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Un día como hoy, 16 de septiembre, hace 13 años, se realizó una consulta vecinal a las poblaciones de los distritos Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba,  frente a la pretensión del proyecto minero Majaz, hoy Río Blanco – de la minera Zijin-, de instalarse en los territorios de las dos provincias señaladas. Frente a las protestas realizadas por las rondas campesinas, profesores, comités vecinales, autoridades, debido a que los páramos, bosques de neblina, que nutren de agua a la región serían afectados por la minería, así como el desarrollo agrícola; los alcaldes de esos municipios realizaron una consulta vecinal, de acuerdo al artículo 197  de la Constitución que señala: “las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local”;  dando como resultado que más del 90% de la población votó a favor de la conservación de los ecosistemas y la agricultura y en contra de la explotación minera.

En ese entonces, la Defensoría del Pueblo respaldo la consulta vecinal realizada por los municipios y la importancia de la participación ciudadana para la toma de decisiones de la gente que vive en sus territorios. Sin embargo; hasta el día de hoy, la empresa minera, ahora de capitales chinos, continúa empleando estrategias de división de las comunidades para instalarse en la región y desarrollar su proyecto minero Río Blanco. El año pasado, la municipalidad provincial de Ayabaca le denegó el permiso a la minera Zijin para que instale sus oficinas en la provincia de Ayabaca. Hasta ahora la empresa minera continúa actuando en la región, a pesar de no tener ningún aval del Estado a todo nivel, ni en la localidad, ni por el Ministerio de Energía y Minas.

A continuación compartimos el pronunciamiento completo del Colectivo por Ayabaca, que reúne a profesores, dirigentes ronderos, profesionales, etc.

 

Pronunciamiento

¡AGUA SI,MINA NO!

Colectivo Por Ayabaca

 

¡VIVA EL 16 DE SEPTIEMBRE!

¡VIVA LA CONSULTA VECINAL!

¡VIVA AYABACA Y HUANCABAMBA !

 

1.- El año 2003 las comunidades campesinas de la sierra de Piura encararon  las políticas Neoliberales   impuestas por el estado peruano con el » Proyecto Minero Rio Blanco»

2.- El proyecto Minero Río Blanco antes Majas obtuvo ocho concesiones mineras  en 6,472 ha, para explotar cobre molibdeno y oro dentro de los territorios de las comunidades campesinas de «Yanta » Ayabaca y Segunda y Cajas » Huancabamba, afectando las  nacientes de agua de las cuencas de los ríos Quiroz (que irrigan la región de Piura ) y del Chinchipe (región Cajamarca )

3.- El proyecto Minero Río Blanco nunca ha contado con el permiso de las comunidades campesinas de la zona , al contrario ha recibido un rechazo rotundo de la poblacion, más cuando esté   pretende imponerse con  descrimacion,  corrupción y violencia.

4.- En el 2004 y el  2005, miles de campesinos se movilizaron hacia al campamento minero  ilegal y fueron reprimidos brutalmente dentro de su territorio  por la policía, dejando a comuneros muertos, mutilados, decenas de torturados, judicializados, y un pueblo movilizado.

5.- Posteriormente se inició  diálogo con el gobierno central que fracasó en mayo del 2006, por falta de voluntad  del Ministerio de Energía y Minas, que dejo al caso sin ningún canal institucional que facilitara  una salida pacífica al conflicto con el poder central.

6.- Ante esta situación, las Comunidades Campesinas recurren, al poder más cercano, los gobiernos locales para hacer uso del “mecanismo de participación ciudadana” a fin de consultar a la población sobre el desarrollo de actividades mineras en sus  territorios.

7.- La participación ciudadana  es un derecho reconocido por la Constitución y las leyes nacionales, y faculta a las municipalidades a través de ordenanzas , crear mecanismos  para su ejercicio,  sobre: planificación, desarrollo y  medio ambiente enmarcado por la Constitución Política del Perú, la Ley General del Ambiente y el Convenio Internacional 169-OIT.

8.- Fue así que los pueblos de la sierra norte conscientes de su realidad y de la presencia de un conjunto de concesiones mineras en las nacientes de las agua, respondieron con un rotundo “NO” el 16 DE DE SEPTIEMBRE  DEL 2007 ,  que coincide con  dictámenes oficiales sobre la necesaria conservación de la biodiversidad, del corredor biológico Tabaconas Namballe-Podocarpus y de la cuenca Binacional Catamayo-Chira.

9.- La consulta vecinal es un rotundo NO al proyecto Río Blanco el cual se ubica dentro de la zona denominada ‘bosque de neblina’, y “zona de paramos” que según  especialistas es una especie de ’esponja que captura, filtra y distribuye el agua, del que depende la costa desértica de Piura.

10.-   Los posibles impactos del proyecto minero en el ambiente, en particular en el agua, y el desarrollo agrícola es un tema de agenda de las poblaciones de la región Piura y las provincias de Jaén y San Ignacio en la región de Cajamarca.

11.- Estás preocupaciones han sido recogidas por Perú Support Group (PSG) en el Informe “Minería y Desarrollo en Perú sobre Proyecto Río Blanco en Piura”,  afirmándose que “buena parte del territorio de Piura está constituido por tierras desérticas o semi desérticas, y su agricultura depende mucho de la cantidad y calidad del agua de la sierra  donde se ubica el proyecto Río Blanco” y que dicho proyecto constituiría el inicio de un “distrito minero” más grande en la región.

12.- El resultado de la Consulta significa un NO AL DISTRITO MINERO que el Proyecto Río Blanco ante Majas ha pretendido ocultar. Hace años ha venido desinformando a las Comunidades Campesinas de Yanta (Ayabaca) y de Segunda y Cajas (Huancabamba) sobre sus reales pretensiones de explotación minera en el yacimiento del cerro Huamaní, publicitándose como un proyecto focalizado solo en el cerro Henry Hill (cuenca del río Chinchipe) pero ocultando su extensión a la vertiente occidental del yacimiento (cuenca del río Quiroz).

13.- El significado del “NO” es una afirmación por el derecho de los pueblos a orientar su modelo de desarrollo sustentable, en tiempos de descentralización y democracia, y de un contexto de acelerado cambio climático que convierte al AGUA en el recurso estratégico para la vida, derecho fundamental de las generaciones actuales y venideras.

14.- El “NO” para una región como Piura significa no aceptar un escenario de ALTO RIESGO para las nacientes de aguas que discurren desde las alturas, pasando por los valles hasta las ciudades, de la que dependen nuestra economía y salud pública, así, este resultado protege verdaderamente el BIEN COMÚN REGIONAL.

15.- La Consulta Vecinal del 16 de septiembre de 2007, fue un ejercicio democrático y descentralista de  mujeres y varones por la protección de las cabeceras de cuencas de aguas en la zona andina de nuestra región, quienes dando muestras de civismo ejemplar participamos en la CONSULTA VECINAL de manera voluntaria y no obligatoria, ni multada como los  procesos electorales del JNE, que a pesar del boicot masivo promovido por el gobierno central, , declarándola de ilegal, amenazas judiciales, prohibición del uso de locales escolares;  a pesar de las distancias y dificultades propias de la geografía andina; del alineamiento del gobierno central y de la mayoría de los medios de comunicación en la defensa a ultranza de la gran actividad  minera transnacional, la  Defensoría del Pueblo declaro a la Consulta Vecinal como un hecho legítimo.

16.- El “NO”a la minería que han expresado más del 90 por ciento de la población de los tres distritos piuranos  el 16 septiembre del 2007 se traduce en un explícito y contundente SÍ  a la agricultura y la  defensa de la  Biodiversidad.

17.-  Por ende, esto se traduce en la defensa de una política de seguridad alimentaria, y la  necesidad de potenciación de la agricultura familiar,  una actividad primordial para vida en medio de está  pandemia.

18.- La consulta contó con la observación de la Asociación Civil Transparencia y más de 22 observadores internacionales de Alemania, Bolivia, Canadá, Ecuador, España, Inglaterra y Suiza.

19.- El gobierno central ha señalado que la consulta no es vinculante legalmente,  por ello las Rondas Campesinas se mantienen en  pie lucha   hasta que el  Congreso de la  República emita el carácter de ley de la  «Consulta Vecinal» en  concordancia con los convenios internacionales.

 

¡AGUA SI,  MINA NO!

¡VIVA EL 16 SEPTIEMBRE!

Colectivo por Ayabaca

Los dirigentes ronderos de la Central de Rondas de Hualcuy, Víctor Acha Jiménez y Eswin Acha Santos, que viven en el caserío el Frutal de la comunidad campesina de Yanta, perteneciente al distrito y provincia de Ayabaca; fueron intervenidos violentamente a las 5am en su hogar por 10 efectivos de la Policía Fiscal de Sullana, al tener una orden de conducción compulsiva de la Fiscalía de Sullana. Orden que ellos desconocían, al no haber recibido la notificación correspondiente.

Acusación

Los dirigentes son acusados por la señora Elvia Majuab Moreno que vive en el mismo caserío, el Frutal; y, alude, fue retenida y golpeada por los ronderos a inicios de año en Sullana, debido a que no comparte la oposición al proyecto minero de la empresa Río Blanco Copper, como sí lo hacen los ronderos acusados.

Los dirigentes señalan que la señora Majuab es aliada de la empresa minera china. Y que el día de los supuestos hechos que son materia de la investigación preliminar fiscal, ellos no se encontraban en Sullana; sino en Matará, Ecuador, uno de ellos. Y los otros dos, en la comunidad de Yanta. 3 dirigentes son acusados por la señora Majuab. A 2 los intervinieron hoy, y la otra persona fue a la cita tras enterarse de los hechos; ya que tampoco había recibido la notificación de la orden de conducción compulsiva de la Fiscalía para que declare de grado o fuerza en Sullana.

Hace un mes los dos dirigentes detenidos fueron golpeados por personas vinculadas a la empresa minera, denunció uno de sus familiares. Es importante recordar que, en años pasados, el 2005, trabajadores y policías al servicio de la empresa Majaz, hoy Río Blanco, secuestraron y torturaron a 28 comuneros de Yanta y Segúnda y Cajas, de Ayabaca y Huancabamba.

Notificaciones irregulares

La primera audiencia de la Primera Fiscalía de Sullana en la que debían declarar los dirigentes acusados fue reprogramada debido a que el mismo día de la audiencia les llegó la notificación en Yanta, y para ir desde esa comunidad hasta Sullana, es casi un día de viaje. La segunda audiencia pasó lo mismo. Los dirigentes encontraron la notificación debajo de una piedra cerca a su casa el mismo día de la audiencia; pero la Fiscalía no reprogramó la sesión para otra fecha.

El 4 de febrero se emitió el oficio 106-2020-MP de la primera Fiscalía Provincial Penal de Sullana, por la investigación de los presuntos delitos de retención física y la generación de lesiones a la señora Elvia Majuab. Sin embargo, el oficio llegó primero a la policía, a la que le solicitan apoyo para conducir de grado o fuerza a los dirigentes acusados; y no a los ronderos de Yanta. ¿Por qué la Fiscalía no ha notificado a tiempo a los dirigentes en todo el proceso de investigación preliminar fiscal?

Dirigentes denuncian a la policía tras intervención

Tras realizarse la intervención, y los ronderos ser conducidos a la Fiscalía de Sullana para que declaren sobre los hechos de la denuncia; los dirigentes, conjuntamente con sus abogados, denunciaron a la policía por su intervención violenta. Y, además, lograron tener acceso al acta de orden de conducción compulsiva, para que sea materia de investigación, conjuntamente con los hechos que se desarrollaron arbitrariamente.

RED MUQUI lamenta que el Estado peruano haya suscrito un convenio con la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes minera Majaz y hoy subsidiaria del consorcio minera Zijin), sin haber brindado ningún tipo de información al pueblo, ni a las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba (región Piura) y tampoco a las de San Ignacio (región Cajamarca).

Con el fin de promover el proyecto minero Río Blanco en territorios comunales, el Estado no aplicado el derecho a la consulta previa en dichas zonas, y nuevamente, se viene vulnerando lo señalado en el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política del Perú que reconoce la autonomía de estas comunidades campesinas.

Es necesario recordar que en el setiembre del año 2007, las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), llevaron a cabo una consulta vecinal en la que 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas.

Es por ello, que desde la RED MUQUI rechazamos que nuestro gobierno acepte y promueva que éste tipo de empresas inviertan en nuestro país, aún cuando han cometido violaciones a los derechos humanos (el proyecto Río Blanco ha causado la muerte de 10 personas) y afectaciones a los ecosistemas frágiles y el medio ambiente.

En ese sentido, mostramos nuestra preocupación por las facilidades que el Estado brinda a la inversión, con una nueva regulación normativa que ha permitido el debilitamiento de las instituciones ambientales y sociales -con los paquetazos ambientales- que proyectos de este tipo se ejecuten, pese a que se afectan derechos humanos y colectivos, y ecosistemas frágiles y fuentes de recursos hídricos.

Consideramos que el retorno de la empresa Río Blanco Copper S.A. podría acarrear graves impactos en la vida y salud de las personas, así como, en nuestra naturaleza y en las actividades económicas enraizadas en dichas tierras, como la agricultura y ganadería de las que nuestras comunidades y poblaciones dependen.

Asimismo, con el aval que le ha permitido la suscripción del citado convenio con el Estado peruano, y el respaldo del Presidente de China durante la APEC, la empresa minera viene generando división y enfrentamiento entre las organizaciones, por medio de la entrega de dádivas a determinadas personas por trabajos ocasionales y la cooptación de dirigentes.

Es por ello, que desde la RED MUQUI demandamos que se cumplan las normas nacionales e internacionales que amparan los derechos de las comunidades y poblaciones locales, antes de tomar cualquier decisión que los afecte, como en el caso del proyecto minero Río Blanco y de cualquier otro proyecto de inversión.

Esperamos que el diálogo -instrumento al que siempre han recurrido las comunidades de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio para resolver sus problemas- sea el que impere, a fin de canalizar las preocupaciones de las organizaciones sociales y sus autoridades; evitar mayor conflictividad, y considerar las propuestas de las comunidades y poblaciones, quienes buscar mayor apoyo estatal para promover sus actividades económicas de desarrollo sostenible, como son la agricultura, agricultura ecológica, ganadería y el turismo sostenible.

Lima, diciembre de 2016

RED MUQUI