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Las protestas contra Dina Boluarte también paralizan proyectos mineros en el Perú

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Desde el 1 de febrero se han paralizado los trabajos de extracción de cobre de la minera Las Bambas ubicada en el distrito de Challhuahuacho de la provincia apurimeña de Cotabambas. La empresa aduce que la paralización de sus operaciones se debe a la falta de suministro de insumos impedidos de llegar desde diciembre pasado, cuando estalló la crisis política y social. En el marco de las protestas, en las que las comunidades exigen la renuncia de Dina Boluarte y la disolución del Congreso, las acciones han incluido continuos bloqueos del corredor vial minero, emprendido en los departamentos de Cusco y Apurímac, y uno de los principales ejes de la actividad minera en el sur del país. 

Por la ruta pasa aproximadamente el 20 por ciento de la producción del metal rojo del país que proviene a parte de la mina Las Bambas, propiedad de la compañía de capitales chinos MMG; del proyecto minero Antapaccay situada en la comunidad de Tintaya Marquiri en la provincia cusqueña de Espinar, de la compañía Glencore con casa matriz en Suiza; y la mina Constancia, del consorcio canadiense Hudbay ubicada en el distrito de Livitaca y Chamaca provincia de Chumbivilcas que también pertenece al departamento del Cusco.

Las tres explotaciones han tenido dificultades para transportar sus concentrados de cobre desde inicios de enero debido a los cortes de carreteras, que además han limitado la capacidad de llevar suministros a los campamentos mineros.

A parte del rechazo que ha generado entre la población del sur del Perú en términos generales la vacancia del presidente Castillo y su reemplazo en el cargo por Dina Boluarte por decisión del Congreso, las comunidades en torno a los proyectos mineros desde hace años vienen reclamando por una serie de derechos vulnerados. Así por ejemplo la defensa del territorio comunal que han planteado las comunidades campesinas afectadas por la explotación minera de Las Bambas, es uno de los ejes del conflicto, ya que estiman que la Resolución Ministerial 372 emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 2018 desconoció sus derechos ancestrales sobre este territorio. Mediante esta normativa sus carreteras comunales fueron transformadas por decreto en vías nacionales para que la empresa cuprífera pudiera transportar en vehículos encapsulados el mineral extraído. 

Las comunidades y sus dirigentes vienen denunciando incesantemente que en torno a esta cuestión no hubo una consulta previa ni saneamiento de terrenos. A ello se añade que por años han estado expuestos a la contaminación que produce el transporte de los minerales, volcaduras, derrames y la emisión de polvo que ha dañado las praderas donde pastorean su ganado y ha perjudicado la actividad agrícola en general de la zona.

Los impactos de las protestas van más allá del corredor minero del sur

La producción cuprífera no ha sido la única afectada por los bloqueos. San Rafael, el mayor yacimiento de estaño en Sudamérica ubicado en el departamento de Puno y propiedad de Minsur, suspendió sus operaciones el 12 de enero. La decisión según comunicó la empresa sería una medida de solidaridad con los familiares de las 18 personas asesinadas en los alrededores del aeropuerto de Juliaca durante las protestas en la región altiplánica.

A ello se suma la más reciente suspensión de operaciones mineras del proyecto Julcani situado en el distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, región Huancavelica anunciada por la compañía Buenaventura el 5 de febrero pasado. De acuerdo a reportes de prensa, un grupo de alrededor de 80 manifestantes tomaron las instalaciones de la mina y bloquearon la carretera que conecta a la ciudad de Lircay. Hasta el momento, no se han registrado enfrentamientos o actos de violencia.

Macabros hallazgos

Sin embargo, los hechos que han causado especial consternación se vinculan con los incendios causados supuestamente por manifestantes en las instalaciones de la minera de oro Anabi, cuyas unidades Huismarca en Cusco y Utunsa en Cotabambas, Apurímac fueron ocupados violentamente el pasado 20 de enero. La compañía minera informó una semana después del hallazgo de los cadáveres de Santos Rolando Yanque Lagos y Wilman Chahua Oviedo, fallecidos en las instalaciones de su unidad minera Utunsa. La empresa comunicó la recuperación de los cuerpos después de que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho solicitara a la empresa autorización para realizar la búsqueda de los dos comuneros que habían sido reportados como desaparecidos.  

Los comuneros del distrito de Haquira de la provincia apurimeña de Cotabambas reclaman desde hace años, con protestas y bloqueos por la contaminación con cianuro y otras sustancias tóxicas de la cabecera de cuenca del Ccosecmayo producida por la explotación del yacimiento Utunsa que ha afectado a todas las comunidades que se encuentran río abajo.

Es de recordar que el caso de Anabi no es la excepción, tal como se expone más arriba la situación en Las Bambas. La mayoría de estos proyectos mineros paralizados cuentan con serios cuestionamientos por parte de las comunidades y poblaciones locales, ya que los impactos ambientales, sociales y económicos son innegables, así como la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en decenas de mesas de diálogo que se desplegaron en todo el país. Parte importante de las agendas que hoy movilizan a las comunidades y pobladores contra Dina Boluarte, el Congreso de la República y otros entes sectoriales estatales se explican, porque no se han hecho cambios ni reformas en el sector minero en los ultimos 30 años en el Perú.

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Comunidades espinarenses acuerdan bono de S/2000 con minera Antapaccay

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Después de nueve días de movilización de las comunidades de la provincia cusqueña de Espinar y una jornada de tregua en la que ellas, las autoridades locales, provinciales y la empresa minera Antapaccay Glencore se sentaron a negociar, la tarde del miércoles el Frente Único por la Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) finalmente logró acordar la entrega de un bono de dos mil soles para enfrentar la crisis económica y social producto de la pandemia de COVID 19 y el alza del costo de vida.

En sesión extraordinaria del Comité de Gestión del Convenio Marco por la Provincia de Espinar se acordó que el bono beneficiará a ciudadanos electores en la provincia de Espinar que hayan nacido en la provincia, beneficio que se extenderá a estudiantes de nivel superior con el mismo lugar de nacimiento, aún cuando estudien en el extrarradio del ámbito administrativo de Espinar.

El financiamiento de este subsidio se realizará a través de los dos últimos aportes a los fondos del Convenio Marco, que se obtienen del tres por ciento de las utilidades de la empresa Antapaccay.

Más allá del bono, que se comenzará a pagar pasadas las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, no fueron resueltos los otros dos puntos del pliego de demandas. Estos se referían a la reformulación del Convenio Marco y a transparentar el proyecto Expansión Tintaya- Integración Coroccohuayco, la ampliación del actual proyecto de explotación Antapaccay. 

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Chumbivilcas: Comunidades de Ccapacmarca acuerdan nuevo diálogo con Mirtha Vásquez por conflicto con Las Bambas

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Las comunidades de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas han reiterado este lunes su rechazo al acuerdo alcanzado entre algunas comunidades de Chumbivilcas, el ejecutivo encabezado por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Minera MMG Las Bambas celebrado el 30 de diciembre pasado en la comunidad de Huininquiri. Por el momento no descartan retomar las acciones de bloqueo del corredor vial minero, sin embargo, han logrado que la premier Mirtha Vásquez se comprometa a desplazarse nuevamente a la zona para reunirse y dialogar directamente con estas comunidades el próximo 17 de enero.

En conversación con Red Muqui, uno de sus dirigentes explicó que el principal motivo del conflicto no ha sido atendido, por lo cual las comunidades mencionadas decidieron no ser parte del acuerdo con el gobierno e incluso se retiraron del lugar antes de que finalizara la reunión del 30 de diciembre. Las comunidades exigen la derogación de la Resolución Ministerial No. 372-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que modificó la figura legal de caminos comunitarios que cruzan el territorio de numerosas comunidades de Chumbivilcas, convirtiéndolas en una vía nacional que desde entonces conforma el corredor vial minero.

 

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas.

En cuanto a las posturas divergentes entre comunidades de algunos distritos y otros de la provincia de Chumbivilcas que tienen en común haber sido despojados de caminos rurales para verlos convertidos en rutas para el transporte de minerales, el dirigente de Ccapacmarca, que ha preferido el anonimato, explicó que las comunidades vecinas prefieren ser partícipes de la cadena de valor de la producción minera.

En este punto, según el acta del acuerdo de Huininquiri, el Ministerio de Energía y Minería (MINEM) retomará las reuniones con la empresa y las comunidades para continuar la discusión sobre la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la producción del yacimiento minero.

Las comunidades de Ccapacmarca, en cambio, no han cesado de denunciar los impactos ambientales por el continuo uso de sus territorios para el traslado de los camiones de carga. El dirigente añadió que existen impactos diferenciados producidos por el traslado del material que realizan los camiones.  En el caso de las comunidades de Ccapacmarca, los camiones atraviesan los mismos poblados de las comunidades, en cambio, en otras comunidades de la provincia la vía usada por los vehículos se encuentra a varios kilómetros de las zonas pobladas. No obstante, en una cita del diario “El Correo”, Judith Cjuno, presidenta del Frente de Defensa de los Intereses de Ccapacmarca explicó: “Las comunidades de Ccapacmarca tenemos una plataforma de lucha que se armó el 2019 para ser reconocidos como zona de influencia ambiental y social ya que sufrimos un impacto y contaminación terrible, por lo que la producción de maíz, trigo, cebada ya no es la misma. Sin embargo la minera siempre nos ha respondido que no tiene ninguna obligación con nosotros porque transitaban por una vía nacional declarada de manera ilegal y que buscamos derogar”.

Al respecto, las comunidades del distrito de Ccapacmarca reclaman que la empresa minera debe incluirlas como área de influencia directa en cuanto a impactos sociales y ambientales. Algo que conllevaría una serie de obligaciones por parte de la empresa para mitigar esas consecuencias y que deben ser incluidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En este punto central del debate, el Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) se comprometió que a través de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hará seguimiento y comunicará del proceso de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La minera en cambio, sólo ha accedido a considerar a las comunidades de la provincia de Chumbivilcas como Área de Interés Social y Ambiental. Lo cual implica que bajo este tratamiento la empresa puede invertir en proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades de la provincia de Chumbivilcas y el corredor vial minero.

En relación a las demandas de las comunidades de Ccpacmarca, la Presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros Descentralizado, señaló: “Hay tres comunidades que han manifestado su deseo de tener un diálogo directo porque tienen demandas específicas con énfasis en temas ambientales”, aceptando la solicitud de reunión.

LA PCM ya decretó la Zona de Atención Especial

La PCM declaró como “Zona de Atención Especial” (ZAE) a 14 comunidades de seis distritos de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, como parte de sus compromisos con las comunidades de Chumbivilcas en la reunión del 30 de diciembre. Según la resolución ministerial N° 005-2022-PCM, este decreto servirá para la planificación de las acciones que propondrá un Grupo de Trabajo que se creará para formular el plan de intervención para la ZAE-Chumbivilcas, el cual estará encargado a la PCM. El plan de intervención tiene como propósito promover el desarrollo socioeconómico sostenible, con enfoque territorial, intercultural y multisectorial en las comunidades cusqueñas a las que alcanza dicha resolución ministerial.

Finalmente, cabe destacar que la premier Mirtha Vásquez reiteró que el Gobierno velará por el cumplimiento de los acuerdos y remarcó que el Ejecutivo prevé instalar equipos de trabajo permanente en las comunidades campesinas para atender a los pobladores locales.

 

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Entrevista a periodista N. Maron: «A veces me da vergüenza decir que soy de Suiza»

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Entrevista a periodista Nicole Maron: «A veces me da vergüenza decir que soy de Suiza»
La periodista suiza Nicole Maron vive en el Perú y tiene un compromiso con el cuidado del medio ambiente y un mundo más justo. Denuncia el estilo de vida globalizado del Norte Global como un sistema neocolonialista que explota al resto del mundo, escribió una carta abierta al Ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, y toca puntos delicados en muchas de sus publicaciones.

Nicole Maron, usted llama al estilo de vida supuestamente «civilizado» del Norte Global neocolonialista explotador. ¿Qué exactamente quiere decir con esto?

En América Latina y otras regiones del Sur Global, los efectos de la globalización se pueden sentir muy claramente. Las relaciones económicas a nivel global siguen basándose en la explotación, a pesar de que la era del colonialismo supuestamente ya ha terminado. Pero lo que vivimos hoy en día, es una forma extrema de neocolonialismo, sostenido no por la fuerza de armas sino por la presión económica y política. Los y las habitantes de países como Perú o Bolivia sufren por las consecuencias negativas de este modelo, el cual permite el estilo de vida lujoso y bien asegurado en países como Suiza.

¿A qué consecuencias negativas se refiere?

Por ejemplo, a la deforestación de la selva o la contaminación por la minería. A nivel mundial, cada minuto se tala una superficie de selva tropical del tamaño de 30 campos de fútbol, un diez por ciento de esto en Brasil. Gran parte de las zonas deforestadas se destinan a la producción de soja, es decir, a la alimentación del ganado cuya carne se exporta a China, Estados Unidos o Europa. Por otro lado, las actividades mineras contaminan el agua, el suelo y el aire, destruyendo la base de vida de la población local.

¿Conoce algún caso concreto de contaminación?

Por supuesto. En lugares como Espinar o Cerro de Pasco estamos hablando de personas que tienen hasta 17 metales pesados en la sangre y cuyos animales mueren porque beben agua de ríos envenenados.

¿Hay empresas suizas que son involucrados en esta situación?

Hay muchas empresas mineras transnacionales que operan en el Perú. En Cerro de Pasco y también en Espinar, la empresa suiza Glencore maneja tres minas que ya llevan casi 40 años causando graves daños al medio ambiente y a la salud de la población. La empresa actúa con una indiferencia y arrogancia increíble. Lo único que le interesa es su ganancia.

¿Cuál es la actitud del gobierno peruano?

El gobierno peruano tanto como el gobierno suizo están apoyando a las empresas porque el Estado se beneficia de estas actividades a través de los impuestos. En el mes de noviembre del año pasado, el gobierno suizo recomendó rechazar la iniciativa para mayor responsabilidad empresarial por temor a los daños económicos para Suiza. Con esta actitud, Suiza ha declarado oficialmente que la economía tiene prioridad sobre los derechos humanos.

¿Fue esa la razón por la que escribió una carta al Ministro Ignazio Cassis el 28 de febrero de 2021?

El motivo de esta carta fue un pronunciamiento de Cassis en diciembre, en el cual anunció que, de aquí en adelante, las ONGs ya no podrán utilizar fondos de la COSUDE -la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación- para campañas de información y sensibilización en Suiza.

¿Qué significa eso en lenguaje sencillo?

Que la cooperación al desarrollo debería concentrarse en sus proyectos en el Sur Global y no puede evidenciar los daños que la política y las empresas suizas causan en el extranjero. Se ignora la destrucción del medio ambiente, la crisis climática y la muerte de personas para que la población suiza pueda mantener su estilo de vida orientado al consumo. Los metales que se extraen aquí en el Perú y en otros países, se utilizan para baterías y dispositivos electrónicos que compramos en Suiza a montones.

En su carta, usted exige un gobierno que asuma su responsabilidad y ponga la ética por encima de los intereses económicos, para que ya no tenga que avergonzarse cuando diga que es de Suiza.¿Siente vergüenza de su país?

Desgraciadamente, sí. Porque, me guste o no, soy parte del sistema que se base en la explotación y resulta en la injusticia global. Con mi pasaporte y un sueldo mayor al sueldo promedio peruano o boliviana, tengo privilegios – no sólo en Suiza-, sino también aquí. Por ejemplo, el acceso a una buena atención sanitaria.

¿Cómo se percibe a Suiza en países como Perú o Bolivia, que -según la lista de la Fundación Alemana para el Desarrollo en cooperación con la OCDE- se consideran países en desarrollo?

Depende a quién se le pregunte. Muchos empleados estatales la perciben de manera muy positiva, a Suiza y a los otros países que invierten aquí, porque aportan al crecimiento económico. Pero si se habla con la población indígena que sufre directamente por las decisiones políticas y las actividades económicas de Suiza, la percepción es muy diferente.

¿Tiene un ejemplo?

Si. En enero hice entrevistas en comunidades indígenas de Espinar para un documental sobre las minas de Glencore. Una señora mayor me pidió que hiciera un llamado a Suiza y a los directores de Glencore.

¿Qué dijo exactamente?

Dijo: «Yo sufrí desde mi niñez por la minería. Mi papa trabajaba en una mina hasta su muerte, pero ahora mi pobre mamá no recibe ni seguro ni renta. Se han comprometido en educarnos, pero por ser gente humilde, gente originaria, aquí no hay justicia. Por eso ya hago un llamado a los dueños de la mina. Seguramente no soy la única a quien les pasan estas cosas. En todo el mundo, cuantos niños estarán sufriendo por la minería, cuantas madres estarán golpeadas, cuantas despojadas de sus terrenos. ¿Por qué tenemos que sufrir? Pregunto también al Estado peruano y a los congresistas, ¿por qué no nos manda sus abogados? A todos ellos hago este llamado, con mi tanto sufrimiento.»

Usted señala que el consumismo de la población del Norte Global es corresponsable por esta situación. ¿Qué podemos hacer para cambiarla?

Cada uno puede cambiar su comportamiento como consumidor. Por ejemplo, ¿realmente necesitamos un nuevo celular cada año, o cada nuevo dispositivo? Hay que ser más consciente de nuestra huella ecológica, la cual en Suiza es mayor que en muchos otros países. Pero creo que hay algo con lo que se puede lograr mucho más: el compromiso político. En Suiza tenemos la oportunidad de participar e influir en las decisiones de nuestro gobierno hasta cierto punto, y deberíamos aprovechar este derecho.

¿Por qué vive en el Perú actualmente?

Después de vivir en Kurdistán por un año de 2010 al 2011, quise conocer a América Latina como otra región del mundo con fuertes movimientos sociales que luchan contra el sistema de opresión y explotación. Aquí y también en Bolivia donde vivía antes, he aprendido mucho, incluso culturalmente y espiritualmente.

¿Por ejemplo?

En la región andina y también en la amazónica la gente tiene otras formas de pensar y vive realidades que son completamente diferentes, los cuales cuestionan el llamado «progreso» y la visión académica del mundo. Hablo del «llamado progreso» porque un estilo de vida que resulta en la destrucción de nuestro planeta no debería ser llamado desarrollado, sino primitivo y estúpido. Al fin y al cabo, estamos destruyendo poco a poco nuestra propia base de vida. Sin embargo, los países que se autodenominan «desarrollados» presumen enseñar al resto del mundo como se puede vivir mejor.

Entonces, ¿la vida en los países desarrollados no es mejor que en los países en desarrollo?

