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A inicios de marzo del 2023 se realizó la convención minera más importante del mundo en Toronto, Canadá, la convención del PDAC (Asociación Canadiense de Prospectores y Desarrolladores), en la cual participaron más de 30 mil empresarios provenientes de 130 países. La delegación peruana estuvo conformada por el primer ministro Alberto Otárola; el ministro de Economía, Álex Contreras; el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera; y al presidente del BCR, Julio Velarde.

En esta convención, a través de sus representantes, el gobierno de Dina Boluarte mostró su postura de que el Perú “abrazará” con fuerza el extractivismo minero, es decir que el país está abierto a la inversión minera y que hay condiciones para invertir en la minería, a pesar de que el país se encuentra en una de las crisis sociopolíticas más graves de las últimas decadas, y en la cual se ha vulnerado gravemente los derechos humanos y cuyo saldo ha dejado la lamentablemente pérdida de 67 vidas humanas (49 civiles en enfrentamientos, 1 policía, 6 militares y 11 civiles por hechos vinculados a los bloqueos de carreteras).[1]

Además, el ministro de Economía y Finanzas informó que su sector ejecutará un “shock de eliminación de permisología minera”, con lo cual el Ejecutivo buscará agilizar y reducir los trámites para la exploración y explotación minera en el país.

De acuerdo con el Secretario Ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, estos anuncios lo que hacen prever es que en los próximos meses se viene una mayor presión en los ministerios de Energia y Minas y del Ambiente, ya que “se va buscar facilitar aún más la inversión minera en el Perú, y probablemente irán en contra de la alicaída institucionalidad ambiental, es más hace poco el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley N° 31696, el cual otorga facultades legislativas al “Ejecutivo en materia económica y modernización del Estado”, dentro de los cuales se busca afectar las competencias técnicas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental de las inversiones mineras y petroleras en el Perú”.

En la línea con los anteriormente mencionado, el economista Juan Aste Daffós señala que las empresas han aprovechado la posición del gobierno de militarizar territorios y reprimir movilizaciones para presionar al Estado a agilizar la aprobación de proyectos mineros en el país, ya que “consideran que el pueblo va a retroceder” por el temor y la forma cómo el gobierno ha actuado contra los manifestantes, y no representarán un obstáculo para la inversión minera en los territorios. Nuevamente, el gobierno trabaja una estrategia que busca priorizar la inversión y crecimiento económico, en lugar de escuchar las demandas del pueblo, proteger los derechos humanos y del ambiente.

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Oscar Vera Gargurevich, anunció que hay seis nuevos proyectos mineros que se desarrollarán entre el 2023 y 2024 con una inversión de US$ 6,920 millones. Detalló que para el presente año están contemplados la construcción de los proyectos cupríferos Magistral en Áncash (operado por la empresa Nexa Resources); Reposición Antamina ubicado en Áncash (operado por la empresa Glencore), considerado el yacimiento de cobre más grande del Perú; la mina de plata Corani en Puno (operado por la empresa canadiense Bear Creek Mining); y el proyecto minero de zinc Romina ubicado en Huaral-Lima (perteneciente a la empresa minera Volcan). Mientras que para el año 2024, se trabajará en las operaciones cuprífera Zafranal en Arequipa; y de oro Yanacocha Sulfuros en Cajamarca.

Como se sabe, el MINEM presentó 47 proyectos por US$ 53,715 millones en un informe sobre la cartera de inversión minera para el 2023. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el 47% del total de proyectos tiene historiales de conflictos sociales con la población local. Según Jaime Borda, es posible que con los nuevos anuncios de los proyectos extractivos, en los próximos meses habrá mayor represión en los territorios para sacar adelante estos proyectos mineros, y que la política de mano dura, violencia e impunidad se va mantener en el regimen de Dina Boluarte.

Con estas decisiones, el gobierno de Dina Boluarte ha vuelto a demostrar que no representa al pueblo y que no escucha sus demandas, no olvidemos que en el sur del país están concentrados la mayor cantidad de conflictos socioambientales sin resolver vinculados a la minería, y cuyas mesas de diálogo no han logrado atender las demás de las comunidades en las zonas mineras. Por esa razón, para Jaime Borda, es inconsecuente el mensaje de “minería con todo” del gobierno de Boluarte, ya que “está claro que no hay condiciones para más minería en la actualidad, y mucho más sin plantear cambios o reformas en ese sector como el impuesto a la sobreganancias mineras, la reforma a la ley general de minería o el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, por el contrario los conflictos sociales de van a reactivar con más fuerza en los territorios.

Para Juan Aste, a partir de la decisión pro extractivista del Estado, lo importante será alertar e informar a la población para enfrentar el avance de los proyectos extractivos de tal forma que no se acepten proyectos mineros sin haberse establecido espacios donde la población haya participado. “Uno de los objetivos de las empresas es que se elimine la consulta previa, lo cual representaría eliminar un derecho de los pueblos indígenas u originarios, población que ha sido históricamente vulnerada. Por esa razón, se debe trabajar en una verdadera consulta previa y que la población tenga conocimientos y argumentos para que se pueda tomar una decisión adecuada sobre un proyecto extractivo en sus territorios” señala Aste.

Otro punto importante es el fortalecimiento de la gestión ambiental. De acuerdo con Aste Daffós, las empresas buscan que este proceso, en el cual se administran los recursos naturales, se dé solo bajo responsabilidad social empresarial, lo cual representaría que la compañía minera entregue un informe de gestión ambiental al Estado, sin participación de la población. De esa manera, el economista Aste propone que el fortalecimiento de este proceso se dé con participación de las propias comunidades, y de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria y ciudadana.

Finalmente, el economista Juan Aste señala que la participación de las personas en la gestión de sus territorios y del ambiente es fundamental para contrarrestar la flexibilización y desregulación en materia de procedimientos mineros que busca el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte a través, no solo de las medidas que impulsa, sino también a través de su discurso de que los proyectos mineros son fundamentales por la cantidad de puestos de trabajo que va a generar para los peruanos y el desarrollo del país, sin embargo, detrás de esto se continúan con un gobierno autoritario que realiza acciones de represión, que ha cobrado las vidas de decenas de peruanos y peruanas, y tiene un enorme desinterés por atender las reales demandas del pueblo.

 

[1] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario3032023_17horas.pdf

 

RED MUQUI, ante la situación de conflictividad social que persiste en el Valle de Tambo en Arequipa, y que se ha extendido a Moquegua, Tacna, Cusco, y otros lugares del país, y frente a las recientes decisiones asumidas por el gobierno y la postura de los gremios empresariales, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. El Estado necesita fortalecer, priorizar y ejercer su rol protector de la persona humana y de su dignidad ante cualquier decisión que requiera tomar.
  2. Consideramos que las inversiones son importantes para la economía del país, pero deben darse o promoverse en el marco del respeto de los derechos humanos. Los últimos gobiernos, acogiendo el discurso de los sectores empresariales, han buscado incrementar las inversiones, en particular para las actividades extractivas, y en especial en minería, con marcos normativos y políticas que sacrifican la regulación de protección del ambiente y los derechos de las personas bajo una justificación de “simplificación administrativa” o de “reducción de la tramitología”.
  3. Estos “paquetazos” normativos debilitaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre otras cosas, facilitando su modificación por Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) cuyo plazo de aprobación es de tan solo 15 días. También se debilitó la fiscalización ambiental al limitar la función sancionadora de OEFA durante tres años.
  4. Nos preocupa que las presiones de los gremios empresariales sigan incidiendo en las decisiones que se toman en diversas instancias del gobierno nacional, y ello evite que el Estado asuma su rol garante de derechos frente a situaciones que pueden generar conflictividad social. El Estado no puede reducir su rol a ser sólo “mediador”.
  5. El caso del proyecto minero Tía María nos plantea la necesidad de contar con un Estado que recupere su rol constitucional, garante de derechos como prioritario; y desde esa perspectiva revise sus decisiones en marcos normativos y políticas públicas sobre temas ambientales, sociales y de criminalización de la protesta, que hoy en día facilitan las actividades extractivas en desmedro de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia de los proyectos, propiciando mayor conflictividad social.
  6. En ese sentido, es necesario comprender que las protestas que hoy se extienden a nivel nacional son legítimas, porque las poblaciones y comunidades lo único que hacen es defender sus territorios y bienes comunes; en particular, exigiendo se respeten sus modos de vida y sus actividades económicas ancestrales. Se trata de poblaciones que subsisten sin mayor apoyo de un Estado, que, en vez de despreciar sus actividades como la agricultura, la ganadería, la artesanía, y el turismo sostenible; o ponerlas en riesgo, debiera apoyarlas para que mejoren sus condiciones de existencia. Este apoyo es una exigencia porque es el Estado el responsable de que todos y todas lleven una vida con dignidad y justicia en el país.