Listado de la etiqueta: matarani

Opinión: «Respaldo a Tía María es una señal que la inversión importa más que las personas»

,

En RED MUQUI acompañamos desde el año 2009 a la población organizada del Valle de Tambo en la provincia de Islay en Arequipa en la defensa de sus derechos frente a la imposición del proyecto minero Tía María, y no podemos estar ajenos, una vez más, a las decisiones que toma otro gobierno, ésta vez el del Señor Presidente de la República, Martín Vizcarra, respecto de favorecer la realización del citado proyecto.

Nos referimos a la resolución final del Consejo de Minería, instancia administrativa del Ministerio de Energía y Minas, que finalmente ha declarado improcedentes los recursos de revisión presentados por el Gobierno Regional de Arequipa , la Junta de Usuarios de Riego de Valle de Tambo y la Asociación Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca y Anexos, respecto de la Resolución N° 0328 -2019-MINEM-DGM/V de la Dirección General de Minería que aprobó el otorgamiento de la Licencia de Construcción de la Planta de Beneficio del Proyecto Tía María.

Reiteramos que el proyecto minero, como lo han previsto especialistas nacionales e internacionales, es un grave riesgo para el Valle de Tambo por el probado impacto que la explotación de los dos tajos abiertos, La Tapada y Tía María, generaría en las fuentes hídricas superficiales y subterráneas; en las actividades económicas agrícolas y agroindustriales del valle; en el empleo a nivel macro regional; y por consiguiente en la salud y medios de vida de las poblaciones del Valle de Tambo y la provincia de Islay.

Lamentamos que no se hayan considerado hasta ahora los antecedentes de 12 infracciones cometidas por la empresa minera Southern Perú en Moquegua por impactos ambientales generados en Ilo, según el Ministerio Público; así como la carta que las poblaciones afectadas en México por el Grupo México, al que pertenece Southern, y que le hicieran llegar al Presidente Vizcarra, informando los graves impactos ambientales y sociales generados por la mencionada transnacional, en que resultaron personas fallecidas y heridas.

Es lamentable que los grupos de poder económico, en particular del sector minero, hayan nuevamente presionado al gobierno, aprovechando la coyuntura política y el impulso del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, para insistir en la realización del proyecto minero. Nuevamente, días después de presentada la “Agenda País 2.0” por la CONFIEP al Presidente Vizcarra, como ocurrió cuando se aprobó en julio la licencia de construcción en cuestión, luego de algunos días de ser presentada dicha agenda en su versión 1.0; es que finalmente se confirma la licencia.

El gobierno tuvo en sus manos la oportunidad de abordar el problema, dando una solución política y pacífica al conflicto generado por el proyecto minero Tía María. Es su responsabilidad no haberla aprovechado, priorizando su relación con el empresariado y subestimando y atizando con ello la conflictividad, no sólo en Arequipa, sino en toda la macro región sur.

Consideramos que la anunciada intervención preventiva de OEFA en el caso de revisión del EIA del proyecto minero Tía María, si era tal pudo haberse realizado antes y no en éste momento de convulsión social; y en todo caso no va a generar un cambio en la realización o no del mismo, porque sólo podría propiciar una modificación de EIA como ha adelantado Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente, pero en la lógica de realizarse el proyecto; que es con lo que no está de acuerdo la población del Valle de Tambo.

Luego de la resolución del Consejo de Minería, lo que si queda claro es que el proyecto minero legalmente ya puede iniciar sus operaciones, pues la exigencia de la “licencia social” tan insistida por el gobierno, no exige una aprobación en particular de la instancia competente; es sólo una exigencia “declarativa”. Es por este tema y otras medidas que el caso Tía María exige la necesidad de una nueva ley general de minería y la revisión de los marcos legales complementarios de los demás sectores involucrados.

El caso también nos plantea la necesidad de ampliar el debate por la protección de nuestras tierras agrícolas productivas a nivel nacional, que sólo ocupan el 6% del territorio nacional, y como en el caso de un Valle tan productivo como el de Tambo no tiene ningún nivel de protección que permita mantener los recursos necesarios para cubrir nuestra canasta familiar.

Finalmente, el caso Tía María es uno de los primeros casos en que ya se ha aplicado la figura de los “activos críticos” con el puerto de Matarani, y con ello la intervención de las fuerzas armadas en un conflicto social, lo que es un serio riesgo pues se desnaturaliza su función, y se pone en mayor riesgo a una población que ya sufre 10 años continuos de intervención policial y conflicto, con el gran impacto en la salud mental que ello genera en la población.