No necesariamente, porque son los países desarrollados que definen lo que significa una vida mejor, y esta definición se basa principalmente en tener más plata. Pero este modelo principalmente sirve a la economía y a las empresas. Conozco a muchas personas en Suiza que se han enfermado o han caído en depresión entre los 30 y los 40 años, porque ya no podían soportar las presiones del mundo laboral. Incluso hay niños y niñas de la primaria en Suiza que sufren de depresión debido a la presión por el rendimiento. Ahora, ¿un sistema que hace que la gente enferme, realmente puede ser un buen sistema?

¿Usted quiere cambiar el sistema?

Mi compromiso es compartir las experiencias que hago aquí con personas en Suiza y otros países del norte, esperando que esto ayude que ellos reflexionen más sobre los efectos de su estilo de vida. Tal vez de esta manera, se pueda impulsar un cambio de conciencia que es muy necesario. Porque el sistema económico actual ha creado una sociedad de consumo que acabará llevándonos a todos y todas al borde del colapso.

Podría tener un trabajo bien pagado en Suiza o en otro país del llamado primer mundo, mientras que las oportunidades de ganar dinero en el Perú probablemente sean menores. ¿No le importa eso?

Para nada. Nunca he hecho depender mis actividades profesionales o mi compromiso de mis ingresos, sino únicamente de lo que hago vale la pena. Mientras pueda sustentarme con mi sueldo, seguiré trabajando en proyectos no remunerados, sea en Suiza o en el extranjero.

 

Entrevista: Kerem S. Maurer
Publicado en: Anzeiger von Saanen, Suiza, 23. de abril 2021

Nicole Maron Oscamayta es una escritora y periodista suiza. Desde 2017, vive en Bolivia y el Perú. Trabaja para diferentes medios de Suiza y Alemania y realiza documentales, con un enfoque en temáticas socio-políticas y medio-ambientales como migración, (in)justicia global, descolonización, derechos humanos, y espiritualidad.

www.maron.ch

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Cusco: Espinar inicia huelga y Chumbivilcas da plazo de 72 horas al gobierno

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El día de hoy, 28 de enero, las organizaciones de Espinar decidieron iniciar una huelga indefinida a través de una asamblea pública que se viene desarollando en la plaza principal de Espinar.

Los motivos del inicio de la huelga se deben a que el gobierno y la empresa minera Glencore Antapaccay abandonaron la mesa de diálogo el 7 de agosto del año pasado tras el paro de casi un mes en julio sin resolver los problemas integrales de Espinar. Solo se logró atender el primer punto de la plataforma, que era el otorgamiento de un bono para la reactivación económica de los espinarenses. Los problemas de fondo como la reformulación del Convenio Marco para que el pueblo realmente pueda velar por su desarrollo tras 40 años de actividad minera; la ampliación del proyecto minero Corocohuaycco que debe ser consultado a toda la provincia; la reparación y remediación ambiental del corredor minero; la atención inmediata a los afectados por metales tóxicos; la conformación de una comisión de justicia y derechos humanos para sancionar a los responsables de los heridos y muertos en el conflicto en años anteriores y que el Estado abandone la criminalización de la protesta a dirigentes; han quedado irresueltos, sin que los tres gobiernos que ya vamos teniendo, hayan atendido estos problemas.

Además, la mesa de diálogo y los puntos de la plataforma de lucha no han sido reconocidos a través de una resolución ministerial, un instrumento jurídico que institucionalice y obligue a las partes a cumplir con el dialogo y los acuerdos que se alcancen.

La única respuesta del gobierno, frente al anuncio del reinicio de protestas en días pasados, fue la emisión de un oficio del Ministerio de Energía y Minas N° 015- 2021 MINEM- OGGS, de fecha 21 de enero, en que propone virtualizar el diálogo y que una comisión de autoridades y dirigentes de Espinar viajen a la ciudad de Lima.

Frente a ello, los dirigentes de Espinar rechazaron la virtualidad del diálogo y el viaje de la comitiva; debido a que en Chumbivilcas, el gobierno ha estado desarrollando mesas de diálogo presenciales cumpliendo los protocolos de salud y seguridad.

 

Chumbivilcas da plazo de 72 horas

Tras el reinicio de la mesa de diálogo en su segundo día, el miércoles 27 de enero; los dirigentes del Frente Unificado de la Provincia de Chumbivilcas y las autoridades municipales decidieron dar un plazo de 72 horas al gobierno y la empresa minera para que participen de la mesa de diálogo el ministro o viceministro de Energía y Minas y el gerente general de Hudbay, debido a que los representantes actuales no tienen poder resolutivo.

El segundo día de la mesa de diálogo se suspendió debido a que la empresa minera no acepta el aporte del 7% de sus utilidades y lo que ofreció, a través de su representante: Víctor Hugo Cotrina, son 500 mil soles anuales para cada distrito de la provincia, 1 millón de soles para la implementación de acciones de prevención y lucha contra el covid-19; y la gestión de 42 millones de soles de inversión en obras que se harían por la modalidad de Obras por Impuestos.

Además, los dirigentes exigieron que Hudbay deje de trabajar durante la suspensión de la mesa de diálogo y anunciaron que iniciarán medidas legales para la nulidad de la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la unidad minera Constancia, tal como lo señalan los periodistas de Pulso Regional, que estuvieron presentes en la mesa de diálogo.

Puedes ver el desarrollo del segundo día de la mesa de diálogo AQUÍ

 

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Se reactivan conflictos en el corredor minero sur: Chumbivilcas, Espinar, Cotabambas

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Chumbivilcas

Tras 8 días de paralización de las comunidades de la provincia de Chumbivilcas agrupadas en el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH); el día de hoy, viernes 22 de enero, llegaría un representante del Ministerio de Energía y Minas para abordar las exigencias de la provincia:

  • Acuerdo de un Convenio Marco Provincial con la empresa minera Hudbay para que destine el 7 % de las utilidades anuales y se incorpore el monitoreo ambiental comunitario del medio ambiente y salud humana.
  • Nulidad de la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Constancia de Hudbay debido a que el instrumento ambiental en participación ciudadana se realizó solo a través de sesiones virtuales y llamadas telefónicas, vulnerando los derechos colectivos a la participación ciudadana oportuna, intercultural y con transparencia.
  • Fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en los distritos afectados por la minería.

La medida de paralización se tomó debido al desplante de la empresa minera, que convocó a los dirigentes y autoridades a una reunión. “El 7 de diciembre, Chumbivilcas ha terminado con las vías de diálogo y muy a pesar de ello cuando Hudbay envió una carta para reunirnos el 15 de enero, Chumbivilcas ha aceptado (mediante oficios) y hemos estado presentes dirigentes y autoridades. Todo para escuchar la propuesta de la empresa minera… Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas y Hudbay no se presentaron en Chilloroya, por eso el pueblo chumbivilcano ha decidido levantarse en pie de lucha”, señaló el presidente del FUDICH, Wilbert Fuentes.

Espinar

Las organizaciones sociales de la provincia cusqueña de Espinar: el Frente Único de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) y la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), entre otras organizaciones, anunciaron que retomarán la huelga indefinida el 28 de enero a través de un comunicado, tras tener una asamblea el 14 de enero.

Señalan en su comunicado que el gobierno y la empresa minera abandonaron la mesa de diálogo que tenía como agenda la reformulación del Convenio Marco, la consulta previa del proyecto minero Coroccohuayco, la reparación a los afectados por metales tóxicos de Espinar y la remediación de los lugares contaminados.

Además, rechazan que el ministerio de Energía y Minas sea el facilitador de las reuniones con el gobierno central debido a que estaría parcializado con la empresa minera.

Asimismo, rechazan que el gobierno y el Ministerio Público estén desarrollando procesos penales contra los dirigentes sociales que han liderado los legítimos reclamos de la población, criminalizando así la protesta social.

Finalizan su comunicado saludando el fallo del Poder Judicial que exige al Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Cusco a atender a la población afectada por metales tóxicos de la provincia.

Las Bambas

Ante el paro iniciado el 23 de noviembre del año pasado que fue suspendido el 7 de diciembre ante la propuesta del gobierno de retomar las mesas de diálogo que había abandonado la empresa y el mismo gobierno; el 20 de enero se desarrolló la reunión entre representantes del MINEM, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantaron; el congresista Lenin Checco; autoridades municipales; dirigentes sociales; y representantes de MMG Las Bambas, para que la empresa minera informe sobre las transferencias por canon minero que recibió la región entre el 2012 y el 2020. Los dirigentes sociales de la Federación Campesina del distrito de Chalhuahuacho y Frente Único de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Chalhuahuacho exigen que la empresa minera pague el canon del segundo semestre del 2017 a la fecha, debido a que la empresa no ha reportado utilidades y por ello no ha habido canon, que en la situación actual es clave debido a la crisis económica producto de la pandemia.

Las organizaciones de Challhuahuacho han dado como plazo el 10 de febrero para que el gobierno responda si habrá canon este año, tal como lo exige toda la provincia de Cotabambas. Además, se abordarán otros puntos como la afectación ambiental en la región producto de la actividad minera. Los dirigentes pidieron la presencia de funcionarios del Ministerio del Ambiente, OEFA y ANA.

 

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Diálogo urgente en Espinar -Cusco- para garantizar el respeto por los derechos humanos

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Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), la RED MUQUI, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos a nivel regional y nacional, ante el inicio del paro indefinido en la Provincia de Espinar (Cusco) por la distribución de un bono humanitario de mil soles con fondos del Convenio Marco para los pobladores de Espinar, manifestamos lo siguiente:

  1. El Convenio Marco es un acuerdo aprobado en el año 2003 entre la empresa minera, el gobierno local y los actores sociales de la provincia de Espinar, y establece un fondo para el desarrollo y necesidades urgentes de las comunidades de la Provincia de Espinar. El uso de los recursos económicos derivados del convenio los decide el Comité de Gestión, y debe implementarse de acuerdo a las demandas y necesidades de la población local y sus comunidades. La profunda crisis generada por el impacto de la pandemia del COVID-19 en el país y en Espinar, ha llevado a que el Comité de Gestión del Convenio Marco autorice el uso de estos recursos para la distribución de un bono humanitario de mil soles.
  2. En ese sentido, invocamos a las partes involucradas para que a través del diálogo encuentren los canales adecuados para la implementación de los acuerdos del Comité de Gestión del Convenio Marco, presidido por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar e integrado por los alcaldes distritales, Frente de Defensa, Federación Unificada de Campesinos de Espinar, AUPE, Cuenca Cañipia, Cuenca Salado y representante de la Compañía Minera Antapaccay.
  3. Exhortamos al gobierno nacional y a la empresa minera para que a través del diálogo faciliten una salida a este conflicto, tomando en cuenta la grave situación de la pandemia del COVID-19, el derecho a la salud y la vida, y el derecho a un medio ambiente sin contaminación. Del mismo modo, hacemos un llamado a la población de Espinar, a los representantes de las OSBs, y a las autoridades locales evitar caer en actos de provocación y de violencia -como los extraños hechos ocurridos el día lunes 20-, así como evitar la exposición y diseminación del Covid-19 a través de las aglomeraciones.
  4. Deploramos que frente a las medidas tomadas por el Comité de Gestión del Convenio Marco, y en pleno contexto de pandemia y crisis, se haya iniciado una campaña de desprestigio a las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, la misma que ha sido desestimada por el Comité. Estos hechos en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.

Finalmente, como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social, como ocurre en las actuales circunstancias en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar, en este sentido rechazamos cualquier forma de abuso de autoridad, así como de actos de violencia que se puedan desatar.

 

Lima, 20 de julio de 2020

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Urge cuarentena absoluta y poner a trabajadores mineros a salvo

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¿Por qué el sector minero no puede parar sus actividades si estas no son esenciales según los criterios de salud y alimentación de la población establecido en el Decreto Supremo 044-2020-PCM?

Por: Beatriz Cortez S. / Equipo de Red Muqui

En diciembre de 2019 se encontró el primer caso de Covid-19 en Wuhan, una de las ciudades más grandes del centro de China. A la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la pandemia con un total de 160 países que reportan contagios. El virus se sigue propagando por todo el mundo y a excepción de China, las estrategias de contención que los demás países desarrollan no está funcionando; es decir se siguen reportando miles de casos más y el virus se sigue propagando. En Italia la situación es muy dura, el sábado 21 de marzo se reportó la muerte de 793 personas en un solo día a causa del virus, el record a nivel mundial de muertes por Covid-19 en un solo día. Un equipo de médicos chinos que combatieron en primera línea al Coronavirus en su país viajó a Italia para aportar en la estrategia de contención del virus y señalaron que la cuarentena que está usando ese país no está funcionando pues todas las actividades no estaban paralizadas: “Ahora mismo tenemos que parar el tiempo”, señalaron los expertos chinos.

La línea naranja es la progresión de casos de contagio en China como se observa los casos están controlados, la línea amarilla es la progresión de casos en otros países. Fuente: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)

¿Por qué es tan importante poder contener la propagación del virus? La importancia radica en dos razones fundamentales: 1) evitar el colapso del sistema de salud, es decir si bien la tasa de letalidad del virus no es alta, la saturación del sistema de salud provocará tener que elegir a quienes estarán dirigidos los escasos recursos y la atención médica; es decir la primera razón es lograr la protección de la vida de la mayoría de personas que sea posible ante un inminente colapso sanitario y 2) ganar tiempo para poder estudiar el virus y encontrar su cura y/o desarrollar mejores medidas de prevención; este es un virus nuevo muy poco conocido por la ciencia a nivel global. Si el virus se sigue propagando este es más difícil de estudiar en sus variedades y progresiones. A la ciencia no le conviene que haya más contagios, esto dificulta las investigaciones.  China , junto a Singapur y Corea del Sur son los únicos países que han demostrado efectividad para controlar el virus con la estrategia de la “supresión”, esto a partir de la aplicación de una cuarentena absoluta y estricta como medida fundamental para garantizar el distanciamiento social y cortar las rutas de exposición a contagios; lo que logra suprimir la propagación del virus. Otros países vienen aplicando una estrategia de “mitigación”, es decir de “aplanar la curva” para ralentizar los contagios; esto no evita que tarde o temprano haya más contagios, los habrán de todas formas. Esto tampoco implica garantizar que no haya muertes, las habrán de todas formas por la escasez de recursos materiales y la tasa exponencial de contagio del virus; este es el caso de Italia, por ejemplo.

Lo que nos preguntamos es, porqué en Perú el gobierno no aplica una estrategia de supresión del virus: es decir, una cuarentena absoluta. Veamos el caso de nuestro país: el primer caso de contagio se reportó el 6 de marzo; 5 días después, el 11 de marzo, el Ministerio de Salud declaró Emergencia Sanitaria Nacional por 90 días (Decreto Supremo 008-2020-SA). Durante toda esa semana se siguieren reportando casos, la ruta de exposición al contagio ya estaba expandiéndose en el país. El domingo 15 sesionaba el Consejo de Ministros; esa noche Martín Vizcarra anunció la declaratoria de “Estado de Emergencia Nacional” (EEN) que contenía la medida de cuarentena. La norma salió publicada el día siguiente: Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.  Esta norma tiene como objetivo principal: “proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población” y en su artículo 4, establece una serie de excepciones relacionadas a actividades directamente vinculadas a garantizar la medida de cuarentena.

Sin embargo, desde el primer día de decretada la cuarentena se empezaron a reportar que diversos sectores empresariales de la rama privada hacían que sus trabajadores continuaran con las actividades a pesar de la medida de distanciamiento social; y el sistema de la Policía Nacional del Perú habilitó que los trabajadores obtengan pases de circulación con motivo de trabajo: empresas agroexportadoras, empresas de bebidas y alimentos no esenciales, textiles, call centers de llamadas privadas, entre muchas otras cuyos rubros no se encuentran dentro de las actividades esenciales para garantizar las medidas de prevención que requiere esta Emergencia Sanitaria. El sector minero es uno de estos, mineras como Las Bambas y Chinalco el primer día de cuarentena anunciaban que seguirían realizando sus labores de operación. El martes 17, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado donde informaba que en función al literal l) del artículo 4° del Decreto Supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas les daba la conformidad para que el subsector minero se encuentre dentro de las actividades económicas de excepción al estado de emergencia con el fin de que este subsector “garantice el sostenimiento de sus operaciones críticas con el personal mínimo indispensable”. El comunicado también señala que los titulares mineros puedan continuar con el transporte de concentrado de minerales, carga y actividades conexas para asegurar el ciclo logístico. En los días siguientes, mineras como AngloAmerican, Antamina, Newmont, Volcan-Glencore y Cerro Verde anunciaban que reducían sus actividades a las “operaciones críticas” y que disminuían su “fuerza de trabajo”.

 

Si bien aún no conocemos el contenido del Oficio N° 059-2020-F/10.1 que otorga la conformidad del MEF para exceptuar al rubro minero de la cuarentena; sí podemos señalar que la categoría “operaciones críticas” señalada en el comunicado del MINEM, según nuestra normatividad, estaría referida a las categorías desarrolladas por el Sistema de Activos Críticos Nacionales. El Decreto Supremo N° 106-2017-PCM que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), señala que estos son: “aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales e imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales”; sin embargo, tenemos que advertir que estos criterios de clasificación de las operaciones mineras no están adecuados  a criterios de  optimización de  la medida sanitaria de cuarentena, sino que responde a criterios productivistas que el MINEM y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) han venido aplicando como regla en el país. Pero en estos momentos no puede seguir aplicándose la regla si nos encontramos en una situación excepcional y de emergencia vital.

El viernes 20 de marzo la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos emitió una carta dirigida al presidente Vizcarra señalando que, durante la semana, en las unidades mineras, se habían seguido reportando actividades de entrada y salida de los trabajadores, además de otras actividades relacionadas a la alimentación y la logística. La Federación señaló como dos de sus principales demandas en este contexto 1) La fiscalización de los servicios estrictamente esenciales y 2) Disponer que todo despido o acto que perjudique los derechos laborales sea inválido. Estas demandas de los trabajadores mineros son primordiales para salvaguardar su salud y sus derechos laborales; sin embargo, resulta que muchos de los trabajadores deciden seguir yendo a trabajar por miedo a ser despedidos si se niegan a hacerlo, de tal forma que se encuentran, en muchos casos, en una situación de coacción y condicionamiento, poniendo en riesgo su salud y la de sus familias con tal de no perder su puesto de trabajo. A nuestra institución también han llegado denuncias de trabajadores mineros que se encuentran obligados a trabajar sin ningún tipo de protección especial para prevenir contagios y en actividades que no son mínimas ni esenciales acordes a las medidas sanitarias requeridas. Estos son los casos de Perubar e Impala Terminals; estas dos empresas son parte de la cadena logística de almacenamiento, transporte y embarque de mineral concentrado fuera del país. También llegó denuncias de trabajadores de la empresa de Tren Ferrovías, que transporta el mineral de las regiones al Callao. En las 3 empresas, el trabajo se da las 24 horas del día y laboran hasta 12 horas diarias.

Se puede observar una fila de trabajadores para ingresar a laborar sin ningún implemento de prevención para evitar contagios. Fuente: FNTMMSPOFICIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad no existe por parte del Estado peruano garantías de fiscalización para asegurar que las diversas empresas mineras acaten con rigurosidad el “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Covid-19” que habilita la Emergencia Sanitaria Nacional y  que sus operaciones estén reducidas y con las medidas de protección correspondientes para resguardar la salud de los trabajadores, sus familias y la de comunidades y poblaciones que se encuentran en contacto con estos trabajadores. La SUNAFIL como ente rector de fiscalización en materia laboral debe garantizar la protección de los trabajadores; sin embargo, esto no pasa. El Sindicato de Trabajadores de Shougang también denunció que la empresa amenaza y condiciona a los obreros para que laboren con normalidad. El Sindicato apela al propio Decreto Supremo 044-2020-PCM para negarse a laborar; estos obreros corren el riesgo de ser despedidos y el Estado peruano los está dejando en desprotección. Y no solo son los casos de las empresas mineras Shougang, Perubar o Impala Terminals; incluso no hay forma de garantizar que en los casos de aquellas empresas mineras que señalan que están reduciendo sus actividades, esto se haga de forma estricta y bajo criterios de sanidad y salubridad y no bajo criterios productivistas.

Cómo se evidencia,  la situación del sub sector minero es privilegiada (#MineríaConCorona) y no se justifica a nivel técnico que el Ministerio de Economía y Finanzas  haya decidido que esta sea una actividad que debe estar exceptuada del Estado de Emergencia Nacional y además que se halle sin fiscalización alguna, ni laboral ni ambiental. Sabemos que la medida de cuarentena tiene el objetivo principal de garantizar el “distanciamiento social” como medida sanitaria escencial y prioritaria para enfrentar la propagación del Covid-19. Es una medida costosa pero necesaria para poder garantizar el derecho humano a la vida y a la salud. No hay costo material que pueda pesar más que salvaguardar la vida de miles de peruanos. El Estado peruano debe tomar la decisión de que todos los sectores privados  que no realicen actividades escenciales para la vida de la nación acaten una cuarentena estricta; los trabajadores mineros deben ponerse a salvo y las rutas de exposición al contagio deben cortarse con mayor rigurosidad, de lo contrario a largo plazo tendremos un escenario mucho más costoso y muy grave para la mayoría de familias del país.

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Empresas de cadena de producción de minerales obligan a trabajadores a laborar a pesar de anuncio de Vizcarra

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Durante los primeros días tras el estado de emergencia se han conocido diversas denuncias de trabajadores mineros de las empresas mineras: Glencore (Cusco), MMG Las Bambas (Apurímac), Southern (Tacna), etc, que denunciaron que estaban trabajando con normalidad a pesar del estado de emergencia que inicialmente no exceptuaba a la actividad minera como una actividad indispensable que podía continuar desarrollándose al igual que las empresas que están en el rubro de la alimentación y salud en este tiempo de crisis. Asimismo, a Red Muqui, nos llegó recientemente denuncias de trabajadores de empresas concentradoras y exportadoras de minerales (IMPALA y PERUBAR) que denunciaban que eran obligados a trabajar a pesar del último anuncio del presidente Martín Vizcarra el viernes 20, que señala que las operaciones mineras que se desarrollen deben ser “remotas y confinadas”, para que no se exponga a las personas.

Comunicado del Ministerio de Energía y Minas el martes 17

El martes 17, el Ministerio de Energía y Minas, con el aval de la ministra de Economía sacó un comunicado en el que señalaba que la actividad minera sí podía seguir desarrollándose en pleno Estado de Emergencia porque era necesario “garantizar el sostenimiento de las operaciones críticas con el personal mínimo indispensable”. Sin embargo, el comunicado del MINEM posteriormente señalaba que las operaciones críticas incluían casi todas las actividades mineras que desarrollan con normalidad: “explotación de minerales, planta de beneficio, cierre de minas, construcción de proyectos mineros, transporte de minerales por medios no convencionales, así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformados”.

 

 

 

En el comunicado también se señala que las empresas son las que definen el personal mínimo indispensable que garantice el sostenimiento de las operaciones críticas.

Cuestionamientos al MINEM

El cuestionamiento ante la emisión de este comunicado que varios especialistas en minería se hicieron, como el ingeniero economista, Juan Aste Daffos, fue que “las operaciones críticas son justamente para realizar labores indispensables para que no puedan ocurrir problemas en el campamento minero y no se apague la planta concentradora, por ejemplo, para que la máquina no se oxide, y para que la energía del campamento se mantenga funcionando, y la alimentación de los pocos trabajadores que deben continuar realizando actividades de manutención de la planta, máquinas, compresas relaveras para que no hayan desastres ambientales; pero no para seguir produciendo minerales, transportándolo hacia los puertos e incluso construir nuevos proyectos mineros, como señala el comunicado”.

Tras este comunicado, los sindicatos de trabajadores mineros y la Federación de Trabajadores Mineros empezaron a protestar porque las empresas mineras continuaban desarrollando sus labores con normalidad y su salud estaba en riesgo. Al transcurrir los días y ante las crisis que aumentaba, varias empresas empezaron reducir sus labores operativas e inclusive algunas de ellas enviaron a sus trabajadores a sus casas. En el caso de Southern en Tacna, por ejemplo, en los tienen en el campamento minero, y continúa laborando casi el 50% de acuerdo a su comunicado oficial.

Anuncio de Vizcarra el viernes 20

A pesar de los comunicados del MINEM y el aval del MEF, el viernes 20 de diciembre, el presidente, durante la conferencia de prensa que da todos los días al mediodía; señalo que las actividades mineras que se desarrollan tiene que ser remota y confinada para no generar riesgo en la salud de los trabajadores y personas. “El concepto de eso es aislamiento social, pero también conocemos de otras operaciones que han estado entrando y saliendo, trasladando, transgrediendo la norma. Y si está prohibido para el chiquito, esta para el mediano y grandote. Todos tenemos que cumplir y vamos a ser estrictos. Si es remota y confinada no hay problema porque no hay interacción, está en aislamiento. (..) Con una operación minera que tiene una presa de relaves, si no está el operador que mantenga el sistema eso puede generar el colapso del envase de relaves y puede generar todo un problema ambiental. Entonces esas operaciones específicas, a ese nivel de detalle estamos nosotros trabajando, pero como digo aquí el compromiso es de todos. Y acá el objetivo es el bien y la salud de todos los ciudadanos y eso es lo que prime en todas y cada una de nuestras decisiones”.

Trabajadores de empresas exportadoras protestan

Tras estas declaraciones, los trabajadores de las empresas que se dedican al acopio, concentrado y exportación de minerales en el puerto del Callao, empezaron a denunciar que diariamente reciben camiones de carga con minerales de las diferentes regiones del país, y su salud está expuesta al interactuar con trabajadores externos. Trabajadores de la empresa Perubar S.A e Impala S.A, expresaron a Red Muqui que tienen miedo de contagiarse debido a la labor que realizan y porque diariamente se trasladan desde sus casas hasta el Callao en buses de la empresa, sin que tampoco haya el metro de distancia correspondiente. Los jefes de los trabajadores se encuentran trabajando desde casa, señalan.

Además, trabajadores de Perubar S.A informaron que dos trabajadores presentaron síntomas del Conavid19 y fueron devueltos a sus casas, y hasta ahora los trabajadores no tienen información de la salud de esas personas.

Los trabajadores han señalado a sus jefes que de acuerdo a las declaraciones de Vizcarra ellos ya no deberían trabajar, porque son más de 70 trabajadores que están en interacción con otros trabajadores de otras regiones, y ello ya no es una actividad remota y confinada tal como lo señaló el presidente, y los pone en riesgo.

Trabajadores ferroviarios tampoco paran

Tras compartir en redes sociales las denuncias de los trabajadores de las empresas concentradoras y exportadoras de minerales; los trabajadores de la empresa privada de tren Ferrovías, que transporta minerales desde las regiones hasta el Callao, también hicieron llegar su denuncia para que se haga pública. Denunciando que están trabajando 24 horas, con total normalidad al día de hoy, 23 de marzo.

Fiscalización

Los trabajadores de las empresas de explotación minera, transporte y exportación de minerales, exigen que SUNAFIL vaya a sus centros de trabajo para que supervisen las actividades que realizan y de esa manera puedan paralizar sus labores y así acatar la cuarentena como la mayoría de trabajadores en el país.

 

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Juicio a defensor ambiental Oscar Mollohuanca entra a última etapa

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Durante la audiencia que se realizó el día de ayer en Ica, martes 18 de febrero, en contra del ex alcalde de Espinar-Cusco, Oscar Mollohuanca; Sergio Huamaní y Herbert Huamán, ex dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar – FUDIE; el juez William Fernández Pinto del 4to Juzgado Penal Unipersonal de Ica declaró infundada la solicitud de la Fiscalía que pretendía que los testimonios recogidos en la investigación preliminar el 2012 sean leídos en la audiencia el día de ayer y valorados como parte probatoria en el juicio.

Los delitos que se le imputan a Oscar Mollohuanca, Sergio Huamaní y Herbert Huamán, son el de atentado contra la seguridad común y entorpecimiento a los servicios públicos y disturbios, en el marco de la protesta social de mayo del 2012 en la cual la población de Espinar denunciaba la contaminación al medio ambiente y exigía la reformulación de un nuevo convenio marco por parte de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). El caso ya lleva 8 años en las instancias judiciales de Ica y la Fiscalía está solicitando 20 años de cárcel por los supuestos delitos señalados.

¿Por qué el juez rechazó estos testimonios?

“Durante el juicio, la Fiscalía ha ofrecido que declaren once testigos; de los cuales, solo han declarado 05. Todos efectivos policiales. A cuatro no se les puede ubicar, razón por la cual se prescindió de sus testimonios; es decir, no van a declarar en el juicio. Y, aún faltan dos”, relata el abogado del ex alcalde y de los dirigentes sociales, Ramiro Llatas de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras.

Sin embargo, la Fiscalía pretendía que los cuatro testimonios recogidos en la etapa preliminar de la investigación fiscal el 2012 sean leídos en la audiencia, a pesar que esas personas actualmente están inubicables, y que cuando se recogió esos testimonios; estas personas nunca fueron confrontadas o interrogadas por la defensa legal del ex alcalde y de los dirigentes sociales acusados; tal como lo manda el código procesal penal para que se ejerza el derecho a la defensa.

2 de esos 4 testigos eran un chofer del Ministerio Público en Cusco y, el otro, un ex fiscal que se fue al campamento minero y estando ahí le revocan su mandato, nombrando a otro fiscal en su lugar, añade el abogado Ramiro Llatas.

Esos 2 testigos de la Fiscalía supuestamente señalaban la responsabilidad penal de Oscar Mollohuanca, Sergio Humaní y Herbert Huamán, pero al final ellos testificaron aquella vez, que solo habían escuchado que los tres acusados estaban en la protesta, pero no presentaban una prueba que relacione directamente la acción de los acusados y los delitos que se les imputan, como la explosión de un local del Ministerio Público –no hay peritaje-. Hasta ahora no hay ninguna prueba certera de lo que se les acusa a las personas señaladas.

Juzgamiento irregular

Durante la investigación fiscal el 2012, cuando se desarrolló el conflicto, se cometieron una serie de irregularidades: “detenciones arbitrarias a los acusados; a los detenidos se les llevo al campamento minero, donde no existía una comisaría y se cometieron probables torturas. Ninguno de estos hechos ilícitos ha sido debidamente investigado por el Ministerio Público, sin embargo, a los defensores ambientales, se les mantiene en juicio desde mayo del 2012, en Ica, una región ubicada a cientos de kilómetros de Espinar. Ellos constitucionalmente deben de ser juzgados en Cusco”, precisa el abogado Ramiro Llatas.

¿Cuál es el desenlace?

En julio del 2017, el Primer Juzgado Unipersonal de Ica declaró inocentes a Mollohuanca, Huamaní y Huamán. Sin embargo, la Fiscalía apeló a segunda instancia y el juicio se reabrió en el 4to Juzgado Penal Unipersonal de Ica y ahora falta que se desarrollen 3 audiencias más: la próxima audiencia el 28 de febrero en que se espera se presenten los 2 testigos notificados; la penúltima audiencia el 11 de marzo que será de alegatos finales, en que tendrán que estar los dirigentes acusados; y la última audiencia que será la lectura de sentencia.

Si absuelven nuevamente a los defensores ambientales, la Fiscalía puede apelar por tercera vez e interponer un recurso de casación para que el caso se vea en la Corte Suprema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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