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Presentación del documental: “La Sangre del Río: minería y resistencia en Espinar”

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En muchas provincias del Perú, la gran minería no ha representado una actividad que genera progreso y desarrollo para las comunidades que habitan alrededor de los proyectos, sino todo lo contrario, ha generado perjuicios al medioambiente, a la salud y a la vida de las personas. Miles de pobladores y familias viven sufriendo las consecuencias de esta actividad, y sus voces, además de que no son escuchadas, poco a poco siguen apagándose. Un caso emblemático y que debe de ser atendido urgentemente por el Estado, es el caso de Espinar.

Desde hace décadas, comunidades de Espinar vienen siendo impactadas de forma negativa por la actividad extractiva, en especial, por la actividad de la mina Tintaya y desde el 2012 el proyecto Antapaccay, la cual pertenece a la empresa suiza Glencore. La población de Espinar se encuentra afectada por metales pesados asociados a las zonas de actividad minera. Por esa razón, desde hace más de 40 años los pobladores han venido protestando y exigiendo que se cumplan y respeten sus derechos fundamentales como el acceso a agua limpia, servicios básicos, un ambiente sano y atención médica. Pero las protestas fueron reprimidas con violencia en varias ocasiones, lo que resultó con varios heridos y algunos muertos en los últimos años.

Es así como, la periodista suiza, Nicole Maron, y el periodista peruano y defensor ambiental de Cusco, Vidal Merma, produjeron el documental “La Sangre del Río”, el cual relata el conflicto minero de Espinar. Además, muestra el debate político en Suiza, donde Glencore tiene su sede principal, y exige que los gobiernos europeos y las empresas transnacionales se responsabilicen por el daño que causen en el extranjero.

En base a ello, y con el objetivo de sensibilizar y generar debate sobre el tema de minería en el Perú, con un enfoque a la responsabilidad global para respetar los derechos humanos y el medio ambiente a partir del caso de Espinar en Cusco, las organizaciones Red Muqui, CooperAcción y COMUNDO, con apoyo de los productores, organizan el evento de presentación del documental y conversatorio.

Este evento tendrá lugar el miércoles 28 de setiembre a las 7 p.m. en el Goethe-Institut (Jirón. Nazca 722, Jesús María – Lima). Además de la presentación, se realizará un conversatorio que contará con la participación de Nicole Maron, una de las co-directoras del documental; Ariana Kana, defensora ambiental de Espinar; Jaime Borda, secretario ejecutivo Red Muqui; y Fabiola Yeckting, profesora sociología, UNMSM. Asimismo, se contará con la participación del Especialista en gestión de conflictos socioambientales de la Oficina General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio del Ambiente, Humberto Cordero Galdós. Finalmente, habrá un espacio de preguntas gracias al cual las y los espectadores podrán realizar consultas sobre el documental a los y las panelistas.

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Convenio marco de Espinar: una conquista inconclusa

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Este viernes se ha cumplido el quinto día de paralización en la provincia cusqueña de Espinar. Las comunidades demandan la reformulación del convenio marco con la minera Glencore Antapaccay, así como de un bono de 2000 soles por la crisis económica y social producto de la pandemia de COVID 19 y el alza del costo de vida.

Para entender el trasfondo de este conflicto y entender qué significan las demandas en torno al llamado Convenio Marco hablamos con Oracio Pacori. El director ejecutivo de la organización Derechos Humanos sin Frontera (DHSF), explica que ha habido una evolución en la conflictividad que se vive en Espinar. 

Mientras que en los años 90’ las comunidades de la provincia discutían cómo se podían beneficiar económicamente de la explotación minera, en la década siguiente, con particular fuerza en 2012, el tema principal pasó a ser la remediación de la contaminación, especialmente de las fuentes de agua. A partir de la pandemia vuelve a estar más presente el tema económico por el impacto que tiene la paralización de la actividad económica con las medidas de confinamiento y la serie de restricciones que impone el gobierno para controlar la pandemia. 

“En resumen se puede decir que al menos desde 2002 para la población está claro que si los impactos negativos de la minería no son remediados, atendidos o tratados adecuadamente van a terminar en momentos álgidos de conflictividad”, explica Pacori. 

Recuerda que Espinar no es cualquier provincia, ya que acumula 40 años de convivencia con la minería que arrastran múltiples consecuencias negativas y por otro lado una eventual ampliación de las operaciones llevarían a otros cuarenta años de actividades y nuevos impactos. El tiempo correspondiente al ciclo de vida productivo que se espera explotar, sin contar los pasivos ambientales que va arrojando la minería y que dejarán una herencia tóxica por otros cientos de años. 

El pliego de demandas  

Sin embargo se debe entender según Pacori, que en el trasfondo del conflicto subyace el relacionamiento que existe entre las comunidades y la empresa minera, justamente por el impacto que genera la minera en la vida de los espinarenses.

La plataforma de pedidos que tiene la Plataforma del Comité de Lucha lo plantea claramente, las tres demandas tienen que ver con la presencia de la minera y su actividad extractiva : 

Primera : El bono de 2 mil soles para cada habitante de la provincia con fondos del Convenio Marco, que se obtienen del tres por ciento de las utilidades de la empresa, para hacer frente a los impactos que está dejando la minería. 

Segunda : La reformulación del Convenio Marco. Pacori explica que este pedido tiene que ver con cómo se asignan y priorizan estos fondos para la provincia de Espinar

Tercera : Que se transparente cómo se va a viabilizar el proyecto Expansión Tintaya- Integración Coroccohuayco, la ampliación del actual proyecto Antapaccay y el impacto que podría tener en otro ámbito territorial y con otras comunidades en la provincia. Una ampliación que significa asimismo un incremento en las utilidades de la empresa, fondos del Convenio Marco que también se van a incrementar. 

Convenio Marco, conquista que va más allá del beneficio económico

Son, por lo tanto, pedidos, que si bien tienen plazos diferentes, están encadenados entre sí por el convenio marco. Instrumento, que tal como lo explicó hace unos años el fallecido ex alcalde de Espinar e histórico dirigente social de la provincia, Oscar Mollohuanca,  al medio de comunicación terra-justa en 2020, tiene su origen en la movilización y lucha, no en la buena voluntad de la empresa. Una conquista de la población que brinda mecanismos de control, de garantía de derechos, para que no se contamine el agua, el ambiente, etc. Planteado por el municipio y las comunidades en 1999 en medio de movilizaciones sociales, finalmente se logra firmar con la empresa en 2003. El convenio prevé la suscripción de convenios específicos para cada cláusula, algo que no se ha realizado. Estas y otras falencias son las que justifican el reclamo por la reformulación, entendida como el establecimiento de mecanismos de implementación de cada una de las disposiciones, no solamente aquella de índole económica.

La demanda de reformulación del convenio marco ha estado presente en todos los conflictos en Espinar, aunque hasta ahora las comunidades no han tenido éxito en avanzar con esta demanda. Estos planes económicos, además de no beneficiar a toda la población, evidencian el rol paternalista de las empresas que han generado relaciones clientelares de dependencia con las comunidades. En vez de que sean ellas las que administren y gestionen directamente los fondos destinados al desarrollo local, es la minera la que maneja estos recursos a través de la fundación Tintaya. De esa manera ha creado un nuevo poder fáctico de presión, de subordinación y de manipulación política desde la empresa minera hacia la sociedad espinarense, como sentenció Mollohuanca en la misma publicación.

Para las comunidades que están dentro del área de influencia directa e indirecta de la actividad minera se trata de un proceso conflictivo que se arrastra por los más de cuarenta años que tiene la minería en Espinar. 

El desenlace de las movilizaciones tiene distintos momentos, explica Pacori. La concientización es un proceso que se va produciendo en torno al pliego de demandas del Frente de Lucha y puede desencadenar en algún momento la participación de todas Espinar. Porque la agenda que tiene favorece inmediatamente la vida de los cuarenta mil habitantes que tiene la provincia de Espinar.  

Dádivas para algunos o bienestar para todos

Sin embargo, la empresa ha tejido una poderosa red de aliados, gracias al poder económica que tiene tras de sí, con el segundo mayor consorcio minero del mundo, Glencore, como matriz y con las propias utilidades que genera una explotación que durante la década pasada representó el 10 por ciento de la producción de cobre del Perú. Y así es capaz de financiar publicidad que es transmitida en un 90 por ciento de los medios locales de Espinar que mantienen un vínculo de dependencia con la actividad minera. Las instancias estatales de toma de decisión son otro ámbito al que se han extendido los brazos de la empresa. Uno de ellos es el gobierno local que administra una parte del canon minero. Y por otra parte, esas instancias integran el Comité de Gestión del convenio marco. A ello se suma un proceso de cooptación de algunos dirigentes lo que ha llevado al debilitamiento de ciertas organizaciones sociales. Hay, como constata el sociólogo José Antonio Romero, en declaraciones al medio de comunicación terra-justa en 2020, una descomposición del tejido social. Porque al final, que la minería en Espinar brinda un buen ejemplo, explica Romero, de lo que se conoce como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005): que consiste en el despojo del territorio, mercantilización y privatización de los bienes comunes, por ejemplo cuando la tierra es arrebatada, expulsando a las poblaciones indígenas y campesinos. Esta apropiación y expulsión supone también la eliminación de los diversos tipos de propiedad (colectiva), según el experto que también ha trabajado para DHSF.

Si no es con la zanahoria es con el garrote

Un proceso que despierta claras resistencias, en los crecientes conflictos socio ambientales no sólo en el Perú. Por eso, para Oracio Pacori, las respuestas por parte de las empresas y del Estado se han desplazado hacia la criminalización y represión de la protesta social.  

Con patrones de individualización en los que se persigue a defensores de derechos que se exponen con su labor, tal como se ha visto con la denuncia y amedrentamiento que ha hecho la empresa Antapaccay contra el presidente del Frente de Lucha, Sergio Huamaní. En una carta notarial dirigida esta semana al presidente, la empresa le exige que se retracte de sus denuncias contra Antapaccay que a juicio de los dueños de la minera serían acusaciones falsas.

Derechos Humaos Sin Fronteras lleva un registro, en el que se constata que sólo en último tiempo, han sido tres los defensores y de derechos quienes han sido denunciados por los operadores del consorcio, a través del mecanismo de la querella. Una estrategia, cuyo fin es golpear a las personas que se atreven a encabezar la organización de la protesta y sentar así un precedente ante los ojos de la población, para que nadie se atreva a resistir.

Las proyecciones para el futuro

Oracio Pacori prevé que en un futuro cercano el foco del conflicto se desplazará hacia las afectaciones que tiene la minería, no sólo en un recurso vital como el agua, sino directamente en la salud y la vida de las personas. Y recuerda las evidencias de los diferentes estudios, según las cuales los niveles de exposición que tienen las comuneras y comuneros a los metales pesados son muy altas. 

En lo inmediato el proceso de diálogo de Espinar en el que está involucrado el gobierno central, incluye las negociaciones sobre el convenio marco y la realización de la Consulta Previa para la ampliación del proyecto de Integración Coroccohuayco. No obstante, no son una prioridad para un Estado que le da preferencia a la inversión en nuevos proyectos mineros o en la ampliación de otros ya existentes.

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Comunicado internacional sobre afectaciones al territorio, medio ambiente y comunidades en Espinar

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Organizaciones defensoras de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente y casa común, de la región andina, reunidas en abril de 2022 en la ciudad de Cusco, ante la crisis política y social que atraviesa el Perú y las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Antapaccay – Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco de la empresa Glencore en Espinar, manifestamos nuestra solidaridad y preocupación ante:

  • Las graves violaciones de derechos humanos denunciadas por la comunidad de Alto Huarca en Espinar a raíz de las afectaciones sociales, económicas y ambientales producidas por años de extractivismo, que no han resuelto sino agravado los problemas estructurales de las comunidades.
  • Las denuncias de la población por la falta de participación efectiva y de garantías para la consulta previa, libre e informada, afectando sus derechos colectivos y las garantías contenidas bajo el Convenio 169 de la OIT, de acuerdo también al bloque de constitucionalidad, la Ley de Consulta Previa y la Sentencia A.P. 29126-2018.
  • Los constantes reclamos ante el incumplimiento de los acuerdos y compromisos de compensación, reubicación y otros establecidos con las comunidades por parte de la empresa minera Glencore Antapaccay.
  • Las graves violaciones al derecho a la salud de las comunidades debido a las afectaciones al medio ambiente y a la casa común provocados por la explotación minera, así como la falta de respuesta y atención de salud, pese a los avances en materia de políticas públicas en salud ambiental y humana en el país.
  • La evidencia de proyectos de reasentamientos que no se adecúan a estándares de derechos humanos tales como la Observación General No 7. del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Social y Culturales (PIDESC) ni responden a las necesidades culturales y formas de vida de las comunidades, promoviendo así el cambio acelerado de patrones de vida y la urbanización acelerada de la población.
  • Las afectaciones al patrimonio cultural, espiritual, y arqueológico de las comunidades, incluyendo sitios sagrados, flora y fauna, lo cual constituye, además, vulneraciones a la preservación de la memoria histórica y cultural del país.
  • Los impactos ambientales relatados sobre las fuentes hídricas, contaminación del aire y suelo por las operaciones mineras, como también impactos diferenciados e invisibilizados a grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, niños/as, personas con discapacidad, personas adultas mayores, especialmente sobre sus derechos económicos, sociales y culturales.
  • Las vulneraciones al derecho a la alimentación, reforzadas por el extractivismo y la crisis de alimento y combustible actual, que muestran que décadas de extractivismo no han supuesto una respuesta efectiva a la superación de la pobreza y la desigualdad
  • La criminalización de defensores/as ambientales y el uso de la fuerza pública que afectan el derecho a la protesta social, la libertad de expresión y asociación.

En este contexto, preocupa el plan de ampliación del proyecto minero Coroccohuayco y la amenaza de que se repitan estas prácticas y violaciones de derechos. En nuestros países hemos visto los mismos patrones de  operación de proyectos mineros de similar alcance, como en los departamentos de Guajira y Cesar, Colombia, donde Glencore también desarrolla actividades de extracción de carbón a gran escala.

Nos sumamos al pedido de las comunidades a que, en el marco del cuidado de la Casa Común y la promoción de la dignidad de las personas, se respete el ejercicio de derechos fundamentales de las comunidades afectadas por actividades extractivas, por lo que solicitamos:

  •  Que el Estado peruano atienda los problemas estructurales, las expectativas y reivindicaciones históricas acumuladas de la población peruana manifestadas en las recientes protestas sociales, para la gobernabilidad y bien común, así como el cumplimiento de rol de garante de derechos de comunidades impactadas por el extractivismo.
  • Que el Estado peruano, en especial el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Glencore, garanticen la participación efectiva y el mecanismo de consulta previa a la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Coroccohuayco, cumpliendo con los estándares internacionales ya reconocidos en el Perú y en concordancia con la Sentencia A.P. 29126-2018, la cuál se podrá aplicar con carácter retroactivo a los casos donde se haya omitido o negado el derecho a la consulta previa desde el 2012, año en que se publicó el Reglamento de la Ley de Consulta Previa en Perú.
  • Que el Estado peruano garantice la implementación efectiva de leyes que protejan a personas defensoras del medio ambiente, incluyendo la ratificación del Acuerdo de Escazú, tal como ya se avanzó en Bolivia y Chile, y que ponga fin a la criminalización y estigmatización de personas defensoras, combata la impunidad, garantice la participación y consentimiento previo de comunidades campesinas indígenas.
  • Que el Estado peruano ponga fin a la criminalización y estigmatización de personas defensoras del medio ambiente y derechos humanos y garantice la implementación efectiva de leyes que las protejan y combatan la impunidad, promoviendo su participación y consentimiento previo de comunidades campesinas indígenas.
  • Que la empresa Glencore atienda el pedido de las comunidades afectadas por sus operaciones de cumplir con sus obligaciones y los acuerdos a los que ha llegado con las comunidades afectadas, respetar los derechos humanos y los estándares internacionales, así como una real participación e implementación de la consulta previa.
  • Que los Estados de países andinos – amazónicos introduzcan una legislación robusta sobre la debida diligencia de empresas en materia de medio ambiente y derechos humanos que garantice la protección de los derechos humanos y de las personas defensoras.
  • Que los Bancos de Desarrollo que financian y apoyan inversiones en megaproyectos extractivos o de infraestructura en Perú y el resto de Sudamérica modifiquen sus directivas de pueblos indígenas, desplazamientos, compensaciones, debida diligencia y atención a grupos vulnerables, para adecuarlas a los estándares internacionalmente reconocidos de derechos humanos.

 

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Presentan guía de Monitoreo Ambiental Comunitario en el río Cañipía, zona de influencia de Antapaccay en Espinar

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El miércoles 7 de octubre a las 5 y 30pm, la institución Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) presentó la guía de Monitoreo Ambiental Comunitario basada en el reconocimiento de los indicadores biológicos de los macroinvertebrados en el río Cañipía, zona de influencia de la empresa minera Glencore Antapaccay en Espinar, Cusco.

Tras realizarse la experiencia de monitoreo ambiental comunitario entre DHSF y la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE) el  2017 y 2018, se hizo un balance respecto a las diferencias de la calidad del agua entre un año y otro. «El objetivo de la presentación de la guía es que de ahora en adelante, estos estudios lo realicen la propias comunidades, comparando los análisis de cada año y emitiendo informes para que generen su propia información a las comunidades y al Estado peruano», señaló Karem Luque, responsable de la guía de DHSF.

En esta experiencia han participado aproximadamente 20 espinarenses de Huisa Collana y Huisa.

En la presentación participaron el presidente de la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE), Santos Chuchullo, quien contó como seleccionaron sus puntos de monitoreo y la importancia de esta labor en una zona donde hay presencia minera desde hace décadas. Actualmente opera la empresa Glencore Antapaccay, que quiere ampliar su explotación a través del proyecto minero Coroccohuayco.

En la presentación, además de Karem Luque de DHSF, encargada del proyecto de monitoreo y la guía, participaron: Diana Flores, MG. Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas, quien también fue parte de la elaboración de la guía; la Dra. Ana Huamantinco, zoóloga, especialista en Taxonomía y Ecología de Insectos; y el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, que informó que su Comisión aprobó el dictamen de la iniciativa legislativa denominada “Ley para la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental ciudadano e indígena en el sistema nacional de gestión ambiental”, que busca reconocer la labor de los vigilantes y monitores ambientales ciudadanos y comunales.

Ahora falta que el dictamen se agende y apruebe por el pleno del Congreso.

Descargar la Guía AQUÍ

 

 

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Nuevamente Congreso vs Ejecutivo y el caso de los agricultores criminalizados del valle de Tambo

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

De un tiempo a esta parte pareciera que todos estamos en modo de emergencia y crisis permanente en nuestro país, y todas las semanas tenemos una nueva situación critica a nivel sanitario, social, económico y político que analizar. Mientras escribimos este editorial surge otra vez un nuevo enfrentamiento entre el poder legislativo y el Ejecutivo, esta vez debido a la difusión de unos audios que comprometen al mismo presidente de la República, Martín Vizcarra. Estas grabaciones fueron presentadas por el cuestionado congresista de UPP, Edgar Alarcón, ante el Congreso de la República. Esta situación, lamentablemente, lo único que hace es abonar más a la crisis permanente en la que vivimos y, sobre todo, genera que se pierda el foco de atención a la pandemia, la salud y la vida de millones de peruanos y peruanas.

Más de allá de esta situación política crítica, hay otros temas no menos importantes que hay que abordar, y tiene que ver con el sector minero. En las últimas semanas el nuevo ministro de Energia y Mina, Luis Miguel Incháustegui, ha venido señalando una especie de sinceramiento de las cifras en el sector minero y se ha confirmado que hay un grupo de 13 proyectos mineros que va priorizar este gobierno. De otro lado, a más de un mes del estallido del conflicto social en Espinar, el pasado 03 de setiembre se ha retomado el diálogo en Espinar. Si bien la reunión fue de forma virtual, se sentaron nuevamente la empresa minera Glencore Antapaccay, las organizaciones de la provincia de Espinar y el Ministerio de Energía y Minas para discutir la entrega del bono humanitario; al respecto se logró establecer la entrega del bono de mil soles a través del Ministerio de la Producción y la empresa privada Edenred. Según señalan los dirigentes, la fecha establecida para la implementación del pago del bono en su totalidad sería el 23 de septiembre y se realizará a través de tarjetas multiuso. Esperamos que se respeten los acuerdos.

Finalmente, esta semana se ha conocido la decisión del Juzgado Colegiado de Arequipa que ha aceptado la solicitud de la defensa legal de los agricultores del valle de Tambo y ha resuelto interrumpir (quebrar) el Juicio Oral, así fue dado a conocer por el abogado David Velasco de FEDEPAZ, ya que no se garantizaba el debido proceso judicial a través de estas audiencias virtuales para los agricultores procesados. Como se sabe, ellos fueron denunciados por participar en la protesta contra la imposición del proyecto minero Tía María el año 2015 en Arequipa. Desde Red Muqui creemos que esta es una medida positiva, debido a que la virtualidad no garantiza un adecuado ejercicio a la defensa de los denunciados, y mucho más tratándose de un caso tan complejo como este. A propósito de este tema, desde la Red Muqui venimos reimpulsando una campaña de comunicación para resaltar las potencialidades del agro en el valle de Tambo, así que les invitamos a que se sumen al #AgroParalaOlla.

 

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Espinar: se reinicia diálogo y se define implementación de entrega del bono humanitario

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Este martes 08 de septiembre, dirigentes de la provincia de Espinar se reunieron con representantes de la empresa minera Antapaccay, del Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de la Producción para conversar sobre los avances de la aplicación del bono humanitario.

Tras la reunión, que duro más de dos horas, se logró establecer la entrega del bono de mil soles a través del Ministerio de la Producción y la empresa privada Edenred. La fecha establecida para la implementación del pago en su totalidad es el 23 de septiembre y se realizará a través de tarjetas multiuso.

Dos empresas fueron las que participaron para hacerse cargo de la entrega del bono. Por un lado, Edenred con 253 mil soles en gastos operativos, contra los 80 mil soles de la empresa Carbured, que es lo que señalan les costaría implementar la entrega del bono. El Ministerio de Producción junto al MINEM eligieron a Edenred. Cabe señalar que la comisión establecida por la empresa privada será de 3.44%. El martes 15 de septiembre, el Comité de Gestión de Espinar se reunirá para evaluar el avance de las gestiones para la entrega del bono.

Sobre las otras agendas pendientes en Espinar

Sobre el proyecto Coroccohuayco, Freddy Llaique, vicepresidente del Comité de Lucha de Espinar sostuvo que lo que se viene pidiendo es la paralización del proyecto hasta que se cumpla toda la plataforma de lucha. A esto se sumó el pedido de otro dirigente quien indicó la necesidad de independizar el proyecto Coroccohuayco con el fin de establecer su propia mesa de diálogo y su convenio marco. En esa línea, Vidal Merma, presidente de la AUPE Espinar, mencionó la propuesta de que se instale cinco grupos de trabajo por tema, de manera independiente. 1) Personas afectadas con metales pesados 2) Derechos humanos y justicia 3) Contaminación ambiental 4) El corredor minero y 5) El proyecto Corocoohuayco. Todo ello con el objetivo de legitimar las mesas de diálogo con una resolución ministerial para que se asegure su cumplimiento. En respuesta, el ministro de Energía y Minas solicitó una propuesta consensuada entre las organizaciones sobre el pedido de ampliación de cinco mesas de trabajo por escrito.

La propuesta se oficializo por escrito el jueves 3 de septiembre finalizada la reunión y se envió el viernes 4 a través de la municipalidad de Espinar, el documento fue firmado por todos los dirigentes. Hasta la fecha no hay una respuesta por parte del Ministerio de Energía y Minas.

Diálogo en vilo

El día de ayer, 09 de septiembre, los dirigentes de Espinar sostuvieron una reunión con representantes de la minera Antapaccay y del Ministerio de Energía y Minas para lograr la reformulación del Convenio Marco. La reunión se centró en la cláusula séptima de “Promoción de empleo y desarrollo de capacidades”.

Sobre ésta, los dirigentes de la provincia de Espinar solicitaron que la captación de personal no calificado, de manera indirecta, sea del 100% con la posibilidad de negociarlo hasta en un 80%. Sin embargo, la propuesta de la empresa minera es de un 45%.

En el caso de la captación de personal calificado de manera directa, los dirigentes de Espinar piden que sea del 50%, pero lo ofrecido por la empresa minera es solo del 20%.

Una reunión con demandas y propuestas que no llegaron a buen acuerdo y que tuvo momentos de tensión de ambas partes. Según lo manifestado por uno de los dirigentes, el MINEM y la minera están confabulados y parcializados. El día de ayer casi se rompe el dialogo porque la minera no acepta las propuestas de los dirigentes de la provincia de Espinar.

Por tal motivo, se estableció que el Ministerio de Energía y Minas se reúna de forma individual con los representantes de la minera y luego con los dirigentes de la provincia de Espinar con la finalidad de lograr un consenso de ambas partes. La reunión tiene como fecha establecida el 18 de septiembre.

Minera Antapaccay responsabiliza de aumento de contagios a dirigentes

Otro de los puntos que preocupan a la población de Espinar es el incremento de casos de contagios por Covid-19 y las carencias en el hospital provincial. Hasta el 1 de septiembre, según el reporte epidemiológico de la red de salud de Canas, Canchis y Espinar, se han confirmado 576 contagiados de coronavirus y 13 fallecidos en la provincia de Espinar.

Además, para una población de más de 69 mil habitantes, el hospital de Espinar solo cuenta con dos médicos, 4 enfermeras, dos técnicas de enfermería y una obstetra. A esto se suma la carencia de equipos para responder a la pandemia.

Frente a esta realidad, uno de los dirigentes de Espinar señaló que la minera Antapaccay ha lanzado un psicosocial asegurando que las protestas en Espinar han originado el aumento de casos por Covid-19. Sobre este hecho, manifestó que es falso ya que en otras provincias donde no ha habido protestas y hay más incidencia de casos. Además, de los más de 500 contagiados, más de la mitad pertenecen a la empresa minera Antapaccay, que desde un inicio presentó los primeros casos y estos fueron incrementándose debido a la falta de aplicación de protocolos de salud y seguridad para sus trabajadores, tomando decisiones al margen de la Dirección Regional de Salud de Cusco, precisó el dirigente.

Como se denunció desde Red Muqui, a inicios de la cuarentena, la empresa minera Antapaccay derivó a sus trabajadores contagiados a Arequipa sin coordinar con la DIRESA Cusco y la Red de Salud provincial.

Frente a este escenario, según lo manifestado por uno de los dirigentes de Espinar, el Convenio Marco ya ha invertido 2 millones de soles para combatir el Covid-19. Se ha estableció la compra de una ambulancia, 5 mil pruebas rápidas, camas, y otros equipos. Además, señaló que se ha aprobado la compra de una planta de oxígeno transportable.

Comisión investigadora sobre heridos de Espinar tras protestas

Finalmente, sobre los hechos ocurridos en las protestas donde hubieron heridos de bala, hasta la fecha se interpuso una denuncia, y se coordinó con el Congreso de la República para conformar una comisión investigadora; sin embargo, no hay mayor información sobre avance alguno, tanto en la denuncia, como en la acción del Congreso en la conformación de la Comisión. Hace un mes, el ahora ex ministro de Energía y Minas, Perez Montoya, cuando se presentó ante la Comisión de Pueblos Andinos y de Defensa, declaró que actuaron de acuerdo al protocolo policial.

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Organizaciones presentan informe ante la CIDH sobre violación de Derechos Humanos durante la protesta reciente de Espinar

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El día martes 25 de agosto se llevó a cabo la conferencia de prensa en que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Derechos Humanos Sin Fronteras presentaron el informe especial: “Violaciones de derechos humanos que deben investigarse en la protesta social de Espinar” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como parte de la mesa de exponentes participaron: el abogado Helio Cruz, integrante de la organización “Derechos humanos sin fronteras”; Juan Carlos Quirita, dirigente social e integrante del “Comité de Lucha de Espinar”; y el congresista Lenin Bazán, presidente de la “Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos”.

Sobre el informe, el Dr. Helio Cruz realizó un análisis de los hechos ocurridos durante el paro indefinido de Espinar que generó represión policial causando diversos impactos en la población.

Como se recuerda, la principal demanda de la población era un bono humanitario de mil soles a cada uno de los electores de Espinar, haciendo uso de los recursos del Convenio Marco, que tiene el 3% de utilidades anuales de la empresa minera Glencore Antapaccay.

Vulneración de Derechos Humanos

El 15 de Julio inició la protesta social debido a la negativa de la empresa minera de acatar la decisión mayoritaria del Comité de Gestión del Convenio Marco. El 20 de Julio, en las inmediaciones del aeropuerto de Espinar, los protestantes sufrieron lesiones con perdigones en los pies y tobillos.

La segunda fecha clave fue el 22 de julio y se divide en tres momentos. El primero en los exteriores del campamento minero, el segundo en el centro poblado de Tintaya Marquiri y el tercero en la ciudad de Espinar.

Según lo expuesto por el Dr. Cruz, es en el centro poblado de Tintaya Marquiri donde se registra tres heridos con arma de fuego: un adulto y dos menores de edad. Siendo hasta la fecha imposible por parte de la policía señalar cuál era la amenaza para utilizar armas de fuego en contra de los protestantes. Vale recalcar que en la zona se encontró casquillos de balas con el símbolo de la PNP.

Terminado el enfrentamiento los pobladores reconocieron a un infiltrado que la propia policía reconoce como un capitán sociólogo adscrito a la PNP cuya supuesta labor era obtener información sobre el estado del conflicto para practicar adecuadamente la labor de la institución. Sin embargo, para el Dr. Cruz: “este argumento resulta contrario a los estándares internacionales de los derechos humanos porque es una práctica invasiva que conlleva a un elevado riesgo de violación de derechos”.

Continuando con la narración de los hechos, Helio Cruz de DSHF manifestó que el mismo 22 de julio, aproximadamente a las 5 de la tarde, dos camiones con comuneros se disponían a regresar a la ciudad de Yauri. El camión que llevaba al policía infiltrado fue intervenido de manera violenta por efectivos, quiénes dispararon perdigones contra el vehículo y las personas, dentro de las cuáles se encontraban mujeres y menores de edad.

Recomendaciones al Ministerio Público

Las denuncias fueron realizadas en la jurisdicción policial de Espinar; sin embargo, hasta la fecha los pobladores agraviados no han sido llamados por las autoridades. Finalmente, Helio Cruz indicó que la Dra. Gloria Cárdenas Alarcón fue víctima de intimidación por dar sus declaraciones indicando que tres espinarenses presentaban heridas de balas con orificios de entrada y salida.

Sobre lo expuesto el Dr. Helio Cruz planteó siete recomendaciones al Ministerio Público:

  1. Las restricciones de la protesta social en el contexto de la pandemia deberían implementarse de acuerdo a un principio de proporcionalidad.
  2. El Ministerio Público debería iniciar una investigación para identificar a los responsables de la violación de derechos humanos y solicitar las correspondientes reparaciones, conforme la directiva 3 2008 del Ministerio Público
  3. El Ministerio de Justicia debería implementar medidas eficaces para garantizar la protección de defensores de derechos humanos que se han visto en riesgo en el marco de conflicto.
  4. La Defensoría del Pueblo a través del mecanismo nacional de prevención de la tortura debería analizar el uso de la fuerza en manifestaciones sociales y efectuar recomendaciones que permitan realizar reformas institucionales.
  5. La empresa minera debería proceder conforme al estándar de la debida diligencia entregando a la Fiscalía todas las grabaciones de los hechos sucedidos en el campamento, reparando a las personas heridas absteniéndose de brindar cualquier apoyo logístico a la policía y militares.
  6. Se debe formar una comisión de investigación por el conflicto de Espinar por el uso desproporcional de la fuerza de la policía y militares. Esto debido a que hay una mayor cantidad de casos similares.
  7. Hemos presentado ante el secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este reporte acerca de las violaciones de derechos humanos en Espinar. Se trata del uso desmedido de la fuerza frente a una protesta social. Por tal motivo es pertinente que las instituciones conformantes del Estado puedan desarrollar una intervención adecuada proporcional de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.

Comité de Lucha de Espinar se pronuncia

Juan Carlos Quirita, integrante del Comité de lucha de Espinar, señaló que la protesta frente a las instalaciones de la empresa minera, el 22 de julio, fue pacífica. Indicó que fueron los jóvenes quienes reconocieron a una persona sospechosa que se identificó como poblador de la zona pero que, sin embargo, al pedirle documentos éstos indicaban que era de Lima.

El señor Quirita expuso que ya de regreso a la ciudad fueron víctimas de una emboscada por parte de la policía, quienes tras someterlos haciendo uso excesivo de la fuerza también les arrebataron sus pertenencias de valor. A esto se suma lo narrado por algunas de las víctimas mujeres, quienes indicaron que mientras estaban tendidas en el piso fueron manoseadas por los efectivos policiales.

Tras ello, los policías rompieron las lunas del camión, desinflaron las llantas y llenaron de tierra el motor del mismo dejándolo inoperativo hasta la fecha de hoy. Posteriormente los policías se dirigieron a la ciudad de Espinar a disparar perdigones y balas, causando terror entre los habitantes.

Presidente de la Comisión de Pueblos se manifiesta

Finalmente, el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, señaló que “el tema de Espinar es un ejemplo de cómo se tratan los conflictos sociales en nuestro país y como hay un gran desconocimiento del Estado hacia los pueblos indígenas y originarios”

Lenin Bazán agregó que la Comisión que preside invitó al ministro de Interior y al premier; este último envió al ministro de Cultura en representación, para que expliquen y respondan sobre lo ocurrido en Espinar. Tras la reunión con los ministros y su desconocimiento de los hechos, precisó que “van a presentar una moción de orden para que nos den facultades de investigación sobre el caso de Espinar y el lote 95 en Bretaña, porque el trato es el mismo, con el objetivo de lograr que el Estado peruano respete las obligaciones internacionales que tiene y respete los derechos de los pueblos indígenas y originarios y vele por el desarrollo sostenible y pacífico de nuestras comunidades que tras 40 años de minería en Espinar y 50 años de petróleo en Bretaña no le han dado a las comunidades 2 horas de agua al día en Espinar, y servicios básicos como la energía eléctrica o agua potable en Bretaña, Loreto. Eso implica la contradicción que debemos superar en nuestro país donde existe actividad extractiva”

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Plataforma Europea Perú manifiesta preocupación por represión contra personas defensoras de derechos en Espinar, Cusco, Perú

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Foto de Vidal Merma

La Plataforma Europa Perú (PEP) manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Espinar, Cusco, a raíz de las protestas de las comunidades aledañas al proyecto minero de Antapaccay, quienes vienen sufriendo los impactos negativos de la minería en la zona por casi 40 años y que actualmente están pasando por una crisis excepcional tras la pandemia de Covid-19

Según informes, el 15 de julio, dirigentes de las comunidades de Espinar llamaron a un paro indefinido debido a la negativa de la empresa multinacional anglosuiza Glencore a aportar un monto económico individual de S/1000 a la población por la crisis económica resultante de la pandemia 1. Para la población, ese monto formaría parte de los compromisos que la empresa ha asumido a través del Convenio Marco, que fue firmado por la minera (en aquellos entonces BHP Billiton) y las comunidades aledañas y la provincia de Espinar en el año 2003.

De acuerdo con información recibida, la fuerza policial y militar ha intentado detener las protestas haciendo uso de bombas lacrimógenas y perdigones, lo que provocó la quema de pastos y el incendio de la casa de bombeo, ubicada en la zona de Camaccmayo. El 24 de julio, también hubo reportes de un enfrentamiento entre agentes policiales y un grupo de jóvenes que se encontraba en la entrada del distrito de Yauri. Los efectivos utilizaron perdigones, armas de fuego y bombas lacrimógenas resultando heridos 5 manifestantes, evacuados al Hospital de Espinar. Dos de ellos serían menores de edad, 17 y 16 años, respectivamente. La doctora Gloria Cárdenas Alarcón, del hospital de Espinar, reportó que 3 personas heridas sufrieron impactos de proyectil de arma de fuego y que ella misma está sufriendo hostigamiento por parte del sistema de justicia por denunciar estos hechos; según informes, ha sido citada por la fiscalía y tres policías se presentaron en su centro de trabajo.

En este contexto, la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos resulta de especial preocupación. Las actividades mineras en la zona han tenido efectos muy adversos para las poblaciones aledañas, que sufren las consecuencias de la contaminación de metales pesados en sus cuerpos y en el agua que consumen o usan para actividades agrícolas 2. Las mujeres han sufrido particularmente los impactos negativos de la minería, tanto en temas de salud, alimentación, trabajo y economía. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar y se han visto más afectadas por abusos de las fuerzas policiales, habiéndose reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual.

Como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social. El pasado 6 de julio, el Tribunal Constitucional de Perú publicó una sentencia histórica reconociendo el derecho a la protesta como un principio fundamental y un derecho en sí mismo.3 La PEP acoge con gran satisfacción esta sentencia y exhorta a las autoridades en el Perú a que se abstengan de utilizar el sistema de justicia para fines coyunturales, como ocurre actualmente en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto, hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido 4, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar. Hay que recordar que las investigaciones fiscales han sido reiteradamente utilizadas en Espinar y en otros casos con el objeto de obstaculizar las actividades de líderes y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, mostramos preocupación ante el inicio de una campaña de desprestigio contra las y los líderes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, que en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.

Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui, CooperAcción y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de diversos canales, han hecho un llamado al diálogo e invocado a las instancias correspondientes a garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, la PEP da la bienvenida a los esfuerzos por reiniciar el diálogo a través de la formación de un grupo de alto nivel para discutir temas fundamentales para la población de Espinar. Es importante señalar que hay una agenda histórica pendiente a resolver en Espinar, como son la revisión y reformulación de un nuevo convenio marco, atender los impactos a la salud y el medio ambiente en las comunidades, la omisión de la consulta previa en los proyectos de Antapaccay y próximamente Coroccohuayco, entre otros temas. Por ello, confiamos que este diálogo tome en cuenta estos pendientes y cumpla con los requisitos que se requieren para ser exitoso, incluyendo garantías para que sea un diálogo horizontal y participativo.

Ante lo mencionado, y en cumplimiento de las recomendaciones que el Relator de la ONU sobre la situación de personas defensoras hizo en enero de este año, en su visita a Perú, instamos a las autoridades peruanas a:

– que cesen los actos de criminalización de la protesta social y de hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos. Además, que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público y se garanticen los derechos humanos de las personas defensoras, en especial su derecho a defender derechos, su derecho constitucional a la protesta, y la protección integral por su labor como defensores/as de derechos humanos ambientales.

– que dispongan la creación de un equipo encargado de investigar de manera inmediata actos de violencia de género física y sexual en agravio de mujeres defensoras, por parte de personal policial, militar, seguridad privada o trabajadores de la  empresa, en el marco de intervenciones a vehículos en la zona y medidas adoptadas por el Estado para mitigar la movilización.

– que se redoblen los esfuerzos para resolver el conflicto de manera pacífica en esta parte de la región Cusco, una zona donde el derecho a la salud y la vida y el derecho a un medio ambiente sin contaminación han sido sistemáticamente vulnerados por parte de la minera Antapaccay, perteneciente a la compañía Glencore.

– finalmente, que el compromiso de iniciar un diálogo por el gobierno y la población se realice de manera pronta y efectiva, sin demoras, como ha sido el caso el último lunes, cuando el diálogo se canceló a último momento por funcionarios del  gobierno nacional, lo cual solo genera más desconfianza en la población local.

 

  1. La pandemia del Covid-19, ha afectado a 48 trabajadores de Glencore, quienes han seguido operando durante la emergencia a pesar de no ser una actividad esencial, lo que ha impactado a pobladores de Espinar quienes viven en su mayoría de la actividad agropecuaria, pequeño y mediano comercio y servicios.
  2. Se han registrado 506 personas de 6 comunidades aledañas a la explotación minera de los cuales el 100 % se encuentran con niveles biológicos detectables de metales tóxicos; afectación a la producción agrícola y pecuaria, incremento de la mortandad de animales; la contaminación de los ríos Cañipía y Salado, los polvos del transporte minero y las explosiones de sus operaciones.
  3. https://idl.org.pe/tribunal-constitucional-reconoce-por-primera-vez-el-derecho-fundamental-a-la-protesta/
  4. El 15 de julio han sido notificados 8 dirigentes de las principales organizaciones de Espinar: Comité de Lucha de Espinar, Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y Construcción Civil Espinar, en vía de prevención del delito por el Ministerio Público por la “comisión de delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Resistencia o desobediencia a la Autoridad, tipificado en el artículo 368° del CP, en agravio del Estado” que tiene un claro objetivo de amedrentamiento, criminalización y desmovilización.
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Espinar: Viceministros y empresa minera no llegaron a reunión con dirigentes, alcaldes y monseñor a pesar de suspensión de protesta desde las 00 horas

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El día de hoy debía realizarse la reunión de los dirigentes sociales de Espinar, representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, del Comité de Lucha provincial, los alcaldes distritales y el alcalde provincial de Espinar, con la Comisión de Alto Nivel del gobierno liderada por el viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, Augusto Cauti, e integrada por viceministros de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, Ambiente, Salud, Justicia y Derechos Humanos e Interior; sin embargo, los viceministros no llegaron a la reunión, y tampoco la representación de la empresa minera.

Los dirigentes sociales iban a presentar los 6 puntos de la agenda de lucha del Comité: reformulación del Convenio Marco para que la población de Espinar tenga beneficios directos; la problemática de los afectados por metales tóxicos; las afectaciones del corredor minero por donde transitan los camiones de las empresas mineras; la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco; el cambio de jueces y fiscales en los juicios que se sigan desarrollando desde el 2013 contra ex dirigentes sociales de la provincia tras las protestas del 2012; y la agenda de derechos humanos respecto a las torturas que han sufrido los jóvenes y mujeres.

Desarrollo de la reunión

La reunión inició a las 12 y 20pm con las palabras del obispo de Sicuani, Pedro Bustamante, designado como mediador y facilitador del diálogo, que estuvo presente en la reunión junto al comandante Albino de la PNP, informando que el gobierno había emitido un comunicado minutos antes del inicio de la reunión señalando que los viceministros que arribaron a Cusco a las 8 y 30 am, no asistirían a Espinar porque habían tomado «conocimiento que diversas organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Espinar desconocen a la comitiva de alto nivel enviada por el Gobierno. Además, se recibió información que dichas organizaciones han convocado a bloqueos y manifestaciones, lo cual va en contra del compromiso de paz social».

Comunicado emitido minutos antes, a las 12 y 13pm por la PCM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los alcaldes distritales de Espinar mostraron la extrañeza del comunicado porque la provincia de Espinar se encontraba sin protestas y sin bloqueo de carreteras.

El alcalde del distrito de Coporaque señaló: «el Comité de lucha con dirigentes de todas las organizaciones de Espinar y los alcaldes estamos presentes, y los viceministros nos hacen venir por las puras; desde lejos venimos y dejamos nuestras responsabilidades».

Los dirigentes sociales del Comité de Lucha de Espinar expresaron que era una falta de respeto que los representantes del gobierno no hayan llegado a la reunión, cuando desde la 00 horas, Espinar se encontraba en paz social y tranquilidad para el desarrollo de la reunión tal como había solicitado el gobierno, a pesar de las torturas que recibieron varios jóvenes en las protestas desarrolladas el miércoles 22 de julio.

El dirigente del Comité de Lucha saludó, además, la presencia del comandante de la policía: Albino. «Hombre respetable; sin embargo, hay policías que nos han robado el celular y quitado el dni, a golpes nos han quitado, como a muchas señoritas que también golpearon». Como se recuerda, el 22 de julio, los espinarenses denunciaron al coronel Vargas como responsable del operativo policial que produjo 3 heridos de bala y tortura a los jóvenes que se trasladaban en un camión para apoyar las protestas. Tras las denuncias, el comandante Albino es quien ha asumido la responsabilidad a cargo de la policía en Espinar.

Los dirigentes señalaron que el comunicado emitido por el gobierno es «deshonesto. El cual el día de hoy responsabiliza a los dirigentes usando excusa para no llegar a la reunión. Eso es falta de respeto. Prefieren apoyar a la empresa minera Glencore Antapaccay».

El presidente del Comité de Lucha, Rolando Condori, señaló: «La PCM invocó, sra Paola Bustamante ahí esta tu espacio y no estás. Donde están los ministros», preguntó.

Una dirigente señaló al congresista del Cusco presente, Alexander Hidalgo: «usted congresista ha visto que no somos violentos, sí somos contestarios. ¿A quien defiende el gobierno?». También estuvieron presentes en la reunión la gobernadora del gobierno regional de Cusco, Delia Condo, y la regidora provincial de Espinar, Yeny Huillca, representante alterna de la Municipalidad en el Comité de Gestión del Convenio Marco.

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Protesta pacífica

Uno de los dirigentes del Comité de Lucha manifestó que el día de mañana, miércoles 28 de julio, realizarán un mitin pacífico en la plaza de Espinar con la bandera a media asta debido a la agresión que han recibido de parte del gobierno -policía- y la empresa minera.

Frente al desplante de la comisión enviada por el gobierno; los alcaldes, dirigentes sociales y representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, solicitan la presencia de los ministros de Estado en la Comisión de Alto Nivel.

Acta de la reunión desarrollada sin la presencia de los viceministros y la empresa minera:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Espinar: Alcaldes y dirigentes solicitan presencia de Cateriano y proponen a Monseñor de Sicuani como mediador del conflicto

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En el octavo día de paro, tras la confirmación de 3 heridos de bala por la médico cirujana del Hospital de Espinar, Gloria Gabriela Cárdenas Alarcón; el día de ayer, jueves 23 de julio, las organizaciones de Espinar, los alcaldes distritales y el alcalde provincial, Lolo Arenas, se reunieron y acordaron llamar a la calma a la población para que no haya más heridos producto de la represión policial.

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 22 de julio, durante el día, la policía reprimió fuertemente la protesta que se movilizaba hacia las instalaciones de la empresa minera que se ubica en los territorios de la comunidad Tintaya Marquiri. Y durante la noche del mismo día, la policía ingresó a la capital de la provincia de Espinar, a la ciudad, y reprimió con bombas lacrimógenas, perdigones y balas a los manifestantes.

Acuerdos

Los principales acuerdos de la reunión multisectorial entre los alcaldes y dirigentes sociales, fue la solicitud de una “comisión de alto nivel del poder ejecutivo” con la presencia del premier Cateriano y los ministros de Estado. Como mediador y facilitador de comisión de alto nivel se acordó designar al monseñor de la Prelatura de Sicuani.

Entre los otros acuerdos se señaló que en la comisión se deben tratar los 6 puntos de agenda del Comité de Lucha de Espinar, y se exige el retiro de las fuerzas policiales y militares del territorio de Espinar. Además, se solicita que “el Ministerio Público denuncie a los responsables de la arremetida, violencia de derechos humanos y abusos cometidos hacia la población de Espinar”.

Los pobladores de Espinar señalan que el coronel Vargas pateó en el piso a las personas que viajaban en un camión para apoyar la protesta, que roció alcohol en el cuerpo de las personas y que los militares abusaron sexualmente de las mujeres tocándole las partes de sus cuerpos. Ver video

 

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