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Desde que asumió la cartera del Ministerio de Energía y Minas, el nuevo ministro Miguel Incháustegui, tras la crisis del gabinete Cateriano, ha dado varios anuncios de un supuesto viraje en su sector.

Ha señalado que van a priorizar 9 proyectos mineros que se encuentra en la última etapa y que están avanzando en permisos y financiamiento. Aunque señaló que su gestión, a diferencia de las anteriores, no pretenderá imponer proyectos mineros que tienen rechazo de la población como Tía María, Conga y Río Blanco; el proyecto minero Toromocho, que anunció se priorizará, actualmente tiene el rechazo de las familias que aún viven en Morococha.

También ha señalado, a diferencia de las anteriores gestiones, que generará consensos y espacios de diálogo tripartitos con los gobiernos regionales, provinciales, municipales y las comunidades. Sobre el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas o un tren que pueda sacar los minerales sin afectar a la gente que vive alrededor y soporta el paso de más de 300 camiones diarios.

Asimismo, ha señalado sobre Espinar que respetara los acuerdos de la mesa de diálogo. Afirmó también en una entrevista que no se han relajado las normas ambientales y que tendrán la intervención del MINEM para que no ocurran fallas en las normas que se han modificado como el de exploración minera y el nuevo reglamento de procedimientos mineros.

Además, durante esta semana, las empresas de su sector están en el ojo público porque el Tribunal Constitucional resolvió que la SUNAT debe seguir cobrando las deudas tributarias que las empresas no quieren pagar. De estas empresas privadas, 22 son empresas mineras que deben más de 5 mil millones de soles.

¿Estamos en un nuevo escenario con el nuevo ministro?

Recabamos la opinión de 2 economistas, especialistas en minería.

Juan Aste:

El nuevo ministro ha mostrado un perfil más institucional sustentada en los informes de Rimay y la Comisión de Desarrollo Minero sostenible. No propiciar los conflictos, no darle prioridad a Tía María y otros proyectos. Sin embargo, ha coincidido su entrada con la publicación del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que es un peligro por todos los impactos ambientales que significa, estableciendo el silencio administrativo positivo; o aprobar en un solo procedimiento la concesión de beneficio y la licencia de construcción que favorece a la empresa minera Southern con su proyecto Tía María, por ejemplo.

También está la aprobación del reglamento de protección ambiental de la exploración minera y ahí hay otro problema porque se han sacado los componentes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Exploración y se han pasado al cateo y prospección, haciendo aparecer como si la exploración no tuviera impacto. Avalar eso para dinamizar la exploración, que era objetivo del gran empresariado, es preocupante.

Institucionalmente, él nuevo ministro, está respaldando la desregulación de los procedimientos, que tendrá impactos para dinamizar la inversión.

Ha coincidido su entrada con la flexibilización del reglamento interno de trabajo en las minas en el contexto del Covid para que la producción recupere sus niveles de producción al 100%. Sobre esto ha señalado que la Sunafil es quien tiene que actuar, evadiendo responsabilidad de su sector.

En conclusión, con la nueva gestión se le ha dado continuidad a la política minera que va a traer sus consecuencias en las cuencas hídricas al expandir la exploración y ampliar esta capacidad de producción con la menor cantidad de requerimientos y en los plazos mas cortos, ahí habrá impacto en la agroalimentación y las cuencas hídricas.

José De Echave:

El nuevo ministro tiene un período corto hasta julio del próximo año. Ya empieza la campaña electoral. Es un período corto para pensar en cambios significativos. Va a ser una gestión de salida, son los últimos meses del gobierno.

En relación a los mensajes que ha dado, ni él ni el gobierno pretenden sacar adelante proyectos mineros que tengan fuerte resistencia como es el caso de Tía María, Conga, y Río Blanco. Van a dejar que los proyectos que están más o menos encaminados: Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y otros proyectos muevan la inversión minera.

Lo que sí hay que ver son los cambios normativos, porque sigue habiendo la tendencia de desregulación ambiental y social para el sector. Eso debe monitorearse.

Habrá que ver cuál es su posición frente a los cambios normativos. Lo cierto es que la acción del Ministerio de Energía y Minas y el Estado en su conjunto frente a estos procesos de flexibilización van a ser muy limitados. Tenía limitaciones antes de la pandemia y ahora mucho más. La capacidad de fiscalizar, dar seguimiento es mucho más limitado de lo que ya era. La sensación que tengo es que el ministro está sentando posición sobre unos temas y sobre otros no.

Por ejemplo, en el sector laboral, la Federación de Trabajadores Mineros le está pidiendo al MINEM que sincere las cifras de contagios y que junto al Ministerio de Trabajo sienten posición sobre las condiciones laborales que están implementando las mineras. Las jornadas laborales se han extendido hasta 40 días de trabajo continuo. Esto también implica riesgos a las poblaciones vecinas por la exposición al contagio.

El ministro dice que es un tema laboral, pero también le corresponde a su sector. En el protocolo de salud y seguridad ha participado el Ministerio antes de que entre él a la cartera. Las modificaciones del distanciamiento en el trabajo, la potestad del viceministro para aprobar los protocolos por cada empresa ha sido cambiado y las consecuencias de ello las estamos viendo en el aumento de contagios.

Sobre las deudas tributarias, el presidente ha señalado que está de acuerdo en que las deudas no prescriban. Esperaría que los ministros estén alineados. Ya que las deudas corresponden en una gran cantidad, más de 5 mil millones, a las empresas mineras, esperemos que haya un posicionamiento claro del actual ministro.

Sobre las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, veo difícil que se vaya a implementar. La Comisión ha planteado varias cosas, sobre la exploración minera, el gobierno ha tomado ello y ha flexibilizado la protección ambiental para la exploración minera. Asimismo, tiene varios vacíos el informe, por ejemplo: el tema laboral.

Me da la sensación que en el poco tiempo que tiene el ministro va a ser difícil implementar esas recomendaciones y lo que está intentando relanzar el gobierno es Rimay, donde estaban construyendo una visión de la minería al 2030.

 

 

Ante la crisis económica que provoca el COVID-19, el gobierno ha optado por el camino de seguir dando beneficios a las empresas mineras para que puedan seguir con su producción a costa de la afectación del ambiente. Durante estos meses hemos recibido reportes de comunidades sobre varios ríos y territorios contaminados.

En ese sentido, a fines de julio, el gobierno emitió el Decreto 019-2020, que reduce y flexibiliza los estándares de protección ambiental en la fase de exploración minera. Hace una semana, el gobierno también ha emitido un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que entre varios de los cambios que realiza, obvia la  evaluación técnica previa para dar el visto bueno para que empiece a operar la planta de procesamiento de minerales. Y, hace unos meses, en mayo, el gobierno aprobó el DL 1500 que vulnera el derecho a la participación ciudadana, aplaza las multas a las empresas infractoras y las exonera de reportes de monitoreo ambiental.

Frente a este escenario, desde la Red Muqui hemos organizado el díalogo virtual: “Desregulación ambiental e impactos mineros”, con el objetivo de analizar las implicancias de las principales modificaciones de las normas ambientales emitidos para el sector minero y evidenciar los impactos ambientales de la actividad minera durante la pandemia y la reactivación económica.

Para ello, dialogaremos con la congresista Mirtha Vásquez; el exviceministro del Ambiente, Mariano Castro; Ana Leyva de Cooperacción: y Edwin Alejandro Berrospi del área socio ambiental de Red Muqui.

Fecha  : miércoles, 19 de agosto del 2020

Hora    : 06:00 PM.

Organiza. RED MUQUI

En vivo AQUÍ 👉 https://bit.ly/3kYPSWQ

 

 

 

Desde tempranas horas se desarrolló la movilización de miles de pobladores de diferentes distritos, caseríos, y barrios como el de Castilla, La Hermita, Cruz Blanca, José Galvez, y también de la zona rural de la provincia de Otuzco, perteneciente a la región La Libertad.

Exigen el retiro de la empresa minera brasileña Vale; dueña del proyecto minero “Eposuyay”, que pretende iniciar operaciones en la cabecera de cuenca del cerro Urpillao, Sogochan, Urmo y Tres Piedras, que alimenta de agua a varios distritos y a la provincia en general.

Como señalaron varios dirigentes presentes en la movilización, la minera Vale causó en Brasil la muerte de más de 150 personas y más de 180 desaparecidos, tras romperse el dique de contención de los relaves mineros.

Licencia de exploración

En la actualidad la empresa minera Vale tiene el permiso de exploración, pero solo están desarrollando talleres informativos en la provincia y dando regalos a las comunidades para convencerlas de la realización del proyecto. El presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Otuzco, Johnny Juárez, señaló que no quieren a la empresa en la provincia, y exigen que se retire con sus oficinas. “Nosotros no queremos minas, lo que queremos es que se fortalezca la actividad agraria”, afirmó.

En la provincia se siembra papa, trigo, cebada, maíz, verduras y menestras.

Alcalde provincial

La movilización finalizó con un mitin en la plaza principal de la provincia, en que el alcalde, Heli Verde Rodríguez, junto a sus regidores, se comprometió en respaldar la lucha hasta al final. Señaló que muchas veces las empresas mineras sustentan la aprobación de la “licencia social” de la comunidad, con firmas de los pobladores participantes en sus talleres informativos; pero, muchas veces los firmantes son gente de otras zonas, como ocurrió en el cerro Campar; según la lista de personas firmantes que observó cuando fue al Ministerio de Energía y Minas en Lima.

Finalizó su discurso señalando: “como los hemos visto desfilar, a una sola voz decimos: agua sí oro no”, generando el grito y aplauso de la población reunida en la plaza.

Acuerdos

Los acuerdos de la movilización organizada son:

  • Cancelación de la licencia de exploración del proyecto minero Eposuyay, de la empresa Vale, y el retiro definitivo de la empresa en la provincia.
  • Hacer llegar el memorial con la exigencia al presidente Vizcarra, la Presidencia del Concejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente; y la presidencia del Congreso de La República.
  • Organizar un paro regional en toda La Liberad, en caso no se atienda memorial.
  • Exigir mediante carta a los medios de comunicación, que no hagan propaganda a favor de la empresa minera.

Dato: Más del 60% de la provincia de Otuzco está concesionado a empresas mineras.

RED MUQUI, respecto del proyecto de Decreto Supremo (D.S) que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. Lamentamos que en la exposición de motivos de la propuesta normativa, se tenga como premisas “salvaguardar las inversiones” y que “el crecimiento económico de un país depende (…) del descubrimiento de nuevos depósitos de minerales y de la reposición de las reservas”. Esta perspectiva confirma que para el gobierno son las personas quienes están al servicio de la economía en el Perú, y no como debe ser: la economía al servicio de las personas y la mejora de sus condiciones de vida.
  2. Planteamos nuestra preocupación, porque según el art. 6, con la sola opinión favorable del SERNANP, se podría realizar actividad de exploración minera en cualquier área natural protegida del SINANPE o sus zonas de amortiguamiento sin restricción, incluyendo las ANP de uso indirecto (Parques Nacionales, Santuarios Naturales), que tienen carácter de intangibles, poniendo en riesgo ecosistemas frágiles, fuentes de agua y, con ello, la vida y salud de personas, y la seguridad alimentaria.
  3. La propuesta de D.S., está creando una nueva clasificación “anticipada” de proyectos de exploración, a la que se le incluye la denominación “de bajo riesgo ambiental» y no requiere ningún estudio ambiental para su aprobación, tal como sucede con la Declaración de Impacto Ambiental ello representa un riesgo, pues existen proyectos que podrían considerarse dentro de esta categoría y sin establecer medidas adecuadas para evitar o remediar los impactos mayores que se podrían generar.
  4. La propuesta de D.S. deja pendiente los mecanismos de participación ciudadana, manteniendo los que están vigentes hasta la fecha. Si son sólo 90 días de plazo para evaluar un EIAsd, ¿En qué periodo es que se realizaría el proceso de participación ciudadana?
  5. Respecto del art. 9, consideramos que la calidad ambiental no sólo debe enfocarse al cumplimiento de los LMP durante la ejecución del proyecto (párrafo que se repite en el artículo 10, inciso 10.2), sino también considerar la necesidad de evitar el impacto de residuos sólidos o potenciales derrames en el suelo, entre otros. Además, se debe considerar que, al culminar el proyecto, el territorio debe quedar en igual -o mejor- condición ambiental, a fin de evitar que se dejen pasivos ambientales que afecten la salud de la población del lugar, sin que el Estado asuma la responsabilidad por su remediación, ni por el cuidado estricto del ambiente durante el proceso de vida del proyecto minero de exploración.
  6. Sobre el art. 11, nos preocupa que se permita una perforación o sondaje en cualquier área. Si estas acciones llegaran a afectar un acuífero confinado, recién se tendría que detener y obturar la perforación; es decir, cuando el daño está hecho. Además, se deja a consideración del titular minero para que sea registrada y comunicada a la DGAAM del este artículo se pone en evidencia que el principio precautorio no se aplica en la exploración medida que debiera tenerse en cuenta antes de autorizar la realización de un proyecto de exploración es un estudio hidrogeológico, y pueda ser evaluado previamente por el MINAM, en el mejor de los casos.
  7. Respecto del art. 25, inciso 1, la redacción deja abierta la posibilidad de que la población o las personas afectadas por la actividad de exploración minera, puedan hacer llegar sus reclamos de manera pacífica -formal o informalmente- ante las instancias competentes. Esto podría considerarse un obstáculo a la realización de tal actividad y establecerse responsabilidades legales en su contra; algo que –consideramos- afecta los derechos fundamentales de la población que pueda verse perjudicada, al evitar que puedan ejercer su derecho a exigir una acción efectiva del Estado en su defensa.

Por todo lo mencionado, demandamos la revisión de la propuesta de Decreto Supremo, pues consideramos que afecta derechos fundamentales, y genera mayores riesgos a la población de los entornos mineros, que de manera directa o indirecta puede verse perjudicada por la actividad de exploración, que genera limitantes a las garantías para su defensa.

RED MUQUI