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Organizaciones de la región presentan informe ante la ONU para denunciar a empresas chinas que vulneran DDHH

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En los últimos años, la expansión de las actividades empresariales y financieras de China, tanto a nivel internacional como en América Latina, han aumentado considerablemente. Sin embargo, este hecho, enmarcado en el relato de que estas inversiones irían de la mano de mayor desarrollo social y económico para los países donde se realizan estas actividades, también ha venido acompañado de un considerable aumento de denuncias por parte de la sociedad civil sobre abusos a los derechos humanos y grandes impactos ambientales en los ecosistemas donde se encuentran las operaciones, y Perú no es una excepción.

En nuestro país, de acuerdo al informe “Las obligaciones extraterritoriales en derechos humanos de la República Popular de China con relación a actividades empresariales en América Latina. Informe para la revisión de la República Popular de China por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, actualmente se vienen desarrollando tres proyectos financiados con capitales chinos: Proyecto minero Las Bambas (Guoxin International Investment Co. Ltd.); Mina Marcona (Shougang Corporation); y Unidad Minera Toromocho (Aluminum Corporation of China – CHINALCO). Estos proyectos han sido denunciados por generar contaminación ambiental, lo cual ha afectado la salud de las personas de las zonas.

Es por esa razón que, organizaciones de la sociedad civil de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Brasil, en conjunto con el Servicio Internacional por los Derechos Humanos (ISHR), presentaron el pasado jueves 16 de febrero en Ginebra, Suiza, el informe señalado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas en su sede de Ginebra, Suiza. El estudio, que analiza 14 proyectos de diferentes sectores operados por 11 empresas y/o financiados por bancos chinos en los países señalados, tiene como objetivo presentar antecedentes de violaciones de derechos humanos (ambientales, laborales, etc) por parte de estos proyectos para dar cuenta de que el Estado del país asiático ha incumplido con sus obligaciones en el marco del derecho internacional.

Entre las principales conclusiones, el informe muestra que existe un patrón por parte de estos proyectos de graves abusos a los derechos de pueblos indígenas, al derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, derechos laborales, y a varios otros derechos civiles y políticos.

Las organizaciones que elaboraron el informe, entre ellas Red Muqui, conforman el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), el cual se encargó de la organización del evento.

Raphael Viana David, representante de ISHR, explica que este informe es presentado al CDESC debido a que este organismo es uno de los comités de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales en derechos humanos, y China, al haber ratificado en el 2001 el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, tiene obligaciones extraterritoriales de cumplir con los derechos que están listados en el tratado internacional (Entre ellos: derecho al agua, la alimentación, a una vivienda digna, a la salud, y a un ambiente sano).

Es por eso que, se exige al Estado chino adoptar medidas para que no se vulneren estos derechos por parte de empresas o actores financieros que están bajo su jurisdicción o control. 

La presentación contó con la participación de representantes de diferentes organizaciones de los países de América Latina señalados. Para el caso de Perú, Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, explicó que en el país la fuerte presencia de empresas extractivas de capital chino es el resultado principalmente del alto precio de los minerales a nivel mundial.

Borda expuso sobre dos casos emblemáticos en el norte y centro del país: las empresas mineras Río Blanco Copper y Chinalco, respectivamente. Informó que en el primer caso, desde hace muchos años, el proyecto minero, ubicado en Piura, intenta ingresar al territorio. La población se opone a este proyecto ya que afectaría la conservación de los bosques de neblina y los páramos que entre otros recursos naturales conservan y almacenan las fuentes de agua disponibles en la región. Por esa razón, a través de una consulta vecinal, sus habitantes rechazaron la realización de este proyecto. Sin embargo, la minera ha continuado buscando ingresar al territorio, incluso, usando la fuerza.

En el segundo caso, la empresa minera Chinalco genera grandes afectaciones de derechos humanos y ambientales. Uno de las principales es el reasentamiento forzado, ya que una comunidad entera fue obligada a trasladarse a otro lugar, mientras que parte de la comunidad que se quedó en la zona, vive siendo hostigada y amenazada para que se retire del sitio. Asimismo, Jaime Borda afirma que hay varios compromisos que la empresa y el Estado han incumplido en los últimos años.

Informó también que en ambos casos, se ha omitido la realización de una consulta previa libre e informada, es decir no se ha tomado en cuenta la opinión de la población. Además, la mismas comunidades han realizado denuncias de contaminación en el territorio, sobre todo en el caso de la minera Chinalco.

Finalmente, otro patrón que se ha evidenciado en ambos proyectos es que los dirigentes comunales y organizaciones son denunciados por exigir que la empresa cumpla con su compromiso, y que se respete su derecho a la protesta.

Así como de Perú, también se informaron sobre otros proyectos en diferentes países de América Latina en que los proyectos con capital chino han venido vulnerando los derechos humanos y ambientales. Como es el caso de Chile, con la construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, la cual, a pesar de no tener un permiso aprobado, taló ilegalmente árboles de bosque nativo, con el objetivo de construir la central. Afortunadamente, gracias a las denuncias, la empresa ha realizado un alto a esta tala. Sin embargo, continúa en su afán de obtener el permiso de construcción argumentando que el proyecto es de interés nacional.

