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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Finalmente, esta semana el gobierno de Sagasti hizo el anuncio que se esperaba sobre las medidas de contención para la segunda ola de la Covid-19. Luego de varias idas y vueltas, y de un mal manejo de comunicación del Ejecutivo; las nuevas medidas nos mandan nuevamente a una cuarentena focalizada por regiones. La mayoría coincide en que no había otra alternativa y que estas medidas deben estar acompañadas de apoyo económico a los sectores más golpeados en la pandemia; en ese sentido, el gobierno también anuncio la entrega de un bono familiar, apoyo alimentario para las ollas comunes, entre otros. Más allá de estas medidas, la gente ya no confía en sus autoridades, lamentablemente ni la vacuna ni los bonos están garantizados para su pronta llegada, por eso lo que nos queda ahora es la auto-organización y la solidaridad, es la única forma de enfrentar esta pandemia.

En medio de este escenario crítico, los conflictos sociales no van a entrar en cuarentena, por el contrario, se vienen intensificando. Esta semana la convulsión social se ha mantenido en las provincias de Espinar y Chumbivilcas en Cusco, en el denominado corredor minero del sur; se tratan de dos grandes proyectos mineros que buscan ampliar sus operaciones. En el caso de Espinar, la minera Antapaccay busca la aprobación social de su proyecto Coroccohuayco, había un proceso de consulta previa que esta paralizado y la población exige además el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de dialogo de agosto del 2020; en el caso de la minera HudBay y su proyecto Constancia en Chumbivilcas, las comunidades y la población no están de acuerdo con la ampliación del proyecto Pampacancha. Se cuestiona el proceso de consulta previa que hizo el gobierno y se pide un aporte económico del 7% de las utilidades de la empresa para la provincia de Chumbivilcas y sus distritos. En ambos casos no hay una solución a la vista y las mesas de diálogo no logran resolver sus demandas.

Las mesas de diálogo, como mecanismo para canalizar las soluciones a las demandas de las poblaciones y comunidades que protestan han llegado a su limite y están bastante desgastadas, la gente ya no cree en los acuerdos y compromisos que firman tanto el Estado como las empresas mineras, y es que en verdad los acuerdos que se firman no se cumplen y el nivel de desconfianza en la población es más que comprensible. Además, las mesas de dialogo normalmente se instalan una vez que el conflicto ha estallado, cuando previamente hubo violencia, represión y criminalización a los lideres y dirigentes que encabezan las protestas por parte del mismo gobierno que pide dialogo y participación.

Esta forma de gestión de conflictos y de instalación de mesas de diálogo debe cambiar, desde Red Muqui creemos que cualquier decisión que se tome y que involucre a poblaciones y comunidades en los territorios, tienen que ser con la participación real de la población local, y respetando la decisión autónoma que tomen nuestros pueblos.

 

El día de hoy, 28 de enero, las organizaciones de Espinar decidieron iniciar una huelga indefinida a través de una asamblea pública que se viene desarollando en la plaza principal de Espinar.

Los motivos del inicio de la huelga se deben a que el gobierno y la empresa minera Glencore Antapaccay abandonaron la mesa de diálogo el 7 de agosto del año pasado tras el paro de casi un mes en julio sin resolver los problemas integrales de Espinar. Solo se logró atender el primer punto de la plataforma, que era el otorgamiento de un bono para la reactivación económica de los espinarenses. Los problemas de fondo como la reformulación del Convenio Marco para que el pueblo realmente pueda velar por su desarrollo tras 40 años de actividad minera; la ampliación del proyecto minero Corocohuaycco que debe ser consultado a toda la provincia; la reparación y remediación ambiental del corredor minero; la atención inmediata a los afectados por metales tóxicos; la conformación de una comisión de justicia y derechos humanos para sancionar a los responsables de los heridos y muertos en el conflicto en años anteriores y que el Estado abandone la criminalización de la protesta a dirigentes; han quedado irresueltos, sin que los tres gobiernos que ya vamos teniendo, hayan atendido estos problemas.

Además, la mesa de diálogo y los puntos de la plataforma de lucha no han sido reconocidos a través de una resolución ministerial, un instrumento jurídico que institucionalice y obligue a las partes a cumplir con el dialogo y los acuerdos que se alcancen.

La única respuesta del gobierno, frente al anuncio del reinicio de protestas en días pasados, fue la emisión de un oficio del Ministerio de Energía y Minas N° 015- 2021 MINEM- OGGS, de fecha 21 de enero, en que propone virtualizar el diálogo y que una comisión de autoridades y dirigentes de Espinar viajen a la ciudad de Lima.

Frente a ello, los dirigentes de Espinar rechazaron la virtualidad del diálogo y el viaje de la comitiva; debido a que en Chumbivilcas, el gobierno ha estado desarrollando mesas de diálogo presenciales cumpliendo los protocolos de salud y seguridad.

 

Chumbivilcas da plazo de 72 horas

Tras el reinicio de la mesa de diálogo en su segundo día, el miércoles 27 de enero; los dirigentes del Frente Unificado de la Provincia de Chumbivilcas y las autoridades municipales decidieron dar un plazo de 72 horas al gobierno y la empresa minera para que participen de la mesa de diálogo el ministro o viceministro de Energía y Minas y el gerente general de Hudbay, debido a que los representantes actuales no tienen poder resolutivo.

El segundo día de la mesa de diálogo se suspendió debido a que la empresa minera no acepta el aporte del 7% de sus utilidades y lo que ofreció, a través de su representante: Víctor Hugo Cotrina, son 500 mil soles anuales para cada distrito de la provincia, 1 millón de soles para la implementación de acciones de prevención y lucha contra el covid-19; y la gestión de 42 millones de soles de inversión en obras que se harían por la modalidad de Obras por Impuestos.

Además, los dirigentes exigieron que Hudbay deje de trabajar durante la suspensión de la mesa de diálogo y anunciaron que iniciarán medidas legales para la nulidad de la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la unidad minera Constancia, tal como lo señalan los periodistas de Pulso Regional, que estuvieron presentes en la mesa de diálogo.

Puedes ver el desarrollo del segundo día de la mesa de diálogo AQUÍ

 

Chumbivilcas

Tras 8 días de paralización de las comunidades de la provincia de Chumbivilcas agrupadas en el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH); el día de hoy, viernes 22 de enero, llegaría un representante del Ministerio de Energía y Minas para abordar las exigencias de la provincia:

  • Acuerdo de un Convenio Marco Provincial con la empresa minera Hudbay para que destine el 7 % de las utilidades anuales y se incorpore el monitoreo ambiental comunitario del medio ambiente y salud humana.
  • Nulidad de la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Constancia de Hudbay debido a que el instrumento ambiental en participación ciudadana se realizó solo a través de sesiones virtuales y llamadas telefónicas, vulnerando los derechos colectivos a la participación ciudadana oportuna, intercultural y con transparencia.
  • Fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en los distritos afectados por la minería.

La medida de paralización se tomó debido al desplante de la empresa minera, que convocó a los dirigentes y autoridades a una reunión. “El 7 de diciembre, Chumbivilcas ha terminado con las vías de diálogo y muy a pesar de ello cuando Hudbay envió una carta para reunirnos el 15 de enero, Chumbivilcas ha aceptado (mediante oficios) y hemos estado presentes dirigentes y autoridades. Todo para escuchar la propuesta de la empresa minera… Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas y Hudbay no se presentaron en Chilloroya, por eso el pueblo chumbivilcano ha decidido levantarse en pie de lucha”, señaló el presidente del FUDICH, Wilbert Fuentes.

Espinar

Las organizaciones sociales de la provincia cusqueña de Espinar: el Frente Único de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) y la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), entre otras organizaciones, anunciaron que retomarán la huelga indefinida el 28 de enero a través de un comunicado, tras tener una asamblea el 14 de enero.

Señalan en su comunicado que el gobierno y la empresa minera abandonaron la mesa de diálogo que tenía como agenda la reformulación del Convenio Marco, la consulta previa del proyecto minero Coroccohuayco, la reparación a los afectados por metales tóxicos de Espinar y la remediación de los lugares contaminados.

Además, rechazan que el ministerio de Energía y Minas sea el facilitador de las reuniones con el gobierno central debido a que estaría parcializado con la empresa minera.

Asimismo, rechazan que el gobierno y el Ministerio Público estén desarrollando procesos penales contra los dirigentes sociales que han liderado los legítimos reclamos de la población, criminalizando así la protesta social.

Finalizan su comunicado saludando el fallo del Poder Judicial que exige al Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Cusco a atender a la población afectada por metales tóxicos de la provincia.

Las Bambas

Ante el paro iniciado el 23 de noviembre del año pasado que fue suspendido el 7 de diciembre ante la propuesta del gobierno de retomar las mesas de diálogo que había abandonado la empresa y el mismo gobierno; el 20 de enero se desarrolló la reunión entre representantes del MINEM, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantaron; el congresista Lenin Checco; autoridades municipales; dirigentes sociales; y representantes de MMG Las Bambas, para que la empresa minera informe sobre las transferencias por canon minero que recibió la región entre el 2012 y el 2020. Los dirigentes sociales de la Federación Campesina del distrito de Chalhuahuacho y Frente Único de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Chalhuahuacho exigen que la empresa minera pague el canon del segundo semestre del 2017 a la fecha, debido a que la empresa no ha reportado utilidades y por ello no ha habido canon, que en la situación actual es clave debido a la crisis económica producto de la pandemia.

Las organizaciones de Challhuahuacho han dado como plazo el 10 de febrero para que el gobierno responda si habrá canon este año, tal como lo exige toda la provincia de Cotabambas. Además, se abordarán otros puntos como la afectación ambiental en la región producto de la actividad minera. Los dirigentes pidieron la presencia de funcionarios del Ministerio del Ambiente, OEFA y ANA.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

La pandemia y la segunda ola ya es inevitable en nuestro país, las cifras del número de contagios y fallecidos reportados por el MINSA son evidentes. Al momento, según la sala situacional de la Covid-19, tenemos 1.078.675 de casos positivos en el país; en las ultimas 24 horas tuvimos 3.406 casos de contagios, y a la fecha desde que inicio la pandemia se tiene registrado más de 39 mil fallecidos, y lo peor de todo es que las medidas anunciadas por el gobierno de Sagasti son insuficientes. Las camas UCI ya están colapsadas, hay colas para buscar oxigeno y la vacuna esta lejos de llegar a tiempo. Lamentablemente no hemos aprendido nada de los cuidados y las acciones preventivas de la primera ola, ni el gobierno ni la ciudadanía, y nuevamente entramos a la lógica del sálvense quien pueda.

