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Mediante la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM se ha creado la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es un logro de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por  Metales Tóxicos y la Mesa Técnica en Salud Ambiental y Humana que desde hace más de 2 años vienen luchando por que las autoridades conformen esta comisión y se comprometan a una atención integral de esta problemática.

La mencionada resolución publicada hoy en el Diario El peruano señala que “en tal contexto existe la necesidad de crear una Comisión Multisectorial Temporal encargada de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.”

La comisión estará conformada por representantes de diversos sectores del estado, como del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Ministerio de la Producción. Se incluye a 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos regionales y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados. La comisión se instalará a los 15 días de emitida esta resolución suprema y tendrá una vigencia de 6 meses.

Recordemos que la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos está conformada por representantes y organizaciones de diversas regiones del Perú que se han denunciado la afectación a la salud ambiental y humana por parte de empresas mineras, petroleras y de industrias: Amazonas (comunidades: Nazareth, Pakun, Wachapea, Umukay); Loreto (Cuencas del Pastazza, corrientes, tigre, Marañón y Cuninico); Junín (La Oroya, Tarma, Valle del Mantaro y Selva Central); Cajamarca (Bambamarca, Hualgayoc y Chugur); Ancash (Juprog, San Marcos); Lima (San Mateo); Moquegua (Torata); Puno (Lllallimayo); La Libertad (Cerro del Toro); Lambayeque (Cañaris); Cerro de Pasco; Cusco (Espinar) y Callao.

Lea la Resolución suprema aquí:

Resolución suprema que crea Comisión Multisectorial temporal para el abordaje integral e integrado a favor… by prensamuqui on Scribd

Durante la audiencia que se realizó el día de ayer en Ica, martes 18 de febrero, en contra del ex alcalde de Espinar-Cusco, Oscar Mollohuanca; Sergio Huamaní y Herbert Huamán, ex dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar – FUDIE; el juez William Fernández Pinto del 4to Juzgado Penal Unipersonal de Ica declaró infundada la solicitud de la Fiscalía que pretendía que los testimonios recogidos en la investigación preliminar el 2012 sean leídos en la audiencia el día de ayer y valorados como parte probatoria en el juicio.

Los delitos que se le imputan a Oscar Mollohuanca, Sergio Huamaní y Herbert Huamán, son el de atentado contra la seguridad común y entorpecimiento a los servicios públicos y disturbios, en el marco de la protesta social de mayo del 2012 en la cual la población de Espinar denunciaba la contaminación al medio ambiente y exigía la reformulación de un nuevo convenio marco por parte de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). El caso ya lleva 8 años en las instancias judiciales de Ica y la Fiscalía está solicitando 20 años de cárcel por los supuestos delitos señalados.

¿Por qué el juez rechazó estos testimonios?

“Durante el juicio, la Fiscalía ha ofrecido que declaren once testigos; de los cuales, solo han declarado 05. Todos efectivos policiales. A cuatro no se les puede ubicar, razón por la cual se prescindió de sus testimonios; es decir, no van a declarar en el juicio. Y, aún faltan dos”, relata el abogado del ex alcalde y de los dirigentes sociales, Ramiro Llatas de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras.

Sin embargo, la Fiscalía pretendía que los cuatro testimonios recogidos en la etapa preliminar de la investigación fiscal el 2012 sean leídos en la audiencia, a pesar que esas personas actualmente están inubicables, y que cuando se recogió esos testimonios; estas personas nunca fueron confrontadas o interrogadas por la defensa legal del ex alcalde y de los dirigentes sociales acusados; tal como lo manda el código procesal penal para que se ejerza el derecho a la defensa.

2 de esos 4 testigos eran un chofer del Ministerio Público en Cusco y, el otro, un ex fiscal que se fue al campamento minero y estando ahí le revocan su mandato, nombrando a otro fiscal en su lugar, añade el abogado Ramiro Llatas.

Esos 2 testigos de la Fiscalía supuestamente señalaban la responsabilidad penal de Oscar Mollohuanca, Sergio Humaní y Herbert Huamán, pero al final ellos testificaron aquella vez, que solo habían escuchado que los tres acusados estaban en la protesta, pero no presentaban una prueba que relacione directamente la acción de los acusados y los delitos que se les imputan, como la explosión de un local del Ministerio Público –no hay peritaje-. Hasta ahora no hay ninguna prueba certera de lo que se les acusa a las personas señaladas.

Juzgamiento irregular

Durante la investigación fiscal el 2012, cuando se desarrolló el conflicto, se cometieron una serie de irregularidades: “detenciones arbitrarias a los acusados; a los detenidos se les llevo al campamento minero, donde no existía una comisaría y se cometieron probables torturas. Ninguno de estos hechos ilícitos ha sido debidamente investigado por el Ministerio Público, sin embargo, a los defensores ambientales, se les mantiene en juicio desde mayo del 2012, en Ica, una región ubicada a cientos de kilómetros de Espinar. Ellos constitucionalmente deben de ser juzgados en Cusco”, precisa el abogado Ramiro Llatas.

¿Cuál es el desenlace?

En julio del 2017, el Primer Juzgado Unipersonal de Ica declaró inocentes a Mollohuanca, Huamaní y Huamán. Sin embargo, la Fiscalía apeló a segunda instancia y el juicio se reabrió en el 4to Juzgado Penal Unipersonal de Ica y ahora falta que se desarrollen 3 audiencias más: la próxima audiencia el 28 de febrero en que se espera se presenten los 2 testigos notificados; la penúltima audiencia el 11 de marzo que será de alegatos finales, en que tendrán que estar los dirigentes acusados; y la última audiencia que será la lectura de sentencia.

Si absuelven nuevamente a los defensores ambientales, la Fiscalía puede apelar por tercera vez e interponer un recurso de casación para que el caso se vea en la Corte Suprema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Red Muqui, colectivo de 29 instituciones que promueven la defensa de derechos humanos y ambientales a nivel nacional, frente a la actual situación política y de conflictividad social que vive el país, señala a la opinión publica lo siguiente:

Primero: En medio de la actual crisis política y los casos de corrupción vinculados a Odebrecht, y los cambios ministeriales recientes; rechazamos los casos de conflicto de intereses o las llamadas “puertas giratorias” de funcionarios del Estado y de empresas privadas. No sorprende el caso del ex ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, por trabajos anteriores realizados para Odebrecht. No basta con cambiar ministros, la crisis se mantendrá si no se hacen cambios de fondo; mientras se mantenga el marco normativo que permite la modificación de EIAs vía ITS en el sector minero, la política de concesiones mineras, la permisibilidad de las puertas giratorias, así como los decretos de urgencia emitidos sin la aprobación del Congreso, entre otros.

Segundo: Llamamos la atención sobre la reactivación de la conflictividad social que se viene dando en las provincias de Cotabambas, Espinar y Chumbivilcas, en el denominado corredor minero de Cusco y Apurímac. Las comunidades ubicadas en el entorno minero y la carretera del corredor vial exigen atención a los acuerdos firmados por el gobierno nacional en las múltiples “mesas de diálogo”, así como la compensación por los daños que se viene ocasionando en sus territorios. Sin embargo, en vez de respetar y avanzar en los acuerdos de las mesas de diálogo; la respuesta del Gobierno Nacional ha sido nuevamente declarar en estado de emergencia la zona y criminalizar la protesta social, lo que agrava aun más la situación de tensión y conflictividad.

Tercero: Valoramos la lucha de los pobladores y agricultores del valle de Tambo en Arequipa por defender su principal actividad económica que es la agricultura, frente a la insistente imposición del proyecto Minero Tía María por parte de la empresa Southern Copper Corporation. Que finalmente ha llevado al presidente Martin Vizcarra y la PCM a afirmar que el proyecto minero no va en este gobierno porque: “no están dadas las condiciones». Si bien este anuncio es un logro para los pobladores del valle de Tambo, exigimos que se retire a las FF.AA. y la PNP, ya que la hostilización continúa en la zona. El Gobierno debe reconocer que el proyecto Tía María es inviable porque no cuenta con la aceptación social de la población. Además, persisten observaciones ambientales al proyecto aprobado; por ejemplo, las observaciones hechas por la UNOPS no han sido levantadas hasta ahora. En el valle de Tambo hay otras opciones de proyectos de vida como la agricultura, que son incompatibles con la actividad minera y que debe ser respetada por su aporte a la soberanía alimentaria y al desarrollo del país.

Finalmente, urge retomar el debate jurídico y político sobre el rol de la minería en el país con la participación de todos los sectores involucrados; principalmente de las comunidades y poblaciones en cuyos territorios se ven afectados sus derechos. No contamos con una institucionalidad pública que garantice la gobernabilidad democrática y el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual. Además, los marcos normativos actuales son insuficientes para garantizar el acceso al derecho a la salud humana y ambiental; a la participación ciudadana; a la consulta previa y el ordenamiento territorial. Como lo ha señalado recientemente Michel Forst, Relator Especial para Defensores de Derechos Humanos de la ONU, en su visita oficial a nuestro país: “Se debe fomentar instituciones públicas fuertes con medidas adecuadas que combatan la corrupción, los conflictos de intereses y uso de influencia indebida”.

Lima, 17 de febrero del 2020.

Abel Kana Quispe, teniente gobernador, y Jorge Kana Taco, fiscal comunal de Urinsaya, del distrito de Coporaque, perteneciente a la provincia de Espinar, fueron liberados el día de ayer, lunes 3 de febrero, aproximadamente a las 9pm; tras la audiencia llevada a cabo por el juez Miguel Choque Zea de Sicuani, que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva que la fiscal Carmen Rosa Salas estaba solicitando para los dos comuneros mencionados, por el delito de secuestro al trabajador de la empresa Prosegur, Elvis Flores Maldonado, que brinda servicios de seguridad a la empresa minera Las Bambas.

¿Cómo se dieron los hechos?

En medio de las protestas y asambleas realizadas el 30 de enero por la comunidad de Urinsaya, para que el gobierno anule el DS. N°017-2017-MTC, que reclasifica como Vía Nacional parte de los territorios del Corredor Minero Del Sur; la población detectó a una persona infiltrada, Elvis Flores, que estaba tomando fotos y grabando video sobre las acciones que realizaba la comunidad.

Los comuneros, al darse cuenta de ello, interrogaron a la persona, como se puede ver en uno de los videos, donde se aprecia que conversan, pero, que no está retenido en contra de su voluntad.

«Cuando la Fiscal hace la intervención el día 30 de enero, en el lugar de los hechos y encuentra a la supuesta víctima “retenida”, sólo encuentra a la propietaria del hospedaje, quien inicialmente refiere que efectivamente se encontraba alojado desde el 27 de enero y después que, fue obligada por la comunidad a retenerlo en su propia habitación y de eso dio noticia a la Fiscalía, su compañero de trabajo de la supuesta víctima de secuestro», señala Ramiro Llatas, abogado de los dirigentes.

¿Qué se les imputa?

Se acusa a los dirigentes de haber secuestrado al trabajador de la minera cuando este se encontraba en su cuarto. ¿Qué dice el parte policial? Que le pusieron alambres a la puerta de su cuarto en el hospedaje donde se encontraba.

Sin embargo, las dos personas que estuvieron detenidas no se encontraban en Urinsaya durante el 30 de enero; estaban en la ciudad de Espinar.  El teniente gobernador y el fiscal de la comunidad se encontraban haciendo diligencias en la municipalidad de Espinar. Según la denuncia, supuestamente habían secuestrado al trabajador, y luego habían vuelto a Espinar. En espinar se entregaron a la policía porque los estaban buscando en Urinsaya.

Por la falta de pruebas, el juez de Sicuani resolvió levantar la prisión preventiva a los 2 detenidos. Sin embargo, la solicitud de prisión preventiva para los otros ocho comuneros continúa en ciernes y se verá en una próxima audiencia.

