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Fiscalía Superior de Piura ordenó acusación contra tres policías por homicidio y lesiones graves en agravio de comuneros de Huancabamba

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  • De esta forma se impide solicitud de archivamiento por parte de Fiscalía Provincial

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura (Disposición No. 33) dispuso que se formule la acusación fiscal contra tres efectivos policiales por los delitos de homicidio, en agravio de dos campesinos, así como por lesiones graves contra otros cinco que pertenecen a las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura).

Los efectivos policiales: Carlos Edilberto Rosales Ruiz, José Eligio Coba Requena y Edgar Eduardo Torres Guzmán han sido acusados de haber cometido homicidio en agravio de Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama, además de tentativa de homicidio contra los campesinos: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Guevara, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Rojas Togas y José Ramírez Guevara.

“De lo anterior se puede afirmar que sí existen elementos de convicción que ameritan la emisión de un requerimiento acusatorio (…) por lo tanto, los argumentos antes expuestos permiten afirmar que la decisión adoptada por el fiscal provincial (Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba) no es la adecuada; por lo que corresponde rectificar la misma”, señala la disposición del Fiscal Superior.

De esta manera, este despacho fiscal desestimó el requerimiento de archivamiento  (sobreseimiento) presentado por la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, y declaró fundada la oposición interpuesta por la defensa de las víctimas.

Anteriormente la Primera Fiscalía Provincial inició una investigación en contra de los campesinos por “haber causado lesiones a los policías y daños a sus vehículos”; sin embargo, los abogados de Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) asumieron la defensa de los campesinos y lograron acreditar que ellos eran las víctimas. Es así que el 30 de diciembre de 2010 la Fiscalía decidió formalizar el inicio de una investigación preparatoria contra los 3 citados policías, imputándoles el homicidio y las lesiones graves a los campesinos.

“El objetivo de este proceso es que se establezca la verdad de hechos. Los efectivos policiales dispararon por la espalda a dos campesinos que finalmente fallecieron. Además de causaron graves lesiones a otros cinco comuneros, de los cuales, uno tuvo que ser amputado de una pierna para que pueda sobrevivir”, recordó el abogado defensor de los agraviados, David Velasco.

Culminada la investigación preparatoria y a pesar de las pruebas que acreditaban la responsabilidad penal de los efectivos policiales investigados, la Primera Fiscalía Provincial solicitó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba el archivamiento de dicha investigación penal. En respuesta, la defensa legal de los campesinos formuló oposición por escrito de manera oral en Audiencia correspondiente. Después de evaluar, el Juzgado decidió elevar el expediente en consulta al Fiscal Superior, quien resolvió ordenar que el Fiscal Provincial proceda a formular acusación fiscal contra los efectivos policiales que son investigados.

Recuento del caso Huancabamba

El 2 de diciembre del año 2009, un grupo aproximado de 30 policías utilizaron armas de fuego para  reprimieron violentamente a un grupo de campesinos en el Sector de Cajas Canchaque de la comunidad Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba, Región Piura).

Los comuneros habían increpado a los efectivos por ingresar a sus tierras sin la debida autorización comunal. En esas circunstancias, los efectivos policiales optaron por reprimirlos con disparos, en lugar de actuar con prudencia y promover un diálogo con los campesinos que defendían su derecho a la inviolabilidad de sus tierras. De esta forma causaron la muerte de dos campesinos e hirieron de gravedad a otros cinco 5 campesinos.

FEDEPAZ expresó su satisfacción respecto a la decisión de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura, y dijo confiar en que los graves crímenes cometidos por los señalados efectivos policiales no quedarán impunes.

“Si un caso como éste queda en la impunidad, pese a las pruebas irrefutables de la muerte y agresión de campesinos que hacían uso de su legítimo derecho a protestar en defensa de sus derechos comunales, ¿Qué otras víctimas de casos similares podrían tener la esperanza de encontrar justicia en las autoridades peruanas?”, finalizó David Velazco, parte del equipo de defensa legal de FEDEPAZ.

 

Fuente: FEDEPAZ

Foto: olca.cl

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Juzgado de Huancabamba unificó procesos por presunta tortura de 28 campesinos en campamento minero Río Blanco

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CASO MAJAZ

El Juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Huancabamba (Piura) resolvió unificar los dos procesos penales en los que se vienen investigando las presuntas torturas que sufrieron 28 campesinos dentro del campamento minero de Río Blanco, a cargo de la empresa Copper S.A. Esta decisión fue tomada ante la solicitud de los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ, organización que representa a las presuntas víctimas.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba acumuló en un solo proceso los Expedientes No. 201-2013 y No. 30-2011, ambos correspondientes a investigaciones penales seguidas contra 17 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que son señalados como presuntos responsables de los actos de tortura y secuestro agravado, presuntamente cometidos contra los comuneros que se oponían al desarrollo del proyecto minero Río Blanco en agosto del año 2005.

Según testimonios de los supuestos agraviados, entre los días 1 y 3 de agosto de 2005, estuvieron cautivos dentro del campamento minero donde fueron víctimas de tortura por parte de la Policía en conjunto con funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A., así como de la empresa de seguridad privada Forza.

Algunas de las vejaciones física, además de las psicológicas, los pobladores denunciaron que les vendaron los ojos y fueron llevados a un matadero de reses, en otro momento fueron cubiertos con bolsas tipo costal y se les roseó gas lacrimógeno, y hasta se denunció maltratos contra mujeres que estaban en dicho grupo.

Una de las investigaciones penales es seguida contra dos coroneles y otros doce miembros de la Policía Nacional del Perú, sobre quienes pesa una acusación fiscal en la que se solicita 10 años de cárcel por el Delito Contra la humanidad – Tortura. La segunda, se sigue contra dos generales y un comandante PNP, para quienes la fiscalía pide una imposición de 25 años de pena privativa de la libertad, por el mismo Delito contra la Humanidad – Tortura Agravada, y al que se le suma el Delito contra la Libertad Personal – Secuestro Agravado.

Al respecto, FEDEPAZ considera que la acumulación de las dos investigaciones penales en un solo proceso judicial (Expediente No. 30-2011) constituye un gran paso en la lucha contra la impunidad en las violaciones de derechos humanos y contra los crímenes de lesa humanidad.

De esta manera, la organización miembro de la RED MUQUI refiere que se estaría evitando la posibilidad de emisión de sentencias contradictorias sobre un mismo crimen. Asimismo, FEDEPAZ se reafirma en la necesidad de que se haga justicia a las víctimas y se les repare de forma integral.

Esta unificación de procesos de un caso común, permitirá una investigación más efectiva para que se sancione a todos los responsables de esta brutal agresión a los citados campesinos quienes ejercían su derecho a la protesta social, a la defensa de sus tierras, y a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, bajo el modelo de desarrollo local que ellos han elegido.

Frente a estos casos de violación a los derechos humanos por actividades extractivas, FEDEPAZ considera necesario mejorar los marcos normativos del sector minería para que las empresas se vean realmente obligadas a respetar los derechos de las personas, especialmente, a los pueblos indígenas.

 

Fuente: FEDEPAZ

Foto: CNDDHH

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