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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha informado esta semana el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) en la provincia de Yauli-Junín, tras 13 años de paralización, ahora en manos de sus extrabajadores.

Una decisión adversa a los intereses de la población, según el ingeniero ambiental de la Red Muqui, Edwin Alejandro Berrospi, quien recordó que mediados del 2000 La Oroya fue identificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, debido a los altos niveles de contaminación emitidas en el proceso de refinamiento de minerales del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre.

La contaminación de La Oroya por metales pesados es un proceso que data de 1922, época en la que que el CMLO inicia sus operaciones como sucursal de la empresa Cerro de Pasco Corporation.

El precedente de las operaciones que ha dejado la empresa Doe Run, propietaria del complejo, cuando fue privatizada en 1997, es catastrófico, explica Alejandro Berrospi, tanto para las personas como para los ecosistemas. Entre los primeros se encuentran los tristemente célebres casos de niños de familias cercanas a las instalaciones que nacen con altísimos niveles de plomo, pese a que las operaciones estuvieron paralizadas desde el 2009, de acuerdo a estudios realizados por Dirección Regional de Salud Ambiental de Junín en La Oroya. Entre los segundos, en tanto, el ingeniero y experto en temas ambientales expone el caso de la cuenca del río Mantaro, afluente muerto según sus palabras por los altos niveles de contaminación a los que está expuesto.

Quedará por ver cómo funcionará el circuito de zinc, el primero de los que se ha puesto en marcha, antes que continúe con los circuitos de plomo y de cobre hacia 2025. “Ninguna de estas tecnologías han estado controladas en una fundición terriblemente contaminante, siendo La Oroya una de dos de las que existen en el país junto con la fundición de ILO de Southern Perú, que contamina todo el mar y todo el litoral de la zona y ambas son letales, tanto para el ambiente como para la población”, expresa Edwin Alejandro.

Por todo esto, preocupa el reinicio de las actividades, dado que no se conocen aún con exactitud los compromisos ambientales de las operaciones. Según el experto de Red Muqui: “El Estado está otorgando licencias de operación, sin respetar los derechos de las poblaciones que viven ahí y de las comunidades del Valle del Mantaro, o sea no hay consultas a las poblaciones, no hay una debida fiscalización ambiental, ni una serie de evaluaciones de los riesgos que conllevan su operación”

Por último, es importante destacar que está pendiente un fallo de La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que podría determinar la responsabilidad del Estado en perjudicar gravemente la salud de los habitantes de La Oroya. Sesenta y cinco de los cuales iniciaron en 2006 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que quince años después presentó ante la Corte el caso de la comunidad de La Oroya y que tiene como denunciado al Estado peruano por contaminación ambiental.

Para Edwin Alejando, esto demuestra que al régimen de Dina Boluarte no le interesa esta sentencia y antepone el interés empresarial por sobre el resguardo de la salud y del medioambiente.

Liliana Carhuaz, defensora de derechos humanos de La Oroya, expresó que antes del reinicio de las actividades de la fundición habría sido lógico que el gobierno subsanara todos los factores que han llevado a la contaminación del ambiente y el daño a la salud de las personas. “Si bien es una empresa nueva, que está a cargo de los trabajadores que han estado paralizados y el gobierno ha favorecido el trabajo de ellos, hay temas pendientes respecto a la responsabilidad ambiental y de la salud”, cerró Carhuaz.

Actualizado

Durante el 12 y 13 de octubre se desarrolló la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al caso de la comunidad de La Oroya (Junín) contra el Estado peruano, debido a la vulneración de derechos humanos desde hace décadas por la contaminación con metales pesados del complejo metalúrgico que procesó hasta el 2009, concentrados polimetálicos con altos contenidos de plomo, cobre, zinc, plata, oro, y otras sustancias

El 30 de septiembre de 2021, después de 15 años de iniciada la demanda internacional por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y otras organizaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte IDH, después de concluir en su informe de fondo que “el Estado no cumplió con la debida diligencia sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el comportamiento de las empresas respecto de los derechos que pudieran afectar, ni con su deber de prevenir vulneraciones a los mismos”. La CIDH presentó el caso ante la Corte IDH debido a que el Estado peruano hizo caso omiso a las recomendaciones que enviaron el 30 de diciembre del 2020 para que las víctimas puedan encontrar justicia y reparación. Ya el Tribunal Constitucional peruano había ordenado al Ministerio de Salud el 2006 y 2015 para que tomen medidas de atención a las y los afectados por la contaminación, pero el Estado peruano no cumplió.

Desarrollo de la audiencia

La audiencia se realizó en el marco del 153 Período de Sesiones de la corte en Montevideo, Uruguay, y fue aperturada durante la mañana del 12 de octubre por el presidente de la Corte IDH: Ricardo Perez Manrique y el secretario de la Corte: Pablo Saavedra, quien señaló el objetivo y modalidad de desarrollo de la audiencia: “el propósito de esta audiencia pública es escuchar las declaraciones de tres presuntas víctimas, un testigo propuesto por el Estado, dos peritos propuestos por los representantes de las víctimas y un perito propuesto por el Estado. Se escucharán los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas del presente caso”.

Aperturada la audiencia, el presidente de la Corte IDH dio el pase a Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar el caso de la Oroya contra el Estado peruano, quien señaló que la CIDH – en su informe de fondo 33020 – partió por reconocer la indivisibilidad existente entre los derechos a la vida digna, la integridad de la persona, la salud, y el ambiente sano, y determinó que el Estado ha incumplido tanto sus deberes de respeto como garantía que derivan de tales derechos.

Agregó que la CIDH observó que hasta 1997 mientras el complejo metalúrgico fue operado por la empresa estatal Centromin, el Estado no adoptó medidas para regular y controlar efectivamente las emisiones de sustancias toxicas. Y cuando se privatizó el Complejo Metalúrgico por Doe Run, tampoco hizo efectivo el cumplimiento del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), lo que se comprobó con las modificaciones y prórrogas otorgadas a la empresa.

