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Las Bambas: ampliación del actual tajo y explotación de uno nuevo causa desavenencias con comunidades que temen desaparición de lagunas

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La comunidad campesina de Huancuire del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas en Apurímac, convocada en asamblea, ha manifestado sus aprensiones con el inicio de los trabajos de explotación de Chalcobamba, el segundo tajo que pretende explotar la empresa minera MMG Las Bambas.
Por otra parte han reiterado sus preocupaciones por el impacto ambiental de las operaciones de la minera en su conjunto. Así lo señala el comunicado firmado por las autoridades de esta comunidad el 10 de febrero.

Recuerdan el espacio de negociación que abrieron con la minera desde el 28 de junio de 2022, y que tiene al Estado como ente supervisor y facilitador. Y que, según acta del 6 de diciembre de dicho año, tiene como objeto la resolución de 14 puntos de agenda que abordan controversias bilaterales.
Sin embargo, los dirigentes lamentan que hasta ahora ninguno de los puntos de la agenda haya sido zanjado definitivamente hasta ahora. Parte de las demandas se relacionan con la actividad de empresas sectoriales de la propia comunidad de Huancuire, cuya continuidad depende de los acuerdos en torno a los 14 puntos mencionados. Debido a estos desacuerdos, los comuneros rechazan el inicio de los trabajos de operaciones del Tajo Chalcobambas.

Fue en marzo de 2022, que la minera informó la autorización por parte del gobierno peruano del inicio de operaciones de dicho espacio. Según sus propias proyecciones, la empresa espera que el desarrollo de la nueva área de explotación, que contempla una inversión de US $130 millones, sustente un aumento de la producción en Las Bambas a unas 400.000 toneladas de concentrado de cobre al año.

Sin embargo, la comunidad de Huancuire denunció la ausencia de consulta previa, libre e informada, a la cual tiene derecho según la legislación nacional e internacional.
Las críticas de los comuneros de Huancuire no se refieren únicamente a las operaciones del segundo tajo, pues reclaman que han presentado 22 observaciones a la cuarta Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que Las Bambas MMG, una de las mayores extractoras de cobre del país, ha presentado ante el El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Las observaciones se refieren a cuestiones ambientales y recursos naturales, base de las actividades productivas de la comunidad que se dedica a la agricultura, ganadería y piscicultura.

Cabe recordar que la Cuarta MEIA de Las Bambas identifica 92 cambios en el proyecto, según se identificó en un análisis realizado por CooperAcción hace pocos meses. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la casi duplicación del tamaño del tajo Ferrobamba, la ampliación de la presa de relaves, entre otros. Entre otras cuestiones, que van más allá de la intransparencia en la redacción del estudio, la organización destaca las siguientes falencias:

– La propuesta de ampliación del Tajo Ferrobamba (el único que hasta ahora está siendo explotado) en 285.3 hectáreas (de 408.7a 694 hectáreas) no presenta aspectos técnicos fundamentales, como estudios específicos (especialmente hidrológicos e hidrogeológicos), que describan los impactos ambientales de una ampliación que casi duplica la operación actual.
– No se abordan preguntas claves: ¿cómo se comportarán los acuíferos? No se ha presentado mayor información ni modelamiento del comportamiento de los acuíferos como consecuencia de este cambio tan significativo.
– La ampliación va a generar más de dos millones de toneladas de desmonte que no cuenta con una disposición final.
– Toda esta ampliación generará diferentes impactos: ruidos, calidad del aire, la dispersión de agentes contaminantes con efectos sobre la salud humana y ambiental. Estos impactos se acentuarán por el minado adicional que se hará y la apertura de rutas alternas de transporte de vehículos de carga pesada.
– No se informa adecuadamente sobre el control de aguas ácidas, producto de la exposición de grandes cantidades de material de desmonte y desecho a la intemperie (vientos y lluvias). Tampoco hay información sobre el incremento de relaves y su disposición final en una presa que se tendrá que redimensionar.
– No hay mayor análisis sobre la alteración de la hidrología e hidrogeología de la zona (cuerpos de agua superficiales y subterráneos) como consecuencia de la ampliación del tajo Ferrobamba.
– Preocupa que el inventario de manantiales en el área de influencia haya sido realizado sin la participación de las comunidades campesinas.
– Se perderán de manera irreversible 12.36 hectáreas de bofedales. Igualmente, se afectará tierra fértil y apta para la agricultura.
– Disminuirán los caudales de los ríos Ferrobamba (70%) y Chalhuahuacho (18%). Además, empeorará la calidad del agua del río Chalhuahuacho, que aparte de perder caudal natural (-18%), recibirá vertimientos de aguas residuales, cuyo pretratamiento no está especificado en el MEIA.
– También serán afectados otros cuerpos de agua existentes, especialmente la laguna Charcascocha, que se convertirá en depósito de material de baja ley. La laguna Jalansiricocha y el reservorio de agua Chuspiri recibirán las aguas de no contacto que serán desviadas sin ningún tratamiento ni medidas de control de calidad antes de su vertimiento. El reservorio Chuspiri abastece de agua fresca a toda la zona.

