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En el marco del Pre Foro Social Panamazónico (Pre FOSPA Perú), realizado del 25 al 28 de abril en Tarapoto, organizaciones indígenas y sociales, colectivos, movimientos e instituciones de diferentes regiones del Perú presentan la Declaración Oficial de Pre FOSPA Perú 2024.

A través de este documento, se busca visibilizar la importancia de la protección de la Amazonía, y las principales problemáticas que vienen afectando a los pueblos indígenas y a sus territorios (criminalización, actividades extractivas legales e ilegales). Asimismo, se busca dar a conocer las diversas exigencias, demandas y propuestas consensuadas durante el evento en el que que participaron más de 200 personas con el objetivo de articular agendas para proteger el territorio amazónico y los derechos humanos y la vida.

Los acuerdos y propuestas también contribuirán a la discusión que se realizará en el XI Foro Social Panamazónico Internacional, a realizarse en la ciudad de Rurrenabaque en Bolivia del 12 al 15 de junio del presente año.

Puedes leer la Declaración Oficial de Pre FOSPA Perú 2024 aquí.

Resistir y transitar en defensa de la Amazonía. Rumbo al XI FOSPA, Bolivia

El Pre Foro Social Panamazónico (FOSPA) 2024 en Perú se realizará del 25 al 28 de abril en la Universidad Nacional de San Martín, en la ciudad de Tarapoto, región San Martín. Este representa un encuentro de experiencias y reflexiones colectivas a fin de generar propuestas que aporten al documento de posicionamiento político y a la agenda de acciones estratégicas que se definirán en el XI FOSPA Bolivia 2024, el cual se realizará en junio del presente año.

En tal sentido, en el evento se consensuarán propuestas estratégicas desde Perú para preservar la Amazonía frente a desafíos y afectaciones como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, el impacto de las industrias extractivas , la minería ilegal y la convivencia intercultural , aportes que se sumarán con las que lleven las delegaciones de los demás países al encuentro internacional.
Programa

El Pre-FOSPA 2024 se iniciará formalmente el jueves 25 de abril, pero días antes se realizarán actividades previas como la que organiza el Fórum Solidaridad Perú (FSP) con la Coordinadora de Ríos; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) con defensores/as y el Movimiento Ciudadano contra el Cambio Climático (MOCICC) con jóvenes.

El programa del Pre FOSPA Perú 2024 es el siguiente:

Jueves 25 de abril: Luego del registro de participantes, se llevará a cabo la inauguración, seguida por un panel inaugural titulado «FOSPA en el tiempo e importancia para la Amazonía: Historia y Desafíos».

En la ceremonia de apertura se dedicará un espacio en memoria de los/las defensores/as asesinados, así como de otros dirigentes y líderes que nos acompañan desde otra dimensión.

En la tarde se llevará a cabo una movilización por las calles de Tarapoto, para cerrar el primer día con una noche cultural.

Viernes 26 de abril: El día iniciará con una presentación de los objetivos y metodología del FOSPA. Luego de analizará el contexto actual en la Amazonía de acuerdo con cinco ejes o dimensiones de temas:

1) Estado del territorio y defensores.
2) Estado, Autonomías y el Territorio Panamazónico.
3) Crisis climática, ecología integral y transición ecológica.
4) Diálogo intercultural de lo andino y lo amazónico.
5) Avances y desafíos en los derechos de las mujeres amazónicas y andinas.

Por la tarde se llevarán a cabo reuniones de grupos de trabajo de las iniciativas de acción del FOSPA, enlistadas en siete títulos:

1) Soberanía, seguridad alimentaria y agroecología.
2) Defensores de los Ríos, Agua y Territorio.
3) Hidrocarburos y transición energética.
4) Educación comunitaria.
5) Autonomía indígena: economía, tierra y territorio.
6) Defensa del cuerpo y territorio de las mujeres amazónicas y andinas.
7) Extractivismo y economías ilegales.

Para cerrar el día, se llevará a cabo un Tribunal Ético en defensa de cuerpos y territorios de mujeres andinas y amazónicas. En este espacio las mujeres kukama de Loreto presentarán su estrategia legal, y luego se hablará sobre el derecho a intérpretes en San Martín.

Posteriormente, el tema serán las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el caso andino, en específico la afectación por contaminación de metales pesados a mujeres. Estas actividades tendrán un cierre festivo y comunicativo.

Sábado 27 de abril: En este día se continuará con las sesiones de los grupos de trabajo, para luego tener una plenaria y recoger el recorrido del día en sentires y pensares.

