Después de nueve meses, el equipo fiscal a cargo de Nancy Chávez, ha llegado a Juliaca y recorrido parte de los lugares donde las fuerzas del orden asesinaron a 18 personas. El presidente de la Asociación de Víctimas de Juliaca, Raúl Samillán, lamentó que el lunes solo avanzaron con cuatro casos y el martes, el equipo fiscal culminó a la medianoche, tomando las declaraciones de todos los familiares de las personas asesinadas.
“Los peritos no querían que se les diga nada. No cumplieron con las expectativas que teníamos. La diligencia solo era para verificar los hechos donde ocurrieron las muertes y culminó con un acta. Mañana viernes los fiscales continuarán constatando el lugar donde varias personas fueron heridas”.
El abogado de las personas asesinadas y heridas el 9 de enero en Juliaca, César Quispe explicó que con ayuda de los deudos se está realizando hasta la próxima semana la verificación en el lugar de los hechos, que permite la ubicación exacta de las víctimas al momento de recibir los disparos fatales y relacionar esos lugares con la posición de las escuadras de la Policía Nacional de Perú (PNP) que se encontraban en las inmediaciones. Eso permitirá “ubicar en el tiempo y en el espacio, no sólo a aquellos que efectuaron los disparos, sino también las cadenas de mando hasta llegar a los responsables de dar las órdenes”, expresó el abogado.
Quispe valoró la oportunidad que les abre estas diligencias, ya que es una posibilidad para la defensa de recolectar las pruebas que puedan ser usadas para enjuiciar a los responsables, pese a las adversidades relacionadas con un equipo fiscal constituido en Lima por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Máxima autoridad del Ministerio Público que, como se ha develado en numerosos reportajes de medios de investigación periodística, está blindando a la actual gobernante de facto y a su Premier Alberto Otárola de los intentos de avanzar en las investigaciones judiciales en su contra por las masivas violaciones de los derechos humanos cometidas durante los primeros meses de su mandato y que pudiesen llevar a sus condenas.
Por otra parte, el letrado explicó que contrariamente a la lógica ventaja que brindaría contar con un equipo fiscal proveniente de la región, este equipo encabezado por Nany Chávez y conformado en Lima ni tiene noción de los lugares ni conoce a los deudos y a los abogados querellantes y por lo tanto necesita más tiempo y recursos para desentrañar los casos.
Investigación en Cusco sufre retraso
Referente a las investigaciones en curso para esclarecer las violaciones a los derechos humanos en Cusco, la abogada de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Yudith Conto, integrante de la defensa legal de los familiares de Rosalino Flórez y Remo Candia, asesinados durante las protestas desarrolladas en el departamento contra el régimen el 11 de enero, informó a Red Muqui que la fiscal a cargo del “Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales – EFICAVIT” en Cusco, Cynthia Gamarra, ha sido removida de sus funciones este miércoles. Un hecho que genera preocupación debido a que las investigaciones estaban avanzando diligentemente. Incluso ya se había realizado la reconstrucción de los hechos en el lugar donde los manifestantes recibieron los disparos y se habían tomado las declaraciones de los policías que estuvieron en los lugares de los hechos.
Recientemente, también, ha aparecido un herido que hasta ahora no había denunciado su caso, que aún tiene un proyectil alojado en su brazo desde el 11 de enero. En estos momentos se encuentra esperando junto a la defensa legal de DHSF, la fecha en la que será citado para la extracción de la munición con presencia del equipo fiscal, debido a que la policía quería extraerle el proyectil en el hospital de Sicuani en enero pasado sin la presencia del Ministerio Público. Según la abogada Conto, la ahora removida fiscal, estaba a punto de programar esa fecha. Otro hecho que demuestra el avance en los trabajos que había desarrollado la funcionaria.