Hace unos días el Ejecutivo anunció el lanzamiento del Plan Unidos, que contiene propuestas para impulsar la inversión privada destrabando los trámites e implementando siete proyectos mineros hacia el 2025. El propósito es recortar permisos ambientales lo que amenazaría el medio ambiente y a los derechos humanos.

En esta nota, revisamos las implicancias ambientales y sociales que pueden traer estos 7 nuevos proyectos cupríferos.

¿En qué consisten estos proyectos?

En principio, la mayoría de estos proyectos no cuentan con licencia social de las comunidades y poblaciones que están dentro su área de influencia. La mayoría de los proyectos son operaciones a tajo abierto que se encuentran ubicados en cabeceras de cuenca que abastecen el agua de zonas rurales y urbanas, por lo cual deben ser protegidas de la amenaza que representan las actividades extractivas e industriales, más aún en un contexto de múltiples crisis: hídrica, climática y alimentaria, advirtió el especialista socioambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi.

“Un proyecto en cabecera de cuenca, por más pequeño que sea, afectará considerablemente las fuentes hídricas y eventualmente (ocasionará) la desaparición de manantiales, bofedales y lagunas. Sobre todo, cuando se trata de minería a tajo abierto los impactos van a ser irreversibles. Cuando se debilitan los instrumentos de gestión ambiental, también se debilitan los sistemas de fiscalización ambiental y, por ende, se van agravar los impactos ambientales. Otro tema es que (los proyectos) no tienen licencia social de las comunidades que viven en los territorios y no se ha aplicado la consulta previa a los proyectos mineros. Los sistemas de participación ciudadana han sido casi inexistentes en la aprobación de diversos proyectos mineros (EIA, MEIA, ITS) y a partir de la pandemia se han virtualizado los procedimientos administrativos y más encima se implementó este sistema en zonas donde no hay señal (de internet)”, declaró.

Por lo tanto, buscar reducir mecanismos ambientales (evaluación y/o fiscalización) a favor del gremio minero que acumulan enormes deudas y con cuestionables prácticas (tributarias, sociales y ambientales) impactará en los ecosistemas, de igual manera, los modos y formas de vida de las comunidades y población local, quienes han elegido, a través de mecanismos participativos como asambleas populares, consultas vecinales y movilizaciones, la agricultura, el turismo alternativo y la ganadería en lugar de la minería.

“El riesgo es latente y no se deben flexibilizar (los mecanismos ambientales), más bien deberían fortalecerse los sistemas de fiscalización ambiental (por parte del Estado) porque primero está la vida y la salud de los ecosistemas”, continuó Alejandro Berrospi.

Proyectos para el 2023 por US$ 2.419 millones:

1. Ampliación de Toromocho Fase II, en Junín: El proyecto de expansión de la empresa china Chinalco se ubica en la cabecera de cuenca alta del río Mantaro donde se encuentran las principales fuentes hídricas como las lagunas Huascacocha, Huacracocha, Turuca, entre otros.

En la Fase I, actualmente en operación, existe un conflicto social debido a que la minera ha incumplido una serie de compromisos, por ejemplo, el reasentamiento de 40 familias que vivían mucho antes de la llegada de Chinalco, pero terminaron siendo despojadas de su territorio. Por otro lado, parte de la población que fue reasentada en Nueva Morococha optó por migrar ante el desempleo. La mayoría de las viviendas que fueron entregadas por la minera para la reubicación lucen vacías y son alquiladas a trabajadores mineros. Además, hay denuncias contra la empresa por contaminación con metales pesados. La Red Muqui presentó un informe de observaciones a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la unidad minera Toromocho, entre ellas: la vulneración a la participación ciudadana, consulta previa y la afectación ambiental (por los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley).

2. Reposición de Antamina, en Áncash: Destinado a extender la vida útil del proyecto por ocho años, del 2028 al 2036, a pesar de que la empresa Antamina tiene antecedentes de contaminación ambiental y complicado relacionamiento con las comunidades por acuerdos incumplidos en mesas de diálogo y denuncias por contaminación a la salud (por ejemplo en Huarmey). La ampliación de las operaciones abarcaría las dos vertientes de los océanos Pacífico y Atlántico, ecosistemas importantes para la vida. La Red Muqui, tras analizar la MEIA, concluyó que la empresa no ha garantizado el acceso a información, participación y toma de decisiones de la población asentada en el área de influencia del proyecto minero.

Proyectos para el 2024 por US$ 964 millones:

3. Yumpag, en Pasco: La empresa Buenaventura proyecta prolongar la vida de la mina Uchucchacua por 15 años más. El proyecto está ubicado en la parte alta del río Huallaga, entre las regiones de Pasco y Huánuco. Esta minera tiene denuncias por contaminación del río Collpamayo en Arequipa; mientras que, en Cerro de Pasco, por la desaparición de bofedales y manantiales en el caserío de Cachipampa, también de extensas áreas de pastizales producto del paso de vehículos pesados. Buenaventura, además, tiene inversiones en los proyectos Yanacocha, en Cajamarca, y Cerro Verde, en Arequipa.

4. Romina, en Lima: Se encuentra en la cuenca alta del río Rímac, Chillón y Huaura que abastece de agua a parte de la zona rural y urbana de Lima. En el caso del río Rímac, desde hace décadas, este río viene sufriendo graves problemas de contaminación ambiental a causa de la alta concentración de relaves mineros, la cual pone en riesgo la salud ambiental y humana. Ni las empresas mineras ni el Estado se han hecho responsables de la remediación de los pasivos ambientales identificados en la zona. Aún así el Ejecutivo pretende sacar adelante el proyecto Romina del grupo Glencore.

5. Corani, en Puno: Es un proyecto histórico de la empresa Bear Creek Mining Corporation de capitales canadienses para extraer principalmente plata. Está ubicado en territorio indígena en la provincia de Carabaya, distrito de Corani, a la fecha no se ha aplicado la consulta previa, tampoco las comunidades cuentan con información sobre las implicancias e impactos del proyecto minero. La empresa también tiene concesiones mineras para litio en la misma provincia.

6. Chalcobamba – Las Bambas, en Apurímac: Se trata de la ampliación de la minera Las Bambas del tajo de Chalcobamba, ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. La comunidad ha manifestado su oposición al proyecto por incumplimiento de acuerdos, así mismo la empresa ha incumplido acuerdos con las comunidades del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, y sectores de Velille y Huincho, provincia de Chumbivilcas, región Cusco, por lo cual las movilizaciones ha sido constantes en el corredor minero del sur.

Proyecto para el 2025 por US$ 1.263 millones:

7. Zafranal, en Arequipa: La población de las provincias de Caylloma y Castilla reiteradamente han advertido que la minería no le hizo partícipe de algún plan de participación ciudadana ni fue notificada sobre el EIA que la empresa presentó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) en 2021. Desde entonces, este proyecto, situado entre los distritos de Huancarqui y Lluta, provincias mencionadas, no cuenta con la aceptación social. No obstante, en 2022, la Autoridad Autónoma de Majes (organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto Especial Majes-Siguas) entregó -en calidad de usufructo- 12 mil 207 hectáreas a la minera Zafranal por 30 años sin cumplir con los requisitos necesarios. Así se explica en el informe N°001-2023 de la Contraloría de la República y que fue difundido en medios de comunicación regionales. En mayo de este año, el Gobierno Regional de Arequipa dejó sin efecto la entrega del terreno a través de una resolución.