La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró fundada la oposición a la medida cautelar de no innovar y retirar la infraestructura productiva y de turismo, la cual fue presentada en el 2021 por el procurador de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM), Julio César Guzmán.
La medida presentada tenía como objetivo de demoler la infraestructura eco-turística y agrícola, Ecocamping Racarrumi; así como el canal de agua Majín, ubicado en el centro poblado de ‘El Mirador’, lo que habría afectado irreparablemente la actividad agrícola de más de 300 familias de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape-Lambayeque, cuya principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. Además, esta medida fue presentada como parte del proceso en el que se acusa a campesinos defensores del ambiente de Chaparrí de haber sido los autores del delito contra los recursos naturales, figura de alteración del ambiente o paisaje, en agravio del Estado y del Ministerio del Ambiente.
De acuerdo al presidente de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, Edivar Carrasco Vásquez, los habitantes de la zona han recibido la resolución con gran alegría y agradecimiento. Los comuneros cuestionaban esta medida por las consecuencias que podría generar, ya que, de destruirse la infraestructura del canal Majín y del Ecocamping Racarrumi, hubiese significado un gran retroceso para la economía comunal.
Si bien esta resolución judicial representa una gran noticia para la comunidad, para la Reserva Ecológica de Chaparrí, y para defensores del ambiente, es importante resaltar que la lucha aún no termina y la criminalización contra defensores ambientales no ha cesado. Como muestra de ello, en octubre del presente año se continuará con el juicio oral contra reconocidos líderes campesinos y defensores ambientales de Chaparrí, entre ellos Hermenegildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Dociteo Tafur Diaz, Américo Laboriano Ramos y Segundo Fabián Culqui Mendoza y Juan de Dios Carrasco Fernández, que podrían enfrentar condenas de hasta cuatro años de prisión.
Recordemos que los comuneros mencionados lograron construir la infraestructura Ecocamping Racarrumi gracias a que ganaron en el 2017 un concurso organizado por el Programa Turismo Emprende promovido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Por consiguiente, a pesar de la buena noticia que ha representado la resolución de la sala penal, las comunidades de Chaparrí mantienen su preocupación por el peligro constante en el que se encuentran sus líderes campesinos y defensores ambientales. En especial, porque los procesos de criminalización siguen avanzando con nuevas denuncias y presentan un acelerado, tal vez inusual, avance, especialmente desde la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Asimismo, las comunidades denuncian la presencia de mineras que pretenden ingresar para realizar estudios de exploración, que se realizarían en territorio protegido de la reserva ecológica, por su tamaño, la más importante de la región Lambayeque.
Por esa razón, los comuneros de Chaparrí anuncian e invitan a la población a unirse a una marcha que se desarrollará el 1 de junio en Chiclayo para crear conciencia de la importancia de los bosques, las reservas ecológicas y de los defensores de los mismos, en un contexto de crisis climática global.