Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui
Los recientes hechos ocurridos en la discoteca Thomas Restobar del distrito de Los Olivos (Lima) el pasado sábado 22 de agosto, donde fallecieron 13 personas, ha puesto nuevamente en evidencia las profundas fracturas sociales y culturales que tenemos como país. Si ya la pandemia de la Covid-19 había puesto en cuestión todo ello, los últimos hechos nos han llevado a discutir que la responsabilidad de estas trágicas muertes era exclusivamente de los asistentes a la fiesta, o responsabilizando solo a la negligente intervención policial y, como si no fuera poco, los medios de comunicación han añadido más leña al fuego señalando que los asistentes eran requisitoriados y que tenían Covid-19; es decir, que eran delincuentes e irresponsables. Las discusiones de las autoridades locales y nacionales, incluido la PNP, era por buscar responsables, nadie intentó preguntarse: ¿Cómo es que sucedió esta tragedia?, ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad?, ¿Qué cosas tenemos que corregir?, pero no, lo más fácil es voltear la pagina echándole la culpa a alguien o a unos cuántos.
Lo sucedido en los Olivos es un reflejo de lo que viene pasando en nuestro país, hemos entrado desde hace algún tiempo en una especie de piloto automático de sálvese quien pueda, los mensajes del presidente Vizcarra y del premier Martos ahora solo se centran en esperar la llegada de la vacuna, que cada uno debe cuidarse, sin tomar en cuenta que miles de peruanos se están quedado sin trabajo y sin un sustento económico diario. En ese sentido, los recientes datos de la pandemia a nivel global sobre el Perú son realmente alarmantes, oficialmente somos el primer país en el mundo con mayor tasa de mortalidad por la Covid-19: “los 28.000 fallecidos por coronavirus que registra Perú se traducen en una mortalidad de 85,8 muertes por cada 100.000 habitantes”, dejando en segundo lugar a Bélgica y Reino Unido respectivamente. Esta situación debe conminar al gobierno a implementar otras medidas; ya la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y otras organizaciones de la sociedad civil han señalado, por ejemplo, que se debe incluir la estrategia comunitaria de salud con presupuesto y articulación incluyendo realmente a todas las organizaciones sociales del país para resistir a la pandemia.
Finalmente, preocupa la situación de los trabajadores mineros ya que la semana pasada el Secretario General de la Federación de Trabajadores Mineros, el señor Jorge Juárez, ha señalado que la situación de los contagios en los trabajadores mineros no ha parado y ya suman más de 10 mil. Asimismo, señaló que se quiere silenciar a los sindicatos y a los trabajadores que denuncian estos abusos y que, inclusive, han empezado los despidos en varios proyectos mineros, y que en los próximos meses esto puede acrecentarse. Todo lo señalado por el señor Juárez dista mucho de lo que viene escribiendo y afirmando en algunos medios de comunicación el empresario minero Roque Benavides, quien insiste en que la minería debe ser el motor de la reactivación económica, cuando no son capaces de garantizar mínimamente la salud, seguridad y los derechos de sus propios trabajadores.
