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Ejecutivo Nacional habilita a Gobiernos Regionales y Locales utilizar canon y regalías mineras para gastos por COVID-19

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El lunes 06 de julio se emitió el Decreto de Urgencia N° 081-2020, amparándose en el inciso 19 del artículo 117° de la Constitución: “Corresponde al Presidente de la República: Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso.” Este decreto de urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para dinamizar las inversiones y la prestación de servicios a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Señala objetivos específicos:

  1. Contribuir a la reactivación económica y la generación de empleo.
  2. Lograr el resarcimiento efectivo a los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19.

En su artículo 4 autoriza de manera excepcional para el año fiscal 2020, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a utilizar hasta un 25% de los recursos efectivamente transferidos, así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, provenientes del canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), para ser destinados a garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco de sus competencias, en el contexto de la emergencia nacional por el COVID-19.

Para el caso de Gobiernos Regionales, los recursos solo financian las actividades de emergencia vinculadas a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus, con la finalidad de garantizar la adecuada prestación de servicios de salud en el marco de sus competencias. Para el caso de Gobiernos Locales, los recursos solo financian el gasto en bienes y servicios vinculado a los servicios públicos esenciales en el marco de sus competencias, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. Por consiguiente, en su artículo 5° se habilita a los Gobiernos Regionales realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar la continuidad de las actividades de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19.

Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana al respecto señala que “la emisión de este decreto es una medida esperada en el marco de los aprietos fiscales que viene pasando el estado, especialmente las municipalidades; que ya no cuentan con ingresos suficientes para enfrentar la crisis” (…) esta medida no va a tener impacto nacional, solo algunas regiones cuentan con suficientes recursos por canon como Arequipa, Moquegua y Cuzco. Ahora con este decreto el Ejecutivo libera de restricción fiscal a los gobiernos regionales para poder utilizar recursos del canon para prevención y control del Covid-19.”

Sobre el canon minero, recordemos que está reconocido en el artículo 77° de la Constitución y regulado mediante Ley N° 27506, es destinado principalmente al desarrollo de proyectos de inversión y obras de infraestructura de gran impacto. Con esta norma se habilita el uso de estos recursos para prevención y control del Covid-19 hasta diciembre de 2020.

Finalmente, es importante mencionar que en el contexto de la pandemia el Ejecutivo ha emitido una serie de medidas de reactivación económica para diferentes sectores, entre ellos fondos destinados a los gobiernos locales y regionales para atender la crisis sanitaria y económica, en algunos casos estos fondos han sido mal utilizados por las autoridades de locales, al respecto la Fiscalía hasta el mes de mayo había señalado que investigaba más de 500 casos de corrupción en todo el país. Por ello, es importante estar vigilantes y exigir transparencia para el buen uso de estos recursos extraordinarios en las regiones señaladas.

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Minam propone reducir procesos para obtener planes de Ordenamiento Territorial en dos años

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CON CAMBIO EN RESOLUCIÓN MINISTERIAL

  • ZEE debería ser más flexible y adecuada a situación de cada región

El Director General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente (Minam), Erasmo Otárola, indicó que al actual gobierno considera necesario reducir algunos instrumentos para que el proceso de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) se pueda llevar a cabo en un máximo de dos años.

Para ello, el funcionario habló sobre la necesidad de modificar -o derogar- la resolución ministerial (N° 135-2013/MINAM) que hace mucho más instrumentalista a la ZEE y que incorpora distintos estudios especializados. Algo que, según dijo, complica más este proceso previo al Plan de Ordenamiento Territorial (OT).

“La mirada que tenemos en esta nueva gestión, es disminuir los procesos y trámites, por lo que debemos reevaluar (…) Cada región tiene sus problemáticas, y es por ello que se requiere de una herramienta más flexible”, recomendó.

Otárola indicó que esta propuesta responde al tiempo que demora en llevar a cabo estos los estudios especializados, que en algunos casos alarga la ZEE hasta 8 años, en algunas regiones. Ello se debe a cuestiones de gestión y presupuesto destinado al tema territorial. A ello agregó que la elaboración de la resolución nunca pasó por el Comité Consultivo de OT, en su momento.

“Es necesario simplificar, ya que la información va cambiando, y muchas veces cuando se termina el proceso de ZEE, estos se desactualizan”, comentó.

Además de revisar la normativa actual (la resolución ministerial del año 2013), Otárola asegura que se requiere repotenciar las ZEE al agregar el levantamiento de información sobre Cambio Climático y servicios ecosistémicos; fortalecer los comités técnicos que respaldan la participación en las ZEE; asegurar financiamiento; mejorar la coordinación intersectorial para tener una visión conjunta, y adecuar el proceso a la situación específica de cada región o localidad.

El funcionario resaltó que las ZEE es una herramienta que ha calado en las regiones, por ejemplo, en Cajamarca, que tiene más del 60% de sus estudios culminados. Informó que, actualmente, son 13 los gobiernos regionales que presentan una ZEE completa, para el resto les es complejo el proceso y no terminan de verle la utilidad, ni el objetivo que es el Ordenamiento Territorial.

Asimismo, reconoció que la Ley N°30230 complica el proceso de OT al darle carácter multisectorial. Específicamente en su artículo 22, que señala que la política de OT es aprobada mediante un decreto supremo.

Más problemas identificados

Durante su participación en el IV Taller Nacional sobre planificación y ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible, organizado por la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, Erasmo Otárola, expuso que, pese a existir 13 regiones con una ZEE completa, aun no se le da un uso adecuado a la información obtenida como para resolver problemas específicos del territorio, como suelos, vegetación, conflictos, etc. Entonces se requiere potenciar esta información.

“No podemos usar información sobre el territorio para bloquear inversiones o la conservación, para fines políticos. Se debe usar para el bienestar común”, remarcó.

Otro reto, es lograr una mayor concertación y participación equitativa que incluya al sector de empresarios y la Sociedad Civil interesada por el Medio Ambiente, con el fin de buscar un equilibrio de los diferentes intereses que se tienen sobre el territorio. Todo ello siempre con una visión de futuro y a largo plazo.

Para ello, es necesario fortalecer las comisiones técnicas en los gobiernos y convocar nuevamente al Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial ya que se requiere una visión sectorial del proceso.

Otro de los problemas persistentes en el camino al OT, es la falta de articulación entre niveles de gobierno, y de desde sus competencias; así como la de planificación de instrumentos como planes nacionales, los de desarrollo concertado regionales y locales, con el fin de priorizar la inversión pública y privada.

Desde Plataforma OT

Por su parte, Javier Azpur, representante de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, resaltó la importancia de promover un enfoque de nuevo orden territorial que incluya dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales. Por ejemplo, el pensar los territorios como sistemas urbanos y rurales integrados con redes sociales y empresariales y circuitos económicos.

Para el técnico de la Plataforma OT, es necesario también promover un cambio en las políticas públicas, que no deben ser 100% sectoriales y autónomas, sino poseer una mirada desde el territorio, e integrarse a las realidades y a sus dinámicas sociales.

“El gobierno de Ollanta Humala ha sido una gestión que ha buscado limitar el avance para construir y planificar el territorio como dimensión clave. No puede pensarse, la planificación y ordenamiento, sino se vincula al proceso de descentralización, y sin una distribución del poder político en el país”, precisó.

En ese sentido, mencionó que los GORE son un punto de apoyo para que el OT se ubique dentro de la nueva agenda política nacional. Si bien se debe construir un sistema que permita integrar a los diferentes niveles de gobierno y fortalecer sus instancias de planeamiento y vínculos entre ellos, tampoco se trata de crear nuevos centralismos desde las regiones y sus mancomunidades.

Otro aspecto, es consolidar la institucionalidad pública que nos permita avanzar en un sistema efectivo de planificación. Consolidar el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y darle mayor capacidad de decidir las grandes políticas de desarrollo nacional y sus prioridades.

Azpur no dejo de mencionar que con una Ley OT se podrían establecer las funciones y que de un orden a la multiplicidad de instrumentos que hay como los planes, planes urbanos, de acondicionamiento, etc. “Se espera que este nuevo gobierno lo ponga en la agenda política”, dijo.

“Desde la plataforma hemos afirmado que la vigencia del planeamiento y ordenamiento territorial se mantiene viva, no porque exista voluntad del gobierno, sino porque existen acciones desde 13 gobierno regionales que vienen trabajando y culminando sus procesos de ZEE y las exigencias que vienen desde los estudios especializados”, finalizó.

DATO:

El último 25 de noviembre, se realizó IV Taller Nacional sobre planificación y ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible, organizado por la Plataforma OT. Este encuentro reunió a los actores claves diversos que están involucrados con OT, como funcionarios de CEPLAN, Minam, gobiernos regionales de Piura, Cajamarca, Cusco, y gobiernos locales.

Fuente / fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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Exigimos un proceso de ordenamiento territorial descentralizado

La política general presentada por el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso refleja objetivos positivos para el país, como avanzar hacia la igualdad de oportunidades para todos, generar nuevos motores para el crecimiento sostenible, reducir sustantivamente la pobreza y mejorar la calidad y el acceso universal a los servicios públicos. No se puede estar en contra de estos planteamientos. Sin embargo, el Gobierno se define como uno de continuidad, como una nueva fase del proyecto iniciado hace más de un cuarto de siglo. Bajo esta premisa, su propuesta considera suficiente la modernización del Estado, la eficiencia en la prestación de los servicios y el incremento de las inversiones en los tres niveles de gobierno para hacer realidad el cambio que ofrece al país y, en particular, a las mayorías que viven distintas realidades de exclusión.

Creemos que son aspectos necesarios, pero insuficientes para un cambio de rumbo. Sobre todo, si constatamos la falta de una estrategia de desarrollo y de descentralización y el desencuentro entre los ofrecimientos y la realidad de estancamiento económico, déficit fiscal y ausencia de cambios estructurales en el modelo extractivista que se evidenció tanto en el discurso como en el marco macroeconómico multianual y el presupuesto que el Ejecutivo ha presentado al Congreso.

Incluso si asumimos la discutible hipótesis del Gobierno y de un amplio sector de nuestra clase política, de que es posible hacer la anunciada revolución social solo con reformas institucionales, hay vacíos en ese terreno que hacen aún más difícil lograr los resultados planteados. Resaltamos dos que consideramos centrales: i) la ausencia del enfoque territorial como eje ordenador de un sistema de planeamiento nacional; ii) la falta de un proyecto integral para consolidar la descentralización.

La ausencia del enfoque territorial e intercultural limita el impacto de algunas orientaciones positivas planteadas por el Ejecutivo, como la generación de polos de desarrollo económico, la articulación de las ciudades, la integración de los espacios rurales o la conexión del país en el plano vial y de las telecomunicaciones. Ninguna de ellas es novedosa y la solución no requiere solo una mejor gestión. El problema central está en las visiones sectoriales y parceladas, así como en la apuesta unilateral por la inversión en infraestructura. La propuesta gubernamental persiste en este camino y deja de lado el enfoque territorial e intercultural integrado, sustentado en un efectivo sistema nacional y descentralizado de planificación y ordenamiento territorial.

La falta de una propuesta integral sobre la reforma descentralista a pesar de que uno de los ejes declarados en la nueva política es acercar el Estado a la población, es grave. Los planteamientos al respecto se limitan a una voluntad genérica por fortalecer el proceso y al anuncio de reuniones bimensuales entre el Gabinete y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Los acuerdos entre ambas instancias ofrecen una mayor autonomía de los gobiernos regionales pero se limitan a promover la inversión pública que parece ser el único aspecto que se pretende abordar de una reforma compleja y de claro contenido político.

La política presentada carece de una agenda para afrontar temas críticos de la reforma, que van más allá de la autonomía política de las instancias subnacionales, como la integración regional y la promoción de las mancomunidades, la coordinación intersectorial e intergubernamental, la integración territorial, la descentralización fiscal, la articulación de las ciudades y los espacios rurales en un sistema, o la adecuada asignación de competencias para la gestión descentralizada. Tampoco se a tomado en cuenta el ofrecimiento de campaña de crear un ministerio encargado del proceso. Asistimos a la continuidad de la recentralización iniciada por Alan García y continuada por Ollanta Humala, esa tendencia se refleja en el presupuesto 2017, en el que el Gobierno nacional y el MEF manejarán el 75% de los recursos públicos.

En este contexto, las instituciones que conformamos la Plataforma para el Ordenamiento Territorial consideramos que es imprescindible que el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad organizada promuevan el debate sobre aspectos y procesos que nos parecen de primera importancia. Destacamos los siguientes:

• El fortalecimiento de un sistema nacional y descentralizado de planificación y ordenamiento territorial, con efectiva capacidad para planificar, orientar, monitorear y evaluar la acción concertada de los tres niveles de gobierno.

• Una política nacional de ordenamiento territorial que sustente una efectiva y eficiente gestión sostenible de nuestros territorios, lo que requiere de un marco normativo claro, que recoja la experiencia acumulada en los procesos en curso en las regiones, provincias y distritos del país, así como en algunas comunidades campesinas y nativas o localidades rurales.

• Apoyar y acelerar los procesos de ordenamiento territorial de los diferentes niveles de gobierno, reconociendo su carácter vinculante e integrando los diversos procesos de diagnóstico y planificación comunitaria en los planes de desarrollo y de gestión sostenible de las municipalidades y gobiernos regionales.

• La reorientación y relanzamiento del proceso de descentralización, que requiere una instancia de conducción concertada, una agenda y una hoja de ruta, así como de efectivos sistemas de articulación territorial de los niveles nacional, regional y local.

• Impulsar la integración territorial desde las regiones, promoviendo y generando incentivos para la consolidación de los procesos en curso, como son las mancomunidades del norte, sur, centro y amazónica.

Lima, 14 de setiembre del 2016

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