Por estas y otras consideraciones, CooperAcción recuerda que, varias comunidades y organizaciones representativas de Cotabambas, han expresado su rechazo y han solicitado que el SENACE no apruebe esta cuarta modificatoria del mencionado proyecto minero.

En el caso de la comunidad campesina de Huancuire, que ha estado en el centro de las acciones de movilización en las últimas semanas, se trata de un pueblo agricultor, productor de papa y chuño, que habita ancestralmente las tierras donde se desarrollaría la nueva explotación de Chalcobamba.
La preocupación de las 200 familias que la conforman es, según el Estudio de Impacto Ambiental realizado, la pérdida de pastos para sus animales y la posible desaparición de la laguna Charcascocha, cabecera de cuenca que abastece todo el distrito de Coyllurqui.

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Señales contradictorias en Las Bambas: gobierno anuncia visita a la zona y general de la PNP amenaza a comunidades

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La comunidad campesina de Huancuire ha advertido hoy sobre las declaraciones de un posible desalojo de sus integrantes del área circundante al tajo Chalcobamba en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac, que ha hecho esta mañana el general de la PNP y jefe de la región Policial de Apurímac, Roger Pérez Figueroa. Además la comunidad ha alertado sobre expresiones del oficial entrevistado por un canal de Televisión, que consideran amenazas directas contra sus asesores legales.

En un comunicado público dirigido al ministro del Interior Dimitri Semanche, el presidente de la comunidad Romualdo Ochoa solicita al gobierno que aclare las palabras del jefe policial, ya que los dirigentes y el gobierno mantienen conversaciones para reanudar un espacio de diálogo, que permita destrabar la situación en la que se encuentra el conflicto en torno a la minera Las Bambas, que mantiene sus operaciones suspendidas hace casi dos meses.

Señales de distensión y acercamiento que inclusive han provenido de parte de la iglesia, ya que ayer la Conferencia Episcopal Peruana dio a conocer la petición que le hizo llegar el presidente Pedro Castillo en orden de asumir un rol mediador en la disputa que Huancuire, Fuerabamba y otras cuatro comunidades aledañas mantienen con una de las principales productoras de cobre del mundo. Inclusive el Ejecutivo designó una Comisión de Alto Nivel Ministerial que llegaría hoy martes al distrito de Challhuahuacho, región Apurímac.

En dicho escenario, las palabras del jefe policial son consideradas contrarias a estas conversaciones que las autoridades comunales han mantenido al más alto nivel en Lima y que incluyó una reunión con el propio mandatario Castillo.

Respecto del desalojo el general Roger Pérez expresó que “estamos trabajando ahora para decidir cuál es la fecha más adecuada” y añadió que “primero tenemos que ir a conversar en una comisión, pero si hay intransigencia vamos a tener que usar la fuerza para desalojarlos».

En otro momento se refirió a los asesores legales, que por lo demás son personas que desarrollan su trabajo públicamente y han estado presentes en las instancias de diálogo con el gobierno e informó que la Policía ha detectado a personas que actúan como asesores de las comunidades y los azuzan a tomar acciones de fuerza contra las mineras para reclamar beneficios económicos a cambio de pagos de comisiones. Literalmente sus palabras fueron: 

«Ellos pagan a un grupo de asesores que están detrás de ellos, azuzando”. Personas que según el uniformado tendrían principalmente motivaciones económicas. “El fiscal del distrito judicial de Challhuahuacho ya tiene conocimiento, estamos haciendo un trabajo muy profesional y proceder próximamente a su detención”, advirtió.

En respuesta a estas declaraciones vertidas en un programa del canal  RPP, la comunidad de Huancuire ha aclarado que “debemos dejar en claro que la medida de protesta adoptada por nuestra comunidad fue decidida en pleno uso de nuestra autonomía comunal, por afectarse negativamente nuestros derechos colectivos, siendo nuestro asesor un profesional del derecho que únicamente nos acompaña a fin de interponer absolutamente todas las medidas legales que sean necesarias para la defensa de nuestros derechos de intereses”.

Finalmente los representantes de Huancuire han expresado que confían en la honesta voluntad por parte del poder ejecutivo para concertar mediante el diálogo y resolver esta problemática. Por eso consideran las declaraciones de la autoridad policial un caso aislado, aún cuando interpelan al titular del Interior Semanche a que aclare sobre la línea de mando de la política ministerial.

 

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Las Bambas: Se reporta herido de perdigón durante intento de desalojo a comuneros del tajo de Chalcobamba

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Ayer en la tarde se han viralizado imágenes en redes sociales que muestran la represión que han sufrido integrantes de Huancuire y Fuerabamba y otras cuatro comunidades del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac en el tajo Chalcobamba. Por el momento, se reportan una persona baleada con perdigones identificada como Alejo Ochoa y al menos otros cuatro comuneros heridos. Los autores de la represión, según la denuncia de los comuneros, son las fuerzas policiales de la DINOES que se encuentran en la zona desde que el gobierno decretara el estado de emergencia el pasado 27 de abril, declaratoria que el ejecutivo prolongó por otros 60 días a fines de este mes. A estos enfrentamientos se ha sumado un incendio que ha afectado las instalaciones de Las Bambas, según ha reportado la agencia de noticias Reuters. El abogado de la comunidad de Huancuire, Alexander Anglas, descartó cualquier responsablidad de sus defendidos en este siniestro. Una fuente cercana a la compañía le señaló a Reuters que el incendio había estallado dentro de un campamento minero cerca del tajo planificado de Las Bambas, llamado Chalcobamba, cuya construcción está programada para finales de este año. Un área que se encuentra judicializada, ya que forma parte de 132 hectáreas que eran propiedad de la comunidad, ahora reclamada por la empresa. Traspaso que, sin embargo, según los comuneros no cumplió con los mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico para transferencia de territorios comunales.

La comunidad de Huancuire, reclama que la empresa no ha realizado la consulta previa con la comunidad indígena campesina en torno a este proyecto.

En tanto, la comunidad de Antuyo del distrito Tambobamba, Apurímac, se ha sumado desde el sábado pasado a la protesta contra la minera MMG Las Bambas y ha acordado dejar sin efecto la autorización de actividades de exploración de la empresa en su territorio que acordaron el 19 de marzo del presente año, a la que acusa de incumplimiento de compromisos.

En el acta de la asamblea realizada el 27 de mayo, los dirigentes de la comunidad han denunciado la desatención por parte de la empresa en cuestiones relacionadas con graves falencias estructurales de las viviendas, falta de acceso a agua potable y las continua contaminación con la emisión de polvo, que levantan los camiones en amplios tramos sin asfalto de la carretera del corredor vial minero. Los comuneros afirman asimismo que la minera, paralizada desde hace casi 50 días y que produce casi un 2 por ciento del suministro global de cobre, habría faltado a sus compromisos en salud, educación, empleo, con lo cual ha incumplido el acuerdo suscrito con la comunidad que le había otorgado autorización para trabajos de exploración en su territorio.