Pese a la decisión del Consejo de Minería, aún el gobierno del Presidente Vizcarra tiene en sus manos el logro de una salida política y pacífica, y así evitar un avivamiento del conflicto socio ambiental. Recordemos que en setiembre del 2009, en consulta popular realizada en la provincia de Islay, más del 90% de la población ya había decidido priorizar su actividad agrícola rechazando la actividad minera por el riesgo que ésta conlleva.

/por

Tía María: 2da persona herida de bala en Matarani – Arequipa

,

Actualización

Frente a las recientes declaraciones del general Ugaz y otras personas en redes, respecto a que el joven Carlos Tapia Chino no habría sido herido por una bala, porque el impacto en su cuerpo no generó mayor gravedad en su estado de salud. Y porque se observa en la foto una bala sin percutar; el abogado de la persona herida, Arturo Dueñas, que grabó cuando la ambulancia llegaba con el herido al hospital, señaló en sus redes a las 10pm el día de ayer: «Gracias a Dios el proyectil perdió potencia en el ingreso del cuerpo de Carlos, a esta hora culminó la presente diligencia, mañana continúan las diligencias para el esclarecimiento de hechos materia de la presente investigación y se encuentre él o los responsables de hecho ilícito». Como fue difundido en redes, la ambulancia llegó al Hospital con la persona herida y la enfermera mostró la bala que le sacó al cuerpo de la persona herida.

Noticia desarrollada durante el día el 7 de Agosto

Se confirma segunda persona herida producto de los enfrentamientos entre la policía y la población en Matarani, el día de hoy, 7 de agosto, aproximadamente a las 5pm. Carlos Tapia Chino, joven de 21 años, fue llevado en ambulancia desde el lugar de los enfrentamientos en Matarani hacia el Hospital de la ciudad de Mollendo. En la ambulancia, la enfermera pudo sacarle la bala que estaba alojada en la parte alta derecha del pecho del joven manifestante.

Mujer también herida

A la fecha se suman ya 2 heridos de bala. La primera persona herida de bala fue Anabella Pucho, herida el lunes 5 de agosto en la misma zona de enfrentamientos de Matarani en que acaban de herir al joven Carlos Tapia. La joven Anabella se encontraba sentada en uno de los cerros junto a su madre observando la protesta, luego de haber estado vendiendo agua a los manifestantes, cuando de pronto sintió un fuerte dolor en su brazo que la hizo sangrar.Inmediatamente su madre y las personas que estaban ahí llamaron a la ambulancia. Los médicos del hospital de Mollendo acordaron trasladarla al Hospital Honorio Delgado de Arequipa para que la puedan tratar, y porque en palabras de la madre que acompañaba a la hija herida: «los doctores no querían decir que era bala y la enviaron a Arequipa para la atención. Señalaron que en Mollendo no había recursos para atenderla. Si no atienden rápido perdería el brazo me dijeron. Entre ellos hablaban de bala pero no querían decir que era ello. Estaban nerviosos».

Al llegar al hospital de Arequipa, los médicos le confirmaron a Anabella que la fractura de su brazo se debía a la entrada y salida de una bala, según testimonio de la paciente y de su madre. La radiografía señaló rotura del húmero. Los médicos estaban a la espera de que baje la hinchazón del brazo para poderle hacer una tomografía y posteriormente realizarle una operación quirúrgica.

Asimismo, la madre señaló a la prensa que no tiene recursos económicos y que el Seguro Integral Social (SIS) solo le crube algunos medicamentos. Finalmente, la madre de familia señaló que exijirá justicia para que se ubique a los policías responsables del disparo. «Los policías estaban a 50 metros en el cerro del frente», precisó indignada frente al discurso de quiénes dicen que podría ser producto de un perdigón la herida causada a su hija. Un perdigón a 50 metros de distancia no causa un orificio en el brazo y rompe el hueso, finalizó.

 

 

Ministro del Interior

Durante el lunes 5 de agosto, en horas de la noche, frente a la información de que habría una persona herida de bala en Matarani – en referencia a Anabella Pucho-; el ministro del Interior, Carlos Morán, en la cuenta de twitter del MININTER, desmintió que haya una persona herida de bala y señaló que la policía no usa armas letales.

