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Juliaca: Familiares de víctimas del régimen de Dina Boluarte articulan esfuerzos en Encuentro Nacional

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El sábado 1 de abril, en vísperas de la semana santa, se reunieron la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, la Asociación de los Asesinados y Heridos el 15 de diciembre en Ayacucho y la Asociación de Víctimas de la Represión en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, junto a los familiares de Remo Candia y Rosalino Flores de Cusco, con el objetivo de compartir el proceso de injusticia que están viviendo tras perder a sus familiares y unirse en la lucha contra la impunidad. Varios de ellos no participaban directamente en las legítimas protestas.

El Encuentro Nacional se realizó en el Coliseo Deportivo La Capilla en la ciudad de Juliaca e inició a las 10am con un ritual en señal de duelo por las víctimas de la represión. Previamente las delegaciones marcharon desde la plaza de armas de Juliaca. En la mesa de honor estuvieron los representantes de las víctimas de cada región participante,portando velas en sus manos.

También participaron algunas personas que han quedado heridas por la represión policial y militar, como es el caso de Luzmila Choquehuanca, herida de bala en la pierna el 7 de enero, quien se desplaza en silla de ruedas y señaló que se operó en una clínica porque no había capacidad en el hospital debido a la gran cantidad de heridos que llegaron el 9 de enero. Fecha conocida como «la masacre de Juliaca».


El hermano del médico asesinado Samillán, representante de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Jualiaca, además de señalar que los juicios que han entablado al Estado van a paso de tortuga, precisó que los heridos están abandonados a su suerte por el gobierno y Ministerio de Salud. «No tienen atencion inmediata, les han dado de alta cuando deberían seguir el tratamiento en los hospitales», añadió.

Sobre la situación legal de los casos, el abogado de las víctimas de Juliaca, Quispe, señaló que ahora las Fiscalías de Derechos Humanos están empezando a ver los casos de las personas asesinadas, y que ya se vienen recogiendo algunos testimonios. Anteriormente los casos estaban siendo atentidos por otras Fiscalías no especializadas. Esta es una exigencia que debe plantearse en todas las regiones donde hay víctimas de la represión. Algunos familiares señalaron a Red Muqui que recién irán a declarar porque tenían temor ante el cambio de citaciones de la Fiscalía.

A su turno, el representante de la Asociación de Víctimas de la Represión en Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, señaló que ellos no cuentan con defensa legal debido a que no cuentan con recursos económicos, y que se han sentido abandonados. «Agradecemos la invitación a este Encuentro, ahora estaremos articulados con otras víctimas de la dictadura en la lucha por justicia para nuestros familiares».

El hermano de Rosalino Flores de Cusco, señaló que además de la demora del traslado de su hermano al Hospital Loayza, cuando fue a pedir ayuda a los medios de comunicación de Lima, finalmente no emitieron un reportaje que habían realizado sobre el caso, porque luego salió el video cuando se ve que la policía dispara directamente por la espalda a su joven hermano, que no tenía intestino y no podía comer, producto de los más de 20 perdigones que recibió.

El hijo del ex dirigente Remo Candia de la comunidad Uninsaya Coyana de la provincia de Anta, Cusco, señaló que su padre antes de ser asesinado ya venía sufriendo el hostigamiento policial en su casa y que a pesar de ello fue a la ciudad de Cusco a apoyar la lucha como dirigente de su pueblo.»Si mi padre estuviera vivo hubiera impulsado este Encuentro Nacional junto a ustedes», precisó antes de finalizar su intervención.


Ante la pregunta a algunos familiares sobre el bono que entregaría el gobierno a las víctimas de la represión, varios señalaron que el dinero no les devolverá la vida de sus familiares. La madre juliaqueña de la joven de 17 años que estudiaba psicología señaló que espera que Dina Boluarte y los policías responsables paguen con la cárcel, la pérdida de la vida de sus familiares.

El Encuentro finalizó con arengas: «la sangre derramada jamás será olvidada, el pueblo unido jamás será vencido». Y se recalcó la importancia de desarrollar los próximos encuentros en los territorios de las delegaciones visitantes.

