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El descontento de las comunidades campesinas en las regiones del sur del país se acrecienta día a día. La diferencia ahora es que, una situación muchas veces invisibilizada, como las penurias de la agricultura familiar, ahora encuentra su correlato con las demandas de amplias franjas de la población que han visto aumentar los precios de alimentos, combustible y transporte, sin que la bonanza de los precios por minerales en el mercado internacional les haya favorecido. Así se desprende de numerosas conversaciones que Red Muqui pudo sostener en el marco del VII Encuentro Interregional del Surandino que comprende a los departamentos de Puno, Cusco y Apurímac y que se desarrolló del 31 de marzo al 1 de abril en la localidad de Chucuito-Puno. Cerca de cincuenta integrantes de organizaciones sociales de base, representantes de comunidades y federaciones campesinas se reencontraron después del receso obligado por la pandemia del Covid-19 y fortalecieron de esta manera los lazos de solidaridad y hermandad entre organizaciones que impulsan cambios en y desde las regiones del sur andino.

Al analizar colectivamente el contexto político, social, económico y ambiental y la situación en sus territorios, se escucha una y otra vez el abandono que sienten por parte del Estado y la sociedad como agricultores familiares que siguen proporcionando más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el país.

Juliana Anchaquiri de la comunidad de Chila Chambillas, lamenta por ejemplo los bajos . precios que obtienen por sus cosechas. “Por arroba de Cañihua, recibimos entre 25 a 30 soles, es lo mismo que recibíamos hace unos años y todo ha subido”. Un valor exiguo si se considera que en los mercados de Lima, ese dinero da para comprar apenas 2 kilos de este cereal. Es decir una diferencia del 600 por ciento entre lo que recibe el productor y el precio que paga el consumidor, que en su mayor parte queda en el bolsillo de comerciantes intermediarios.

También critican los escasos planes gubernamentales de apoyo al agro y siguen sintiendo el desprecio de la sociedad a su labor, tan esencial para poner comida sobre las mesas no solo de sus casas. Elsa Yaver de la misma comunidad que Juliana coincide en que en ningún momento, desde que ella tiene recuerdos la sociedad ha valorado la agricultura y a los campesinos: “En la escuela los profesores nos decían, lo que ustedes hacen no vale nada, tienen que estudiar para ser secretarías”.

Parecida es la apreciación de Milo Huillca de la comunidad de Aresti, distrito Omacha, de la provincia cusqueña de Paruro: “No habría habido comida durante la pandemia si no hubiese sido por los campesinos. Ahora los precios de los insumos para la siembra y cosecha se han disparado, mientras que lo que recibimos por los productos no ha variado. El saco de abono artificial ha subido de 70 soles que costaba hace un año a 270 soles”.

Para revertir esta situación son muchas las voces de los participantes del encuentro que claman por reformular y relanzar la llamada Segunda Reforma Agraria y que conforman un grupo de trabajo para debatir esa posibilidad.

Julián Paucar, presidente de la Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP), es una de ellos, que dice sentirse defraudado por el gobierno del presidente Pedro Castillo, que en muchas comunidades de Cusco recibió más del 90 por ciento de los votos en las elecciones de junio de 2021. Recuerda que, “después nos organizamos para recoger y entregar nuestras propuestas para la 2da reforma agraria en Cusco. Ahora hay que retomar el debate en cada región y homogeneizar la propuesta antes de entregárselas a una nueva instancia que coordine esto a nivel de Viceministerio. Lo que no podemos hacer es olvidarnos de esta reforma, porque ya que el gobierno ha dejado de hablar de ella.” 

Para unificar estas demandas y darle mayor visibilidad en la instancia el presidente de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco FDCC, Salvador Merma Hilachoque, hace un llamado a qué las demás federaciones de campesinos presentes del Surandino se sumen al paro agrario que tiene programado su federación para el 18 y 19 de abril. Para su realización se están coordinando asimismo con las organizaciones campesinas, de Arequipa, Tacna y Moquegua. En el pliego de demandas exigen al gobierno el cumplimiento de la Segunda Reforma Agraria, así como el incremento del presupuesto para el sector agrícola en un 7%.  Para esta convocatoria los gremios campesinos han planteado propuestas concretas para contrarestar el alza indiscriminada de los insumos agrarios como los fertilizantes.

 

 

 

Muchos otros participantes abogan por avanzar con un proceso constituyente que reemplace la actual Carta Magna impuesta a sangre y fuego por el dictador Alberto Fujimori. Una demanda que finalmente se plasma en el pronunciamiento de las diversas organizaciones sociales de base e instituciones de la sociedad civil reunidas en el encuentro que abogan por retomar el debate y discutir plural y democráticamente una nueva Constitución Política, entendiendo que es el instrumento fundamental para poder construir un Estado para y desde los pueblos.

Todos ejemplos de la preocupación que existe en las comunidades campesinas e indígenas sobre el rumbo que está tomando el país en momentos de continua crisis política y social.

Pero más allá de estos grandes debates, es la presentación de media docena de mujeres líderes de la comunidad Chila Chambilla la que despierta mayor solidaridad espontánea. Se percibe en los aplausos y en el cariño dispensado la admiración por la lucha de estas comunidades, cuya voluntad pareciera inquebrantable. A pesar de que el Tribunal Constitucional en una sentencia el pasado mes se negara a reconocer la consulta previa como derecho fundamental y con ello denegara el recurso de amparo solicitado por la comunidad. Una medida interpuesta porque la mitad de sus territorios fue concesionada por el INGEMMET a favor de la minera Cemento Sur en 2014 sin consultar a sus habitantes y legítimos propietarios. Son ellas, las líderes presentes en Chucuito-Puno, quienes proclaman que no se dejarán vencer y que unidas con las demás comunidades aymaras de Puno resistirán y marcharán juntos a Cusco y a Lima si fuese necesario también a Lima. Citan como ejemplos el “aymarazo”, cuando las comunidades aymara de la zona sur de Puno iniciaron una huelga indefinida y movilizaciones, con las que finalmente lograron revertir el proyecto minero Santa Ana, de la empresa canadiense Bear Creek.

Y es que las comuneras tienen motivos para defender sus territorios, tal como explica Elsa Yaver, de la comunidad de Chila Chambilla: «La verdadera mina la tiene la comunidad. Tenemos cereales que cosechamos todos los años, tenemos avena, cebada, papa, quinua y cada año tenemos más cañihua,También tenemos ganado; alpacas, llamas, vacunos, chanchos y burros que se alimentan de nuestros pastos dulces y de nuestra agua que es dulce y por eso no dejaremos que entre la minera a contaminar».

 

En septiembre del 2009 la población del valle de Tambo se expresó en una consulta vecinal, con un 97% de los votos válidos en los 6 distritos de la provincia de Islay, rechazando el proyecto minero Tía María y cualquier otro proyecto que implique un riesgo para el valle y la cuenca del río Tambo. A pesar de esta larga lucha y la resistencia de las autoridades regionales de Arequipa y las regiones a los alrededores en las últimas semanas, 10 años después el actual gobierno del presidente Vizcarra, a través del Ministro Francisco Ismodes,  ha informado que ha otorgado la autorización de construcción del proyecto Tía María, a la empresa minera mexicano norteamericana Southern.

Esta situación ha acontecido pese al anuncio del Presidente de la República Martín Vizcarra, de que en su gobierno los proyectos mineros sólo se realizarían como “fruto del consenso, no fruto de la imposición”, y que por ello impulsaría un proceso de diálogo con la presencia incluso del primer ministro Salvador Del Solar.Lamentablemente el anuncio de diálogo ahora queda desvirtuado, en tanto habiendo otorgado ya la autorización el Estado a la empresa, ahora ya no está discusión la realización  o no del mismo, sino sólo las condiciones y tiempos para su realización, lo que ya queda en manos de la empresa y la población, si es que considerara participar.

La situación decidida por el gobierno nacional, reaviva el conflicto social en el Valle de Tambo y las provincia de Islay, en Arequipa, por el mayoritario rechazo que desde el año 2009 existe al proyecto minero Tía María, por el riesgo que genera la minería en la agricultura, agroindustria y agroexportación del Valle, la que aporta a la canasta familiar de las regiones del sur del Perú y a la exportación, dando empleo y siendo respetuosa del ambiente y la naturaleza.

Debemos recordar, que la empresa minera Southern en su momento no había podido levantar las 136 observaciones que en el primer EIA del proyecto minero realizó la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS por eso tuvo que presentar un nuevo EIA, que fue cuestionado porque en su audiencia pública no se permitió la participación de los pobladores afectados del Valle de Tambo.

Las observaciones presentadas en éste último EIA al uso del agua de mar con la planta desalinizadora, el impacto sobre aguas subterráneas (con un estudio hidrogeológico deficiente, como lo demostraran expertos internacionales), el impacto del polvo (por falla en la modelación de la dispersión del aire y el establecimiento de solo dos puntos de monitoreo), gases y vibraciones sobre el valle y la población, no fueron debidamente levantadas, ni rigurosamente sustentadas ante el MINEM ni tampoco en los debates realizados. Pese todas ésta ello el EIA finalmente fue aprobado.

Desde RED MUQUI consideramos irresponsable y un grave error político del gobierno ésta decisión generada por la presión de los gremios empresariales, y más aún el anuncio del envío de las fuerzas policiales al Valle del Tambo. Ambas decisiones ya han propiciado la movilización mayoritaria de la población del Valle de Tambo que anuncia un paro indefinido a partir del lunes 15 de julio en defensa de sus derechos a la vida, salud, ambiente sano, a definir su modo de desarrollo basado en la agricultura, la agroindustria y agroexportación y a vivir en paz social, sin conflictos sociales ni militarización de su localidad y sus tierras.