Mientras la pandemia de la Covid-19 está entrando a su momento pico, los conflictos sociales también se han reactivado, y de modo particular en el corredor minero del sur andino. Las comunidades y la población local en Cotabambas reclaman atención sobre los compromisos no cumplidos en la mesa de dialogo de Las Bambas; los mismos reclamos se han hecho publico en el caso de Velille – Chumbivilcas, por donde pasa la carretera del corredor minero, y donde los impactos ambientales y sociales son cada vez más evidentes. En Chumbivilcas no solamente tenemos el caso de Las Bambas, en las últimas semanas las comunidades del entorno minero de la canadiense HudBay y su proyecto Constancia han denunciado que la empresa minera busca ampliar su proyecto minero sin respetar la consulta previa y sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades afectadas; al momento la población sostiene un paro indefinido mientras aguarda la llegada de representantes del gobierno nacional.

Del mismo modo, en Espinar las comunidades afectadas por el nuevo proyecto minero de Coroccohuayco han denunciado que no se esta respetando la consulta previa y que además las autoridades nacionales han abandonado la mesa de diálogo y que buscan desconocer los acuerdos previos arribados meses atrás. En el caso de Espinar, además, hay una sentencia que ha sido ratificada por la Sala Mixta de Canchis que obliga al Estado Peruano a través del MINSA y sus órganos competentes a atender de manera integral la salud de las personas afectadas por metales tóxicos. Esta situación no solo pasa en Espinar; a nivel nacional existen miles de personas expuestas a la presencia de metales tóxicos en sus cuerpos y muchos de ellos se encuentran ubicados en zonas de actividad minera.

Desde la Red Muqui advertimos y alertamos de la situación de tensión que se vive en este momento en el corredor minero, muchas de las demandas planteadas por las comunidades afectadas y la población local ya han sido planteadas en mesas de dialogo pasadas. Lamentablemente estas nos se han cumplido, tanto por el gobierno nacional como por las empresas mineras. Urge que el gobierno atienda de manera seria e integral estas demandas, lo contrario significara la suma y reactivación de conflictos sociales inminentes.

El fin de semana reciente, el equipo COVID-19 del Hospital Regional de Cusco realizó pruebas de descarte a 70 trabajadores de la empresa minera Hudbay. 3 de estos casos resultaron positivos.

El director del hospital, Félix Hidalgo Ramírez, sostuvo que los tres trabajadores ya cumplen la cuarentena. “En ninguno de los casos se requiere hospitalización debido a que presentan un cuadro estable y asintomático”, señaló a la institución Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) de Cusco – integrante de la Red Muqui-.

Las pruebas de descarte a los trabajadores se realizaron en el Centro de Salud de Acamana, del distrito de San Jerónimo, antes de que sean trasladados al campamento minero como relevo. “Médicos, enfermeras y biólogos hicieron el triaje, atención médica y la toma de pruebas rápidas, que fueron proporcionadas por la empresa minera”, señala la nota de DHSF.

29 trabajadores con COVID-19 de empresas mineras de Cusco

A estos 3 casos, se suman los 18 casos que confirmó la Red De Salud de Chumbivilcas, tras el reporte inicial de la empresa minera Hudbay, que luego quiso desmentir a través de un comunicado. Con estos tres casos más, ya suman 21 trabajadores con COVID-19 de Hudbay. Y, en la región, suman 29 casos del sector minero, con los 8 trabajadores que dieron positivo, hace unos días, a prueba rápida de la empresa minera Antapaccay.

Es importante resaltar que ahora las empresas mineras están empleando como estrategia, señalar que no tienen casos de coronavirus en sus empresas hasta que no les hagan las pruebas moleculares. Esto pasó con los 18 trabajadores de Hudbay, que dieron positivo a prueba rápida de COVID-19, y que luego la empresa señaló que no tenían a trabajadores confirmados con coronavirus. Sin embargo, la empresa trasladó a estos 18 trabajadores hasta un hotel en Arequipa sin haber coordinado con la Red de Salud de Chumbivilcas y la Dirección Regional de Salud de Cusco.

Familiares preocupados por trabajadores

De acuerdo al contacto que pudimos tener desde Red Muqui con uno de los familiares de los trabajadores que se encuentran en cuarentena en el Hotel Los Andenes de Arequipa, los trabajadores todavía no saben cuándo ESSALUD o el MINSA de Arequipa les van a hacer las pruebas moleculares y atenderlos para que haya un registro oficial desde el Estado y puedan atenderlos si es que la situación de alguno de ellos empeora.

Como lo hizo conocer la Red de Salud de Chumbivilcas (Cusco), la empresa minera reportó que les habían hecho las pruebas rápidas a sus trabajadores, pero la Red de Salud no tuvo ni tiene conocimiento de las marcas de esas pruebas, ni los protocolos sanitarios realizados por la empresa minera.

Solo el médico contratado por la empresa minera de Hudbay es quien periódicamente va a visitar a los trabajadores al hotel para ver cómo siguen. Sin embargo, esto se da por presión de los propios trabajadores y familiares.

DIRESA Cusco convoca a reunión con empresas mineras

Frente a estos hechos que se han denunciado públicamente desde la propia Red de Salud de Chumbivilcas y varias instituciones, la Dirección Regional de Salud ha convocado para este martes 5 de mayo,  a una reunión con los representantes de las empresas mineras que operan en Cusco «para que se constituyan en unidades epidemiológicas informantes, así como para evaluar y verificar que sus planes de contingencia de prevención, control y vigilancia epidemiológica del COVID-19 estén dentro y cumplan con los lineamientos del MINSA y DIRESA Cusco, que incluye nos alcancen la certificación de uso de las pruebas rápidas que están utilizando», señala el comunicado del 03 de mayo de la DIRESA Cusco.

Además, agrega que 2 trabajadores, de los 8 que dieron positivo a COVID-19 de la empresa minera Antapaccay,están en “fase final contagiante”; y precisa que dos clínicas donde la empresa había realizado las pruebas de descarte, no estaban autorizadas por la DIRESA.

Vigilancia

Desde la Red Muqui y sus instituciones miembro, estaremos atentos al desarrollo de esta reunión debido a que la irresponsabilidad de las empresas mineras y del gobierno, que dio facilidades para que la actividad minera se siga desarrollando, han generado que en varias provincias y regiones, los trabajadores mineros contagiados hayan esparcido el virus al no haberse implementado un control sanitario efectivo, con protocolos estrictos de parte del gobierno, y con la debida fiscalización de parte de todos los organismos del Estado.

El gobierno ha aprobado el plan de reactivación económica y la minería se encuentra como prioridad para el desarrollo de este plan; sin embargo, las empresas mineras continúan actuando de manera unilateral en las regiones, y la fiscalización del Estado es muy débil, como se ha visto en el caso de Antamina, Hudbay, y otros casos de empresas mineras que hemos reportado.

254 trabajadores mineros con COVID-19

Aumento de trabajadores con COVID-19 en el sector minero va en aumento. Al reporte que se tenía al 29 de abril de 251 contagiados, ahora la cifra subre a 254 y con las últimas informaciones que hemos podido recabar de parte de los trabajadores de la empresa minera Chinalco, la cifra aumentará mucho más en los próximos días.

 

Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

 

Estos últimos días hemos tenido finalmente la información y el panorama más completo sobre la situación de los trabajadores mineros contagiados por el Covid-19 por responsabilidad de las empresas del sector minero. Se ha llegado ya a 251 casos confirmados, y que fueron informados por las mismas empresas, así como las autoridades sanitarias regionales y SUNAFIL, aunque se sospecha que son muchos más casos. El día de hoy, recientemente, se acaba de confirmar 08 casos de la empresa minera Antapaccay. En Ancash, Antamina hasta ahora ha reportado 210 casos; en Cusco, minera Hudbay: 18 casos; en Arequipa, minera Bateas: 06 y minera Cerro Verde: 01; en Pasco, minera Tinka Resources: 01 caso, y Nexa Resources: 01 caso; en Junín, minera Chinalco: 04 casos; y en el Callao, la empresa almacenadora de minerales, Impala: 02 casos.

 

Desde la Red Muqui hemos advertido de esta situación desde que se declaró el estado de emergencia, señalamos que la minería no era una actividad esencial, inclusive hemos cuestionado que la minería se haya exceptuado de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno. En ese sentido, hay dos aspectos que tenemos que empezar a mirar con atención, los protocolos sanitarios para la actividad minera aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y el rol de los entes fiscalizadores en materia laboral, de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores mineros.  Lamentablemente, ante la pregunta de la prensa el día de hoy, sobre los protocolos que deben cumplir las empresas mineras respecto a garantizar la salud de sus trabajadores; el gobierno evadió su responsabilidad respecto a esta situación y, a través del ministro de Salud, traslado la responsabilidad a las direcciones regionales de salud.

 

La aprobación del “Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID – 19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las Unidades Mineras y Unidades de Producción” es insuficiente, ya que no contempla hacer pruebas rápidas y/o moleculares de COVID-19 a los trabajadores que salen e ingresan de los campamentos mineros. Por ello, el protocolo debe ser revisado y actualizado a la luz de los últimos hechos. Asimismo, en esta revisión se debe incluir a las instituciones competentes en este tema como son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y no los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Finalmente, se debe incluir a los sindicatos de los trabajadores mineros en esta revisión junto a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Ver informe elaborado por Red Muqui hace unas semanas.

 

De otro lado, queda evidenciado ante esta situación de emergencia la precariedad institucional de los entes fiscalizadores y supervisores en esta materia, quiénes deberían velar por hacer cumplir la ley y sancionar a las empresas que infringen estos derechos como son la salud, la seguridad y el trabajo en el caso de los trabajadores para el sector minero. SUNAFIL, las Direcciones Regionales de Salud, entre otros, no han logrado darse abasto para atender estas denuncias que venían de muchas semanas atrás.

 

Entonces, frente a situación que podría desbordarse en el sector minero, el gobierno debe hacer una evaluación seria y responsable para paralizar momentáneamente las operaciones mineras, por lo menos hasta que se implementen protocolos integrales con opinión del sector de salud y trabajo, y de los trabajadores; y que estas respeten el derecho a la vida y la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades locales.

 

CASO EXPULSIÓN DE DOCUMENTALISTAS EN CUSCO

El Instituto de Defensa Legal (IDL), CooperAcción, Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF Cusco) y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (Aporvidha), presentaron una demanda de Hábeas Corpus ante la amenaza de una nueva detención -arbitraria e ilegal- en contra de Jennifer Moore (ciudadana canadiense), coordinadora del programa con América Latina de MiningWatch Canadá y defensora de los derechos humanos.

La demanda se presentó en contra del Ministerio del Interior, el Departamento de Seguridad del Estado de Cusco de la Policía Nacional del Perú y la Jefatura Zonal de Cusco de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

A través de este recurso constitucional, recibido por el Juzgado Penal de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima, estas organizaciones de Derechos Humanos piden que la Policía Nacional se abstenga de detener, hostigar, criminalizar o atentar contra la libertad de opinión y expresión de la ciudadana canadiense, quien debe regresar al Perú el próximo 8 de agosto de este año.

“La detención de Moore se realizó en violación del derecho de las personas a ser puestas a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario, pues permaneció detenida por 4 horas aproximadamente, tiempo más que suficiente para realizar la identificación de su identidad personal”, señaló Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL.

Ruiz Molleda agregó que también hubo violación de la libertad de opinión y de expresión reconocido en la Constitución, así como un acto de censura que es prohibido por el ordenamiento jurídico constitucional.

“Es lamentable que el Ministerio del Interior insista en que Moore fue detenida por cuestionar las malas prácticas de una empresa minera, y que ello afecta el orden público. Es por ello que también ha solicitado se ordene a Interior, el cese de amenazas de expulsión e impedimentos para Moore”, indicó el constitucionalista.

En la demanda se pidió que se ponga en conocimiento de la Fiscalía Provincial Penal competente para que se investigue la comisión de ilícitos penales en perjuicio de Moore, a causa de su detención arbitraria y la persecución, hostigamiento, difamación y criminalización que ha sufrido

Desde Canadá, la agraviada Jennifer Moore, afirmó que en este proceso de criminalización hay una intención de aislar a las comunidades que viven alrededor de la mina de cobre de Hudbay en Cusco y limitar la información independiente y solidaria a que tienen acceso hoy y al futuro.

“Es un precedente terrible para muchas personas quienes están haciendo esfuerzos para compartir sus investigaciones, su periodismo, y su experiencia – técnica o personal – con las comunidades afectadas por la minería en Perú y la población en general. Tenemos que cuestionar esto», dijo a Alerta Minera Canadá.

Convenios con la minera de por medio

En opinión de los demandantes, esto es consecuencia de los convenios entre las empresas mineras y la Policía, que solo privatizan el ejercicio del poder coercitivo del Estado y privatizan el orden minero a favor de las empresas mineras, y promoviendo la criminalización de la protesta o de quienes las cuestionan.

“Es de conocimiento público que la empresa minera HudBay mantiene convenios con la PNP de la región policial Cusco, el mismo que permite a la empresa coordinar con los efectivos policiales una serie de acciones que va en contra de sus funciones constitucionales, convirtiéndose en una especie de agente de seguridad privada de la empresa minera”, remarcó Ruth Luque, abogada especialista que ha revisado y denunciado estos convenios.

En ese sentido, Luque insistió en que los convenios se revisen y sean transparentes. Más aun cuando se ha establecido que los convenios con las mineras, no los suscriban las direcciones territoriales, sino directamente con el sector Interior en Lima.

“En la cláusula 5.1.7. del convenio con HudBay se indica que el jefe del destacamento policial designado a la minera, puede hacer una serie de intervenciones a pedido de terceros o de la misma empresa. Es por ello que defienden una posición arbitraria contraria a la empresa, algo que va en contra de un estado de derecho donde todos podemos opinar diferente”, aseveró la fundadora de DHSF Cusco.

Detalles de la detención

El 21 de abril, la proyección documental terminó alrededor de las 7:40 de la noche.  Pasadas las 8:00 p.m., cuando comenzaron todos los asistentes comenzaron a salir de la Casa de la Cultura, agentes policiales vestidos de civil interceptaron a los documentalistas mientras los grababan en video. Luego fueron rodeados por otros 20 policías vestidos de civil que habían llegado en autos particulares con lunas polarizadas. El personal de migraciones también llegó para identificarse. En medio de todo argumentaron que se trataba de una intervención de rutina para identificarlos.

Ya que Jennifer no contaba con su pasaporte a la mano, fue trasladada hasta la sección de extranjería de la División de Seguridad del Estado (ubicada en la urbanización Progreso), de igual modo se llevaron a Jhon, pese a que él sí se identificó.

Luego de ponerse en ponerse en contacto con sus respectivas embajadas y ante la llegada de un representante de la Defensoría del Pueblo, se le permitió a Jennifer y a una abogada de DHSF ir a recoger su pasaporte en compañía de dos agentes policiales.

Al regresar a la oficina de extranjería, los abogados verificaron que la policía de extranjería tenía en su poder un pliego interrogatorio respecto a las acciones de Jennifer y Jhon, incluso días antes de que llegaran al Perú.

Con ello se confirmó que no se trataba de un simple procedimiento de “verificación”, sino de una acción planificada y ejecutada para la vigilancia y seguimiento de ambos extranjeros.

Ante esta situación, y por recomendación de los abogados, Jennifer y Jhon se negaron a responder y a firmar cualquier tipo de declaración; sin embargo, el Sub Oficial PNP Edgar Abarca ordenó que no los dejaran salir hasta la llegada del Fiscal de Turismo, que jamás llegó. Es así que fueron retenidos hasta la 1:00 a.m. del 22 de abril.

Luego, durante ese fin de semana se emitió una citación policial para que declaren sobre su situación migratoria en territorio peruano.

Ese día por la tarde, Jhon y Jennifer llegaron por avión hasta la ciudad de Lima y luego se embarcaron en otro vuelo internacional. Finalmente salieron del país por temor a no tener las garantías sobre su integridad personal.

Los estaban siguiendo

Los efectivos policiales estuvieron siguiendo a Dougherty y a Moore cuando fueron a presentar el documental en los distritos de Chamaca, Velille y Santo Tomas (provincia de Chumbivilcas, Cusco).

En dichos lugares, la policía estuvo preguntando a los asistentes sobre el contenido del documental, además de indagar en donde se hospedaban los extranjeros, así como sus actividades.

Por ejemplo, en Velille, dos policías uniformados y armados se presentaron en el domicilio de Juan Valencia, encargado de la convocatoria para la presentación del documental, pidiendo la entrega de algún acuerdo o acta del evento. En respuesta, Valencia dijo que hubo dos periodistas de la empresa minera y que podían preguntarles a ellos.

Al día siguiente, Valencia también fue abordado dos trabajadores de HudBay, identificados como Nilton Días (jefe de relaciones interinstitucionales) y Clodomiro Monge. Ambos preguntaron lo mismo que los oficiales.

Igualmente, en Santo Tomás, dos policías visitaron unas tres veces el hospedaje donde se alojaban Jennifer y John. En todo momento insistieron en ver el cuaderno de registros y obtener más datos de los dos.

Los equipos legales de CooperAcción y DHSF, miembros de la RED MUQUI, señalaron que este “seguimiento” solo se da en el marco de la persecución de un delito y con el conocimiento de la Fiscalía.

“Si se trata de averiguar acerca de la situación jurídica de un inmigrante, no se necesita hacer actos de seguimiento porque serían desproporcionales. En este caso la Policía del Perú actuó en forma aislada, atribuyéndose el seguimiento a personas que gozan de sus derechos al libre tránsito y libre expresión”, apuntaron.

No hubo investigación

En su comunicado público del 22 de abril (Nro. 008-2017), el Ministerio del Interior se adelantó a definir la situación migratoria de los documentalistas sin haber empezado la investigación correspondiente.

“La conducta de los ciudadanos extranjeros implica la alteración del orden público o el orden interno por lo que cabría la aplicación de la medida de expulsión”, señala Interior, vulnerando el derecho de las personas a ser considerados inocentes, mientras no se pruebe su responsabilidad.

Fuente: IDL / DHSF / RED MUQUI / La Mula

Fotos: CBC News / Investigativemedia.com / Flin Flon documental

SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

  • Convenios fueron entregados por Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), CooperAcción, RED MUQUI y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • Acuerdos privados entre la minera y Ministerio del Interior no garantiza respeto a los derechos humanos
  • Efectivos custodian integridad de la minera haciendo el el uso de la fuerza
  • PNP del Cusco entregó documentos de convenios a DHSF, luego de un orden judicial

El proyecto minero Las Bambas (Cotabambas, Apurímac) paga entre 100 a 110 soles diarios, a los efectivos que repriman protestas sociales y custodien solo la integridad de la minera, según convenio interinstitucional firmado con la Policía Nacional, a través de la Región Policial del Cusco (Oficio N° 088-2016-REGPOL CUSCO-EM/OID). Todo ello en el marco prestación de servicios extraordinarios complementarios.

Estos pagos se realizan de manera individual, de acuerdo a la jerarquía de cada policía, y de manera quincenal. Sin embargo, el depósito se hace por medio de la institución policial sin transparencia alguna.

En el documento refiere que la empresa minera, es quien mantiene libros y registros contables de todos los pagos que efectúa a la PNP por un periodo no menor a tres años.

Como parte del convenio, la Policía coloca a disposición de la minera, al General PNP Directoral de la Región Policial Sur Oriente quien es el encargado del control, supervisión, coordinación, evaluación y planeamiento. Es decir, se coloca a un funcionario público al servicio de un privado, aun cuando sus funciones son pagadas por el Estado.

Asimismo, se establece un depósito en cuenta corriente (N° 002-161102172 del Banco de la Nación) del 0.11% de la UIT por hora, a nombre de la Unidad Ejecutora 000036 “X Dirección Territorial de Policía Cusco”, como recursos directamente recaudados dentro de los primeros 10 días de cada mes. Recaudaciones que no se dan a conocer públicamente.

Además de ello, la minera establece que los efectivos policiales asignados desempeñen otras acciones fuera del área del PROYECTO. Por ejemplo, en la cláusula 5.1.7 indica que las operaciones policiales pueden realizarse fuera del área geográfica del PROYECTO.

“El Jefe del Destacamento, ante cualquier contingencia, deberá dirigir las operaciones policiales…ya sea dentro del área de EL PROYECTO o, cuando las circunstancias lo ameriten, fuera de dicha área”, especifica el documento.

No obstante este no es el único convenio que la Región Policial del Cusco ha suscrito en la zona sur del país. Entre los años 2010 y 2014, se suscribieron otros con la Compañía Minera Quechua (Espinar), Compañía Minera Tintaya-Antapaccay (Espinar) y Minera Hudbay (proyecto Contancia en Chumbivilcas), todas ubicadas en el Cusco.

Sin garantía de derechos

Aunque estén respaldados por Ley, lamentablemente estos convenios permiten el abuso y la violación de los derechos humanos. Sumado a ello, desnaturalizan la función policial, que, en vez de resguardar y garantizar la seguridad de todos los peruanos, termina por convertirse en una especie de seguridad privada de la empresa minera.

“La Policía Nacional hará uso de la fuerza en casos excepcionales y extremos, cuando esté en riesgo inminente la vida del personal de LAS BAMBAS y/o sus contratistas” exige la empresa minera.

Como resultado de esta cláusula convenios, que no son de carácter público, están los hechos violentos como el que sucedió el pasado 14 de octubre, en medio del conflicto de Las Bambas, en donde el comunero Quintino Cereceda Huisa (42 años) falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Acto que ha desprestigiado a la Policía en el manejo de conflictos socio ambientales.

Aunque la empresa aclara que no existe ningún tipo de vínculo laboral, ni dependencia, entre el personal de la PNP y LAS BAMBAS (cláusula 12.3.1.) consideramos que, si existiría un nivel de dependencia e incluso, la empresa podría tener la condición de tercero civilmente responsable en la medida que su comportamiento tolera o promueve una conducta punible.

Sociedad Civil presentó convenios

 

En conferencia de prensa, Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) estimó que producto de todos los convenios existentes en el Perú, la PNP estaría recibiendo más de un millón de soles a nivel institucional debido al porcentaje que percibe por cada hora que trabajan los efectivos por resguardar a las mineras.

“Nos preguntamos en qué se gasta ese dinero que ingresa bajo el rubro de recursos directamente recaudados. Esta dependencia económica es inaceptable en un Estado constitucional donde los policías deben estar al servicio de toda la población”, señaló.

Otra preocupación expresada por Luque en la rueda de prensa fue el del uso de la fuerza utilizado al servicio de Las Bambas, por ejemplo.

«Los casos excepcionales y extremos no son especificados en los convenios, pero sí se establece que Policía tiene que anteponer la defensa del personal de Las Bambas, su infraestructura, sus terceros y contratistas, dejando de lado la protección de los pobladores»

«Esto evidencia que la Policía está parcializada, en este caso con las empresas mineras. Lo mismo ocurrió en Espinar en el 2012, donde incluso se tenía un destacamento policial al interior del campamento minero. Esta forma de intervención policial en base a convenio se ha repetido en muchas zonas del país donde hay actividad minera», recalcó Jaime Borda, Director de Derechos Humanos Sin Fronteras.

«El viceministro de Interior ha reconocido que existen 200 convenios con empresas privadas, 31 de los cuales son con industrias extractivas. Todos ellos rebasan los marcos constitucionales, así como los principios voluntarios de la seguridad y derechos humanos de las propias empresas», dijo Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

«A esta situación de los convenios se suma la cooptación de entidades de la Policía, como fue el caso de la DINI en donde se colocó un funcionario relacionado a una empresa minera», apuntó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

«Aquí los protocolos, sobre los cuales la policía debe tomar decisiones han sido trastocados y perturbados por estos convenios establecidos con la empresa minera. El mismo Ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha reconocido que en el conflicto de Las Bambas, los efectivos al mando no supieron seguir los protocolos», recordó José De Echave, miembro de CooperAcción.

Cómo se obtuvieron

El 01 de setiembre del 2014, la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, interpuso una acción de Habeas Data ante el Juzgado Mixto de Wanchaq (Cusco) y consiguió que dos años después, la Región Policial Sur Oriente de Cusco entregue una copia de dichos convenios suscritos entre los años 2010 al 2014. La información entregada, no solo reconfirma la existencia de convenios, sino brindan información sobre sus objetivos y los beneficios económicos que obtiene la PNP.

DATOS:

El objetivo de estos acuerdos interinstitucionales, y de otros a nivel nacional, se da en el marco de la aplicación de la Ley de la Policía Nacional del Perú (Ley N° 27238), y el Decreto Supremo N° 004-2009-IN, que reglamenta los Servicios Extraordinarios Complementarios a la función Policial, con el fin de prestar servicios de vigilancia, seguridad y otros convenios en el área de influencia del proyecto minero.

Fotos: Jorge Chávez / Comunicaciones RED MUQUI

  • Exigen cese de contaminación por operaciones mineras e incumplimiento de acuerdos de la mesa de diálogo
  • Paro se desarrolló de manera ordenada y de manera pacífica

La integrante del Único de Defensa por los Interés de Espinar (FUDIE), Elsa Merma, informó a Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) que el paro preventivo que se acata en la provincia de Espinar (Cusco) se desarrolla de manera pacífica pese al bloqueo del km 14 de la vía Espinar – Arequipa, que comprende los centros poblados de Alto Huancané, Tintaya Marquiri, Huisa, Hancollahua, Condoroma, Imata; tramo por donde pasan las unidades vehiculares de las empresas mineras HudBay, Las Bambas y Antapaccay.

“Hasta el momento el paro se desarrolla de manera pacífica y ordenada, hemos conversado con los trabajadores de la UGEL, que han dispuesto apoyarnos y nos acompañan en esta marcha”.

Asimismo, indicó que por la tarde se llevará a cabo un mitin en la plaza central de Espinar donde se contará con la presencia del Alcalde provincial, Manuel Salinas. Esta jornada de protesta responde al incumplimiento de los compromisos y acuerdos asumidos por el Gobierno Central en la mesa de diálogo que fue instalada hace más de tres años.

Básicamente las organizaciones sociales y algunas autoridades locales de las comunidades exigen el cese de la contaminación ambiental en el entorno de las operaciones mineras de Glencore Antapaccay en la provincia. Como producto de estas actividades, existe parte de la población con altos índices de metales pesados en la sangre, y que hasta el momento no reciben tratamiento especializado por parte del Ministerio de Salud.

Desde las 00:00 horas, la medida de fuerza inició con la participación de las diferentes organizaciones sociales como: el Frente Único de Defensa por los Interés de Espinar – FUDIE, la Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería – ADEPAMI, El Frente único de defensa del cañón de Apurímac, la  Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio, El Frente Único Juventud Kana – FUJEK, y representantes de comunidades afectadas por la minería.

Con esta medida, también se recuerda el cuarto año de la lucha del 21 de mayo del 2012, cuando el pueblo de Espinar realizó una protesta contra la contaminación ambiental que afectaba a la población aledaña a la mina y al incumplimiento de los compromisos del gobierno central en torno al proyecto Majes Siguas II y de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). Como parte de las actividades, los dirigentes mencionaron además que se rendirá homenaje a las tres víctimas que fallecieron por impactos de bala durante los enfrentamientos con la Policía en mayo del 2012.

Lee también: Espinar inicia paro de 24 horas frente al incumplimiento de compromisos para afrontar contaminación ambiental

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

TRAS CONFORMACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO

  • Fiscalía abrió investigación pese a que no se registraron enfrentamientos durante protesta
  • Son 14 los denunciados por delitos contra los medios de transporte entre otros

El presidente de la Comunidad Urasana (distrito de Velille, Chumbivilcas), Amilcar Alcca Chacalla, informó a Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) que la fiscalía de San Tomás ha abierto una investigación a varios dirigentes sociales y alcaldes de provincia de Chumbivilcas, así como de los distritos Velille, Chamaca y Livitaca, por haber participado en las movilizaciones del 25, 26 y 27 de enero en la zona de influencia del proyecto minero de Constancia a cargo de la empresa canadiense Hudbay.

El dirigente comunal de Urasana, señaló haber sido denunciado por delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, entre otros. En la misma situación se encontrarían 13 dirigentes comunales del Frente de Defensa de Velille junto con los tres alcaldes distritales y el alcalde provincial de Chumbivilcas.

Amilcar Alcca dijo mostrarse sorprendido por esta determinación del ministerio público, y aseguró a DHSF Cusco que durante esta protesta de enero, no se registraron disturbios ni enfrentamientos entre pobladores y efectivos policiales.

El Frente de Defensa de Velille, los presidentes comunales, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y los distritos cercanos a esta provincia, realizaron un paro preventivo de 72 horas los días 25, 26 y 27 de Enero del presente año, en contra de la empresa HudBay Perú SAC, y su proyecto minero Constancia en la provincia de Chumbivilcas.

Esta medida de lucha respondió al pedido de cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, en el marco de su política de responsabilidad social y ambiental con los centros poblados y comunidades locales.

Otro pedido contemplado en el pliego de reclamos alcanzados a la minera, era la declaración a de todas las comunidades del distrito de Velille como área de influencia directa, mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y social de dicho proyecto minero.

Tras la medida de protesta, recién el 27 de febrero se instaló una Mesa de Diálogo en Velille, en la que participaron: el alcalde distrital de Velille, el alcalde provincial de Chumbivilcas, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del el Ministerio de Energía y Minas (MEM). En este encuentro con el Estado, se confirmaron oficialmente los grupos de trabajo de responsabilidad social y medio ambiente.

 

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco