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Integrantes de las Rondas Campesinas del departamento de La Libertad han intensificado este miércoles las movilizaciones en el marco del paro indefinido que iniciaron el lunes 22 de noviembre para lograr que sus demandas sean atendidas lo antes posible. Entre el amplio petitorio de las comunidades destacan reivindicaciones económicas, de apoyo a la producción agrícola y de protección ante la contaminación ocasionada por la minería.

Organizados en piquetes, los ronderos han intentado esta mañana bloquear la avenida panamericana norte a la altura del ingreso al distrito de Salaverry.

Intentos que, sin embargo, han sido frustrados por Unidades de Servicios Especiales (USE) de la Policía (PNP), que han despejado la carretera en ese tramo, para lo cual usaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes. Chami Radio informa de al menos dos personas heridas y una mujer campesina detenida por la PNP.

Los campesinos ronderos sí han logrado cortar con éxito la carretera que une a Trujillo y Otuzco en varios puntos y las vías que conectan al poblado de Callacuyan en la provincia de Santiago de Chuco con Huamachuco y, a su vez, a esa capital de la provincia Sánchez Carrión con el poblado y la laguna de Sausacocha.

Los comuneros exigen la instalación de una mesa de diálogo con la presencia de autoridades del gobiernos regional y central para deponer las movilizaciones. Según declaraciones de Pablo Haro Quispe, dirigente de la Central Única de Rondas Campesinas de La Libertad, recogidas por el Diario El Correo, por el momento no se ha podido establecer una mesa de diálogo porque ninguna autoridad del Ejecutivo se ha acercado a ellos para informar si están dispuestos a reunirse con las comunidades, y aseguró: “No vamos a asistir a ninguna mesa de diálogo si no está presente el presidente de la república, Pedro Castillo, o la premier, Mirtha Vásquez. No nos vamos a reunir con directores ni técnicos que no tienen poder de decisión”. El dirigente se mostró confiado de la fortaleza del movimiento ya que los piquetes se encuentran en puntos estratégicos de las carreteras y constantemente son “relevados por nuevos compañeros que se van sumando a la medida de lucha”.

En conversaciones con RPP Noticias, el propio Quispe, declaró que, entre otras urgencias impostergables, el Gobierno del presidente Pedro Castillo debe intervenir para frenar el alza en los precios de los fertilizantes, otros insumos agrícolas, combustibles y productos de primera necesidad. Además, exigen la reasignación de recursos, que según ellos ya tenía presupuestado el gobierno regional, para la compra de maquinaria y vehículos para el desplazamiento de las Rondas Campesinas y la conclusión de la construcción de carreteras.

Uno de los reclamos menos visibilizados por los medios de comunicación, sin embargo, se relaciona con la contaminación del río Moche, que se está agudizando por el impacto de los relaves mineros, afectando actividades agrícolas y ganaderas de las comunidades y distritos que viven en el Valle Santa Catalina, en la región norteña de La Libertad.

Esta afectación ambiental es la que habría detonado la decisión de iniciar una huelga de duración indefinida, tomada en las últimas reuniones entre rondas campesinas, organizaciones sociales de base y ciudadanía en general.

Cabe señalar que el 17 de diciembre del año pasado se declaró en emergencia el río Moche. Sin embargo, para los dirigentes como Pablo Haro Quispe, que también preside el Comité Multisectorial en Defensa del Río Moche, el Gobierno hasta ahora solo se ha dedicado a prorrogar la declaratoria, y no a realizar acciones concretas para resarcir los daños provocados por los pasivos ambientales. “Existe un sinnúmero de documentos que certifican que las aguas del río Moche están contaminadas, la Autoridad Nacional del Agua, en el año 2018, indicó en su informe que el agua no cuenta con estándares de calidad ambiental, en pocas palabras lo que dijeron es que el agua no es apta para consumo humano. Ni siquiera para consumo animal ni vegetal, es por eso que muchas familias están perdiendo sus sembríos. Es una situación terrible lo que estamos enfrentando’, señaló Haro Quispe en conversación con el OCM.

La contaminación no solo se ha producido por los relaves mineros, principalmente de la actividad minera de la explotación de plata Quiruvilca, propiedad del consorcio Pan American Silver Corp. sino también por el mal manejo local de los residuos sólidos, debido a que los poblados no cuentan con pozos de oxidación, ni tratamiento de aguas residuales, afectando más de 60 mil hectáreas de tierra cultivable.

Tras décadas de actividad minera en La Libertad, la Asociación Marianistas de Acción Social – Amas Perú presentará su experiencia de monitoreo ambiental con análisis físico químico y biológico con macroinvertebrados en la identificación de la contaminación minera en varias microcuencas de la región entre el 2005-2019, analizando el impacto de la empresa minera Barrick.

– ¿Esta metodología puede ser replicada en todo el país?

– ¿Cómo se puede proteger desde el Estado las cuencas hídricas y de la producción agroalimentaria?

– ¿Cuál es la situación del dictamen sobre vigilancia y monitoreo ambiental comunitario y ciudadano que se encuentra en el Congreso?

Estas son algunas de las preguntas que responderán los panelistas tras la exposición de la experiencia de investigación. Walter Pereda, antropólogo y director de AMAS; Manuel Horna, biólogo y microbiólogo de AMAS; el Dr. César Medina de la Universidad Nacional de Trujillo; y Juan Aste Daffós, economista y especialista en gestión ambiental.

Este foro se realizará este jueves 24 de septiembre a las 10am y será transmitido vía facebook.com/redmuqui.

 

 

Tras las denuncias realizadas en medios locales el 17 de septiembre en Huamachuco, los dirigentes de la Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASS) del caserío de Shiracmaca, pertenecientes al distrito de Huamachuco, en la sierra de La Libertad, presentaron un oficio el 21 de septiembre al jefe de la Autoridad Local del Agua (ALA Huamachuco) – que no fue recibido, porque tiene que ser vía virtual debido a la pandemia-, precisando que en su caserío vienen sufriendo una serie de daños a la infraestructura hidráulica por parte de la empresa minera Summa Gold Corporation SAC.

Entre los daños generados, señalan que la empresa ha «averiado en reiteradas oportunidades y sin consentimiento y o autorización de nuestra Junta Administradora de Servicios y Saneamiento (JASSS), se ha tomado la libertad de cambiar el curso de tendido de nuestra red matriz o red de conducción». Actualmente la empresa minera ha cortado el ducto de agua potable que se usa para el consumo humano, precisan en otra carta enviada al presidente del Frente de Defensa de la provincia de Sánchez Carrión. En comunicación con el dirigente Delmer Alva Ballena de la JASS, también presidente de Gestion de Agua y Alcantarillado de Shiracmaca (COGAASH)  señaló que ya van cinco veces que la empresa minera corta el ducto de agua.

En la carta enviada a la Autoridad Local del Agua, agregan que, producto de las voladuras indiscriminadas para la extracción de mineral, el reservorio de agua ha sufrido roturas y fisuras originando filtraciones de agua. El reservorio de agua se alimentaba de 5 vertientes de agua.

Ahora, precisan que «por efectos de excavaciones y explotación de la minera se ha desaparecido otro manantial denominado Los Alisos que alimentaba a la red matriz de nuestro sistema de agua».

La junta directiva del Caserío de Shiracmaca también denuncian que se ven afectados por la «sectorización de agua una hora cada 4 días», y piden que ello sea constatado por las autoridades ya que no llega la cantidad de agua completa al reservorio. Actualmente solo llega 1 lito y medio por segundo al reservorio, señala Delmer Alva, y no 2 litros por segundo como llegaba con anterioridad. El ducto de agua  pasa por donde la empresa minera realiza sus actividades y temen que la empresa minera esté usando el agua. Esto sumado a las afectaciones que tiene el reservorio y la red matriz de agua.

Producto de estos hechos, la empresa minera ha clausurado y obstruido los caminos de vigilancia de la red de agua, amontonando relaves mineros en un tramo aproximado de 500 metros, para que las personas no puedan acercarse, denuncian en el oficio.

El dirigente Delmer Alva Ballena mostró su preocupación a Red Muqui debido a que hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la denuncia. La Autoridad Local del Agua no les recibió la denuncia física y les indicó que lo hagan vía virtual por la pandemia en la que estamos. Asimismo, les indicaron que la Municipalidad es la encargada de inspeccionar la infraestructura física del agua. La JASS ha enviado un oficio a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión y se encuentran preparando un oficio dirigido al Gobierno Regional y el Ministerio de Energía y Minas.

