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En varias plazas de la provincia de San Román, como Juliaca y San Miguel, se realizó el izamiento de bandera a media asta desde el 7 de enero en señal de duelo por el año de la masacre de Juliaca, que contó con la participación de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero.

Asimismo, algunas familias conmemoraron en romería a sus familiares asesinados. Al día siguiente, 8 de enero se dio una conferencia de prensa y posteriormente, se desarrollaron diferentes actividades, entre presentaciones de documentales, libros, poemarios, vinculados al año de impunidad para todas las familias del sur andino de Cusco, Ayacucho, Apurímac y las diferentes provincias de Puno que arribaron a Juliaca para seguir exigiendo justicia a una sola voz.

Llegado el 9 de enero, Juliaca exhibió en el bypass, ubicado cerca al aeropuerto, – donde fueron heridas la mayoría de las víctimas mortales – las fotografías de gran parte de las personas asesinadas y heridas de gravedad, tras las protestas contra la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción en el gobierno de Dina Boluarte con el respaldo del Congreso, las FFAA, PNP y el gremio empresarial CONFIEP. La Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero realizó esta acción en la madrugada y también fue parte del develamiento del monumento a las víctimas realizado en Puno capital a las 8 de la mañana.

La llegada de las delegaciones de todos los lugares

Al mismo tiempo, las otras carreteras de ingreso a la ciudad de Juliaca se encontraban bloqueadas desde las 5 de la mañana por delegaciones de las provincias de Huancané, Ilave, Melgar y Juliaca, que a las 8 a. m. empezaron a marchar hacia el bypass, animando en el camino a que más gente se sume a la concentración en el óvalo del puente, donde posteriormente inició una misa en la que nombraron a cada una de las personas asesinadas durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, incluido el policía Jose Luis Sonqo, quién fue quemado (no se sabe aún por quiénes) y se nombró de forma genérica a los 6 militares aimaras que murieron ahogados al intentar cruzar el río Ilave.

Durante el desarrollo de la misa, se iban sumando más delegaciones con banderolas de diferentes provincias y comunidades de la región. Asimismo, al finalizar la misa, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, aseguró que no iban a cesar hasta lograr justicia para todos los familiares y víctimas de la represión. El pueblo en su diversidad, con sus banderolas en mano, aplaudió y gritó: la sangre derramada jamás será olvidada.

La organización y el arte en lucha

Terminada la misa, al compás de más de 100 músicos de diferentes bandas que se juntaron para hacer resonar el himno de protesta: esta democracia ya no es democracia. De la misma manera, el himno de lucha: el pueblo unido jamás será vencido. Así fue como inició la marcha de más de una hora rumbo a la plaza de armas de Juliaca junto a más de 50 autoridades comunales que vestían de negro y que marcharon ordenadamente junto a las organizaciones de barrios, de mercados, comercios, colegios profesionales, asociaciones civiles, rondas y comunidades campesinas, sindicato de profesores, organizaciones animalistas, juveniles, etc., encabezados por la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, que lograron aglutinar a más de 20 mil personas.

Una vez en la plaza de armas de Juliaca, la Asociación de Víctimas se postró frente a la iglesia con la imagen de sus familiares y las organizaciones sociales de Puno y delegaciones de otras regiones del sur, desarrollaron un mitin en el que ratificaron la lucha por justicia para las víctimas y dirigentes criminalizados por protestar, además , se pronunciaron contra la privatización del agua, contra “el saqueo de los recursos naturales” y por lograr una nueva constitución.

Las investigaciones en curso

Consultado telefónicamente, el abogado Cesar Quispe señaló que la carpeta de la investigación de la masacre en Juliaca ha pasado por cinco fiscales y que buscan una reunión con el fiscal de la Nación interino para pedirle que el equipo especial de fiscales de Lima coordine las diligencias con los fiscales de derechos humanos de Juliaca, y así las diligencias puedan avanzar, ya que solo se han recabado declaraciones de un 30% de los policías.

Quispe señaló a Red Muqui que ya han sido identificados algunos presuntos responsables de la represión mortal: cuatro policías y un oficial del Ejército; y espera que los fiscales a cargo pidan prisión preventiva para ellos.

El año de la represión mortal en Cusco

Desde el 9 de enero iniciaron los actos conmemorativos en la ciudad del Cusco con una exposición fotográfica de la represión del régimen de Boluarte a nuestros pueblos del sur. Durante la exposición frente al colegio de Ciencias, los organizadores denunciaron la presencia de los policías ternas. Al día siguiente, 10 de enero, las organizaciones cusqueñas en defensa de los derechos humanos y la familia del exdirigente comunal de Anta, Remo Candia, realizaron una vigilia y colocaron un arreglo floral en el lugar en el que Remo Candia fue herido de muerte el 11 de enero. El día posterior, el mismo 11 de enero, la familia de Rosalino Flores junto a las organizaciones de activistas en derechos humanos realizaron una exposición fotográfica al mediodía y luego caminaron por la avenida 28 de julio hasta el árbol donde Rosalino fue impactado con 36 perdigones a escasos metros, que lo tuvieron en coma durante más de 2 meses hasta el 18 de marzo en que falleció en un hospital en Lima.
Sumado a ello, las protestas de ese día, registraron 38 heridos civiles por parte de la Defensoría del Pueblo.

Existen pistas para identificar a policía que disparó a Remo Candia

Durante las declaraciones que brindaron a la prensa el 10 de enero, el señor Jaime Candia, hermano de Remo Candia, señaló que ahora la familia se está haciendo responsable de los tres niños que quedaron huérfanos y que ellos protestaban pacíficamente desde días antes. La abogada de la familia, Judith Conto, de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras, dijo que, de acuerdo a los dos videos visualizados, el policía que disparó contra el exdirigente de Anta es un oficial que pertenecería a la Unidad de Servicios Especiales (USE) o al escuadrón Kallpa, quienes se encontraban frente al lugar donde Remo Candia fue impactado con proyectil de arma de fuego. “Estamos esperando la homologación de la pericia balística experimental respecto al proyectil de arma de fuego que se encontró en el cuerpo del señor Remo Candia”, declaró la abogada, seguidamente agregó que también están esperando el video de la municipalidad de Santiago que ayudaría a visualizar al policía que habría disparado.

Está circulando en redes un video de Wayka que muestra a policías disparando contra los manifestantes, que luego ocupan ese lugar, y 10 minutos después se ve a los manifestantes y a una persona que es impactada y cae al suelo.

Policía que disparó a Rosalino Flores sigue prófugo

El 5 de enero, el magistrado Leodan Cristóbal Ayala del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva por un año y medio para el policía Erik Torres Lovón, que disparó en la av. 28 de julio a Rosalino Flores el 11 de enero del 2023. Desde el primer momento, la institución policial buscó proteger al policía Torres, señalando que solo había trabajado hasta las 2 p.m. el día del trágico suceso. Sin embargo, en los videos encontrados, se ve al policía a las 4 de la tarde, hora en que Rosalino fue herido. Además, la policía inicialmente negó la participación del equipo SUAT, donde pertenece Torres, y alteró la fecha de devolución de la escopeta de caza perdigonera que estaba en poder de Joe Torres, expuso el representante de la Fiscalía.

En declaraciones a la prensa, Juan Flores, hermano de Rosalino, señaló que la policía está protegiendo a Torres y si es que tuviera algo de responsabilidad, entregarían al policía, pero mientras no lo hagan, seguirá desconfiando en la PNP.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y organización del Cusco y del Perú a seguir luchando para encontrar justicia.

En Puno, el próximo 18 de enero se cumple un año de la muerte de Sonia Aguilar Quispe, quien perdió la vida durante las protestas en Macusani, en la provincia de Carabaya, Puno. Sufrió un impacto de proyectil y dejó 2 hijos huérfanos. Ese día habrá izamiento de bandera en Macusani, movilización pacífica y misa para exigir justicia para Sonia, una mujer luchadora, según testimonio de su padre, quien fue dirigente del Sutep en décadas pasadas. “Mi hermana salió a protestar, a pesar del peligro, porque fue un acuerdo del pueblo y no los podía dejar solos”, narró la hermana de Sonia, quien tuvo una comunicación telefónica con ella desde Lima, horas antes de que sufra el disparo por parte de la policía.

Llueve sobre mojado para Glencore. Así se podrían interpretar los cuestionamientos y sanciones que actualmente enfrenta uno de los mayores consorcios mineros del mundo.
Ayer, martes 24 de mayo, la subsidiaria del gigante de la minería y de comercio de materias prima Glencore Plc ha admitido finalmente delitos investigados desde al menos 2018: el soborno y la manipulación de precios de mercado. Crímenes por los que pagará cerca de US $1.5 mil millones luego de alcanzar acuerdos con la justicia en los Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido y Brasil. Investigaciones que aún siguen su curso ante la justicia en Suiza y Países Bajos.
De esta manera la compañía ha admitido su responsabilidad en casos en los que llegó a desembolsar hasta US $100 millones para sobornar a funcionarios públicos en hechos de corrupción registrados en Brasil y Venezuela en el continente sudamericano y en Nigeria y la República Democrática del Congo en África. Otras prácticas incluyen la manipulación de los precios de los mercados de gasóleo o diesel en Estados Unidos.
“El soborno formaba parte de la cultura corporativa” afirmó al respecto el fiscal de Manhattan Damian Williams en una conferencia de prensa convocada ayer, donde también se develaron códigos como “diarios” o “chocolates” usados internamente para referirse al pago de sobornos. Cargos y admisión de culpabilidad, por casos que abarcan desde 2007 hasta 2019, que de acuerdo a la agencia de noticias económicas Bloomberg dibujan un cuadro que abarca todo el planeta y que resulta condenatorio, porque muestra cuán lejos ha estado dispuesto a ir la compañía persiguiendo ganancias. La agencia, fundada por Michael Bloomberg, uno de los hombre más ricos del planeta, refuerza esa sentencia al afirmar que Glencore y sus rivales, los mayores exponentes del sector minero, tradicionalmente han operado fuera del foco de los entes reguladores y han estado yendo a países, donde otros han rehuido de ir, con tal de hacer negocios.

Valoración que coincide con un reciente estudio de la organización internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, según el cual Glencore Plc presenta el peor historial de violaciones de derechos humanos entre las mineras de metales utilizados en tecnología de energía renovable.
“A nivel mundial, Glencore tiene el peor registro”, señaló el grupo en su “rastreador de minerales de transición” publicado a inicios de mayo. La empresa, subsidiaria de la casa matriz con sede en Suiza, está vinculada al mayor número de denuncias en África, la segunda en el caso de Asia Pacífico y es la tercera con la mayor tasa de denuncias en Sudamérica. Los presuntos abusos atribuidos a todas las empresas van desde ataques a activistas hasta violaciones de las leyes ambientales y reubicaciones forzadas.
Cabe recordar que el año 2013, Glencore se fusionó con la empresa anglo suiza Xstrata, convirtiéndose en uno de los mayores grupos productores de cobre a nivel global.
Al absorber a Xstrata, Glencore pasó a tener presencia en varias operaciones mineras de envergadura en el Perú: Antamina, Antapaccay, Los Quenuales, entre otras. El año 2017 también adquirió una importante participación en la empresa Volcan, una de las principales productoras de zinc a nivel mundial, señalada en numerosos estudios de ser la responsable de la grave contaminación a la que está expuesta la población de Cerro de Pasco.