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Compartimos la nota de prensa elaborada por FEDEPAZ, institución que es parte de la RED MUQUI.

Para el día de hoy 15 de octubre, el Juzgado Mixto de Cotabambas de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó la instalación e inicio de la Audiencia de juicio oral contra 19 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes han sido criminalizados por la defensa de los derechos fundamentales de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas, exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

Los referidos campesinos fueron denunciados por el Estado peruano y la empresa minera Minerals and Metals Group (MMG), con el objetivo de inmovilizarlos y acabar con las protestas, desconociendo de esta manera que de acuerdo con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas; son defensores de derechos humanos. Después de más de 3 años de iniciado el proceso penal y de varias reprogramaciones imputables especialmente al Ministerio Público; la referida audiencia fue programada para el 15 de octubre.

En efecto, el día de hoy se procedió a instalar la audiencia: se declararon reos contumaces a tres procesados defendidos por la defensa pública de oficio por no haber asistido al juicio oral, ordenándose su ubicación y captura. El Fiscal procedió a formular su requisitoria, es decir su acusación oral, sin embargo al ser los patrocinados quechua hablantes, el abogado de la defensa, David Velazco Rondón de FEDEPAZ, hizo la observación al juez en el sentido que anteriormente se había solicitado contar con un intérprete oficial del idioma quecha, lo cual se sustenta en la constitución del Estado y tratados internacionales que forman parte de nuestra ordenamiento jurídico nacional, a fin de no violentar el derecho del procesado de conocer con exactitud de qué se le acusa para asimismo conocer bien de que defenderse. El Juzgador trato de justificarse señalando que no tenían recursos, frente a lo cual el abogado Velazco le señaló que ese argumento no puede de ninguna manera justificar la violación de un derecho fundamental. Frente a esta situación el Juzgado Mixto de Cotabambas, encargado del juicio, procedió a suspender la audiencia. Al respecto debemos precisar como abogados de la defensa, que esta nueva suspensión de la audiencia es de responsabilidad exclusiva del juzgado. Con el ruego de su difusión.

15 octubre de 2019

El día de ayer se derramó líquido de un camión convoy que tuvo un accidente en la carretera de Yuricancha en Apurimac, este que emana un fuerte olor y ha causado dolor de cabeza y mareos a pobladores que viven en la zona donde ocurrió el derrame. A 100 metros del lugar donde ocurrió el hecho, se encuentra la institución educativa 50675 Yuricancha, por lo que se tuvo que evacuar a los niños que se encontraban en clase.

Edwin Huillca, secretario comunal de Yuricancha, señaló que no es la primera vez que ocurren estos incidentes y lamentó la escasa información para la población. Se refirió también a un anterior derrame en Pisacasa, en el que la Policía y la Empresa tomaron pruebas y no dieron los resultados.

Huilca ha declarado que: “lo han regado con las cisternas y al regar ha embarrado peor y al pasar el carro está levantando la polvareda y esa contaminación es la que nosotros respiramos. Ya no podemos permitir más estos atropellos”.

Este tramo de la carretera, que pertenece al Corredor Vial Apurimac- Cusco- Arequipa, se encuentra bajo Estado de Emergencia luego de la última prórroga del pasado jueves 12 de abril. RED MUQUI emitió un pronunciamiento hace unos días señalando su preocupación por la prórroga del Estado de Emergencia que recorta derechos a las comunidades.

circuló un comunicado de la empresa Las Bambas donde descarta cualquier vinculación con el incidente.

Por su parte, OEFA mediante un comunicado de prensa informó que

«El personal del OEFA verificó que el área afectada es de aproximadamente 500 metros lineales de suelo. Asimismo, se constató que personal de la empresa minera MMG Las Bambas, que indica no ser responsable del derrame, viene realizando acciones de limpieza en la zona a solicitud de los ciudadanos de Yuricancha. El OEFA, como autoridad de fiscalización ambiental, tomó muestras de suelo en la zona del derrame para determinar el grado de afectación»

DETERMINÓ 19 INFORME OCM

  • Región macrosur sigue concentrando mayor parte de conflictos socioambientales del país (34%)
  • Se recomienda derogar convenios entre las mineras y la PNP para evitar mayores fricciones con la población

El director del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), José de Echave, consideró el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe discutir en serio -y a fondo- sobre qué tipo de institucionalidad y políticas públicas necesita el Perú para hacer frente a los conflictos sociales.

