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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Durante la semana, la novedad en el escenario político peruano la ha dado el presidente Pedro Castillo, ya que después de su juramentación como presidente de la República, es la primera vez que envía un mensaje a la nación para hacer algunos anuncios. Entre la que más ha destacado fue la construcción de una planta para la fabricación de la vacuna Sputnik en el Perú, algo que sin duda nos parece importante. A la par, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en la semana también ha declarado a la prensa señalando que “la calle pide la vacancia presidencial de Pedro Castillo”, echando de esta forma más leña al fuego a la confrontación política entre el Ejecutivo y Legislativo. Lamentablemente, este escenario de constante crispación política no nos lleva a ningún lado, por el contrario, se pierde el norte para discutir lo verdaderamente importante para el país.

De otro lado, un tema que queremos comentar y que debería generarnos preocupación es el desabastecimiento de agua que vienen sufriendo los pobladores de uno de los distritos más grandes del país, hablamos de San Juan de Lurigancho en la ciudad de Lima. Lo que viene pasado en este distrito no solo es responsabilidad de las autoridades competentes en este sector como SEDAPAL o los gobiernos locales, si no de la política de gobierno que se debe empezar a discutir para garantizar agua en cantidad y calidad para todos los peruanos y peruanas que no tienen acceso a este recurso vital. Lo que viene pasando en San Juan de Lurigancho solo es una muestra de lo que podría pasar si se desabastece de agua a toda Lima, una de las ciudades más pobladas de todo el país. Y esto pasa por proteger nuestras cabeceras de cuenca en las partes altas, así como reconocer el trabajo de cuidado que realizan nuestras comunidades campesinas en estas zonas, que muchas veces son estigmatizadas o criminalizados por defender sus recursos hídricos.

Finalmente, esta semana, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino ha realizado una serie de visitas a dos regiones mineras en el país, primero a Pasco y luego a Huancavelica. En el primer caso, ha visitado dos zonas afectadas por la minería en la provincia de Cerro de Pasco, y como era previsible, el principal reclamo de los cerreños es la atención a los impactos ambientales y a la salud de las personas expuestas a metales tóxicos en la zona. Al respecto, el ministro Merino pidió al viceministro de Ambiente que le envié un estado de la situación actual, incluyendo los informes de la ANA y OEFA. Y respecto a los casos de afectados por metales tóxicos, relativizó su situación al señalar que deberían haber estudios «neutrales», desmereciendo los estudios internacionales que se han hecho a decenas de niños en la provincia de Cerro de Pasco, que precisó que habían niños contaminados con plomo, mercurio y otros metales pesados.

Del mismo modo, el titular del MINEM estuvo en Huancavelica para escuchar las demandas de los pobladores y autoridades locales, quienes cuestionan el intento de ingreso del proyecto minero de exploración Puqaqa Sur de la empresa minera Nexa Resources a sus territorios. La posición de la población local es que este proyecto no se puede realizar porque afectaría las fuentes de agua para consumo humano de la ciudad de Huancavelica. En ambos casos, el ministro de Energía y Minas no ha podido responder con claridad sobre como se piensan gestionar estas demandas e impactos que viene generando la actividad minera en el país. Luego de más de tres décadas de intensa actividad minera en el país, es evidente que tenemos que discutir un nuevo marco jurídico y social para la minería y no solo promoverla sin mayor discusión o revisión, como lo han hecho los últimos gobiernos de turno.

El reciente martes 10 de agosto durante la mañana, la Comisión Técnica Ambiental del Consejo Municipal Provincial de Huancavelica, acompañados por el congresista huancavelicano Alfredo Pariona, se reunió con el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, en su despacho ministerial, e hizo entrega del memorial de las organizaciones sociales de toda la provincia de Ayacucho y del Frente de Defensa Provincial dirigido al presidente Castillo y su gobierno, en donde se expresa el rechazo a la aprobación de la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero de exploración Pukaqaqa Sur por parte del Consejo de Minería que está a cargo de la Dirección General de Minería del MINEN; y se pide que no se autorice el inicio de operaciones del proyecto minero. En la reunión estuvieron también presentes el viceministro de Minas y el director de la Dirección General de Minería.

El memorial finaliza expresando la confianza en que el presidente de la República honrará su palabra de maestro, de que “un proyecto minero que no tenga rentabilidad social, ¡no va!”

Además, la Comisión Técnica Ambiental del Consejo Municipal de Huancavelica, a través de la regidora y especialista ambiental, Elsa Bustamente, sustentó las principales observaciones al desarrollo del proyecto minero, que pone en riesgo de contaminación por arsénico el agua potable que consumen más de 50 mil personas del distrito de Huancavelica y Ascensión, debido a que afectaría la cabecera de cuenca de Callqui que es donde la Planta de Tratamiento de EMAPA Huancavelica capta el agua para potabilizarla y sea de consumo de la población.

Respuesta del ministro

De acuerdo a las declaraciones de la regidora Elsa Bustamente, el ministro señaló que recién se estaba enterando de la problemática y que también escucharía a la empresa minera Nexa Resources que está a cargo del proyecto minero Pukaqaqa Sur. Quizá Nexa podría aclarar algunas dudas a la población, habría señalado el ministro, de acuerdo a lo narrado por la regidora Bustamante.

Finalmente, la Comisión del Consejo Municipal señaló al ministro que la decisión del pueblo es que el mencionado proyecto minero no va y que el gobierno debería apostar por el apoyo a otros tipos de inversión en la provincia como es la siembra y cosecha de agua, de acuerdo a las ordenanzas regionales y provinciales en el marco de la lucha contra el cambio climático, la implementación de la ley de recursos hídricos y el Plan Nacional de Acción Ambiental, en que se precisa que se tienen que proteger las cabeceras de cuenca.

Protección de cabecera de cuenca

La representante de la Comisión Técnica Ambiental de Huancavelica también señaló que han enviado un oficio a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que realice la delimitación de la cabecera de cuenca de Callqui y además sea declarada zona intangible conforme al marco metodológico, priorizándose el agua para consumos humanos en calidad y cantidad. El 9 de julio la Autoridad Nacional del Agua publicó en El Peruano la metodología para la demarcación de las cabeceras de cuenca, pero falta que se establezca los criterios para que una zona pueda ser declarada intangible. La ANA ha señalado que en 3 meses tendrá listo ello.

A nivel de Huancavelica, la subgerencia de Planificación y Ordenamiento Territorial del gobierno regional presentará una propuesta técnica de demarcación de la cabecera de cuenca de Callqui, señaló la regidora provincial de Huancavelica. “Le estamos pidiendo a la universidad de Huancavelica y al Colegio de Ingenieros para trabajar esa delimitación, añadió la regidora y especialista ambiental.

Finalmente, la representante de la Comisión, Elsa Bustamante, señaló que también se reunirán con los representantes de la Comisión de Energía y Minas, Fiscalización y Contraloría, y Pueblos Andinos y Ambiente, de Congreso de la República para hacerles llegar sus observaciones al proyecto minero de exploración Pukaqaqa Sur.

Dirigentes se pronuncian

Los dirigentes sostienen que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero en mención es insuficiente para determinar el nivel de impacto que se podría ocasionar con cualquier intervención en esta zona, ya que actualmente las aguas tienen presencia de metales pesado como el arsénico y por ello el Consejo de Minería debió haber rechazado esa DIA; y precisan que los procesos de participación han sido insuficientes e inadecuados, pues se debe permitir la plena y amplia participación de todos los pobladores que pudieran verse afectados.

Finalmente, a través de un video, el secretario general del Frente de Defensa Provincial del Pueblo de Huancavelica recordó el apoyo del pueblo Huancavelica a Pedro Castillo para su victoria presidencial, y precisó que esperan cambios concretos en beneficio de las comunidades y la defensa de sus derechos en Huancavelica frente a la amenaza de este proyecto minero.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

A poco más de una semana de asumir la presidencia de la República, el profesor Pedro Castillo ha tenido que pasar por varios embates políticos, los ataques no solo han venido desde fuera, si no por las propias decisiones que ha ido tomando el presidente en el nombramiento de su gabinete ministerial, entre ellos el cusqueño Guido Bellido y algunos ministros más, así como la demora en la juramentación de Pedro Francke y Aníbal Torres en las carteras de Economía y Justicia. Luego de escuchar un mensaje a la nación muy potente que reivindicó a los pueblos y comunidades más olvidadas del interior del país, el presidente intentó trazar la ruta de su gobierno en temas como la atención a la salud y la pandemia, la reactivación económica, la atención al agro, así como la relación que se va tener con la actividad minera, entre otros.

Sobre los anuncios en relación a la política minera que piensa implementar el presidente Castillo, esta el tema de la “rentabilidad social”, término poco conocido por las comunidades afectadas por la minería, y que por el contrario tienen un contenido más empresarial. Habría que decir que este mensaje no queda claro, porque bajo esta premisa se podría decir que si todo proyecto minero cumple con este criterio podría aprobarse, por lo tanto, proyectos cuestionados como Tía María en Arequipa o Conga en Cajamarca, que no tienen licencia social, eventualmente: ¿podrían implementarse? Desde Red Muqui creemos que esto sería un error en la gestión de Castillo, ya que durante la campaña el presidente ha señalado que estos proyectos no irían. Por ello en estas provincias la gente a votado mayoritariamente por Pedro Castillo.

Siguiendo esta línea de la “rentabilidad social”, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ya ha tenido algunas reuniones con los gremios mineros como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), así como con algunas empresas mineras chinas. El nuevo ministro también ha señalado en un diario de circulación nacional que el proyecto Tía María podría retomarse, algo que ha causado sorpresa en los pobladores del valle de Tambo en Arequipa. Al punto que uno de los congresistas de Perú Libre de Arequipa ha pedido una aclaración al premier y al presidente sobre estas declaraciones. Pareciera que en el tema extractivo minero no habrá grandes cambios o reformas por parte del gobierno de Castillo, por los menos es lo que se evidencia en estas primeras acciones y declaraciones del ministro de Energía y Minas. Esperamos que no sea así y sí haya grandes cambios.

Finalmente, un tema que queremos remarcar en la semana es la atención del gabinete de Guido Bellido al conflicto del corredor minero en Chumbivilcas. Nos parece positivo la tregua momentánea de 60 días que se ha conseguido con las comunidades, sin embargo, este conflicto está lejos de resolverse, ya que las demandas son múltiples y resolver el saneamiento de esta carretera “que nadie aprobó” en las comunidades, va a suponer atender las demandas de todas las poblaciones y comunidades por donde pasa esta vía y no solo en la provincia de Chumbivilcas. Así mismo, la instancia encargada de ver los conflictos sociales en el país como es el viceministerio de gobernanza territorial debe ser repotenciada política y económicamente, lamentablemente el nombramiento de una persona que no conoce este sector no va ayudar a mejorar esto, tal como ha sucedido esta semana. Por el bien del país, esperamos que el gobierno del presidente Castillo haga los correctivos necesarios en este viceministerio y la soluciones a la problemática minera sean integrales y no solo parches como ha venido ocurriendo con los gobiernos anteriores.

 

 

 

Por: Juan Aste Daffós

El discurso inaugural del presidente Pedro Castillo el 28 de julio 2021 logró calmar a los empresarios y a la gente al plantear la consolidación y mejora de la actual política de salud, la reanudación de las clases presenciales en el 2022, y la pronta reactivación de la economía a fin de recuperar el empleo perdido mediante el impulso de la inversión pública, las facilidades para reprogramar las deudas, obtener créditos para el agro, las pymes, el turismo y el transporte, además de un bono de 700 soles a cada familia vulnerable.

Sin embargo, en el discurso, el eje estratégico de la economía está centrado en la profundización del extractivismo minero, con una gestión ambiental muy permisiva. Las economías de Bolivia con gobiernos de izquierda como el de Evo Morales y Luis Arce ahora, y la de Ecuador con Rafael Correa y Guillermo Lasso han hecho lo mismo.

Así, para el gobierno de Castillo: “los proyectos mineros van” si cumplen con el criterio de la rentabilidad social, es decir, si se comprometen en generar mayores ingresos y empleo dinamizando las economías locales, por lo que la licencia social, manifestada en la consulta a las poblaciones locales involucradas, es dejada de lado, o se aplica tal como ahora, en que se consulta la resolución administrativa que aprueba los estudios de impacto ambiental o las modificaciones a este.

Cuando el presidente Castillo nos dice que la rentabilidad social se considera superior a la licencia social, es decir, al derecho a la consulta de las poblaciones locales, está otorgando la prioridad a los proyectos mineros porque supuestamente generarán los recursos estatales necesarios para financiar proyectos de inversión pública en salud, educación, en el agro y otras actividades. Pero, sin diagnóstico de la minería y con un enfoque fundamentalmente económico y subordinado a lo que decida el Estado en los territorios, quedan de lado las alternativas de vida de las poblaciones locales, y ello es solo garantía de mayores conflictos socioambientales.

El discurso de Castillo refuerza el criterio de la rentabilidad social, cuando para promover los proyectos de inversión, sostiene que “Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica, y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente.” Y a nivel territorial, ocurre igual cuando afirma que se debe poner orden en la minería “sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto”.

Asimismo, cuando el presidente Castillo asume el criterio de la rentabilidad social como “una nueva forma de hacer proyectos en el Perú”, coincide con la propuesta del “Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (ICDMS) de la PCM (feb 2020) del gobierno de Vizcarra, avalada por la Sociedad Nacional de Minería, que para enfrentar el fracaso histórico estructural del perjuicio y empobrecimiento de las poblaciones del entorno de los proyectos mineros, y lograr el apoyo social al proyecto minero, propone la “construcción del entorno social favorable a cada proyecto”.

Esta propuesta consiste en que la inversión minera implemente un plan piloto y luego uno de mediano plazo del llamado “Plan de Desarrollo Territorial, Sostenible e Integrado” con la participación del gobierno nacional, el gobierno regional, las municipalidades, las empresas y la sociedad civil en cada lugar del entorno de un proyecto minero, señalando que la consulta no es vinculante. Se trata de ofrecer apoyo en la elaboración de planes de desarrollo y recursos económicos a cambio de aprobar un proyecto minero, pero incluso en esta opción, las empresas incumplen los acuerdos una vez que las operaciones se inician, generándose nuevos conflictos.

Los puntos propuestos por el presidente Castillo que aportan, aunque parcialmente, están referidos a la urgente necesidad del reconocimiento de las comunidades indígenas para hacer valer sus derechos amparados en el convenio 169 de la OIT. También se hace una mención indirecta a la consulta cuando al referirse a la toma de decisiones de la mayor importancia, solo se afirma débilmente que “se consideren las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano.”

Respecto a la gestión ambiental, se señala la creación de instrumentos, cuando en realidad se trata de darle continuidad al Plan Nacional Actualizado del Convenio de Estocolmo pre publicado el 23 dic 2019 y a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y el Plan de Acción 2014 al 2018 -editado en nov del 2014-, ambos publicados por el MINAM, más el «Plan de Atención lntegral de Salud a las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas aprobado por ESSALUD el 31 enero 2020.

El gobierno de Castillo plantea abordar la demanda por adecuar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de agua, aire y suelo, existiendo además los de ruido, gestión de sitios contaminados y relaciones no ionizantes, frente a la desregulación aplicada desde el 2013 por el MINAM, que ha hecho más permisivos los ECA de agua, como el de “riego de vegetales y bebida de animales”, y el de aire, como el dióxido de azufre. Se sabe que la actividad minera siempre contamina las cuencas donde se ubican sus diferentes componentes que emanan gases, partículas y efluentes, generando degradación irreversible sobre los ecosistemas, razón por la cual la minería no es sostenible.

Existen varias propuestas de Ley de Ordenamiento Territorial en el Congreso de la República, y el gobierno de Castillo ha asumido el reto de darle continuidad a lo que ya está en curso. Sin embargo, un avance en esta dirección es darle el carácter de vinculante a las consultas vecinales realizadas, por ejemplo, en el valle de Tambo (Tía María en Arequipa), en el valle de San Lorenzo (Tambogrande en Piura) y en las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta (Huancabamba y Ayabaca, Piura), y no permitir que se siga generando incertidumbre, estrés y más muertes en estas poblaciones locales. Sin embargo, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, dejó abierta la posibilidad que Tía María opere, al declarar el primer día de su gestión: “la población que no le ha dado la licencia social. Si ellos resuelven ese tema, el proyecto iría».

A contracorriente del deseo manifiesto de las empresas mineras de eliminar el financiamiento del OEFA para evitar la determinación de las infracciones ambientales y luego aplicar las multas, el gobierno de Castillo ha propuesto eliminar las trabas que impiden el cobro de dichas infracciones ambientales, las cuales deben utilizarse para fortalecer la gestión pública ambiental.

El gran vacío en el discurso del presidente Castillo ha sido el enfoque territorial y participativo de la gestión pública, y dentro de este el tema de la gestión del agua y su relación con la actividad minera, por ejemplo, en la determinación de las fuentes hídricas por las propias empresas mineras y su uso en perjuicio de las comunidades y poblaciones locales. Así, el rol, las normas y las acciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben adecuarse para proteger las cuencas y los territorios de las comunidades frente al alto riesgo del impacto de la minería, así como, se requiere la aprobación de una ley que institucionalice la vigilancia y el monitoreo ambiental realizado por las comunidades y organizaciones sociales de las áreas urbanas, complementariamente a la labor del OEFA, ANA, DIGESA, SENASA y otras.

También estuvo ausente la necesidad de avanzar en la descentralización de la gestión ambiental, en particular de los conflictos mineros, que representan más de las dos terceras partes del total de conflictos socioambientales, habiendo estado activo el conflicto de Las Bambas. Así también, llama la atención en el discurso el vacío respecto a la necesidad de modificar normas y conductas de los representantes del Estado para garantizar los derechos de las comunidades y poblaciones locales frente a la criminalización de la protesta social.