La empresa, por su parte, ha acusado que la paralización de su explotación, desde que el pasado 14 de abril la comunidad de Fuerabamba ocupó terrenos ancestrales cedidos a Las Bambas por el incumplimiento denunciado de compromisos, ha generado pérdidas que superan los US$ 400 millones en exportaciones de cobre. Además, el país habría dejado de percibir aproximadamente S/220 millones en rentas a causa del bloqueo, que pondría en peligro las fuentes laborales de hasta nueve mil trabajadores que dependen directa e indirectamente de esa unidad productiva.
En relación a esta arista del conflicto, el anuncio de la comunidad de Antuyo se ha conocido a pocos días de la anunciada manifestación de los trabajadores de la empresa, que realizarán una marcha el 2 de junio en Cusco, Arequipa y Lima en movilizaciones dirigidas contra del gobierno, al que acusan de incapaz de resolver el conflicto social.

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Panorama incierto en el corredor minero sur tras comunicado de Las Bambas y propuestas de las comunidades

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Después de dos días de diálogo de los representantes de las 6 comunidades, iniciado el día martes con el presidente Pedro Castillo y la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, y posteriormente el miércoles solo con los ministros y un representante de la empresa minera Las Bambas, cuando parecían haber acuerdos preliminares que debían ser confirmados por las asambleas comunales de los 6 dirigentes; la empresa minera Las Bambas emitió un comunicado señalando que no habían llegado a acuerdos por los pedidos desmedidos de las comunidades.

MMG Las Bambas señala que las exigencias de las comunidades han variado y son incumplibles, debido a que desean acceder a una participación del 50% de las utilidades de la minera, pedido que de acuerdo a su ordenamiento legal vigente no es posible. Precisan que las comunidades hasta ahora no señalan cuáles son las promesas incumplidas de la empresa desde que iniciaron la paralización de la actividad minera.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, los dirigentes comunales han señalado que uno de los acuerdos incumplidos es la falta de contratación laboral de integrantes de las comunidades. Otro acuerdo incumplido es la mitigación del impacto ambiental que se genera por el desarrollo de la actividad minera, así como terrenos que nunca se compraron, como lo denunció una comunera de Huancuire frente al premier Aníbal Torres en su visita a Challhuahuacho la semana pasada.

El ministro de Justicia indicó ayer que son 3 las exigencias planteadas por los dirigentes comunales: Incorporación de comuneros a través de una cuota de trabajo en las labores mineras como en otros sectores empresariales, revisar los contratos de transferencia de terrenos para ver si el precio que se pactó es razonable, y el retorno de algunas áreas de terreno en los que ya se ha cumplido con la explotación minera.

El ministro Félix Chero agregó que la propuesta era que se instalen mesas de diálogo en cada comunidad para que se vean directamente las problemáticas y acuerdos incumplidos de la empresa Las Bambas con cada comunidad; sin embargo, tras el comunicado de la minera, ahora el panorama es incierto.

La minera señala en su comunicado que la condición de las comunidades de suspender las protestas cuando la empresa subsane sus incumplimientos es una propuesta inviable porque las comunidades están haciendo nuevos pedidos como el acceder a la utilidades de la empresa minera. Sin embargo, la propuesta del ejecutivo era que las problemáticas se vean comunidad por comunidad. Se espera un comunicado de las 6 comunidades en respuesta al pronuncimiento de la empresa minera.

Finamente el premier Aníbal Torres anunció en la conferencia del Consejo de Ministros que levantarán el estado de emergencia en territorios cercanos al proyecto minero Las Bambas cuando se recupere la paz social en la zona.

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Las Bambas: gobierno desatiende demanda de comunidades y no levanta Estado de Emergencia