Defensa legal

El abogado de los comuneros, Ramiro Llatas, de la institución de Derechos Humanos Sin Fronteras, señalo que, de acuerdo a la ley, “la prisión preventiva es una medida de ultima ratio, no una medida principal, al menos cuando se trata de hombres del campo que viven de la agricultura y los trabajos eventuales que desarrollan. Tiene arraigo domiciliario, familiar y laboral. Agregó que “los dos comuneros de Coporaque no han participado ni se ha podido demostrar su participación en estos supuestos hechos delictivos de secuestro”.

No obstante, la libertad de los dos detenidos frente a la prisión preventiva, la fiscal Carmen Rosa Salas está solicitando 30 años de cárcel para los 10 comuneros.

Datos:

  • La comunidad de Urinsaya no está incluida como parte del área de influencia directa o indirecta del proyecto minero Las Bambas, pero sufren las mismas afectaciones que otras comunidades, al tener el paso de 500 camiones diarios por la carretera que atraviesa sus comunidades.
  • Actualmente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones viene comprando los terrenos a algunas comunidades adyacentes al corredor minero sur. Sin embargo, es decisión de la comunidad y las familias vender sus terrenos al Estado, y ello no puede imponerse como lo viene haciendo el gobierno a través del Decreto de Urgencia N° 026-2019, que autoriza al MTC a expropiar las áreas que resulten necesarias para la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac – Cusco”.

 

Nota realizada por Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco

El pasado viernes 31 de enero, La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva de 9 meses para dirigentes de Espinar. A la fecha, están detenidos Abel Kana Quispe y Jorge Kana Taco, Teniente Gobernador y Fiscal de la Comunidad Espinarense de Urisanya respectivamente. La razón: el supuesto ‘secuestro’ a Elvis Flores, un trabajador de la empresa PROSEGUR, que brinda servicios de seguridad para la compañía minera ‘Las Bambas’, quien habría llegado a vivir en un hospedaje de la comunidad desde el 25 de enero.

El supuesto delito se habría cometido el 30 de enero. Los comuneros descubrieron que Flores estaba grabando y fotografiando durante las asambleas comunales y acciones de protesta. Aquí, cabe señalar que Urinsaya, que pertenece al distrito de Coporaque, inició medidas de lucha exigiendo la anulación del DS. N°017-2017-MTC, que reclasifica como Vía Nacional parte de los territorios del Corredor Minero Del Sur, sin informar y consultar previamente a las comunidades, que, en la actualidad, se ven afectadas por el transporte de más de 500 vehículos que trasladan concentrado de cobre y otros insumos.

Para las tres de la tarde, del 31 de enero, La Fiscalía recibe la denuncia de Flores, afirmando que los comuneros lo habían encerrado en su propio hospedaje. A partir de este momento, surgen una serie de irregularidades por parte del Ministerio Público, pues deciden detener a Virginia Ccaña, dueña del hospedaje, en calidad de imputada, quien, según comunicaciones con el abogado de oficio, ha sido obligada a declarar.

Lo inexplicable, es que después de las declaraciones de Ccaña, la Fiscal de Espinar, Carmen Rosa Salas –la misma que estuvo a cargo de la denuncia en contra del ex Alcalde y Ex dirigentes en el conflicto del 2012- oficializa una denuncia de prisión preventiva a diez comuneros que ocupan algún cargo dirigencial: 08 hombres y 02 mujeres.

Actualmente, Abel Kana y Jorge Kana, están detenidos en el Poder Judicial de Sicuani, y Salas ha ordenado que la audiencia de prisión preventiva se realice para hoy, 03 de febrero, a las tres de la tarde. Este caso es ‘Sui Generis’ en Espinar, pues es la primera vez que existe la posibilidad que diez dirigentes puedan ir a prisión en calidad de ‘prevención’ en un marco de protesta social.

Relación de Investigados:

1.- Abel Kana Quispe – Teniente Gobernador

2.- Jorge Kana Taco – Fiscal de la Comunidad

3.- Santos Gregorio Arpi Quispe – Integrante de Ronda Campesina

4.- Guillermo Hermogenes Quispe Taco – Integrante de Ronda Campesina

5.- Matilde Huamani Ccompi – Comunera

6.- Roger Choqueccota Qquehue – Integrante de Agrupación Vecinal

7.- Isaias Kana Huillca – Presidente de Comunidad

8.- Brigida Huamani Huillca – Presidenta de Club de Madres

9.- Guillermo Kana Chuma – Comunero de Sector Churpa Baja

10.- Gregorio Sinanyuca Quispe – Presidente de Ronda Central de la comunidad

Datos:

*Los comuneros también exigen reparación por daños a su salud y medio ambiente, además de la afectación de sus terrenos agrícolas, además demandan ser reconocida como área de influencia directa de del proyecto minero Las Bambas.

*Durante los días de protesta, la comunidad ha solicitado la presencia del Gerente General de MMG Las Bambas, para retomar el diálogo y exponer sus demandas, sin embargo no ha existido ningún acercamiento de parte de la empresa.

*La Federación Unificada de Campesinos de Espinar – FUCAE, inmediatamente tomo postura con un pronunciamiento, exigiendo al Estado que deje de criminalizar a los dirigentes, y que más bien demuestren ‘voluntad franca y trasparente para resolver sus demandas’.

En el video, Flores confirma que brinda servicios para la empresa minera MMG Las Bambas

 

Los comuneros de Tintaya Marquiri, comunidad de Espinar, vienen protestando desde el martes 16 de julio ante la empresa suiza Glencore, debido a que no cumple con los acuerdos fundamentales suscritos desde el 7 de noviembre del 2013. Antes la empresa suiza era Exstrata Cooper, pero se fusionó con la empresa Glencore. El presidente de la comunidad, Javier Alccamari, señaló que hasta ahora no hay proyectos de saneamiento básico, y básicamente lo que ha hecho la empresa son proyectos de poca envergadura.

Además, denuncia que las y los miembros de la comunidad de Tintaya Marquiri y comunidades aledañas, sufren de cáncer como consecuencia de la actividad minera en la provincia, que lleva 38 años.

La comunidad exige diálogo con el gerente general de la empresa, ya que los relacionistas comunitarios de la empresa no tienen poder de decisión.

El presidente de la comunidad, agregó que en estos más de 38 años de actividad minera, “la comunidad no se ha beneficiado. Solo ha traído el hambre, miseria y enfermedad. Beneficia a los funcionarios y a los familiares de los funcionarios, pero a la comunidad no beneficia en nada”

Finalizó señalando que en caso no haya resultados, radicalizarán su medida de lucha.

Para comprender la historia de Espinar en relación a la actividad minera, puede ver más aquí

Se busca amedrentar. La policía nacional envió una carta notarial este 19 de abril organización social Derechos Humanos sin Fronteras, de Cusco, afirmando que se está cometiendo “difamación y delito contra el honor”, en alusión a la difusión de información que dicha organización realiza desde redes sociales sobre el abuso de autoridad cometido con mujeres de la comunidad de Espinar. Como respuesta, Derechos Humanos sin Fronteras publicó un comunicado este 27 de abril.

Cabe recordar que el 3 de abril, una familia denunció haber sido agredida por la policía. Afirmaron que personal de seguridad de la minera Glencore y efectivos de la policía ingresaron a su propiedad. Las fotos, difundidas en redes sociales, muestran mujeres campesinas en el suelo, rodeadas de la PNP.

En la carta notarial la PNP señala que:

“Con respecto a los hechos suscitados el pasado 03 de abril, entre los pobladores y la minera Antapacay, así como la declaración del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno, no podemos pronunciarnos al respecto, debido a que es materia de investigación fiscal, así como decisión del Gobierno Central”.

Derechos Humanos sin Fronteras, también ha dado alerta sobre los continuos Estados de Emergencia en el corredor minero del Sur, sobre todo, en Espinar. Medidas que han sido calificadas como arbitrarias y que atropellan los derechos por dirigentes de la zona como Victor Limaypuma y Ferdinam García. “Exigimos al presidente de la república a que levante el estado de emergencia, que constantemente atemoriza a los cotabambinos”, dijo Ferdinam García, secretario de Derechos Humanos del Frente de Defensa de los intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas en una conferencia de prensa realizada por CooperAcción hace unas semanas en Lima.

En esa misma conferencia, Evelyn Cavero, presidenta del Consejo Regional de Apurímac, aseveró que “no se puede mantener un silencio cómplice ante las arbitrariedades del gobierno central y la empresa con las comunidades”. Hizo alusión a la alianza que mantendría la policía con la empresa.

Ammnistía Internacional señaló, por su parte, que son muchas las formas en que se criminaliza a los dirigentes u organizaciones sociales. La representante en nuestro país de AI, Marina Navarro Indicó para La República que con frecuencia los defensores medio ambientales enfrentan procesos judiciales infundados como una forma de hostigamiento y con el objetivo de silenciarlos.

Este es el comunicado que Derechos Humanos sin Fronteras difundió esta mañana:

La Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco, organización integrante de la Cnddhh Perú, frente a la carta notarial de la Dirección de la VII Macro Región Policial Cusco – Apurímac, en la que se nos pide rectificarnos por el presunto “contenido de las informaciones tendenciosas y por lo demás agraviantes contra el honor, prestigio, imagen institucional y buena reputación del personal de la PNP”, dado que habríamos “cometido el delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada”, nos expresamos ante la opinión pública con el siguiente pronunciamiento:

1. Rechazamos esta forma de amedrentamiento en contra de nuestro trabajo, lo único que busca es no dar respuesta a las múltiples denuncias y quejas que legítimamente expresan los pobladores que viven en la provincia de Espinar y en los territorios cercanos al proyecto minero Las Bambas, o del ámbito del corredor minero. Una preocupación real por su honor y prestigio de la PNP, debiera ser más bien el esclarecimiento de denuncias y quejas que pobladores de Espinar realizan en contra de miembros de la PNP. Nos preguntamos ¿Ésta es la estrategia del gobierno de Martín Vizcarra para abordar los problemas de la población en territorios con conflictividad socio ambiental?

2. Es de público conocimiento que nuestra institución ha expresado su rechazo a la existencia de Convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú. Nos reafirmamos, que estos convenios le quitan legitimidad y credibilidad a la PNP, ahondando la deslegitimidad que instituciones como la PNP deben brindar a favor de la población.

3. Es inadmisible la prórroga de Estado de emergencia por sesenta días en el Corredor Minero Vial Apurímac– Cusco–Arequipa (Decreto Supremo N°37-2018 PCM). No es solamente inconstitucional, sino se utiliza como estrategia para silenciar el legítimo derecho a la expresión que las poblaciones en este territorio tienen. Con esta nueva prórroga, el Gobierno actual demuestra su incapacidad por resolver las múltiples preocupaciones que la población tiene a la fecha.

4. Es de conocimiento que el 3 de abril del 2018 en uno de los sectores de la comunidad de Alto Huarca (Espinar), una familia denuncio la intervención violenta de miembros de seguridad de la empresa minera Glencore – Antapaccay con apoyo de efectivos de la Policía Nacional. Los hechos fueron denunciados públicamente, consecuencia de ello actualmente existe una denuncia por abuso de autoridad en contra de la Fiscal Provincial Adjunta de Espinar Delia Avendaño Yucra, personal de seguridad de la Empresa Minera Glencore – Antapaccay y los que resulten responsables, ante la Fiscalía Superior de Cusco. La investigación se encuentra en curso.

5. Como organización de derechos humanos, hemos evidenciado y hecho pública nuestra postura sobre este tipo de actuaciones irregulares del Estado, en reiteras oportunidades hemos exigido que las instituciones del estatales garanticen los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las poblaciones en territorios afectados por actividad minera que enfrentan preocupaciones por contaminación, afectaciones en su salud, criminalización de protesta, etc.

6. Ratificamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos y le recordamos al Estado que es también su obligación garantizar que las y los Defensores de Derechos Humanos, debemos desarrollar nuestras actividades sin temor a represalias, y cualquier restricción a nuestra labor la denunciaremos públicamente, solicitando a las instancias respectivas se garantice nuestro trabajo como organización defensora de los derechos humanos y hacemos responsable al Estado peruano, de cualquier situación que pudiera ocurrir en contra de la integridad de los defensores de derechos humanos de nuestra organización.

Cusco, 27 de abril del 2018

La vida no vale un cobre es el primer documental transmedia que retrata el drama del impacto de la actividad minera en el sur de Perú. La variedad de formatos permiten que el espectador pueda conocer de manera dinámica las historias, convivencias y testimonios de las poblaciones afectadas por esta actividad.

Más de 30 piezas audiovisuales –infografías, línea de tiempo, corto animado, cortometrajes, mapas interactivos, reportaje, otros- forman parte del documental transmedia La vida no vale un cobre. Su formato permite al espectador conocer de cerca los conflictos que genera la mina en la provincia de Espinar, Cusco, donde se encuentra una de las minas de cobre más grandes del mundo, la poderosa mina suiza Glencore, que viene extrayendo de esta provincia más de 160 mil toneladas de concentrado de cobre al año para ser llevados hasta China.

Espinar cumple este año 36 años de explotación de minerales, sin embargo las cifras de pobreza no se han revertido en la zona.

El documental cuya producción duró año y medio, da un principal protagonismo a las mujeres en sus diversas piezas, como el corto animado La vida no vale un cobre, el cortometraje Pachamama herida,video arte Otros tiempos y el teaser del largometraje Melchora y su lucha contra la contaminación minera.

La narrativa del documental empieza con un corto animado elaborado por artistas cubanos en base a acuarelas, de 3:54 minutos de duración. A través del recorrido de un río, una campesina de Espinar, Cusco, muestra cómo sus aguas se contaminan debido a la actividad minera. En el camino, ella observa cómo los ganados -que son la principal fuente económica para las poblaciones de la zona- están muriendo, mientras que la actividad minera extrae y lleva camiones repletos de concentrado de cobre, dejando a su paso pobreza y contaminación.

Corto animado La Vida no vale un cobre:https://bit.ly/2H17MHm

La segunda pieza de La vida no vale un cobre es el teaser del largometraje Melchora, que se estrenará en noviembre de este año, cuyo personaje principal es una dirigente social de Alto Huancané (Espinar), Melchora Surco, quien a raíz de los resultados de estudios oficiales del Censopas (Minsa) inicia su lucha, recorrerá todas las instituciones nacionales e internacionales denunciando que toda su comunidad consume agua contaminada por la actividad minera. El teaser relata cómo su vida y la de sus vecinos ha cambiado desde que ingresó el gigante de cobre que prometía prosperidad a su localidad. Ella tiene más de 10 metales en su cuerpo, los habitantes de su comunidad también están enfermos, Melchora suplica al Estado nacional, local y regional que sean atendidos con salud especializada y con acceso al agua.

Teaser Melchora: https://bit.ly/2GZEIjG

La directora del documental Magali Zevallos señala que el objetivo del proyecto es visibilizar la alarmante contaminación ambiental que hay en Espinar y el daño irreversible en la salud de su población. Dos estudios realizados en esta provincia cusqueña han demostrado que cerca a 700 personas dosadas entre los años 2010 y 2013 por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) tienen metales pesados tóxicos en su organismo y hasta la fecha no hay tratamiento especializado para los afectados. Asimismo desde el 2012, el Estado se comprometió mediante las Mesas de Diálogos -instaladas hace seis años a raíz del conflicto social- que se identificarían las causas de la contaminación en la zona, han pasado seis años y no hay respuesta del Estado.

“Desde hace 16 años se alerta de la contaminación en la zona mediante monitoreos ambientales. Desde hace ocho años el Estado ha identificado que hay centenares de personas contaminadas. Existe un Plan de Intervención en Salud para la provincia de Espinar, pero no se ha implementado por falta de presupuesto. Estamos frente a un Estado indolente, que no está interviniendo en las zonas extractivas del país a pesar de que las poblaciones claman intervención urgente”, señala Zevallos.

Añade que hay un patrón desde el Estado de ocultar información sobre estudios de contaminación en zonas extractivas, y afirma que en dos oportunidades se ocultaron los resultados del Censopas en Espinar. “Esto es una clara violación a los derechos humanos. Hay un Estado ausente que desde las mesas de diálogo, tras el conflicto de Espinar, se ha comprometido a atender el tema de salud, acceso al agua y el tema ambiental que son las principales preocupaciones de la ciudadanía en la zona. Hasta la fecha no hay acciones concretas para revertir esta  alarmante situación”.

El documental recoge a través de sus infografías animadas cifras y data oficial sobre temas sociales, pues según el Censo del 2007 del INEI, el 64.7% de la población de la provincia de Espinar es pobre, el distrito de Espinar: 56.3%. Para el 2009, el 51.6% de la población de la provincia de Espinar no contaba con agua y el 79.2% no contaba con desagüe.

En 2007 la desnutrición crónica afectaba al 42,1% y el 2009 al 47,1% de los niños menores de cinco años de la provincia, lo que significaba que hubo 2,916 y 3,567 niños con desnutrición crónica entre 2007 y 2009.  Según la Micro Red Yauri (2014) de las 764 mujeres evaluadas, 445 presentaban anemia entre leve (231), moderada (213) y severa.

La vida no vale un cobre es una producción de Hiperactiva Comunicaciones,  el equipo está conformado por documentalistas de Perú, Venezuela, Uruguay y Brasil, y artistas cubanos, bajo la dirección de la periodista y documentalista peruana Magali Zevallos. Proyecto que tiene sus orígenes en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Tv San Antonio de Los Baños, Cuba.

 

Se puede revisar el documental AQUI:  http://lavidanovaleuncobre.com/

DESPÚES DE 5 AÑOS DE PROCESO

  • Defensa presentan alegatos finales de dirigentes y exalcalde procesados

El juicio oral contra el exalcalde de la provincia de Espinar (Cusco), Oscar Mollohuanca, y los exdirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Herbert Huamán y Sergio Huamani, ha llegado a su etapa final.

Para este martes 4 de julio a las 10:30 horas, el Poder Judicial de Ica programó la audiencia de alegatos finales en el Primer Juzgado Unipersonal de Ica. Luego de escuchar los alegatos finales, se estima que el juez estaría emitiendo sentencia en las próximas semanas.

Tras casi cinco años de investigaciones injustas y dilaciones en el caso, Mollohuanca, Huamán y Huamani vienen afrontando un proceso judicial en la ciudad de Ica, por haber participado en las movilizaciones sociales e intentar canalizar las justas demandas de la población espinarense en contra de la empresa minera Antapaccay.

Los delitos que se les imputan son: atentado contra la seguridad común y entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios. Para ello, la Fiscalía ha solicitado 8 años por los dos primeros delitos, y 7 por disturbios, Además del pago de 100 mil nuevos soles como reparación civil.

Cabe recordar que desde el 2012, la Fiscalía modificó en más de cuatro ocasiones su acusación y tipificación de delitos, pidió 20 años de cárcel. La investigación contra el alcalde y dirigentes se desarrolló en Ica, luego que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidiera remitir el caso fuera de Cusco, porque supuestamente no existía garantía para los fiscales. Desde entonces no retornó al distrito judicial Cusco pese a que cesó la violencia unos pocos días después de iniciada la investigación.

El caso fue asumido por la titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, María Ley Tokumori.

Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), con apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), informó que garantizará la presencia de los abogados y los mismos denunciados, en esta última fase del proceso.

DATO:

El conflicto en Espinar estalló en mayo del 2012, y cuyo saldo fueron 3 personas fallecidos, más de 100 heridos (entre civiles y policías), una decena de personas detenidas para luego ser procesados judicialmente.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco

Fotos: Radio Venus / DHSF Cusco