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Grupo Perú Ambiente y Clima insta a intensificar esfuerzos para cumplir compromisos climáticos

Las instituciones y redes integrantes del Grupo Perú Ambiente y Clima saludamos que numerosos países -incluyendo al Perú y Francia en una declaración conjunta- hayan expresado su respaldo al Acuerdo de París ante el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país de dicho l Acuerdo. Para concretar este respaldo, instamos a los otros 194 países firmantes a intensificar sus esfuerzos y aumentar la ambición de sus compromisos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y de adaptación. Solo de esta forma se podrá alcanzar la meta de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados y aumentar la capacidad de adaptación, la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, respetando el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad.

La decisión del gobierno de Trump refleja la miopía de la actual administración estadounidense que no reconoce que procesos globales como el cambio climático afectan a todos los países y no puede ser enfrentado bajo esquemas de competitividad. La administración Trump justifica su decisión con el argumento que el Acuerdo de París perjudica los intereses económicos de Estados Unidos, ya que obstaculizaría sus planes para impulsar la industria de hidrocarburos, especialmente el carbón. También denuncia que los compromisos del Acuerdo de París no han sido lo suficientemente estrictos para países como China o la India que registran emisiones GEI pero que con otros países en desarrollo exigen miles de millones de dólares de ayuda por parte de los países desarrollados.

Este razonamiento no toma en cuenta el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, que reconoce que históricamente los países desarrollados han emitido más gases de efecto invernadero para desarrollar sus economías que los países en desarrollo, y por lo tanto, no se les puede exigir lo mismo a todos los países. Al negar este principio, Estados Unidos estaría evadiendo su responsabilidad internacional en el cambio climático. Según el World Resources Institute, Estados Unidos fue el principal emisor de gases de efecto invernadero entre 1850 y 2007, y sería responsable de 28.8% de las emisiones.

En el caso del Perú, saludamos que la Cancillería haya emitido un comunicado en el que expresa «preocupación y decepción» por el anuncio efectuado por Trump, y «refuerza la convicción de desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional para cumplir con las obligaciones de este importante instrumento internacional», lo cual fue ratificado por el presidente Kuczynski en su reunión con el presidente francés Emmanuel Macron. Sin embargo, instamos al gobierno a mostrar mayor respaldo político en la implementación de los compromisos climáticos, especificando las responsabilidades sectoriales y territoriales en el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Perú, estableciendo incentivos y sanciones; asignando los fondos necesarios para la implementación y garantizando la participación plena y efectiva de la sociedad civil. Por su parte esperamos que Congreso de la República logre un rápido consenso para la aprobación de una Ley de Cambio Climático.

Asimismo, es esencial superar las contradicciones entre la política de promoción de inversiones relacionadas a las actividades extractivas (minería e hidrocarburos) y la obligación de proteger el medio ambiente y enfrentar el cambio climático. La efectiva implementación de los compromisos climáticos requiere del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, que recientemente está siendo afectada por retrocesos en las competencias del Ministerio del Ambiente en relación a temas como el Ordenamiento Territorial y los recursos hídricos. Asimismo, cabe resaltar que a nivel internacional se está cuestionando la compatibilidad entre el objetivo de limitar el aumento de temperatura del planeta y continuar con nuevos proyectos de explotación de combustibles fósiles o prácticas mineras no sostenibles. Es hora que en el Perú también se tome en serio el compromiso que renueva la Cancillería respecto a “desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional” para cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París.

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Declaración del III Encuentro de la Red Iglesias y Minería

“Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados…”. (Papa Francisco al encuentro de comunidades afectadas por la minería, julio 2015)

Quienes conformamos la Red Iglesias y Minería, mujeres y hombres de países de América y Europa, teniendo como marco la Jornada Mundial de Oración por la Casa Común, nos hemos reunido en Bogotá 50 religiosos y laicos, para escuchar los gritos de la Madre Tierra, intercambiar experiencias de resistencia y alternativas al llamado “desarrollo” y para reflexionar sobre los desafíos que tenemos como cristianos frente a los múltiples problemas que sufren las comunidades afectadas por la minería. Iniciamos nuestro encuentro con visitas a los departamentos de Tolima (Ibagué y Cajamarca) y Cesar (Valledupar – Cerro Largo), donde operan las empresas y Anglo Gold Ashanti y Drummond; dos de las múltiples zonas afectadas en territorio Colombiano por la minería a cielo abierto. A través de la observación y los testimonios escuchados pudimos constatar que los efectos nocivos de la mega minería atentan contra los derechos de la naturaleza por lo tanto se constituyen en un delito contra la humanidad.

 Nos preocupa la creciente criminalización y los asesinatos de quienes ejercen la defensa de los territorios, como es el caso de nuestra hermana Berta Cáceres, por quien exigimos Justicia y a través de ella pedimos por un mundo más justo para las mujeres, actores protagónicos en defensa de la vida y primeras víctimas del extractivismo. Somos conscientes que defender la Creación, en un sistema depredador cuyo fin máximo es el lucro y el dinero, es una acción que implica riesgo y peligro de muerte, pero nos anima el evangelio de Jesús, la encíclica “Laudato Si” y el espíritu de lucha de muchas comunidades afectadas por la minería y otras actividades extractivas.

 Exhortamos a las autoridades locales elegidas por la voluntad popular a apoyar las iniciativas en defensa de la vida. Nos alegra constatar que el Concejo Municipal de Cajamarca y el Alcalde de Ibagué consideran un compromiso ético con la ciudadanía el acompañamiento de iniciativas en defensa de la población y de la naturaleza.

 Llamamos a nuestras Iglesias a asumir un compromiso activo en defensa de la Casa Común por ser este un elemento constitutivo del ser cristiano. Alertamos a las organizaciones de la sociedad civil y a nuestra jerarquía eclesial sobre los mecanismos de cooptación que llevan a cabo las empresas y algunos gobiernos. Nos esperanzamos en la actitud de muchos Obispos, sacerdotes, pastores y laicos que escuchan los clamores de las víctimas en sus territorios y celebramos su compromiso con la vida.

 Saludamos al pueblo colombiano en sus esfuerzos por alcanzar la paz y poner fin definitivamente al largo período de guerra interna que sufrieron. La paz es el camino para seguir construyendo una Colombia más justa, equitativa y en armonía con la madre naturaleza. Desde el espíritu ecuménico que nos anima, nuestra Red Iglesias y Minería, reafirma su compromiso de seguir apoyando a las pequeñas comunidades que son desplazadas y atropelladas en sus derechos más elementales. La experiencia nos demuestra que en ninguna parte del mundo la minería es una alternativa de desarrollo ni integral ni sostenible para nuestros pueblos.