Cabe recordar que durante la visita de la Misión de Observación de Derechos Humanos a Arequipa el 22 y 23 de julio; la Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asamblea Nacional de Centros, y Amnistía Internacional, al sostener una reunión con el jefe de la IX Macroregión policial del Sur, el general William Ugaz; sostuvo que la PNP no estaba usando armas de fuego en Valle de Tambo. Cosa que fue desmentidacuando la Misión de DD.HH llegó a Valle de Tambo y observó que algunos policías portaban armas AKM en la carretera donde se produjeron los enfrentamientos.

 

 

Ahora queda demostrado que la PNP sí ha estado usando armas letales como se observa en la foto adjunta y cómo se observa en otras fotos que circulan en redes sociales sobre la protesta en Matarani.

Pronunciamiento de la Red Muqui

Dado los acontecimientos señalados y la resolución suprema emitida el domingo por el presidente Vizcarra, refrendado por los ministros del Interior y Defensa; la Red Muqui, que agrupa a 29 instituciones del país, señala: Demandamos cese de militarización y decisión definitiva del gobierno sobre imposición del Proyecto Minero Tía María.

Extracto del Pronunciamiento:  exigimos el cese de los actos brutales de represión de parte de la Policía Nacional en contra de la población de Valle de Tambo que desde el año 2009 en la consulta popular que realizaron, ha mostrado en su abrumadora mayoría su rechazo a la imposición del proyecto minero Tía María, y que requiere de parte del gobierno del Presidente Vizcarra una decisión definitiva que dé un paso atrás en la pretensión de la empresa minera Southern y la CONFIEP, de imponer un proyecto con el uso de la fuerza; evitándose así un conflicto con consecuencias más graves, y generando una situación de pleno respeto del derecho de la población de Valle de Tambo a decidir sobre sus medios de vida y de expresarse públicamente.

Prensa Red Muqui

/por

Demandamos cese de militarización y decisión definitiva del Gobierno sobre imposición de proyecto minero Tía Maria

,

RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

  1. Lamentamos la actitud incongruente y prepotente del Gobierno del señor Vizcarra respecto a la imposición del proyecto minero Tía María de la empresa mexicano-norteamericana Southern Perú Copper Corporation en el Valle de Tambo, provincia de Islay en Arequipa; como parte de una estrategia económica, que prioriza la aplicación de la “Agenda País” de la Confiep y la explotación sin control de nuestros recurso naturales por parte de empresas extractivas, que afecta derechos fundamentales de las comunidades y poblaciones ubicadas dentro o alrededor de esos proyectos mineros.
  2. El gobierno, por palabras del propio Presidente, busca una salida “dialogada” al conflicto, que éste mismo ha generado al otorgar la “licencia de construcción” a la empresa; sin tener en cuenta la oposición abrumadoramente mayoritaria de la población. Sin embargo, al mismo tiempo, abdica de su rol constitucional de garante de los derechos de las personas; asumiendo un papel violador de derechos fundamentales, al dictar una serie de medidas y tomar decisiones que ponen en riesgo la integridad física, libertad personal, y derecho a la legítima protesta social de la población de Valle de Tambo que ya sufre 10 años de constante asedio policial y agresión por el hecho de defender sus modos de vida basados en la agricultura, agroindustria y agro exportación.
  3. Desde Red Muqui habíamos ya alertado, que nuevamente el Valle de Tambo se podría convertir en un laboratorio de aplicación de medidas de criminalización y represión de la protesta social. En efecto, primero fue la aplicación de la figura delictiva de crimen organizado, a través de la Asociación Ilícita para Delinquir, tratando a los representantes de las organizaciones sociales, que son reconocidos como defensoras y defensores de derechos humanos (por el reciente Protocolo de Protección publicado por el Ministerio de Justicia y los tratados internacionales de derechos humanos); como si fueran una banda de delincuentes comunes. Lo que incluso ha ocurrido recientemente en Arequipa con informes de inteligencia que los califica de “radicales y violentistas”.
  4. Finalmente se ha aplicado en el caso Tía María, el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), arguyendo que las instalaciones del Terminal Portuario de Matarani corrían el riesgo de ser afectadas. La aplicación de la inconstitucional norma administrativa de Activos Críticos, que permite la intervención de las Fuerzas Armadas y con ello la “militarización” en un conflicto social; desnaturaliza el rol constitucional que estas juegan en la defensa nacional, permitiendo que intervengan en el orden interno. Tarea que compete, por mandato de la propia Constitución, a la Policía Nacional; con los riesgos que ello conlleva en el uso de armas de fuego de largo alcance, calificadas como letales y prohibidas, en una eventual represión.
  5. Hay que destacar que en la Misión de Observación de Derechos Humanos en la que recientemente RED MUQUI participó junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Centros, pudimos comprobar in situ, pese a la negativa del Jefe de la IX Macro Región Policial en Arequipa, que la Policía Nacional sí intervenía en la represión del conflicto con armas de fuego letales, de largo alcance, y no sólo con armas disuasivas como establecen las normas sobre el uso debido de la fuerza. Lo que fue corroborado por los propios policías a quienes entrevistamos en el cuartel Chucarapi en Valle de Tambo.
  6. A ésta medida se suma el lamentable rol que está jugando el Ministerio Público en Arequipa; que está abdicando de su obligación constitucional de investigar un hecho delictivo para perseguirlo penalmente y; por el contrario, solicita a los profesionales de la salud en la provincia de Islay, que entreguen las prendas de las personas heridas, restos de proyectiles de armas de fuego, etc, como consecuencia de las acciones de represión policial; a la propia policía cuestionada por estar acciones brutales de represión. Lo que, sin duda, pone en riesgo los medios probatorios para futuros procesos que puedan establecer responsabilidades en violaciones de derechos humanos de parte de la policía en su accionar.

Por todo ello exigimos el cese de los actos brutales de represión de parte de la Policía Nacional en contra de la población de Valle de Tambo que desde el año 2009, a través de la consulta popular que realizaron, ha mostrado en su abrumadora mayoría su rechazo a la imposición del proyecto minero Tía María; y que requiere de parte del gobierno del Presidente Vizcarra una decisión definitiva que dé un paso atrás en la pretensión de la empresa minera Southern y la CONFIEP, de imponer un proyecto con el uso de la fuerza; evitándose así un conflicto con consecuencias más graves, y generando una situación de pleno respeto del derecho de la población de Valle de Tambo a decidir sobre sus medios de vida y de expresarse públicamente.

07 de agosto del 2019

/por

Intervención de Fuerzas Armadas en Matarani – Islay es ilegal e inconstitucional

,

El día de ayer, 04 de agosto, se publicó en El Peruano la resolución suprema N° 080 – 2019, que autoriza la “intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. La resolución suprema es emitida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendada por el ministro del Interior y Defensa. Ello en virtud de la solicitud del Comandante General de la PNP – mediante Oficio N° 1054-2019-CG PNP/SEC-, que pide apoyo a las FF.AA para garantizar el orden interno frente a las protestas, ya que “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”, como señala la resolución suprema.

Paro Total

Como es de conocimiento público, el día de hoy inició la huelga indefinida en Arequipa, y todas las provincias han paralizado sus actividades; participando activamente comerciantes de los diferentes mercados, sindicatos de trabajadores, agricultores, transportistas, etc. La población de Mollendo – provincia de Islay-, donde se ubica el puerto de Matarani, también está protestando y producto de la represión de la policía ha resultado herida Anabella Pucho Uscamayta, Natural del Distrito de Dean Valdivia, quien fue llevada inmediamente en ambulancia al hospital Manuel De Torres Muñoz, junto a su madre.

La población de Mollendo protesta por el impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero que pertenece a Matarani, debido que al desalinizar el agua del mar para el proyecto Tía María, se pondría en riesgo la actividad de la pesca artesanal en Mollendo.

Resolución ilegal

Como se observa en la resolución suprema emitida; esta se sustenta en el anterior Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales–ACN; que hemos criticado anteriormente con un Pronunciamiento por ser ilegal. Esta norma permite la intervención de las FFAA cuando se pone en riesgo instalaciones del Estado que permiten efectivizar sus capacidades nacionales para el desarrollo de sus actividades. Es muy amplio y permite aplicarlo al transporte marítimo para las exportaciones, entre ellos también las actividades mineras, como ha sucedido con la norma publicada hoy. El puerto de Matarani sirve para que exporten sus minerales varias empresas mineras que operan en el sur. Pero también es cierto que el marco normativo de la PNP establece que la policía es la responsable del orden interno, y a nivel constitucional ello está refrendado.