Domingo 28 de abril: En el último día del foro, se realizará una plenaria, seguida por la Sentencia del Tribunal Ético en defensa de cuerpos y territorios de mujeres andinas y amazónicas. Antes de pasar a la clausura del evento, habrá una plenaria de discusión y lectura del Pronunciamiento o Declaración Final del PRE FOSPA Perú.

La XI edición del FOSPA en Bolivia
El FOSPA es un espacio bianual de articulación y reflexión internacional para fortalecer alianzas e incidir a favor de la defensa de la Amazonía.

En este proceso se unen, actúan y piensan temas esenciales sobre la región amazónica que incluye a: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, República Cooperativa de Guyana, Surinam, Perú y Venezuela.

La XI edición del FOSPA se realizará en las ciudades de Rurrenabaque, San Buenaventura y Reyes, municipios vecinos ubicados en del norte amazónico de Bolivia.

Del 22 al 24 de marzo se llevó a cabo el IV Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, en el cual participaron representantes de diez departamentos del país: Ayacucho, Cusco, Puno, Lima y Provincias, Cajamarca, La Libertad, Junín, Pasco, Apurímac y Moquegua.

Durante las acciones desplegadas resalta la visita a la Comunidad Campesina de Santa Fe, donde se apreció la belleza de la laguna Guitarrachayuq ubicada a 4,400 msnm, solo a diez minutos de la comunidad mencionada. La vista de las aguas cristalinas de la laguna se mezclan con los nevados imponentes y un cielo engreídamente despejado.

 

 

A simple vista, el paisaje imponente parece eterno. Sin embargo, esta laguna y otras más de la zona, inclusive nevados y hasta la propia Comunidad Campesina de Santa Fe están en peligro porque se encuentran sobre subsuelo concesionados para la actividad minera, así lo comprobamos a partir de fuentes oficiales.

 

 

Por lo anterior, el rol de los vigilantes y monitores ambientales, para cuidar el agua y las bellezas paisajísticas, es más necesario que nunca, pues los resultados de su labor podrían alertar no solo de amenazas al recurso natural, sino también  podrían alarmar de artilugios legales y administrativos que se estarían moviendo entre sombras para promover un extractivismo feroz, violento y expropiatorio.

Durante los días del encuentro, aguas abajo del Guitarrachayuq, delegaciones de los diez departamentos conformaron grupos de monitoreo para intercambiar experiencias de vigilancia y monitoreo ambiental, y a la vez analizar la calidad del agua en los ríos Supaymayu y Apacheta, mediante los métodos de macroinvertebrados, bacteriológico y fisicoquímico; concluyendo tal cual lo manifiesta un hermano de Puno “estos ríos aún están vivos, debemos cuidarlos y proteger sus nacientes en las montañas”, los resultados de los monitoreos mostrarían que la calidad del agua en ambos ríos son buenas. Sin embargo, si no se establecen medidas y acciones para protegerlas, el medio ambiente y la salud de las personas estarán en peligro.

 

 

Posteriormente, representantes de los diez departamentos iniciaron una sesión de reflexión para construir procesos colectivos de cara a su reconocimiento, involucrando para su análisis temas referidos a un proceso constituyente, adelanto de elecciones y otra gama de expresiones que se encuentran en la declaratoria del evento.

Las instituciones miembros de la Red Muqui reunidas los días 14 y 15 de octubre en Asamblea Ordinaria, reconocemos que la instalación y primeras medidas del gobierno de Pedro Castillo se enfrentan a un gran desafío: la expectativa y esperanza de cambios profundos para los pueblos en nuestro país.

Más aún cuando la pandemia por la Covid-19 ha puesto en evidencia las grandes brechas por demandas insatisfechas de comunidades y poblaciones cuya situación de vulnerabilidad se ha incrementado. Indicadores negativos y alarmantes de pobreza en relación a salud, alimentación y educación resaltan en las zonas rurales y del interior del país.

A la vez, en medio de estas graves dificultades, el país se enfrenta a intentos antidemocráticos y excluyentes de sectores conservadores y de extrema derecha, que rechazan con toda su maquinaria mediática cualquier posibilidad de que los espacios ganados por sectores del pueblo y la sociedad civil progresista se expresen en el gobierno con una mirada y acciones propias.

A pesar de estas dificultades, existe una gran expectativa en los pueblos sobre lo que pueda realizar el gobierno del Presidente Pedro Castillo, para encarar la urgente necesidad de transformar un modelo neoliberal y minero extractivo. El mismo que desde hace varias décadas viene excluyendo y marginando a millones de peruanos y peruanas, entre ellas a las comunidades y pueblos indígenas. Las que han sido afectadas por el desarrollo de grandes proyectos mineros, que han vulnerado sus derechos colectivos, siendo en muchos casos criminalizados y judicializados por defender sus territorios, su ambiente, su salud y su vida misma.

