La siguiente nota fue escrita por Kirsten Francescone y publicada originalmente en Canadian Dimension. La Dra. Kirsten Francescone es profesora adjunta de Estudios de Desarrollo Internacional en la Universidad de Trent y ex Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada. (traducción por Red Muqui)

El 18 de enero de 2023, mientras miles de peruanos protestaban en las calles de Lima contra la crisis política que vive el país, el embajador canadiense Louis Marcotte se reunía con el ministro peruano de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. Las protestas se mantienen desde diciembre, cuando el presidente populista Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, una decisión política que fue rechazada casi inmediatamente por las bases sociales que lo habían elegido. Los manifestantes han sido enfrentados con detenciones generalizadas y una brutal violencia por parte de las fuerzas del orden. Según el autor Yves Engler, desde que la ex vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder (medida apoyada por el gobierno canadiense), la representación del país norteamericano se ha reunido con numerosos funcionarios peruanos de alto nivel de una manera inédita.

Desde que Boluarte asumió la presidencia, las movilizaciones han estallado en todo el país. Aunque difieren en la diversidad de sus demandas, coinciden en cuatro puntos principales: la convocatoria de nuevas elecciones generales para 2023, el cierre del Congreso, la dimisión de Boluarte y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Pero estas reivindicaciones políticas inmediatas tienen profundas raíces históricas. Como afirmó un conjunto de ONGs del país andino, el movimiento masivamente respaldado por los ciudadanos del sur y de las regiones periféricas nace de un sentimiento de indignación ante un sistema político y económico altamente racista y discriminatorio. Desde Puno, epicentro de las protestas y de la extrema represión policial, delegaciones de comuneros viajaron a Lima para exigir reformas políticas y soluciones a los pasivos ambientales tóxicos que han contaminado sus fuentes de agua con metales pesados lo que conlleva altos niveles de toxinas (muchas de los cuales se han detectado en los organismos de niños). Las causas (de esta contaminación) son, salvo algunas excepciones, los cursos de agua de estas comunidades que han sido afectados por la actividad minera e industrial.

La embajadora Marcotte tuiteó varias fotos de la reunión, aprovechando la ocasión para promover la minería como beneficio para las comunidades y para expresar el apoyo canadiense a la delegación peruana que asistirá próximamente a la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), en Toronto del 5 al 8 de marzo. Cada año, la mayor convención minera del mundo atrae a decenas de miles de expertos del sector, directivos de empresas y representantes gubernamentales para hablar de las tendencias del sector y promover la expansión de la minería, sin preocuparse demasiado por el consentimiento de los más afectados, incluido Perú.

Al momento de la reunión entre la representación canadiense y el titular del MINEM, Lima estaba paralizada por las manifestaciones que pedían nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente. Sólo unos días antes, 17 personas habían muerto a manos de la policía en las ciudades de Juliaca y Puno. En los días siguientes a la reunión, la casa de estudios superiores más antigua del país y del continente, la Universidad Nacional Mayor San Marcos, fue asaltada por vehículos blindados de la policía. Cientos de estudiantes y manifestantes provenientes de zonas rurales fueron detenidos, desnudados, agredidos y privados de sus derechos. Según los informes, en los últimos meses han muerto 59 personas -en su inmensa mayoría civiles de origen indígena y ciudadanos de zonas rurales y periurbanas– a manos de una fuerza policial desenfrenada. Es poco probable que el embajador hubiera podido desplazarse por la ciudad sin observar la represión y la violencia policial.

Durante años, MiningWatch Canada y el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP según sus siglas en inglés), junto con organizaciones como Red Muqui, Cooperacción, Derechos Humanos Sin Fronteras-Cusco (DHSF) y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), han documentado los numerosos daños causados por la gran minería de origen canadiense a las comunidades rurales, así como la violencia policial que suele acompañar la imposición de estos proyectos. Si bien las protestas actuales en Perú no tienen que ver explícitamente con la extracción de recursos, los reclamos por una nueva Constitución que aborde la exclusión sistemática y a menudo violenta de los pueblos indígenas, campesinos y rurales del sistema político económico, así como la herencia de despojo y contaminación de tierras, sí están vinculados a siglos de extractivismo. Por ello, los tuits del embajador deben situarse en un contexto de siglos de violencia colonial y décadas de violencia poscolonial, que se han ejercido en función de la extracción de recursos contra las comunidades.

La embajada canadiense podría haber aprovechado el momento para denunciar públicamente la violencia policial e insistir en que se protejan los derechos de los manifestantes peruanos. En vez de ello, Marcotte optó por promover más inversiones mineras canadienses en el país y fomentar la PDAC 2023, donde un espacio nombrado como «Día de Perú» promete discutir «oportunidades en el contexto de potenciar las virtudes de la industria minera peruana y superar las fallas que han frenado su dinamismo en los últimos años». Las prioridades de Canadá en Perú no pueden ser más claras.

La importancia económica de la minería canadiense en Perú

Según el Ministerio de Energía y Minas de Perú, Canadá fue el tercer inversor más importante en el desarrollo de minas en 2021. Sus empresas invirtieron más de 8 mil millones de dólares en 10 proyectos, lo que representa el 15 por ciento de la inversión total en construcción de minas en el país. Además fueron el segundo actor más importante en lo que respecta a la exploración (lo cual no es sorprendente, dado que las empresas canadienses suelen centrarse en la prospección y exploración), representando el 28 por ciento de la inversión total en exploración, con 165 millones de dólares gastados en 21 proyectos.

Empresas del país norteamericano también operan minas en Perú. Hudbay Minerals, con sede en Toronto, explota la mina Constancia; Pan American Silver, con sede en Vancouver, explota las minas Shahuindo y La Arena; y Teck Resources’, también con sede en Vancouver, explota la mina Antamina, con una participación del 22,5 por ciento en el proyecto. Antamina es la mina más grande de Perú, situándose entre las 10 primeras extractoras del mundo en términos de volumen, y es el productor individual más importante de cobre, plata y zinc del país. En 2021, dejó más de 6 mil millones de dólares en ventas y casi 3 mil 700 millones en ganancias brutas.

Canadá también ocupa un lugar destacado en términos de importación de metales y minerales peruanos. Del valor total de las exportaciones de minerales peruanos en 2021, Canadá fue el tercer importador mundial más importante después de China y la India, con un 6,5 por ciento de las exportaciones totales. Esta importancia se hace aún más clara cuando se considera el oro, ya que Canadá fue el segundo mayor importador de oro peruano. Las importaciones canadienses representaron más de 3.000 millones de dólares en 2021, algo menos del dos por ciento del PIB de Perú en ese mismo año.

Sin embargo, cuando se trata de hacer declaraciones sobre las atroces violaciones de los derechos humanos en el país, la posición de Canadá ha sido tibia. Sumó su firma a la declaración más reciente de la OEA sobre la crisis política en el país andino, una declaración diluida que asigna la culpa y la responsabilidad, tanto a los manifestantes como al gobierno de Perú, como si fueran actores equiparables. El gobierno canadiense sigue repitiendo como un loro esta postura, incluso cuando casi todas las víctimas de los últimos meses han sido civiles asesinados por el uso indiscriminado de la violencia policial. Por parte de la misma Policía Nacional que ha firmado contratos para proporcionar seguridad a las empresas mineras canadienses.

Contratos privados con la policía

Cuando las empresas mineras canadienses se ven envueltas en un conflicto con las comunidades locales fuera de Perú, a menudo dependen de esbirros o fuerzas paramilitares para reprimir la protesta. En Perú, las empresas se benefician de la protección policial y la impunidad aprobadas por el Estado. Las empresas pueden firmar contratos de servicios directamente con la Policía Nacional de Perú, y se permite a los agentes de policía trabajar fuera de servicio para empresas de seguridad privada mientras utilizan bienes del Estado, como armas, uniformes y municiones. Las fuerzas del orden tienen garantizadas la inmunidad penal en caso de que hieran mortalmente algún manifestante. Tienen autorización para utilizar munición real y disparar a matar. Y lo han hecho.

Las empresas mineras también se benefician de las crecientes medidas de seguridad de sus activos. Según fuentes locales, la mina Constancia de Hudbay y las operaciones de Las Bambas de MMG han sido fortificadas, con el pretexto de «prevenir ataques a los campamentos mineros«, una protección proporcionada de hecho por el Estado que sirve para consolidar el dominio de estas empresas en las regiones donde operan.

La violencia no sólo se utiliza contra la población rural en los bloqueos o durante las marchas masivas. Según diversas organizaciones no gubernamentales internacionales y peruanas, es una práctica habitual que amenaza la integridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y les impide ejercer sus derechos. Como señala un informe de EarthRights International, «la existencia de estos contratos [de seguridad con la policía] crea un escenario hostil que pone en riesgo los derechos humanos». Como ha demostrado la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), con sede en Cusco, a través de varios estudios de impacto ambiental y social relacionados con la mina Constancia de Hudbay, estos contratos no sólo permiten la violencia estatal explícita, sino que forman también el telón de fondo de la intimidación y las amenazas raciales y de clase contra los líderes comunitarios, para prevenir que se pronuncien justamente en contra de estos contratos.

Promoción de la minería canadiense en el PDAC

Durante la convención PDAC del año pasado, la Comisión Episcopal Peruana de Acción Social (CEAS) escribió una carta abierta a los delegados de la conferencia expresando que, contrariamente a las promesas hechas por el Embajador Marcotte y otros, la minería «no ha traído la prometida mejora en la calidad de vida» para la mayoría de las comunidades en las zonas mineras. Por el contrario, constató, «ha provocado corrupción y contaminación ambiental y ha vulnerado los derechos de las personas a la vida y a la salud, dejando un reguero de conflictos sociales, enfermedades e incluso la muerte».

Estos daños no son menores: la contaminación de tierras agrícolas y cursos de agua en torno a la mina Quiruvilca de Pan American Silver; la criminalización de los líderes comunitarios o el despojo de tierras debido a la contaminación ambiental en Shahuindo; la violación de la autodeterminación indígena y el derecho a un medio ambiente limpio en torno a la mina de litio y uranio propuesta por Plateau Energy, proyecto encima del cual se encuentra el glaciar tropical más importante de la región; el recorte en los beneficios económicos que generan las comunidades más afectadas por las operaciones mineras, y mucho más.

Sin embargo, la embajada canadiense en Perú tiene un historial de ignorar las preocupaciones de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente afectados por los proyectos mineros canadienses en el país, llegando incluso a pasar por alto las preocupaciones de la ciudadana canadiense Jennifer Moore, que fue detenida en 2017 por la policía peruana mientras proyectaba un documental en comunidades quechuas afectadas por la mina Constancia de Hudbay. Moore, a quien posteriormente se le prohibió volver a entrar al país y que fue etiquetada como una amenaza para la seguridad nacional, es el centro de un reciente informe del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP). Un estudio que ahonda sobre el papel de las embajadas canadienses en la priorización de los intereses de las empresas mineras de su país contraviniendo sus propios lineamientos políticos y compromisos asumidos con respecto a la protección de los defensores de los derechos humanos.

Sin duda, la embajada de Canadá en Perú seguirá trabajando junto al Ministerio de Energía y Minas peruano para promover más inversiones mineras en el país. Pero debe quedar claro: cuando la embajada elige promover la minería en Perú durante el PDAC, lo hace a sabiendas de lo que estas actividades significan realmente para las personas que se enfrentan a continuas amenazas, intimidación y violencia explícita patrocinada por el Estado.