El gobierno ha hecho oídos sordos al reclamo de las seis comunidades que actualmente se encuentran en conflicto con la empresa minera Las Bambas, durante el décimo Consejo de Ministros Descentralizado realizado ayer en Tumbes. Las comunidades habían reiterado en una reunión ayer con funcionarios del Ejecutivo que como condición mínima para iniciar una mesa de diálogo el gobierno levante el Estado de Emergencia decretado el 27 de abril pasado en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui por un plazo de 30 días. Los representantes del Ejecutivo señalaron en ese espacio, que la instancia gubernamental facultada para decidir sobre esa materia es el Consejo de Ministros que, reunido en el norte del país, no modificó la medida.
El martes los dirigentes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Chuicuini, Choaquere, Chila y Pumamarca abandonaron el espacio de negociación convocado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para tratar el conflicto de Las Bambas, por el cual la segunda mayor productora de cobre del mundo ha dejado de operar desde el 20 de abril pasado. La inasistencia de los funcionarios de mayor rango como la del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, abundó en la crispación del ambiente de la reunión porque según los dirigentes los funcionarios de la Comisión de Alto Nivel no tenían poder para tomar decisiones.
Romualdo Ochoa, presidente de la comunidad campesina Huancuire, expresó que
no están dispuestas a debatir derechos constitucionales reconocidos como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y seguridad personal. También subrayó que una de las condiciones básicas para que se inicie el diálogo es que se derogue el Estado de Emergencia, y que no se ha cumplido con los criterios que el propio Tribunal Constitucional ha establecido para que se decrete tal medida.
Apreciación compartida por el abogado de la comunidad de Huancuire, Alexander Anglas, para quien el Ejecutivo en forma inaudita ha planteado negociar en el marco de la vigencia de un Estado de Emergencia sobre los derechos de las comunidades que legítimamente han salido a protestar. El abogado explicó que la declaratoria es inconstitucional porque “un Estado de Excepción implica la supresión de derechos fundamentales y solamente se activa como una medida extrema, cuando el Estado ve comprometida su existencia como tal o (ve) en riesgo el orden democrático. Al no existir ninguna de esas condiciones para declarar un Estado de Excepción, en este caso por el gobierno de Pedro Castillo, es inconstitucional”.
Para dirimir esta cuestión las comunidades han presentado un recurso habeas corpus que según Romualdo Ochoa ha sido admitido por el Tribunal Constitucional. Las comunidades además “hemos presentado las denuncias correspondientes contra los representantes de la minera Las Bambas y los funcionarios del Ministerio del Interior y de la policía por los abusos cometidos”.
Explicó finalmente que el Estado de Emergencia es un intento por criminalizar la protesta social y advirtió que “las denuncias que ingresó la empresa minera no estaban dirigidas contra la responsabilidad individual de ciertos individuos que posiblemente infiltrados hayan podido cometer daños, sino que están dirigidos a los presidentes (de las comunidades), a los asesores, a los líderes de las comunidades para criminalizarlos, para encerrarlos”.

Hay que destacar que el gobierno decretó el Estado de Emergencia el mismo día en que la compañía minera desalojó, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y personal civil, que confesó haber utilizado accesorios policiales, a los comuneros de Fuerabamba del terreno que le vendieron a la empresa. Al día siguiente, la represión de la policía se dirigió contra integrantes de la comunidad de Huancuire. Entre ambas acciones, se registraron más de una decena de personas heridas, varias de ellas mujeres.

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Comunidades aceptan inicio de mesa de diálogo a pesar de ser reprimidas por Las Bambas

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Tras la represión policial ejercida contra la comunidad de Fuerabamba el miércoles 27 de abril, y contra integrantes de la comunidad de Huancuire al día siguiente, se registraron al menos 14 comuneros y comuneras heridos. Tras esta represión sufrida por estas dos comunidades, otras 4 comunidades afectadas también por la empresa minera Las Bambas decidieron impulsar un pacto de unidad y defensa mutua entre las 6 comunidades: Huancuire, Fuerabamba Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuycuni.

Pacto que se realizaró el día de hoy, 9 de mayo, en Condorwachana, límite entre las comunidades de Pumamarca y Huancuire, en la provincia de Cotabamabas, región Apurímac. El ritual se realizó durante la mañana y conto con la participación de los 6 presidentes comunales de las comunidades en conflicto con la empresa minera Las Bambas.

Los representantes de las 6 comnidades acudieron posteriormente a la reunión propuesta por la comitiva de la PCM, para acordar el inicio de la mesa de diálogo el día de mañana, martes 10 de mayo, poniendo como condición que el lugar de reunión se de en la comunidad de Pumamarca, propuesta que acaba de ser aceptada por la PCM. El 4 de mayo ya había acudido una comitiva de la PCM a Challhuahuacho para intentar desarrollar una mesa de diálogo el pasado 7 de mayo, pero la comitiva fracasó en su intento de iniciar el diálogo sin previamente evaluar el proceso interno de las comunidades que habían sido reprimidas y el proceso de unidad con las otras cuatro comunidades.

La represión ocurrida el 27 y 28 de abril fue fruto de una solicitud de desalojo que la compañía minera realizó a la Policía Nacional de Perú (PNP) y se realizó después que la PCM declarase el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días. Sin embargo, y después de la brutal arremetida, el Ejecutivo buscó desentenderse del operativo, señalando que el gobierno no había ordenado dicho desalojo.

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Diálogo con comunidades no prospera en Las Bambas y conflicto podría agravarse

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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no ha accedido a las peticiones hechas por las comunidades de Fuerabamba y Huancuire para sentarse a dialogar. En una carta dirigida al premier Anibal Torres estas solicitan como condiciones previas, que cese la criminalización de la protesta, y que el gobierno levante el Estado de Emergencia que promulgó la semana pasada. Además, piden que las reuniones se realicen en el espacio denominado Manantiales donde se han asentado las comunidades desde el inicio de las protestas hace unas tres semanas. Sin embargo, el premier ha contestado que el estado de emergencia se levantará de acuerdo del informe policial que debe señalar que no hay peligro alguno en la zona, y que esa inspección e informe se debe tener estos días.

Debido a la represión policial ejercida contra la comunidad de Fuerabamba el miércoles 27 de abril, y contra integrantes de la comunidad de Huancuire, al día siguiente se registraron al menos 14 comuneros y comuneras heridos.

La acción fue fruto de una solicitud de desalojo que la compañía minera realizó a la Policía Nacional de Perú (PNP) y se realizó después que la PCM declarase el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días. Sin embargo, y después de la brutal arremetida, el Ejecutivo buscó desentenderse del operativo, señalando que el gobierno no había ordenado dicho desalojo. Los comuneros han denunciado a través de las redes sociales que la presencia policial aún es masiva en la zona.

Para calmar las tensiones el pasado miércoles una comitiva de la PCM visitó el distrito de Challhuahuacho, pero fracasó en su intento de comprometer la asistencia de los dirigentes comuneros a la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo para este sábado siete de mayo en un lugar a determinar en la zona.
Lo que sí ha prosperado, en cambio, es el fortalecimiento de la unidad de las comunidades, ya que el jueves se reunieron dirigentes de 6 de ellas que protestan contra la compañía minera: Huancuire, Fuerabamba Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuycuni.
Como resultado de este encuentro acordaron que, de ahora en adelante, las protestas se realizarán de manera articulada entre las seis comunidades, pues coinciden en que la empresa no ha cumplido sus compromisos.

El pacto de las seis comunidades

Como muestra de ello este lunes 9 de mayo las 6 comunidades realizarán un pacto de unidad y defensa mutua. Colocarán un hito – Saywa cada comunidad en el apu Cóndor huachana – dónde las autoridades comunales firmarán el acta de pacto de unidad de defensa mutua y emitirán un comunicado público.

Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba señala: «si hay lucha lucharemos juntos, si hay cárcel nos encancelarán juntos. Todos nos comprometemos a luchar juntos contra las Bambas y olvido de este gobierno. Hay 4 hermanos que están graves. Un herido de bala y una mujer de 60 años que prácticamente ha perdido el ojo. No es como dice el premier que ella se ha caído. Por lo menos que el gobierno mande su representante para que la vea. Igual un compañero que se ha operado por la fractura de mandíbula que está en el hospital de Cusco. Hemos tenido 11 años de diálogo sin resultados, por ello la comunidad ha decidido recuperar sus tierras dónde opera Las Bambas.

David Huillca, presidente de la comunidad de Chuykuni, señala que se unen a esta medida porque no hay soluciones firmes, sino mecidas, por ello harán el pacto para defenderse ante los abusos de la empresa minera.

Senon Paniura Flores, presidente de la comunidad de Pumamarca, también señala: «Nos encontramos bien engañados, por ello vamos a luchar, vamos a hacer un hito desde nuestros ancestros, nuestros abuelos. Desde este lunes nunca vamos a separarnos. Nosotros ya no creemos en el Estado y la empresa. Ellos siempre nos han traído a un fracaso. Lucharemos para que nos respeten en estos tiempos y no nos criminalicen.

Finalmente, Walter Melón Quispe, presidente de la comunidad Chuaquere precisa que «la empresa minera nos ha dado la espalda a las comunidades que en un momento apostamos a la minería. Hemos cedido nuestras tierras para el desarrollo de Challhuahuacho, pero hasta el momento han incumplido, han dividido las comunidades, hemos sido engañados. Por justo derecho queremos que cumplan sus compromisos que han firmado. El Estado nos debe respaldar pero nos ha dado la espalda, mas aún con su estado de emergencia. La empresa ha venido con sus matones y han desalojado a nuestros hermanos de Fuerabamba con balas, han sido masacrados prácticamente.

La mina MMG Las Bambas ubicada entre las regiones de Apurímac y Cusco representa el 2% del suministro global de cobre y pretende expandir sus operaciones a territorios que ancestralmente le pertenecían a la comunidad de Fuerabamba. Según la empresa dichos terrenos fueron vendidos por la comunidad, por lo que ahora serían sus legítimos propietarios. Los comuneros, en cambio, advierten que si bien se firmaron contratos de compra venta y cesión de terrenos, las condiciones establecidas no se habrían cumplido a cabalidad por lo cual han vuelto a ocupar el territorio.

Por otra parte la minera mantiene diversos conflictos, tanto con comunidades aledañas que son zona de influencia directa de sus operaciones, como con otras atravesadas por el corredor vial conocido como corredor minero sur y que antiguamente eran exclusivamente carreteras comunales declaradas unilateralmente por el Estado como carretera nacional. Las comunidades y sus dirigentes vienen denunciando incesantemente que en torno a esta cuestión no hubo una consulta previa ni saneamiento de terrenos. A ello se añade que por años han estado expuestos a la contaminación que produce el transporte de los minerales, volcaduras, derrames y la emisión de polvo que ha dañado las praderas donde pastorean su ganado y ha perjudicado la actividad agrícola en general de la zona.

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Las Bambas: reiterada represión de la PNP deja heridos entre comuneros y aleja posibilidad de negociación con empresa

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Nuevas arremetidas policiales, esta vez contra comuneros de Huancuire, se ha registrado este día, jueves 28 de abril, en la comunidad mencionada perteneciente a la provincia de Cotabambas (Apurímac), muy cerca de la minera Las Bambas. En las imágenes difundidas por redes sociales se observa a agentes reprimiendo con bombas lacrimógenas y balas a un numeroso grupo de comuneros, quienes se han defendido arrojando piedras a los uniformados de la PNP. Hasta ahora se registran 3 heridos por proyectiles de armas de fuego.

Sólo ayer la represión contra los comuneros de Fuerabamba, la otra comunidad en conflicto contra la minera Las Bambas, había dejado 14 heridos entre los comuneros y 4 heridos de la policía, resultando el caso más grave el de Rosa Paniura, quien presenta pérdida de globo ocular y traumatismo craneano leve, de acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo. También se registran heridos de contusiones y fracturas, tal como lo revela Convoca.

 

Ya en la tarde del miércoles, los  comuneros afirmaron en declaraciones a la prensa local que volverían a terrenos de la minera Las Bambas. Con ese fin hicieron un llamado a otras comunidades para que los apoyen en este esfuerzo.  “Ya sabe todo el país que Las Bambas no va, es la decisión que ha tomado la comunidad. La guerra nos ha declarado Las Bambas y vamos a enfrentarnos a esta guerra. Nosotros vamos a recuperar nuestra tierra”, explicó Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, al diario La República.

