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En las últimas décadas, han crecido en forma vertiginosa las inversiones chinas en América Latina en los sectores extractivos y las grandes infraestructuras. Mientras tanto, cada vez más comunidades afectadas por el financiamiento y las inversiones chinas, por ello las organizaciones sociales requieren conectarse y elaborar estrategias con otras organizaciones que trabajan la materia.
Ese ha sido el propósito del encuentro presencial del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente – CICDHA, la única red de organizaciones de la sociedad civil, que trabaja sobre China y derechos humanos que se celebró desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 de junio en Lima.
Un espacio común compartido con público para reflexionar sobre el contexto y las implicaciones de los problemas que enfrentan, se dio en la tarde del jueves 23 en el Foro Presencial y Virtual: “Actividad empresarial China en Latinoamérica y derechos humanos”
Marco Antonio Gandarillas de Latinoamérica Sustentable presentó algunas conclusiones sobre el Estudio Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica.
Entre ellas destaca que, todos los 26 proyectos analizados, se han implementado en áreas frágiles, lo que explica en parte la conflictividad que presentan. En 24 de ellos, se violó el derecho a vivir en un ambiente sano o se vulneró gravemente el medio ambiente.

Argentina

Guillermina French de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, destacó el caso del Complejo Hidroeléctrico Río Santa Cruz. Proyecto de capitales chinos que consta de dos represas, que se están construyendo en uno de los ríos patagónicos más importantes y que se nutre completamente del sistema de glaciares. Construcción que amenaza especies endémicas como el ave Maca Tobiano y amenaza espacios sagrados de comunidades tehuelche mapuche, 14 de cuyas comunidades de la zona han sido vulneradas en su derecho a la consulta previa.

Perú

Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui presentó el Caso de Las Bambas y la afectación a los derechos humanos. Megaproyecto que produce el 2 por ciento del cobre a nivel global y cuenta con una inversión de 10 mil millones de dólares. El representante de Muqui explicó que: “encadenado al mal llamado corredor minero, ya que por esta vía se traslada mineral de cobre de cuatro proyectos mineros, el proyecto ha traído graves afectaciones por el traslado diario de 370 camiones que atraviesan 169 centros poblados hasta el puerto de Matarani. En casi todas las etapas del proyecto se han hecho cambios sustanciales en el EIA, y no se han consultado, tampoco se han previsto las medidas de remediación adecuada a los impactos que se producirían”. Además detalló que:
“Sumado al paso de camiones de la minera MMG Las Bambas, son más de 500 camiones que pasan por el corredor diariamente pertenecientes a empresas como Hudbay y Glencore
Lamentablemente el gobierno ha vuelto a recurrir a los mismos mecanismos de represión y no ha mostrado capacidad para resolver las demandas de las comunidades”.

Chile

Javier Oroyo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales- OLCA presentó un caso que gira en torno a la cuarta represa que se pretende instalar sobre el río Bío Bío, el caudal más importante de Chile: la represa Rucalhue. Un proyecto actualmente propiedad de la compañía “China International Water and Electric Corporation” Javier Oroyo explicó: «La empresa busca aprovechar algunas necesidades de la comunidad y entregan algunos beneficios o hacen convenios con la municipalidad, pero no respetan otras cuestiones centrales con aquellos sectores que rechazan la instalación de la represa”.

Ecuador

Uno de los proyectos petroleros más controversiales en Ecuador es la explotación del Bloque 43, en el Parque Nacional Yasuní, una de las regiones más biodiversas de la Amazonía, la que además es una zona donde habitan pueblos en aislamiento voluntario. Una situación que significa un conflicto socio ambiental desde hace casi un década, en el que el Estado ecuatoriano ha intentado forzar la explotación de petróleo contra los derechos de diversos pueblos indígenas y de la naturaleza, que en teoría están protegidos por la Constitución del país, como relató Natalia Yepes de la Alianza por los Derechos Humanos.

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas Huillca, ha anunciado una tregua de 30 días a la minera MMG Las Bambas para que continúen sus operaciones, mientras se instalan las Mesas de Cumplimiento en cada una de las 6 comunidades en protesta para que se arribe a una solución integral. En este mes se deberá arribar a un cronograma de acciones en cada comunidad que garantice el cumplimiento de acuerdos que le falta implementar a la empresa minera Las Bambas. Este anuncio lo dio en la reunión que sostuvieron hoy con representantes del ejecutivo, Las Bambas y los dirigentes de las otras 5 comunidades en la localidad de Pumamarca.

El dirigente comunero señaló que la tregua se iniciaría el viernes 10 de junio, como muestra de que las comunidades tienen voluntad de llegar a consensos. De esta forma, la empresa podrá reiniciar el transporte de concentrados, aunque se compromete al mismo tiempo a no iniciar la construcción del tajo abierto Chalcobamba, que se encuentra en territorio en disputa con la comunidad de Huancuire.

El representante de Las Bambas, Jing Ivo Zhao, presente en la reunión realizada en la comunidad de Pumamarca señaló que la empresa acepta la tregua de 30 días planteada por las comunidades para el reinicio del transporte de concentrados y se compromete a no iniciar la construcción del tajo Chalcobamba durante este periodo.

Asimismo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos se ha comprometido a que el gobierno derogue el decreto de Estado de Emergencia que actualmente rige en los dos distritos al que pertenecen las 6 comunidades que han estado protestando y que se forme una comisión técnica que haga seguimiento a las mesas de cumplimiento que se desarrollará en cada comunidad.

Finalmente, en el acta se lee que el gobierno evaluará, en las mesas de cumplimiento, las denuncias generadas en contextos de protesta.

 

Ayer en la tarde se han viralizado imágenes en redes sociales que muestran la represión que han sufrido integrantes de Huancuire y Fuerabamba y otras cuatro comunidades del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac en el tajo Chalcobamba. Por el momento, se reportan una persona baleada con perdigones identificada como Alejo Ochoa y al menos otros cuatro comuneros heridos. Los autores de la represión, según la denuncia de los comuneros, son las fuerzas policiales de la DINOES que se encuentran en la zona desde que el gobierno decretara el estado de emergencia el pasado 27 de abril, declaratoria que el ejecutivo prolongó por otros 60 días a fines de este mes. A estos enfrentamientos se ha sumado un incendio que ha afectado las instalaciones de Las Bambas, según ha reportado la agencia de noticias Reuters. El abogado de la comunidad de Huancuire, Alexander Anglas, descartó cualquier responsablidad de sus defendidos en este siniestro. Una fuente cercana a la compañía le señaló a Reuters que el incendio había estallado dentro de un campamento minero cerca del tajo planificado de Las Bambas, llamado Chalcobamba, cuya construcción está programada para finales de este año. Un área que se encuentra judicializada, ya que forma parte de 132 hectáreas que eran propiedad de la comunidad, ahora reclamada por la empresa. Traspaso que, sin embargo, según los comuneros no cumplió con los mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico para transferencia de territorios comunales.

La comunidad de Huancuire, reclama que la empresa no ha realizado la consulta previa con la comunidad indígena campesina en torno a este proyecto.

En tanto, la comunidad de Antuyo del distrito Tambobamba, Apurímac, se ha sumado desde el sábado pasado a la protesta contra la minera MMG Las Bambas y ha acordado dejar sin efecto la autorización de actividades de exploración de la empresa en su territorio que acordaron el 19 de marzo del presente año, a la que acusa de incumplimiento de compromisos.

En el acta de la asamblea realizada el 27 de mayo, los dirigentes de la comunidad han denunciado la desatención por parte de la empresa en cuestiones relacionadas con graves falencias estructurales de las viviendas, falta de acceso a agua potable y las continua contaminación con la emisión de polvo, que levantan los camiones en amplios tramos sin asfalto de la carretera del corredor vial minero. Los comuneros afirman asimismo que la minera, paralizada desde hace casi 50 días y que produce casi un 2 por ciento del suministro global de cobre, habría faltado a sus compromisos en salud, educación, empleo, con lo cual ha incumplido el acuerdo suscrito con la comunidad que le había otorgado autorización para trabajos de exploración en su territorio.

La empresa, por su parte, ha acusado que la paralización de su explotación, desde que el pasado 14 de abril la comunidad de Fuerabamba ocupó terrenos ancestrales cedidos a Las Bambas por el incumplimiento denunciado de compromisos, ha generado pérdidas que superan los US$ 400 millones en exportaciones de cobre. Además, el país habría dejado de percibir aproximadamente S/220 millones en rentas a causa del bloqueo, que pondría en peligro las fuentes laborales de hasta nueve mil trabajadores que dependen directa e indirectamente de esa unidad productiva.
En relación a esta arista del conflicto, el anuncio de la comunidad de Antuyo se ha conocido a pocos días de la anunciada manifestación de los trabajadores de la empresa, que realizarán una marcha el 2 de junio en Cusco, Arequipa y Lima en movilizaciones dirigidas contra del gobierno, al que acusan de incapaz de resolver el conflicto social.

Después de dos días de diálogo de los representantes de las 6 comunidades, iniciado el día martes con el presidente Pedro Castillo y la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, y posteriormente el miércoles solo con los ministros y un representante de la empresa minera Las Bambas, cuando parecían haber acuerdos preliminares que debían ser confirmados por las asambleas comunales de los 6 dirigentes; la empresa minera Las Bambas emitió un comunicado señalando que no habían llegado a acuerdos por los pedidos desmedidos de las comunidades.

MMG Las Bambas señala que las exigencias de las comunidades han variado y son incumplibles, debido a que desean acceder a una participación del 50% de las utilidades de la minera, pedido que de acuerdo a su ordenamiento legal vigente no es posible. Precisan que las comunidades hasta ahora no señalan cuáles son las promesas incumplidas de la empresa desde que iniciaron la paralización de la actividad minera.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, los dirigentes comunales han señalado que uno de los acuerdos incumplidos es la falta de contratación laboral de integrantes de las comunidades. Otro acuerdo incumplido es la mitigación del impacto ambiental que se genera por el desarrollo de la actividad minera, así como terrenos que nunca se compraron, como lo denunció una comunera de Huancuire frente al premier Aníbal Torres en su visita a Challhuahuacho la semana pasada.

El ministro de Justicia indicó ayer que son 3 las exigencias planteadas por los dirigentes comunales: Incorporación de comuneros a través de una cuota de trabajo en las labores mineras como en otros sectores empresariales, revisar los contratos de transferencia de terrenos para ver si el precio que se pactó es razonable, y el retorno de algunas áreas de terreno en los que ya se ha cumplido con la explotación minera.

El ministro Félix Chero agregó que la propuesta era que se instalen mesas de diálogo en cada comunidad para que se vean directamente las problemáticas y acuerdos incumplidos de la empresa Las Bambas con cada comunidad; sin embargo, tras el comunicado de la minera, ahora el panorama es incierto.

La minera señala en su comunicado que la condición de las comunidades de suspender las protestas cuando la empresa subsane sus incumplimientos es una propuesta inviable porque las comunidades están haciendo nuevos pedidos como el acceder a la utilidades de la empresa minera. Sin embargo, la propuesta del ejecutivo era que las problemáticas se vean comunidad por comunidad. Se espera un comunicado de las 6 comunidades en respuesta al pronuncimiento de la empresa minera.

Finamente el premier Aníbal Torres anunció en la conferencia del Consejo de Ministros que levantarán el estado de emergencia en territorios cercanos al proyecto minero Las Bambas cuando se recupere la paz social en la zona.

Tras la represión policial ejercida contra la comunidad de Fuerabamba el miércoles 27 de abril, y contra integrantes de la comunidad de Huancuire al día siguiente, se registraron al menos 14 comuneros y comuneras heridos. Tras esta represión sufrida por estas dos comunidades, otras 4 comunidades afectadas también por la empresa minera Las Bambas decidieron impulsar un pacto de unidad y defensa mutua entre las 6 comunidades: Huancuire, Fuerabamba Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuycuni.

Pacto que se realizaró el día de hoy, 9 de mayo, en Condorwachana, límite entre las comunidades de Pumamarca y Huancuire, en la provincia de Cotabamabas, región Apurímac. El ritual se realizó durante la mañana y conto con la participación de los 6 presidentes comunales de las comunidades en conflicto con la empresa minera Las Bambas.

Los representantes de las 6 comnidades acudieron posteriormente a la reunión propuesta por la comitiva de la PCM, para acordar el inicio de la mesa de diálogo el día de mañana, martes 10 de mayo, poniendo como condición que el lugar de reunión se de en la comunidad de Pumamarca, propuesta que acaba de ser aceptada por la PCM. El 4 de mayo ya había acudido una comitiva de la PCM a Challhuahuacho para intentar desarrollar una mesa de diálogo el pasado 7 de mayo, pero la comitiva fracasó en su intento de iniciar el diálogo sin previamente evaluar el proceso interno de las comunidades que habían sido reprimidas y el proceso de unidad con las otras cuatro comunidades.

La represión ocurrida el 27 y 28 de abril fue fruto de una solicitud de desalojo que la compañía minera realizó a la Policía Nacional de Perú (PNP) y se realizó después que la PCM declarase el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días. Sin embargo, y después de la brutal arremetida, el Ejecutivo buscó desentenderse del operativo, señalando que el gobierno no había ordenado dicho desalojo.

Nuevas arremetidas policiales, esta vez contra comuneros de Huancuire, se ha registrado este día, jueves 28 de abril, en la comunidad mencionada perteneciente a la provincia de Cotabambas (Apurímac), muy cerca de la minera Las Bambas. En las imágenes difundidas por redes sociales se observa a agentes reprimiendo con bombas lacrimógenas y balas a un numeroso grupo de comuneros, quienes se han defendido arrojando piedras a los uniformados de la PNP. Hasta ahora se registran 3 heridos por proyectiles de armas de fuego.

Sólo ayer la represión contra los comuneros de Fuerabamba, la otra comunidad en conflicto contra la minera Las Bambas, había dejado 14 heridos entre los comuneros y 4 heridos de la policía, resultando el caso más grave el de Rosa Paniura, quien presenta pérdida de globo ocular y traumatismo craneano leve, de acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo. También se registran heridos de contusiones y fracturas, tal como lo revela Convoca.

 

Ya en la tarde del miércoles, los  comuneros afirmaron en declaraciones a la prensa local que volverían a terrenos de la minera Las Bambas. Con ese fin hicieron un llamado a otras comunidades para que los apoyen en este esfuerzo.  “Ya sabe todo el país que Las Bambas no va, es la decisión que ha tomado la comunidad. La guerra nos ha declarado Las Bambas y vamos a enfrentarnos a esta guerra. Nosotros vamos a recuperar nuestra tierra”, explicó Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, al diario La República.

 

 

 

En tanto el gobierno se ha deslindado en un comunicado de la responsabilidad de la represión ocurrida ayer en el desalojo de la comunidad de Fuerabamba del sector de Takiruta, que los comuneros reclaman como territorio ancestral y donde la empresa MMG Las Bambas actualmente pretende extender sus operaciones mineras. Sobre la represión ocurrida el día de hoy contra los comuneros de Huancuire, no ha habido un nuevo pronunciamiento del gobierno. Es importante destacar que la mina es la más grande productora de cobre del país. La acción policial de desalojo producida ayer, sin embargo, fue precedida por la declaración del Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días, con el fin de desalojar a la  mencionada comunidad. 

«La intervención de la Policía Nacional se realizó en el marco de la ejecución de una ‘defensa posesoria extrajudicial’ tramitada por la empresa Las Bambas y no por decisión del Ejecutivo. Dicha acción legal se encuentra regulada en Código Civil y fue invocada por la empresa Las Bambas», detalló el comunicado emitido por la PCM.

Los comuneros de Fuerabamba, vecino al asentamiento minero, ingresaron en terrenos de la empresa el pasado 14 de abril, tras denunciar compromisos incumplidos por la compañía desde 2014, cuando vendieron sus terrenos para las operaciones extractivas.

Ante esta protesta, Las Bambas paralizó sus actividades el pasado 20 abril, en una decisión que según el gremio minero representa la pérdida de unos 5,2 millones de soles diarios para el Estado peruano.

 

El Ministerio de Minas y Energía (MINEM) ha aprobado la expansión de la mina de cobre Las Bambas del consorcio chino MMG, situada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la Región Apurímac

Así lo informó ayer el consorcio en un comunicado dirigido a la bolsa de valores de Hong Kong, en el que se ha felicitado por el permiso de explotar el depósito minero de Chalcobamba a tajo abierto, que se pondrá en marcha progresivamente durante los próximos cinco meses.

Captura de pantalla del comunicado: “La empresa anuncia que el Ministerio de Energía y Minas de Perú ha emitido la aprobación reglamentaria para el desarrollo de la mina Chalcobamba y la infraestructura asociada”

El gobierno ha decidido darle a Las Bambas permiso de ampliación de sus operaciones, con las que prevé aumentar la producción desde las 380 mil toneladas que actualmente produce a 400 mil toneladas de concentrado de cobre al año, pese a los numerosos conflictos socio ambientales que enfrenta no sólo con las comunidades aledañas.

El depósito con los minerales donde se pretende abrir el tajo de Chalcobamba está ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. Comunidad que se opone a la expansión de la empresa, lo que abre un nuevo foco de conflicto con una de las mayores mineras del Perú, que por sí sola produce el dos por ciento del suministro mundial de cobre. 

La comunidad acordó ayer que adoptará todas las medidas «legales y sociales» necesarias para evitar el desarrollo de este segundo tajo abierto, en una reunión convocada poco después de que se anunciara el visto bueno del Gobierno.

Cabe precisar que la consulta previa culminó en la gestión de Sagasti, pero se dejó al nuevo gobierno la decisión en torno a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

«Somos enfáticos en señalar que no permitiremos, no toleraremos el inicio de operaciones en el inconsulto proyecto Chalcobamba», afirmó la comunidad Huancuire en un documento firmado por dirigentes de la zona y al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. 

Los representantes sostienen que el MINAM autorizó la explotación de Chalcobamba sin haber completado el proceso de «consulta previa» para desarrollar el proyecto.

Por otra parte, la mina ha sido un constante foco de conflictos con las comunidades empobrecidas ubicadas a lo largo del corredor minero sur que se extiende por unos 400 kilómetros que utiliza la empresa para transportar sus concentrados de cobre, cuyos caminos comunitarios fueron transformados en una vía nacional sin ser consultadas al respecto. 

Solo ayer 21 comunidades del distrito de Coporaque, en la provincia cusqueña de Espinar, decidieron suspender el bloqueo del corredor minero, después de que la Presidencia del Consejo de Ministros ofreciera reunirse con ellas durante la mañana de este viernes 25 de marzo. 

Asimismo, la población de Pomate en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, desbloqueó ayer la vía alterna que utiliza Las Bambas, al deponer una movilización que había iniciado el pasado martes. La decisión de levantar la medida de fuerza la tomó la comunidad tras sostener una reunión que logró acuerdos con los representantes de la empresa minera.

Pero los conflictos de la minera Las Bambas, que de acuerdo a las informaciones de sus directivos en lo que va de año lleva acumulada 39 días de diversos bloqueos en los que no ha podido transportar concentrado al puerto de Matarani, van mucho más allá.  Pues sus actividades no solo afectan a las comunidades en las que realizan las operaciones relacionadas con la extracción y refinamiento del mineral, sino muchísimas otras que a pesar de encontrarse a decenas de kilómetros de distancia han visto su producción agropecuaria seriamente dañada por el paso de camiones de alto tonelaje.

Es el caso de varias comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que mantuvieron una movilización que se extendió desde fines de enero a mediados de febrero pasado y en la que paralizaron por completo el transporte de la empresa.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de la agricultura y ganadería.

A pesar que, en la región de Cusco, las comunidades de los distritos de Ccapacmarca y Coporaque han realizado el cese de sus paros en contra de la empresa minera MMG Las Bambas, la situación no es la misma en Apurímac. Sumado a esto, el conflicto ha dejado de ser netamente entre las comunidades y la empresa, y se ha extendido a un conflicto entre ambas regiones, concretamente, entre sus autoridades.

Ccapacmarca – Chumbivilcas también suspendió protestas

El domingo último, la PCM, a través de una reunión sostenida con las comunidades de Sayhua, Huascabamba, Ccapacmarca y Tahuay, consiguió una tregua de 45 días con las cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca, provincia de Chumbivilcas, para resolver sus demandas, las cuales pasan por anular la Resolución Ministerial 372-MTC e incluir a las comunidades como zona de influencia directa de la mina Las Bambas.

Sobre este acuerdo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que no serán necesarios los 45 días de tregua otorgados por el distrito de Ccapacmarca, ya que buscarán atender los pedidos de las comunidades antes de que culmine el tiempo pactado.

Coporaque – comunidades acceden a reinstalar mesas de diálogo

El último jueves 17, las 27 comunidades del distrito de Coporaque, perteneciente a la provincia de Espinar, y la Asociación Vecinal, acordaron con el gobierno reinstalar el espacio diálogo, en el cual también participarán representantes de la minera MMG La Bambas. De esa manera, se acordó que la próxima reunión se llevará a cabo el 03 de marzo a las 10:00 am en el mismo distrito de Coporaque. De esa manera, desaparece el riesgo de un nuevo bloqueo en la vía por parte de las comunidades.

Cabe señalar que, de acuerdo al acta de reunión, la única agenda que plantea la representación de Coporaque, en relación a la minera Las Bambas, es que esta haga al distrito un aporte de 20 tractores agrícolas.

La situación de Apurímac es diferente a la de Cusco. A pesar de que en diciembre del 2021, el gobierno y la empresa minera Las Bambas se comprometieron a avanzar en los compromisos asumidos en el 2016 del DS. 005-2016 sobre obras de desarrollo, así como de los 12 puntos referidos a proyectos que debía realizar la minera, el Comité de Lucha sostiene que estos compromisos no se han cumplido casi nada. Las comunidades, además, exigen ser consideradas como zona de influencia directa ambiental y social del proyecto minero Las Bambas.

Por esa razón, alrededor de 500 habitantes acataron desde la madrugada del viernes 18 un paro preventivo de 24 horas en contra del gobierno y de la empresa Las Bambas. Además, los dirigentes y el comité de luchas firmaron un pronunciamiento para pedir la presencia del presidente Castillo y del premier Anibal Torres, así como de funcionarios de la embajada de China y de Las Bambas para renegociar y hacer cumplir los compromisos de la empresa.

Paro en el Distrito de Mara – Cotabambas

Sumado a esto, la comunidad campesina Andrés Avelino Cáceres del distrito de Mara inició el viernes un paro preventivo de 48 horas, bloqueando, así el corredor minero, esto debido a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debía, a través de Provias Nacional, cumplir los compromisos asumidos en 2019 para el pago del justiprecio por los terrenos comunales y de comuneros por donde pasa el corredor minero. Sin embargo, hasta el momento, estos no han sido cumplidos.

Conflicto entre regiones

En una reunión llevada a cabo el miércoles 16 de febrero, autoridades y dirigentes de Apurímac, encabezadas por el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, acordaron exigir la anulación de las actas firmadas por el Gobierno y Las Bambas con las comunidades quechuas de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, ya que consideran que las comunidades de Apurímac son las únicas afectadas y, por lo tanto, deben ser las únicas beneficiadas y atendidas por parte del gobierno y la minera.

De esa manera, no quieren que las comunidades de Ccapacmarca, pertenecientes a la provincia de Chumbivilcas, sean consideradas como zona de influencia directa de Las Bambas. Según el gobernador Lantarón Núñez, las comunidades de Ccapacmarca, en Chumbivilcas, quieren ser consideradas como parte de la zona de influencia directa de Las Bambas para recibir canon y regalías mineras, cosas que no está considerado en la plataforma de lucha ni las agendas suscritas con el gobierno y la minera.

Hay que considerar que este pedido no es uno sin sustento, ya que está basado en un informe realizado por la OEFA. El informe detectó contaminación sonora y afectaciones al aire, al agua y a los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Colquemarca, en la provincia de Chumbivilcas.

Mediante la Resolución Directoral 00069-2019-OEFA, el organismo dispuso un conjunto de medidas para reducir los impactos ambientales en los distritos de Chumbivilcas y ordenó la modificación o actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de MMG Las Bambas, para incorporar en ese instrumento estas disposiciones e incluir a varias comunidades como zona de influencia social y ambiental.

Si bien, en el 2019 la empresa minera apeló las disposiciones ante la Sala Especializada en Minería, Energía y Actividades Productivas del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, cuestionando sus competencias y la calidad de la fiscalización ambiental realizada en el corredor, en enero de 2020, por mayoría, la sala confirmó la resolución del OEFA, por lo cual MMG Las Bambas debe cumplir todas las disposiciones establecidas.

Ante diversas señales de presión por parte de la empresa Minera MMG Las Bambas, a las que se ha sumado el gremio del sector minero y autoridades gubernamentales para poner fin a la huelga que mantienen cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, estas han anunciado para el jueves 10 de febrero una manifestación en Cusco, para sensibilizar a la población citadina y reafirmar la legitimidad de sus demandas desatendidas por años.

Reunidos en asamblea, los habitantes además resolvieron realizar en Cusco un plantón ante la Corte Superior de Justicia de dicha ciudad para exigir que se resuelva la Acción Popular presentada por sus abogados. Esta medida plantea anular la resolución ministerial N° 372 -2018, que convirtió caminos comunales en vía nacional, y por donde pasan desde entonces los camiones de alto tonelaje de la empresa, transportando el mineral de cobre que se extrae de Las Bambas. Las comunidades exigen además que sean consideradas como zona de influencia ambiental y social en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la empresa.

En concreto los habitantes rechazan la contaminación que provoca el tránsito diario de más de 250 camiones que atraviesan, en el caso de las comunidades directamente afectadas, de día y noche los espacios poblados y afectan a sus moradores y cultivos.

Ante el anunció de la empresa minera MMG Las Bambas, que el lunes advirtió que podría suspender sus operaciones el 20 de febrero, debido a la paralización que mantienen las comunidades de Ccapacmarca desde el 27 de enero, el dirigente campesino e integrante de la Comisión del Comité de Lucha de dicho distrito, Luis Huamani Fuentes, desestimó la posibilidad que la minera paralice completamente la explotación. El ex presidente del Comité Lucha de Chumbivilcas explicó que dicho anunció nunca se ha hecho realidad, ni siquiera cuando la empresa declaró en diciembre pasado la paralización completa de sus actividades. Una medida que la compañía sostuvo hasta fines del 2021, cuando llegó a un acuerdo con algunas comunidades de la provincia de Chumbivilcas. Según el dirigente comunero, este tipo de anuncio no es más que una acción publicitaria para generar rechazo en la opinión pública hacia las reivindicaciones de las comunidades.

En cambio, afirmó que cuentan con fotografías y otras pruebas que demuestran que, a parte de la interrupción del transporte del mineral, las faenas de explotación en la mina continuaron incluso en los días de la supuesto suspensión de actividades.

Actualmente el bloqueo que mantienen al menos cuatro comunidades de Ccpacmarca impide el transporte de minerales y el suministro de otros bienes desde y hacia la mina en un punto estratégico del corredor minero sur. Estas no forman parte del acuerdo que se firmó con 11 comunidades en diciembre del 2021 a través de una mesa de diálogo liderada por la entonces premier Mirtha Vásquez y que puso fin entonces a otra huelga, en la que otras comunidades buscaban ser proveedoras de la minera y la que se desarrolló durante casi un mes. En esa ocasión, Las Bambas anunció finalmente la paralización de sus operaciones lo que generó duros pronunciamientos por parte del gremio empresarial y minero que llegaron a cuestionar la legitimidad del gobierno del presidente Pedro Castillo.

Ayer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la empresa minera nuevamente deberá interrumpir su trabajo apenas transcurridos 35 días, hecho que sucede en medio de una crisis política, en alusión al reiterado cambio de gabinete del gobierno. Según el gremio minero estas medidas de fuerza que considera ilegales, provocarán mayores pérdidas económicas al país, a las ya registradas en diciembre pasado, en circunstancias que urge impulsar la reactivación económica.

En la misma sintonía ha reaccionado ayer el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, que a través de un pronunciamiento pidió al gobierno, declarar el estado de emergencia el corredor vial por 120 días, lo que le permitiría al ejecutivo despejar la vía a través del uso de la fuerza con la excusa de restaurar el orden.

En el comunicado de prensa Lantarón alega que la posible suspensión de operaciones de MMG Las Bambas afectaría a ocho mil trabajadores directos, y más cuatro mil empleados de empresas proveedoras. Además lamentó la potencial pérdida de casi 2 millones de soles mensuales por concepto de canon minero que recibe la región, de los impuestos que debe pagar la minera.

En cuanto al actuar del gobierno, Luis Huamani se mostró esperanzado en el nuevo gabinete encabezado por el Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a quien considera un hombre idóneo en el puesto por su preparación y experiencia. Además reiteró que las comunidades de Chumbivilcas siguen apoyando al gobierno del presidente Pedro Castillo, de quien esperan que se desplace a Ccapacmarca junto con sus ministros para iniciar una mesa de diálogo. “Esta vez no vamos a leventar la huelga hasta no encontrar una solución definitiva a nuestras demandas, no vamos a volver a otra huelga, esta es la definitiva”, sentenció.

Es importante recordar que desde hace años las comunidades afectadas por el corredor minero de las Bambas exigen una presencia más fuerte del Estado para solucionar problemas que son fundamentales para su sobrevivencia. El resarcimiento económico solamente cumple una pequeña parte de las demandas. Existe una agenda histórica muy larga de demandas de temas básicos como salud, educación, ambiente, desarrollo económico, etc, que no han sido asumidos por el Estado y por la empresa minera que ha causado impactos negativos en las zonas de influencia directa e indirecta.

 

 

Las cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas mantienen el paro indefinido que habían reanudado la madrugada del jueves 27 de enero. Las movilizaciones, que se dirigen contra la minera MMG La Bambas, en un primer momento habían bloqueado por completo el corredor minero para cualquier tipo de vehículo. Sin embargo, ahora los manifestantes le cierran el pasó sólo a los camiones y otros automóviles de la compañía.
Las comunidades reclaman la derogatoria de la Resolución Ministerial 372-2018, que convirtió caminos comunales en vía nacional, y que sean consideradas como zona de influencia ambiental y social en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la empresa.
La decisión de continuar con el paro se acordó el domingo pese a que, según informes de prensa, se habrían producido discrepancias entre los dirigentes de las comunidades. Medios escritos coinciden en la información de que Judith Cjuno habría renunciado el domingo 30 de enero a la presidencia del Frente de Defensa de la comunidad de Ccapacmarca por los reclamos de algunos vecinos propietarios de restaurantes y hospedajes que habrían reclamado el cese del paro.
En conversación con el diario “La República” Cjuno, explicó que renunció al cargo porque considera que no se puede variar la agenda que han planeado inicialmente. Además afirmó que un sector estaría buscando negociar con la empresa minera MMG Las Bambas y el Estado, tal como lo han hecho otras comunidades de la provincia de Chumbivilcas.
En tanto, Cayo Huaytani, presidente de la Comunidad Campesina de Ccapacmarca, reconoció ante el mismo medio las discrepancias existentes de algunos ciudadanos. Sin embargo, afirmó que las comunidades de Sayhua, Tahuay, Ccapacmarca y Huscabamba finalmente acordaron continuar con el bloqueo del corredor minero.

Esta protesta se da en el marco de la firma de acuerdos el 30 de diciembre pasado entre la empresa minera, el ejecutivo y otras comunidades de la provincia de Chumbivilcas, que lograron ser incluidas en la cadena de valor de la producción del yacimiento minero.

Los habitantes de las cuatro comunidades en huelga, en cambio, han rechazado estos acuerdos porque no buscan beneficios económicos, tal como lo explicó recientemente un dirigente de la comunidad, que prefirió no ser nombrado. Las comunidades de Ccapacmarca demandan una reparación medioambiental por el daño que MMG Las Bambas está ocasionando a sus comunidades.

En conversación con el  diario “Correo”, Luis Huamaní, presidente de la comunidad campesina de Ccapacmarca, afirmó que “Más de ocho mil comuneros de todo Ccapacmarca tomarán la vía. En este momento se están organizando, necesitamos la presencia del presidente Pedro Castillo, si no estará presente seguirá esta medida de protesta, ya estamos cansados del maltrato de la minera y del Estado”.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de su producción agropecuaria.

En cuanto a las posturas divergentes entre comunidades de algunos distritos y otros de la provincia de Chumbivilcas que tienen en común haber sido despojados de caminos rurales para verlos convertidos en rutas para el transporte de minerales, el dirigente de Ccapacmarca, que ha preferido el anonimato, explicó que las comunidades vecinas prefieren ser partícipes de la cadena de valor de la producción minera.

De acuerdo a esas prioridades, dichas comunidades vecinas de Chumbivilcas acordaron con la empresa, el pasado 19 de enero en la localidad de Cancahuani, crear microempresas comunales que estarán conformadas por una flota de 14 camiones para el transporte de concentrados de cobre y otras 14 camionetas que le prestarán otros servicios a la empresa e incluye un contrato para la mantención vial.

Las comunidades de Ccapacmarca, en cambio, no han cesado de denunciar los impactos ambientales por el continuo uso de sus territorios para el traslado de los camiones de carga. El dirigente añadió que existen impactos diferenciados producidos por el traslado del material que realizan los camiones. En el caso de sus comunidades, los camiones atraviesan los mismos poblados de las comunidades, en cambio, en otras comunidades de la provincia la vía usada por los vehículos se encuentra a varios kilómetros de las zonas pobladas.