 

Organizaciones del norte se pronuncian

Frente a estos hechos y la denuncia pública en medios de comunicación de que el agua que llega a los reservorios ha cambiado de coloración, pudiendo contener sustancias tóxicas;  la Red Muqui – Norte, la Coordinadora de Derechos Humanos- Macro Norte, Proyecto Amigo-La Libertad, Cañi-Quimit-Sembrando comunidad, el Centro Cultural Sangre de Halcón-Sánchez Carrión-La Libertad, REDAD-Red Regional Agua y Desarrollo-Piura, Comisión de Justicia Social de Chimbote-Ancash, COSDEJ- Lambayeque, la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC)-Cajamarca, SEDYS- Trujillo- La Libertad, GRUFIDES-Cajamarca, Codispas-Ancash; la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y el Consejo de Educación Popular de América Latina-Región Perú, emitieron un pronunciamiento llamando a las autoridades competentes a hacer respetar el derecho a una vida y territorio sanos.

Recursos hídricos deben ser protegidos

«De acuerdo a la ley de los recursos hídricos, el agua de consumo humano tiene prioridad sobre las demás actividades y se debe respetar sin ninguna excepción. En esta situación de emergencia sanitaria dicho recurso se hace aún más necesario, así como su resguardo, por lo que debe corregirse de inmediato», precisan en el comunicado.

Finalmente, las organizaciones se suman las denuncias y pedido de inmediata solución que hacen las organizaciones de la población afectada por la minería en Huamachuco, e instan a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, a la DIGESA, la Autoridad Nacional del Agua, la Fiscalía especializada en materia ambiental, el Ministerio de energía y minas y la Defensoría del Pueblo «a tomar en cuenta este problema que se viene arrastrando desde hace tiempo y que no puede postergarse más».

En el caserío de Shiracmaca viven aproximadamente 2 mil familias y el tener escaso acceso al agua no les permite responder adecuadamente a la pandemia.

 

El día de ayer, martes 12 de mayo, el congresista del Frente Amplio, Lenin Bazán, publicó en sus redes que habían más de 41 trabajadores con COVID-19 perteneciente al consorcio minero Horizonte que opera en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, región La Libertad.

El 11 de mayo la Federación de Trabajadores Mineros colgó un video en el que se ve claramente como una ambulancia está trasladando a un trabajador minero, frente a la preocupación de los demás trabajadores que se encontraban en la explanada de las instalaciones de la empresa y exigían al personal de salud que abran las puertas de la ambulancia para ver a quiénes se estaban llevando.

Minera Horizonte confirma “casos” de COVID-19 pero no precisa cantidad específica

Frente a estas denuncias, y la de medios periodistas locales que también alertaban de la situación desde el 11 de mayo; la empresa minera ha emitido un comunicado el día de hoy, miércoles 13 de mayo, en que confirma que se han encontrado “algunos casos, los cuales están localizados en trabajadores del área de Protección Interna y en personas que tuvieron contacto con ellos”.

La empresa minera agrega que, además de que han cumplido “rigurosamente con los protocolos del Ministerio de Salud, también han informado de estos casos a las autoridades competentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Salud de Pataz

Desde la Red Muqui nos comunicamos con la directora de la Red de Salud de Pataz, provincia del distrito de Parcoy, Ana Huaccha, quién nos confirmó que oficialmente hay 40 casos entre trabajadores mineros y personal de salud. Precisando que dicha información estaría subiéndose al registro del Sistema Integrado para COVID-19 (Siscovid).

Sin embargo, la directora no nos precisó cuál es la cantidad específica de trabajadores mineros contagiados dentro de esos 40 casos, porque su equipo continúa realizando labores en la zona de Parcoy junto al centro médico de la empresa minera. Señaló que se podrían reportar más casos y habría que esperar  la información oficial que se suba al Siscovid y al pronunciamiento de la Dirección Regional de Salud de La Libertad.

Asimismo, agregó que emitirán un comunicado desde la Red de Salud de Pataz llamando a la tranquilidad de la población frente a la alerta de que ya habrían 111 casos de COVID-19 entre los trabajadores mineros, precisando que están verificando la realización de la toma de pruebas de descarte que está realizando el centro médico de la empresa minera.

Al respecto, la empresa minera señaló en su comunicado que están realizando las pruebas de coronavirus a los trabajadores que han estado en contacto o compartiendo los mismos ambientes que los trabajadores diagnosticados, pero no tienen la cantidad de pruebas suficientes para realizar las pruebas a todos sus trabajadores.

En el video subido el 11 de mayo por la Federación de Trabajadores Mineros, también se aprecia que un representante de la empresa minera se dirige a los trabajadores señalando que ha pedido un lote de medicamentos para tratar el COVID-19 y que entiende la preocupación de los trabajadores al pensar que el centro médico está infectado, pero precisa que eso no es cierto, que solamente no tienen insumos.