Durante la presentación del 19 reporte del OCM, se evidenció en que aún no se tiene una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad fortalecida, que pueda orientarse a implementar el Sistema Nacional de Gestión de Conflictos que PPK propuso en su plan de gobierno.

“Se requiere un Sistema Nacional con alta capacidad de prevención y nula letalidad. De igual manera, un refuerzo de la institucionalidad y presencia del Estado en todo el territorio donde exista conflictividad, así como una buena coordinación multisectorial”, puntualizó De Echave.

Asimismo, recordó que es fundamental que se desarrolle un claro enfoque de derechos que tome en cuenta que los territorios en los cuales se producen los conflictos no son territorios vacíos; hay comunidades y pueblos indígenas con derechos que deben ser respetados.

Adelanto social “atrasado”

El también exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, señaló que, en el trancurso de esta gestión, sigue predominando el enfoque del “adelanto social”. Propuesta que está presente en el plan de gobierno como la gran solución a la conflictividad socioambiental en el país.

“Aún no se entiende desde el Estado que los conflictos son multidimensionales y con variables, no solo económicas, sino sociales, culturales, y ambientales. Además, este instrumento ya ha sido utilizado en el periodo 2006 y 2011 durante el súper ciclo. Si bien hubo recursos, no se solucionó el problema y los conflictos aumentaron”, especificó.

De Echave comentó que la aplicación del “adelanto social” ya es evidente en el caso de Las Bambas, con la diferencia que el proyecto minero ya está en marcha.

“Este “adelanto social atrasado” de “Cotabambas competitiva”, incluye infraestructura y servicios públicos; entidades productivas; educación y salud; acompañamiento, control y monitoreo. Sin embargo, la agenda que la población plantea tiene que ver con derechos humanos, medio ambiente, desarrollo sostenible, y responsabilidad social que tiene que ver con el comportamiento de la empresa”, recordó.

Criminalización

Mirtha Vásquez, directora del Grupo de Intervención y Formación para el Desarrollo Sostenible (Grufides), se refirió a las nuevas disposiciones legales sobre detención de personas, que ahora ha cambiado con un decreto supremo. “En contexto de conflictos socioambientales, detener a una persona hasta 15 días, puede resultar grave”, indicó.

En ese sentido, Vásquez dijo que la política de criminalización se viene profundizando con la persecución, encarcelación de líderes medioambientales, a quienes se les impone las condenas por los delitos más graves del código penal. “Esta es una clara muestra de que el gobierno puede dar lecciones, condenando un líder, y los demás no se atrevan a levantarse. Es una pedagogía del miedo”, alertó.

A su turno, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), comentó que la reciente promulgación del decreto N° 1245, pese a que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, expuso sobre la política de derechos humanos ante la CIDH.

“Este decreto supone la sobre criminalización y el aumento de penas por delitos como hurto agravado, daños, que perjudicarán a quienes protestan, porque estos delitos son los que se utilizan para acusarlos”, puntualizó durante su presentación.

Convenios PNP-Mineras

Respecto a los convenios que mantiene la Policía Nacional con las empresas mineras, Velazco aseguró que aún se mantienen, como en el caso de Las Bambas.

Los Decretos Supremos N° 1213 y 1230 aprobados hace un año, junto con el Decreto Legislativo N° 1148, mantienen la posibilidad de los contratos de seguridad privada con la Policía. Se presta la fuerza pública, lo cual ha sido denunciado ante la CIDH en presencia de la ministra de Justicia, quien se ha comprometido a revisarlos”, manifestó.

Río Blanco

De otro lado, Velazco advirtió que ante la presencia del proyecto Río Blanco, la situación de conflictividad en Piura podría recrudecer en los próximos meses. Comentó que, ahora que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le ha aprobado a Río Blanco, un plan de rehabilitación ambiental para los próximos 7 años, las comunidades se sientes desconfiadas y preocupadas.

“Al no ser consultadas, las comunidades estiman que con esto el Estado solo está ganando tiempo para ingresar a sus territorios y que, en la práctica, la empresa solicite ampliaciones para realizar exploración y –hasta- explotación minera”, agregó.

También informó que las comunidades han comenzado a organizarse y movilizarse para exigirle al Estado que se respete la decisión del 97% de la población que, por el año 2007, pidió el retiro de la empresa Río Blanco, y se impulsen actividades como la agricultura y ganadería en sus territorios.

Las Bambas

Al referirse al caso del proyecto minero Las Bambas, De Echave comentó que no queda claro de qué manera es que la empresa MMG Limited atenderá el pedido de modificar el EIA de Las Bambas a marzo del 2017.

“Hay que recordar que una modificación del EIA puede darse por pedido de la empresa o por exigencia del OEFA. Hasta donde tenemos entendido no se ha dado ninguno de estos casos. No se sabe cuál será mecanismo legal que se está utilizando para cambiar un EIA en tres meses, y que además ha sido modificado 6 veces en 2 años”, advirtió.

DATOS DEL OCM

  • 34% de los conflictos están ubicados en el sur, en el norte 28%, en el centro 22%. Siendo Apurímac, Áncash, Cusco, Puno y Cajamarca las zonas de mayor concentración.
  • El Marco Económico Multianual ha proyectado un crecimiento para la Minería del 20% durante el próximo año. Sin embargo, en el crecimiento del país se proyecta alrededor del 7% que no es muy alto.
  • El aporte tributario ha ido cayendo de manera sostenida en estos últimos años, hasta llegar apenas al 4%, en lo que se refiere a impuesto a la renta, y un poco más del 5% de tributos internos en total. En el año 2007, el impuesto a la renta por recaudación minera, llegaba al 50%.

Fotos: CooperAcción / OCM Perú

SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

  • Convenios fueron entregados por Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), CooperAcción, RED MUQUI y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • Acuerdos privados entre la minera y Ministerio del Interior no garantiza respeto a los derechos humanos
  • Efectivos custodian integridad de la minera haciendo el el uso de la fuerza
  • PNP del Cusco entregó documentos de convenios a DHSF, luego de un orden judicial

El proyecto minero Las Bambas (Cotabambas, Apurímac) paga entre 100 a 110 soles diarios, a los efectivos que repriman protestas sociales y custodien solo la integridad de la minera, según convenio interinstitucional firmado con la Policía Nacional, a través de la Región Policial del Cusco (Oficio N° 088-2016-REGPOL CUSCO-EM/OID). Todo ello en el marco prestación de servicios extraordinarios complementarios.

Estos pagos se realizan de manera individual, de acuerdo a la jerarquía de cada policía, y de manera quincenal. Sin embargo, el depósito se hace por medio de la institución policial sin transparencia alguna.

En el documento refiere que la empresa minera, es quien mantiene libros y registros contables de todos los pagos que efectúa a la PNP por un periodo no menor a tres años.

Como parte del convenio, la Policía coloca a disposición de la minera, al General PNP Directoral de la Región Policial Sur Oriente quien es el encargado del control, supervisión, coordinación, evaluación y planeamiento. Es decir, se coloca a un funcionario público al servicio de un privado, aun cuando sus funciones son pagadas por el Estado.

Asimismo, se establece un depósito en cuenta corriente (N° 002-161102172 del Banco de la Nación) del 0.11% de la UIT por hora, a nombre de la Unidad Ejecutora 000036 “X Dirección Territorial de Policía Cusco”, como recursos directamente recaudados dentro de los primeros 10 días de cada mes. Recaudaciones que no se dan a conocer públicamente.

Además de ello, la minera establece que los efectivos policiales asignados desempeñen otras acciones fuera del área del PROYECTO. Por ejemplo, en la cláusula 5.1.7 indica que las operaciones policiales pueden realizarse fuera del área geográfica del PROYECTO.

“El Jefe del Destacamento, ante cualquier contingencia, deberá dirigir las operaciones policiales…ya sea dentro del área de EL PROYECTO o, cuando las circunstancias lo ameriten, fuera de dicha área”, especifica el documento.