Otro caso expuesto es el de Colombia, donde hay varias comunidades afectadas por el proyecto de Buriticá que pertenece a la compañía china Zijin. Este proyecto, a través de diferentes acciones como la tala ilegal, afecta el Bosque Seco Tropical (BST), de vital importancia porque forma parte de corredores biológicos de América Latina, y que, con el paso del tiempo, presenta una gran pérdida de biodiversidad, concretamente, el bosque se ha reducido en más del 70 por ciento. Además, diariamente, el proyecto explota más de  cuatro mil toneladas de oro sin control regular, generando contaminación aérea. Un grave problema que afecta la salud de las comunidades de la zona. Y el Estado, como en los demás casos presentados en el informe, apoya el proyecto pese a las vulneraciones.

Además de la vulneración de los derechos ambientales y a la salud de las comunidades, también hay casos en los que los proyectos vulneran los derechos laborales, como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, ubicado en Cochabambas, Bolivia, que pertenece a la empresa china Sinohydro Corporation. En este proyecto las y los trabajadoras/es carecen de condiciones básicas de bioseguridad (limpieza, no tienen servicios higiénicos adecuados), y de derechos básicos laborales. Sumado a esto, la empresa, que busca construir dos centrales hidroeléctricas, ya ha afectado más de 280 hectáreas de bosques pertenecientes a un área protegida.

Para concluir la presentación del informe, representantes del CICDHA brindaron una serie de recomendaciones a diferentes actores con el objetivo de hacerlas llegar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas. Uno de los actores a los que se les brindó recomendaciones fue al Estado Chino, de manera que se planteó que:

  • Es urgente instar a las instituciones competentes que regulan las operaciones empresariales chinas en el exterior a establecer mecanismos de supervisión que vigilen, investiguen y sancionen las vulneraciones contra los DDHH que se deriven de estas acciones
  • Consideramos fundamental que se garantice el acceso a la justicia y se creen mecanismos de reparación integral para las víctimas más allá de sus fronteras
  • Que se generen canales de comunicación. Consideramos fundamental que las embajadas y la misión permanente en Ginebra establezcan un canal oficial de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil en las regiones, y que este canal nos permita tener un contacto con las empresas chinas. Esto será de ayuda para evitar los conflictos sociales y ambientales que se dan en torno a los proyectos
  • Se deben crear políticas de cooperación que prohiban a las empresas e instituciones chinas participar en proyectos que afecten ecosistemas frágiles, y abstenerse de operar en territorios de poblaciones vulnerables (comunidades campesinas y pueblos indígenas)

El informe es un medio para buscar que se dejen de vulnerar derechos humanos por parte de las empresas chinas y que los estados, no solo el chino, también aquellos donde se realizan los proyectos, se comprometan a crear medidas de protección de los derechos del medio ambiente, de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas, que históricamente vienen siendo afectados.

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Las protestas contra Dina Boluarte también paralizan proyectos mineros en el Perú

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Desde el 1 de febrero se han paralizado los trabajos de extracción de cobre de la minera Las Bambas ubicada en el distrito de Challhuahuacho de la provincia apurimeña de Cotabambas. La empresa aduce que la paralización de sus operaciones se debe a la falta de suministro de insumos impedidos de llegar desde diciembre pasado, cuando estalló la crisis política y social. En el marco de las protestas, en las que las comunidades exigen la renuncia de Dina Boluarte y la disolución del Congreso, las acciones han incluido continuos bloqueos del corredor vial minero, emprendido en los departamentos de Cusco y Apurímac, y uno de los principales ejes de la actividad minera en el sur del país. 

Por la ruta pasa aproximadamente el 20 por ciento de la producción del metal rojo del país que proviene a parte de la mina Las Bambas, propiedad de la compañía de capitales chinos MMG; del proyecto minero Antapaccay situada en la comunidad de Tintaya Marquiri en la provincia cusqueña de Espinar, de la compañía Glencore con casa matriz en Suiza; y la mina Constancia, del consorcio canadiense Hudbay ubicada en el distrito de Livitaca y Chamaca provincia de Chumbivilcas que también pertenece al departamento del Cusco.

Las tres explotaciones han tenido dificultades para transportar sus concentrados de cobre desde inicios de enero debido a los cortes de carreteras, que además han limitado la capacidad de llevar suministros a los campamentos mineros.

A parte del rechazo que ha generado entre la población del sur del Perú en términos generales la vacancia del presidente Castillo y su reemplazo en el cargo por Dina Boluarte por decisión del Congreso, las comunidades en torno a los proyectos mineros desde hace años vienen reclamando por una serie de derechos vulnerados. Así por ejemplo la defensa del territorio comunal que han planteado las comunidades campesinas afectadas por la explotación minera de Las Bambas, es uno de los ejes del conflicto, ya que estiman que la Resolución Ministerial 372 emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 2018 desconoció sus derechos ancestrales sobre este territorio. Mediante esta normativa sus carreteras comunales fueron transformadas por decreto en vías nacionales para que la empresa cuprífera pudiera transportar en vehículos encapsulados el mineral extraído. 

Las comunidades y sus dirigentes vienen denunciando incesantemente que en torno a esta cuestión no hubo una consulta previa ni saneamiento de terrenos. A ello se añade que por años han estado expuestos a la contaminación que produce el transporte de los minerales, volcaduras, derrames y la emisión de polvo que ha dañado las praderas donde pastorean su ganado y ha perjudicado la actividad agrícola en general de la zona.

Los impactos de las protestas van más allá del corredor minero del sur

La producción cuprífera no ha sido la única afectada por los bloqueos. San Rafael, el mayor yacimiento de estaño en Sudamérica ubicado en el departamento de Puno y propiedad de Minsur, suspendió sus operaciones el 12 de enero. La decisión según comunicó la empresa sería una medida de solidaridad con los familiares de las 18 personas asesinadas en los alrededores del aeropuerto de Juliaca durante las protestas en la región altiplánica.

A ello se suma la más reciente suspensión de operaciones mineras del proyecto Julcani situado en el distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, región Huancavelica anunciada por la compañía Buenaventura el 5 de febrero pasado. De acuerdo a reportes de prensa, un grupo de alrededor de 80 manifestantes tomaron las instalaciones de la mina y bloquearon la carretera que conecta a la ciudad de Lircay. Hasta el momento, no se han registrado enfrentamientos o actos de violencia.

Macabros hallazgos

Sin embargo, los hechos que han causado especial consternación se vinculan con los incendios causados supuestamente por manifestantes en las instalaciones de la minera de oro Anabi, cuyas unidades Huismarca en Cusco y Utunsa en Cotabambas, Apurímac fueron ocupados violentamente el pasado 20 de enero. La compañía minera informó una semana después del hallazgo de los cadáveres de Santos Rolando Yanque Lagos y Wilman Chahua Oviedo, fallecidos en las instalaciones de su unidad minera Utunsa. La empresa comunicó la recuperación de los cuerpos después de que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho solicitara a la empresa autorización para realizar la búsqueda de los dos comuneros que habían sido reportados como desaparecidos.  

Los comuneros del distrito de Haquira de la provincia apurimeña de Cotabambas reclaman desde hace años, con protestas y bloqueos por la contaminación con cianuro y otras sustancias tóxicas de la cabecera de cuenca del Ccosecmayo producida por la explotación del yacimiento Utunsa que ha afectado a todas las comunidades que se encuentran río abajo.

Es de recordar que el caso de Anabi no es la excepción, tal como se expone más arriba la situación en Las Bambas. La mayoría de estos proyectos mineros paralizados cuentan con serios cuestionamientos por parte de las comunidades y poblaciones locales, ya que los impactos ambientales, sociales y económicos son innegables, así como la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en decenas de mesas de diálogo que se desplegaron en todo el país. Parte importante de las agendas que hoy movilizan a las comunidades y pobladores contra Dina Boluarte, el Congreso de la República y otros entes sectoriales estatales se explican, porque no se han hecho cambios ni reformas en el sector minero en los ultimos 30 años en el Perú.

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Encuentro sobre inversiones chinas en Latinoamérica revela violaciones a los derechos humanos

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En las últimas décadas, han crecido en forma vertiginosa las inversiones chinas en América Latina en los sectores extractivos y las grandes infraestructuras. Mientras tanto, hay cada vez más comunidades afectadas por el financiamiento y las inversiones chinas, por ello las organizaciones sociales requieren conectarse y elaborar estrategias con otras organizaciones que trabajan la materia.
Ese ha sido el propósito del encuentro presencial del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente – CICDHA, la única red de organizaciones de la sociedad civil, que trabaja sobre China y derechos humanos que se celebró desde el miércoles 22 hasta el viernes 24 de junio en Lima.
Un espacio común compartido con público para reflexionar sobre el contexto y las implicaciones de los problemas que enfrentan, se dio en la tarde del jueves 23 en el Foro Presencial y Virtual: “Actividad empresarial China en Latinoamérica y derechos humanos”
Marco Antonio Gandarillas de Latinoamérica Sustentable presentó algunas conclusiones sobre el Estudio Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica.
Entre ellas destaca que, del total de 26 proyectos analizados, todas han implementado en áreas frágiles, lo que explica en parte la conflictividad que presentan. En 24 de ellos, se violó el derecho a vivir en un ambiente sano o se vulneró gravemente el medio ambiente.

Argentina

Guillermina French de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, destacó el caso del Complejo Hidroeléctrico Río Santa Cruz. Proyecto de capitales chinos que consta de dos represas, que se están construyendo en uno de los ríos patagónicos más importantes y que se nutre completamente del sistema de glaciares. Construcción que amenaza especies endémicas como el ave Maca Tobiano y amenaza espacios sagrados de comunidades tehuelche mapuche, 14 de cuyas comunidades de la zona han sido vulneradas en su derecho a la consulta previa.

Perú

Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui presentó el Caso de Las Bambas y la afectación a los derechos humanos. Megaproyecto que produce el 2 por ciento del cobre a nivel global y cuenta con una inversión de 10 mil millones de dólares. El representante de Muqui explicó que: “encadenado al mal llamado corredor minero, ya que por esta vía se traslada mineral de cobre de cuatro proyectos mineros, el proyecto ha traído graves afectaciones por el traslado diario de 370 camiones que atraviesan 169 centros poblados hasta el puerto de Matarani. En casi todas las etapas del proyecto se han hecho cambios sustanciales en el EIA, y no se han consultado, tampoco se han previsto las medidas de remediación adecuada a los impactos que se producirían”. Además detalló que:
“Sumado al paso de camiones de la minera MMG Las Bambas, son más de 500 camiones que pasan por el corredor diariamente pertenecientes a empresas como Hudbay y Glencore
Lamentablemente el gobierno ha vuelto a recurrir a los mismos mecanismos de represión y no ha mostrado capacidad para resolver las demandas de las comunidades”.

Chile

Javier Oroyo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales- OLCA presentó un caso que gira en torno a la cuarta represa que se pretende instalar sobre el río Bío Bío, el caudal más importante de Chile: la represa Rucalhue. Un proyecto actualmente propiedad de la compañía “China International Water and Electric Corporation” Javier Oroyo explicó: «La empresa busca aprovechar algunas necesidades de la comunidad y entregan algunos beneficios o hacen convenios con la municipalidad, pero no respetan otras cuestiones centrales con aquellos sectores que rechazan la instalación de la represa”.

Ecuador

Uno de los proyectos petroleros más controversiales en Ecuador es la explotación del Bloque 43, en el Parque Nacional Yasuní, una de las regiones más biodiversas de la Amazonía, la que además es una zona donde habitan pueblos en aislamiento voluntario. Una situación que significa un conflicto socio ambiental desde hace casi un década, en el que el Estado ecuatoriano ha intentado forzar la explotación de petróleo contra los derechos de diversos pueblos indígenas y de la naturaleza, que en teoría están protegidos por la Constitución del país, como relató Natalia Yepes de la Alianza por los Derechos Humanos.

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Comunidades dan tregua de 30 días a Las Bambas para que reinicien operaciones y se implementen mesas de cumplimiento

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El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas Huillca, ha anunciado una tregua de 30 días a la minera MMG Las Bambas para que continúen sus operaciones, mientras se instalan las Mesas de Cumplimiento en cada una de las 6 comunidades en protesta para que se arribe a una solución integral. En este mes se deberá arribar a un cronograma de acciones en cada comunidad que garantice el cumplimiento de acuerdos que le falta implementar a la empresa minera Las Bambas. Este anuncio lo dio en la reunión que sostuvieron hoy con representantes del ejecutivo, Las Bambas y los dirigentes de las otras 5 comunidades en la localidad de Pumamarca.

El dirigente comunero señaló que la tregua se iniciaría el viernes 10 de junio, como muestra de que las comunidades tienen voluntad de llegar a consensos. De esta forma, la empresa podrá reiniciar el transporte de concentrados, aunque se compromete al mismo tiempo a no iniciar la construcción del tajo abierto Chalcobamba, que se encuentra en territorio en disputa con la comunidad de Huancuire.

El representante de Las Bambas, Jing Ivo Zhao, presente en la reunión realizada en la comunidad de Pumamarca señaló que la empresa acepta la tregua de 30 días planteada por las comunidades para el reinicio del transporte de concentrados y se compromete a no iniciar la construcción del tajo Chalcobamba durante este periodo.

Asimismo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos se ha comprometido a que el gobierno derogue el decreto de Estado de Emergencia que actualmente rige en los dos distritos al que pertenecen las 6 comunidades que han estado protestando y que se forme una comisión técnica que haga seguimiento a las mesas de cumplimiento que se desarrollará en cada comunidad.

Finalmente, en el acta se lee que el gobierno evaluará, en las mesas de cumplimiento, las denuncias generadas en contextos de protesta.

 

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Las Bambas: Se reporta herido de perdigón durante intento de desalojo a comuneros del tajo de Chalcobamba

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Ayer en la tarde se han viralizado imágenes en redes sociales que muestran la represión que han sufrido integrantes de Huancuire y Fuerabamba y otras cuatro comunidades del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas en Apurímac en el tajo Chalcobamba. Por el momento, se reportan una persona baleada con perdigones identificada como Alejo Ochoa y al menos otros cuatro comuneros heridos. Los autores de la represión, según la denuncia de los comuneros, son las fuerzas policiales de la DINOES que se encuentran en la zona desde que el gobierno decretara el estado de emergencia el pasado 27 de abril, declaratoria que el ejecutivo prolongó por otros 60 días a fines de este mes. A estos enfrentamientos se ha sumado un incendio que ha afectado las instalaciones de Las Bambas, según ha reportado la agencia de noticias Reuters. El abogado de la comunidad de Huancuire, Alexander Anglas, descartó cualquier responsablidad de sus defendidos en este siniestro. Una fuente cercana a la compañía le señaló a Reuters que el incendio había estallado dentro de un campamento minero cerca del tajo planificado de Las Bambas, llamado Chalcobamba, cuya construcción está programada para finales de este año. Un área que se encuentra judicializada, ya que forma parte de 132 hectáreas que eran propiedad de la comunidad, ahora reclamada por la empresa. Traspaso que, sin embargo, según los comuneros no cumplió con los mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico para transferencia de territorios comunales.

La comunidad de Huancuire, reclama que la empresa no ha realizado la consulta previa con la comunidad indígena campesina en torno a este proyecto.

En tanto, la comunidad de Antuyo del distrito Tambobamba, Apurímac, se ha sumado desde el sábado pasado a la protesta contra la minera MMG Las Bambas y ha acordado dejar sin efecto la autorización de actividades de exploración de la empresa en su territorio que acordaron el 19 de marzo del presente año, a la que acusa de incumplimiento de compromisos.

En el acta de la asamblea realizada el 27 de mayo, los dirigentes de la comunidad han denunciado la desatención por parte de la empresa en cuestiones relacionadas con graves falencias estructurales de las viviendas, falta de acceso a agua potable y las continua contaminación con la emisión de polvo, que levantan los camiones en amplios tramos sin asfalto de la carretera del corredor vial minero. Los comuneros afirman asimismo que la minera, paralizada desde hace casi 50 días y que produce casi un 2 por ciento del suministro global de cobre, habría faltado a sus compromisos en salud, educación, empleo, con lo cual ha incumplido el acuerdo suscrito con la comunidad que le había otorgado autorización para trabajos de exploración en su territorio.

La empresa, por su parte, ha acusado que la paralización de su explotación, desde que el pasado 14 de abril la comunidad de Fuerabamba ocupó terrenos ancestrales cedidos a Las Bambas por el incumplimiento denunciado de compromisos, ha generado pérdidas que superan los US$ 400 millones en exportaciones de cobre. Además, el país habría dejado de percibir aproximadamente S/220 millones en rentas a causa del bloqueo, que pondría en peligro las fuentes laborales de hasta nueve mil trabajadores que dependen directa e indirectamente de esa unidad productiva.
En relación a esta arista del conflicto, el anuncio de la comunidad de Antuyo se ha conocido a pocos días de la anunciada manifestación de los trabajadores de la empresa, que realizarán una marcha el 2 de junio en Cusco, Arequipa y Lima en movilizaciones dirigidas contra del gobierno, al que acusan de incapaz de resolver el conflicto social.

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Panorama incierto en el corredor minero sur tras comunicado de Las Bambas y propuestas de las comunidades

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Después de dos días de diálogo de los representantes de las 6 comunidades, iniciado el día martes con el presidente Pedro Castillo y la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, y posteriormente el miércoles solo con los ministros y un representante de la empresa minera Las Bambas, cuando parecían haber acuerdos preliminares que debían ser confirmados por las asambleas comunales de los 6 dirigentes; la empresa minera Las Bambas emitió un comunicado señalando que no habían llegado a acuerdos por los pedidos desmedidos de las comunidades.

MMG Las Bambas señala que las exigencias de las comunidades han variado y son incumplibles, debido a que desean acceder a una participación del 50% de las utilidades de la minera, pedido que de acuerdo a su ordenamiento legal vigente no es posible. Precisan que las comunidades hasta ahora no señalan cuáles son las promesas incumplidas de la empresa desde que iniciaron la paralización de la actividad minera.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, los dirigentes comunales han señalado que uno de los acuerdos incumplidos es la falta de contratación laboral de integrantes de las comunidades. Otro acuerdo incumplido es la mitigación del impacto ambiental que se genera por el desarrollo de la actividad minera, así como terrenos que nunca se compraron, como lo denunció una comunera de Huancuire frente al premier Aníbal Torres en su visita a Challhuahuacho la semana pasada.

El ministro de Justicia indicó ayer que son 3 las exigencias planteadas por los dirigentes comunales: Incorporación de comuneros a través de una cuota de trabajo en las labores mineras como en otros sectores empresariales, revisar los contratos de transferencia de terrenos para ver si el precio que se pactó es razonable, y el retorno de algunas áreas de terreno en los que ya se ha cumplido con la explotación minera.

El ministro Félix Chero agregó que la propuesta era que se instalen mesas de diálogo en cada comunidad para que se vean directamente las problemáticas y acuerdos incumplidos de la empresa Las Bambas con cada comunidad; sin embargo, tras el comunicado de la minera, ahora el panorama es incierto.

La minera señala en su comunicado que la condición de las comunidades de suspender las protestas cuando la empresa subsane sus incumplimientos es una propuesta inviable porque las comunidades están haciendo nuevos pedidos como el acceder a la utilidades de la empresa minera. Sin embargo, la propuesta del ejecutivo era que las problemáticas se vean comunidad por comunidad. Se espera un comunicado de las 6 comunidades en respuesta al pronuncimiento de la empresa minera.

Finamente el premier Aníbal Torres anunció en la conferencia del Consejo de Ministros que levantarán el estado de emergencia en territorios cercanos al proyecto minero Las Bambas cuando se recupere la paz social en la zona.

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Comunidades aceptan inicio de mesa de diálogo a pesar de ser reprimidas por Las Bambas

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Tras la represión policial ejercida contra la comunidad de Fuerabamba el miércoles 27 de abril, y contra integrantes de la comunidad de Huancuire al día siguiente, se registraron al menos 14 comuneros y comuneras heridos. Tras esta represión sufrida por estas dos comunidades, otras 4 comunidades afectadas también por la empresa minera Las Bambas decidieron impulsar un pacto de unidad y defensa mutua entre las 6 comunidades: Huancuire, Fuerabamba Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuycuni.

Pacto que se realizaró el día de hoy, 9 de mayo, en Condorwachana, límite entre las comunidades de Pumamarca y Huancuire, en la provincia de Cotabamabas, región Apurímac. El ritual se realizó durante la mañana y conto con la participación de los 6 presidentes comunales de las comunidades en conflicto con la empresa minera Las Bambas.

Los representantes de las 6 comnidades acudieron posteriormente a la reunión propuesta por la comitiva de la PCM, para acordar el inicio de la mesa de diálogo el día de mañana, martes 10 de mayo, poniendo como condición que el lugar de reunión se de en la comunidad de Pumamarca, propuesta que acaba de ser aceptada por la PCM. El 4 de mayo ya había acudido una comitiva de la PCM a Challhuahuacho para intentar desarrollar una mesa de diálogo el pasado 7 de mayo, pero la comitiva fracasó en su intento de iniciar el diálogo sin previamente evaluar el proceso interno de las comunidades que habían sido reprimidas y el proceso de unidad con las otras cuatro comunidades.

La represión ocurrida el 27 y 28 de abril fue fruto de una solicitud de desalojo que la compañía minera realizó a la Policía Nacional de Perú (PNP) y se realizó después que la PCM declarase el Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días. Sin embargo, y después de la brutal arremetida, el Ejecutivo buscó desentenderse del operativo, señalando que el gobierno no había ordenado dicho desalojo.

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Las Bambas: reiterada represión de la PNP deja heridos entre comuneros y aleja posibilidad de negociación con empresa

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Nuevas arremetidas policiales, esta vez contra comuneros de Huancuire, se ha registrado este día, jueves 28 de abril, en la comunidad mencionada perteneciente a la provincia de Cotabambas (Apurímac), muy cerca de la minera Las Bambas. En las imágenes difundidas por redes sociales se observa a agentes reprimiendo con bombas lacrimógenas y balas a un numeroso grupo de comuneros, quienes se han defendido arrojando piedras a los uniformados de la PNP. Hasta ahora se registran 3 heridos por proyectiles de armas de fuego.

Sólo ayer la represión contra los comuneros de Fuerabamba, la otra comunidad en conflicto contra la minera Las Bambas, había dejado 14 heridos entre los comuneros y 4 heridos de la policía, resultando el caso más grave el de Rosa Paniura, quien presenta pérdida de globo ocular y traumatismo craneano leve, de acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo. También se registran heridos de contusiones y fracturas, tal como lo revela Convoca.

 

Ya en la tarde del miércoles, los  comuneros afirmaron en declaraciones a la prensa local que volverían a terrenos de la minera Las Bambas. Con ese fin hicieron un llamado a otras comunidades para que los apoyen en este esfuerzo.  “Ya sabe todo el país que Las Bambas no va, es la decisión que ha tomado la comunidad. La guerra nos ha declarado Las Bambas y vamos a enfrentarnos a esta guerra. Nosotros vamos a recuperar nuestra tierra”, explicó Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, al diario La República.

 

 

 

En tanto el gobierno se ha deslindado en un comunicado de la responsabilidad de la represión ocurrida ayer en el desalojo de la comunidad de Fuerabamba del sector de Takiruta, que los comuneros reclaman como territorio ancestral y donde la empresa MMG Las Bambas actualmente pretende extender sus operaciones mineras. Sobre la represión ocurrida el día de hoy contra los comuneros de Huancuire, no ha habido un nuevo pronunciamiento del gobierno. Es importante destacar que la mina es la más grande productora de cobre del país. La acción policial de desalojo producida ayer, sin embargo, fue precedida por la declaración del Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac por el plazo de treinta días, con el fin de desalojar a la  mencionada comunidad. 

«La intervención de la Policía Nacional se realizó en el marco de la ejecución de una ‘defensa posesoria extrajudicial’ tramitada por la empresa Las Bambas y no por decisión del Ejecutivo. Dicha acción legal se encuentra regulada en Código Civil y fue invocada por la empresa Las Bambas», detalló el comunicado emitido por la PCM.

Los comuneros de Fuerabamba, vecino al asentamiento minero, ingresaron en terrenos de la empresa el pasado 14 de abril, tras denunciar compromisos incumplidos por la compañía desde 2014, cuando vendieron sus terrenos para las operaciones extractivas.

Ante esta protesta, Las Bambas paralizó sus actividades el pasado 20 abril, en una decisión que según el gremio minero representa la pérdida de unos 5,2 millones de soles diarios para el Estado peruano.

 

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Las Bambas: Gobierno autoriza expansión pese a numerosos conflictos socio ambientales irresueltos

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El Ministerio de Minas y Energía (MINEM) ha aprobado la expansión de la mina de cobre Las Bambas del consorcio chino MMG, situada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la Región Apurímac

Así lo informó ayer el consorcio en un comunicado dirigido a la bolsa de valores de Hong Kong, en el que se ha felicitado por el permiso de explotar el depósito minero de Chalcobamba a tajo abierto, que se pondrá en marcha progresivamente durante los próximos cinco meses.

Captura de pantalla del comunicado: “La empresa anuncia que el Ministerio de Energía y Minas de Perú ha emitido la aprobación reglamentaria para el desarrollo de la mina Chalcobamba y la infraestructura asociada”

El gobierno ha decidido darle a Las Bambas permiso de ampliación de sus operaciones, con las que prevé aumentar la producción desde las 380 mil toneladas que actualmente produce a 400 mil toneladas de concentrado de cobre al año, pese a los numerosos conflictos socio ambientales que enfrenta no sólo con las comunidades aledañas.

El depósito con los minerales donde se pretende abrir el tajo de Chalcobamba está ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. Comunidad que se opone a la expansión de la empresa, lo que abre un nuevo foco de conflicto con una de las mayores mineras del Perú, que por sí sola produce el dos por ciento del suministro mundial de cobre. 

La comunidad acordó ayer que adoptará todas las medidas «legales y sociales» necesarias para evitar el desarrollo de este segundo tajo abierto, en una reunión convocada poco después de que se anunciara el visto bueno del Gobierno.

Cabe precisar que la consulta previa culminó en la gestión de Sagasti, pero se dejó al nuevo gobierno la decisión en torno a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

«Somos enfáticos en señalar que no permitiremos, no toleraremos el inicio de operaciones en el inconsulto proyecto Chalcobamba», afirmó la comunidad Huancuire en un documento firmado por dirigentes de la zona y al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. 

Los representantes sostienen que el MINAM autorizó la explotación de Chalcobamba sin haber completado el proceso de «consulta previa» para desarrollar el proyecto.

Por otra parte, la mina ha sido un constante foco de conflictos con las comunidades empobrecidas ubicadas a lo largo del corredor minero sur que se extiende por unos 400 kilómetros que utiliza la empresa para transportar sus concentrados de cobre, cuyos caminos comunitarios fueron transformados en una vía nacional sin ser consultadas al respecto. 

Solo ayer 21 comunidades del distrito de Coporaque, en la provincia cusqueña de Espinar, decidieron suspender el bloqueo del corredor minero, después de que la Presidencia del Consejo de Ministros ofreciera reunirse con ellas durante la mañana de este viernes 25 de marzo. 

Asimismo, la población de Pomate en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, desbloqueó ayer la vía alterna que utiliza Las Bambas, al deponer una movilización que había iniciado el pasado martes. La decisión de levantar la medida de fuerza la tomó la comunidad tras sostener una reunión que logró acuerdos con los representantes de la empresa minera.

Pero los conflictos de la minera Las Bambas, que de acuerdo a las informaciones de sus directivos en lo que va de año lleva acumulada 39 días de diversos bloqueos en los que no ha podido transportar concentrado al puerto de Matarani, van mucho más allá.  Pues sus actividades no solo afectan a las comunidades en las que realizan las operaciones relacionadas con la extracción y refinamiento del mineral, sino muchísimas otras que a pesar de encontrarse a decenas de kilómetros de distancia han visto su producción agropecuaria seriamente dañada por el paso de camiones de alto tonelaje.

Es el caso de varias comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que mantuvieron una movilización que se extendió desde fines de enero a mediados de febrero pasado y en la que paralizaron por completo el transporte de la empresa.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de la agricultura y ganadería.

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Comunidades de Coporaque (Cusco) suspenden bloqueo, y Challhuahuacho (Apurímac) realizó paro preventivo contra Las Bambas

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A pesar que, en la región de Cusco, las comunidades de los distritos de Ccapacmarca y Coporaque han realizado el cese de sus paros en contra de la empresa minera MMG Las Bambas, la situación no es la misma en Apurímac. Sumado a esto, el conflicto ha dejado de ser netamente entre las comunidades y la empresa, y se ha extendido a un conflicto entre ambas regiones, concretamente, entre sus autoridades.

Ccapacmarca – Chumbivilcas también suspendió protestas

El domingo último, la PCM, a través de una reunión sostenida con las comunidades de Sayhua, Huascabamba, Ccapacmarca y Tahuay, consiguió una tregua de 45 días con las cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca, provincia de Chumbivilcas, para resolver sus demandas, las cuales pasan por anular la Resolución Ministerial 372-MTC e incluir a las comunidades como zona de influencia directa de la mina Las Bambas.

Sobre este acuerdo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que no serán necesarios los 45 días de tregua otorgados por el distrito de Ccapacmarca, ya que buscarán atender los pedidos de las comunidades antes de que culmine el tiempo pactado.

Coporaque – comunidades acceden a reinstalar mesas de diálogo

El último jueves 17, las 27 comunidades del distrito de Coporaque, perteneciente a la provincia de Espinar, y la Asociación Vecinal, acordaron con el gobierno reinstalar el espacio diálogo, en el cual también participarán representantes de la minera MMG La Bambas. De esa manera, se acordó que la próxima reunión se llevará a cabo el 03 de marzo a las 10:00 am en el mismo distrito de Coporaque. De esa manera, desaparece el riesgo de un nuevo bloqueo en la vía por parte de las comunidades.

Cabe señalar que, de acuerdo al acta de reunión, la única agenda que plantea la representación de Coporaque, en relación a la minera Las Bambas, es que esta haga al distrito un aporte de 20 tractores agrícolas.

La situación de Apurímac es diferente a la de Cusco. A pesar de que en diciembre del 2021, el gobierno y la empresa minera Las Bambas se comprometieron a avanzar en los compromisos asumidos en el 2016 del DS. 005-2016 sobre obras de desarrollo, así como de los 12 puntos referidos a proyectos que debía realizar la minera, el Comité de Lucha sostiene que estos compromisos no se han cumplido casi nada. Las comunidades, además, exigen ser consideradas como zona de influencia directa ambiental y social del proyecto minero Las Bambas.

Por esa razón, alrededor de 500 habitantes acataron desde la madrugada del viernes 18 un paro preventivo de 24 horas en contra del gobierno y de la empresa Las Bambas. Además, los dirigentes y el comité de luchas firmaron un pronunciamiento para pedir la presencia del presidente Castillo y del premier Anibal Torres, así como de funcionarios de la embajada de China y de Las Bambas para renegociar y hacer cumplir los compromisos de la empresa.

Paro en el Distrito de Mara – Cotabambas

Sumado a esto, la comunidad campesina Andrés Avelino Cáceres del distrito de Mara inició el viernes un paro preventivo de 48 horas, bloqueando, así el corredor minero, esto debido a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debía, a través de Provias Nacional, cumplir los compromisos asumidos en 2019 para el pago del justiprecio por los terrenos comunales y de comuneros por donde pasa el corredor minero. Sin embargo, hasta el momento, estos no han sido cumplidos.

Conflicto entre regiones

En una reunión llevada a cabo el miércoles 16 de febrero, autoridades y dirigentes de Apurímac, encabezadas por el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, acordaron exigir la anulación de las actas firmadas por el Gobierno y Las Bambas con las comunidades quechuas de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, ya que consideran que las comunidades de Apurímac son las únicas afectadas y, por lo tanto, deben ser las únicas beneficiadas y atendidas por parte del gobierno y la minera.

De esa manera, no quieren que las comunidades de Ccapacmarca, pertenecientes a la provincia de Chumbivilcas, sean consideradas como zona de influencia directa de Las Bambas. Según el gobernador Lantarón Núñez, las comunidades de Ccapacmarca, en Chumbivilcas, quieren ser consideradas como parte de la zona de influencia directa de Las Bambas para recibir canon y regalías mineras, cosas que no está considerado en la plataforma de lucha ni las agendas suscritas con el gobierno y la minera.

Hay que considerar que este pedido no es uno sin sustento, ya que está basado en un informe realizado por la OEFA. El informe detectó contaminación sonora y afectaciones al aire, al agua y a los suelos de las comunidades ubicadas en los distritos de Velille, Ccapacmarca, Santo Tomás, Chamaca, Livitaca y Colquemarca, en la provincia de Chumbivilcas.

Mediante la Resolución Directoral 00069-2019-OEFA, el organismo dispuso un conjunto de medidas para reducir los impactos ambientales en los distritos de Chumbivilcas y ordenó la modificación o actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de MMG Las Bambas, para incorporar en ese instrumento estas disposiciones e incluir a varias comunidades como zona de influencia social y ambiental.

Si bien, en el 2019 la empresa minera apeló las disposiciones ante la Sala Especializada en Minería, Energía y Actividades Productivas del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, cuestionando sus competencias y la calidad de la fiscalización ambiental realizada en el corredor, en enero de 2020, por mayoría, la sala confirmó la resolución del OEFA, por lo cual MMG Las Bambas debe cumplir todas las disposiciones establecidas.

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