Por eso, desde la Red Muqui nos reafirmamos en que, uno de los grandes procesos que se debe impulsar y acompañar desde abajo y junto a los pueblos es, la demanda de una nueva constitución, que nazca en democracia y que sea elaborada con la mayor participación de los pueblos indígenas, las comunidades originarias y las organizaciones sociales de nuestro país.

Este proceso constituyente debe incluir reformas fundamentales como: la segunda reforma agraria para reivindicar a los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores de la costa, sierra y selva y colocar en el lugar que le corresponde a la agricultura familiar. De tal manera asegurar la soberanía alimentaria y respetar las decisiones de los pueblos sobre sus proyectos comunitarios de vida alternativos al desarrollo extractivista. Es necesario también regular la expansión minera, revisando el marco normativo minero vigente, implementar una reforma tributaria del sector, que logre que las empresas mineras paguen lo justo, con procedimientos de fiscalización y sanción efectiva cuando corresponda.

En medio de este contexto, es importante resaltar que se han reactivado los conflictos socioambientales y vemos con preocupación la poca capacidad del gobierno para gestionar y resolver los conflictos. Este apela a mesas de diálogo sin una voluntad política para solucionar los problemas y entrega respuestas economicistas cuando se sabe que los conflictos socioambientales en los territorios son multicausales y multidimensionales.

En vista de que el proceso popular por una nueva constitución, que está en marcha, es de mediano plazo, planteamos algunas urgencias que este gobierno debe atender. Temas que en su oportunidad hemos planteado desde la Red Muqui, como:

Al Ejecutivo:

  • Aprobación del Plan Especial Multisectorial de atención de los afectados y afectadas por metales tóxicos.
  • Iniciar la discusión sobre la reforma tributaria en el sector minero y un impuesto especial a la sobre ganancia minera.
  • La gestión social del agua, la que incluye la revisión de ley de recursos hídricos y reforma de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
  • Que se garantice las políticas de equidad de género y de modo prioritario la atención a la situación de las mujeres.
  • Implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
  • Garantizar una plena participación de los pueblos indígenas y originarios y su derecho a la consulta previa en el desarrollo de proyectos extractivos.

Al Congreso de la República:

  • Discusión de la ley de ordenamiento territorial (OT) nacional a partir un proceso participativo, tomando en cuentas las experiencias de ordenamiento territorial comunales, locales y regionales. Enmarcado en la política de Estado Nro. 34 sobre el Ordenamiento y Gestión Territorial del Acuerdo Nacional.
  • Revisión de un nuevo marco normativo para la minería, así como la política sobre concesiones mineras en el país.
  • Retomar la discusión y aprobación de la ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria.
  • Derogatoria de normas y leyes que permiten el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en casos de conflictividad social; y reforzar el sistema normativo que permita proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales.

Para finalizar, no hay posibilidad de cambio sin la participación de los pueblos indígenas, comunidades originarias y organizaciones sociales del país. Por eso debemos seguir vigilantes en torno a las decisiones que toma el gobierno y contribuir con críticas y propuestas hacia el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad que necesitan los pueblos para vivir con dignidad en el Perú.

Lima, 26 de octubre del 2021.

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Hemos empezado la semana con una noticia muy dolorosa, y es que el lunes 24 de mayo se ha conocido del asesinato de 16 personas, entre ellas 2 menores de edad, en el centro poblado de San Miguel del Ene, distrito de Vizcatán del Ene, Junín. Hasta el momento, las versiones oficiales señalan que los responsables serían grupos de narcoterroristas instalados en la zona. Desde la Red Muqui expresamos toda nuestra solidaridad con las familias de las personas asesinadas, y esperemos que se investigue de manera seria esta masacre y que caiga todo el peso de la ley a los responsables de estos hechos. Así mismo, lamentamos el uso y aprovechamiento político que se pretende hacer sobre esta tragedia, y lo mínimo que deberían hacer ambos candidatos y los medios de comunicación es que respeten el dolor de los familiares y que se les garantice justicia para las victimas.

De otro lado, en la medida en que nos acercamos al 06 de junio, día de las elecciones presidenciales, el escenario electoral se torna cada vez más polarizado, y por más llamado que se hace a la exposición de propuestas y planteamientos concretos de los candidatos, los ataques de uno y de otro lado no han cambiado, y lamentablemente los medios de comunicación nacional se siguen prestando para ello, favoreciendo de manera muy evidente a una sola candidatura. En ese marco, el pasado fin de semana hemos asistido al primer debate de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre, y más que un debate técnico finalmente terminó siendo un debate político, ya que la mayoría de propuestas presentadas han sido muy generales.  Al respecto, un tema que nos genera preocupación es el referido a la protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas ya que no hemos escuchado planteamientos concretos al respecto.

Durante la primera vuelta, diversas organizaciones hemos alcanzando una serie de propuestas y preocupaciones sobre la agenda ambiental y ecológica en el país, resumido en el “Pacto Ecosocial”, que fuera presentado a los candidatos presidenciales. La premisa de esta alianza por el pacto es porque: “El Perú es uno de los diez países más afectados por los efectos del cambio climático. Si el calentamiento global se agrava y la deforestación de nuestra Amazonía y zonas altoandinas continúa, en 25 años tendremos solo 40% del agua disponible, desaparecerán los glaciares andinos impactando a poblaciones y ecosistemas de nuestras tres regiones naturales…”; si no se toman medidas inmediatas de cara a este escenario lamentablemente el futuro que nos espera es desolador e incierto.

Dentro del llamado que se hace en el pacto Ecosocial está la cuestión del extractivismo, principalmente los impactos de la minería, no solo en materia ambiental, si no de la salud de las personas expuestas a metales pesados, así como de los derechos de los pueblos indígenas. Agendas casi ausentes hoy en día en los debates y propuestas de los candidatos, así que esperamos que esta ausencia sea incluida en el debate presidencial del próximo domingo 06 de junio organizado por el JNE en la ciudad de Arequipa.

Por: Jaime Borda, Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Ha pasado mucho tiempo desde aquel 2003 cuando la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) convocó a diferentes instituciones que acompañaban a comunidades y poblaciones afectadas por la minería en el país. La mayoría de estas organizaciones promueven la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en nuestro país. El nombre de RED MUQUI lo adoptamos de la leyenda andina de “el Muqui”, personaje mítico que habitaba en los antiguos socavones donde se extraía minerales y al cual había que rendirles ciertos pagos. En ese sentido, el objetivo de Muqui fue conformar un espacio censor de la actividad minera ante la gran cantidad de casos de afectaciones de derechos por impactos del “boom minero” que se agudizó en los años 90, por el elevado precio de los minerales.

Es en este marco que esta semana hemos desarrollado una serie de actividades al que hemos denominado #SemanaMuqui. Una de estas actividades ha sido el que hemos desarrollado el pasado lunes y cuyo nombre fue: “Minería en el Perú: ¿cambios o más de lo mismo?”. El objetivo de este evento es el de colocar nuevamente en la discusión pública el rol de la minería en el país, para ello se invito a una serie de especialistas y personas directamente involucrados en la temática. Entre los varios temas que ha salido en esta discusión, la mayoría coincide en que la forma como está organizado desde el gobierno el sector minero debe cambiar, y mucho más en un escenario de pandemia y de reactivación de la conflictividad social. Estos cambios deben incluir sin lugar a dudas a las poblaciones afectadas por las actividades mineras, así como a los sindicatos de trabajadores mineros. Estos actores hoy en día, por ejemplo, no son tomados en cuenta en las modificaciones normativas en el sector minero; por el contrario, en los últimos meses han salido más normas que flexibilizan más el aspecto socioambiental, priorizando solo las inversiones mineras.

Es innegable el aporte económico del sector minero en nuestro país, pero esto no significa que pueda desarrollarse en cualquier lugar, o inclusive intentar imponerlo como lo han querido hacer en el valle de Tambo en Arequipa o en Tambogrande en Piura, solo por mencionar. Durante la pandemia hemos escuchado varias voces del gobierno y de los gremios empresariales mineros afirmando que solo la actividad minera nos salvaría de esta crisis económica, y que por ello era importante reactivar varios proyectos mineros paralizados. Desde la Red Muqui creemos que ya no se puede seguir gestionando este sector de la misma forma, y mucho menos se puede depender solo de esta actividad; es hora de hablar sobre la diversificación, el ordenamiento territorial y la participación real de la gente en la toma de estas decisiones. El Perú es un país megadiverso y pluricultural, no se puede pretender encasillarlo solo en el sector minero, es hora de abrir el debate de manera más seria sobre el rol que debe cumplir la minería en el país, y hacia ese debate quiere aportar la Red Muqui.

En un contexto de conflictividad social en nuestro país a raíz del desarrollo de proyectos mineros en diversas regiones y el impacto ambiental y social que genera, las iglesias en diferentes localidades han jugado un rol de acompañamiento a las comunidades y poblaciones en la promoción y defensa de sus derechos, siguiendo el mensaje del Papa Francisco a través de la encíclica “Laudato Sí” y de los obispos de Latinoamérica en su carta pastoral “Discípulos Misioneros Custodios de la Casa Común”.

Ante esta situación, la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, que tiene como desafío común: “responder articuladamente a los impactos y violaciones de los derechos socioambientales provocados por las empresas mineras y los Estados, en los territorios en los que vivimos y trabajamos”; ha impulsado la conformación del Nodo Perú, que la integran 14 instituciones entre colectivos y redes de iglesias católicas y evangélicas, congregaciones religiosas, oficinas de pastoral social e instituciones vinculadas a diversas iglesias.

En ese sentido, el lanzamiento del Nodo Perú de Iglesias y Minería se realizará a través del Foro: Iglesias y Minería en el Perú: Desafíos para el cuidado de nuestra casa común, a realizarse el miércoles 23 de octubre a las 5:00 p.m. en el Auditorio de la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú – CONFER, ubicado en Jr. José Wagner 2561 (ex Torre Tagle), Pueblo Libre.

El Foro contará con invitados nacionales e internacionales y abordará el rol de nuestras Iglesias frente a lo social, la minería y el cuidado de la casa común.

Esperamos contar con su gentil asistencia.

COINCIDEN EXPERTOS EN CONADES

  • RED MUQUI y CooperAcción formaron parte de mesa principal sobre eje de modelo de desarrollo

Durante la Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES), expertos que participaron del eje de modelo de desarrollo, concluyeron en la necesidad de dar una mayor prioridad a las diversas actividades económicas y productivas para afianzar un crecimiento económico que sea sostenible, puesto que, el modelo de Economía Extractivista excluye a otros sectores y conlleva a una falsa noción de desarrollo que no contempla lo social y ambiental.

RED MUQUI y CooperAcción aportaron a estas conclusiones tras participar de la mesa “El modelo neoliberal y extractivista, su profundización y los paquetes legislativos, su impacto sobre los bienes y recursos comunes y la construcción de alternativas para un desarrollo alternativo”.

Falso desarrollo económico

José de Echave de CooperAcción expuso un análisis sobre las narrativas que, en estos últimos 15 años, han venido instalando el modelo extractivista en nuestro país, pese a que el sector de la minería ha sufrido la caída del precio de los metales.

El exviceministro de Gestión Ambiental remarcó que, si existen cifras positivas respecto a la expansión y a la producción minera, esto quiere decir la inversión en proyectos mineros haya aumentado.

“La relación entre los precios de minerales y las inversiones mineras, es directamente proporcional. Y el Perú no es la excepción. El ‘súper ciclo’ de precios y el ciclo de expansión extractiva no es lo mismo, uno forma parte del otro, y esto último es lo que ha crecido en los últimos 25 años”, explicó ante CONADES.

A ello, De Echave agregó que las inversiones mineras a nivel global han caído en un 18.3%, mientras que en Péru, en un 10.2%. También mencionó que esta tendencia se mantiene en otros países como Estados Unidos (-56%), Canadá (-57%), México (-45%) y Chile (-32%).

Tras indicar que América Latina recibe el 28% de las inversiones en minería en el mundo, el representante de CooperAcción aclaró que el “milagro de la economía peruana” no es el resultado ‘exclusivo’ de una ‘fabulosa’ política interna, sino del periodo del súper ciclo de precios que hizo crecer a toda la región, entre el 2002 y 2012 con el disparo al alza de los precios de los metales.

De Echave señaló que, desde hace 5 años, la campaña sobre la existencia de una “tramitología” que –supuestamente- entrampa inversiones y contribuye a afianzar el modelo extractivista en el Perú. Es así que, el empresariado minero ha logrado presionar y rebajar exigencias “ambientales y sociales” mediante decretos legislativos y normas como los paquetazos ambientales. Además de conseguir beneficios tributarios.

“Hay un salto de producción minera, pero sin aporte tributario. La minería llegó a prepresentar casi el 50% del IR, y ahora es el 4%. El aporte tributario del sector minero viene a ser negativo por este mecanismo por devoluciones de IGV”, apuntó el Economista de CooperAcción.

A esto se suma, que el producto minero creció casi 20%, ahora con una mayor producción de cobre – a bajo costo- desde Las Bambas (Apurímac), Cerro Verde (Arequipa), Constancia (Cusco) y Toromocho (Junín).

“La minería forma parte de la matriz productiva del país, pero esta última debe ser diversa y sostenible. Se hace necesario pensar en escenarios de transición, y en cómo salir de este modelo extractivista –no extractivo- que alude a una extracción exacerbada y depredadora, que además afecta derechos. Se aspira a tener una lógica de extracción equilibrada”, puntualizó.