No obstante este no es el único convenio que la Región Policial del Cusco ha suscrito en la zona sur del país. Entre los años 2010 y 2014, se suscribieron otros con la Compañía Minera Quechua (Espinar), Compañía Minera Tintaya-Antapaccay (Espinar) y Minera Hudbay (proyecto Contancia en Chumbivilcas), todas ubicadas en el Cusco.

Sin garantía de derechos

Aunque estén respaldados por Ley, lamentablemente estos convenios permiten el abuso y la violación de los derechos humanos. Sumado a ello, desnaturalizan la función policial, que, en vez de resguardar y garantizar la seguridad de todos los peruanos, termina por convertirse en una especie de seguridad privada de la empresa minera.

“La Policía Nacional hará uso de la fuerza en casos excepcionales y extremos, cuando esté en riesgo inminente la vida del personal de LAS BAMBAS y/o sus contratistas” exige la empresa minera.

Como resultado de esta cláusula convenios, que no son de carácter público, están los hechos violentos como el que sucedió el pasado 14 de octubre, en medio del conflicto de Las Bambas, en donde el comunero Quintino Cereceda Huisa (42 años) falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Acto que ha desprestigiado a la Policía en el manejo de conflictos socio ambientales.

Aunque la empresa aclara que no existe ningún tipo de vínculo laboral, ni dependencia, entre el personal de la PNP y LAS BAMBAS (cláusula 12.3.1.) consideramos que, si existiría un nivel de dependencia e incluso, la empresa podría tener la condición de tercero civilmente responsable en la medida que su comportamiento tolera o promueve una conducta punible.

Sociedad Civil presentó convenios

 

En conferencia de prensa, Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) estimó que producto de todos los convenios existentes en el Perú, la PNP estaría recibiendo más de un millón de soles a nivel institucional debido al porcentaje que percibe por cada hora que trabajan los efectivos por resguardar a las mineras.

“Nos preguntamos en qué se gasta ese dinero que ingresa bajo el rubro de recursos directamente recaudados. Esta dependencia económica es inaceptable en un Estado constitucional donde los policías deben estar al servicio de toda la población”, señaló.

Otra preocupación expresada por Luque en la rueda de prensa fue el del uso de la fuerza utilizado al servicio de Las Bambas, por ejemplo.

«Los casos excepcionales y extremos no son especificados en los convenios, pero sí se establece que Policía tiene que anteponer la defensa del personal de Las Bambas, su infraestructura, sus terceros y contratistas, dejando de lado la protección de los pobladores»

«Esto evidencia que la Policía está parcializada, en este caso con las empresas mineras. Lo mismo ocurrió en Espinar en el 2012, donde incluso se tenía un destacamento policial al interior del campamento minero. Esta forma de intervención policial en base a convenio se ha repetido en muchas zonas del país donde hay actividad minera», recalcó Jaime Borda, Director de Derechos Humanos Sin Fronteras.

«El viceministro de Interior ha reconocido que existen 200 convenios con empresas privadas, 31 de los cuales son con industrias extractivas. Todos ellos rebasan los marcos constitucionales, así como los principios voluntarios de la seguridad y derechos humanos de las propias empresas», dijo Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

«A esta situación de los convenios se suma la cooptación de entidades de la Policía, como fue el caso de la DINI en donde se colocó un funcionario relacionado a una empresa minera», apuntó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

«Aquí los protocolos, sobre los cuales la policía debe tomar decisiones han sido trastocados y perturbados por estos convenios establecidos con la empresa minera. El mismo Ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha reconocido que en el conflicto de Las Bambas, los efectivos al mando no supieron seguir los protocolos», recordó José De Echave, miembro de CooperAcción.

Cómo se obtuvieron

El 01 de setiembre del 2014, la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, interpuso una acción de Habeas Data ante el Juzgado Mixto de Wanchaq (Cusco) y consiguió que dos años después, la Región Policial Sur Oriente de Cusco entregue una copia de dichos convenios suscritos entre los años 2010 al 2014. La información entregada, no solo reconfirma la existencia de convenios, sino brindan información sobre sus objetivos y los beneficios económicos que obtiene la PNP.

