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El viernes 28 de julio, a través del Proyecto de Ley N° 05633/2023-PE, el Ejecutivo propuso incorporar la denominada Policía de Orden y Seguridad a la categorización de la Policía Nacional del Perú, el cual no formará parte de la carrera policial per se sino que será parte de una “estrategia” para atender el déficit de personal.

La propuesta genera zozobra por el contexto de las constantes movilizaciones en contra del régimen debido a que el artículo 6 del proyecto especifica que la Policía de Orden y Seguridad “tiene facultad de autoridad policial con capacidad coercitiva y posibilidades de uso de la fuerza”, además, de acuerdo con la exposición de motivos, “la capacitación será de 6 meses a un año como máximo y una menor remuneración mensual en función de la actividad funcional asignada”. Por otro lado, el artículo 17 destaca la designación del superior policial que ejercerá comando y supervisión directa sobre el Policía de Orden y Seguridad.

Los tres presupuestos jurídicos señalados, por lo tanto, dan cuenta de que la nueva categorización tendrá la misma potestad coercitiva que un policía instruido con más años, asimismo, contarán con una capacitación breve e insuficiente en el manejo de armas y defensa personal; y, exigirá ocupar el tiempo de un oficial por la supervisión que necesitan al realizar sus actividades. En pocas palabras, la creación de esta figura implica que las nuevas fuerzas policiales puedan cometer abusos de autoridad y/o usos ilegítimos de la fuerza por su falta de entrenamiento adecuado con enfoque de derechos humanos y basados en la proporcionalidad y la no discriminación.

En ese sentido, desde la Red Muqui exigimos mayor congruencia en la formulación de los proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo, ya que existen estándares internacionales de capacitación de armamento en el marco de la protección de la población que se debe cumplir a cabalidad por los tratados internacionales en materia de DDHH ratificados con anterioridad. De otro lado la imagen que hoy tiene la población sobre la PNP es de una institución abusiva y de impunidad debido a las graves violaciones a los DDHH que se han cometido en las recientes movilizaciones en el sur andino peruano y que han sido constatados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Para mayor información sobre el contenido del Proyecto de Ley, click aquí.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, el titular de la PCM Alberto Otárola y un grupo de ministros han sido denunciados hoy por la congresista Ruth Luque ante la Fiscalía de la Nación por homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones en contra del gobierno en las últimas semanas que han dejado a 45 personas muertas y más de un centenar de heridos.

La denuncia responsabiliza a los miembros del Poder Ejecutivo por las muertes y heridos registrados en Andahuaylas, Huamanga, Pichanaki y Juliaca. En una publicación en sus redes sociales posterior a la acción judicial la representante de Cusco exigió que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debe actuar con urgencia en defensa de la vida e integridad.

Hay que recordar que Luque también presentó una denuncia constitucional contra la mandataria y miembros de su gabinete ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por infracción a la Carta Magna y homicidio calificado.

La denuncia penal de la congresista se suma a otra acción similar contra la mandataria por los delitos de crimen organizado, genocidio y homicidio calificado entre otros, que presentaron durante esta jornada abogados del estudio Quiroz de Juliaca.

La demanda presentada en dicha ciudad también alcanza como autores mediatos al presidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, a los ministros de defensa y del Interior, Jorge Chávez y Víctor Rojas, respectivamente y a Carlos Bravo Jefe de la Macro Región Policial de Puno.

En los fundamentos de la acción penal los abogados demandantes exponen “que el actuar delictivo de las fuerzas del orden expresa el modus operandi en el actual contexto de conflicto, pues no son acciones aisladas sino esas muertes se producen con similar propósito a las ocurridas en las ciudades de Apurímac, Cusco, Arequipa, Ayacucho, entre otros; es decir, estas acciones son planificadas y dirigidas, con el claro objetivo de causar las muertes…”

Según expresan en la denuncia “….nada puede justificar que el Estado cometa GENOCIDIO, HOMICIDIO CALIFICADO y otros, cause las muertes de ciudadanos, bajo ningún contexto». De acuerdo a las pruebas aportadas se evidencia según los letrados que la acción represiva tiene como objetivo claro  “desaparecer las manifestaciones, y dejar como lección a la población del poderío estatal organizado”.