Bogotá, 4 de septiembre, 2016

Red Iglesias y Minería

P. Dario Giuliano Bossi, Misioneros Combonianos, Rede Justiça nos Trilhos, Brasil
Claudia Andrea Huircan, Claretianos de la provincia San José del Sur, Argentina
Rodrigo de Castro Amédée Péret, Franciscans International, Brasil
Rosa del Valle Aráoz de Machado, Colectivo Sumai Kausay, Catamarca-Argentina
Dom André de Witte, Obispo de Ruy Barbosa, Comição de Pastoral da Terra – CNBB, Brasil
Birgit Weiler, Teóloga de Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú
Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de Quibdó, Colombia
Apolinar Flores Tococari, Centro de Ecología y Pueblos Andinos, Bolivia
Víctor Manuel Hirch, Vivat International, Argentina
Viviana del Carmen Vaca, Equipo Nacional de Pastoral Indígena –ENDEPA, Argentina
Stefan Reinhold, CIDSE, Holanda
Moema Marques De Miranda, Servicio Inter Franciscano de Justicia Paz y Ecología, Brasil
P. Nelson José Barrientos Chodiman, Diócesis de Copiapó, Alto del Cármen, Chile
Igor Guilherme Pereira Bastos, Movimiento Católico Mundial por el Clima, Brasil
Sandra del Carmen Ferrero, EDIPA, Hermanas de la Misericordia, Argentina
Alessandro Gallazzi, Teólogo, Asesor de la Pastoral de la Tierra, Brasil
Susanne Friess, MISEREOR, Alemania
Patrícia Generoso Thomaz Guerra, Colectivo REAJA, Conceição do Mato Dentro, MG-Brasil
Maria Angely Robles Carvajal, Iglesia Presbiteriana, Chile
César Eduardo Correa Valenzuela, Sociedad Misionera San Columbano, Chile
P. Henry Ramírez Soler cmf, Misioneros Claretianos, Colombia
Carmen Alícia Amaya Rodriguez, Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz, Colombia
P. Jesús Alberto Franco Giraldo, Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz, Colombia
Milton Fernando López Ruiz, Fastenopher, Colombia
Martha Inés Romero Medina, Pax-Christi International, Colombia
César Augusto Padilla Ormeno, Observatorio Conflictos Mineros América Latina, Chile
Alírio Cáceres, AMERINDIA, Colombia
Mauricio López, Red Eclesial Panamazónica, Ecuador
P. Gregory Kennedy S.J. CLAR – CRC, Colombia
Milton Mariano Mejia Camargo, CLAI, Ecuador
Pedro Sánchez, SIGNIS ALC, Ecuador
Vidalina Morales de Gamez, Asociación de desarrollo económico social, El Salvador
Scott Wright, Interfaith Working Group on the Extractive Industries, USA
Carlos Alarcón Novoa, Organización de derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
César Augusto Espinoza Muñoz, Misioneros Claretianos, Honduras
Pedro Landa Palma, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – ERIC, Honduras
Lupo Canterac Troya, Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia, Piura-Perú
Pablo Arturo Sanchez de Francesch, GRUFIDES, Perú
Javier Rodolfo Jahncke Benavente, Red MUQUI, Perú
Dorothea Esther Winkler, Fastenopher, Suiza
Continúan firmas…

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CARTA ABIERTA A PPK – GRUPO PERÚ COP 20

CARTA ABIERTA

Señor Presidente de la República:

Saludamos que en su primer discurso presidencial haya sido ambicioso en relación a la mejora de las condiciones y servicios de Salud y Educación. Sin embargo, notamos ausencias que generan preocupación en algunos colectivos y organizaciones de la sociedad civil, como los nuestros, sobre temas que giran en torno al Medio Ambiente y Cambio Climático. Entre estas ausencias, notamos principalmente las siguientes:

1.   Omisión en su discurso de nuestra reciente ratificación del Acuerdo de Paris, a través del cual el país asume los desafíos de un desarrollo bajo en carbono y del cambio de matriz energética, así como el reto de la adaptación frente al Cambio Climático. Invocamos a que su gobierno garantice el cumplimiento de la meta de reducir 30% de emisiones GEI al año 2030, así como el logro de las metas de adaptación en relación al Agua, Agricultura, Pesquería, Bosques y Salud consignadas en la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC) presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, instamos a que se asignen los recursos necesarios para su implementación, con miras a fomentar el trabajo digno y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones más afectadas por la degradación de sus condiciones de vida y trabajo a consecuencia de la alteración del clima, como los pueblos originarios, agricultores familiares, campesinos, trabajadores y mujeres, con pleno respeto de sus derechos individuales y colectivos.

2.    Ausencia del tema de control y fiscalización en materia ambiental, en contraste con las múltiples alusiones a la necesidad de “destrabar los principales proyectos” de inversión. Recordemos que   en los últimos años se dieron medidas para acelerar la tramitación de la certificación ambiental y reducir las multas por infracciones, que han sido cuestionadas por organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil que advierten que este tipo de medidas debilitan la institucionalidad ambiental, amenazan el desarrollo sostenible y atentan contra los derechos de pueblos originarios y poblaciones vulnerables. Debemos considerar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –de la cual el Perú pretende ser parte-  ha advertido que las medidas para acelerar inversiones no deben poner en riesgo el objetivo de protección ambiental.

3.    No tuvo ninguna mención al compromiso de preservar las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Si bien es importante el desarrollo de inversiones (infraestructura, industrias extractivas, entre otros) en el Perú, estas deben contar con claros estándares ambientales y sociales.   En ese sentido, dado que la protección, respeto y adecuada gestión de las áreas naturales protegidas son un compromiso internacional y siendo las ANP una inversión del Estado para todos los peruanos porque brindan seguridad alimentaria, hídrica y otros servicios ambientales a poblaciones locales y pueblos indígenas, es importante que no se debiliten las normas e instrumentos actuales que resguardan y gestionan la protección de las ANP de uso directo como indirecto en el Perú.  Las ANP son un compromiso internacional y por ende el Estado debe resguardar su sostenibilidad no realizando actividades que las impacten negativamente. En este sentido, nos preocupa la solicitud de la   Sociedad Peruana de Hidrocarburos para modificar   disposiciones   legales   relativas   a   Áreas   Naturales   Protegidas   que   según   el mencionado gremio “limitan el desarrollo de actividades de exploración y explotación”. Instamos al gobierno a no ceder ante estas presiones.

Asimismo, instamos a su gobierno a derogar el DL 1220 “Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal” y normas conexas,- especialmente el DS 010-2016- MINAGRI-,el cual explicita que “se entiende como productos forestales maderables, objeto de tráfico  ilegal,  a  aquellos productos forestales en estado  natural o de  primera transformación…”, esto puede provocar que madera que figura como de “segunda transformación”, no pueda ser incautada, así tenga procedencia ilegal, poniendo en grave riesgo  nuestros  compromisos  internacionales  de  conservación  de  bosques  en  el  TLC  con Estados Unidos. Otro anuncio que   genera preocupación es la iniciativa de construcción de carreteras en la Amazonía, ya que estas vías han sido y son uno de los principales impulsores de la deforestación.

Por otro lado, consideramos que la minería informal e ilegal en la Amazonía es un motor de deforestación que es necesario fiscalizar, por lo que hacemos un llamado a que en el diálogo con los mineros ilegales e informales se priorice la protección de los ecosistemas amazónicos y no  se  ceda  en  la  prohibición  de  estas  actividades  en  zonas  prohibidas  como  las  Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, o en el uso de maquinaria prohibida como las dragas, o en cuerpos de agua.

4.   Genera confusión la falta de transparencia sobre el necesario fortalecimiento de la Autoridad Ambiental. Instamos a su gobierno a continuar con el proceso de consolidación del Sector Ambiente, garantizando su sostenibilidad financiera y operativa, pues se requiere una Autoridad Ambiental firme y legítima, que articule con las distintas carteras ministeriales, sub sectores, a nivel nacional y sub nacional.

5.   Finalmente, exigimos la dinamización e institucionalización de los espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil en todos los sectores y principalmente en la gestión ambiental. En una democracia participativa, transparente y que rinde cuentas, la puesta en agenda de temas relevantes requiere de la discusión pública entre gobierno y sociedad civil, que facilite la incorporación de las propuestas ciudadanas en las políticas públicas, y no constituya un simple ejercicio de comunicar decisiones.

Lima, 15 de agosto del 2016

GRUPO PERÚ COP

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Laudato Si’ insta a que exista participación e información en aprobación de proyectos extractivos

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RED MUQUI SOBRE ENCÍCLICA AMBIENTAL

  • Francisco señala que actividades extractivas no deben someterse a presiones políticas y económicas
  • Conversatorio “Laudato Si’ un año despúes” formó parte de las actividades internacionales sobre la carta encíclica

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, señaló que en la encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco hace referencia a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los grandes proyectos extractivos, y cuestiona la falta de participación de todos los actores desde antes de su aprobación.

“En el Perú, las decisiones sobre donde hacer actividad –minera en este– son exclusivas del gobierno y la empresa, no existe participación de las poblaciones en esos procesos, es decir hay decisión desde los poderes económicos y políticos, algo que el Papa cuestiona en Laudato Si’”, comentó el representante de la RED MUQUI.

Pese a que el sumo pontífice menciona la importancia de la transparencia de la información en un proyecto extractivo y que esta no debe ser posterior a la aprobación de una EIA, Jahncke Benavente recordó que en el Perú, a las comunidades que habitan en zona de influencia del proyecto, solo se les informa sobre el EIA en términos técnicos sin que se recoja su opinión.

Desde el punto de vista eclesiático, Monseñor Pedro Barreto Arzobispo de Huancayo, remarcó que la última encíclica es una aire fresco que Francisco ofrece al mundo y a la iglesia católica, y que se resume a la interconexión de Dios, el ser humano y la naturaleza, una armonía que hoy en día está dislocada, y que Laudato Si’ propone curar esta herida.

Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), dijo que es necesario reconocer que la carta encíclica ha remecido los cimientos de la iglesia católica al ser una invitación a rehacer los vínculos con Dios y el planeta: la defensa de la vida y de la creación de Dios.

“Para el Papa Francisco, al actual paradigma económico es un sistema idolátrico y perverso porque antepone el dinero a las necesidades de los más pobres. Como iglesia no debemos callar, y lo hemos ido planteando en ocho conferencias episcopales en Latinoamérica se han pronunciado sobre este tema que no nos es ajeno al ser una cuestión humana”, refirió Monseñor Barreto.

De igual manera, Rocío Valdeavellano del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), destacó la labor del Papa Francisco como líder espiritual que no cae en el espiritualismo, y vive la realidad sin caer en un discurso de autoridad política o científica. Esta posición es la que lleva a Francisco a dirigir la encíclica a la humanidad entera, no solo a los católicos en el mundo.

Es así que la representante del MOCICC, recoge la postura del papa frente al actual modelo de producción y consumo que impulsan un estilo de vida que nos responsabiliza a todos en la falta del cuidado de nuestro planeta.

Asimismo, Valdeavellano resaltó como Laudato Si’ ha influido en el movimiento ciudadano e iglesias no católicas, pero sobre todo, el reconocimiento del Santo Padre a los movimientos socioambientales que defienden la protección del medioambiente, y que son considerados como “estorbos” por el status quo. Es por ello, que la encíclica llama a la acción ciudadana.

“Quienes buscamos ser seguidores de Jesús hoy en día, tenemos el reto de decidir si defendemos el futuro de la vida y del planeta, no solo de ceñirnos al evangelio. Una forma es difundir y aplicar la encíclica en la realidad peruana, identificarnos con el desarrollo de un estilo de vida sostenible y solidario”, convocó.

Por su parte, Eduardo Calvo, Presidente Adjunto del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), estuvo presente en el conversatorio a título personal  para comentar el segundo capítulo de la encíclica, el mismo que se ocupa del diálogo intenso entre la ciencia y la religión, y que ha dejado de lado las diferencias para concordar una posición sobre el cambio climático. Asimismo, expuso sobre el nuevo concepto de ecología integral que nos trae Laudato Si’ en su cuarto capítulo.

“Este concepto nos habla de tener una ecología económica, política y social, cultural y de la vida cotidiana, el principio de bien común; que no es otra cosa que la justicia entre las generaciones y una urgente y renovada solidaridad intrageneracional. Esta ecología integral es una base para pasar a la acción a través del diálogo que impulse a la política y a la economía al servicio de la vida humana; así como el diálogo entre las religiones y la ciencia”, subrayó.

Como parte de las actividades oficiales de la Semana de Laudato Si’ (del 12 al 19 de junio), RED MUQUI y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que junto a Cáritas del Perú, la Oficina Nacional de Educación Católica (ONDEC), la CONFER, la Mesa de Movimientos Laicales y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), organizaron el conversatorio ´Laudato Si’, un año después: el cuidado de la casa común”.

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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RED MUQUI y CEAS participan en primer aniversario mundial de la encíclica Laudato Si’

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A TRAVÉS DE CONVERSATORIO

• De esta manera se suman a las 1000 actividades simultáneas a nivel internacional
• Conversatorio congrega organizaciones de iglesia y Sociedad Civil avocadas a la protección del medio ambiente

Del 12 al 19 de junio se lleva a cabo la Semana Laudato Si’, siete días en los que se llevará a cabo una gran celebración internacional que involucra la participación de diferentes instituciones católicas de todo el mundo para conmemorar el Primer Aniversario de la encíclica a través de eventos de reflexión, inspiración y acción trasformativa.

Durante siete días se promoverán las enseñanzas contenidas en la encíclica ambiental del Papa Francisco, publicada el 18 de junio de 2015. Desde entonces Laudato Si’: Sobre el Cuidado de la Casa Común, se ha convertido en uno de los documentos eclesiales más importantes, discutidos, analizados, ponderados y convocantes en el tema del cuidado de la casa común.

A esta reflexión se suman RED MUQUI y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que junto a Cáritas del Perú, la Oficina Nacional de Educación Católica (ONDEC), la CONFER, la Mesa de Movimientos Laicales y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), organizan el conversatorio ´Laudato Si’, un año después: el cuidado de la casa común”, evento que se realizará este jueves 16 de junio en el auditorio de la Conferencia Episcopal Peruana (Jr. Estados Unidos 838, Jesús María), a partir de las 6:00 p.m.

El evento contribuirá a analizar en profundidad la crisis socio ambiental que vivimos, principalmente por responsabilidad humana. De igual modo, nos invitará a tomar conciencia de lo que hemos hecho, y a buscar alternativas que nos ayuden a enfrentar este momento de manera colectiva, es decir, es una invitación a cambios profundos y radicales en nuestros estilos de vida, en nuestra espiritualidad y en nuestras maneras de actuar.

El panel estará integrado por Monseñor Pedro Barreto Jimeno, Arzobispo Metropolitano de Huancayo, Rocío Valdeavellano Roca Rey, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) y Mesa de Movimientos Laicales, Javier Jahncke Benavente, Red Muqui y Eduardo Calvo Buendía, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

INSCRIPCIONES AQUÍ ► bit.ly/1YcYVmR

Importancia de”Alabado seas”

La Encíclica se suma al magisterio social de la Iglesia; en ella, Francisco analiza en profundidad la crisis socio ambiental que vivimos por responsabilidad humana, y es una invitación urgente a tomar dolorosa conciencia de lo que hemos hecho, y buscar las alternativas que nos ayuden a enfrentar este momento de manera colectiva. Hoy en día, los temas relacionados a la biodiversidad, la defensa de los territorios de la explotación industrial intensiva, y a las culturas indígenas y populares, son muy importantes para las Iglesias latinoamericanas.

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar» sostiene el Papa Francisco en la introducción de la Laudato si’ ”.

La encíclica sigue produciendo experiencias y cambios, es un texto vivo y un punto de referencia para discusiones y acciones concretas. Es por ello que esta gran convocatoria y movilización que ha generado, va más allá de Iglesias y personas de fe, es una invitación a cambios profundos y radicales en nuestros estilos de vida, en nuestra espiritualidad y en nuestras maneras de actuar.

DATOS:
• La coordinación de estas actividades es responsabilidad del Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC), una iniciativa que nació en enero de 2015 en respuesta a un pedido concreto del Papa Francisco, y que está formado por laicos, sacerdotes, religiosos, obispos y una red de más de 300 organizaciones católicas que trabajan juntas contra el cambio climático.

• Según el Atlas global para la justicia ambiental, que cuenta con la colaboración de 23 diferentes universidades, hay 1.746 conflictos ambientales (pequeños y grandes) en el mundo. Muchos de ellos tienen que ver con la explotación minera, desde Asia hasta América Latina.

“Se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios” (Laudato Si’,14)

Fuente: CEAS / Iglesia actualidad
Foto: CEAS / Starmedia

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Carta a Keiko Fujimori y PPK sobre situación de los pueblos indígenas

Estimada,

Señora Keiko Fujimori Higuchi

Candidata presidencial por “Fuerza Popular”

Estimado,

Señor Pedro Pablo Kuczynski

Candidato presidencial por “Peruanos Por el Kambio”

De nuestra más alta consideración,

Estamos a puertas de una segunda vuelta que elegirá a quien ocupará la presidencia del Perú por el periodo 2016-2021. Desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (en adelante GTPICNDDHH) vemos de suma importancia  detenernos en las propuestas mencionadas en las últimas semanas,  particularmente en  aquellas  que afectan a los pueblos indígenas: consulta previa, territorio, minería ilegal y medio ambiente.

Nos complace que en los últimos debates el tema de la consulta previa haya sido considerado, aunque lamentablemente solo parece ser una formalidad. La consulta previa debió aplicarse desde que el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entró en vigencia en el Perú, en febrero de 1995; sin embargo, años después, desde el 2012, con la actual administración de Ollanta Humala se ha venido aplicando contando con 22 procesos de consulta terminados a mayo de 2016. Este es un punto de partida, la cual no debe retroceder, por el contrario,  debe significar el compromiso de la siguiente gestión de implementar y profundizar este derecho en las diferentes actividades productivas, con mayor  énfasis en la minería (donde solo existen tres proyecto sometidos a consulta previa, y en los que no se registró etapa de diálogo en ninguno de ellos), así como atender procesos de consulta en las medidas legislativas (en el Congreso) que atañen a los derechos de los pueblos indígenas.

Los órganos de supervisión de la OIT han indicado de manera reiterada que “la consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio 169 y la base de todas sus disposiciones”(1). Además contamos con varias sentencias a nivel internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y nacional (Tribunal Constitucional) en las cuales se pone de relevancia la obligatoriedad de ejecutar la consulta previa y respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Por lo señalado, confiamos en que el señor Pedro Pablo Kuczynski haya entendido el fin y objetivo de la consulta y ya no la considere como un “obstáculo”, como lo señaló en el año 2011(2),  sino como una obligación ética y jurídica que tiene el Perú para asegurar un diálogo horizontal con los pueblos indígenas. En el caso de la candidatura de Keiko Fujimori, uno de sus vicepresidentes, el señor Vladimiro Huaroc dijo durante el debate técnico del domingo 15 de mayo que de la ley de consulta y su reglamentación iban a necesitar reformar “algunos aspectos” pero tampoco se han referido a cuáles. Esperamos se haya aprendido de los problemas ocurridos durante la aprobación de la ley y el reglamento de consulta(3) y garanticen una real participación de todos los pueblos indígenas del país en cualquier reforma que quieran llevar a cabo.

Por otro lado, resultan preocupantes las declaraciones realizadas por la candidata Keiko Fujimori respecto al papel que jugará el señor Hernando de Soto en dicho proceso. Es conocido públicamente el rechazo que en varias oportunidades han expresado gran parte de estos pueblos a la figura e ideas que representa el señor De Soto(4) que ha descrito a los pueblos indígenas como “poblaciones que se automarginan”(5), manteniendo un enfoque que busca revertir de modernidad pragmática pero que se ajusta más al ya criticado y defenestrado enfoque del asimilacionismo (planteado en los años 50) que a los estándares internacionales actuales que buscan el respeto al derecho a la diferencia y a la libre determinación de estos pueblos.

En referencia al territorio, debemos señalar que del total de la superficie del Perú, el cual suma 128.5 millones de hectáreas, el 49.1 % (aproximadamente 63 millones de hectáreas) es propiedad o posesión de las comunidades campesinas y nativas, cuyos miembros representan a más del 35 % de la población nacional. Sin embargo la deuda histórica que tiene el Estado peruano no ha sido saldada, aproximadamente el 20.9 % del territorio nacional que se encuentra en posesión de las comunidades nativas y campesinas carece de un título de propiedad. A marzo de 2016, el Perú alberga a un total de 10,529 comunidades rurales, de las cuales falta titular 4,023(6). Debemos señalar que en el Perú los pueblos indígenas están organizados en comunidades campesinas, nativas y de ronderos.

El Estado no ha desarrollado una estrategia adecuada para titular a las comunidades e incluso la política de titulación ha pasado por múltiples instituciones en los últimos años (PETT, COFOPRI, Gobiernos Regionales, Ministerio de Agricultura). Por otro lado, existe una oportunidad para mejorar la titulación porque se están canalizando recursos económicos a través de los fondos para el Cambio Climático, sin embargo no hay coordinación intergubernamental entre el gobierno central y regional, ni siquiera hay coordinación intersectorial entre el sector de agricultura, ambiente y cultura.

La posición de ambos candidatos era muy parecida en un inicio. Ambos desconocen la problemática de las comunidades campesinas y nativas, y no tienen propuestas claras respecto a la titulación y desarrollo de comunidades y sus tierras comunales. Ninguna de las dos agrupaciones a lo largo de la campaña ha tenido la iniciativa e interés para entablar un diálogo intercultural con representes de organizaciones de pueblos indígenas. Sin embargo, recientemente ante la reñida disputa de votos, ambos partidos han salido en busca de líderes y organizaciones indígenas que les dieran respaldo. El caso de Peruanos por el Kambio ha sido el más notorio, ya que ha dado más muestras de interés al estar presente en eventos donde se buscó promover el diálogo intercultural con líderes indígenas y sociedad civil; en el caso de Fuerza Popular, simplemente no asistió (lo cual ha sido una constante en los diferentes eventos realizados acerca de pueblos indígenas y medio ambiente).

En medio de ello, cabe destacar que en la última etapa de la campaña Peruanos por el Kambio convocó a algunos líderes y organizaciones indígenas para suscribir un acuerdo con 9 compromisos, dos de ellos a destacar son la creación de un Viceministerio de Pueblos Indígenas y el compromiso de titular las tierras comunales aun restantes. El comportamiento en la campaña electoral por parte de Fuerza Popular ha sido preocupante respecto al tema de políticas públicas para los pueblos indígenas y específicamente respecto a la titulación de tierras comunales, esto se ha agravado más aún con la incorporación del economista Hernando de Soto, para quien la titulación comunal no es importante más bien es un promotor de la titulación individual de las comunidades y bajo esa política la posible extinción de los pueblos indígenas.

Independiente del compromiso en proteger derechos colectivos de los pueblos indígenas como consulta previa y territorio, el partido que llegue a ser gobierno en el periodo 2016-2021 tiene la obligación de tratar con el delicado tema de la minería ilegal e informal. Esta problemática hasta el momento no tiene visos de solución. Y es que no hay una visión integral del problema que incluya lo ambiental, lo económico, lo político, lo social y lo cultural.

Son muchas las causas de la proliferación de minería ilegal e informal. De esta forma, encontramos la desatención del Estado al sector agropecuario, que es uno de los sectores que emplea a un importante porcentaje de la PEA especialmente en las zonas donde se realiza dicha actividad, y el mantenimiento de cerca de un 30% de la población aún en situación de pobreza y pobreza extrema, genera que sectores de la población busquen diversas actividades para su supervivencia, como en el caso de la minería informal e ilegal, la que reviste interés por los precios internacionales de los metales como el oro. Gran parte de las personas que se dedican a dicha actividad, en realidad no son poblaciones locales, sino que migran de sus zonas de origen hacia las zonas en que se realiza dicha actividad ilegal, generando conflictos locales.

Las débiles capacidades y escasos recursos de los Gobiernos Regionales y las DREM no les permiten tener una acción decidida frente a esta actividad, lo que constituye una  responsabilidad de los Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Lamentablemente hay una débil institucionalidad pública, especialmente ambiental, una mala gobernanza de los recursos naturales, y subsiste una corrupción institucionalizada en diferentes niveles de gobierno que permite que el statu quo se mantenga. Asimismo, no hay una Ley de Ordenamiento Territorial y políticas públicas que establezcan criterios que determinen si una zona está o no prohibida para la realización de actividades extractivas, en especial en zonas de ecosistemas frágiles y fuentes de recursos hídricos; la aprobación de una ley de Ordenamiento Territorial es realmente urgente.

Debido a esto es que se requiere tomar una serie de medidas urgentes para combatir este tipo de minería: culminar los procesos de Zonificación Económica Ecológica (ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT) a nivel nacional, implementar procesos de consulta previa a comunidades campesinas y nativas respecto de su desarrollo y la realización de actividades extractivas en su territorio, prohibir el otorgamiento de concesiones mineras fuera de las zonas permitidas en la ZEE y OT, y de las zonas de amortiguamiento de ANP, ecosistemas frágiles, zonas de producción de agua y de importancia agrícola, potenciar el desarrollo local sostenible para que sus economías no dependan del canon y regalías mineras, promover inversiones en desarrollo económico y productivo dirigidas a los pequeños productores y comunidades campesinas que cada vez más se ven empujadas a realizar actividades de minería informal, fortalecer la institucionalidad pública en la gestión ambiental, el rol de las CAR y CAM, mejorar los mecanismos de participación ciudadana, fortalecer el rol de la OEFA y las capacidades de los Gobiernos Regionales y Locales, en especial de las DREM, como autoridad ambiental regional respecto de la pequeña minería y minería artesanal.

Frente a ello, nos preocupa la postura que ha mostrado la candidata Fujimori en este tema. No solo ha señalado que derogará los decretos legislativos 1100 y 1105 que impulsó la administración de Humala para la formalización minera, sino que ha firmado compromisos con mineros informales e ilegales (viernes 29 de abril de 2016) señalando que busca la “verdadera formalización de la pequeña minería”. En la presentación pública de dicho compromiso señaló que los mineros que no lograron formalizarse serían “perseguidos” e “investigados”(7), victimizando a personas que, como cualquier otra persona que es sospechosa de cometer un delito, debe ser investigada, y si es encontrada culpable, sancionada por el sistema de justicia.

Finalmente, no puede descuidarse el tema de la gestión ambiental, prácticamente obviado por ambos candidatos en sus últimas apariciones públicas y los debates presidenciales. Un primer punto por tratar es el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la gestión ambiental. Así, debería fortalecerse el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) e implementar una estrategia con recursos presupuestales y técnicos para mejorar los procesos de evaluación de impacto ambiental.  Ello supondría fortalecer la intervención en ese proceso del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y el Ministerio de Cultura (MINCU). Asimismo, debe fortalecerse al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), lo que supone la defensa del el aporte por regulación establecido a su favor en la Ley N° 27332, sobre el cual existe una controversia legal con el gremio del sector energía y minas.

Pero además debe revisarse la legislación, dada en este último quinquenio, que sucesivamente bajo el falso argumento de reactivación de la economía ha venido disminuyendo estándares, como los denominados “paquetazos ambientales” los cuales han generado el debilitamiento de la institucionalidad, con los Decretos Supremos 054 y 060-2013-PCM, la Ley N° 30230, la Ley N° 30327 y los nuevos Estándares Nacionales de Calidad de Agua aprobados mediante D.S. N° 015-2015-MINAM, evaluándose el impacto que han tenido sobre la salud de las personas y el ambiente,. Es justamente esta ley Nº 30230 la que genera mayor debilitamiento al sistema de evaluación y fiscalización ambiental.

Por ello, debe derogarse el artículo 19° de la Ley N° 30230 que ha debilitado al OEFA y las normas reglamentarias que facilitan su implementación, impidiendo que este organismo regulador del Estado pueda ejercer una eficiente fiscalización ambiental a las empresas, lo que se refleja en la afectación a la salud y el ambiente; asimismo, debe derogarse el artículo 12 de la Ley N° 30230, el cual impide que las multas administrativas financien la potestad sancionadora del OEFA, es decir la supervisión directa a las empresas y la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes.

En ese sentido, es preocupante el proyecto de Ley N°3601/2013 (presentado en coautoría por Fuerza Popular) que pretende facilitar a los infractores a presentar medidas cautelares judiciales que impidan el procedimiento de ejecución y cobranza coactiva que lleva a cabo el OEFA como parte de un proceso sancionador. Es decir, se está facilitando nuevamente la judicialización de las resoluciones administrativas del OEFA. De igual forma nos preocupa la paralización del Proyecto de Ley de Reconocimiento y Articulación de la Vigilancia Indígena (PL 3937/2014), el cual no encuentra pronunciamiento por parte de la Comisión de Pueblos (presidida por Fuerza Popular).

Es preocupante  el silencio o la poca claridad de los  partidos políticos  sobre los temas anteriormente mencionados. Por ello es que desde el GTPICNDDHH demandamos que el partido político ganador de la contienda electoral tome en cuenta la agenda planteada y construya soluciones participativas, en beneficio de los pueblos indígenas y del medio ambiente.

Quedamos atentos a su respuesta.

 

Organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:

• Asociación Paz y Esperanza

• Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

• Asociación Proyecto Amigo de Huamachuco

• Asociación Servicios Educativos Rurales – SER

• Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP

• Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL

• Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD

• Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH

• Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

• CooperAcción

• Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR

• Earth Rights International – ERI

• Fórum Solidaridad Perú – FSP

• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

• Proyecto Amigo

• Instituto de Defensa Legal – IDL

• Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible Perú – IDLADS Perú

• Instituto del Bien Común – IBC

• Red Agua, Desarrollo y Democracia – REDAD Piura

• Red Muqui

• Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

• Servicios en Comunicación Intercultural – SERVINDI

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1. CEACR: Observaciones Generales del Convenio núm.169 de la OIT. 2011.

2. “Esta Ley de Consulta Previa es en realidad un obstáculo a la minería mucho más grande que la sobretasa a las ganancias mineras”. PPK: La Ley de Consulta Previa es un “obstáculo” a la minería:  http://larepublica.pe/30-10-2011/ppk-la-ley-de-consulta-previa-es-un-obstaculo-la-mineria

3. Pronunciamiento del Pacto de Unidad contra el reglamento de la Ley de Consulta Previa: http://www.servindi.org/actualidad/60457

4. Más allá de Hernando de Soto: La lucha de AIDESEP por la Territorialidad Integral: http://www.aidesep.org.pe/mas-alla-de-hernando-de-soto-la-lucha-de-aidesep-por-la-territorialidad-integral/

Comunidades indígenas rechazan visión de De Soto sobre sus territorios: http://www.aidesep.org.pe/mas-alla-de-hernando-de-soto-la-lucha-de-aidesep-por-la-territorialidad-integral/

5. TEDxPuraVida – Hernando de Soto – La Amazonía no es Avatar:  https://www.youtube.com/watch?v=6-08575w72U

6. Ver más en: http://www.ibcperu.org/uncategorized/el-49-del-territorio-peruano-esta-en-manos-de-las-comunidades-rurales/

7. http://larepublica.pe/politica/763857-keiko-fujimori-firma-compromiso-con-mineros-informales-para-captar-votos-video

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Denunciamos nuevo intento de debilitamiento de la OEFA desprotegiendo a los Pueblos Indígenas y el Ambiente

En vista de las constantes modificaciones a la legislación ambiental nacional para promover las inversiones, debilitando la normativa e institucionalidad ambiental, las organizaciones abajo firmantes, nos pronunciamos para denunciar un nuevo intento de debilitamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), frente a lo cual expresamos lo siguiente:

• Que se archive el Proyecto de Ley N° 3601/2013 que busca dar facilidades a las empresas infractoras para no pagar las multas que le impone el OEFA. Esta norma facilita a los infractores a presentar medidas cautelares judiciales que impidan el procedimiento de ejecución coactiva que lleva a cabo el OEFA como parte de un proceso sancionador. Es decir, se está facilitando nuevamente la judicialización de las resoluciones administrativas del OEFA, aspecto que superado con la Ley N° 30011, Ley que modifica la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). Este proyecto de Ley ha sido presentado por los congresistas Luis Iberico Nuñez, Martha Chávez Cossío, Juan Carlos Eguren Neuenschwander, Luis Fernando Galarreta Velarde, Alberto Ismael Beingolea Delgado, Richard Frank Acuña Nuñez, Gladys Natalie Condori Jahuira, Maria Soledad Pérez Tello De Rodríguez. Esta propuesta se encuentra en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República para su discusión y de ser el caso posterior aprobación.

