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¿Estamos ante un nuevo escenario en el sector minero con el primer mes del nuevo ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui?

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Desde que asumió la cartera del Ministerio de Energía y Minas, el nuevo ministro Miguel Incháustegui, tras la crisis del gabinete Cateriano, ha dado varios anuncios de un supuesto viraje en su sector.

Ha señalado que van a priorizar 9 proyectos mineros que se encuentra en la última etapa y que están avanzando en permisos y financiamiento. Aunque señaló que su gestión, a diferencia de las anteriores, no pretenderá imponer proyectos mineros que tienen rechazo de la población como Tía María, Conga y Río Blanco; el proyecto minero Toromocho, que anunció se priorizará, actualmente tiene el rechazo de las familias que aún viven en Morococha.

También ha señalado, a diferencia de las anteriores gestiones, que generará consensos y espacios de diálogo tripartitos con los gobiernos regionales, provinciales, municipales y las comunidades. Sobre el corredor minero del sur aguarda el mineroducto del proyecto Las Bambas o un tren que pueda sacar los minerales sin afectar a la gente que vive alrededor y soporta el paso de más de 300 camiones diarios.

Asimismo, ha señalado sobre Espinar que respetara los acuerdos de la mesa de diálogo. Afirmó también en una entrevista que no se han relajado las normas ambientales y que tendrán la intervención del MINEM para que no ocurran fallas en las normas que se han modificado como el de exploración minera y el nuevo reglamento de procedimientos mineros.

Además, durante esta semana, las empresas de su sector están en el ojo público porque el Tribunal Constitucional resolvió que la SUNAT debe seguir cobrando las deudas tributarias que las empresas no quieren pagar. De estas empresas privadas, 22 son empresas mineras que deben más de 5 mil millones de soles.

¿Estamos en un nuevo escenario con el nuevo ministro?

Recabamos la opinión de 2 economistas, especialistas en minería.

Juan Aste:

El nuevo ministro ha mostrado un perfil más institucional sustentada en los informes de Rimay y la Comisión de Desarrollo Minero sostenible. No propiciar los conflictos, no darle prioridad a Tía María y otros proyectos. Sin embargo, ha coincidido su entrada con la publicación del nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros, que es un peligro por todos los impactos ambientales que significa, estableciendo el silencio administrativo positivo; o aprobar en un solo procedimiento la concesión de beneficio y la licencia de construcción que favorece a la empresa minera Southern con su proyecto Tía María, por ejemplo.

También está la aprobación del reglamento de protección ambiental de la exploración minera y ahí hay otro problema porque se han sacado los componentes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Exploración y se han pasado al cateo y prospección, haciendo aparecer como si la exploración no tuviera impacto. Avalar eso para dinamizar la exploración, que era objetivo del gran empresariado, es preocupante.

Institucionalmente, él nuevo ministro, está respaldando la desregulación de los procedimientos, que tendrá impactos para dinamizar la inversión.

Ha coincidido su entrada con la flexibilización del reglamento interno de trabajo en las minas en el contexto del Covid para que la producción recupere sus niveles de producción al 100%. Sobre esto ha señalado que la Sunafil es quien tiene que actuar, evadiendo responsabilidad de su sector.

En conclusión, con la nueva gestión se le ha dado continuidad a la política minera que va a traer sus consecuencias en las cuencas hídricas al expandir la exploración y ampliar esta capacidad de producción con la menor cantidad de requerimientos y en los plazos mas cortos, ahí habrá impacto en la agroalimentación y las cuencas hídricas.

José De Echave:

El nuevo ministro tiene un período corto hasta julio del próximo año. Ya empieza la campaña electoral. Es un período corto para pensar en cambios significativos. Va a ser una gestión de salida, son los últimos meses del gobierno.

En relación a los mensajes que ha dado, ni él ni el gobierno pretenden sacar adelante proyectos mineros que tengan fuerte resistencia como es el caso de Tía María, Conga, y Río Blanco. Van a dejar que los proyectos que están más o menos encaminados: Quellaveco, Mina Justa, ampliación de Toromocho y otros proyectos muevan la inversión minera.

Lo que sí hay que ver son los cambios normativos, porque sigue habiendo la tendencia de desregulación ambiental y social para el sector. Eso debe monitorearse.

Habrá que ver cuál es su posición frente a los cambios normativos. Lo cierto es que la acción del Ministerio de Energía y Minas y el Estado en su conjunto frente a estos procesos de flexibilización van a ser muy limitados. Tenía limitaciones antes de la pandemia y ahora mucho más. La capacidad de fiscalizar, dar seguimiento es mucho más limitado de lo que ya era. La sensación que tengo es que el ministro está sentando posición sobre unos temas y sobre otros no.

Por ejemplo, en el sector laboral, la Federación de Trabajadores Mineros le está pidiendo al MINEM que sincere las cifras de contagios y que junto al Ministerio de Trabajo sienten posición sobre las condiciones laborales que están implementando las mineras. Las jornadas laborales se han extendido hasta 40 días de trabajo continuo. Esto también implica riesgos a las poblaciones vecinas por la exposición al contagio.

El ministro dice que es un tema laboral, pero también le corresponde a su sector. En el protocolo de salud y seguridad ha participado el Ministerio antes de que entre él a la cartera. Las modificaciones del distanciamiento en el trabajo, la potestad del viceministro para aprobar los protocolos por cada empresa ha sido cambiado y las consecuencias de ello las estamos viendo en el aumento de contagios.

Sobre las deudas tributarias, el presidente ha señalado que está de acuerdo en que las deudas no prescriban. Esperaría que los ministros estén alineados. Ya que las deudas corresponden en una gran cantidad, más de 5 mil millones, a las empresas mineras, esperemos que haya un posicionamiento claro del actual ministro.

Sobre las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, veo difícil que se vaya a implementar. La Comisión ha planteado varias cosas, sobre la exploración minera, el gobierno ha tomado ello y ha flexibilizado la protección ambiental para la exploración minera. Asimismo, tiene varios vacíos el informe, por ejemplo: el tema laboral.

Me da la sensación que en el poco tiempo que tiene el ministro va a ser difícil implementar esas recomendaciones y lo que está intentando relanzar el gobierno es Rimay, donde estaban construyendo una visión de la minería al 2030.

 

 

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OCM: “Es momento que PPK impulse institucionalidad y políticas públicas para manejar conflictos sociales”

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DETERMINÓ 19 INFORME OCM

  • Región macrosur sigue concentrando mayor parte de conflictos socioambientales del país (34%)
  • Se recomienda derogar convenios entre las mineras y la PNP para evitar mayores fricciones con la población

El director del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), José de Echave, consideró el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe discutir en serio -y a fondo- sobre qué tipo de institucionalidad y políticas públicas necesita el Perú para hacer frente a los conflictos sociales.

Durante la presentación del 19 reporte del OCM, se evidenció en que aún no se tiene una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad fortalecida, que pueda orientarse a implementar el Sistema Nacional de Gestión de Conflictos que PPK propuso en su plan de gobierno.

“Se requiere un Sistema Nacional con alta capacidad de prevención y nula letalidad. De igual manera, un refuerzo de la institucionalidad y presencia del Estado en todo el territorio donde exista conflictividad, así como una buena coordinación multisectorial”, puntualizó De Echave.

Asimismo, recordó que es fundamental que se desarrolle un claro enfoque de derechos que tome en cuenta que los territorios en los cuales se producen los conflictos no son territorios vacíos; hay comunidades y pueblos indígenas con derechos que deben ser respetados.

Adelanto social “atrasado”

El también exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, señaló que, en el trancurso de esta gestión, sigue predominando el enfoque del “adelanto social”. Propuesta que está presente en el plan de gobierno como la gran solución a la conflictividad socioambiental en el país.

“Aún no se entiende desde el Estado que los conflictos son multidimensionales y con variables, no solo económicas, sino sociales, culturales, y ambientales. Además, este instrumento ya ha sido utilizado en el periodo 2006 y 2011 durante el súper ciclo. Si bien hubo recursos, no se solucionó el problema y los conflictos aumentaron”, especificó.

De Echave comentó que la aplicación del “adelanto social” ya es evidente en el caso de Las Bambas, con la diferencia que el proyecto minero ya está en marcha.

“Este “adelanto social atrasado” de “Cotabambas competitiva”, incluye infraestructura y servicios públicos; entidades productivas; educación y salud; acompañamiento, control y monitoreo. Sin embargo, la agenda que la población plantea tiene que ver con derechos humanos, medio ambiente, desarrollo sostenible, y responsabilidad social que tiene que ver con el comportamiento de la empresa”, recordó.

Criminalización

Mirtha Vásquez, directora del Grupo de Intervención y Formación para el Desarrollo Sostenible (Grufides), se refirió a las nuevas disposiciones legales sobre detención de personas, que ahora ha cambiado con un decreto supremo. “En contexto de conflictos socioambientales, detener a una persona hasta 15 días, puede resultar grave”, indicó.

En ese sentido, Vásquez dijo que la política de criminalización se viene profundizando con la persecución, encarcelación de líderes medioambientales, a quienes se les impone las condenas por los delitos más graves del código penal. “Esta es una clara muestra de que el gobierno puede dar lecciones, condenando un líder, y los demás no se atrevan a levantarse. Es una pedagogía del miedo”, alertó.

A su turno, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), comentó que la reciente promulgación del decreto N° 1245, pese a que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, expuso sobre la política de derechos humanos ante la CIDH.

“Este decreto supone la sobre criminalización y el aumento de penas por delitos como hurto agravado, daños, que perjudicarán a quienes protestan, porque estos delitos son los que se utilizan para acusarlos”, puntualizó durante su presentación.

Convenios PNP-Mineras

Respecto a los convenios que mantiene la Policía Nacional con las empresas mineras, Velazco aseguró que aún se mantienen, como en el caso de Las Bambas.

Los Decretos Supremos N° 1213 y 1230 aprobados hace un año, junto con el Decreto Legislativo N° 1148, mantienen la posibilidad de los contratos de seguridad privada con la Policía. Se presta la fuerza pública, lo cual ha sido denunciado ante la CIDH en presencia de la ministra de Justicia, quien se ha comprometido a revisarlos”, manifestó.

Río Blanco

De otro lado, Velazco advirtió que ante la presencia del proyecto Río Blanco, la situación de conflictividad en Piura podría recrudecer en los próximos meses. Comentó que, ahora que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le ha aprobado a Río Blanco, un plan de rehabilitación ambiental para los próximos 7 años, las comunidades se sientes desconfiadas y preocupadas.

“Al no ser consultadas, las comunidades estiman que con esto el Estado solo está ganando tiempo para ingresar a sus territorios y que, en la práctica, la empresa solicite ampliaciones para realizar exploración y –hasta- explotación minera”, agregó.

También informó que las comunidades han comenzado a organizarse y movilizarse para exigirle al Estado que se respete la decisión del 97% de la población que, por el año 2007, pidió el retiro de la empresa Río Blanco, y se impulsen actividades como la agricultura y ganadería en sus territorios.

Las Bambas

Al referirse al caso del proyecto minero Las Bambas, De Echave comentó que no queda claro de qué manera es que la empresa MMG Limited atenderá el pedido de modificar el EIA de Las Bambas a marzo del 2017.

“Hay que recordar que una modificación del EIA puede darse por pedido de la empresa o por exigencia del OEFA. Hasta donde tenemos entendido no se ha dado ninguno de estos casos. No se sabe cuál será mecanismo legal que se está utilizando para cambiar un EIA en tres meses, y que además ha sido modificado 6 veces en 2 años”, advirtió.

DATOS DEL OCM

  • 34% de los conflictos están ubicados en el sur, en el norte 28%, en el centro 22%. Siendo Apurímac, Áncash, Cusco, Puno y Cajamarca las zonas de mayor concentración.
  • El Marco Económico Multianual ha proyectado un crecimiento para la Minería del 20% durante el próximo año. Sin embargo, en el crecimiento del país se proyecta alrededor del 7% que no es muy alto.
  • El aporte tributario ha ido cayendo de manera sostenida en estos últimos años, hasta llegar apenas al 4%, en lo que se refiere a impuesto a la renta, y un poco más del 5% de tributos internos en total. En el año 2007, el impuesto a la renta por recaudación minera, llegaba al 50%.

Fotos: CooperAcción / OCM Perú

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Preocupa que se continúe política de desregulación del sector Ambiente los próximos cinco años

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EN GOBIERNO DE PPK

Durante la presentación del 18°Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM Péru), que impulsan CooperAcción, el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) –miembros de la RED MUQUI–, el economista y exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, expresó su preocupación sobre la tendencia de desregulación y contrarreforma que desde hace varios años viene afectando la institucionalidad del sector Ambiente, y que formará parte de las políticas del gobierno entrante de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Al ser consultado por varios periodistas, el representante de CooperAcción, refirió que hasta el momento, en el Perú no se ha podido conseguir una gestión ambiental fortalecida, transversal y que sea transectorial, sin restarle autoridad al Ministerio del Ambiente (Minam), así como a todos sus organismos adscritos como la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE).

“El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante. En su plan de gobierno parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden solucionar con una inyección económica (“adelanto social”); sin reconocer que los conflictos son multidimensionales que pueden tener también componente ambientales, sociales y culturales”, agregó De Echave.

En ese sentido, De Echave cuestionó que el gobierno de PPK tenga una voluntad política, tomando en cuenta que la propuesta de Peruanos Por el Kambio en materia ambiental está orientada a temas específicos como la minería ilegal, que si bien es importante, poco se podrá hacer si no se refuerza la débil institucionalidad ambiental que deja Ollanta Humala. De igual modo, comentó que una eventual fusión de ministerios, sería desfavorable para el sector Ambiente, el cual pasaría a ser una secretaría técnica.

“No solo es un escenario difícil por las leyes de los paquetazos ambientales y los decretos supremos que contraviene a la fiscalización ambiental, sino también porque existe la propuesta de fusionar algunos ministerios, como por ejemplo, el ya voceado gran ministerio de los Recursos Naturales y de Ambiente, en el que estarían los sectores Agricultura, Pesquería, Ambiente, Cultura y Energía y Minas, además de siete viceministerios”, indicó.

De Echave, dejó entrever que en este nuevo gobierno aún es incierto el desarrollo de las funciones del SENACE, que hasta el momento tiene funciones transferidas desde los sectores de Energía y Minas, y Transportes y Comunicaciones. Y que además tiene como jefe, a Patrick Wieland, quien antes de asumir este cargo, fue un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargado de “destrabar” las inversiones.

“Todo indica que no existe la voluntad de que el SENACE se convierta en un organismo fuerte”, remarcó.

Pendientes alrededor de los conflictos

Por su parte, Ana Leyva, directora de CooperAcción se refirió al paquete normativo que el gobierno saliente le deja a PPK, entre estos dispositivos, acotó que urge replantear el uso de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) (D.S. N° 054) y evitar que los proyectos se modifiquen sustancialmente a través de esta vía, que toma tan sólo 15 días de tramitación y no cuenta con mecanismos de participación ciudadana. Es así que puso de ejemplo el caso del proyecto Las Bambas, donde el proceso de modificación que sufrió el proyecto en sí y su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se hizo sin informar a la población, lo cual ocasionó el estallido del conflicto en setiembre de 2015.

A su turno,  Mirtha Vásquez, directora de Grufides, reiteró que la situación que vive la región Cajamarca, la cual lleva 20 años de gran minería, es de resistencia sostenida al extractivismo; respecto a Conga, el rechazo se mantiene y esperan expresarlo una vez más a través de una movilización en las próximas semanas.

Comentó además que aún no se puede comprender por qué la Autoridad Nacional del Agua sigue aceptando actividades extractivas que tienen conflictos por agua. Recalcó también que instituciones como la suya buscan proteger los derechos de las comunidades, no promover conflictos ni incentivar actos delictivos, como se les acusa constantemente.

Para David Velasco, director de Fedepaz, expresó la preocupación por la criminalización de la protesta se mantiene latente.  Según el abogado, estas tres situaciones son: la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los que protestan, las campañas de demolición de honras contra dirigentes y, propiamente, la represión que deja muertos y heridos.

La cifra de 50 muertos en conflictos sociales en los últimos cinco años la brinda una base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Las regiones que presentan registro de más víctimas mortales, durante el gobierno de Humala, son Cusco y Arequipa con 6 cada una, Cajamarca y Piura con 5, Lambayeque y Madre de Dios con 4, y Loreto, Apurímac y Junín con 3 cada una.

Sobre el número de muertes Velazco señaló que «queda claro que a lo largo de este gobierno (Humala) no se respetó la vida».

Si bien reconoció que se mantienen vigentes procesos judiciales por criminalización que tuvieron su origen en hechos anteriores a la actual gestión, como el proceso por el caso Río Blanco, el abogado destacó que «la regla es que no existe a la fecha una resolución judicial firme en el país que establezca responsabilidad por actos de criminalización de la protesta».

Fotos: Jonathan Hurtado / SERVINDI

Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / Observatorio de Conflictos Mineros / SERVINDI

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