Congresista Lenin Bazán realiza acciones

En contacto con el congresista Lenin Bazán,  señaló que 3 trabajadores se encuentran en estado de gravedad y tenían que ser derivados al hospital de Trujillo desde hace días, así como la urgencia que desde el Ministerio de Salud se apoye en el abastecimiento de pruebas rápidas y moleculares para la Red de Salud de Pataz, que actualmente no tiene la cantidad necesaria de pruebas de descarte.

El congresista agregó que los trabajadores con COVID-19 habrían sido contagiados por el personal de seguridad de la empresa que está compuesto por policías de comisarías provenientes de Chiclayo y Trujillo, quiénes habrían traído el el virus, al haberse reportado días antes que la comisaría de Poroto de Trujillo fue cerrada por presentar casos de COVID-19, así como la comisaría del caserío de Retama, que pertenece al distrito de Parcoy, que también fue cerrada. La empresa minera tiene convenio con la PNP para que realicen funciones de seguridad privada para sus campamentos mineros.

El congresista añadió que ha remitido oficios al Ministerio del Interior para tener respuesta frente a esta situación; al Ministerio de Trabajo, para que fiscalicen las labores de la empresa minera y la situación en la que se encuentran los trabajadores, y al Ministerio de Salud para que se atienda esta situación de emergencia, además de la comunicación directa que estableció con el ministro de Salud, Victor Zamora, quien le refirió que tomaría cartas en el asunto.

Las condiciones en las que están conviviendo los cerca de 800 trabajadores mineros es lamentable. Ver video.

Desde la Red Muqui nos ratificamos en que no puede haber una reactivación económica en el sector minero si es que antes no se tienen protocolos adecuados, centros médicos abastecidos, fiscalización laboral estricta y otros elementos más que se pueden ver en nuestro documento de observaciones al protocolo sanitario para el sector minero.

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

Desde tempranas horas se desarrolló la movilización de miles de pobladores de diferentes distritos, caseríos, y barrios como el de Castilla, La Hermita, Cruz Blanca, José Galvez, y también de la zona rural de la provincia de Otuzco, perteneciente a la región La Libertad.

Exigen el retiro de la empresa minera brasileña Vale; dueña del proyecto minero “Eposuyay”, que pretende iniciar operaciones en la cabecera de cuenca del cerro Urpillao, Sogochan, Urmo y Tres Piedras, que alimenta de agua a varios distritos y a la provincia en general.

Como señalaron varios dirigentes presentes en la movilización, la minera Vale causó en Brasil la muerte de más de 150 personas y más de 180 desaparecidos, tras romperse el dique de contención de los relaves mineros.

Licencia de exploración

En la actualidad la empresa minera Vale tiene el permiso de exploración, pero solo están desarrollando talleres informativos en la provincia y dando regalos a las comunidades para convencerlas de la realización del proyecto. El presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Otuzco, Johnny Juárez, señaló que no quieren a la empresa en la provincia, y exigen que se retire con sus oficinas. “Nosotros no queremos minas, lo que queremos es que se fortalezca la actividad agraria”, afirmó.

En la provincia se siembra papa, trigo, cebada, maíz, verduras y menestras.

Alcalde provincial

La movilización finalizó con un mitin en la plaza principal de la provincia, en que el alcalde, Heli Verde Rodríguez, junto a sus regidores, se comprometió en respaldar la lucha hasta al final. Señaló que muchas veces las empresas mineras sustentan la aprobación de la “licencia social” de la comunidad, con firmas de los pobladores participantes en sus talleres informativos; pero, muchas veces los firmantes son gente de otras zonas, como ocurrió en el cerro Campar; según la lista de personas firmantes que observó cuando fue al Ministerio de Energía y Minas en Lima.

Finalizó su discurso señalando: “como los hemos visto desfilar, a una sola voz decimos: agua sí oro no”, generando el grito y aplauso de la población reunida en la plaza.

Acuerdos

Los acuerdos de la movilización organizada son:

  • Cancelación de la licencia de exploración del proyecto minero Eposuyay, de la empresa Vale, y el retiro definitivo de la empresa en la provincia.
  • Hacer llegar el memorial con la exigencia al presidente Vizcarra, la Presidencia del Concejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente; y la presidencia del Congreso de La República.
  • Organizar un paro regional en toda La Liberad, en caso no se atienda memorial.
  • Exigir mediante carta a los medios de comunicación, que no hagan propaganda a favor de la empresa minera.

Dato: Más del 60% de la provincia de Otuzco está concesionado a empresas mineras.