 

 

 

En tanto el gobierno se ha deslindado en un comunicado de la responsabilidad de la represión ocurrida ayer en el desalojo de la comunidad de Fuerabamba del sector de Takiruta, que los comuneros reclaman como territorio ancestral y donde la empresa MMG Las Bambas actualmente pretende extender sus operaciones mineras. Sobre la represión ocurrida el día de hoy contra los comuneros de Huancuire, no ha habido un nuevo pronunciamiento del gobierno. Es importante destacar que la mina es la más grande productora de cobre del país. La acción policial de desalojo producida ayer, sin embargo, fue precedida por la declaración del Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días, con el fin de desalojar a la  mencionada comunidad. 

«La intervención de la Policía Nacional se realizó en el marco de la ejecución de una ‘defensa posesoria extrajudicial’ tramitada por la empresa Las Bambas y no por decisión del Ejecutivo. Dicha acción legal se encuentra regulada en Código Civil y fue invocada por la empresa Las Bambas», detalló el comunicado emitido por la PCM.

Los comuneros de Fuerabamba, vecino al asentamiento minero, ingresaron en terrenos de la empresa el pasado 14 de abril, tras denunciar compromisos incumplidos por la compañía desde 2014, cuando vendieron sus terrenos para las operaciones extractivas.

Ante esta protesta, Las Bambas paralizó sus actividades el pasado 20 abril, en una decisión que según el gremio minero representa la pérdida de unos 5,2 millones de soles diarios para el Estado peruano.

 

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Las Bambas: Se iniciará mesa de diálogo por presión de comunidad de Huancuire

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Luego de varias semanas de constantes protestas de los pobladores de la comunidad de Huancuire del Distrito de Cuyllurqui, y los enfrentamientos originados por la reacción violenta por parte de la Policía Nacional hacia los comuneros, la situación se ha tornado en un clima de “tensa calma”, gracias a que se ha llegado a un acuerdo entre la comunidad y la empresa MMG Las Bambas para la realización de una mesa de diálogo.

En un evento realizado el miércoles 23 de junio por el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, llamado “Minería para el Desarrollo de Apurímac”, en el que estuvieron presentes autoridades del gobierno de Apurímac y del Gobierno Nacional, el Viceministro del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, informó que el pasado lunes, en coordinación con la comunidad de Huancuire, donde se encuentra el proyecto de Tajo Chalcobamba, se ha instalado una mesa de diálogo que se va a hacer realidad a partir del 30 de junio con el objetivo de impulsar el proyecto.

Al respecto, es importante señalar que, de acuerdo a declaraciones del comunero Isidro Pusaclla, se ha llegado al acuerdo de la realización de esta mesa de diálogo gracias a la iniciativa de un grupo de comuneros de Huancuire que, en representación de gran parte de la comunidad, viajaron a Lima y llegaron a la oficina central de la empresa MMG Las Bambas para conversar con los gerentes. Luego de días de espera, los comuneros lograron programar la mesa de diálogo para el próximo 30 de junio, en la que los comuneros esperan que se llegue a un acuerdo por el bien de la población de Huancuire.

Según Isidro Pusaclla, en la mesa de diálogo, los comuneros realizarán su reclamo por la permanente contaminación que ha afectado el estado de los recursos hídricos y de la salud de los comuneros, así mismo, denunciarán que la empresa minera viene desarrollando actividades de explotación en terrenos que han sido concedidos irregularmente. Otro de los puntos que se reclamarán será la acción violenta que tomó la policía frente a comuneros en las protestas pacíficas que los últimos venían realizando.

Como se informó anteriormente, en una de las protestas realizadas la semana pasada, el comunero Juan Huillca Ochoa fue violentado por la policía y retenido en el campamento minero de la zona, producto de ello, le rompieron la costilla dañándole el vaso sanguíneo. Sobre el estado de salud actual de Huillca, el comunero Isidro Pusaclla señaló que luego de haber sido operado 4 veces, ha salido de alta del hospital y se viene recuperando poco a poco.

A pesar de lo sucedido, la comunidad no ha recibido ninguna respuesta de parte de la empresa minera ni tampoco de alguna entidad del Estado, los comuneros esperan que en la mesa se presente un representante del Estado para que, de esa manera, sus reclamos puedan tomar más fuerza.

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