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Durante la reunión técnica «Metales pesados y la Salud en el Perú», organizada por el Ministerio de Salud (Minsa), las organizaciones sociales del distrito de Simón

EN REUNIÓN CON OPS Y EXPERTOS

  • Representantes de Simón Bolivar cuestionaron que técnicos no hayan visitado Pasco antes de emitir recomendaciones
  • Reunión con Minsa forma parte de la mesa de diálogo de alto nivel que la PCM conformó con los afectados

Durante la reunión técnica «Metales pesados y la Salud en el Perú», organizada por el Ministerio de Salud (Minsa), las organizaciones sociales del distrito de Simón Bolívar (Cerro de Pasco, Pasco), pudieron exponer la situación de la salud ambiental ante la ministra Patricia García, y varios expertos extranjeros, así como de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En dicho encuentro, García afirmó que desde su sector existe la voluntad de replantear acciones para atender la salud ambiental en zonas de actividad extractiva en coordinación con otros ministerios involucrados.

Expertos no han visitado Pasco

A lo largo de la reunión, los dirigentes sociales del distrito de Simón Bolívar se expresaron su molestia ante la presentación de los técnicos, la cual consideraron insuficiente.

“No podemos solo con recomendaciones mitigar y controlar los problemas de la minería, si ya nuestros suelos están mineralizados, y no hay agua. Hemos planteado al MINSA que se controlen a las empresas mineras, que afectan derechos de las personas y nuestros animales”, aseveraron, antes de retirarse de la reunión.

En declaraciones a RED MUQUI, el regidor de Simón Bolivar, Jaime Silva, cuestionó la información que el Minsa entregó a estos expertos acerca de la salud en Pasco.

“Los expertos han dado un diagnóstico muy leve, acompañado de acciones de higiene. Esto ha generado malestar porque hablamos de un problema grave. Para comenzar, ellos no han ido a la zona. Solo se han basado en informaciones proporcionadas por el CENSOPAS”, aclaró.

Fernando Osores, médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales –y consultor de la RED MUQUI-, desvirtuó que se emita una opinión “de gabinete”, acerca de un daño en la salud, cuando ni siquiera realizaron un trabajo de campo.

“No se puede opinar o proponer mecanismos de salud pública, sin conocer la realidad de las personas afectadas”, aseguró.

El regidor Silva comentó que la participación de Simón Bolivar en esta reunión forma parte de la mesa de diálogo de alto nivel que se sostiene con la Presidencia del Consejo de Ministros desde el año 2015, cuando vinieron en marcha de sacrificio hasta Lima.

Los dirigentes recordaron que más de 10 estudios han demostrado que las personas en Simón Bolivar, viven con más de 10 metales pesados en la sangre. Y que, en el lugar, no existen establecimientos de salud que brinden atención especializada, y que solo se limitan a dar atención u diagnósticos generales.

¿Qué dijeron los expertos?

En sus diferentes exposiciones, los técnicos internacionales indicaron que para “reducir” la contaminación, los trabajadores mineros deben no deben llevar su ropa de trabajo al hogar, utilizar equipos de protección, y tratar de pavimentar las calles.

Entre otras recomendaciones, resaltaron el suministro de complementos vitamínicos, mayor consumo de leche, así como limpiar las viviendas más seguido y usar paños húmedos para retirar el polvo que viene con partículas de plomo y demás metales. En estas labores de limpieza el gobierno podría apoyar, indicaron.

Los expertos recomendaron al Minsa, que las escuelas cuenten con equipos X-Ray Fluorecence, para constatar la presencia de plomo en el suelo, antes de extraer muestras y hacer análisis.

De igual manera, sugirieron contar con un programa de identificación por plomo en madres gestantes (que deben ser alejadas del lugar de contaminación), y terapia de quelación en embarazadas y niños (procedimiento médico que implica la administración de agentes quelantes para la eliminación de metales pesados ​​del cuerpo).

Este punto fue refutado por el doctor Fernando Osores, quien les recordó que la quelación solo está recomendada para personas que son retiradas permanentemente de la zona de contaminación; de lo contrario no sirve de nada, pues los metales vuelven ingresar al cuerpo constantemente.

Los convocados por el Minsa también hablaron de la prescripción de calcio y multivitamínicos, ya que el plomo no se elimina del cuerpo; sino se pega en huesos y va a la sangre. Ello debe ir acompañado de revisión de guías clínicas, chequeos y seguimientos a nivel local.

Ante ello, el médico consultor de la RED MUQUI, coincidió con la ministra en que la Estrategia Nacional de Metales Pesados, vaya de la mano con un programa de nutrición. “El CENSOPAS y la DIRESA, deben trabajar en una sola dirección”, advirtió Osores.

Acciones comprometidas para Pasco

En otro momento, RED MUQUI resaltó la importancia de involucrar a los sectores Ambiente, y Energía y Minas. En respuesta, Patricia García reconoció que es difícil que los demás sectores puedan alinearse para tratar la problemática de la salud ambiental y la contaminación por metales pesados en poblaciones que habitan cerca a proyectos extractivos.

Pese a ello, la titular del sector remarcó la necesidad de “seguir avanzando” y se comprometió a completar los protocolos de atención clínica, así como revisión de guías y a comenzar con la estandarización de métodos de laboratorio de todos los metales.

Se planteó que Simón Bolivar se convierta en el modelo de atención por exposición a metales pesados. Es así que, el Minsa y el Municipio se comprometieron a trabajar en un plan de acción para fortalecer los establecimientos de salud de la zona y así, atender oportunamente a la población expuesta.

De manera general, el Minsa, la OPS y los expertos convocados plantearon: primero, elaborar estándares para la toma de muestras y análisis de laboratorio; segundo, actualizar los protocolos de atención clínica por exposición a metales pesados; y tercero, validar los equipos con los que actualmente se cuenta para asegurar la confiabilidad de los resultados que se obtienen.

Propuestas Muqui

A su turno, el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, recomendó que desde el sector salud se exija a Energía y Minas, incluir un componente de salud ambiental en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), algo que recaería en alguna instancia de fiscalización de salud que revise la aplicación de medidas de los EIA.

En ese sentido, RED MUQUI recordó al Minsa que para la remediación de pasivos ambientales se requiere financiamiento, así como un mayor control y monitoreo ambiental desde las autoridades regionales, como en el caso de Cajamarca, región que cuenta con laboratorios regionales certificados.

Otros planteamientos del Minsa

A partir de las recomendaciones para tratar el caso de contaminación por metales pesados en Cerro de Pasco, se trazaron otras acciones para afrontar esta problemática en nuestro país.

Para ello se establecieron tres niveles de acción en: diagnóstico (niveles de toxicidad, muestras, equipos a utilizar), tamizaje (despistaje en grupos de población y con qué periodicidad), tratamiento (guías de manejo: revisión, cambios e implementación de las mismas) y prevención al minimizar la exposición de las personas a metales pesados.

DATOS:

  • Entre los expertos asistentes estuvieron: Teofilo Monteiro (Brasil), Paul Dargan (Reino Unido), Luis Fernández (Estados Unidos), Hillary Godwin (Estados Unidos), Richard Fuller (Tierra Segura y toxicología, Australia) y Muhammad Zaman (Pakistán).
  • Desde la OPS, participaron los especialistas: Ana Boischuio (Brasil), María Luisa Castro de Esparza, Henry Hernández, Stefany Ildefonso y Teófilo Monteiro.
  • Por el lado del Minsa, se presentaron: La ministra de Salud, Patricia García, ña Viceministra de Salud Pública, Silvia Pessah, funcionarios de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) y la Dirección de metales pesados.
  • Desde Pasco: Jaime Silva, regidor de Simón Bolivar; Ruben Alvarado, secretario municipal; Juan Escalante, gerente de desarrollo local y medio ambiente; Ángel Ricra, presidente de la comisión de evaluación de emergencia ambiental; Joel Nieto, presidente del pelotón N° 58 de la marcha de sacrificio, como parte de la sociedad civil.
  • Desde Sociedad Civil: RED MUQUI y Centro Labor Pasco.

Fuente / Fotos: RED MUQUI / Minsa

Bolívar (Cerro de Pasco,

  • A esta audiencia acudieron representantes de víctimas de contaminación y un procurador del Estado
  • CIDH reconoce contundencia de las pruebas presentadas por los afectados en Espinar
  • CIDH pide que Estado revise situación jurídica de detenidos y denunciados en torno a este caso

En audiencia pública, los denunciantes y representantes de los afectados por contaminación en Espinar (Cusco) dieron a conocer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y presentaron como pruebas los estudios que el propio Estado peruano realizó en comunidades campesinas, y cuyos resultados se trataron de ocultar a la población expuesta a más de 10 metales pesados (cadmio, arsénico, cadmio, plomo y otros).

En este espacio internacional que se llevó a cabo este viernes de abril en Washington (Estados Unidos), también se describió la falta de atención que las comunidades de Espinar, Alto Huancané y Huisa, vienen demandando ante la contaminación por metales pesados en la sangre que sufren sus poblaciones.

Asimismo, se expuso ante la CIDH la situación de los detenidos y de quienes han, sido denunciados penalmente por el Estado, por hacer público este caso, tal como sucede con Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fernando Osores, médico ambientalista quien, en su momento, formó parte del equipo del Instituto Nacional de Salud (INS) que tomó y analizó las pruebas de sangre de los pobladores.

VER VIDEO: Lo que quiso ocultar el MINSA sobre las comunidades contaminadas con metales en la sangre en Espinar

Los hechos que se narraron –y sustentaron– en audiencia, se enmarcan en un contexto de abandono de los roles del Estado hacia la población indígena de Espinar, como el de velar por la salud pública; además de presentar un nivel de coordinación ilegal entre algunos organismos del Estado y las empresas mineras que realizan actividad extractiva en la zona. De igual modo, se demostró ante la CIDH, el nivel de amedrentamiento que se ejerce contra los pobladores que han denunciado estos hechos. Una situación en la que convergen graves violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la salud, integridad física y vida digna.

Quienes dirigieron la audiencia fueron los integrantes de la CIDH: Paulo Vannuchi, Enrique Gil Botero y Esmeralda Arosemena, quienes mostraron su preocupación por la falta de atención de la  salud de la población de las comunidades afectadas, así como por la actitud del Estado de abrir procesos penales a quienes denunciaron o protestan por esta situación.

El Comisionado Gil Botero, reconoció que los estudios muestran con contundencia y de forma alarmante lo nocivo de los metales pesados. Mientras que la Comisionada Arosemena, solicitó al Estado peruano una evaluación y revisión de la situación jurídica de las tres personas detenidas de forma preventiva por reclamar contaminación, e hizo un llamado a detener la contaminación.

Los representantes de las víctimas solicitaron a la CIDH lo siguiente:

Solitudes para el caso específico

  • Que el Estado peruano brinde atención a la salud de las víctimas expuestas a metales pesados en la región de Cusco, provincia de Espinar, y en concreto se realicen exámenes epidemiológicos y toxicológicos a toda la población afectada.
  • Que el Estado peruano asigne presupuesto a los planes de atención integral de las víctimas con metales pesados elaborados por el Gobierno Regional o el Ministerio de Salud.
  • Que el Estado peruano garantice un servicio de salud adecuado, idóneo, y bien implementado, con personal técnicamente capaz e imparcial.
  • Que el Estado peruano archive la denuncia ante Ministerio Público contra el médico Fernando Osores Plenge y el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, el primero médico asesor y el segundo abogado de las comunidades campesinas afectadas por metales pesados.
  • Que el Estado peruano, deje de criminalizar a los dirigentes de las comunidades campesinas en represalia por protestar contra la contaminación ambiental y la exposición a metales pesados en Espinar tal como se viene haciendo con 3 dirigentes de la Asociación de productores de Huinipampa, en Espinar, Cusco; específicamente se pide garantías para la dirigente Melchora Surco Rimachi.

Solicitudes generales

  • Que el Estado peruano cumpla con el deber de proteger a la población en su derecho a la salud, especialmente en zonas vulnerables, y cuando de por medio hay actividad de extracción de recursos naturales, especialmente mineras.
  • Que el Estado peruano se abstenga de realizar contratos, sea en materia de salud o de seguridad, con empresas extractivas de recursos naturales; a fin que no se vea mellado el principio de imparcialidad y no se corra el riesgo de privatizar servicios públicos.
  • Que el Estado peruano, bajo el principio de transparencia, solicite a las instituciones pertinentes a publicar todos los contratos que tienen tanto la Policía Nacional del Perú y las entidades del sector salud con empresas encargadas de extraer recursos naturales o las empresas tercerizadoras que realizan trabajo en zonas de extracción de recursos naturales.

Si deseas ver la audiencia completa puede visitar la página web de la CIDH: http://goo.gl/MDN9of


DATOS

  • En representación de las víctimas asistieron: Melchora Surco Rimachi, lideresa indígena; Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista. Por parte del Estado, participó el procurador, Luis Huerta Guerrero.
  • La audiencia fue gestionada por la Asociación para la Defensa de Paccpaco afectada por la Minería Alto Huancane (ADEPAMI), CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), Instituto de Defensa Legal (IDL) y el apoyo de Broederlijk Delen.

Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco (DHSF) / @dlcerqueira

 

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POR MEDIO DE TRES DEMANDAS

  • Denuncias penal y constitucional se formularon a la par con investigación periodística
  • Estado ocultó resultados de comuneros con metales en el organismo en dos oportunidades

Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF Cusco), CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA) emprendieron una serie de demandas en el ámbito civil y penal, así como un proceso de amparo, en defensa de dos de las comunidades que habitan en la zona de influencia del proyecto minero Antapacay (Espinar, Cusco) y que han visto afectada su salud ante la presencia de 16 metales pesados en la sangre.

Dichas demandas han sido interpuestas contra el Estado Peruano por haber omitido los resultados de las muestras de sangre y orina, que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), tomó a los habitantes de las comunidades de Huisa y Alto Huancané en el año 2010, en Espinar (Cusco).

Tal como indica el informe periodístico del equipo de investigación de Convoca, “Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, en este primer estudio, el CENSOPAS conoció que cientos de pobladores de Huisa y Alto Huancané, ubicadas entre los ríos Salado y Cañipía, estuvieron expuestos a arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales considerados por la OMS como altamente cancerígenos. Aun así callaron.

Asimismo, la investigación de Convoca, añade que en el 2013, Censopas hizo un nuevo estudio tras un acuerdo de la mesa de diálogo de Espinar; es así que recogió 180 muestras de orina y confirmó los hallazgos del primer estudio (2010), solo que esta vez arrojó resultados de otros 11 metales presentes en los organismos de los habitantes evaluados. La toma de muestras de estas nuevas 11 sustancias no tuvo el consentimiento de los donantes, y es por ello que volvieron a guardar “reserva”, y no se conocieron hasta diciembre de 2014.

Ante todas estas omisiones y secretismos por parte del Censopas, sin importar la salud de las personas, la plataforma de abogados de DHSF Cusco, CooperAcción y el IDL -junto con los afectados- elaboraron y presentaron una demanda de cumplimiento, es decir, un proceso constitucional con el que se busca que el Estado cumpla con las leyes para proteger la salud, específicamente en las comunidades aledañas al proyecto Antapaccay (ampliación Tintaya).

Juan Carlos Ruiz (IDL), Jaime Borda (DHSF Cusco), Melchora Surco (Alto Huancané) y Juan Magaño (Huisa)

Para ello, se contó con el apoyo del doctor Fernando Osores, médico Magister en enfermedades infeccionas y tropicales, quien trabajó en el CENSOPAS, así en el equipo de profesionales del estudio del 2013. En ese año, Osores denunció estas irregularidades al momento de evaluar a los pobladores, así como la expedición de los resultados a los pobladores “sin sellos, membretes, ni firmas”.

Dr. Fernando Osores 

Juan Carlos Ruiz, Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó de intolerable el hecho de que el mismo Ministerio de Salud, a través del CENSOPAS, haya ocultado a los pobladores durante tres años, los diagnósticos por metales pesados en la sangre.

El letrado de IDL también recalcó que el Estado tiene una función de garante de derechos, así como de protección de los mismos. En ese sentido, Ruiz recordó que el Estado -ante una situación como esta- tiene la obligación de investigar, prevenir, reparar y sancionar:

“Es necesario investigar las causas. Luego de cinco años aun no se sabe el origen de esta contaminación; por un lado, la empresa aduce que es de origen natural, y por otro, los afectados señalan directamente a la actividad minera. Además de también prevenir las violaciones (a los derechos humanos) y reparar la vigencia de la salud, se requiere sancionar a aquellos que resulten responsables por haber cometido ilícitos penales o administrativos” apuntó Juan Carlos Ruiz.

Melchora Surco muestra fotos de como eran sus tierras antes de la contaminación ambiental por metales

Tres demandas

De ser favorable la sentencia a raíz de la demanda de cumplimiento (presentada en mayo de 2015), se tendría que decretar emergencia sanitaria, emergencia ambiental, así como practicar exámenes epidemiológicos y toxicológicos en la zona.

Los defensores legales de las comunidades de Huisa y Alto Huancané indicaron que se busca una orden judicial para afectar el presupuesto y así ejecutar un Plan de Atención Integral que no se limite a campañas informativas, sino integrales.

De igual modo, los abogados de las comunidades señalaron está en curso una demanda penal interpuesta por la ONG Solsticio debido a los ilícitos penales, como el de no atender a personas en peligro.

Juan Carlos Ruiz del IDL añadió que vienen preparando una demanda civil contra el Estado, por no cumplir con atender la salud de estas personas, pese a saber y haber comprobando que se encontraban en peligro. Es por ello que se apunta a que los afectados por metales en la sangre, reciban una reparación civil.  “Aun no se establece la responsabilidad de la empresa minera”, deslizó Ruiz.

Cuestión de presupuesto

Otro aspecto importante que mencionaron los abogados defensores, fue que en medio de los procesos de amparo, la procuradora de la Dirección de Salud del Cusco (DIRESA Cusco) reconoció la gravedad de los afectados y adujo que como el gobierno regional tenía un PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL (PAI), pero que el gobierno central no facilitó el presupuesto. “Dicho PAI demanda un millón y medio de soles para su ejecución, y tras cinco de evidencia de daño en las personas no se atiende a la gente porque supuestamente no hay dinero, pese a lo que genera la actividad minera en la zona”, incidió Juan Carlos Ruiz del IDL.

“La actividad minera, petrolera y energética son muy importantes ya que generan trabajo y divisas, pero no a costa de sacrificar vidas y poner en peligro la integridad física de las personas. El artículo 59 de la Constitución es muy claro: la libertad de empresa, la libertad de industria y la libertad contractual son muy importantes y hay que protegerlas, pero no pueden poner en peligro la salud de las personas”, remarcó Ruiz.

Gabriel Arriarán y Milagros Salazar de Convoca.pe

“Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, es un informe periodístico elaborado por el equipo de periodistas de investigación de Convoca, con el respaldo de CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF – Cusco) y médicos especializados en salud ambiental.

La presentación estuvo a cargo de Milagros Salazar y Gabriel Arriarán de Convoca, junto con representantes de las comunidades afectadas.

Fotos: Facebook Convoca / Comunicaciones RED MUQUI