Asimismo, llamamos la atención sobre las consecuencias de contar con un marco institucional débil, por ello reiteramos:

• Que se derogue el artículo 19° de la Ley N° 30230 (llamado “Paquetazo Ambiental”) que en pro de la promoción de las inversiones ha debilitado al OEFA, impidiendo que este organismo regulador del Estado pueda ejercer una eficiente fiscalización ambiental a las empresas, lo que se refleja en la afectación a la salud y el ambiente. Lo pernicioso de esta ley se evidencia en los últimos derrames de petróleo ocurridos en la Amazonía peruana. En este caso, se esparcieron miles de barriles de petróleo sobre el agua (de consumo directo de la población), suelo, flora y fauna, que afectó la salud de más de 200 personas. Se evidencia también en casos de contaminación minera en ambiente y afectación de salud, como en Espinar (Cusco), La Oroya (Junín), Pasco y otros, que han sido declarados en emergencia en su momento. A causa de esta norma son los propios afectados quienes deberán demostrar si hubo daño real y muy grave en su salud para que la OEFA pueda multar a la empresa.

• Que se revise y modifique el Reglamento de Supervisión Directa del OEFA (aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 016-2015-OEFA/CD, publicado el 28 de marzo del 2015), ya que permite que la Ley N° 30230 sea la regla y no la excepción. De esta manera, se instaura un nuevo enfoque que otorga facilidades a las empresas, a pesar de haber cometido en reiteradas ocasiones faltas ambientales, siendo las multas el último recurso para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y reduciéndolas a la mitad. La multa completa se impondría solamente en caso de comprobarse daño real a la vida y salud de las personas, por ausencia de instrumentos de gestión ambiental al momento de desarrollarse las actividades o por ejecutarse en zonas prohibidas, o por reincidencia de infracciones. Además, las empresas pueden acceder a la subsanación voluntaria para situaciones donde se ha producido daño potencial a la flora y fauna. La multa de ésta manera pierde su carácter disuasivo, de obligar a las empresas a cumplir con las normas ambientales.

• Que se derogue el artículo 12 de la Ley N° 30230, la cual impide que las multas administrativas financien la potestad sancionadora del OEFA, es decir la supervisión directa a las empresas y la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes. La labor de supervisión que realiza este organismo regulador permite determinar si las empresas están cumpliendo o no con sus obligaciones ambientales.

• Que no se elimine el aporte por regulación en favor del OEFA, regulado por la Ley N° 27332, que actualmente se encuentra en controversia legal dado que el gremio del sector energía y minas se niega a pagar. El aporte por regulación es una de las principales fuentes de ingreso del OEFA, pues permite financiar su función supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora, entre otras importantes funciones que realiza esta institución para hacer cumplir la legislación ambiental en el país.

• Que antes de la aprobación de toda política, norma, plan y programa se cuente con procesos de discusión sobre sus alcances e impactos con diversos actores en el ámbito nacional y regional. Para tal fin es necesario contar con mecanismos de transparencia, acceso a la información, consulta previa a los pueblos indígenas, y participación adecuada a la población y comunidades, en especial, aquella que será impactada por proyectos extractivos y de infraestructura.

Por lo expuesto como sociedad civil expresamos nuestra preocupación ante este proceso de debilitamiento del OEFA y expresamos que seguiremos denunciando estos hechos que vulneran el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado que impacta, sobre todo, en pueblos indígenas.

Asimismo, reiteramos nuestro pedido de contar con una legislación ambiental que realmente prevenga el daño a la salud y vida de las personas, al igual que acciones concretas para prevenir, mitigar y remediar la contaminación ambiental, siguiendo las normas constitucionales y los principios de la Ley General del Ambiente. Así como contar con mecanismos disuasivos que adviertan a las empresas sobre las consecuencias de cometer infracciones ambientales o de reincidir en ellas. El Perú necesita inversiones pero inversiones sostenibles, en los lugares donde se puedan realizar, que respeten los derechos humanos y el ambiente. En ese sentido, el Estado debe seguir fortaleciendo los instrumentos e instituciones ambientales.

Lima, 26 de mayo de 2016.

FIRMANTES:
Amazónicos por la Amazonía (AMPA)
Asociación Civil Natura
Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo Tipishca (ACODECOSPAT)
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Central Asháninka del Río Ene (CARE)
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD)
Centro Labor
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico
CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco
Environmental Investigation Agency (EIA)
Foro Ciudades para la Vida
Foro Ecológico del Perú
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Grupo Propuesta Ciudadana
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS PERÚ)
Instituto del Bien Común (IBC)
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU)
RED MUQUI Perú
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)

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Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe exigimos a los Gobiernos firmar y avanzar con los compromisos del Acuerdo de París

Más de tres meses han pasado desde la Conferencia de las Partes (COP21), órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), donde 195 países adoptaron el Acuerdo de París. Este busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener la temperatura global promedio por debajo de 2ºC respecto de la era preindustrial y proseguir los esfuerzos para evitar su incremento por encima de 1.5ºC, con el fin de encarar los riesgos e impactos negativos del cambio climático.

Con el acuerdo alcanzado en París cada gobierno tiene la tarea y la responsabilidad ética de llevar a cabo sus planes de acción y trabajar para la necesaria e inminente descarbonización de las economías y la redefinición de las relaciones con la naturaleza bajo nuevos patrones de producción y consumo como la única ruta posible hacia la conservación y el respeto de la vida en el planeta. Además deben garantizar que los flujos de financiamiento sean consistentes con el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima, tal y como lo indica el Acuerdo de París.

Por tal motivo, las organizaciones de América Latina y el Caribe, urgen a los Gobiernos a:

  • Participar en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de París, convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas, este 22 de abril y reforzar sus compromisos nacionales.
    Avanzar con los respectivos procesos de ratificación del Acuerdo de París en sus Congresos Legislativos y/o nacionales para su aplicación en las políticas públicas.
  • Impulsar la preparación de estrategias de desarrollo de largo plazo. Esta visión deberá enmarcar y direccionar las medidas de cada país, de tal manera que no solo promuevan una transición justa y segura para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la preparación proactiva de todos los sectores ante los impactos crecientes del cambio climático.
  • Implementar medidas urgentes de mitigación y adaptación durante los próximos cinco años (2016-2020) hasta que el nuevo acuerdo entre en vigencia. Estas medidas deben estar orientadas a: Acelerar la transición energética, tanto desde el punto de vista de políticas públicas como en materia de infraestructura, a fin de abandonar el uso de combustibles fósiles e impulsar el aprovechamiento de la energía renovable a diversas escalas, y particularmente para el uso local; mejorar el transporte urbano eficiente e incentivar la movilidad no motorizada; reducir la deforestación y la degradación; y preparar sectores productivos clave ante los impactos del cambio climático. La toma de medidas de corto plazo será fundamental para responder con la urgencia necesaria al desafío que enfrentamos, aprovechar oportunidades emergentes, orientar a las inversiones para que estén alineadas a la estabilidad climática y la resiliencia social y preparar el terreno para una implementación más efectiva de las contribuciones nacionales (INDCs) post-2020.
  • Asegurar la coherencia entre los compromisos establecidos en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) y los instrumentos de planificación nacional de tal manera que se garantice la transparencia, y rendición de cuentas en su preparación e implementación y aprovechar el período que se da desde la firma del acuerdo hasta el 2018 para identificar nuevas oportunidades para aumentar la ambición de dichos compromisos, y demostrar una voluntad real frente a los compromisos derivados del Acuerdo de París y la propia Convención.
  • Abandonar el uso de la energía nuclear, las técnicas de fractura hidráulica (fracking), construcción de hidroeléctricas de gran escala, la captura y secuestro artificial de carbono y otras prácticas tecnológicas cuyos beneficios son inciertos y de los cuales las externalidades ambientales y sociales son mayores a las soluciones que proporcionan.
  • Desarrollar políticas ambiciosas de protección y uso sostenible de los ecosistemas naturales, recursos hídricos y zonas marino costeras de la región, incorporando proactivamente un enfoque ecosistémico para todo proyecto de inversión pública o privada.
  • Crear estrategias nacionales de financiamiento climático que ayuden a la implementación de las acciones de manera coherente y armónica con las prioridades de los países y garantizar la creación de sistemas de medición, reporte y verificación del financiamiento que llega a los países y que se otorga vía presupuestos públicos para dar seguimiento y evaluación y garantizar la efectividad del mismo.
  • Fortalecer los espacios y mecanismos efectivos de coordinación nacional entre los distintos actores del Estado incluyendo a los gobiernos subnacionales; así como generar mecanismos eficaces de diálogo y participación de diversos actores de la sociedad civil (pueblos indígenas, juventud, ONG, privados, mujeres, academia y organizaciones religiosas), para permitir un trabajo inclusivo y resolutivo en torno a la gestión y revisión de los avances de las NDC y el Acuerdo de París a nivel nacional.
  • Poner fin a la criminalización y persecución de representantes y líderes en la defensa del ambiente y, específicamente, al gobierno de Honduras que avance con la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres, reconocida líder ambiental, así como juzgue a los responsables con el debido rigor.
  • Tomar medidas efectivas en favor de las comunidades ya afectadas por el cambio climático, que generalmente son las más empobrecidas de América Latina, entre ellas las poblaciones indígenas y campesinas.

Asimismo es importante que los organismos regionales colaboren en el proceso de cumplimiento del Acuerdo, por tal motivo:

  • Solicitamos al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), promover en los Congresos legislativos de cada país de América Latina y Caribe la ratificación del Acuerdo de París.
  • Invocamos a UNASUR y CELAC a hacer todo el esfuerzo a nivel regional para que los Gobiernos cumplan con avanzar los compromisos del Acuerdo y trabajar en el desarrollo de posturas conjuntas para la próxima Conferencia de las Partes (COP22).

Recordamos a los líderes y representantes de América Latina y el Caribe, el llamado del Papa Francisco en su encíclica «Laudato Si» a detener el cambio climático y promover estilos de vida en armonía con la naturaleza (al cual se han unido alrededor de 900.000 firmas de la Petición Católica por el Clima que han sido entregadas en la COP21 en París).

Instamos a las organizaciones, redes y movimientos a sumar esfuerzos conjuntos, para la vigilancia y el seguimiento al Acuerdo de París para que los Gobiernos cumplan sus compromisos y aseguren un futuro saludable para nuestros pueblos, nuestros hijos e hijas y nuestro planeta.

Organizaciones y redes firmantes:

1. Acción Ecológica, Chile

2. Acción por la Tierra, Chile

3. Aclimatando, Argentina

4. Adapt-Chile, Chile

5. Alianza Mexicana contra el Fracking, México

6. Ambiente, Desarrollo y Capacitación (ADC), Honduras

7. Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia

8. Asociación Amigos de los Parques Nacionales, Argentina

9. Asociación Civil Radio Marañón, Perú

10. Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), México

11. Asociación Jóvenes en Red El Salvador

12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Perú

13. Centro Columbano de Estudios Misioneros, Perú

14. Centro de Análisis e Investigación, México

15. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM), Ecuador

16. Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), Uruguay

17. Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM), Colombia y México

18. Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada, Guatemala

19. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), México

20. Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA), Uruguay

21. Climate Action Network Latinoamérica (CAN LA)

22. Club Botánico Ambiental, Colombia

23. CO2.cr, Costa Rica

24. Colegio San Bernardino, Colombia

25. Comisión Interdisciplinaria de Medio Ambiente (CIMA), Argentina

26. Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA), México

27. Consejo Latinoamericano de Iglesias, Ecuador

28. Cristianos en Red, Uruguay

29. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú

30. Derechos Humanos y Medio Ambiente, Perú

31. Diálogo Energético, Minero y Extractivo Latinoamericano, Colombia

32. ECOBIO Uruguay

33. Ecoclubes Pergamino, Argentina

34. Encuentro Ciudadano Lagunero, México

35. Engajamundo, Brasil

36. Familia Espiritual «Carlos de Foucauld», Uruguay

37. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Argentina

38. Foro del Buen Ayre (FOROBA), Argentina

39. Foro Social Panamazónico, Perú

40. Freshwater Action Network, México

41. Fuerzas Unidas por un Mejor Planeta (FUMPLA), Venezuela

42. Fundación Biósfera, Argentina

43. Fundación Corazones Unidos para Servir (FCUS), Colombia

44. Fundación Myrna Mack, Guatemala

45. Fundación Solar, Guatemala

46. Fundación Terram, Chile

47. Fundación TIDO (Trabajo, Investigación, Desarrollo y Organización), Argentina

48. Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC)

49. Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), Bolivia

50. Grupo Luna Nueva, Uruguay

51. Grupo Siembra, Perú

52. Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (IDEADS), Guatemala

53. Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), República Dominicana

54. Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), Perú

55. Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, México

56. Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC) – Claretianos, Chile

57. Klimaforum Latinoamérica Network (KLN), Colombia

58. Llamado Global de Acción Ante la Pobreza, Región LAC, El Salvador

59. Mesa Nacional de Cambio Climático Guatemala

60. Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo (MNGR), Nicaragua

61. Movimiento Católico Mundial por el Clima, Punto focal Ecuador

62. Movimiento Ciudadano «Para Que No Se Repita», Perú

63. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Perú

64. Movimiento climático de Jóvenes Colombianos (MCJC), Colombia

65. NOA Sustentable, Argentina

66. Nuestra Sra. de los Dolores y Transito de San José, Argentina

67. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Perú

68. Pastoral Social Diócesis alto Valle de Rio Negro, Argentina

69. Pax Christi International, Bélgica

70. