Organizaciones de base originarias y campesinas de la Macro Sur demandan del Ejecutivo el esclarecimiento y la sanción de los culpables de los crímenes contra las víctimas de la masacre del régimen de Dina Boluarte, perpetrado por la PNP y las FFAA en las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa y Ayacucho, y la reparación individual y colectiva por estos hechos.
Reunidos en la ciudad de Puno, los días 23 y 24 de agosto, representantes de dicha región, además de las de Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios y Tacna, realizaron el Foro Macrosur titulado “Construyendo propuestas de salida a la crisis desde el sur”.
Como resultado de las reuniones de articulación e intercambio de experiencias, representantes de las organizaciones emitieron un pronunciamiento en el que exigen a la Fiscalía y al Poder Judicial celeridad en las investigaciones, sanciones a los responsables y retorno de las carpetas fiscales a los lugares donde sucedieron los hechos. Además, demandan particularmente al Ministerio Público que garantice el acceso a la Justicia para las víctimas y que no se obstruyan las investigaciones.
Por otra parte, instan al Congreso, Ejecutivo y Poder Judicial cesar la persecución a dirigentes, líderes y lideresas, y dejar de criminalizar la protesta social.
En relación al fortalecimiento de la unidad y de la articulación organizacional en los ámbitos locales, regionales y nacionales, plantean generar espacios de formación política desde los territorios. De tal forma, que los pueblos originarios generen nuevas formas de representación política en los espacios regionales, macrorregionales y nacionales en la toma de decisión sobre el destino y futuro del país.
Las organizaciones también reivindican y reconocen el rol protagónico en este proceso de lucha de las mujeres indígenas, que se han movilizado para denunciar los abusos de los Derechos Humanos y recuperar la democracia.
Reiteran su rechazo al extractivismo que identifican como fuente de destrucción de la madre tierra, que contamina las fuentes de agua y acaba con biodiversidad, y afecta gravemente la salud de las personas. Por ello, exigen del Estado efectiva regulación y control ambiental y social de las actividades extractivas para proteger los recursos naturales renovables como fuente de vida de las actuales y futuras generaciones.
En el contexto de crisis climática e hídrica, reclaman al Estado peruano identificar, zonificar y proteger las cabeceras de cuenca, lagos y los ríos de todo tipo de actividades que las impactan negativamente y pongan en riesgo la agricultura familiar y la soberanía alimentaria, y exigen que se respeten los derechos colectivos y la autonomía de los pueblos originarios sobre su territorio.
En relación a la situación económica de las comunidades, las y los representantes de las organizaciones denuncian que la pobreza y la falta de oportunidades están empujando a sectores de la población a buscar alternativas de empleo e ingreso en las economías ilegales que dañan el medio ambiente, explotan a la juventud y generan situaciones de violencia. Para contrarrestar este fenómeno exigen del Estado políticas que revitalicen la agricultura campesina, fuente de alimentación popular y de resistencia cultural.
Finalmente, reafirman su compromiso de seguir luchando por un nuevo pacto social que se traduzca en una nueva Constitución, en la que se reconozcan la existencia, identidades y derechos de los pueblos originarios y campesinos. En palabras textuales del pronunciamiento: “Desde la Macrosur, creemos firmemente que la salida a la crisis pasa por escuchar a las poblaciones organizadas y movilizadas atendiendo sus demandas políticas de adelanto de las elecciones generales y un referéndum para decidir sobre una asamblea constituyente”.