Posteriormente presentaron sus declaraciones las 3 víctimas de la Oroya, quienes señalaron que además de estar afectadas en su salud junto a sus familiares producto de la contaminación, también fueron amenazadas directamente para no seguir denunciando la contaminación del Complejo Metalúrgico.

Testimonios de las víctimas

Inició Rosa Amaro de 74 años, quien señaló que la neblina de los gases tóxicos que emanaba el complejo, se transformaba como caspa que quedaba en los rostros de los niños. Precisó que cuando protestaban recibieron amenazas. “Dejé la presidencia del movimiento por la salud en La Oroya porque se metieron con lo que más duele a una madre: mis hijos”. Producto de las amenazas se tuvo que ir de su pueblo.

Continuó Yolanda Zurita, quién señaló que producto de la contaminación tiene tumores y la mayoría de la población sufre la caída de los dientes y tiene fibrosis pulmonar. Ante la pregunta de un juez de la Corte IDH sobre sus malestares y las amenazas que recibía, señaló que su malestar antes era leve y que después del ingreso de Doe Run, eso empeoró. Y agregó: “Toda persona que hablaba de los riesgos a la salud era atacada no solo por los medios de comunicación, también había volantes. El alcalde convoco un cabildo abierto y nos declararon personas no gratas”. Finalizó señalando que tenía que presentar su medida cautelar para que la atiendan en los centros de salud del Estado, porque durante la pandemia solo atendieron casos covid. Sin embargo, ante la atención deficiente y no especializada, tuvo que gastar sus ahorros atendiéndose en consultorios privados.

La tercera declarante fue Maricruz Aliaga, una joven que tuvo que salir de la Oroya producto de las afectaciones que tenía, quien señaló que junto a su hermana tenía problemas pulmonares, de infertilidad, dolores musculares y problemas odontológicos. Además, señaló que tenía parálisis en algunas oportunidades.

Relató: “Íbamos al centro de salud y solo nos daban parecetamol. Decían que no hay especialistas para atender eso; si quieren estar bien, sácalo de La Oroya, nos indicaban. Acá es una tremenda contaminación. ¿Tú quieres tenerla viva o muerta a tus hijas?, decía el médico a mi madre. Si tu no alimentas bien a tus hijas, si no das de comer frutas, leche, empeorarán. Es por eso que mi mama decidió sacarnos de la ciudad de la oroya. En Chupaca tu podías ver el cielo azul, arboles; en la oroya cielo calcinado, no crecían las plantas. Podía respirar tranquilo sin que me pique la garganta”.

Agregó: “5 años que intento ser madre y no puedo hasta el día de hoy. Me apena tener el plomo en sangre, que no es el mínimo, y tener estos malestares. Por eso decidí estudiar enfermería, para minimizar estos dolores junto al de mi familia”.

Procuradores representantes del Estado negacionistas

Frente al relato que desarrollaron las víctimas, los procuradores supranacionales que representaron al Estado tuvieron una actitud cuestionadora de sus relatos, señalando que ellos tenían una cantidad exacta de dosajes mayor a la que las víctimas señalaban recordar. En el caso de una de las víctimas, uno de los procuradores señaló que según un dosaje que tenía, la supuesta víctima tenía una cantidad de plomo en su organismo por debajo del límite permisible. A lo que la víctima señaló que el médico le había señalado que tenía el doble de cantidad de plomo.

Asimismo, les exigían pruebas que señalen la causalidad entre la exposición a metales pesados que tuvieron durante sus años de vivencia en la Oroya y los malestares y enfermedades que relataban, cuestionando a una de las víctimas por el tiempo de su vivencia en la Oroya y su mudanza a una localidad distinta a la que relataba oralmente.

Frente a ello, el abogado representante de las víctimas de Aprodeh intervino señalando ante el juez, que el procurador del Estado no estaba preguntando y sí argumentando cayendo en un diálogo, cuando su función es preguntar. Por ejemplo:

Procurador: ¿En Essalud hay algún registro de tus atenciones?

Por su puesto, de mis parálisis. De forma particular he ido a un neurólogo, me he sacado tomografías, señaló Maricruz Aliaga.

Procurador: ¿Tiene alguna documentación que alegue que sus síntomas es producto de la contaminación del Complejo Metalúrgico?

Víctima: “El Estado no nos da respuesta, pero tengo dientes amarillos y el odontólogo nos dijo a mí y a mi hermana que eso es problema de la mala absorción del calcio y eso es producto del metal (plomo) que ustedes tienen. El neurólogo también señala que no encuentra razón de por qué se paraliza el cuerpo.

Procurador: ¿Tienes algún chequeo anual, tú como enfermera?

El abogado de la víctima interrumpió nuevamente: “Se está evocando a la testigo en calidad de enfermera – su ocupación laboral – y no en calidad de paciente”.

Finalizado el tiempo de desarrollar preguntas a la víctima, se dio el pase al testigo médico de CENSOPAS propuesto por la defensa del Estado, quién respondió a las preguntas del procurador del Estado y de los representantes de las víctimas, señalando que no existe causalidad directa para determinar que la contaminación ambiental producida por el Complejo Metalúrgico produce los malestares y enfermedades que alegan las personas afectadas. Sin embargo, frente a las preguntas de los abogados representantes de las víctimas, señaló que sí existe posibilidad, pero no se puede hablar de causalidad directa. Reconoció que se encontraron a niños con plomo más allá del límite permisible.

Durante los alegatos finales el segundo día, los procuradores representantes del Estado peruano señalaron que “el Estado peruano considera en términos técnicos que no toda presencia de metales pesados en el ambiente, significa un daño a la salud(..)” y que para imputar responsabilidad internacional al Estado peruano debe existir un nexo causal entre la contaminación ambiental y el diagnóstico médico de las supuestas víctimas. Asimismo, señalaron que el Estado sí realizó medidas para resguardar la salud de las personas que tenían metales pesados por encima del límite permisible y para proteger el medio ambiente.

Relator de la ONU especialista en sustancias tóxicas

Durante la intervención del relator de la ONU, Marco Orellana, como perito experto propuesto por la representación de las víctimas, este señaló que si bien los riesgos ambientales tiene impacto diferenciado en las personas, “en el caso de la Oroya a pesar de contar con información de la grave contaminación ambiental, el Estado no solo falló en el deber de entregar de manera oportuna la información a la comunidad, sino además fallo al prolongar los plazos establecidos del manejo ambiental para cumplir con los estándares ambientales. El Estado en vez de hacer cumplir los estándares, los disminuyo”.

Respecto a la causalidad de las enfermedades y malestares producto de la contaminación, señaló que determinar esas relaciones de causa efecto son muy difíciles.” Pueden requerir información que no existe o que se obtiene después de mucho tiempo, información que se obtiene tras consumado los daños. Para que el derecho internacional pueda proteger a la gente, la evidencia de riesgos es suficiente para activar los deberes de cuidado”.

Precisó que la jurisprudencia ha determinado que le corresponde la carga de la prueba a aquella parte que tiene la evidencia o que se encuentra en mejor posición para producirla. “Esto se aleja de la regla tradicional que a cada parte le corresponde probar lo que alega”.

Frente a esta declaración, la procuradora representante del Estado preguntó si había examinado las normas ambientales del Perú. A lo que el relator señaló que sí las había revisado a través de los informes de las víctimas que hacían referencia a normas específicas.

La procuradora volvió a preguntar, queriendo cuestionar su experticie sobre el caso:

¿Usted ha evaluado el medio físico donde se desarrolla el complejo metalúrgico?. ¿Ha visitado físicamente el lugar?

Relator de la ONU: No he ido directamente, pero he revisado todos los documentos.

¿Conoce la situación actual del complejo metalúrgico actual?

Relator de la ONU: Sí.

Procuradora: ¿Podría precisar si es que el complejo metalúrgico ya no funciona, podría hablarse de una vulneración continua de derechos, como usted señala?

Relator de la ONU: Lo continuo no es por el funcionamiento actual del complejo metalúrgico, sino por la continua exposición ambiental a la contaminación que existe en el suelo y otros espacios físicos que durante años han recibido esos contaminantes.

El rol de los jueces de la Corte IDH

Durante la audiencia los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se limitaron a preguntar a las víctimas algunos elementos que señalaban para que puedan desarrollar más su exposición, no para cuestionarlas, de acuerdo al rol que tienen como Corte. Asimismo, asintieron a las interrupciones de los abogados representantes de las víctimas cuando encontraron que los procuradores representantes del Estado peruano en vez de preguntar, cuestionaban las declaraciones de las víctimas.

Frente a los alegatos finales de los procuradores del Estado peruano, una de las juezas de la Corte IDH preguntó si la posición del Estado era que los metales pesados como el plomo son expulsados naturalmente por el cuerpo, como lo afirmaron. A lo que la procuradora del Estado señaló que lo que había dicho el médico testigo del Estado era que los metales pesados podrían expulsarse en un periodo largo si es que las personas no estuvieran frente a la exposición de la contaminación ambiental.

La jueza también cuestionó la postura del Estado sobre la carga de la prueba debido a que los procuradores señalaban que las víctimas debían probar la causalidad de sus enfermedades en relación a la contaminación ambiental. La jueza señaló que ahora tenemos nuevas normativas como el Acuerdo de Escazú.

Finalmente, el juez presidente de la Corte IDH finalizó realizando una serie de preguntas a los representantes de la Procuradoría del Estado peruano, respecto a sí contaban con informes sobre calidad de agua, aire; situación de ríos y afluentes; monitoreos por parte del Estado; evaluación de expertos independientes sobre la emisión de gases del complejo Metalúrgico; situación de remediación ambiental y atención médica adecuada; e información oportuna a la población, etc. Asimismo, informó que la Corte IDH planea una visita a la Oroya previo consentimiento del Estado peruano.

Frente a las preguntas, los representantes de la Procuradoría del Estado pidieron una prórroga para entregar esta información en sus alegatos finales por escrito y se acordó con el presidente de la Corte IDH que el plazo se extienda 15 días al plazo original que era el 14 de noviembre.

El día de hoy 04 de diciembre, los trabajadores en liquidación del Complejo Metalurgico de La Oroya, han tomado y bloqueado varios tramos de la Carretera Central del país en protesta, porque la Junta de Acreedores del proceso concursal no ha cumplido con firmar la adenda que permitirá finalizar el proceso de adjudicación. El abogado de los trabajadores, Luis Castillo, ha señalado que de no acreditarse el proceso se daría una liquidación de oficio, lo que llevaría a un despido masivo de trabajadores sin el pago de las deudas pendientes en este proceso concursal.[1] La preocupación central de los trabajadores es por un posible despido masivo, sin que la empresa o el Estado se hayan hecho cargo de garantizar todos sus derechos laborales.

 

 

Sin embargo, el problema es complejo, ya que el Complejo Metalurgico de La Oroya, en sí mismo es uno de los pasivos ambientales más grandes de nuestro país. La contaminación por el dióxido de azufre proveniente de sus chimeneas tienen a miles de personas contaminadas en la zona, por esta situación el Estado peruano fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el incumplimiento de sus obligaciones de atención a la salud humana.

Hasta la fecha ni el Estado ni la empresa, que adquirió el complejo de La Oroya, han sido capaces de lograr operar dentro de estándares de calidad compatibles con la salud y el ambiente. Desde 1997 Doe Run incumplió de manera reiterada con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que no era otra cosa que un conjunto de inversiones para adecuar las operaciones del complejo metalúrgico a los estándares ambientales del país. Doe Run recibió el beneficio de dos ampliaciones de plazos y varias modificaciones del PAMA, que nunca cumplió.

El Complejo Metalurgico de La Oroya (CMLO) opera al 5% de sus capacidades y en enero de 2020 el MINEM dispuso paralizar totalmente las actividades, debido a que Doe Run incumplió con constituir “las garantías correspondientes al año 2020 del Plan de Cierre” de esta unidad productiva, se trata de US$11 millones en garantías acumuladas que la empresa debió presentar[2]. Sin embargo, esto no se concretó por que los trabajadores expusieron que no se les había informado esta situación por parte de la empresa liquidadora. Lo cierto es que, si CMLO se paraliza totalmente, las posibilidades de que los acreedores puedan encontrar inversionistas se reducen, ya que el CMLO se desvalorizaría aún más.

La Dirección General de Minería es la encargada de gestionar las garantías económicas del proceso de liquidación de DOE RUN, sin embargo, hasta la fecha el estado peruano no ha podido garantizar que la empresa en liquidación se haga cargo de forma adecuada de sus obligaciones económicas, laborales y ambiental.  El caso de DOE RUN es un claro ejemplo de una pésima gestión ambiental en el sector minero y la del Estado al promover inversiones mineras sin una adecuada fiscalización ambiental. Por muchos años la empresa minera ha venido incumpliendo sus obligaciones ambientales, y mediante su actual proceso concursal se estaría a punto de afectar los derechos de sus acreedores laborales. Es un tema muy grave que pone en la mesa la capacidad que tiene el Estado peruano de regular la actividad privada en el marco del respeto de los derechos humanos, ambientales, laborales y la salud pública.

Hay que recordar también que en el 2010 Renco presentó su demanda al CIADI reclamando una compensación por US$ 800 millones tras haber dejado la administración de los activos de Doe Run Perú. Si bien el Tribunal falló a favor de Perú, el Estado tuvo que pagar 8 millones de dólares por los costos arbitrales. Es por esto que el Estado y los órganos competentes deben dar una respuesta rápida a las demandas que motivan las protestas, y evitar el escalamiento de la violencia y el uso de a fuerza de forma desproporcional.

[1] Paro en la Oroya: trabajadores bloquean carreteras y exigen adjudicación de Complejo Metalúrgico. El popular, 04.12.2020.

[2] DOE RUN paralizará ciento por ciento por primera vez. El Comercio, 18.02.2020

El 03 de julio del presente año, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM que crea la “Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la población expuesta a Metales Pesados” e incorpora la participación de los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales tóxicos. El encargo de esta “Comisión Temporal” es la de elaborar un informe técnico que contenga la propuesta del “Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados”.

La Plataforma Nacional de afectados junto a sus asesores y asesoras han venido participando en las convocatorias de la Comisión Multisectorial, cuya secretaría técnica recae en Luis Alberto Bravo Barrientos, Director General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y, actualmente, se encuentra en la etapa de elaboración y aprobación del Reglamento interno de la Comisión. Sin embargo, desde el primer momento la respuesta de diversos sectores del Ejecutivo ha sido discrepante frente a las propuestas de las y los afectados, en temas principales como la definición del nombre de la Comisión y por tanto su ámbito de protección.

Desde la primera reunión que tuvimos con los funcionarios y funcionarias del gobierno expresamos nuestra preocupación porque el nombre de la Comisión no incluye a los metaloides, como el arsénico y otras sustancias químicas, como los contaminantes producidos por los hidrocarburos o el dióxido de azufre dentro de los objetivos y el alcance de la comisión. Esa discusión fue postergada a pedido de los funcionarios de los ministerios, dejándose de discutirse como tema central y fundamental (…).” Señala la nota de prensa de la Plataforma y la Mesa técnica de Salud Humana y Ambiental.

Conrado Olivera de la institución “Red Uniendo Manos”, integrante de la Mesa Técnica, manifiesta su preocupación por la falta de articulación de los diversos sectores del Ejecutivo para llegar a consensos de forma rápida en la elaboración del Plan Multisectorial, siendo el componente de articulación multisectorial fundamental para abordar adecuadamente esta problemática. Sobre el ámbito de protección de la Comisión Multisectorial señala que “el nombre de la Comisión es importante porque determina el ámbito de aplicación de las medidas del Plan multisectorial y por tanto el ámbito de protección. PCM no ha consultado a los afectados en el momento en que emitió la Resolución Suprema y ha retirado los términos “metaloides” y “otros compuestos químicos tóxicos”, esto es preocupante porque excluye a otros agentes tóxicos como el dióxido de azufre, el arsénico y el material particulado. Estos agentes son los principales contaminadores en zonas mineras como La Oroya en Junín y el Corredor Minero del Sur.”

Desde la perspectiva de Olivera, esta reducción del ámbito de aplicación en el nombre de la Comisión es un retroceso en las políticas de atención a las personas afectadas por contaminación de las industrias extractivas; señala también que la PCM no ha dado hasta ahora ningún fundamento técnico para la reducción del ámbito de protección, además que las propuestas de los diversos sectores incluso han sido contradictorias entre sí.

Por otro lado, Yolanda Zurita de la Plataforma Nacional señala: “nosotros consideramos un avance la creación de esta Comisión Multisectorial porque es en respuesta a una lucha que nosotros venimos llevando hace años, pero el problema surge cuando no se ha tomado en cuenta la voz de la sociedad civil en la definición del nombre la Comisión, y ahora ellos no quieren reconocer la totalidad de contaminantes a pesar de que nosotros hemos explicado sobre sus diferentes  afectaciones en nuestra salud y vida y como esta contaminación se da en diferentes zonas de nuestro país, e incluso órganos del Estado han reconocido la presencia de estos contaminantes en el ambiente. Ellos se limitan en ampararse en lo señalado en la norma (la resolución suprema) y no nos dan mayor fundamentación de su negativa.” Zurita también señala que hasta la fecha no se ha incorporado a la Defensoría del Pueblo como observador del proceso, así también que se está a la espera de que la Comisión acepte la participación del Congresista Lenin Bazán de la CPAAAAE del Congreso.

Desde Red Muqui se exhorta a los representantes de las entidades estatales en la Comisión Multisectorial a retomar el diálogo y la construcción de propuestas de forma concertada con los representantes de la sociedad civil, ello es imprescindible para dar continuidad a las acciones y propuestas de atención a la salud de las personas afectadas por metales pesados.

Nota de prensa de la Plataforma y la Mesa técnica de Salud Humana y Ambiental:

Afectados por metales tóxicos denuncian que Gobierno no escucha sus demandas by prensamuqui on Scribd

Mediante la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM se ha creado la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es un logro de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por  Metales Tóxicos y la Mesa Técnica en Salud Ambiental y Humana que desde hace más de 2 años vienen luchando por que las autoridades conformen esta comisión y se comprometan a una atención integral de esta problemática.

La mencionada resolución publicada hoy en el Diario El peruano señala que “en tal contexto existe la necesidad de crear una Comisión Multisectorial Temporal encargada de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.”

La comisión estará conformada por representantes de diversos sectores del estado, como del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Ministerio de la Producción. Se incluye a 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos regionales y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados. La comisión se instalará a los 15 días de emitida esta resolución suprema y tendrá una vigencia de 6 meses.

Recordemos que la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos está conformada por representantes y organizaciones de diversas regiones del Perú que se han denunciado la afectación a la salud ambiental y humana por parte de empresas mineras, petroleras y de industrias: Amazonas (comunidades: Nazareth, Pakun, Wachapea, Umukay); Loreto (Cuencas del Pastazza, corrientes, tigre, Marañón y Cuninico); Junín (La Oroya, Tarma, Valle del Mantaro y Selva Central); Cajamarca (Bambamarca, Hualgayoc y Chugur); Ancash (Juprog, San Marcos); Lima (San Mateo); Moquegua (Torata); Puno (Lllallimayo); La Libertad (Cerro del Toro); Lambayeque (Cañaris); Cerro de Pasco; Cusco (Espinar) y Callao.

Lea la Resolución suprema aquí:

Resolución suprema que crea Comisión Multisectorial temporal para el abordaje integral e integrado a favor… by prensamuqui on Scribd

Cerro de Pasco y La Oroya, son dos zonas en donde ciudad, minería y fundición han crecido una sobre otra -sin mayores regulaciones ambientales y de salud- si bien han generado ingresos a las arcas del Estado Peruano, también han ocasionado el envenenamiento generacional por décadas de miles de peruanos que vivieron y viven en estas zonas. Lo mismo ocurre respecto de los pasivos ambientales en San Mateo.

Red Muqui presenta el resumen del  Informe de Atención médica de salud en ambientes asociados a minería y metalúrgica a menores residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de los pasivos ambientales en San Mateo- 2016. Este documento ha sido realizado por el médico ambientalista, Fernando Osores, quien examinó a un total de 24 niños y niñas.  Se les realizó el dosaje y se les hizo análisis de cabello, sangre y orina para determinar la presencia de los siguientes metales pesados: As [arsénico], Pb [plomo], Cd [cadmio] y Hg [mercurio].

Los niños atendidos residen en Cerro de Pasco-Quiulacocha(15) y La ciudad de La Oroya Nueva y Vieja (9) respectivamente, tienen entre 3 y 15 años. La media aritmética de la edad fue 9 años.Todos los niños de Cerro de Pasco y La Oroya presentaron exposición puntual positiva (detectable) para arsénico, plomo, mercurio y cadmio. Asimismo, superaron el mejor estándar de medición para arsénico en sangre. En el caso de  la orina, en 8 de los 9 niños de La Oroya y 10 de los 15 niños de Cerro de Pasco superaron el estándar de medición para arsénico de acuerdo con el MINSA.

 

Por el lado de los pasivos en San Mateo, el informe alerta que no solo el relave Tamboraque –contiene casi 690 mil toneladas métricas de residuos- pone en riesgo el río Rímac y la ciudad de Lima. Son, aproximadamente, ocho pasivos ambientales más, entre los que destacan el relave Chinchán (Coricancha); ex depósito de Mayoc, Minera Lisandro Proaño S.A.; la mina Los Quenuales (Casapalca), cuenta con un pasivo ecológico de más de un siglo de operación; el depósito de relaves Chinchan (Los Quenuales), está activo y se encuentra a 110 Km. al norte de la planta concentradora; depósito de relaves Tablachaca, ubicado al margen derecho del río Rímac. Este último, contiene unos tres millones de toneladas métricas de relaves producidos por la planta concentradora de Casapalca.

El depósito de relaves Antuquito, contiene unas 600 toneladas métricas de relaves producidos por la planta concentradora de Casapalca, también se encuentra al margen izquierdo del río Rímac. Estos pasivos ambientales mineros son foco principal de contaminación y afectación a la salud de las personas.

 

Al respecto el informe presenta algunas recomendaciones, el texto completo se puede leer en el resumen del Informe de Salud

1. Desarrollar un Plan Nacional sostenible de monitorización epidemológica permanente, en tiempo real, transparente, coordinado y participativo de las matrices de agua.

2.Caracaterizar los peligros y riesgos de los impactos ambientales inmediatos, y a largo plazo a la salud humana en una concepción de Ecosalud y protección del bien público.

3. Fortalecimiento de la capacidad de vigilancia y monitoreo ambiental de los ciudadanos/as, poblaciones indígenas y originarias, así como, el reconocimiento de sus organizaciones, y su incorporación al Sistema Nacional de Gestión Ambiental como mecanismo de alerta temprana.

4. Promover la investigación priorizada en la protección, prevención y evaluación de riesgos a la salud por exposición crónica no ocupacional a sustancias químicas.

5. Promover la planeación estratégica nacional para la salud pública ambiental protectiva y preventiva en zonas de alto riesgo de exposición a metales pesados (como es el caso de Pasco y La Oroya)

Libre descarga RESUMEN DEL INFORME AQUÍ

Transcurrido el primer año de gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó su primer mensaje a la nación el 28 de julio último. Al respecto, RED MUQUI se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. El mensaje presidencial trajo el anuncio de nuevos proyectos mineros: Corani (Puno), Mina Justa (Ica), Quellaveco (Moquegua) y Michiquillay (Cajamarca). De esta manera, el gobierno confirma que seguimos dependiendo de una actividad económica como eje de nuestra economía.

Sobre esto se requiere que el gobierno asuma un verdadero programa de diversificación económica en el país, y no solo ‘paliativos’ para actividades como la agricultura. Nuestra canasta familiar depende de nuestras comunidades campesinas que desarrollan la agricultura familiar en el 7% de nuestro territorio nacional. Sin embargo, sus territorios no están protegidos de los impactos ambientales, sociales, afectaciones en la salud humana, entre otros, debido a las actividades extractivas.

Por el contrario, se debería priorizar las actividades como el turismo sostenible, la pesca artesanal, y otras actividades económicas más sostenibles.

2. En el mensaje se ha priorizado la formalización, la Pequeña Minería y Minería Artesanal; de la cual existe una campaña del gobierno para impulsarla. En ello estamos de acuerdo, pero no podemos formalizar todo de la misma manera. El presidente debe mencionar que los decretos legislativos que el Ejecutivo dictó a fines del año pasado, permiten que el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) tenga carácter de declaración jurada, sin que existan entidades que le den seguimiento. De la misma forma, con una declaración jurada se puede obtener permisos del propietario o de comunidades campesinas para realizar cualquier actividad minera en tierras superficiales. En el último caso se pasa por encima de los espacios de decisión comunales. Se formaliza, pero no se consideran los impactos ambientales, sociales y en la salud de las personas.

3. Respecto al medio ambiente, el presidente Kuczynski reconoció que “el lago más grande del Perú (Titicaca) está contaminado por relaves mineros”. Esa ha sido consecuencia de la minería formal, informal e ilegal que afecta fuentes de recursos hídricos fundamentales a nivel nacional. Justamente, a esto responde las recientes protestas sociales en Puno, en donde la población sigue esperando que se cumpla con la promesa electoral acerca de la construcción de pozas de oxidación para procesar el agua residual que llega al lago. De no atenderse oportunamente esta problemática el conflicto puede agudizarce, es urgente la atención a esta demanda de las poblaciones afectadas por las aguas contaminadas del Lago Titicaca.

4. En el mensaje a la Nación se mencionó sobre la “reducción de los impactos ambientales”; pero ello es incoherente con las normas -sin sustento técnico- que fueron emitidas por este gobierno. Este año se fueron flexibilizando los Estándares de Calidad Ambiental para aire (ECA Aire) en doce veces, así como los que rigen para el agua. Todo ello impactará en la salud y la vida de las personas.

La indecente pretensión de esta norma busca ‘facilitar’ la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya, ha demostrado que no resulta conveniente para los inversionistas. Por tanto, ha quedado claro que el gobierno estaría emitiendo normas que tienen beneficiarios directos, en lugar de buscar alternativas de desarrollo integral y sostenibles para La Oroya, y que no implique atentar contra de la salud y vida de las personas de esa zona.

5. Que el mandatario haya mencionado “Dignificar a las rondas campesinas”, nos parece loable. No obstante, consideramos que el Ejecutivo debe tomar en cuenta el importante el avance del Poder Judicial, y su presidente Duberlí Rodríguez, quien ya ha reconocido el rol de las rondas de ejercer justicia y brindar seguridad. No obstante, el gobierno central aún debe dejar de calificar como “antimineros”, “enemigos del desarrollo” a aquellas rondas campesinas y organizaciones sociales que defienden sus derechos al territorio y a la consulta sobre decisiones que les afecta. Si su perspectiva es empezar a reconocer a las rondas, esperamos que cambie la perspectiva sobre la conflictividad social en el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM.

6. Para el jefe de Estado es importante “Fortalecer el rol del Ministerio de Salud (MINSA) es fundamental ya que no funciona como debe funcionar”. En ese sentido, nos preocupa las personas cuya salud y vida han sido afectadas por la actividad minera, pues no reciben un tratamiento adecuado. Una muestra de esta realidad, es el caso de los pobladores de Pasco, quienes luego de años de reuniones y acuerdos infructuosos, se vieron obligados a venir a Lima y encadenarse en el MINSA, y así exigir atención médica y remedición de sus pasivos ambientales mineros. Esperamos que el gobierno considere que el MINSA debe cumplir con estos compromisos y atender de manera inmediata a estas poblaciones afectadas a su salud por actividades mineras.

7. El presidente Kuczynski no olvidó decir que «el agua será legado de su gobierno». Es así que en su mensaje ha ofrecido que el 84% de las zonas rurales tendrá agua y desagüe al 2021. Nuestra inquietud surge por cómo se podrá llegar a esta meta si nuestras cabeceras de cuenca y ecosistemas que captan agua se encuentran afectados y contaminados por la minería. Por ello es importante aplicar mecanismos como el ordenamiento territorial (que la Ley N°30230 estableció como “referencial”) y se les devuelva a los gobiernos regionales, la potestad de establecer prioridades de desarrollo en base a sus potencialidades, y que estas no sean impuestas desde el gobierno central y en base a las concesiones mineras.

8. Y, por último, el presidente señalo que se debe “Fortalecer a las empresas de agua potable, que seguirán siendo públicas”. Sin embargo, uno de los decretos dictados en su gobierno ha establecido que estas Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), ahora serán empresas del régimen de sociedades. Es decir, poseerán acciones que pueden ser vendidas a otros intereses económicos -en la práctica- permitir la privatización del recurso hídrico, lo cual va en contra de su rol principal, que es brindar un servicio. Consideramos que esto se trata de una seria contradicción, lamentablemente, avalada por el Congreso.

9. El presidente ha presentado 5 proyectos de ley, luego de la reunión con Keiko Fujimori, uno de ellos sobre el tratamiento de aguas residuales. Se plantea mayor participación de las APP para ello. Recordemos que en los decretos del actual gobierno se planteó simplificar los procedimientos para los vertimientos de aguas residuales. Ya no intervienen con sus autorizaciones las autoridades responsables, ahora solo se aplican los ECA y Límites Máximos Permitidos (LMP) de agua. Las inversiones son importantes, pero se deben supeditar a la mejora de la calidad de vida de las personas, de lo contrario no son beneficiosas.

Finalmente, entre los proyectos de ley presentados por Kuczynski, se busca destrabar el acceso a inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura: la misma finalidad del derogado Decreto Legislativo N°1333, que–mediante ProInversión- buscaba facilitar aún más el acceso a predios, especialmente en territorios de comunidades campesinas (en relación con la Ley N°30230). Consideramos que con éstas medidas continúa la velada idea de desaparecer las comunidades campesinas.

Lima, 30 de julio de 2017

POR MEDIO DE PETICIÓN A PPK

  • Ahora que no se concretó venta del complejo de La Oroya no tiene sentido mantener ECA Aire tan bajos
  • La OMS recomienda no más de 20 microgramos de dióxido de azufre en el aire y en Perú solo se exige 80

La campaña “¡Firma por un Perú con aire limpio!” pretende hacer llegar una petición masiva al presidente, Pedro Pablo Kuczynski, para que los Estándares de Calidad Ambiental del Aire (ECA Aire) sean más elevados, tal como era antes de que fueran modificados por el Ministerio del Ambiente (MINAM) este año.

Estos nuevos parámetros ya rigen para los sectores extractivos, especialmente para el rubro minero, así como para las industrias y el sector de servicios. Es así que, desde junio de este año, el sector Ambiente permite un rango mayor de contaminación.

Un caso especial ha sido el del complejo metalúrgico La Oroya, cuyo intento de venta ha fracaso tres veces en este año.

La falta de postores para invertir en La Oroya y la mina Cobriza en Junín, ha evidenciado que hacer la contaminación ‘más permisible’, no ha funcionado. Es por ello que desde la Red Uniendo Manos, miembro de la RED MUQUI, se ha impulsado firmar una petición para derogar el Decreto Supremo (N°003-MINAM-2017) que dio paso a esta medida del gobierno.

En esta petición se adjunta una carta en la que se expone al presidente de la República, y a la Ministra del Ambiente, que este nuevo estándar de calidad ambiental del aire para dióxido de carbono (SO2) no protege la salud.

Cabe recordar que el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, refirió que el cambio se dio teniendo en cuenta que otros países como Chile y Colombia tienen el parámetro de 250, por lo que el límite de 20 resultaba muy “exigente”.

Asimismo, indicó que con el nuevo estándar se podrá generar una mayor competitividad en nuestra economía “y también se protege a la salud”.

En la misiva, firmada por más de 1200 personas, se le recuerda a Kuczynski que desde el 2014 el Perú ya contaba un estándar de calidad del aire -para SO2- de un promedio de 20 ug/m3 en 24 horas, de acuerdo a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es por ello que no puede permitirse que el gobierno actual eleve el estándar a un promedio de 250 ug/m3 en 24 horas, sin suficiente criterio científico.

“No se puede construir un crecimiento económico, contaminando el aire que respiramos, poniendo en riesgo nuestra salud, haciendo que los costos de esta contaminación la asuman todos los peruanos y lo que es peor perjudicando especialmente los bolsillos de los más pobres”, indican las organizaciones gestoras de esta petición.

En la carta que todo ciudadano puede firmar, se asevera que es un error poner los intereses privados por delante del ser humano. “Parece que el gobierno actual privilegia intereses de industrias contaminantes por encima del derecho que tiene la población a respirar un aire limpio. Esta revisión de los ECAs desconoce que el ser humano debiera ser considerado el valor central de la sociedad”, indica parte del texto.

¡Firma por un Perú con aire limpio! es una campaña que parte de la iniciativa del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, unido a otras organizaciones como la Red Uniendo Manos contra la Pobreza, el Centro Cultural Labor Cerro de Pasco, la Asociación Civil Labor y la Red de Constructores de la Nación Humana Universal.

DATOS:

  • El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el ambiente (aire, agua o suelo) que no representa riesgo significativo para la salud de personas ni del ambiente.
  • El ECA para aire está compuesto por diez parámetros: benceno, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, plomo, material particulado PM2,5, material particulado PM10, monóxido de carbono, hidrocarburos totales (expresados como hexano), ozono y sulfuro de hidrógeno, cada uno de los cuales tienen un valor específico.
  • El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro, comúnmente liberado durante erupciones volcánicas. Es generado también por la quema de combustibles fósiles -como el carbón y petróleo- y en áreas urbanas por las termoeléctricas, las industrias y el tráfico vehicular.

Fuente: Red Uniendo Manos Perú / Gestión

Fotos:  Red Uniendo Manos Perú / Radio Nacional

 

 

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Una vez más, este lunes 17 de julio se declaró como «desierta» la subasta pública del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina de cobre Cobriza, que estuvieron en titularidad de Doe Run Perú, cuya matriz es el Grupo RENCO de capitales norteamericanos.

Como se ha anunciado anteriormente, esta nueva postergación reduce -una vez más- el precio base de US$ 271.27 millones de dólares; es deicr, en un 15% para la próxima y última rueda del 26 de julio próximo. Con ello, igualmente se reducen los ingresos que la Junta de Acreedores -en donde el Estado está incluido- puede lograr.

Lamentablemente se insiste en facilitar un proceso de inversión que solo tiene una perspectiva económico-patrimonial y que no considera los graves impactos, a la vida y a la salud, que el funcionamiento del complejo metalúrgico ya ha generado, en una ciudad que se encuentra dentro del ranking de los diez lugares con mayor contaminación ambiental en el mundo, y en donde los niños han sido los más perjudicados –en un 90%- al haberse contaminado con plomo y otros metales.

En ese orden de ideas, resulta evidente que no hay una mirada integral de lo que implica la salud ambiental y humana en el Estado. No se asume -o no se quiere asumir- que ambas están directamente vinculadas, y que cualquier impacto ambiental por actividad extractiva (como la minero-metalúrgica) tiene consecuencias directas -o indirectas- en las personas.

Esto último se corrobora en el reciente decreto supremo que modifica los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire, de 80 a 250ug/m3 (24 horas), incremento que se realizó sin ningún sólido sustento técnico, por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM) y sin mayor coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA); todo ello con el claro objetivo de facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya y permitir otras operaciones que pueden ocasionar graves impactos negativos de carácter social y ambiental.

Al respecto, según lo ha señalado Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, el propio Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín emitió en mayo  un comunicado en el que señala que “es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente para el dióxido de azufre el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud {OMS)». En repsuesta, las autoridades no han tomado en cuenta lo expresado por Monseñor Barreto, y más bien se han dedicado, conjuntamente con otras personas, a criticarlo e intentar demoler su honra.

Por ello, rechazamos la campaña iniciada contra el Arzobispo Barreto que en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, como pastor de la Iglesia que representa, y como parte de la sociedad civil, una vez más se ha pronunciado sobre la contaminación en La Oroya, con fundamentos técnicos que lo avalan en su postura, y ha criticado la actitud del gobierno en este delicado tema.

Finalmente, exigimos a las autoridades nacionales, regionales y locales a priorizar la vida y la salud de las personas ante todo y, desde luego, cumplan con su deber de promover alternativas económicas sostenibles para todos los trabajadores y familias de la ciudad de La Oroya, que mejoren el desarrollo y la calidad de vida de la población, como sustento fundamental de cualquier decisión que tome el Estado con relación a este tema.

Lima, 19 de julio de 2017

 

«Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas.La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres» (Carta Encíclica Laudato Si’, N° 20).

El 21 de julio del año pasado emitimos un comunicado «Posición de la Iglesia Católica ante la situación que vive Lo Oroya» y decíamos:

La Iglesia está preocupada por la grave disyuntiva que se plantea ante el futuro del Complejo Metalúrgico de La Oroya -CMLO: la calidad de vida socio-ambiental o el trabajo remunerado, las ganancias de las Empresas y los impuestos que recibe el Estado. En ambos casos hay personas que se benefician, y otras que resultan afectadas.

La calidad del aire es esencial para la vida y la salud de las personas. Actualmente los pasivos ambientales afectan de manera especial a los niños.

• El proceso de venta del CMLO exige la adecuación de la calidad del aire a 80 ug/m3 para La Oroya, llo y Arequipa (Decreto Supremo N°006-2013 MINAM), pese a que en el resto del país la exigencia es de 20ug/m3 como nivel máximo de dióxido de azufre (Decreto Supremo N°003-2008 MINAM).

• Las exigencias ambientales no pueden flexibilizarse a favor de intereses económicos, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Asimismo, la preocupación laboral debe garantizar un trabajo digno y una justa indemnización de los trabajadores.

• Por lo cual, invocamos al señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo del Perú: el gobierno debe tener muy en cuenta el mandato constitucional: «La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado» (Art. 1°).

Ante estas afirmaciones del Comunicado que emitimos el 21de julio de 2016, se cumple lo que afirma el profeta Ezequiel: «…escuchan tus palabras.,…pero no las practican…» (Ez., 33,30-33). Y ahora añadimos lo siguiente:

1. En mayo pasado el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín (CIP-CDJ) emitió un pronunciamiento claro y valiente indicando: «En el marco de lo legislación ambiental, es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente paro el dióxido de azufre, el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud (OMS)».

2. El 6 de junio 2017 se establecieron los nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, mediante el D.S. N°003-2017- MINAM, elevando la norma de la emisión del Dióxido de Azufre de 80 a 250ug/m3 (24 horas).

3. con esta lamentable e incomprensible decisión, en el mes en que celebramos el 196 aniversario de la independencia de nuestra Patria, se realizará la segunda ronda de subastas. Una decisión Inmerecida para la Región Junín y para el Perú.

4. Sin embargo, «El Perú declaró desierto ayer, por falta de postores, la subasta del CMLO -administrado por Doe Run durante año, con severos daños medioambientales-, según informaron agencias internacionales… Lo agencia Reuters indica que para el 17 de julio, se ha programado una segunda subasta del complejo, y si esta fracasa, se realizaría otra el 26 de julio. En cada caso se reducirá el precio base en un 15%». (Diario CORREO – Huancayo, 07 de julio 2017)

5. Con la flexibilización de los ECA para el aire y la reducción del 30% en la tercera subasta a realizarse el 26 de julio próximo, se facilitaría la venta del CMLO que beneficiará a las instituciones-miembros de la Junta de Acreedores, presidida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

6. Debemos manifestar, con mucho pesar, que en dicha Junta de Acreedores participa el Grupo RENCO al cual pertenecía Doe Run Perú, y cuyo dueño, el Sr. Ira Rennen, enjuició al Estado Peruano solicitando $USD 800 millones de indemnización por no haber flexibilizado los ECA para el aire, en su debido momento.

7. La posible reactivación del CMLO, permitirá un empleo a los trabajadores. pero en un ambiente de alta contaminación del aire que seguirá perjudicando nocivamente su salud y la calidad de vida de las personas que viven en La Oroya, y la de sus trabajadores.

8. Con la probable venta del CMLO se condenaría nuevamente a la población de La Oroya a vivir en un ambiente insalubre, contrario a la dignidad de la persona humana y al espíritu de la Constitución Política a del Perú (Art.1°).

9. En ese sentido, debemos recordar que es obligación del Estado asegurar condiciones dignas y saludables de trabajo a la población de La Oroya, así como buscar otras alternativas de desarrollo sostenible para sus familias.

10. Igualmente nos solidarizamos con la población de Cerro de Paseo y con su Obispo Mons. Luis Alberto Barrera en la lucha por una vida digna y saludable.

11. Por último, ante la próxima visita del Papa Francisco, el hombre de la paz, el hombre que cuida toda la creación de Dios, un gesto solidario y efectivo del Estado peruano será reconocer que la dignidad y la salud de los pobladores de La Oroya están por encima de resultados económicos.

Deseamos a la gran familia peruana, en estas fiestas Patrias, una mayor unión de voluntades en la política, en la economía y en lo social, a fin de buscar el bien común en nuestro Perú. Por eso rezamos con el Papa Francisco: «Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. (Cfr. Carta Encíclica Laudato SI’N°246)