Extracción y derechos indígenas

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, cuestionó otro aspecto del modelo extractivista actual: la conflictividad social y la afectación de derechos territoriales de comunidades y pueblos indígenas.

“Desde la actividad minera y el Estado, se ejerce una gran presión frente a los territorios de comunidades. Cuando se refieren a ‘calidad de vida’, solo se habla desde una perspectiva técnica de desarrollo. Una perspectiva en la que no todos los peruanos participan”, acotó.

Jahncke Benavente subrayó que en la región Lima existen unas 289 comunidades campesinas según base datos elaborada por el Instituto del Bien Común. A ello agregó que no se garantiza seguridad jurídica para las casi 10 mil comunidades campesinas (que ocupan el 50% del territorio peruano) ya que unas 4 mil no tienen título de propiedad.

“Si queremos proteger derechos o fortalecer perspectivas de desarrollo tenemos que tener instituciones ambientales fortalecidas para fiscalizar y supervisar, y otorgar seguridad jurídica de todos los peruanos, y que esto no esté al servicio de los poderes económicos”, enfatizó durant su exposición en la mesa sobre modelo de desarrollo.

La ‘maldición’ de los recursos naturales

El Economista Francisco Santa Cruz expuso sobre la paradoja que trae consigo la “bonanza” del modelo económico extractivista, sobre todo cuando este se ve golpeado por la baja en el precio de los commodities, y se desencadenan distorsiones políticas, mayor pobreza, inestabilidad institucional y desigualdad.

A todo, Santa Cruz lo denominó la “maldición de los recursos naturales”, aquella que sufren países ricos en estos, pero crecen a menor ritmo, bajan su productividad, tienen poblaciones empobrecidas y dan paso a procesos de alta corrupción.

 

“Esta visión se intensifica minería, pues se produce volatilidad de precios, ingreso de divisas abundantes por altos precios que da lugar a una baja del tipo de cambio, y por ende a la baja en la competitividad de otros sectores. Y al cambiar el ciclo alto, viene una brutal reducción de ingresos fiscales que es lo que pasa en Perú en los últimos 2 o 3 años”, explicó.

En ese sentido, Santa Cruz expuso que, el generar economías de exportación minera se inhibe la diversificación productiva, se estanca el crecimiento, se anula la innovación tecnológica, se bloquea el surgimiento de nuevos sectores exportadores, y resalta la debilidad institucional, al impedir la capacidad de regulación de los Estados en el tema ambiental.

“La maldición es hacer de esos recursos naturales, una estrecha y absoluta dependencia sin capacidad de diversificar, es consecuencia de policías públicas y modelos de crecimiento. Los rubros de exportación primaria no han significado para el país un crecimiento y desarrollo sostenible de la población”, aseveró.

Convivencia de empresa y comunidades

De otro lado, el Economista Germán Alarco, profesor de la escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico, resaltó que el Perú necesita de la minería y los sectores extractivos ya que representan el 80% de divisas al país. No obstante, reconoció que contribuyen con poco en impuesto a la renta (IR), y se debe apuntar a que sean el elemento central para recaudación de impuestos y, así generar mayores ingresos fiscales.

Asimismo, Alarco coincidió con RED MUQUI en trabajar caso por caso a partir de cada proyecto minero y evaluar el costo beneficio que estos traen a la población local donde se desarrollan.

“Hay que cambiar las condiciones de trabajo con las actividades extractivas, evidentemente hay que mejorarlas. Hay que llegar a fórmulas de entendimiento donde estas actividades sean aceptadas”, comentó.

Modelo sin gestión de riesgos

A su turno, Orlando Chuquisengo, de Soluciones Prácticas, aseguró que existe una relación directa entre la situación de riesgos, el escenario de cambio climático y las actividades extractivas. Todo ello, indicó, se debe en gran parte al modelo de desarrollo que estamos implementando en nuestro país.

“Tenemos desarrollo, pero con una economía extractivista, la minería y la industria maderera -que arrasa bosques- y ciudades que no se saben ubicar, obras que se construyen por cualquier lugar”, señaló.

El experto en enfoque de gestión de riesgos, recordó que nuestro país ocupa el segundo lugar de desastres en Sudamérica, y el tercero de vulnerabilidad frente al cambio climático. Igualmente, dio cuenta que entre el 2013 y 2016 se registraron 61 mil emergencias en el país, según INDECI con 15 millones de afectados, más de un millón de viviendas destruidas, 2.1 millones de cultivos perdidos.