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Familiares de 21 víctimas de la masacre en Juliaca denuncian que investigaciones están paralizadas

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Desde el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el día de hoy, jueves 23 de febrero, la reciente conformada Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca – Puno, realizó una conferencia de prensa en que narraron los hechos de violencia que vivieron ese trágico día, y que hasta ahora la prensa nacional no ha dado a conocer.

Además, en palabras de uno de los abogados de las víctimas, Wilmer Quiroz, denunciaron que las investigaciones en Puno están paralizadas: «Hasta la fecha, no se han realizado pericias balísticas ni psicológicas. Tampoco se han recogido las declaraciones de la PNP y el Ejército, ni se ha citado a los agraviados».

El otro abogado César Quispe, señaló que han requerido a la Fiscalía la apertura de la investigación a los jefes de los operativos y, principalmente, contra el oficial Juan Manuel Herrera, que debe responder “por qué ordenó matar a tantos ciudadanos el 9 de enero en la ciudad de Juliaca”. Los 3 abogados a cargo de la defensa legal de las víctimas, exigen la creación de una Fiscalía de Derechos Humanos en la región, debido a que las investigaciones están en una Fiscalía común sin especialistas a cargo.

En el turno de los familiares de las víctimas, el hermano del médico asesinado, Raúl Samillán, señaló entre lágrimas que su hermano acudió al llamado de auxilio de los brigadistas porque había bastantes manifestantes heridos y porque los brigadistas también estaban siendo reprimidos. “Acudí al hospital y los dos pisos estaban llenos de heridos y sangre en el piso, era doloroso. Eso no ha salido en la prensa (..). Tal vez nunca se me borre de mi memoria la imagen de los muertos en el hospital», señaló el familiar.

Por otro lado, Julia Paccsi, herida con un perdigón en el cuello, señaló: «salí a ayudar a la gente con un balde de agua y vi que los helicópteros estaban disparando, casi encima de la gente, y me pegué a la pared para protegerme y en eso sentí que algo me impactó cerca al cuello. La gente me dijo que estaba sangrando. Quise ir al hospital inmediatamente, pero la gente señaló que la policía estaba deteniendo a las personas que llegaban al hospital”.

Agregó que se fue caminando buscando un centro de salud y llegó a una clínica y como no tenía dinero no la quisieron atender. Recién al día siguiente fue al hospital, pero le señalaron que no tenían especialistas en tratamiento de cuellos y cabeza. Julia precisó que nunca la trasladaron a Arequipa, como decían algunos doctores de Juliaca, y viajó a Lima para conseguir una mejor atención a sus dolencias.

Por su parte, el padre de la menor de 17 años que murió producto de la represión policial por un proyectil de arma de fuego, sin ser parte de la protesta, señaló que su hija quería ser psicóloga y le arrebataron ese sueño. “Lucharé hasta alcanzar justicia”.

Finalmente, ante la pregunta de la prensa sobre la reparación económica de 50 mil soles ofrecida por el gobierno a los deudos de las víctimas; Raúl Samillán, señaló que ningún monto de dinero les va a devolver la vida de sus familiares.

Ante otra pregunta de la prensa, sobre la propuesta de amnistía para policías y militares, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, señaló que es una medida desesperada de algunos congresistas para generar impunidad, “pero no hay amnistías para violaciones de derechos humanos y tarde o temprano la justicia prevalecerá”.

Foto de los 3 abogados de las víctimas del 9 de enero en Juliaca

 

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Puno: Entre la movilización y las demandas históricas no atendidas

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Elaborado por: Bladimir Martínez – Ing. Ambiental de la Red Muqui

Epicentro de las protestas en contra del gobierno de Boluarte:

Actualmente, el departamento de Puno continúa siendo epicentro de las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, luego de que 17 civiles fueran asesinados con disparos en la espalda y la cabeza el pasado 9 de enero[1] en Juliaca, provincia de San Román, y otras tres personas, que fueron heridas producto de la brutal represión policial, fallecieran en los días siguientes[2], haciendo un total de 20 fallecidos solo en Juliaca.

Sumado a esto, en la provincia de Carabaya, dos personas fueron asesinadas por Proyectiles de Arma de Fuego (PAF), un caso que  involucra nuevamente a la policía[3][4], y en la provincia de El Collao, una persona falleció también por PAF[5], lo que eleva el total de personas fallecidas a 23 en el departamento de Puno; mientras cientos de heridos vienen recuperándose en los diferentes hospitales en la región y otras decenas de personas, que han preferido el anonimato, han reportado haber sido heridas en el transcurso de las protestas. Han preferido mantener en secreto sus identidades y optado por resguardarse en sus viviendas, algunos a pesar de cargar con perdigones en sus cuerpos, por temor a las fuerzas de seguridad que habrían estado merodeando los centros de salud, en actitud percibida como amenaza e intimidación.

Los hechos suscitados desencadenaron que el ambiente en las manifestaciones se tense aún más, y que el pueblo haya decidido convocar marchas de manera permanente. Lo que llevó a que delegaciones de miles de puneños viajaran hasta Lima por casi dos meses para participar de las manifestaciones en la capital y buscar visibilizar sus demandas. A pesar de que las delegaciones han regresado a Puno, manifestaron su intención de continuar con las movilizaciones y planificar su próximo retorno a Lima.

 

Respuesta del gobierno

Tal como señala el informe de Amnistía Internacional, el gobierno de Dina Boluarte estigmatizó a la población movilizada, tildándolos de terroristas, narcotraficantes, mineros ilegales, etc., intentando con ello deslegitimar sus demandas y justificar la sistemática violación de derechos humanos[6]. Este gobierno no comprende la grave crisis histórica de problemas irresueltos, discriminación, racismo y exclusión que aqueja al departamento de Puno desde hace décadas, e inclusive siglos. En cambio, el ejecutivo decreta estados de emergencia[7] para socavar el ánimo de resistencia de la población, siendo Puno la única región que quedó bajo control militar[8].

Además, como lo señaló recientemente el Relator Especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo después de una visita a diferentes partes del país: “El gobierno de Perú debe abordar el problema del envenenamiento de las aguas con vertidos tóxicos y metales pesados, que quiebra la salud y el derecho al agua potable de 10 millones de peruanos y compromete la salud de las generaciones futuras”[9].

 

Pasivos Ambientales Mineros sin responsables identificados

El departamento de Puno carga con un pasado minero irresuelto y ocupa el tercer lugar en cantidad de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) hasta el 2022.

 

N° Departamento Cantidad de PAM – 2020[1] Cantidad de PAM – 2021[2] Cantidad de PAM – 2022[3]
1 Ancash 1,235 1,221 1,161
2 Cajamarca 1,156 1,156 917
3 Puno 921 916 774

Fuente: Red Muqui a partir de los inventarios nacionales de PAM del MINEM – 2022

Dicha problemática es acompañada por la imposibilidad del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) de identificar a quienes han generado y quienes son responsables de cada PAM tal como se observa en el siguiente cuadro correspondiente a los pasivos registrados durante el 2022. Si bien el número parecería disminuir, aún existen PAM que no fueron inventariados y muchos no cuentan con responsable ni generador identificados, tal como se observa en el siguiente cuadro:

N° Departamento Generador identificado Generador no identificado Cantidad de PAM 2022[1] Responsable identificado Responsable no identificado
1 Ancash 130 1,031 1,161 194 967
2 Cajamarca 174 763 917 712 205
3 Puno 72 702 774 300 479

Fuente: Red Muqui a partir de los inventarios nacionales de PAM del MINEM – 2022

Es pertinente señalar que cuando no se logra identificar quién ocasionó ni quién es responsable de esta fuente de contaminación, y su nivel de riesgo es elevado, el Estado peruano cubre los costos de su remediación[1].

 

Personas expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas sin tratamiento

Puno ocupa el octavo lugar en población expuesta a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas según el MINSA, con un total de 716,246 (58% de la población total)[2] personas expuestas a estas sustancias a diario. Esta cifra incluye niños y niñas tal cual detalla el informe periodístico de Ojo Público, “los niños de los ríos de colores”[3].

 

 

Asimismo, el esfuerzo colectivo de la sociedad civil y el Estado para construir y aprobar el Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a Favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaoides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas[1] se encuentra estancado, y no ha logrado avances significativos a un año y dos meses desde su aprobación. Por lo que quedan desatendidas millones de personas expuestas a estas sustancias en su vida diaria.

 

Niños y niñas con anemia

Por otra parte, Puno ocupa el primer lugar en casos de niños menores de 3 años con anemia desde el 2016. Un triste lugar que inclusive arrastra desde varios años anteriores[2]. Según reporta el INEI, solo el 2016, 65,301 (75.9%) menores de 3 años tuvieron anemia, el 2020 se registró una ligera baja con 69.4%. Sin embargo, el 2021, durante la pandemia de la Covid-19, esta cifra volvió a subir alcanzando 70.4% de menores con anemia[3], es decir que 7 de cada 10 niños sufren de esta afección en Puno[4]. No se trata de un asunto baladí, ya que a pesar de que se pueda tratar efectivamente la anemia, “los niños con este antecedente presentan, a largo plazo, un menor desempeño en las áreas cognitiva, social y emocional, disminuyendo el desempeño escolar, y la productividad en la vida adulta, afectando la calidad de vida, y en general la economía de las personas afectadas”[5]. Cita un informe, publicado en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública en 2017, según el cual más de 65,301 niños y niñas de Puno, cada año, son destinados a un futuro aciago y con limitaciones, situación que no logra solucionarse a pesar de las cifras alarmantes y más de 7 años de tiempo transcurridos sin propuestas de cambio por parte del Estado.

 

Minerales de transición ¿Esperanza o hecatombe?

López Aliaga, un ultraderechista, ultraconservador[6] y actual alcalde de Lima, solicitó hace algunos días, que se declaren zonas francas áreas con potenciales yacimientos de cobre y litio para generar más empleo[7]. Si bien no es el primer político peruano que se pronuncia al respecto, es evidente que su prioridad y la de muchos otros, por sobre la protección de los derechos de las personas, es explotar el litio, pronto y rápido. Situación que se repite una y otra vez desde el hallazgo de la que podría ser la reserva de litio más grande del mundo en el 2017, en la provincia de Carabaya en el departamento de Puno.

Sin embargo, la narrativa planteada por este sector omite por completo las demandas históricas irresueltas de Puno, y sin contar con que el gran descubrimiento de litio estaría superpuesto con depósitos de uranio[8], sustancia radiactiva para cuya extracción aún no existe legislación y aún peor, métodos de explotación a gran escala y de larga data, por lo menos en el Perú. También se olvida y desconoce que las concesiones mineras de los proyectos de litio y uranio están superpuestas y cubiertas en la totalidad de la superficie por el glaciar tropical más grande del mundo, el glaciar Quelccaya[9] y a su vez más del 90 por ciento de su extensión se encuentra dentro del área del Paisaje Arqueológico Pintura Rupestres Corani-Macusani delimitado el 2005 por el Instituto Nacional de Cultura (INC[10]).

Es irresponsable exponer a radiactividad a una población que ya cuenta con más del 70% de niños y niñas menores de 3 años con anemia, y que tiene al 58% de su población expuesta a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (que a la fecha no logran una atención integral efectiva), con más de 700 PAM sin generador identificado, y con problemas de sequías ocasionadas por el cambio climático[11]. Si dichos problemas históricos irresueltos no son atendidos por el Estado, la crisis ambiental y social que aqueja a Puno podría acrecentarse.

 

[1] https://www.hildebrandtensustrece.com/ Año 13, N° 623, viernes 17 de febrero de 2023.

[2] https://rpp.pe/peru/puno/se-eleva-a-20-la-cantidad-de-fallecidos-durante-las-protestas-en-juliaca-noticia-1459746

[3] https://rpp.pe/peru/puno/puno-una-persona-fallecio-durante-las-protestas-realizadas-en-ilave-noticia-1461485

[4] https://radioondaazul.com/reportan-dos-fallecidos-tras-enfrentamientos-en-macusani/

[5] https://rpp.pe/peru/puno/puno-una-persona-fallecio-durante-las-protestas-realizadas-en-ilave-noticia-1461485

[6] https://amnistia.org.pe/noticia/represion-estado-poblacion-indigena-campesina/

[7] https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-en-los-d-decreto-supremo-n-009-2023-pcm-2143247-1/

[8] https://amnistia.org.pe/noticia/represion-estado-poblacion-indigena-campesina/

[9] https://reliefweb.int/report/peru/declaracion-de-final-de-mision-del-relator-especial-para-los-derechos-humanos-al-agua-potable-y-al-saneamiento-senor-pedro-arrojo-agudo

[10] https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/2120316-pasivos-ambientales-mineros-en-el-peru-resultados-de-la-auditoria-de-desempeno-sobre-gobernanza-para-el-manejo-integral-de-los-pam https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/2120316-pasivos-ambientales-mineros-en-el-peru-resultados-de-la-auditoria-de-desempeno-sobre-gobernanza-para-el-manejo-integral-de-los-pam

[11] http://www.minem.gob.pe/_legislacionM.php?idSector=1&idLegislacion=13423; R.M. N° 200-2021-MINEM/DM, Aprueban actualización del Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros 2021.

[12] https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/PAM_2022_RM_A_PUBLICAR2.pdf

[13] https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/PAM_2022_RM_A_PUBLICAR2.pdf

[14] https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/2120316-pasivos-ambientales-mineros-en-el-peru-resultados-de-la-auditoria-de-desempeno-sobre-gobernanza-para-el-manejo-integral-de-los-pam

[15] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-Adjunti%CC%81a-N%C2%B0-19-2021-DP-AMASPPI.pdf

[16] https://ojo-publico.com/3894/los-ninos-los-rios-colores-la-contaminacion-el-titicaca

[17] https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/2583551-037-2021-minam

[18] http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4189.pdf

[19] https://vigilante.pe/2022/05/27/peru-la-anemia-infantil-aumento-en-15-regiones-del-pais/

[20] https://www.comexperu.org.pe/articulo/7-de-cada-10-ninos-sufre-de-anemia-en-puno

[21] http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342017000400020; efecto de la anemia en el desarrollo infantil: consecuencias a largo plazo (2017)

[22] https://www.infobae.com/america/peru/2023/01/01/rafael-lopez-aliaga-perfil-del-ultraderechista-que-inicia-su-mandato-como-alcalde-de-lima/

[23] https://gestion.pe/peru/politica/rafael-lopez-aliaga-pide-que-se-promuevan-zonas-francas-de-cobre-y-litio-para-generar-mas-empleo-noticia/

[24] https://elcomercio.pe/economia/dia-1/litio-minem-y-minera-canadiense-discrepan-sobre-necesidad-de-norma-para-minerales-radioactivos-carbonato-de-litio-noticia/?ref=ecr

[25] https://www.pulsoregional.pe/2022/08/22/quelccaya-un-glaciar-bajo-amenaza-por-concesiones-de-litio-y-uranio/

[26] https://www.pulsoregional.pe/2022/07/18/el-litio-pone-en-riesgo-las-pinturas-rupestres-de-puno/

[27] https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20221203-sequ%C3%ADa-en-andes-peruanos-provoca-muerte-de-alpacas-y-obliga-a-declarar-emergencia

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Observadores internacionales constatan: Subversión del Estado de derecho y crímenes de lesa humanidad

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La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos de Argentina, ha denunciado gravísimas violaciones a los derechos humanos, al concluir el lunes 13 de febrero, su visita de relevamiento de información sobre las protestas y la represión ocurridas desde el pasado 7 de diciembre de 2022 en Perú. 

En la presentación de sus conclusiones preliminares la misión acusó al Estado peruano de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil, a través de asesinatos, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, torturas, persecución judicial, intimidación y amenazas en lo que constituyen crímenes de lesa humanidad por lo cual deberá ser investigado.

Las evidencias encontradas

Por una parte constataron el uso de armas de fuego en el asesinato de manifestantes. En muchos de los testimonios y registros recopilados, también se ha hecho evidente la presencia de elementos de civil de las fuerzas de seguridad, a quienes han identificado como «ternas» que se infiltran en las manifestaciones y que inician un conflicto para sobre esa base desatar la represión.

Lo mismo ocurre con las detenciones arbitrarias, en las que la PNP ha obstaculizado el derecho a la defensa, a un debido proceso de quienes son detenidos, obstaculizando también el libre ejercicio de la profesión de los abogados que voluntariamente defienden a muchas de las personas que sufren esas detenciones. Los referentes políticos, sociales y sindicales de Argentina que integran la misión también constataron la persecución contra las y los dirigentes de diversas organizaciones. En el caso particular de las y los detenidos/as de Ayacucho, pertenecientes al FREDEPA identifican un caso paradigmático de persecución, amedentramiento y de intento de disciplinamiento de organizaciones  sociales, populares, campesinas, de sindicatos, de mujeres que protagonizan las protestas sociales  en el Perú.

En todas estas violaciones a los derechos humanos, los observadores, que han estado presentes en otros conflictos como durante el año antepasado en Colombia, constatan un patrón de conducta por parte de las fuerzas del orden en el transcurso de las protestas de las últimas semanas.

El caso de Juliaca

Los integrantes de esta comitiva, que presentarán el informe final en 15 a 20 días, no sólo estuvieron en Lima, donde presenciaron la marcha del 9 de febrero. También visitaron y se reunieron con algunas víctimas en Juliaca, Ayacucho, Cusco e Ica, algunos escenarios de los hechos más violentos de la represión, que ha dejado más de 48 personas asesinadas por la PNP y efectivos de las Fuerzas Armadas.

En el caso de Juliaca, las conclusiones de la visita resultaron especialmente drásticas. De acuerdo a los observadores, la ciudad vivió una masacre. Afirman que “el 16 de enero la policía le dio tratamiento de guerra a una población civil que se encontraba indefensa”. Y van más allá al concluir que observan una subversión del Estado de Derecho. “Cuando la Policía Nacional tiene que defender a su población, la ataca sistemáticamente en contexto de protesta o para amedrentar y atemorizar a la población, podemos decir que ha cambiado la finalidad de la función de la policía”, afirman los observadores. Parecido ocurre con la justicia, ya que según la misión esta “persigue a su población en vez de garantizar una justicia reparadora. Por eso decimos que en Juliaca, lo que hemos presenciado a través de los testimonios, se instaló el terror en la población”.

Ayacucho y algunas reflexiones finales

El equipo argentino también relevó información sobre la represión ejercida contra la población el 15 de diciembre pasado en los alrededores del aeropuerto de Ayacucho, cuando militares armados con fusiles asesinaron a diez civiles, algunos de los cuales ni siquiera participaban de las protestas. En este caso les ha parecido particularmente cruel, que los familiares no sólo estén llorando a sus padres o a sus hijos, sino que además tienen que sufrir que les digan que es por su culpa. Por eso exigen el cese de las amenazas a los familiares: “Ya tienen suficiente carga con lo que les ha pasado, como para que más encima le digan: vas a ser la segunda sigues hablando”. Existe ahí lo que se conoce como revictimización de familiares.

Los medios de comunicación han abonado en ese proceso de estigmatización de las víctimas y sus familiares que se vincula con una alta dosis de racismo contra las poblaciones andinas, donde se concentra la mayor parte de las víctimas.

Como recoge el diario argentino Pagina12, para el referente social Juan Grabois integrante de la comitiva y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano “Si no existiera este racismo contra el campesino, el indígena, el pobre, y esta invisibilización de las violaciones más graves de los derechos humanos, sería bastante más difícil para quienes cometen estos delitos, hacerlo. Hay una campaña de estigmatización, de discriminación, de difamación, que profundiza la situación de violencia”.

Finalmente es importante tener presente que por ser delitos de lesa humanidad, estos crímenes no prescriben y pueden juzgarse internacionalmente. Como dijo el abogado Juan Grabois al iniciar la visita a Perú ”es importante que los violadores de derechos humanos sepan que aunque puedan corromper por un tiempo a la justicia de su país, cuando las cosas están debidamente documentadas, a la larga o a la corta, estos crímenes se pagan”.

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