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El miércoles 7 de octubre a las 5 y 30pm, la institución Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) presentó la guía de Monitoreo Ambiental Comunitario basada en el reconocimiento de los indicadores biológicos de los macroinvertebrados en el río Cañipía, zona de influencia de la empresa minera Glencore Antapaccay en Espinar, Cusco.

Tras realizarse la experiencia de monitoreo ambiental comunitario entre DHSF y la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE) el  2017 y 2018, se hizo un balance respecto a las diferencias de la calidad del agua entre un año y otro. «El objetivo de la presentación de la guía es que de ahora en adelante, estos estudios lo realicen la propias comunidades, comparando los análisis de cada año y emitiendo informes para que generen su propia información a las comunidades y al Estado peruano», señaló Karem Luque, responsable de la guía de DHSF.

En esta experiencia han participado aproximadamente 20 espinarenses de Huisa Collana y Huisa.

En la presentación participaron el presidente de la Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE), Santos Chuchullo, quien contó como seleccionaron sus puntos de monitoreo y la importancia de esta labor en una zona donde hay presencia minera desde hace décadas. Actualmente opera la empresa Glencore Antapaccay, que quiere ampliar su explotación a través del proyecto minero Coroccohuayco.

En la presentación, además de Karem Luque de DHSF, encargada del proyecto de monitoreo y la guía, participaron: Diana Flores, MG. Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas, quien también fue parte de la elaboración de la guía; la Dra. Ana Huamantinco, zoóloga, especialista en Taxonomía y Ecología de Insectos; y el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, que informó que su Comisión aprobó el dictamen de la iniciativa legislativa denominada “Ley para la articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental ciudadano e indígena en el sistema nacional de gestión ambiental”, que busca reconocer la labor de los vigilantes y monitores ambientales ciudadanos y comunales.

Ahora falta que el dictamen se agende y apruebe por el pleno del Congreso.

Descargar la Guía AQUÍ

 

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

De un tiempo a esta parte pareciera que todos estamos en modo de emergencia y crisis permanente en nuestro país, y todas las semanas tenemos una nueva situación critica a nivel sanitario, social, económico y político que analizar. Mientras escribimos este editorial surge otra vez un nuevo enfrentamiento entre el poder legislativo y el Ejecutivo, esta vez debido a la difusión de unos audios que comprometen al mismo presidente de la República, Martín Vizcarra. Estas grabaciones fueron presentadas por el cuestionado congresista de UPP, Edgar Alarcón, ante el Congreso de la República. Esta situación, lamentablemente, lo único que hace es abonar más a la crisis permanente en la que vivimos y, sobre todo, genera que se pierda el foco de atención a la pandemia, la salud y la vida de millones de peruanos y peruanas.

Más de allá de esta situación política crítica, hay otros temas no menos importantes que hay que abordar, y tiene que ver con el sector minero. En las últimas semanas el nuevo ministro de Energia y Mina, Luis Miguel Incháustegui, ha venido señalando una especie de sinceramiento de las cifras en el sector minero y se ha confirmado que hay un grupo de 13 proyectos mineros que va priorizar este gobierno. De otro lado, a más de un mes del estallido del conflicto social en Espinar, el pasado 03 de setiembre se ha retomado el diálogo en Espinar. Si bien la reunión fue de forma virtual, se sentaron nuevamente la empresa minera Glencore Antapaccay, las organizaciones de la provincia de Espinar y el Ministerio de Energía y Minas para discutir la entrega del bono humanitario; al respecto se logró establecer la entrega del bono de mil soles a través del Ministerio de la Producción y la empresa privada Edenred. Según señalan los dirigentes, la fecha establecida para la implementación del pago del bono en su totalidad sería el 23 de septiembre y se realizará a través de tarjetas multiuso. Esperamos que se respeten los acuerdos.

Finalmente, esta semana se ha conocido la decisión del Juzgado Colegiado de Arequipa que ha aceptado la solicitud de la defensa legal de los agricultores del valle de Tambo y ha resuelto interrumpir (quebrar) el Juicio Oral, así fue dado a conocer por el abogado David Velasco de FEDEPAZ, ya que no se garantizaba el debido proceso judicial a través de estas audiencias virtuales para los agricultores procesados. Como se sabe, ellos fueron denunciados por participar en la protesta contra la imposición del proyecto minero Tía María el año 2015 en Arequipa. Desde Red Muqui creemos que esta es una medida positiva, debido a que la virtualidad no garantiza un adecuado ejercicio a la defensa de los denunciados, y mucho más tratándose de un caso tan complejo como este. A propósito de este tema, desde la Red Muqui venimos reimpulsando una campaña de comunicación para resaltar las potencialidades del agro en el valle de Tambo, así que les invitamos a que se sumen al #AgroParalaOlla.

 

Este martes 08 de septiembre, dirigentes de la provincia de Espinar se reunieron con representantes de la empresa minera Antapaccay, del Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de la Producción para conversar sobre los avances de la aplicación del bono humanitario.

Tras la reunión, que duro más de dos horas, se logró establecer la entrega del bono de mil soles a través del Ministerio de la Producción y la empresa privada Edenred. La fecha establecida para la implementación del pago en su totalidad es el 23 de septiembre y se realizará a través de tarjetas multiuso.

Dos empresas fueron las que participaron para hacerse cargo de la entrega del bono. Por un lado, Edenred con 253 mil soles en gastos operativos, contra los 80 mil soles de la empresa Carbured, que es lo que señalan les costaría implementar la entrega del bono. El Ministerio de Producción junto al MINEM eligieron a Edenred. Cabe señalar que la comisión establecida por la empresa privada será de 3.44%. El martes 15 de septiembre, el Comité de Gestión de Espinar se reunirá para evaluar el avance de las gestiones para la entrega del bono.

Sobre las otras agendas pendientes en Espinar

Sobre el proyecto Coroccohuayco, Freddy Llaique, vicepresidente del Comité de Lucha de Espinar sostuvo que lo que se viene pidiendo es la paralización del proyecto hasta que se cumpla toda la plataforma de lucha. A esto se sumó el pedido de otro dirigente quien indicó la necesidad de independizar el proyecto Coroccohuayco con el fin de establecer su propia mesa de diálogo y su convenio marco. En esa línea, Vidal Merma, presidente de la AUPE Espinar, mencionó la propuesta de que se instale cinco grupos de trabajo por tema, de manera independiente. 1) Personas afectadas con metales pesados 2) Derechos humanos y justicia 3) Contaminación ambiental 4) El corredor minero y 5) El proyecto Corocoohuayco. Todo ello con el objetivo de legitimar las mesas de diálogo con una resolución ministerial para que se asegure su cumplimiento. En respuesta, el ministro de Energía y Minas solicitó una propuesta consensuada entre las organizaciones sobre el pedido de ampliación de cinco mesas de trabajo por escrito.

La propuesta se oficializo por escrito el jueves 3 de septiembre finalizada la reunión y se envió el viernes 4 a través de la municipalidad de Espinar, el documento fue firmado por todos los dirigentes. Hasta la fecha no hay una respuesta por parte del Ministerio de Energía y Minas.

Diálogo en vilo

El día de ayer, 09 de septiembre, los dirigentes de Espinar sostuvieron una reunión con representantes de la minera Antapaccay y del Ministerio de Energía y Minas para lograr la reformulación del Convenio Marco. La reunión se centró en la cláusula séptima de “Promoción de empleo y desarrollo de capacidades”.

Sobre ésta, los dirigentes de la provincia de Espinar solicitaron que la captación de personal no calificado, de manera indirecta, sea del 100% con la posibilidad de negociarlo hasta en un 80%. Sin embargo, la propuesta de la empresa minera es de un 45%.

En el caso de la captación de personal calificado de manera directa, los dirigentes de Espinar piden que sea del 50%, pero lo ofrecido por la empresa minera es solo del 20%.

Una reunión con demandas y propuestas que no llegaron a buen acuerdo y que tuvo momentos de tensión de ambas partes. Según lo manifestado por uno de los dirigentes, el MINEM y la minera están confabulados y parcializados. El día de ayer casi se rompe el dialogo porque la minera no acepta las propuestas de los dirigentes de la provincia de Espinar.

Por tal motivo, se estableció que el Ministerio de Energía y Minas se reúna de forma individual con los representantes de la minera y luego con los dirigentes de la provincia de Espinar con la finalidad de lograr un consenso de ambas partes. La reunión tiene como fecha establecida el 18 de septiembre.

Minera Antapaccay responsabiliza de aumento de contagios a dirigentes

Otro de los puntos que preocupan a la población de Espinar es el incremento de casos de contagios por Covid-19 y las carencias en el hospital provincial. Hasta el 1 de septiembre, según el reporte epidemiológico de la red de salud de Canas, Canchis y Espinar, se han confirmado 576 contagiados de coronavirus y 13 fallecidos en la provincia de Espinar.

Además, para una población de más de 69 mil habitantes, el hospital de Espinar solo cuenta con dos médicos, 4 enfermeras, dos técnicas de enfermería y una obstetra. A esto se suma la carencia de equipos para responder a la pandemia.

Frente a esta realidad, uno de los dirigentes de Espinar señaló que la minera Antapaccay ha lanzado un psicosocial asegurando que las protestas en Espinar han originado el aumento de casos por Covid-19. Sobre este hecho, manifestó que es falso ya que en otras provincias donde no ha habido protestas y hay más incidencia de casos. Además, de los más de 500 contagiados, más de la mitad pertenecen a la empresa minera Antapaccay, que desde un inicio presentó los primeros casos y estos fueron incrementándose debido a la falta de aplicación de protocolos de salud y seguridad para sus trabajadores, tomando decisiones al margen de la Dirección Regional de Salud de Cusco, precisó el dirigente.

Como se denunció desde Red Muqui, a inicios de la cuarentena, la empresa minera Antapaccay derivó a sus trabajadores contagiados a Arequipa sin coordinar con la DIRESA Cusco y la Red de Salud provincial.

Frente a este escenario, según lo manifestado por uno de los dirigentes de Espinar, el Convenio Marco ya ha invertido 2 millones de soles para combatir el Covid-19. Se ha estableció la compra de una ambulancia, 5 mil pruebas rápidas, camas, y otros equipos. Además, señaló que se ha aprobado la compra de una planta de oxígeno transportable.

Comisión investigadora sobre heridos de Espinar tras protestas

Finalmente, sobre los hechos ocurridos en las protestas donde hubieron heridos de bala, hasta la fecha se interpuso una denuncia, y se coordinó con el Congreso de la República para conformar una comisión investigadora; sin embargo, no hay mayor información sobre avance alguno, tanto en la denuncia, como en la acción del Congreso en la conformación de la Comisión. Hace un mes, el ahora ex ministro de Energía y Minas, Perez Montoya, cuando se presentó ante la Comisión de Pueblos Andinos y de Defensa, declaró que actuaron de acuerdo al protocolo policial.

El día martes 25 de agosto se llevó a cabo la conferencia de prensa en que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Derechos Humanos Sin Fronteras presentaron el informe especial: “Violaciones de derechos humanos que deben investigarse en la protesta social de Espinar” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como parte de la mesa de exponentes participaron: el abogado Helio Cruz, integrante de la organización “Derechos humanos sin fronteras”; Juan Carlos Quirita, dirigente social e integrante del “Comité de Lucha de Espinar”; y el congresista Lenin Bazán, presidente de la “Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos”.

Sobre el informe, el Dr. Helio Cruz realizó un análisis de los hechos ocurridos durante el paro indefinido de Espinar que generó represión policial causando diversos impactos en la población.

Como se recuerda, la principal demanda de la población era un bono humanitario de mil soles a cada uno de los electores de Espinar, haciendo uso de los recursos del Convenio Marco, que tiene el 3% de utilidades anuales de la empresa minera Glencore Antapaccay.

Vulneración de Derechos Humanos

El 15 de Julio inició la protesta social debido a la negativa de la empresa minera de acatar la decisión mayoritaria del Comité de Gestión del Convenio Marco. El 20 de Julio, en las inmediaciones del aeropuerto de Espinar, los protestantes sufrieron lesiones con perdigones en los pies y tobillos.

La segunda fecha clave fue el 22 de julio y se divide en tres momentos. El primero en los exteriores del campamento minero, el segundo en el centro poblado de Tintaya Marquiri y el tercero en la ciudad de Espinar.

Según lo expuesto por el Dr. Cruz, es en el centro poblado de Tintaya Marquiri donde se registra tres heridos con arma de fuego: un adulto y dos menores de edad. Siendo hasta la fecha imposible por parte de la policía señalar cuál era la amenaza para utilizar armas de fuego en contra de los protestantes. Vale recalcar que en la zona se encontró casquillos de balas con el símbolo de la PNP.

Terminado el enfrentamiento los pobladores reconocieron a un infiltrado que la propia policía reconoce como un capitán sociólogo adscrito a la PNP cuya supuesta labor era obtener información sobre el estado del conflicto para practicar adecuadamente la labor de la institución. Sin embargo, para el Dr. Cruz: “este argumento resulta contrario a los estándares internacionales de los derechos humanos porque es una práctica invasiva que conlleva a un elevado riesgo de violación de derechos”.

Continuando con la narración de los hechos, Helio Cruz de DSHF manifestó que el mismo 22 de julio, aproximadamente a las 5 de la tarde, dos camiones con comuneros se disponían a regresar a la ciudad de Yauri. El camión que llevaba al policía infiltrado fue intervenido de manera violenta por efectivos, quiénes dispararon perdigones contra el vehículo y las personas, dentro de las cuáles se encontraban mujeres y menores de edad.

Recomendaciones al Ministerio Público

Las denuncias fueron realizadas en la jurisdicción policial de Espinar; sin embargo, hasta la fecha los pobladores agraviados no han sido llamados por las autoridades. Finalmente, Helio Cruz indicó que la Dra. Gloria Cárdenas Alarcón fue víctima de intimidación por dar sus declaraciones indicando que tres espinarenses presentaban heridas de balas con orificios de entrada y salida.

Sobre lo expuesto el Dr. Helio Cruz planteó siete recomendaciones al Ministerio Público:

  1. Las restricciones de la protesta social en el contexto de la pandemia deberían implementarse de acuerdo a un principio de proporcionalidad.
  2. El Ministerio Público debería iniciar una investigación para identificar a los responsables de la violación de derechos humanos y solicitar las correspondientes reparaciones, conforme la directiva 3 2008 del Ministerio Público
  3. El Ministerio de Justicia debería implementar medidas eficaces para garantizar la protección de defensores de derechos humanos que se han visto en riesgo en el marco de conflicto.
  4. La Defensoría del Pueblo a través del mecanismo nacional de prevención de la tortura debería analizar el uso de la fuerza en manifestaciones sociales y efectuar recomendaciones que permitan realizar reformas institucionales.
  5. La empresa minera debería proceder conforme al estándar de la debida diligencia entregando a la Fiscalía todas las grabaciones de los hechos sucedidos en el campamento, reparando a las personas heridas absteniéndose de brindar cualquier apoyo logístico a la policía y militares.
  6. Se debe formar una comisión de investigación por el conflicto de Espinar por el uso desproporcional de la fuerza de la policía y militares. Esto debido a que hay una mayor cantidad de casos similares.
  7. Hemos presentado ante el secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este reporte acerca de las violaciones de derechos humanos en Espinar. Se trata del uso desmedido de la fuerza frente a una protesta social. Por tal motivo es pertinente que las instituciones conformantes del Estado puedan desarrollar una intervención adecuada proporcional de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.

Comité de Lucha de Espinar se pronuncia

Juan Carlos Quirita, integrante del Comité de lucha de Espinar, señaló que la protesta frente a las instalaciones de la empresa minera, el 22 de julio, fue pacífica. Indicó que fueron los jóvenes quienes reconocieron a una persona sospechosa que se identificó como poblador de la zona pero que, sin embargo, al pedirle documentos éstos indicaban que era de Lima.

El señor Quirita expuso que ya de regreso a la ciudad fueron víctimas de una emboscada por parte de la policía, quienes tras someterlos haciendo uso excesivo de la fuerza también les arrebataron sus pertenencias de valor. A esto se suma lo narrado por algunas de las víctimas mujeres, quienes indicaron que mientras estaban tendidas en el piso fueron manoseadas por los efectivos policiales.

Tras ello, los policías rompieron las lunas del camión, desinflaron las llantas y llenaron de tierra el motor del mismo dejándolo inoperativo hasta la fecha de hoy. Posteriormente los policías se dirigieron a la ciudad de Espinar a disparar perdigones y balas, causando terror entre los habitantes.

Presidente de la Comisión de Pueblos se manifiesta

Finalmente, el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, señaló que “el tema de Espinar es un ejemplo de cómo se tratan los conflictos sociales en nuestro país y como hay un gran desconocimiento del Estado hacia los pueblos indígenas y originarios”

Lenin Bazán agregó que la Comisión que preside invitó al ministro de Interior y al premier; este último envió al ministro de Cultura en representación, para que expliquen y respondan sobre lo ocurrido en Espinar. Tras la reunión con los ministros y su desconocimiento de los hechos, precisó que “van a presentar una moción de orden para que nos den facultades de investigación sobre el caso de Espinar y el lote 95 en Bretaña, porque el trato es el mismo, con el objetivo de lograr que el Estado peruano respete las obligaciones internacionales que tiene y respete los derechos de los pueblos indígenas y originarios y vele por el desarrollo sostenible y pacífico de nuestras comunidades que tras 40 años de minería en Espinar y 50 años de petróleo en Bretaña no le han dado a las comunidades 2 horas de agua al día en Espinar, y servicios básicos como la energía eléctrica o agua potable en Bretaña, Loreto. Eso implica la contradicción que debemos superar en nuestro país donde existe actividad extractiva”

Foto de Vidal Merma

La Plataforma Europa Perú (PEP) manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Espinar, Cusco, a raíz de las protestas de las comunidades aledañas al proyecto minero de Antapaccay, quienes vienen sufriendo los impactos negativos de la minería en la zona por casi 40 años y que actualmente están pasando por una crisis excepcional tras la pandemia de Covid-19

Según informes, el 15 de julio, dirigentes de las comunidades de Espinar llamaron a un paro indefinido debido a la negativa de la empresa multinacional anglosuiza Glencore a aportar un monto económico individual de S/1000 a la población por la crisis económica resultante de la pandemia 1. Para la población, ese monto formaría parte de los compromisos que la empresa ha asumido a través del Convenio Marco, que fue firmado por la minera (en aquellos entonces BHP Billiton) y las comunidades aledañas y la provincia de Espinar en el año 2003.

De acuerdo con información recibida, la fuerza policial y militar ha intentado detener las protestas haciendo uso de bombas lacrimógenas y perdigones, lo que provocó la quema de pastos y el incendio de la casa de bombeo, ubicada en la zona de Camaccmayo. El 24 de julio, también hubo reportes de un enfrentamiento entre agentes policiales y un grupo de jóvenes que se encontraba en la entrada del distrito de Yauri. Los efectivos utilizaron perdigones, armas de fuego y bombas lacrimógenas resultando heridos 5 manifestantes, evacuados al Hospital de Espinar. Dos de ellos serían menores de edad, 17 y 16 años, respectivamente. La doctora Gloria Cárdenas Alarcón, del hospital de Espinar, reportó que 3 personas heridas sufrieron impactos de proyectil de arma de fuego y que ella misma está sufriendo hostigamiento por parte del sistema de justicia por denunciar estos hechos; según informes, ha sido citada por la fiscalía y tres policías se presentaron en su centro de trabajo.

En este contexto, la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos resulta de especial preocupación. Las actividades mineras en la zona han tenido efectos muy adversos para las poblaciones aledañas, que sufren las consecuencias de la contaminación de metales pesados en sus cuerpos y en el agua que consumen o usan para actividades agrícolas 2. Las mujeres han sufrido particularmente los impactos negativos de la minería, tanto en temas de salud, alimentación, trabajo y economía. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar y se han visto más afectadas por abusos de las fuerzas policiales, habiéndose reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual.

Como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social. El pasado 6 de julio, el Tribunal Constitucional de Perú publicó una sentencia histórica reconociendo el derecho a la protesta como un principio fundamental y un derecho en sí mismo.3 La PEP acoge con gran satisfacción esta sentencia y exhorta a las autoridades en el Perú a que se abstengan de utilizar el sistema de justicia para fines coyunturales, como ocurre actualmente en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto, hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido 4, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar. Hay que recordar que las investigaciones fiscales han sido reiteradamente utilizadas en Espinar y en otros casos con el objeto de obstaculizar las actividades de líderes y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, mostramos preocupación ante el inicio de una campaña de desprestigio contra las y los líderes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, que en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.

Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui, CooperAcción y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de diversos canales, han hecho un llamado al diálogo e invocado a las instancias correspondientes a garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, la PEP da la bienvenida a los esfuerzos por reiniciar el diálogo a través de la formación de un grupo de alto nivel para discutir temas fundamentales para la población de Espinar. Es importante señalar que hay una agenda histórica pendiente a resolver en Espinar, como son la revisión y reformulación de un nuevo convenio marco, atender los impactos a la salud y el medio ambiente en las comunidades, la omisión de la consulta previa en los proyectos de Antapaccay y próximamente Coroccohuayco, entre otros temas. Por ello, confiamos que este diálogo tome en cuenta estos pendientes y cumpla con los requisitos que se requieren para ser exitoso, incluyendo garantías para que sea un diálogo horizontal y participativo.

Ante lo mencionado, y en cumplimiento de las recomendaciones que el Relator de la ONU sobre la situación de personas defensoras hizo en enero de este año, en su visita a Perú, instamos a las autoridades peruanas a:

– que cesen los actos de criminalización de la protesta social y de hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos. Además, que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público y se garanticen los derechos humanos de las personas defensoras, en especial su derecho a defender derechos, su derecho constitucional a la protesta, y la protección integral por su labor como defensores/as de derechos humanos ambientales.

– que dispongan la creación de un equipo encargado de investigar de manera inmediata actos de violencia de género física y sexual en agravio de mujeres defensoras, por parte de personal policial, militar, seguridad privada o trabajadores de la  empresa, en el marco de intervenciones a vehículos en la zona y medidas adoptadas por el Estado para mitigar la movilización.

– que se redoblen los esfuerzos para resolver el conflicto de manera pacífica en esta parte de la región Cusco, una zona donde el derecho a la salud y la vida y el derecho a un medio ambiente sin contaminación han sido sistemáticamente vulnerados por parte de la minera Antapaccay, perteneciente a la compañía Glencore.

– finalmente, que el compromiso de iniciar un diálogo por el gobierno y la población se realice de manera pronta y efectiva, sin demoras, como ha sido el caso el último lunes, cuando el diálogo se canceló a último momento por funcionarios del  gobierno nacional, lo cual solo genera más desconfianza en la población local.

 


  1. La pandemia del Covid-19, ha afectado a 48 trabajadores de Glencore, quienes han seguido operando durante la emergencia a pesar de no ser una actividad esencial, lo que ha impactado a pobladores de Espinar quienes viven en su mayoría de la actividad agropecuaria, pequeño y mediano comercio y servicios.
  2. Se han registrado 506 personas de 6 comunidades aledañas a la explotación minera de los cuales el 100 % se encuentran con niveles biológicos detectables de metales tóxicos; afectación a la producción agrícola y pecuaria, incremento de la mortandad de animales; la contaminación de los ríos Cañipía y Salado, los polvos del transporte minero y las explosiones de sus operaciones.
  3. https://idl.org.pe/tribunal-constitucional-reconoce-por-primera-vez-el-derecho-fundamental-a-la-protesta/
  4. El 15 de julio han sido notificados 8 dirigentes de las principales organizaciones de Espinar: Comité de Lucha de Espinar, Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y Construcción Civil Espinar, en vía de prevención del delito por el Ministerio Público por la “comisión de delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Resistencia o desobediencia a la Autoridad, tipificado en el artículo 368° del CP, en agravio del Estado” que tiene un claro objetivo de amedrentamiento, criminalización y desmovilización.

El día de hoy debía realizarse la reunión de los dirigentes sociales de Espinar, representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, del Comité de Lucha provincial, los alcaldes distritales y el alcalde provincial de Espinar, con la Comisión de Alto Nivel del gobierno liderada por el viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, Augusto Cauti, e integrada por viceministros de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, Ambiente, Salud, Justicia y Derechos Humanos e Interior; sin embargo, los viceministros no llegaron a la reunión, y tampoco la representación de la empresa minera.

Los dirigentes sociales iban a presentar los 6 puntos de la agenda de lucha del Comité: reformulación del Convenio Marco para que la población de Espinar tenga beneficios directos; la problemática de los afectados por metales tóxicos; las afectaciones del corredor minero por donde transitan los camiones de las empresas mineras; la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco; el cambio de jueces y fiscales en los juicios que se sigan desarrollando desde el 2013 contra ex dirigentes sociales de la provincia tras las protestas del 2012; y la agenda de derechos humanos respecto a las torturas que han sufrido los jóvenes y mujeres.

Desarrollo de la reunión

La reunión inició a las 12 y 20pm con las palabras del obispo de Sicuani, Pedro Bustamante, designado como mediador y facilitador del diálogo, que estuvo presente en la reunión junto al comandante Albino de la PNP, informando que el gobierno había emitido un comunicado minutos antes del inicio de la reunión señalando que los viceministros que arribaron a Cusco a las 8 y 30 am, no asistirían a Espinar porque habían tomado «conocimiento que diversas organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Espinar desconocen a la comitiva de alto nivel enviada por el Gobierno. Además, se recibió información que dichas organizaciones han convocado a bloqueos y manifestaciones, lo cual va en contra del compromiso de paz social».

Comunicado emitido minutos antes, a las 12 y 13pm por la PCM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los alcaldes distritales de Espinar mostraron la extrañeza del comunicado porque la provincia de Espinar se encontraba sin protestas y sin bloqueo de carreteras.

El alcalde del distrito de Coporaque señaló: «el Comité de lucha con dirigentes de todas las organizaciones de Espinar y los alcaldes estamos presentes, y los viceministros nos hacen venir por las puras; desde lejos venimos y dejamos nuestras responsabilidades».

Los dirigentes sociales del Comité de Lucha de Espinar expresaron que era una falta de respeto que los representantes del gobierno no hayan llegado a la reunión, cuando desde la 00 horas, Espinar se encontraba en paz social y tranquilidad para el desarrollo de la reunión tal como había solicitado el gobierno, a pesar de las torturas que recibieron varios jóvenes en las protestas desarrolladas el miércoles 22 de julio.

El dirigente del Comité de Lucha saludó, además, la presencia del comandante de la policía: Albino. «Hombre respetable; sin embargo, hay policías que nos han robado el celular y quitado el dni, a golpes nos han quitado, como a muchas señoritas que también golpearon». Como se recuerda, el 22 de julio, los espinarenses denunciaron al coronel Vargas como responsable del operativo policial que produjo 3 heridos de bala y tortura a los jóvenes que se trasladaban en un camión para apoyar las protestas. Tras las denuncias, el comandante Albino es quien ha asumido la responsabilidad a cargo de la policía en Espinar.

Los dirigentes señalaron que el comunicado emitido por el gobierno es «deshonesto. El cual el día de hoy responsabiliza a los dirigentes usando excusa para no llegar a la reunión. Eso es falta de respeto. Prefieren apoyar a la empresa minera Glencore Antapaccay».

El presidente del Comité de Lucha, Rolando Condori, señaló: «La PCM invocó, sra Paola Bustamante ahí esta tu espacio y no estás. Donde están los ministros», preguntó.

Una dirigente señaló al congresista del Cusco presente, Alexander Hidalgo: «usted congresista ha visto que no somos violentos, sí somos contestarios. ¿A quien defiende el gobierno?». También estuvieron presentes en la reunión la gobernadora del gobierno regional de Cusco, Delia Condo, y la regidora provincial de Espinar, Yeny Huillca, representante alterna de la Municipalidad en el Comité de Gestión del Convenio Marco.

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Protesta pacífica

Uno de los dirigentes del Comité de Lucha manifestó que el día de mañana, miércoles 28 de julio, realizarán un mitin pacífico en la plaza de Espinar con la bandera a media asta debido a la agresión que han recibido de parte del gobierno -policía- y la empresa minera.

Frente al desplante de la comisión enviada por el gobierno; los alcaldes, dirigentes sociales y representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, solicitan la presencia de los ministros de Estado en la Comisión de Alto Nivel.

Acta de la reunión desarrollada sin la presencia de los viceministros y la empresa minera:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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En el octavo día de paro, tras la confirmación de 3 heridos de bala por la médico cirujana del Hospital de Espinar, Gloria Gabriela Cárdenas Alarcón; el día de ayer, jueves 23 de julio, las organizaciones de Espinar, los alcaldes distritales y el alcalde provincial, Lolo Arenas, se reunieron y acordaron llamar a la calma a la población para que no haya más heridos producto de la represión policial.

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 22 de julio, durante el día, la policía reprimió fuertemente la protesta que se movilizaba hacia las instalaciones de la empresa minera que se ubica en los territorios de la comunidad Tintaya Marquiri. Y durante la noche del mismo día, la policía ingresó a la capital de la provincia de Espinar, a la ciudad, y reprimió con bombas lacrimógenas, perdigones y balas a los manifestantes.

Acuerdos

Los principales acuerdos de la reunión multisectorial entre los alcaldes y dirigentes sociales, fue la solicitud de una “comisión de alto nivel del poder ejecutivo” con la presencia del premier Cateriano y los ministros de Estado. Como mediador y facilitador de comisión de alto nivel se acordó designar al monseñor de la Prelatura de Sicuani.

Entre los otros acuerdos se señaló que en la comisión se deben tratar los 6 puntos de agenda del Comité de Lucha de Espinar, y se exige el retiro de las fuerzas policiales y militares del territorio de Espinar. Además, se solicita que “el Ministerio Público denuncie a los responsables de la arremetida, violencia de derechos humanos y abusos cometidos hacia la población de Espinar”.

Los pobladores de Espinar señalan que el coronel Vargas pateó en el piso a las personas que viajaban en un camión para apoyar la protesta, que roció alcohol en el cuerpo de las personas y que los militares abusaron sexualmente de las mujeres tocándole las partes de sus cuerpos. Ver video

 

Por: Jaime Borda /Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

Durante las últimas semanas hemos venido advirtiendo de la reactivación de varios conflictos sociales en el país, principalmente los vinculados al tema minero, y como si esto no fuera suficiente, el nuevo premier Pedro Cateriano y su gabinete han señalado que ellos han entrado a destrabar las inversiones mineras para reactivar la economía del país. Ya los gremios mineros habían salido a decir que para atender la actual crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del Covid-19, proyectos mineros como Tía María en Arequipa tienen que retomarse, y que con Conga en Cajamarca debe revisarse y que debían agilizarse los “tramites burocráticos” para aprobar cuanto antes Quellaveco en Moquegua, Mina Justa en Ica, ampliación Coroccohuayco en Espinar, entre otros.

Y Espinar es la provincia que ha estado en el foco del conflicto esta semana, como se sabe los pobladores reclaman el uso de los fondos del convenio marco firmado el año 2003 y del cual se desprenden varias clausulas, entre ellos la entrega del 3% de utilidades anuales generadas por la minera Glencore. El alcalde provincial de Espinar, los alcaldes distritales, las organizaciones sociales y la empresa minera Antapaccay han sostenido varias reuniones en las ultimas semanas para ponerse de acuerdo sobre la entrega de este bono solidario a más de 50 mil pobladores de la provincia, el monto acordado inicialmente fue de 1000 soles; sin embargo, en la ultima reunión del 14 de julio la empresa minera de manera unilateral decidido no aceptar este pedido, es más presentaron otro programa denominado “Reactiva Espinar”, todo esto ha generado un malestar comprensible en los pobladores de la provincia.

Luego de agotarse el diálogo, la población ha decidido iniciar un paro indefinido desde el pasado miércoles 15 de julio, y entre el miércoles y jueves de esta semana se han registrado situaciones de represión y violencia contra los pobladores de la ciudad de Espinar, denunciándose varios casos de abuso de derechos humanos por parte de los efectivos policiales y las fuerzas armadas. Hemos podido observar por los medios y las redes sociales, además, el incendio de un camión minero de Las Bambas en circunstancias más que extrañas que tienen que investigarse, ya que desde el gobierno nacional y la empresa minera se busca responsabilizar de estas acciones a los espinarences. Por ello, lo ocurrido en la noche del miércoles 22 de julio en pleno centro de la ciudad de Espinar es más que preocupante, desde mayo del 2012 no se registraban estos de niveles de violencia y de abuso denunciados por la población, inclusive los mismos periodistas han sido atacados por la PNP, también hay denuncias de agresiones sexuales a las mujeres, entre otros. Todos estos hechos tendrán que ser investigados por las autoridades competentes, no se puede pasar por alto estos excesos.

Por lo pronto, las autoridades locales de Espinar, así como los representantes de las organizaciones sociales han llamado al diálogo y piden la presencia del Premier Cateriano. Desde la Red Muqui hacemos un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto ha restablecer el diálogo, así mismo pedimos el cese a la violencia de parte de la PNP y las FFAA, y el pleno respeto por los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas de Espinar.