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Tras la convocatoria al paro indefinido para este lunes 9 de noviembre por el Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata y del Lago Titicaca en Puno, debido a que las familias afectadas por metales tóxicos- recientemente confirmadas con arsénico y mercurio 34 personas- no tienen atención médica especializada de parte del Estado y respuesta a las otras demandas tras la contaminación del río Coata; la Fiscalía provincial de San Román de la región de Puno, ha decidido iniciar un procedimiento preventivo al alcalde distrital de Cupi: Marcelino Surco Quispe, y al presidente del Frente de Defensa:Felix Suasaca, porque incurrirían en la comisión de los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y resistencia o desobediencia a la autoridad en el desarrollo del paro indefinido, tras haber señalado en medios de comunicación que el paro se justifica porque las autoridades hasta ahora no cumplen con las necesidades de los afectados y afectadas de los pueblos de los 5 distritos tras la contaminación de la cuenca del río Coata.

En la notificación, además, la fiscalía argumenta que los dirigentes y alcalde deben acatar el decreto supremo que ordena el estado de emergencia nacional (restricción del derecho de reunión) debido a la pandemia.

La convocatoria al paro se da porque el Estado no ha atendido las exigencias de los dirigentes de los 5 frentes de Defensa agrupados en el Frente de Defensa Unificado del río Coata, que está contaminado con metales pesados y desechos industriales. Producto de esta contaminación, después de que Censopas sacó muestras a 55 personas, 34 personas salieron con resultados de arsénico y mercurio en sus organismos. Los resultados recién se hicieron públicos después de 8 meses debido a la filtración de los resultados al dirigente Félix Suasaca.

Frente a estos hechos, los dirigentes convocaron a los ministerios para instalar una mesa sobre metales pesados con reconocimiento legal a la mesa multisectorial que vienen funcionando desde hace años, para que se garantice una atención integral a los afectados y afectadas; sin embargo, a las reuniones en Puno acudieron funcionarios sin poder de decisión, y hasta ahora no hay ninguna medida concreta. Además de la medida de atención especializada en salud, también exigen la remediación del río Coata, la implementación de una planta de tratamiento para que las personas puedan acceder al agua potable, y el mejoramiento de la infraestructura de salud en la provincia de San Román.

Dirigentes rechazan acción intimidatoria

Frente a esta notificación, los Frentes de Defensa emitieron un comunicado en que rechazan esta notificación: «Desde el Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata y del Lago Titicaca RECHAZAMOS enfáticamente estas acciones intimidatorias por parte del Ministerio Público y la Procuraduría del Ministerio del Interior, por medio de esta disposición fiscal que busca, por medio del amedrentamiento a nuestros voceros y representantes, frustrar la demanda justa de las personas de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca en la defensa de la vida, la salud, el ambiente, el agua, el agro, el río Coata y lago Titicaca, frente a la inoperancia e desidia de las autoridades del sector salud».

Para el abogado David Velasco de Fedepaz, quien está asumiendo la defensa de agricultores y dirigentes de valle de Tambo, esta es una «típica actitud de criminalización de la protesta social, por la cual el Estado, a través de sus procuradores intenta instrumentalizar el derecho penal para perseguir a quienes, ejerciendo su derecho fundamental a la protesta social, anuncian la realización de un paro en oposición a decisiones gubernamentales que afectan sus derechos fundamentales. Ya el Tribunal Constitucional acaba de decir que la protesta social es un derecho fundamental y que la responsabilidad penal es personal. Entonces, es un derecho protestar y no se puede intentar criminalizar a quienes lo hacen».

 

Frente a las protestas de los dirigentes y pobladores de la cuenca del Coata y la carta que enviaron las autoridades locales y los dirigentes a la PCM; el secretario de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eddy Alexis Ormeño Caycho, emitió un oficio de invitación el 6 de octubre a representantes de los Ministerios de Salud, Ambiente, Vivienda y Energía y Minas; gobernador regional y alcaldes provinciales de Puno y Juliaca; y de los distritos: Coata, Caracoto, Huapa, Capachica y Chilla de la cuenca del Coata, para sostener una reunión el 13 de octubre con el objetivo de tratar la problemática de salud humana y ambiental, tras la confirmación de 34 personas con arsénico y mercurio por haber ingerido agua contaminada proveniente de la cuenca del río Coata. Sin embargo, solo llegaron a la reunión representantes del Ministerio de Salud; ninguno era funcionario de alto nivel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a este hecho, los dirigentes suspendieron la reunión porque los funcionarios que llegaron no tenían poder de decisión y ejecución, que es lo que urgentemente están solicitando los dirigentes y pobladores para conformar la mesa de salud que pueda implementar acciones urgentes, tanto en la atención especializada a las familias afectadas por metales tóxicos, como en la remediación de la cuenca del Coata, y otro tipo de acciones que garanticen un monitoreo adecuado de las personas.

El presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del Coata, Felix Suasaca, señaló a Red Muqui que le están dando plazo a la PCM hasta el próximo martes 20 de octubre, para que convoquen a una nueva reunión con la presencia de algún ministro y funcionario de alto nivel de la PCM. De lo contrario, iniciarán una huelga indefinida con los 5 Frentes de Defensa de los distritos de Coata, Caracoto, Huapa, Capachica, y Chilla, que son parte del Frente Unificado contra la contaminación de la cuenca del Coata.

Defensoría del Pueblo de Puno se pronuncia

Frente a esta situación, el jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona, señaló que hace dos semanas emitieron oficios al gobernador regional de Puno, Agustín Luque, para que desarrolle un Plan de acción integral de salud frente a la problemática de las 34 familias afectadas por metales tóxicos. Sin embargo, el gobernador regional tampoco asistió a la reunión pasada del 13 de octubre.

Remarcó que el Plan y respuesta a la problemática debe involucrar a los 3 niveles de gobierno: municipios, gobierno regional y ejecutivo.

El presidente del Frente de Defensa de la cuenca del Coata precisó que es urgente la conformación de la mesa de salud porque varias personas se encuentran mal de salud y están gastando dinero que no tienen para comprar medicamentos.

Además, señala que los centros de salud de la región no les están haciendo análisis ni estudios a las personas afectadas por metales tóxicos. “Solamente les han hecho la prueba del covid, y han salido negativo, pero no les han hecho ningún otro tipo de prueba para saber que enfermedad podrían estar desarrollando las personas”, finalizó.