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En el marco del conflicto social en el Corredor Minero Sur, el pasado 30 de setiembre, pobladores de comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, que bloqueaban caminos llegaron a un acuerdo con la minera MMG Las Bambas para levantar el bloqueo que las comunidades venían sosteniendo desde el 10 de setiembre. Esto fue logrado, además, gracias a la presencia de una comitiva de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por su secretario, Jesús Quispe, y el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas, Kaimer Dolmos.

Se llegó al acuerdo de retomar la búsqueda de consensos con la empresa Las Bambas, y desarrollar una reunión entre los representantes de la alta dirección de la empresa, así como representantes de las comunidades, el ex premier Guido Bellido y los ministros de Estado.

El encuentro, que tuvo lugar el 5 de octubre en el Centro de Convenciones del distrito de San Borja, se desarrolló en el marco de las labores del grupo de trabajo de naturaleza temporal para proponer acciones que permitan atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur, de la provincia de Chumbivilcas. Cabe recordar que este grupo de trabajo fue creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N.° 0011-2021-PCM/SGSD. En el encuentro participaron representantes de 10 comunidades campesinas: Cruzpampa, Cancahuani, Yanque Lacca Parcobamba, Huininquiri, Ahuicnta Huisuray, Ñaupa Hapo Urinsaya, Tincurca Laccaya, Tuntuma, Hatun Ccollana y Huaylla Huaylla.

Al finalizar la reunión, presidida por el ex premier Bellido, se logró llegar a un acuerdo que busca, además, prevenir futuros conflictos entre las comunidades, la empresa y el Estado. En el documento firmado por las partes, acordaron establecer mecanismos o relaciones comerciales para incorporar a las comunidades campesinas de Chumbivilcas en la cadena de valor de la empresa. Esta incorporación, según el acuerdo, se dará a través de empresas comunales bajo las condiciones, necesidades y requerimientos de la minera Las Bambas. Además, se detalló que los requerimientos estarán referidos a los servicios de transporte de concentrado; transporte interno de personas; mantenimiento vial; cisternas para el regado de vías; línea amarilla; entre otros servicios. De esta manera, las comunidades de Chumbivilcas han logrado que se cumpla una de sus demandas, convertirse en proveedoras de servicios de la minera.

En un tuit realizado por el ex ministro de Energía y Minas, Iván Merino, este señaló que luego de que se llegara a un acuerdo entre las partes “se construye una posible alianza de largo plazo para el desarrollo de los pueblos».

Asimismo, de acuerdo con el acta de la reunión, las negociaciones se retomarán en cuatro subgrupos de trabajo conformados en agosto para atender las otras demandas comunales. El 13 de octubre se llevará a cabo la reunión de trabajo del subgrupo 1, que verá los temas de revisión y análisis de la Resolución Ministerial N.° 372-2018-MTC/01.02. El encuentro será facilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la misma fecha, el Ministerio del Ambiente articulará la reunión del subgrupo 2, para evaluar y analizar las afectaciones ambientales.

Posteriormente, el 14 de octubre, el MINEM facilitará la reunión del subgrupo 3 para ver la evaluación de los proveedores de bienes y servicios y, finalmente, en el mismo día, el Ministerio de Justicia articulará la reunión del subgrupo 4 para discutir el tema de servicio de defensa pública.

DEMANDAS PENDIENTES DE REVISAR:

Si bien se logró llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, aún quedan demandas de las comunidades para revisar como las afectaciones ambientales generadas por el transporte de minerales de la empresa Las Bambas por la vía cercana a las comunidades; y la defensa de las personas criminalizadas en las protestas que tenían como objetivo que se escuchen y atiendan sus demandas.

Por: Juan Aste Daffós

El discurso inaugural del presidente Pedro Castillo el 28 de julio 2021 logró calmar a los empresarios y a la gente al plantear la consolidación y mejora de la actual política de salud, la reanudación de las clases presenciales en el 2022, y la pronta reactivación de la economía a fin de recuperar el empleo perdido mediante el impulso de la inversión pública, las facilidades para reprogramar las deudas, obtener créditos para el agro, las pymes, el turismo y el transporte, además de un bono de 700 soles a cada familia vulnerable.

Sin embargo, en el discurso, el eje estratégico de la economía está centrado en la profundización del extractivismo minero, con una gestión ambiental muy permisiva. Las economías de Bolivia con gobiernos de izquierda como el de Evo Morales y Luis Arce ahora, y la de Ecuador con Rafael Correa y Guillermo Lasso han hecho lo mismo.

Así, para el gobierno de Castillo: “los proyectos mineros van” si cumplen con el criterio de la rentabilidad social, es decir, si se comprometen en generar mayores ingresos y empleo dinamizando las economías locales, por lo que la licencia social, manifestada en la consulta a las poblaciones locales involucradas, es dejada de lado, o se aplica tal como ahora, en que se consulta la resolución administrativa que aprueba los estudios de impacto ambiental o las modificaciones a este.

Cuando el presidente Castillo nos dice que la rentabilidad social se considera superior a la licencia social, es decir, al derecho a la consulta de las poblaciones locales, está otorgando la prioridad a los proyectos mineros porque supuestamente generarán los recursos estatales necesarios para financiar proyectos de inversión pública en salud, educación, en el agro y otras actividades. Pero, sin diagnóstico de la minería y con un enfoque fundamentalmente económico y subordinado a lo que decida el Estado en los territorios, quedan de lado las alternativas de vida de las poblaciones locales, y ello es solo garantía de mayores conflictos socioambientales.

El discurso de Castillo refuerza el criterio de la rentabilidad social, cuando para promover los proyectos de inversión, sostiene que “Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica, y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente.” Y a nivel territorial, ocurre igual cuando afirma que se debe poner orden en la minería “sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto”.

Asimismo, cuando el presidente Castillo asume el criterio de la rentabilidad social como “una nueva forma de hacer proyectos en el Perú”, coincide con la propuesta del “Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (ICDMS) de la PCM (feb 2020) del gobierno de Vizcarra, avalada por la Sociedad Nacional de Minería, que para enfrentar el fracaso histórico estructural del perjuicio y empobrecimiento de las poblaciones del entorno de los proyectos mineros, y lograr el apoyo social al proyecto minero, propone la “construcción del entorno social favorable a cada proyecto”.

Esta propuesta consiste en que la inversión minera implemente un plan piloto y luego uno de mediano plazo del llamado “Plan de Desarrollo Territorial, Sostenible e Integrado” con la participación del gobierno nacional, el gobierno regional, las municipalidades, las empresas y la sociedad civil en cada lugar del entorno de un proyecto minero, señalando que la consulta no es vinculante. Se trata de ofrecer apoyo en la elaboración de planes de desarrollo y recursos económicos a cambio de aprobar un proyecto minero, pero incluso en esta opción, las empresas incumplen los acuerdos una vez que las operaciones se inician, generándose nuevos conflictos.

Los puntos propuestos por el presidente Castillo que aportan, aunque parcialmente, están referidos a la urgente necesidad del reconocimiento de las comunidades indígenas para hacer valer sus derechos amparados en el convenio 169 de la OIT. También se hace una mención indirecta a la consulta cuando al referirse a la toma de decisiones de la mayor importancia, solo se afirma débilmente que “se consideren las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano.”

Respecto a la gestión ambiental, se señala la creación de instrumentos, cuando en realidad se trata de darle continuidad al Plan Nacional Actualizado del Convenio de Estocolmo pre publicado el 23 dic 2019 y a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y el Plan de Acción 2014 al 2018 -editado en nov del 2014-, ambos publicados por el MINAM, más el «Plan de Atención lntegral de Salud a las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas aprobado por ESSALUD el 31 enero 2020.

El gobierno de Castillo plantea abordar la demanda por adecuar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de agua, aire y suelo, existiendo además los de ruido, gestión de sitios contaminados y relaciones no ionizantes, frente a la desregulación aplicada desde el 2013 por el MINAM, que ha hecho más permisivos los ECA de agua, como el de “riego de vegetales y bebida de animales”, y el de aire, como el dióxido de azufre. Se sabe que la actividad minera siempre contamina las cuencas donde se ubican sus diferentes componentes que emanan gases, partículas y efluentes, generando degradación irreversible sobre los ecosistemas, razón por la cual la minería no es sostenible.

Existen varias propuestas de Ley de Ordenamiento Territorial en el Congreso de la República, y el gobierno de Castillo ha asumido el reto de darle continuidad a lo que ya está en curso. Sin embargo, un avance en esta dirección es darle el carácter de vinculante a las consultas vecinales realizadas, por ejemplo, en el valle de Tambo (Tía María en Arequipa), en el valle de San Lorenzo (Tambogrande en Piura) y en las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta (Huancabamba y Ayabaca, Piura), y no permitir que se siga generando incertidumbre, estrés y más muertes en estas poblaciones locales. Sin embargo, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, dejó abierta la posibilidad que Tía María opere, al declarar el primer día de su gestión: “la población que no le ha dado la licencia social. Si ellos resuelven ese tema, el proyecto iría».

A contracorriente del deseo manifiesto de las empresas mineras de eliminar el financiamiento del OEFA para evitar la determinación de las infracciones ambientales y luego aplicar las multas, el gobierno de Castillo ha propuesto eliminar las trabas que impiden el cobro de dichas infracciones ambientales, las cuales deben utilizarse para fortalecer la gestión pública ambiental.

El gran vacío en el discurso del presidente Castillo ha sido el enfoque territorial y participativo de la gestión pública, y dentro de este el tema de la gestión del agua y su relación con la actividad minera, por ejemplo, en la determinación de las fuentes hídricas por las propias empresas mineras y su uso en perjuicio de las comunidades y poblaciones locales. Así, el rol, las normas y las acciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben adecuarse para proteger las cuencas y los territorios de las comunidades frente al alto riesgo del impacto de la minería, así como, se requiere la aprobación de una ley que institucionalice la vigilancia y el monitoreo ambiental realizado por las comunidades y organizaciones sociales de las áreas urbanas, complementariamente a la labor del OEFA, ANA, DIGESA, SENASA y otras.

También estuvo ausente la necesidad de avanzar en la descentralización de la gestión ambiental, en particular de los conflictos mineros, que representan más de las dos terceras partes del total de conflictos socioambientales, habiendo estado activo el conflicto de Las Bambas. Así también, llama la atención en el discurso el vacío respecto a la necesidad de modificar normas y conductas de los representantes del Estado para garantizar los derechos de las comunidades y poblaciones locales frente a la criminalización de la protesta social.

El lunes 12 de julio arribaron a la ciudad de Lima una delegación de 45 personas de diferentes comunidades de la provincia de Cotabambas, liderados por Victor Limaypuma, presidente del Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, para reunirse el martes 13 de julio con representantes del ejecutivo. La delegación de Cotabambas también estuvo representada por Rildo Guillén, alcalde provincial de Cotabambas; Gonzalo Paz, alcalde del distrito de Haquira; y Manuel Coyuri, alcalde del distrito Progreso de la provincia de Grau.

Durante la reunión, el ejecutivo presentó un balance de los grupos de trabajo de la Comisión Multisectorial “Espacio de Diálogo para el cumplimiento de compromiso para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso”

La reunión sostenida con el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez; representantes de la PCM; del Ministerio de Cultura, Educación, Transporte y Comunicaciones; y Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, dio como resultado un acta de acuerdos y conclusiones en que el gobierno se compromete a ratificar la “prioridad de los compromisos inmersos en la matriz de proyectos consensuados en el marco del Grupo de Trabajo N°5 de Inversión y Desarrollo de la Comisión Multisectorial de Cotabambas, DS N°075 y 089, así como la ley 30589” en el informe de transferencia que tiene que entregar al gobierno del virtual presidente Pedro Castillo. Entre esos proyectos de inversión se encuentran el Hospital de Tambobamba y el mejoramiento de la carretera de Haquira y la rehabilitación del camino vecinal.

acta cotabambas

Antecedentes

Es importante recordar que la Comisión Multisectorial “Espacio de Diálogo para el cumplimiento de compromiso para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso” se creó tras las protestas iniciadas por la comunidad de Fuerabamba en mayo del 2019, que luego se extendió a protestas en el distrito de Challhuahuacho y finalizó el 11 de abril con la presencia del premier, en ese entonces, Salvador Del Solar. En años anteriores las comunidades de Challhuahuacho también habían protestado contra el proyecto minero Las Bambas, debido a que los camiones de minerales que transporta la empresa minera atraviesa varias de sus comunidades, de la provincia Cotabambas, y del distrito Progreso de la provincia de Grau.

Temas pendientes

En el acta de acuerdos de la reunión sostenida el día de ayer con el ejecutivo no figuran las otras demandas del Frente de Defensa de Cotabambas, que incumbe directamente a la empresa minera: realización de un convenio marco con la empresa minera Las Bambas para que la provincia tenga mayores ingresos económicos; la realización de un mineroducto por parte de la empresa minera para que los camiones de la empresa no continúen pasando por las vías comunales, contaminando el territorio a su paso.

La reunión se desarrolló en las instalaciones del Ministerio de Cultura.

Reunión con Pedro Castillo

El día de hoy, miércoles 14 de julio, los dirigentes sociales liderados por Victor Limaypuma, se dirigieron a la casa del Maestro en el Cercado de lima para poder reunirse con el profesor Pedro Castillo y hacerle de conocimiento los acuerdos tenidos con el ejecutivo el día anterior. Sin embargo, no pudieron reunirse con el virtual presidente y lo hicieron con representantes congresales de Perú Libre, quienes se comprometieron a gestionar una visita de Pedro Castillo a Apurímac en las próximas semanas.

El presidente del Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, señaló que su lucha no es solo por la provincia, sino para todo el país. Para que haya mayor recaudación económica por la actividad minera, se escuche a las comunidades y se proteja el medio ambiente.

Luego de varias semanas de constantes protestas de los pobladores de la comunidad de Huancuire del Distrito de Cuyllurqui, y los enfrentamientos originados por la reacción violenta por parte de la Policía Nacional hacia los comuneros, la situación se ha tornado en un clima de “tensa calma”, gracias a que se ha llegado a un acuerdo entre la comunidad y la empresa MMG Las Bambas para la realización de una mesa de diálogo.

En un evento realizado el miércoles 23 de junio por el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, llamado “Minería para el Desarrollo de Apurímac”, en el que estuvieron presentes autoridades del gobierno de Apurímac y del Gobierno Nacional, el Viceministro del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, informó que el pasado lunes, en coordinación con la comunidad de Huancuire, donde se encuentra el proyecto de Tajo Chalcobamba, se ha instalado una mesa de diálogo que se va a hacer realidad a partir del 30 de junio con el objetivo de impulsar el proyecto.

Al respecto, es importante señalar que, de acuerdo a declaraciones del comunero Isidro Pusaclla, se ha llegado al acuerdo de la realización de esta mesa de diálogo gracias a la iniciativa de un grupo de comuneros de Huancuire que, en representación de gran parte de la comunidad, viajaron a Lima y llegaron a la oficina central de la empresa MMG Las Bambas para conversar con los gerentes. Luego de días de espera, los comuneros lograron programar la mesa de diálogo para el próximo 30 de junio, en la que los comuneros esperan que se llegue a un acuerdo por el bien de la población de Huancuire.

Según Isidro Pusaclla, en la mesa de diálogo, los comuneros realizarán su reclamo por la permanente contaminación que ha afectado el estado de los recursos hídricos y de la salud de los comuneros, así mismo, denunciarán que la empresa minera viene desarrollando actividades de explotación en terrenos que han sido concedidos irregularmente. Otro de los puntos que se reclamarán será la acción violenta que tomó la policía frente a comuneros en las protestas pacíficas que los últimos venían realizando.

Como se informó anteriormente, en una de las protestas realizadas la semana pasada, el comunero Juan Huillca Ochoa fue violentado por la policía y retenido en el campamento minero de la zona, producto de ello, le rompieron la costilla dañándole el vaso sanguíneo. Sobre el estado de salud actual de Huillca, el comunero Isidro Pusaclla señaló que luego de haber sido operado 4 veces, ha salido de alta del hospital y se viene recuperando poco a poco.

A pesar de lo sucedido, la comunidad no ha recibido ninguna respuesta de parte de la empresa minera ni tampoco de alguna entidad del Estado, los comuneros esperan que en la mesa se presente un representante del Estado para que, de esa manera, sus reclamos puedan tomar más fuerza.

En el año 2004 se inició la convocatoria para el proyecto Las Bambas, la cual se encuentra ubicada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui (provincia de Cotabambas), y el distrito de Progreso (provincia de Grau), en la región Apurímac. Actualmente, el proyecto está siendo administrado por el consorcio chino Minerals and Metal Group (MMG), el cual compró la concesión por 5 mil millones de dólares a la empresa Glencore Xstrata en el 2014.

Si bien, de acuerdo a cifras del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el proyecto minero contribuye con aproximadamente el 20% de la producción de cobre en el Perú, desde su inicio, la situación no ha estado exenta de tensiones, paros y conflictos. En estos 14 años de historia del proyecto minero, cinco personas fallecieron durante enfrentamientos.

Las causas principales de los conflictos entre la minera, la policía y las comunidades de influencia directa del proyecto han sido la contaminación y los incumplimientos de parte de la empresa MMG Las Bambas. Sin embargo, la comunidad campesina de Huancuire, ubicada en el distrito de Coyllurqui, ha sido la más afectada en temas de incumplimientos y el flagelo de constante contaminación de recurso hídrico, flora y fauna. Dentro de esta contaminación, se calcula que son un total de 500 familias las que han sido afectadas por la contaminación de los manantiales y puquiales como consecuencia del trabajo que realiza la minera.

Frente a la inacción de parte de las autoridades de la provincia y del Estado peruano, la comunidad campesina ha realizado protestas pacíficas como medida de lucha en contra de la contaminación generada por la empresa MMG Las Bambas y al incumplimiento de los compromisos pactados por esta. Los comuneros han realizado plantones a las afueras del campamento minero ubicado en el sector de Chalcobamba y en los caminos utilizados por la empresa para trasladar sus materiales, con el objetivo de exigir que la empresa, así como las instituciones del Estado, empiecen a trabajar en el resarcimiento ambiental.

Sin embargo, en el quinto día de la medida de lucha de la comunidad, la protesta se agudizó debido a que, según la denuncia de los comuneros y autoridades comunales en redes sociales, la policía actuó de manera violenta hiriendo al comunero Juan Huillca Ochoa, quien, posteriormente, fue arrastrado y retenido por la policía en el campamento minero.

De acuerdo con medios de comunicación locales, después de más de dos horas de su detención, el comunero fue liberado del campamento a bordo de un patrullero policial. El señor Juan Huilca se encontraba herido y en mal estado, por lo que fue llevado, junto a su esposa e hija, al centro de salud de Challhuacho.

Frente a estos hechos, la empresa emitió un pronunciamiento el 15 de junio en que señala que “desde el día 10 de junio, un aproximado de 140 comuneros vienen invadiendo las instalaciones del proyecto Challcobamba, afectando nuestra labor diaria”; además, lamenta que estas acciones pongan en peligro la integridad de sus trabajadores. A pesar de que hace referencia a los sucesos de protesta, no se pronuncia sobre los hechos violentos hacia los comuneros que protestan de manera pacífica, hechos que no son la primera vez que ocurren. Por otro lado, en cuanto al gobierno, solo ha emitido una carta para sostener una reunión virtual, la cual no fue aceptado por los dirigentes de la comunidad.

Es importante señalar que, a pesar de los hechos ocurridos y de los constantes conflictos, la comunidad de Huancuire ha afirmado en diferentes oportunidades que no está en contra de la actividad minera, pero sí exigen que MMG Las bambas cumpla mínimamente con los acuerdos pactados con las comunidades a lo largo del corredor minero sur.

 

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

La pandemia y la segunda ola ya es inevitable en nuestro país, las cifras del número de contagios y fallecidos reportados por el MINSA son evidentes. Al momento, según la sala situacional de la Covid-19, tenemos 1.078.675 de casos positivos en el país; en las ultimas 24 horas tuvimos 3.406 casos de contagios, y a la fecha desde que inicio la pandemia se tiene registrado más de 39 mil fallecidos, y lo peor de todo es que las medidas anunciadas por el gobierno de Sagasti son insuficientes. Las camas UCI ya están colapsadas, hay colas para buscar oxigeno y la vacuna esta lejos de llegar a tiempo. Lamentablemente no hemos aprendido nada de los cuidados y las acciones preventivas de la primera ola, ni el gobierno ni la ciudadanía, y nuevamente entramos a la lógica del sálvense quien pueda.

Mientras la pandemia de la Covid-19 está entrando a su momento pico, los conflictos sociales también se han reactivado, y de modo particular en el corredor minero del sur andino. Las comunidades y la población local en Cotabambas reclaman atención sobre los compromisos no cumplidos en la mesa de dialogo de Las Bambas; los mismos reclamos se han hecho publico en el caso de Velille – Chumbivilcas, por donde pasa la carretera del corredor minero, y donde los impactos ambientales y sociales son cada vez más evidentes. En Chumbivilcas no solamente tenemos el caso de Las Bambas, en las últimas semanas las comunidades del entorno minero de la canadiense HudBay y su proyecto Constancia han denunciado que la empresa minera busca ampliar su proyecto minero sin respetar la consulta previa y sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades afectadas; al momento la población sostiene un paro indefinido mientras aguarda la llegada de representantes del gobierno nacional.

Del mismo modo, en Espinar las comunidades afectadas por el nuevo proyecto minero de Coroccohuayco han denunciado que no se esta respetando la consulta previa y que además las autoridades nacionales han abandonado la mesa de diálogo y que buscan desconocer los acuerdos previos arribados meses atrás. En el caso de Espinar, además, hay una sentencia que ha sido ratificada por la Sala Mixta de Canchis que obliga al Estado Peruano a través del MINSA y sus órganos competentes a atender de manera integral la salud de las personas afectadas por metales tóxicos. Esta situación no solo pasa en Espinar; a nivel nacional existen miles de personas expuestas a la presencia de metales tóxicos en sus cuerpos y muchos de ellos se encuentran ubicados en zonas de actividad minera.

Desde la Red Muqui advertimos y alertamos de la situación de tensión que se vive en este momento en el corredor minero, muchas de las demandas planteadas por las comunidades afectadas y la población local ya han sido planteadas en mesas de dialogo pasadas. Lamentablemente estas nos se han cumplido, tanto por el gobierno nacional como por las empresas mineras. Urge que el gobierno atienda de manera seria e integral estas demandas, lo contrario significara la suma y reactivación de conflictos sociales inminentes.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha emitido sentencia en el caso Huillca Paniura y otros, que fue patrocinada por el Instituto de Defensa Legal y APRODEH con la colaboración de la CNDDHH; los demandantes son comunidades campesinas e indígenas (el Frente Único de Defensa de Chalhuahuacho, la Federación Campesina de Mujeres de Chalhuahuacho y la Federación de Jóvenes Paki Waraka) que se han visto permanentemente vulneradas en sus derechos colectivos debido a las declaratorias continuas de Estados de Emergencia preventivo en el corredor minero del sur, especialmente en la región de Apurimac. La estrategia de los sucesivos gobiernos de turno ha sido decretar Estados de Emergencia preventivos que no tienen ningún sustento constitucional, para seguir manteniendo el control de los territorios del corredor minero de sur a costa de la supresión arbitraria de derechos constitucionales.

Recordemos que debido al conflicto social que existe entre las comunidades de Apurímac y la empresa minera Las Bambas, entre 2015 y 2016 ha habido 4 personas fallecidas producto del uso desproporcional de la fuerza por parte de la PNP. En 2016 el comunero Quintino Cereceda murió a causa del impacto en la cabeza de un proyectil disparado por la policía, hasta la fecha no existe delimitación de responsabilidades penales contra los culpables de estos hechos, por el contrario, desde esa fecha se abrieron sendos procesos de criminalización contra dirigentes y comuneros que se sumaron a las medidas de lucha por la defensa de sus territorios y derechos.

Ahora el Tribunal Constitucional en una histórica sentencia, desarrolla criterios jurídicos para que el Ejecutivo pueda decretar los Estados de Emergencia, desarrolla los criterios de: temporalidad, proporcionalidad y necesidad. Sobre el criterio de temporalidad, el TC se basa en los establecido en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que toda medida de suspensión de garantías debe tener una vigencia temporal limitada; sobre el criterio de proporcionalidad y necesidad el Tribunal Constitucional señala lo siguiente:

“Al respecto, debe tomarse en cuenta que aquí no solo se trata de una relación directa e inmediata con el fenómeno que se pretende combatir, sino también que debe analizarse si un estado excepción ya emitido se encuentra o no coadyuvando a resolver esta situación, de tal manera que si dicho hecho persiste, pese a la vigencia del estado de excepción por un plazo determinado, no se encontraría acreditado que guarde relación con las características específicas de fenómeno que se pretende resolver.” Lo que quiere decir el TC es que los gobiernos deben tener en cuenta que los estados de emergencia son medidas excepcionales y que tener un fin legítimo que deben buscar afectar los derechos humanos en la menor medida posible. Con el criterio de necesidad el TC señala la importancia de que el gobierno tenga en cuenta otras medidas distintas a la declaratoria de estados de emergencia, otras medidas que puedan coadyuvar a dar solución al conflicto, ya que los estados de emergencia son medidas de alto grado de impacto y sacrificio sobre los derechos humanos.  Este criterio de razonabilidad- proporcionalidad y de necesidad son complementarios, los criterios desarrollados por el TC son importante para entender que existen otros mecanismos que pueden ayudar a dar solución a los conflictos sociales que no sacrifiquen o vulneren derechos humanos en nombre de la promoción de la inversión privada minera. Es clave poner en el centro la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de dialogo y participación política de los pueblos indígenas de forma oportuna para que ellos mismos decidan su desarrollo económico y social y el destino de sus territorios.

La política de los últimos gobiernos ha sido declarar automáticamente los estados de emergencia utilizándolos de manera arbitraria y sin criterios de razonabilidad acorde a la protección de derechos humanos, el costo para los derechos de las comunidades y organizaciones de territorios como Apurimac en el Corredor Minero del Sur ha sido alto. Consideramos que es importante que los gobiernos deben entender que la protección de las comunidades campesinas no puede seguir siendo sacrificados bajo los argumentos de la “garantía de la paz y el orden público”.