La comunidad campesina de Huancuire ha advertido hoy sobre las declaraciones de un posible desalojo de sus integrantes del área circundante al tajo Chalcobamba en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac, que ha hecho esta mañana el general de la PNP y jefe de la región Policial de Apurímac, Roger Pérez Figueroa. Además la comunidad ha alertado sobre expresiones del oficial entrevistado por un canal de Televisión, que consideran amenazas directas contra sus asesores legales.
En un comunicado público dirigido al ministro del Interior Dimitri Semanche, el presidente de la comunidad Romualdo Ochoa solicita al gobierno que aclare las palabras del jefe policial, ya que los dirigentes y el gobierno mantienen conversaciones para reanudar un espacio de diálogo, que permita destrabar la situación en la que se encuentra el conflicto en torno a la minera Las Bambas, que mantiene sus operaciones suspendidas hace casi dos meses.
Señales de distensión y acercamiento que inclusive han provenido de parte de la iglesia, ya que ayer la Conferencia Episcopal Peruana dio a conocer la petición que le hizo llegar el presidente Pedro Castillo en orden de asumir un rol mediador en la disputa que Huancuire, Fuerabamba y otras cuatro comunidades aledañas mantienen con una de las principales productoras de cobre del mundo. Inclusive el Ejecutivo designó una Comisión de Alto Nivel Ministerial que llegaría hoy martes al distrito de Challhuahuacho, región Apurímac.
En dicho escenario, las palabras del jefe policial son consideradas contrarias a estas conversaciones que las autoridades comunales han mantenido al más alto nivel en Lima y que incluyó una reunión con el propio mandatario Castillo.
Respecto del desalojo el general Roger Pérez expresó que “estamos trabajando ahora para decidir cuál es la fecha más adecuada” y añadió que “primero tenemos que ir a conversar en una comisión, pero si hay intransigencia vamos a tener que usar la fuerza para desalojarlos».
En otro momento se refirió a los asesores legales, que por lo demás son personas que desarrollan su trabajo públicamente y han estado presentes en las instancias de diálogo con el gobierno e informó que la Policía ha detectado a personas que actúan como asesores de las comunidades y los azuzan a tomar acciones de fuerza contra las mineras para reclamar beneficios económicos a cambio de pagos de comisiones. Literalmente sus palabras fueron:
«Ellos pagan a un grupo de asesores que están detrás de ellos, azuzando”. Personas que según el uniformado tendrían principalmente motivaciones económicas. “El fiscal del distrito judicial de Challhuahuacho ya tiene conocimiento, estamos haciendo un trabajo muy profesional y proceder próximamente a su detención”, advirtió.
En respuesta a estas declaraciones vertidas en un programa del canal RPP, la comunidad de Huancuire ha aclarado que “debemos dejar en claro que la medida de protesta adoptada por nuestra comunidad fue decidida en pleno uso de nuestra autonomía comunal, por afectarse negativamente nuestros derechos colectivos, siendo nuestro asesor un profesional del derecho que únicamente nos acompaña a fin de interponer absolutamente todas las medidas legales que sean necesarias para la defensa de nuestros derechos de intereses”.
Finalmente los representantes de Huancuire han expresado que confían en la honesta voluntad por parte del poder ejecutivo para concertar mediante el diálogo y resolver esta problemática. Por eso consideran las declaraciones de la autoridad policial un caso aislado, aún cuando interpelan al titular del Interior Semanche a que aclare sobre la línea de mando de la política ministerial.