“Se calcula que necesitamos unos US$6 mil millones -por año- en medidas para reducir los riesgos de desastres en los próximos 15 años. En el 2016 ha sido uno de los daños más costosos debido a los desastres, con US$175 mil millones, después del año 2012 en el que se llegó a US$180 mil.

DATO:

El objetivo central de CONADES es elaborar propuestas de políticas públicas orientadas a poner la economía y el estado al servicio de las personas. Desde su formación se realiza una conferencia con una problemática específica, acumulando conocimiento, propuestas programáticas y articulación con el movimiento social.

Fuente / Fotos: RED MUQUI

EN AUDIENCIA DE ARGENTINA

  • Comisionados de la CIDH pidieron que se revisen convenios que Policía mantiene con mineras y Sociedad Civil pidió que se hagan públicos
  • Estado insiste que solo existen 10 convenios y no 114 como informa la PNP

Comisionados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendaron al Perú que la manera de controlar el orden interno en contexto de protesta social no sea una cláusula de los convenios que la Policía Nacional mantiene con empresas mineras.

De igual manera, indicaron que es necesario revisar estos acuerdos contractuales y reparar en posibles violaciones a los derechos humanos de las personas que se levantan cuando se ven afectados por las actividades mineras.

“La idea una privatización de la Policía es un problema porque cuando se hacen contratos con empresas privadas no hay garantía de respeto a los derechos humanos y los casos de violaciones de derechos humanos involucran históricamente a las acciones de la policía del Estado”, señaló Paulo Vannuchi.

“Estos convenios son una cuestión para que se dé un conflicto, porque la policía está trabajando para una empresa y tienen que proteger los intereses de la empresa en contra de los intereses de los ciudadanos. Entonces hay que examinarlos y eliminarlos”, aseveró Margarette May Macaulay.

Defensa desde la Sociedad Civil

Momentos antes, Maritza Quispe, abogada de Instituto de Defensa Legal (IDL) informó que según un informe emitido por la propia Policía Nacional del Perú (PNP), existen 112 convenios firmados entre empresas mineras y la policía.

“Las empresas mineras establecen cómo es que los efectivos policiales van a combatir la protesta social. También deciden sobre la designación de policías según requerimiento y necesidad de las mineras. Mientras tanto en el Perú existe un déficit de efectivos policiales para garantizar la seguridad ciudadana”, sostuvo.

Ante ello, la comisionada Esmeralda de Troitiño sugirió que “los acuerdos que existan tienen que ser revisados, porque para combatir una protesta social y preservar el orden público no se requiere el espacio de un convenio con una empresa privada, creo que eso debe separarse”.

Tras mencionar que estos acuerdos son firmados con empresas que mantienen un alto grado de conflictividad en sus zonas de influencia (Yanacocha, Glencore, Antapaccay y Hudbay), agregó que en estos convenios se concreta el pago a los efectivos policiales, transporte, dotación de vestimenta, alimentación, y, sobre todo, un porcentaje de dinero que va a la propia institución policial. “Es evidente que estos convenios no son gratuitos”, aseveró.

Por su parte, Ana María Vidal, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) recordó que las suscripciones de acuerdos contractuales “PNP-mineras”, empezaron en el gobierno de Fujimori y se han mantenido a lo largo de estos últimos gobiernos. “Todo ello con el fin de que sirvan a las empresas como seguridad privada”, remarcó.

Estado insiste en que solo hay 10 convenios

La respuesta del Estado no se hizo esperar. El Procurador Adjunto Supranacional, Iván Bazán, aseguró que el Ministerio del Interior solo da cuenta de la existencia de 10 convenios vigentes entre mineras y PNP. Y que de estos 10, solamente uno está vigente que es de Las Bambas y cuya suscripción expira en agosto de este año.

“La cifra de más de un centenar de convenios posiblemente ha sido anterior. Los convenios no son tan numerosos, se tratan de algunos específicos. El hecho de que haya un convenio (con una empresa minera) no subordina a la PNP. Así que no se trata de una privatización sin límite de la Policía, no existe tal situación”, insistió.

En ese sentido, el representante del Estado peruano argumentó que ley que regula a la PNP –hasta el año 2016- permitía que la Policía suscriba convenios con diversas entidades, públicas o privadas. Y que ahora con la nueva regulación –a través de un decreto legislativo- se mantiene la misma norma, con la salvaguarda de que es el MININTER el que ahora aprueba estos convenios con mineras.

Sobre los estados de emergencia

En otro momento, Ana María Vidal de la CNDDHH explicó a los comisionados de la CIDH, que, en los estados de emergencia, el Estado peruano no cumple en proteger otros derechos como la vida y la integridad. Esta medida es extraordinaria y siempre que se aplique, el Estado debe informar a la OEA, algo que -según dijo- no se cumple.

“Otro mecanismo es la creación de los estados de emergencia “preventivos”, tenemos el caso de Chumbivilcas y Espinar (Cusco), que en el 2015 estuvieron en estado de emergencia por el conflicto que sucedía en Apurímac, es decir en otra región”, relató durante la audiencia.

Vidal también advirtió sobre el accionar y la entrada de las Fuerzas Armadas en protestas sociales, incluso en lugares donde no se ha decretado el estado de emergencia tal como permite el decreto legislativo N°1095.

“Estas medidas de emergencia son bastante acotadas cuando hay una eventual crisis del orden público. Y hay una evaluación del Poder Ejecutivo respetando los requisitos previstos en la convención para reestablecer el orden público sin ocasionar daños a las personas, como a la propiedad pública y privada”, rebatió el Procurador Bazán, que además aseguró que Perú es el único país que informa periódicamente, a la OEA sobre los estados de emergencia que se decretan.

Defensores y su criminalización

Milton Sánchez de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) comentó que, a la fecha hay 120 personas denunciadas y 300 procesadas por el proyecto Conga (Cajamarca). “Vivimos en una situación de permanente vulnerabilidad por habernos juntado para proteger nuestras aguas y ríos de quienes vienen a realizar minería”, relató.

Sánchez manifestó que en el caso de Conga (Cajamarca) mataron a cinco peruanos y la investigación por estas muertes se encuentra archivada, mientras que 300 personas que estuvieron en el conflicto han sabido recibir acusaciones para condenarlos hasta por 36 años de cárcel.

“Lo que sienten los defensores frente a la institucionalidad del Estado porque hay tendencia a la persecución e intimidación y criminalizar. Es por ello que la Sociedad Civil no pide tan solo un mecanismo, sino una política pública para su protección. Política que hasta ahora el Estado no elabora”, lamentó Ana María Vidal de la CNDDHH.

Entre otros ejemplos de criminalización, la abogada se refirió al caso de Espinar (Cusco) en donde la investigación por la muerte de tres civiles se encuentra archivada, mientras que los procesos contra líderes y pobladores sigue por más de 5 años y con penas privativas de hasta 10 años.

“Como resultado se les sigue un proceso penal a los manifestantes por tenencia ilegal de armas y disturbios. Por supuesto, no existe ningún proceso en contra de los policías”, comparó.

Políticas extractivas a la orden

Juliana Bravo de Earthrights Internacional, resaltó la importancia de que la CIDH conozca la grave situación de los derechos humanos que se vive en el Perú como consecuencia de la implementación y desarrollo de una política económica extractivista que desconoce los principios fundamentales de un Estado de derecho democrático.

“Este modelo extractivista en el Perú ha implicado la concesión desmedida del territorio nacional, la adopción de una política encaminada a favorecer y fortalecer la explotación de recursos naturales por parte de empresas privadas (nacionales e internacionales), y que hoy una de las principales fuentes de violaciones a los derechos humanos sean al incursión y desarrollo de proyectos extractivos”, expresó.

Detalló que la política extractivista del Perú. atenta contra múltiples derechos como: el derecho a la vida, al agua, al medio ambiente sano, a la autodeterminación del desarrollo, a la consulta libre e informada, a la vivienda frente a desalojos mineros.

DATOS EMITIDOS EN LA AUDIENCIA

  • En el 2016, la Comisión Nacional de Juristas (CAJ) señaló que el Perú es el segundo país América Latina con mayor concentración de inversiones mineras en el mundo.
  • En los últimos cuatro gobiernos democráticos del Perú, hubo 152 civiles muertos por uso abusivo de la fuerza pública, el 60% falleció durante las movilizaciones para reivindicación de derechos en zonas de influencia de proyectos extractivos.
  • Apenas un solo caso ha recibido sentencia, los demás se encuentran impunes desde hace 16 años. Ocurre lo contrario con los procesos penales que se les abre a los dirigentes sociales y a los pobladores que ejercen su derecho a la protesta.
  • La CNDDHH ha contabilizado más de 1950 heridos en conflictos sociales, de los cuales el Estado no se ha hecho cargo hasta el momento.
  • En donde se pretendía desarrollar el proyecto minero Conga, nacen cinco ríos, hay 700 manantiales de agua, captaciones de agua para el consumo humano y riego.
  • Conga pretende destruir lagunas para extraer oro, cobre y plata, sino también depositar sustancias tóxicas 96 mil toneladas de relaves mineros todos los días durante 17 años.

Fuente: CIDH 162 Audiencia / CNDDHH

Fotos: GRUFIDES/ CIDH / DEMUS