DATOS:

El objetivo de estos acuerdos interinstitucionales, y de otros a nivel nacional, se da en el marco de la aplicación de la Ley de la Policía Nacional del Perú (Ley N° 27238), y el Decreto Supremo N° 004-2009-IN, que reglamenta los Servicios Extraordinarios Complementarios a la función Policial, con el fin de prestar servicios de vigilancia, seguridad y otros convenios en el área de influencia del proyecto minero.

Fotos: Jorge Chávez / Comunicaciones RED MUQUI

LUEGO DE SEGUNDA REUNIÓN DE DIÁLOGO

  • En reunión de mesa de diálogo, y ante pedido de presencia de los titulares de los sectores, viceministro de Agricultura sugirió que primero se busque reunión con los ministros en Lima
  • Frentes de defensa desean entregar directamente su informe sobre la mesa de diálogo a los ministros de Estado

Las organizaciones sociales de base de Cotabambas (Apurímac) acordaron viajar a Lima para ser recibidos por el Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y los ministros de los sectores involucrados en la mesa de diálogo para el desarrollo de dicha provincia, con el fin de entregar directamente un informe sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso en torno al proyecto minero Las Bambas.

Los representantes y líderes de los frentes de defensa provinciales y distritales, decidieron llegar a la capital los días 12, 13 y 14 de setiembre, una vez que se desarrolle la segunda reunión de la mesa de diálogo (7 y 8 de setiembre) y se apruebe el reglamento que sobre el que se regirá el proceso; acuerdo que fue tomado en la reanudación de la mesa de diálogo que se realizó el lunes 22 último en Tambobamba.

En el transcurso de estos días, los dirigentes sociales enviarán documentos solicitando una cita con cada uno de los ministros, incluso con el mismo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y el premier Zavala.

Ausencia de ministros
Esta decisión por parte de los dirigentes de los frentes de defensa, responde al descontento de no haber contado con la presencia de ningún ministro de Estado del gobierno de PPK. Pese a que enviaron invitaciones formales con anticipación.
“Nosotros vamos a hacer nuestro propio resumen de cuánto se ha avanzado, y lo vamos a entregar a los titulares de los ministerios”, intervino Rodolfo Abarca, presidente del frente de defensa de Cotabambas.

“Así como el presidente está llegando a otros sitios, debe llegar aquí y mandar funcionarios que realmente evalúen esta situación. Comencemos con nuevos ánimos, que se vea un verdadero compromiso”, convocó Virginia Pinares del comité de lucha del frente de defensa cotabambino.

El 22 de agosto último, tres viceministros participaron y representaron al Ejecutivo, uno de ellos, fue Guillermo Shinno, quien ya ha ocupado cargo de viceministro de Minas en el gobierno anterior. Mientras que, los otros dos, nuevos en la gestión, fueron Jorge Montenegro, el viceministro de Agricultura, y Ricardo Vidal, viceministro de Vivienda y Urbanismo.

En la reunión los dirigentes manifestaron cierto descontento por la permanencia en el cargo de algunos funcionarios del gobierno anterior, ya que ello podría significar el “continuismo” de un desarrollo lento en la conducción de la mesa.

Al respecto el viceministro de Agricultura manifestó que muchos de los funcionarios son valiosos; no obstante, se encuentran en evaluación. Asimismo, sugirió a los dirigentes viajar a Lima y buscar un acercamiento con los ministros para que ellos puedan “devolver” la visita más adelante.

“En caso no haya resultados, o existieran motivos que no permitan que esto (la mesa) se pueda seguir manejando, o no se permita que existan obras que beneficien a las comunidades; los ministros, que ostentan el cargo político, junto con el premier y el presidente, tomarán la mejor decisión”, comentó.

Legislativo en la mesa
Por su parte el congresista representante de Apurímac, Richard Arce, consideró que los ministros deberían tener un gesto político con la población de Cotabambas y acudir a la reunión del 7 de setiembre. “Es decirle al país que el gobierno actual tiene la disposición a dialogar, la iniciativa debería partir del premier Zavala, de ahí el proceso técnico se realizará con los funcionarios de mando medio”, recomendó.

«Tenemos que mejorar»
Por su parte, el Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM), José Ávila, reconoció que el Ejecutivo –en el gobierno anterior– cometió errores en la conducción de la mesa de diálogo, especialmente en el tiempo demorado (6 meses) para tramitar –mediante resolución– la denominación correcta de la mesa de «desarrollo» a «mesa de diálogo».

Para este nuevo periodo, Ávila –ratificado en su cargo por este gobierno– recalcó que falta mejorar la metodología del proceso de diálogo, así como la participación de cada uno de los sectores. No obstante, indicó que sí existe voluntad por parte de este gobierno de que el diálogo sea eficaz y que las comunidades logren su desarrollo social.

“Tenemos que mejorar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de los acuerdos”, declaró al término de la reunión en Tambobamba.

En cuanto a las mesas de desarrollo que se establecieron en la provincia de Grau y el distrito de Challhuahuacho, y que siguen pendientes, aseguró que están en proceso de seguimiento, hasta que este gobierno pueda hacer un balance de cada una, tal como lo está haciendo en Cotabambas.

Fuente / Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL

  • Ese fue el compromiso de la ONDS – PCM durante encuentro con frentes de defensa y autoridades locales
  • Se acordó que vigencia de la mesa de diálogo será de 6 meses
  • Próxima cita para aprobar reglamento y conocer avances de ejes temáticos será el 7 de setiembre en Tambobamba

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió a darle continuidad a la “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” (Apurímac), por medio de una resolución ministerial que será emitida en un lapso no mayor a 20 días, garantizó el jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM), José Ávila.

Este lunes 22 de agosto en el distrito de Tambobamba (Cotabambas), la gestión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sostuvo su primera reunión de diálogo en Cotabambas con los frentes de defensa y autoridades de la provincia donde opera el proyecto minero Las Bambas. Durante el desarrollo de la mesa, Ávila se comprometió a impulsar la  norma que amplíe el plazo (de la mesa) a 180 días más.

Aunque la vigencia de la mesa venció el 15 de agosto pasado, y hubo un pedido formal de reanudación, por parte de los dirigentes sociales de los distritos de Cotabambas; esta reunión no fue de carácter informal, sino que se desarrolló como una reunión de balance y evaluación de los alcances logrados, hasta el momento, por el gobierno anterior.

No obstante, se llegaron a ciertos acuerdos en concordancia a la agenda planteada por los frentes de defensa de Cotabambas: Ampliación del plazo de funcionamiento de la mesa de diálogo, establecimiento de un reglamento y la reanudación de los ejes temáticos para tratar la problemática en torno a Las Bambas.

El reglamento

Un punto importante que se llegó a consensuar, fue la elaboración del reglamento sobre el que se conducirá la mesa. Este marco legal, será aprobado luego de emitida la Resolución Ministerial que amplía la vigencia de la mesa por 180 días. Mientras tanto, se conformó un equipo técnico integrado por las organizaciones sociales, el congresista de la región, Richard Arce, y los representantes de la ONDS-PCM y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Este grupo trabajará una propuesta de reglamento que deberá ser presentada el día 7 de setiembre en Tambobamba para su aprobación en plenaria.

Cómo quedan los ejes

Asimismo, los días 7 y 8 de setiembre, se realizará la presentación de los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos en los ejes temáticos: medio ambiente y modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), responsabilidad social empresarial en la zona de influencia, derechos humanos y desarrollo sostenible de la Provincia de Cotabambas.

De igual manera, se invitará a participar en la reunión a los alcaldes de la provincia de Cotabambas, un funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión. Asimismo, solicitará la presencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para analizar el problema de ciudadanos que están involucrados en procesos penales.

Funcionarios nuevos y ratificados

En esta nueva etapa del diálogo, llegaron nuevos funcionarios como los viceministros de Agricultura, Jorge Montenegro; de Vivienda y Urbanismo, Richard Vidal; así como funcionarios del gobierno anterior que fueron ratificados en sus cargos, como el viceministro de Minas, Guillermo Shinno; el jefe de la ONDS-PCM, José Ávila, y el Director General de Gestión Social del MEM, Fernando Castillo.

En esta ocasión estuvieron presentes representantes de la adjuntía para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, así como de la Oficina de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA).

Por parte de las autoridades locales, estuvieron presentes los alcaldes distritales de Haquira y Mara, Isaac Anaya y Adiel Sota; respectivamente, y Luis Calderón, gerente general del gobierno regional de Apurímac.

Desde la sociedad civil, estuvieron los dirigentes del Frente de Defensa de los intereses de Cotabambas, Rodolfo Abarca, Virginia Pinares y Allen Torre, quienes también estuvieron acompañados por otros representantes de los distritos y comunidades de Tambobamba, Challhuahuacho, Haquira, Mara, Cotabambas y Coyllurqui.

 

Fuente: RED MUQUI / CooperAcción

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

Ante una suspensión más de las reuniones de la mesa de diálogo de la Provincia de Cotabambas relacionada a las actividades de la Mina Las Bambas, nos dirigimos a la opinión pública para expresar lo siguiente:

1. En setiembre del 2015 estalló un conflicto social en la provincia de Cotabambas, luego de que el gobierno hiciera caso omiso al pedido de información de la población sobre la modificación al proyecto minero Las Bambas, que implicó que varios de sus componentes se trasladarán del Cusco a la provincia de Cotabambas, en Apurímac. El conflicto tuvo como saldo tres personas muertas y decenas de heridos.

2. A fines de setiembre el gobierno se comprometió a instalar una mesa de diálogo para atender los problemas reportados. La mesa fue creada en noviembre, con una norma que dejaba de lado los cuestionamientos ambientales. Recién se instaló el 29 de febrero de 2016, luego de varios meses de concluido el conflicto y tuvo su segunda reunión el 21 de abril. En junio de este año, y luego de reiterados pedidos, la norma de su creación se modificó para incorporar los temas que preocupaban a la población de Cotabambas.

3. Si bien la mesa ha tenido algunas reuniones, se ha caracterizado por las frecuentes suspensiones, principalmente motivadas en las dificultades de los representantes del Poder Ejecutivo para asistir. Esto preocupa sobre manera pues el plazo de vigencia de la Mesa termina a mediados de agosto y es muy poco lo que se ha avanzado, dejando a la población grandes interrogantes.

4. Los días 13, 14 y 15 de julio estaban programadas reuniones de la Mesa. Sin embargo, a solicitud del MINEM se suspendieron con la promesa de realizar, por lo menos una de ellas, la siguiente semana, teniendo como fecha probable el 21 de julio. Hasta el momento no nos han convocado a ninguna reunión. Esta situación nos preocupa dado que quedaba pendiente la aprobación de la matriz de acuerdos de lo avanzado y el reglamento de funcionamiento de la mesa, instrumentos que ayudarían a que el nuevo gobierno pueda retomar el diálogo en agosto.

5. Con el transcurrir del tiempo se hace cada vez menos probable que la reunión pendiente se realice ya que estamos ad portas del cambio de gobierno. Consideramos que dejarnos en esta situación es una falta de respeto que genera descontento y profundiza la tensión social. Somos peruanos y creemos que deberíamos ser atendidos como cualquier otro ciudadano. La actitud que las autoridades nacionales vienen teniendo con nosotros desdice todo discurso favorable al diálogo y debilita la institucionalidad construida para resolver los conflictos sociales.

6. El pueblo de Cotabambas pide principalmente que se revisen los cambios efectuados en el proyecto para evitar cualquier daño posible, que se asfalte la carretera por donde se realiza el transporte minero, nuevos convenios de servidumbre de vías y que se atienda a los familiares de las víctimas del conflicto, en su mayoría niños que han quedado en el más completo desamparo. Sobre estos puntos son pocos los avances logrados en la mesa de diálogo, y a ello se añade una inaceptable situación de maltrato.

7. Solicitamos a las nuevas autoridades tener una actitud abierta y sincera para dialogar y construir acuerdos duraderos que nos permitan alcanzar una convivencia pacífica con la empresa MMG, titular del proyecto minero Las Bambas.

26, de julio de 2016

Suscriben:

FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

FRENTES DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DESARROLLO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

FEDERACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

COMITÉ DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL DEL RÍO MAYOTINCO – PUNANQUI, Y DEMÁS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE