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Las comunidades de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas han reiterado este lunes su rechazo al acuerdo alcanzado entre algunas comunidades de Chumbivilcas, el ejecutivo encabezado por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Minera MMG Las Bambas celebrado el 30 de diciembre pasado en la comunidad de Huininquiri. Por el momento no descartan retomar las acciones de bloqueo del corredor vial minero, sin embargo, han logrado que la premier Mirtha Vásquez se comprometa a desplazarse nuevamente a la zona para reunirse y dialogar directamente con estas comunidades el próximo 17 de enero.

En conversación con Red Muqui, uno de sus dirigentes explicó que el principal motivo del conflicto no ha sido atendido, por lo cual las comunidades mencionadas decidieron no ser parte del acuerdo con el gobierno e incluso se retiraron del lugar antes de que finalizara la reunión del 30 de diciembre. Las comunidades exigen la derogación de la Resolución Ministerial No. 372-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que modificó la figura legal de caminos comunitarios que cruzan el territorio de numerosas comunidades de Chumbivilcas, convirtiéndolas en una vía nacional que desde entonces conforma el corredor vial minero.

 

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas.

En cuanto a las posturas divergentes entre comunidades de algunos distritos y otros de la provincia de Chumbivilcas que tienen en común haber sido despojados de caminos rurales para verlos convertidos en rutas para el transporte de minerales, el dirigente de Ccapacmarca, que ha preferido el anonimato, explicó que las comunidades vecinas prefieren ser partícipes de la cadena de valor de la producción minera.

En este punto, según el acta del acuerdo de Huininquiri, el Ministerio de Energía y Minería (MINEM) retomará las reuniones con la empresa y las comunidades para continuar la discusión sobre la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la producción del yacimiento minero.

Las comunidades de Ccapacmarca, en cambio, no han cesado de denunciar los impactos ambientales por el continuo uso de sus territorios para el traslado de los camiones de carga. El dirigente añadió que existen impactos diferenciados producidos por el traslado del material que realizan los camiones.  En el caso de las comunidades de Ccapacmarca, los camiones atraviesan los mismos poblados de las comunidades, en cambio, en otras comunidades de la provincia la vía usada por los vehículos se encuentra a varios kilómetros de las zonas pobladas. No obstante, en una cita del diario “El Correo”, Judith Cjuno, presidenta del Frente de Defensa de los Intereses de Ccapacmarca explicó: “Las comunidades de Ccapacmarca tenemos una plataforma de lucha que se armó el 2019 para ser reconocidos como zona de influencia ambiental y social ya que sufrimos un impacto y contaminación terrible, por lo que la producción de maíz, trigo, cebada ya no es la misma. Sin embargo la minera siempre nos ha respondido que no tiene ninguna obligación con nosotros porque transitaban por una vía nacional declarada de manera ilegal y que buscamos derogar”.

Al respecto, las comunidades del distrito de Ccapacmarca reclaman que la empresa minera debe incluirlas como área de influencia directa en cuanto a impactos sociales y ambientales. Algo que conllevaría una serie de obligaciones por parte de la empresa para mitigar esas consecuencias y que deben ser incluidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En este punto central del debate, el Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) se comprometió que a través de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hará seguimiento y comunicará del proceso de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La minera en cambio, sólo ha accedido a considerar a las comunidades de la provincia de Chumbivilcas como Área de Interés Social y Ambiental. Lo cual implica que bajo este tratamiento la empresa puede invertir en proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades de la provincia de Chumbivilcas y el corredor vial minero.

En relación a las demandas de las comunidades de Ccpacmarca, la Presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros Descentralizado, señaló: “Hay tres comunidades que han manifestado su deseo de tener un diálogo directo porque tienen demandas específicas con énfasis en temas ambientales”, aceptando la solicitud de reunión.

LA PCM ya decretó la Zona de Atención Especial

La PCM declaró como “Zona de Atención Especial” (ZAE) a 14 comunidades de seis distritos de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, como parte de sus compromisos con las comunidades de Chumbivilcas en la reunión del 30 de diciembre. Según la resolución ministerial N° 005-2022-PCM, este decreto servirá para la planificación de las acciones que propondrá un Grupo de Trabajo que se creará para formular el plan de intervención para la ZAE-Chumbivilcas, el cual estará encargado a la PCM. El plan de intervención tiene como propósito promover el desarrollo socioeconómico sostenible, con enfoque territorial, intercultural y multisectorial en las comunidades cusqueñas a las que alcanza dicha resolución ministerial.

Finalmente, cabe destacar que la premier Mirtha Vásquez reiteró que el Gobierno velará por el cumplimiento de los acuerdos y remarcó que el Ejecutivo prevé instalar equipos de trabajo permanente en las comunidades campesinas para atender a los pobladores locales.

 

Por: Jaime Borda Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Mientras el plan de la vacancia continúa en marcha desde el Congreso de la República por parte de los partidos golpistas, el presidente Pedro Castillo también pone de su parte. Lamentablemente el domingo pasado a través de un programa periodístico se ha revelado que el presidente habría venido sosteniendo reuniones en un domicilio particular en Breña con personajes vinculados a empresas que licitan con el Estado. El presidente Castillo y sus allegados le hacen un flaco favor a la lucha contra la corrupción con estas reuniones poco transparentes y de las que no ha querido dar cuenta en su reciente mensaje a la nación. Todos estos hechos se presentan en un escenario de emergencia en el norte. Como se sabe el pasado fin de semana los pobladores de la región de Amazonas han sufrido un terremoto de 7.5 grados que ha afectado gravemente la vida, las viviendas y carreteras de la zona y que el gobierno esta tratando de atender.

De otro lado, la conflictividad social se mantiene latente en nuestro país, luego de la arremetida de los gremios mineros contra el gobierno y la premier Mirtha Vásquez por el anuncio de cierre de 4 unidades mineras en el sur de Ayacucho, ahora se viene el caso de las Bambas, minera que esta ubicada en la zona denominada como el corredor minero, entre Apurimac y Cusco, quienes el día de hoy han anunciado la suspensión de sus operaciones mineras desde la quincena de diciembre. La minera sostiene que no hay condiciones para seguir operando debido a los constantes bloqueos de las comunidades de Chumbivilcas en la carretera del corredor minero. Como se sabe hasta hace poco se tenia una instalada una mesa de diálogo con las comunidades de la provincia de Chumbivilcas, esta finalmente no ha logrado a llegar a acuerdos, dado que la minera sostiene que lo que se pide por las comunidades es imposible de cumplir.

Sobre el caso de las Bambas habría que decir que este proyecto tiene una falla de origen por la forma como se han hecho las cosas, ya que el proyecto ha sufrido varios cambios, solo por mencionar que inicialmente el proyecto incluía la construcción de un mineroducto para trasladar el concentrado de cobre y molibdeno y que fue cambiado por una carretera que nadie aprobó, desconociéndose acuerdos anteriores, que tampoco han previsto la mitigación y los impactos ambientales que viene generando el paso de más de 400 camiones diarios en la vía del corredor minero por tres regiones, demás esta decir que la minera firmo una serie de actas y acuerdos con las comunidades impactadas, distritos y provincias de la zona donde se comprometió a dar oportunidades de trabajo y beneficio para estas poblaciones, muchas de las cuales tampoco se ha cumplido del todo. Por tanto, tienen razón las comunidades por reclamar mayor atención del Estado y de una de las mineras más grandes del mundo que no han hecho las cosas bien desde el inicio del proyecto. Decir que hay no condiciones para seguir operando en la zona parece más una estrategia de condicionamiento al gobierno nacional y a las comunidades, en medio de una crisis política, para que finalmente las comunidades desistan de sus demandas y el gobierno termine poniéndose del lado de la empresa en medio de la crisis política por el pedido de vacancia de un sector del congreso y la derecha de nuestro país.

El pasado 13 de noviembre, se promulgó la Resolución Ministerial N° 264-2021-PCM, la cual crea el “Espacio de diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau del departamento de Apurímac”. En consecuencia, esta semana se instalaron 3 mesas de diálogo en la provincia de Cotabambas, Apurímac para que se discutan temas correspondientes a los Subgrupos de Trabajo 1, 3, 4 y 7. En las reuniones participaron representantes del Estado, de la minera MMG Las Bambas y de las comunidades que pertenecen a zonas de influencia del proyecto y que reclaman desde hace años que se atiendan sus demandas vinculadas a diferentes ámbitos, como en el de salud. Sin embargo, en pleno desarrollo inicial de las mesas de diálogo, Las Bambas acaba de anunciar que debido a las protestas en Chumbivilcas, Cusco, reducirán progresivamente su producción hasta mediados de diciembre en que ya no podrán producir, debido a la falta de consumibles claves. Señalan a través de un comunicado que debido a las protestas no pueden hacer ingresar y salir su logística necesaria para continuar con la producción.

Subgrupos de trabajo de la mesa de diálogo de Cotabambas

  • Subgrupo de trabajo 3: Convenio Marco, y grupo 4: Canon Minero

El lunes 29 de noviembre, en la zona de Asaccasi, provincia de Cotabambas, se llevó a cabo la reunión para discutir temas correspondientes al subgrupo de trabajo N° 3 y el N°4, Convenio Marco y Canon Minero, respectivamente.

Con el propósito de fortalecer el diálogo entre las autoridades, dirigentes de la provincia de Cotabambas (región Apurímac) y representantes de la minera Las Bambas, asistieron al espacio de diálogo Eduardo Gonzales Toro, ministro de Energías y Minas; y Gustavo Guerra García, viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, estuvieron presentes el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, la congresista por la región Apurímac, Elizabeth Taipe, y la representante de la Oficina de Gestión Social y Diálogo de la PCM, Fabiola Alburqueque,

Por parte de los actores locales, participaron el alcalde del municipio de Mara, Willinton Guzmán, y representantes de las organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso.

El principal acuerdo al que se llegó fue que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) distribuirá, para enero del 2022,150 millones de soles de adelanto del canon minero, y otros 150 millones de soles para junio del 2022, con lo que se completará un total de 300 millones de soles.

Asimismo, el MEF presentó un informe que explica la forma en que se distribuirá el canon minero, el financiamiento de los proyectos que tendrán apoyo del Poder Ejecutivo y la ampliación de los recursos para Apurímac, como consecuencia del aumento del Fondo de Compensación Regional (FONCOR).

Sobre el canon minero, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil exigieron que el MEF transparente la información del cálculo de adelanto del canon minero y de los estados financieros de la empresa minera MMG Las Bambas. Además, exigieron que sea recibido su pedido de condonación de los intereses del capital por adelanto de canon minero al gobierno regional de Apurímac, entre los años 2014 y 2021

Finalmente, con motivo de garantizar la materialización de los compromisos, los dirigentes solicitaron a los funcionarios del gobierno que la PCM emita un Decreto Supremo o resolución ministerial del MEF, que visibilice la implementación del canon minero.

En cuanto al Convenio Marco, la empresa minera Las Bambas reforzó la propuesta de Convenio Marco que presentó el 23 de octubre del año pasado, el cual está enfocado en inversión de proyectos a favor de Cotabambas y Progreso. El MINEM, por su parte, aseguró que el proceso de presentación de propuesta ya se encuentra en su etapa final.

Al terminar la reunión, se acordó que la próxima reunión de ambas partes se realizará en los próximos quince días, con el objetivo de seguir buscando la solución a las diferencias existentes. Vinculado a esto, el titular del MINEM señaló la importancia de trabajar juntos (empresa, comunidades y Estado) para poder sacar adelante el progreso de todas las comunidades involucradas. Por último, se señaló que habrá un cronograma de trabajo para las cuatro mesas instaladas, con temas determinados y que se escuchará la demanda de los pobladores y el ofrecimiento de parte de la empresa minera

  • Subgrupo de trabajo n.° 7: Temas ambientales

El martes 30 de noviembre se instaló el espacio de concertación, cuyos objetivos a tratar son temas ambientales correspondientes al grupo de trabajo N° 7 de la Mesa de Diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso. En esta reunión participaron el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM, Alfredo Mamani, así como representantes de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Por parte de las comunidades, asistieron el alcalde de la provincia de Cotabambas, alcaldes distritales de Coyllurqui y Progreso, asimismo, participaron representantes de la empresa minera Las Bambas.

Los acuerdos que se establecieron fueron que:

  • Se incluirá a las comunidades de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso en el área de influencia directa del proyecto minero Las Bambas, un pedido que habían solicitado las comunidades
  • Se informará acerca de cómo la empresa viene atendiendo las mitigaciones de los eventuales impactos ambientales que genera la operación minera
  • Se promoverá la participación ciudadana en temas de evaluación y fiscalización ambiental
  • Por último, se acordó que se evaluará la implementación de un seguro ambiental con el fin de mitigar los posibles impactos

En tanto, los representantes de la empresa minera Las Bambas informaron sobre la situación del proceso de elaboración de la cuarta Modificatoria del estudio de Impacto Ambiental (MEIA), la cual está a su cargo. Expresaron que el proceso está en fase de monitoreos ambientales y actualización de la línea de base, y se comprometieron a culminarla y presentarla al SENACE para su evaluación.

En ese marco, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, Alfredo Mamani, manifestó que la evaluación de la cuarta MEIA “se realizará de manera objetiva, técnica y respetando la normatividad vigente”.

Finalmente, se acordó que la siguiente reunión, para tratar los temas de agenda del subgrupo, será el 16 de diciembre.

  • Subgrupo de trabajo N°1: Justicia y Derechos Humanos

El miércoles 01 de noviembre, en el estadio del Centro Poblado de Pisaccasa, distrito de Mara, Provincia de Cotabambas, se instaló la mesa de diálogo para tratar los temas correspondientes al subgrupo de trabajo N° 1, Justicia y Derechos Humanos. La instancia se creó a fin de dar seguimiento y evaluar la atención y acceso a la justicia, así como la capacitación en derechos humanos para las organizaciones sociales en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

En la reunión, se contó con la participación de la directora general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Zoila Macavilca, con una delegación del Ministerio de Justicia, y los representantes del gobierno nacional. Así mismo, asistieron representantes de los gobiernos locales de Mara, Haquira, Coyllurqui y Cotabambas, y representantes de las organizaciones sociales de base de la Provincia de Cotabambas

Al finalizar la reunión, se definieron una serie de acuerdos entre los presentes. Los acuerdos más importantes logrados fueron que el MINJUS trasladará a la Fiscalía de la Nación los pedidos de remoción, cambios y otra información que compartan las organizaciones de la sociedad civil respecto de los fiscales, en particular de la señora Silvia Guizado, Fiscal Provincial de Tambopata, a cargo de sus procesos judiciales. Además, se acordó que el MINJUS emitirá un informe sobre los estándares internacionales aplicables en el marco de las protestas sociales, a fin de hacer incidencia en la efectuación del Acuerdo Plenario respecto a la criminalización de la protesta, la cual será coordinada y respaldada por la PCM.

Finalmente, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil realizaron algunos pedidos que esperan que se discutan en una siguiente reunión. En primer lugar, se pide que se evalúe la aprobación de un Decreto Supremo de Urgencia u otra alternativa normativa que otorgue apoyo económico o un fondo de acción humanitaria a los familiares de las cuatro personas fallecidas en el marco de la protesta social de los años 2015-2016. Además, se pide que la minera Las Bambas comparta las cifras que ha otorgado a los gobiernos locales, conforme al marco normativo del canon minero.

Las Bambas anuncia cierre de producción

Vinculado al caso las Bambas, en la provincia de Chumbivilcas, si bien el martes 30 de noviembre se llevó a cabo una mesa de diálogo entre el Estado, representantes de minera Las Bambas y de las comunidades de Chumbivilcas, no se logró llegar a un acuerdo, por lo cual, las comunidades decidieron continuar con sus protestas y retomar el bloqueo de las carreteras. Estas acciones de las comunidades se dieron con el objetivo de demandar acuerdos comerciales con la minera y atención al problema de contaminación ambiental que genera el tránsito de una gran cantidad de camiones que circulan por la vía todos los días.

Frente a ello, por medio de una carta emitida este 3 de diciembre, MMG Limited, integrante mayoritario del consorcio propietario de Las Bambas, informó que la empresa minera detendrá la producción de cobre en el yacimiento a mediados del presente mes de diciembre. Se declaró, además que, debido a las continuas acciones de bloqueo y la restricción de la logística de entrada y salida, la minera Las Bambas se ha visto obligada a reducir progresivamente las operaciones de la mina, perdiéndose alrededor de 400 días de producción en Las Bambas desde que se iniciaron los bloqueos, en el año 2016.

Pese a que el día de ayer, lunes 8 de noviembre, se desarrolló una reunión entre los dirigentes del distrito de Challhuahuacho con la empresa minera MMG Las Bambas y funcionarios de la PCM, Energía y Minas, Desarrollo Agrario e Interior, y el alcalde distrital, acordando obras por impuestos, construcción de fitotoldos, caminos vecinales, oportunidades laborales, transporte escolar, instalación de oficinas de consultas, manejo de residuos sólidos y capacitaciones, entre otros para el distrito de Challhuahuacho; el día de hoy, martes 9 de noviembre, en la localidad de Pisaccasa, distrito de Maras, los dirigentes de las otras comunidades y distritos de la provincia de Cotabambas acordaron reiniciar un paro de 48 horas debido a que a la reunión pactada para el día de hoy no llegó el ministro del Ambiente y hasta ahora no se emitió la resolución suprema ofrecida el 27 de octubre por la presidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, que oficializa el relanzamiento del espacio de diálogo denominado Comisión Multisectorial de la provincia de Cotabambas con los 9 grupos de trabajo refrendados en la fecha señalada.  El representante de la PCM presente en la reunión había llevado un proyecto de resolución ministerial.

Cabe precisar que los dirigentes exigen que sea un decreto supremo y no una resolución suprema, con la firma del presidente Pedro Castillo y los ministros.

Debido a estos hechos, los dirigentes de la provincia acordaron realizar un paro preventivo de 48 horas, esperando la llegada del presidente Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y el gerente general de la empresa minera Las Bambas. Si es que no llegan las personas citadas, realizarán un paro indefinido.

La reunión pactada el 27 de octubre para el día de hoy tenía como objetivo discutir la solicitud de inclusión al Área de Influencia Directa del proyecto minero Las Bambas de los 7 distritos que corresponde al grupo de trabajo 7 del tema ambiental. Sin embargo, frente a la presencia de los mismos funcionarios de los anteriores gobiernos y la ausencia del ministro del Ambiente, los dirigentes acordaron pedir el cambio de funcionarios debido a que con los que han estado representando al Estado no han logrado avanzar «nada» desde hace varios años, solo han «dibujado el papel», en palabras de uno de los dirigentes presentes en la reunión de hoy. En la reunión estaban presentes el director de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio del Ambiente, Carlos Eyzaguirre, y Antony Zevallos, secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM, y  los alcaldes de Haquira, Coyllurqui, Progreso y Cotabambas.

 

Acta del 9 de noviembre, provincia de Cotabambas acuerda reiniciar paro by prensamuqui on Scribd

En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el pasado 30 de setiembre, pobladores de comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, que bloqueaban caminos llegaron a un acuerdo con la minera MMG Las Bambas para levantar el bloqueo que las comunidades venían sosteniendo desde el 10 de setiembre. Esto fue logrado, además, gracias a la presencia de una comitiva de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por su secretario, Jesús Quispe, y el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas, Kaimer Dolmos.

Se llegó al acuerdo de retomar la búsqueda de consensos con la empresa Las Bambas, y desarrollar una reunión entre los representantes de la alta dirección de la empresa, así como representantes de las comunidades, el ex premier Guido Bellido y los ministros de Estado.

El encuentro, que tuvo lugar el 5 de octubre en el Centro de Convenciones del distrito de San Borja, se desarrolló en el marco de las labores del grupo de trabajo de naturaleza temporal para proponer acciones que permitan atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur, de la provincia de Chumbivilcas. Cabe recordar que este grupo de trabajo fue creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N.° 0011-2021-PCM/SGSD. En el encuentro participaron representantes de 10 comunidades campesinas: Cruzpampa, Cancahuani, Yanque Lacca Parcobamba, Huininquiri, Ahuicnta Huisuray, Ñaupa Hapo Urinsaya, Tincurca Laccaya, Tuntuma, Hatun Ccollana y Huaylla Huaylla.

Al finalizar la reunión, presidida por el ex premier Bellido, se logró llegar a un acuerdo que busca, además, prevenir futuros conflictos entre las comunidades, la empresa y el Estado. En el documento firmado por las partes, acordaron establecer mecanismos o relaciones comerciales para incorporar a las comunidades campesinas de Chumbivilcas en la cadena de valor de la empresa. Esta incorporación, según el acuerdo, se dará a través de empresas comunales bajo las condiciones, necesidades y requerimientos de la minera Las Bambas. Además, se detalló que los requerimientos estarán referidos a los servicios de transporte de concentrado; transporte interno de personas; mantenimiento vial; cisternas para el regado de vías; línea amarilla; entre otros servicios. De esta manera, las comunidades de Chumbivilcas han logrado que se cumpla una de sus demandas, convertirse en proveedoras de servicios de la minera.

En un tuit realizado por el ex ministro de Energía y Minas, Iván Merino, este señaló que luego de que se llegara a un acuerdo entre las partes “se construye una posible alianza de largo plazo para el desarrollo de los pueblos».

Asimismo, de acuerdo con el acta de la reunión, las negociaciones se retomarán en cuatro subgrupos de trabajo conformados en agosto para atender las otras demandas comunales. El 13 de octubre se llevará a cabo la reunión de trabajo del subgrupo 1, que verá los temas de revisión y análisis de la Resolución Ministerial N.° 372-2018-MTC/01.02. El encuentro será facilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la misma fecha, el Ministerio del Ambiente articulará la reunión del subgrupo 2, para evaluar y analizar las afectaciones ambientales.

Posteriormente, el 14 de octubre, el MINEM facilitará la reunión del subgrupo 3 para ver la evaluación de los proveedores de bienes y servicios y, finalmente, en el mismo día, el Ministerio de Justicia articulará la reunión del subgrupo 4 para discutir el tema de servicio de defensa pública.

DEMANDAS PENDIENTES DE REVISAR:

Si bien se logró llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, aún quedan demandas de las comunidades para revisar como las afectaciones ambientales generadas por el transporte de minerales de la empresa Las Bambas por la vía cercana a las comunidades; y la defensa de las personas criminalizadas en las protestas que tenían como objetivo que se escuchen y atiendan sus demandas.

Por: Juan Aste Daffós

El discurso inaugural del presidente Pedro Castillo el 28 de julio 2021 logró calmar a los empresarios y a la gente al plantear la consolidación y mejora de la actual política de salud, la reanudación de las clases presenciales en el 2022, y la pronta reactivación de la economía a fin de recuperar el empleo perdido mediante el impulso de la inversión pública, las facilidades para reprogramar las deudas, obtener créditos para el agro, las pymes, el turismo y el transporte, además de un bono de 700 soles a cada familia vulnerable.

Sin embargo, en el discurso, el eje estratégico de la economía está centrado en la profundización del extractivismo minero, con una gestión ambiental muy permisiva. Las economías de Bolivia con gobiernos de izquierda como el de Evo Morales y Luis Arce ahora, y la de Ecuador con Rafael Correa y Guillermo Lasso han hecho lo mismo.

Así, para el gobierno de Castillo: “los proyectos mineros van” si cumplen con el criterio de la rentabilidad social, es decir, si se comprometen en generar mayores ingresos y empleo dinamizando las economías locales, por lo que la licencia social, manifestada en la consulta a las poblaciones locales involucradas, es dejada de lado, o se aplica tal como ahora, en que se consulta la resolución administrativa que aprueba los estudios de impacto ambiental o las modificaciones a este.

Cuando el presidente Castillo nos dice que la rentabilidad social se considera superior a la licencia social, es decir, al derecho a la consulta de las poblaciones locales, está otorgando la prioridad a los proyectos mineros porque supuestamente generarán los recursos estatales necesarios para financiar proyectos de inversión pública en salud, educación, en el agro y otras actividades. Pero, sin diagnóstico de la minería y con un enfoque fundamentalmente económico y subordinado a lo que decida el Estado en los territorios, quedan de lado las alternativas de vida de las poblaciones locales, y ello es solo garantía de mayores conflictos socioambientales.

El discurso de Castillo refuerza el criterio de la rentabilidad social, cuando para promover los proyectos de inversión, sostiene que “Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica, y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente.” Y a nivel territorial, ocurre igual cuando afirma que se debe poner orden en la minería “sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto”.

Asimismo, cuando el presidente Castillo asume el criterio de la rentabilidad social como “una nueva forma de hacer proyectos en el Perú”, coincide con la propuesta del “Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (ICDMS) de la PCM (feb 2020) del gobierno de Vizcarra, avalada por la Sociedad Nacional de Minería, que para enfrentar el fracaso histórico estructural del perjuicio y empobrecimiento de las poblaciones del entorno de los proyectos mineros, y lograr el apoyo social al proyecto minero, propone la “construcción del entorno social favorable a cada proyecto”.

Esta propuesta consiste en que la inversión minera implemente un plan piloto y luego uno de mediano plazo del llamado “Plan de Desarrollo Territorial, Sostenible e Integrado” con la participación del gobierno nacional, el gobierno regional, las municipalidades, las empresas y la sociedad civil en cada lugar del entorno de un proyecto minero, señalando que la consulta no es vinculante. Se trata de ofrecer apoyo en la elaboración de planes de desarrollo y recursos económicos a cambio de aprobar un proyecto minero, pero incluso en esta opción, las empresas incumplen los acuerdos una vez que las operaciones se inician, generándose nuevos conflictos.

Los puntos propuestos por el presidente Castillo que aportan, aunque parcialmente, están referidos a la urgente necesidad del reconocimiento de las comunidades indígenas para hacer valer sus derechos amparados en el convenio 169 de la OIT. También se hace una mención indirecta a la consulta cuando al referirse a la toma de decisiones de la mayor importancia, solo se afirma débilmente que “se consideren las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano.”

Respecto a la gestión ambiental, se señala la creación de instrumentos, cuando en realidad se trata de darle continuidad al Plan Nacional Actualizado del Convenio de Estocolmo pre publicado el 23 dic 2019 y a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y el Plan de Acción 2014 al 2018 -editado en nov del 2014-, ambos publicados por el MINAM, más el «Plan de Atención lntegral de Salud a las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas aprobado por ESSALUD el 31 enero 2020.

El gobierno de Castillo plantea abordar la demanda por adecuar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de agua, aire y suelo, existiendo además los de ruido, gestión de sitios contaminados y relaciones no ionizantes, frente a la desregulación aplicada desde el 2013 por el MINAM, que ha hecho más permisivos los ECA de agua, como el de “riego de vegetales y bebida de animales”, y el de aire, como el dióxido de azufre. Se sabe que la actividad minera siempre contamina las cuencas donde se ubican sus diferentes componentes que emanan gases, partículas y efluentes, generando degradación irreversible sobre los ecosistemas, razón por la cual la minería no es sostenible.

Existen varias propuestas de Ley de Ordenamiento Territorial en el Congreso de la República, y el gobierno de Castillo ha asumido el reto de darle continuidad a lo que ya está en curso. Sin embargo, un avance en esta dirección es darle el carácter de vinculante a las consultas vecinales realizadas, por ejemplo, en el valle de Tambo (Tía María en Arequipa), en el valle de San Lorenzo (Tambogrande en Piura) y en las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta (Huancabamba y Ayabaca, Piura), y no permitir que se siga generando incertidumbre, estrés y más muertes en estas poblaciones locales. Sin embargo, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, dejó abierta la posibilidad que Tía María opere, al declarar el primer día de su gestión: “la población que no le ha dado la licencia social. Si ellos resuelven ese tema, el proyecto iría».

A contracorriente del deseo manifiesto de las empresas mineras de eliminar el financiamiento del OEFA para evitar la determinación de las infracciones ambientales y luego aplicar las multas, el gobierno de Castillo ha propuesto eliminar las trabas que impiden el cobro de dichas infracciones ambientales, las cuales deben utilizarse para fortalecer la gestión pública ambiental.

El gran vacío en el discurso del presidente Castillo ha sido el enfoque territorial y participativo de la gestión pública, y dentro de este el tema de la gestión del agua y su relación con la actividad minera, por ejemplo, en la determinación de las fuentes hídricas por las propias empresas mineras y su uso en perjuicio de las comunidades y poblaciones locales. Así, el rol, las normas y las acciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben adecuarse para proteger las cuencas y los territorios de las comunidades frente al alto riesgo del impacto de la minería, así como, se requiere la aprobación de una ley que institucionalice la vigilancia y el monitoreo ambiental realizado por las comunidades y organizaciones sociales de las áreas urbanas, complementariamente a la labor del OEFA, ANA, DIGESA, SENASA y otras.

También estuvo ausente la necesidad de avanzar en la descentralización de la gestión ambiental, en particular de los conflictos mineros, que representan más de las dos terceras partes del total de conflictos socioambientales, habiendo estado activo el conflicto de Las Bambas. Así también, llama la atención en el discurso el vacío respecto a la necesidad de modificar normas y conductas de los representantes del Estado para garantizar los derechos de las comunidades y poblaciones locales frente a la criminalización de la protesta social.