La resolución suprema también se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”, sin embargo; según el abogado y director de FEDEPAZ, David Velazco: la Constitución establece que solo hay una excepción en la que las FF.AA pueden entrar a controlar el orden interno y ello se da cuando hay una declaración de Estado de Emergencia previa, que además debe estar debidamente justificada. Ello supone un acuerdo de Consejo de Ministros, y luego dar cuenta al parlamento. “En este caso se están saltando la valla y solo a través de una resolución suprema están haciendo intervenir a las fuerzas armadas”, precisó Velazco, que también es parte de la Red Muqui. Además de la Constitución, se estaría contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado peruano es parte; señaló finalmente.

Lo que se hace con estas normas es desnaturalizar el rol constitucional de las fuerzas armadas, posibilitando el uso desproporcionado de la fuerza con el uso de armas de fuego de largo alcance (de guerra) en el mantenimiento del orden interno, que no le compete a las FF.AA sino a la policía nacional.

/por

Red Muqui rechaza intervención de Fuerzas Armadas en Islay (Matarani)

,

El día de hoy fue publicado en El Peruano la resolución suprema N° 080 – 2019, que autoriza la “intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. La resolución suprema es emitida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendada por el ministro del Interior y Defensa. Ello en virtud de la solicitud del Comandante General de la PNP – mediante Oficio N° 1054-2019-CG PNP/SEC-, que pide apoyo a las FF.AA para garantizar el orden interno frente a las protestas, ya que “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”, como se señala en la resolución suprema.

Huelga Indefinida

Como es de conocimiento público, este lunes 5 de agosto desde las 00 horas, inicia la huelga indefinida en Arequipa, y diversas organizaciones y población de todas las provincias, incluyendo a la población de Mollendo – provincia de Islay-, donde se ubica el puerto de Matarani, han acordado implementar la medida de fuerza.

La población de Mollendo protesta por el impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero que pertenece a Matarani, al desalinizar el agua del mar para el proyecto Tía María; situación que pone en riesgo la actividad de pesca artesanal en Mollendo.

Resolución ilegal

Como se observa en la resolución suprema emitida; esta se sustenta en el anterior Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales–ACN; que hemos criticado con un Pronunciamiento por ser ilegal. Esta norma permite la intervención de las FFAA cuando se pone en riesgo instalaciones del Estado que permiten efectivizar sus capacidades nacionales para el desarrollo de sus actividades. Es muy amplio y permite aplicarlo al transporte marítimo para las exportaciones, entre ellos también las actividades mineras, como ha sucedido con la norma publicada hoy. Pero también es cierto que el marco normativo de la PNP establece que la policía es la responsable del orden interno, que a nivel constitucional está refrendado.

La resolución suprema también se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”, sin embargo; según el abogado y director de FEDEPAZ, David Velazco: la Constitución establece que solo hay una excepción en la que las FF.AA pueden entrar a controlar el orden interno y ello se da cuando hay una declaración de Estado de Emergencia previa, que además debe estar debidamente justificada. Ello supone un acuerdo de Consejo de Ministros, y luego dar cuenta al parlamento, añadió. “En este caso se están saltando la valla y solo a través de una resolución suprema están haciendo intervenir a las fuerzas armadas”, precisó Velazco, que también es parte de la Red Muqui. Además de la Constitución, se estaría contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado peruano es parte; señaló finalmente.

Lo que se hace con estas normas es desnaturalizar el rol constitucional de las fuerzas armadas, posibilitando el uso desproporcionado de la fuerza con el uso de armas de fuego de largo alcance (de guerra) en el mantenimiento del orden interno, que no le compete a las FF.AA sino a la policía nacional.

Finalmente, como Red Muqui rechazamos esta intervención militar y llamamos al presidente Vizcarra a respetar la voluntad popular de todo el Valle de Tambo y la provincia de Islay, dando una respuesta positiva a la cancelación de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, que está en revisión hace unos días en el Ministerio de Energía y Minas. Las observaciones graves al Estudio de Impacto Ambiental de Tía María se siguen manteniendo y no han sido debidamente levantadas.

Reiteramos, como lo hemos estado señalando en redes sociales, que estaremos atentos junto a la Misión de Derechos Humanos que integramos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asamblea Nacional de Centros y Amnistía Internacional, para denunciar cualquier posible violación de derechos humanos de parte de la policía y las fuerzas armadas en el marco de la legítima protesta del Valle de Tambo.

/por