atención que se deben implementar.

Según la Ley de Presupuesto 2022 , se dispone s/. 10 682 505 en el pliego el Ministerio de Salud y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales a nivel nacional para que realicen tamizajes y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados; adicionalmente se se autoriza al MINSA y a los gobiernos regionales a realizar modificaciones presupuestarias solo con el fin de habilitar el uso de hasta 30 millones de soles para la realización de tamizajes y atención a afectados con metales pesados con prioridad en los territorios de Cuninico (Loreto), Cerro de Pasco, Espinar (Cusco), cuenca del Coata (Puno) y La Oroya (Junín). Y, finalmente, de forma complementaria se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas la realización de modificaciones presupuestarias hasta por la suma de 10 millones de soles a favor de los gobiernos regionales a partir del artículo 53° del Decreto Legislativo n° 1440- Sistema Nacional de Presupuesto Público; por último, para la implementación de acciones vinculadas a la atención de las personas afectadas por la contaminación de metales pesados.

En total son 50 millones 682 mil soles que se están destinando a acciones de atención a personas afectadas por la contaminación por metales tóxicos.

Esta es una buena señal de compromiso de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía para garantizar el derecho a la salud humana de miles de afectados y afectadas que vienen siendo olvidados año tras año. Una vez aprobada esta norma queda en responsabilidad del Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales de los territorios priorizados, el uso eficiente del presupuesto otorgado, por ello algunos integrantes de la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental opinan lo siguiente:

Elsa Benavente de la Asociación Peruana Desarrollo integral Luz de Dios, cuyas siglas son APDI Luz de Dios, señala que hay un gran avance porque es una suma que se aumenta en comparación a lo que se asignó a nivel nacional en el 2021 para tamizajes y atención a pacientes. Ella señala también que a la fecha solo se ha ejecutado el 43.5% del presupuesto total en este rubro, que al 2021 solo era de 2 millones aproximadamente. Agrega “que se tiene el reto se fiscalizar en qué se está gastando el presupuesto asignado, porque haciendo una revisión en el MEF no se logra ejecutar todo el presupuesto y además la mayoría de ese gasto se ha ido en pago de personal. Para el caso de los cinco territorios priorizados, las personas afectadas por metales pesados señalan que no se vienen realizando los tamizajes pertinentes, ahora con el aumento del presupuesto debemos estar vigilantes hasta lograr la atención efectiva de las personas afectadas.”

Jaime Silva del Centro de Cultura Labor-Pasco señala que en el caso de Pasco en los años 2019 y 2020 se asignó un presupuesto de alrededor de 6 millones de soles para atender a afectados y afectadas; sin embargo, no hubieron resultados satisfactorios porque no hubieron mejoras concretas en la calidad de vida de la población. Por ello, ahora señala que el MINSA debe invertir de manera eficiente este presupuesto: “Desde Pasco solicitamos que se debe apuntar al fortalecimiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, también se necesitan de médicos especializados en toxicología para metales pesados, además que en los casos más graves de niños afectados es necesario llevarlos a otros países para que lleven tratamientos especializados. Por último, es necesario que se amplíe el número de tamizajes en las zonas afectadas para tener diagnósticos claros sobre la situación”.

De igual forma, Miluska Rojas de Red Uniendo Manos, señala que ahora se debe hacer énfasis en coordinar con el MINSA para que el presupuesto llegue a implementarse eficientemente en los territorios, es decir a nivel regional, señala también: “ Se debe incidir en las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAs) para que actué conforme a lo que diga la norma y a la vez que los congresistas hagan seguimiento a esto. También es necesario que se logre la reglamentación de la Ley N° 31189 y tener criterios más apropiados para la priorización en la ejecución del presupuesto y podamos pasar del tamizaje a la atención concreta a la mayor cantidad de afectados y afectadas».

 

 

 

El martes 07 de julio se realizó la audiencia regional entre la relatora especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, y doce defensores de derechos humanos de seis países de América Latina.

La audiencia tuvo como objetivo recoger los testimonios de los defensores y defensoras afectados por las industrias extractivistas e identificar la forma de apoyarlos frente a los abusos cometidos contra ellos por parte de las empresas mineras, así como del propio Estado.

Los defensores/as compartieron sus experiencias, procesos de lucha, incluyendo los riesgos y desafíos que sufren. En el caso del Perú participaron los defensores Oscar Mollohuanca de Espinar – Cusco y Miguel Meza Igme del Valle de Tambo – Arequipa. Cabe señalar que ambos casos y defensores están siendo acompañados por las instituciones de Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF en Cusco, y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- Fedepaz y Red Muqui en Arequipa.

Sobre la situación en Espinar, Cusco, Oscar Mollohuanca dio a conocer los procesos de conflictividad que existe en Espinar desde 1990 y que en la actualidad se ha vuelto mucho más complejo debido a los impactos al medio ambiente y la salud humana. Además informó que la afectación por metales pesados es una realidad que no solo afecta a las personas que viven en el entorno minero sino también a las poblaciones aledañas y que tanto las empresas mineras como el Estado no hacen nada a pesar de las luchas emprendidas. Así mismo, indicó que la consulta previa para nuevos proyectos es un proceso que no avanza ni se cumple, lo que termina traduciéndose en conflictos permanentes.

“A mí me encarcelaron, me llevaron hasta una región costera a mil kilómetros de nuestra región natural y ahí quisieron encarcelarme de manera permanente. No solo yo fui encarcelado si no también dirigentes hermanos nuestros que se atrevieron a luchar por más justicia social y ambiental. En esa lucha del 2012 también la policía mató a 3 hermanos nuestros, sobre esas muertes no hay ningún proceso judicial en curso y todo se ha archivado, no hay sanción, pero nosotros seguimos siendo enjuiciados, perseguidos”

Finalmente expuso la situación de los defensores que no son reconocidos como tales por los medios locales y que, por el contrario, terminan siendo estigmatizados como «conflictivos», «antimineros» y «antidesarrollo» por que las autoridades locales desconocen las normatividades nacionales e internacionales en defensa de los defensores/as de derechos humanos.

Por su lado, Miguel Meza Igme del Valle de Tambo de la provincia de Islay, región Arequipa, dio a conocer la importancia de defender el Valle de Tambo frente a los intereses de Southern Cooper Corporation, quien en todos estos años no ha hecho más que deslegitimar la lucha de los agricultores a través de la violencia y campañas mediáticas.

“El 23 de marzo del 2011 enfrentamos un paro indefinido donde murieron asesinados 3 hermanos por la PNP, y hay jóvenes que viven con las balas hasta el día de hoy. Hubo 130 observaciones que demostraban que la empresa minera estaba mintiendo” señalo Miguel Meza.

Ambos defensores solicitaron que se dialogue con el gobierno y que se respete la decisión del pueblo.

Por su lado, Mary Lawlor se comprometió a conversar con los gobiernos para pedir cese a estos ataques y reconocer que los defensores tienen derecho a seguir haciendo su labor. Manifestó que es típico criminalizar a los defensores de derechos humanos. Y exhortó a los defensores averiguar los nombres de las personas de las empresas o policías que los atacan y acosan, así como conocer a los inversores de las empresas mineras para darles a conocer lo que viene pasando.

 

El día de hoy, 28 de enero, las organizaciones de Espinar decidieron iniciar una huelga indefinida a través de una asamblea pública que se viene desarollando en la plaza principal de Espinar.

Los motivos del inicio de la huelga se deben a que el gobierno y la empresa minera Glencore Antapaccay abandonaron la mesa de diálogo el 7 de agosto del año pasado tras el paro de casi un mes en julio sin resolver los problemas integrales de Espinar. Solo se logró atender el primer punto de la plataforma, que era el otorgamiento de un bono para la reactivación económica de los espinarenses. Los problemas de fondo como la reformulación del Convenio Marco para que el pueblo realmente pueda velar por su desarrollo tras 40 años de actividad minera; la ampliación del proyecto minero Corocohuaycco que debe ser consultado a toda la provincia; la reparación y remediación ambiental del corredor minero; la atención inmediata a los afectados por metales tóxicos; la conformación de una comisión de justicia y derechos humanos para sancionar a los responsables de los heridos y muertos en el conflicto en años anteriores y que el Estado abandone la criminalización de la protesta a dirigentes; han quedado irresueltos, sin que los tres gobiernos que ya vamos teniendo, hayan atendido estos problemas.

Además, la mesa de diálogo y los puntos de la plataforma de lucha no han sido reconocidos a través de una resolución ministerial, un instrumento jurídico que institucionalice y obligue a las partes a cumplir con el dialogo y los acuerdos que se alcancen.

La única respuesta del gobierno, frente al anuncio del reinicio de protestas en días pasados, fue la emisión de un oficio del Ministerio de Energía y Minas N° 015- 2021 MINEM- OGGS, de fecha 21 de enero, en que propone virtualizar el diálogo y que una comisión de autoridades y dirigentes de Espinar viajen a la ciudad de Lima.

Frente a ello, los dirigentes de Espinar rechazaron la virtualidad del diálogo y el viaje de la comitiva; debido a que en Chumbivilcas, el gobierno ha estado desarrollando mesas de diálogo presenciales cumpliendo los protocolos de salud y seguridad.

 

Chumbivilcas da plazo de 72 horas

Tras el reinicio de la mesa de diálogo en su segundo día, el miércoles 27 de enero; los dirigentes del Frente Unificado de la Provincia de Chumbivilcas y las autoridades municipales decidieron dar un plazo de 72 horas al gobierno y la empresa minera para que participen de la mesa de diálogo el ministro o viceministro de Energía y Minas y el gerente general de Hudbay, debido a que los representantes actuales no tienen poder resolutivo.

El segundo día de la mesa de diálogo se suspendió debido a que la empresa minera no acepta el aporte del 7% de sus utilidades y lo que ofreció, a través de su representante: Víctor Hugo Cotrina, son 500 mil soles anuales para cada distrito de la provincia, 1 millón de soles para la implementación de acciones de prevención y lucha contra el covid-19; y la gestión de 42 millones de soles de inversión en obras que se harían por la modalidad de Obras por Impuestos.

Además, los dirigentes exigieron que Hudbay deje de trabajar durante la suspensión de la mesa de diálogo y anunciaron que iniciarán medidas legales para la nulidad de la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la unidad minera Constancia, tal como lo señalan los periodistas de Pulso Regional, que estuvieron presentes en la mesa de diálogo.

Puedes ver el desarrollo del segundo día de la mesa de diálogo AQUÍ

 

Chumbivilcas

Tras 8 días de paralización de las comunidades de la provincia de Chumbivilcas agrupadas en el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH); el día de hoy, viernes 22 de enero, llegaría un representante del Ministerio de Energía y Minas para abordar las exigencias de la provincia:

  • Acuerdo de un Convenio Marco Provincial con la empresa minera Hudbay para que destine el 7 % de las utilidades anuales y se incorpore el monitoreo ambiental comunitario del medio ambiente y salud humana.
  • Nulidad de la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Constancia de Hudbay debido a que el instrumento ambiental en participación ciudadana se realizó solo a través de sesiones virtuales y llamadas telefónicas, vulnerando los derechos colectivos a la participación ciudadana oportuna, intercultural y con transparencia.
  • Fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en los distritos afectados por la minería.

La medida de paralización se tomó debido al desplante de la empresa minera, que convocó a los dirigentes y autoridades a una reunión. “El 7 de diciembre, Chumbivilcas ha terminado con las vías de diálogo y muy a pesar de ello cuando Hudbay envió una carta para reunirnos el 15 de enero, Chumbivilcas ha aceptado (mediante oficios) y hemos estado presentes dirigentes y autoridades. Todo para escuchar la propuesta de la empresa minera… Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas y Hudbay no se presentaron en Chilloroya, por eso el pueblo chumbivilcano ha decidido levantarse en pie de lucha”, señaló el presidente del FUDICH, Wilbert Fuentes.

Espinar

Las organizaciones sociales de la provincia cusqueña de Espinar: el Frente Único de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) y la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), entre otras organizaciones, anunciaron que retomarán la huelga indefinida el 28 de enero a través de un comunicado, tras tener una asamblea el 14 de enero.

Señalan en su comunicado que el gobierno y la empresa minera abandonaron la mesa de diálogo que tenía como agenda la reformulación del Convenio Marco, la consulta previa del proyecto minero Coroccohuayco, la reparación a los afectados por metales tóxicos de Espinar y la remediación de los lugares contaminados.

Además, rechazan que el ministerio de Energía y Minas sea el facilitador de las reuniones con el gobierno central debido a que estaría parcializado con la empresa minera.

Asimismo, rechazan que el gobierno y el Ministerio Público estén desarrollando procesos penales contra los dirigentes sociales que han liderado los legítimos reclamos de la población, criminalizando así la protesta social.

Finalizan su comunicado saludando el fallo del Poder Judicial que exige al Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Cusco a atender a la población afectada por metales tóxicos de la provincia.

Las Bambas

Ante el paro iniciado el 23 de noviembre del año pasado que fue suspendido el 7 de diciembre ante la propuesta del gobierno de retomar las mesas de diálogo que había abandonado la empresa y el mismo gobierno; el 20 de enero se desarrolló la reunión entre representantes del MINEM, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantaron; el congresista Lenin Checco; autoridades municipales; dirigentes sociales; y representantes de MMG Las Bambas, para que la empresa minera informe sobre las transferencias por canon minero que recibió la región entre el 2012 y el 2020. Los dirigentes sociales de la Federación Campesina del distrito de Chalhuahuacho y Frente Único de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Chalhuahuacho exigen que la empresa minera pague el canon del segundo semestre del 2017 a la fecha, debido a que la empresa no ha reportado utilidades y por ello no ha habido canon, que en la situación actual es clave debido a la crisis económica producto de la pandemia.

Las organizaciones de Challhuahuacho han dado como plazo el 10 de febrero para que el gobierno responda si habrá canon este año, tal como lo exige toda la provincia de Cotabambas. Además, se abordarán otros puntos como la afectación ambiental en la región producto de la actividad minera. Los dirigentes pidieron la presencia de funcionarios del Ministerio del Ambiente, OEFA y ANA.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

La pandemia y la segunda ola ya es inevitable en nuestro país, las cifras del número de contagios y fallecidos reportados por el MINSA son evidentes. Al momento, según la sala situacional de la Covid-19, tenemos 1.078.675 de casos positivos en el país; en las ultimas 24 horas tuvimos 3.406 casos de contagios, y a la fecha desde que inicio la pandemia se tiene registrado más de 39 mil fallecidos, y lo peor de todo es que las medidas anunciadas por el gobierno de Sagasti son insuficientes. Las camas UCI ya están colapsadas, hay colas para buscar oxigeno y la vacuna esta lejos de llegar a tiempo. Lamentablemente no hemos aprendido nada de los cuidados y las acciones preventivas de la primera ola, ni el gobierno ni la ciudadanía, y nuevamente entramos a la lógica del sálvense quien pueda.

Mientras la pandemia de la Covid-19 está entrando a su momento pico, los conflictos sociales también se han reactivado, y de modo particular en el corredor minero del sur andino. Las comunidades y la población local en Cotabambas reclaman atención sobre los compromisos no cumplidos en la mesa de dialogo de Las Bambas; los mismos reclamos se han hecho publico en el caso de Velille – Chumbivilcas, por donde pasa la carretera del corredor minero, y donde los impactos ambientales y sociales son cada vez más evidentes. En Chumbivilcas no solamente tenemos el caso de Las Bambas, en las últimas semanas las comunidades del entorno minero de la canadiense HudBay y su proyecto Constancia han denunciado que la empresa minera busca ampliar su proyecto minero sin respetar la consulta previa y sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades afectadas; al momento la población sostiene un paro indefinido mientras aguarda la llegada de representantes del gobierno nacional.

Del mismo modo, en Espinar las comunidades afectadas por el nuevo proyecto minero de Coroccohuayco han denunciado que no se esta respetando la consulta previa y que además las autoridades nacionales han abandonado la mesa de diálogo y que buscan desconocer los acuerdos previos arribados meses atrás. En el caso de Espinar, además, hay una sentencia que ha sido ratificada por la Sala Mixta de Canchis que obliga al Estado Peruano a través del MINSA y sus órganos competentes a atender de manera integral la salud de las personas afectadas por metales tóxicos. Esta situación no solo pasa en Espinar; a nivel nacional existen miles de personas expuestas a la presencia de metales tóxicos en sus cuerpos y muchos de ellos se encuentran ubicados en zonas de actividad minera.

Desde la Red Muqui advertimos y alertamos de la situación de tensión que se vive en este momento en el corredor minero, muchas de las demandas planteadas por las comunidades afectadas y la población local ya han sido planteadas en mesas de dialogo pasadas. Lamentablemente estas nos se han cumplido, tanto por el gobierno nacional como por las empresas mineras. Urge que el gobierno atienda de manera seria e integral estas demandas, lo contrario significara la suma y reactivación de conflictos sociales inminentes.

Comuneros de Alto Huarca, lugar donde se encuentran las operaciones mineras de Antapaccay (Glencore), denuncian actos de violencia y detención por parte de los efectivos de la policía nacional en campamento minero de Espinar. Los hechos han sido denunciados por los propios comuneros quienes realizaban protestas en contra de la empresa minera Antapaccay por incumplimiento de acuerdos.

Según lo manifestado por los comuneros, los efectivos policiales habrían golpeado a las mujeres y detenido a más de 5 comuneros, además señalan que los retuvieron en el campamento de la minera. Las personas agredidas y detenidas fueron: Cirilo Llave Umasi, Guzmán Álvarez Umasi, Jesús Llave Ccapa y Abad Tancayllo quien sería un joven con una discapacidad especial. Finalmente, luego de las denuncias realizadas por las redes sociales y los medios locales los detenidos fueron liberados.

Este tipo de abusos no son nuevos en Espinar, hace buen tiempo que las comunidades del entorno del proyecto minero de Antapaccay denuncian represalias y hostigamiento por el personal de seguridad de la empresa minera y de los efectivos policiales; como se sabe Glencore esta ampliando sus operaciones mineras en Espinar con el proyecto minero de Coroccohuayco.

 

 

El día de hoy, lunes 30 de noviembre, el ex alcalde de Espinar: Oscar Mollohuanca, y los ex dirigentes sociales del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE): Herbert Huamán y Sergio Huamaní, fueron absueltos por el Cuarto Juzgado Unipersonal de Ica, tras haber sido denunciados por el Ministerio Público el 2012 tras las protestas desarrolladas ese año en rechazo a la contaminación ambiental de la empresa minera Xtrata Tintaya (ahora Glencore Antapaccay) y su negativa a aportar al desarrollo de Espinar de acuerdo a las demandas de las comunidades y la ciudad. Años después el Ministerio de Salud confirmó la presencia de metales pesados en el organismo de cientos de espinarenses.

En el paro desarrollado en mayo de 2012 fallecieron 3 personas y resultaron más de 15 personas heridas. El juicio para que esas personas asesinadas encuentren justicia se archivó hace unos años. El jefe del operativo en ese entonces fue Gastón Rodríguez, el ex ministro del Interior del gobierno de Merino, que es el responsable político de la muerte de Inti y Jack y los más de 100 heridos de la última protesta popular nacional.

Adelanto de sentencia

De acuerdo al informe de la Institución Derechos Humanos Sin Fronteras, que asumió la defensa legal de los defensores criminalizados; durante la audiencia virtual de lectura de sentencia, el juez Jean Franco Pinto Fernández, titular del Cuarto Juzgado Unipersonal del Juzgado de Ica, señaló lo siguiente:

“Absolviendo a los ciudadanos Oscar Avelino Mollohuanca Cruz, Herberth Huaman Llave Y Sergio Huamani Hilario, de los cargos formulados en su contra”

El juez Franco Pinto Fernández reiteró que -según el título preliminar del Código Penal- está proscrita la responsabilidad objetiva, y no es posible atribuirle la responsabilidad por el solo hecho de haber convocado protestas, ya que “la protesta es un derecho de rango constitucional que deriva del derecho de la libertad de expresión”.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, señala que la sentencia es un reconocimiento a la lucha de varios años del pueblo de Espinar. Añade que se debe exigir justicia y reparación para las personas asesinadas y los heridos que dejó la protesta el 2012. «Se está reconociendo el derecho a la protesta, diciendo que la población tiene el derecho legítimo amparado en la Constitución para protestar, reclamar, y que varias de sus demandas sean atendidas». Añadió que espera que el precedente sea positivo para otros casos en el país.

La sentencia íntegra se leerá el 10 de diciembre a las 16 horas, en el marco del Día de los Derechos Humanos.

El miércoles 7 de octubre a las 5 y 30pm, la institución Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) presentó la guía de Monitoreo Ambiental Comunitario basada en el reconocimiento de los indicadores biológicos de los macroinvertebrados en el río Cañipía, zona de influencia de la empresa minera Glencore Antapaccay en Espinar, Cusco.

Tras realizarse la experiencia de monitoreo ambiental comunitario entre DHSF y la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE) el  2017 y 2018, se hizo un balance respecto a las diferencias de la calidad del agua entre un año y otro. «El objetivo de la presentación de la guía es que de ahora en adelante, estos estudios lo realicen la propias comunidades, comparando los análisis de cada año y emitiendo informes para que generen su propia información a las comunidades y al Estado peruano», señaló Karem Luque, responsable de la guía de DHSF.

En esta experiencia han participado aproximadamente 20 espinarenses de Huisa Collana y Huisa.

En la presentación participaron el presidente de la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE), Santos Chuchullo, quien contó como seleccionaron sus puntos de monitoreo y la importancia de esta labor en una zona donde hay presencia minera desde hace décadas. Actualmente opera la empresa Glencore Antapaccay, que quiere ampliar su explotación a través del proyecto minero Coroccohuayco.

En la presentación, además de Karem Luque de DHSF, encargada del proyecto de monitoreo y la guía, participaron: Diana Flores, MG. Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas, quien también fue parte de la elaboración de la guía; la Dra. Ana Huamantinco, zoóloga, especialista en Taxonomía y Ecología de Insectos; y el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, que informó que su Comisión aprobó el dictamen de la iniciativa legislativa denominada “Ley para la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental ciudadano e indígena en el sistema nacional de gestión ambiental”, que busca reconocer la labor de los vigilantes y monitores ambientales ciudadanos y comunales.

Ahora falta que el dictamen se agende y apruebe por el pleno del Congreso.

Descargar la Guía AQUÍ

 

 

El día martes 25 de agosto se llevó a cabo la conferencia de prensa en que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Derechos Humanos Sin Fronteras presentaron el informe especial: “Violaciones de derechos humanos que deben investigarse en la protesta social de Espinar” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como parte de la mesa de exponentes participaron: el abogado Helio Cruz, integrante de la organización “Derechos humanos sin fronteras”; Juan Carlos Quirita, dirigente social e integrante del “Comité de Lucha de Espinar”; y el congresista Lenin Bazán, presidente de la “Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos”.

Sobre el informe, el Dr. Helio Cruz realizó un análisis de los hechos ocurridos durante el paro indefinido de Espinar que generó represión policial causando diversos impactos en la población.

Como se recuerda, la principal demanda de la población era un bono humanitario de mil soles a cada uno de los electores de Espinar, haciendo uso de los recursos del Convenio Marco, que tiene el 3% de utilidades anuales de la empresa minera Glencore Antapaccay.

Vulneración de Derechos Humanos

El 15 de Julio inició la protesta social debido a la negativa de la empresa minera de acatar la decisión mayoritaria del Comité de Gestión del Convenio Marco. El 20 de Julio, en las inmediaciones del aeropuerto de Espinar, los protestantes sufrieron lesiones con perdigones en los pies y tobillos.

La segunda fecha clave fue el 22 de julio y se divide en tres momentos. El primero en los exteriores del campamento minero, el segundo en el centro poblado de Tintaya Marquiri y el tercero en la ciudad de Espinar.

Según lo expuesto por el Dr. Cruz, es en el centro poblado de Tintaya Marquiri donde se registra tres heridos con arma de fuego: un adulto y dos menores de edad. Siendo hasta la fecha imposible por parte de la policía señalar cuál era la amenaza para utilizar armas de fuego en contra de los protestantes. Vale recalcar que en la zona se encontró casquillos de balas con el símbolo de la PNP.

Terminado el enfrentamiento los pobladores reconocieron a un infiltrado que la propia policía reconoce como un capitán sociólogo adscrito a la PNP cuya supuesta labor era obtener información sobre el estado del conflicto para practicar adecuadamente la labor de la institución. Sin embargo, para el Dr. Cruz: “este argumento resulta contrario a los estándares internacionales de los derechos humanos porque es una práctica invasiva que conlleva a un elevado riesgo de violación de derechos”.

Continuando con la narración de los hechos, Helio Cruz de DSHF manifestó que el mismo 22 de julio, aproximadamente a las 5 de la tarde, dos camiones con comuneros se disponían a regresar a la ciudad de Yauri. El camión que llevaba al policía infiltrado fue intervenido de manera violenta por efectivos, quiénes dispararon perdigones contra el vehículo y las personas, dentro de las cuáles se encontraban mujeres y menores de edad.

Recomendaciones al Ministerio Público

Las denuncias fueron realizadas en la jurisdicción policial de Espinar; sin embargo, hasta la fecha los pobladores agraviados no han sido llamados por las autoridades. Finalmente, Helio Cruz indicó que la Dra. Gloria Cárdenas Alarcón fue víctima de intimidación por dar sus declaraciones indicando que tres espinarenses presentaban heridas de balas con orificios de entrada y salida.

Sobre lo expuesto el Dr. Helio Cruz planteó siete recomendaciones al Ministerio Público:

  1. Las restricciones de la protesta social en el contexto de la pandemia deberían implementarse de acuerdo a un principio de proporcionalidad.
  2. El Ministerio Público debería iniciar una investigación para identificar a los responsables de la violación de derechos humanos y solicitar las correspondientes reparaciones, conforme la directiva 3 2008 del Ministerio Público
  3. El Ministerio de Justicia debería implementar medidas eficaces para garantizar la protección de defensores de derechos humanos que se han visto en riesgo en el marco de conflicto.
  4. La Defensoría del Pueblo a través del mecanismo nacional de prevención de la tortura debería analizar el uso de la fuerza en manifestaciones sociales y efectuar recomendaciones que permitan realizar reformas institucionales.
  5. La empresa minera debería proceder conforme al estándar de la debida diligencia entregando a la Fiscalía todas las grabaciones de los hechos sucedidos en el campamento, reparando a las personas heridas absteniéndose de brindar cualquier apoyo logístico a la policía y militares.
  6. Se debe formar una comisión de investigación por el conflicto de Espinar por el uso desproporcional de la fuerza de la policía y militares. Esto debido a que hay una mayor cantidad de casos similares.
  7. Hemos presentado ante el secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este reporte acerca de las violaciones de derechos humanos en Espinar. Se trata del uso desmedido de la fuerza frente a una protesta social. Por tal motivo es pertinente que las instituciones conformantes del Estado puedan desarrollar una intervención adecuada proporcional de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.

Comité de Lucha de Espinar se pronuncia

Juan Carlos Quirita, integrante del Comité de lucha de Espinar, señaló que la protesta frente a las instalaciones de la empresa minera, el 22 de julio, fue pacífica. Indicó que fueron los jóvenes quienes reconocieron a una persona sospechosa que se identificó como poblador de la zona pero que, sin embargo, al pedirle documentos éstos indicaban que era de Lima.

El señor Quirita expuso que ya de regreso a la ciudad fueron víctimas de una emboscada por parte de la policía, quienes tras someterlos haciendo uso excesivo de la fuerza también les arrebataron sus pertenencias de valor. A esto se suma lo narrado por algunas de las víctimas mujeres, quienes indicaron que mientras estaban tendidas en el piso fueron manoseadas por los efectivos policiales.

Tras ello, los policías rompieron las lunas del camión, desinflaron las llantas y llenaron de tierra el motor del mismo dejándolo inoperativo hasta la fecha de hoy. Posteriormente los policías se dirigieron a la ciudad de Espinar a disparar perdigones y balas, causando terror entre los habitantes.

Presidente de la Comisión de Pueblos se manifiesta

Finalmente, el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, señaló que “el tema de Espinar es un ejemplo de cómo se tratan los conflictos sociales en nuestro país y como hay un gran desconocimiento del Estado hacia los pueblos indígenas y originarios”

Lenin Bazán agregó que la Comisión que preside invitó al ministro de Interior y al premier; este último envió al ministro de Cultura en representación, para que expliquen y respondan sobre lo ocurrido en Espinar. Tras la reunión con los ministros y su desconocimiento de los hechos, precisó que “van a presentar una moción de orden para que nos den facultades de investigación sobre el caso de Espinar y el lote 95 en Bretaña, porque el trato es el mismo, con el objetivo de lograr que el Estado peruano respete las obligaciones internacionales que tiene y respete los derechos de los pueblos indígenas y originarios y vele por el desarrollo sostenible y pacífico de nuestras comunidades que tras 40 años de minería en Espinar y 50 años de petróleo en Bretaña no le han dado a las comunidades 2 horas de agua al día en Espinar, y servicios básicos como la energía eléctrica o agua potable en Bretaña, Loreto. Eso implica la contradicción que debemos superar en nuestro país donde existe actividad extractiva”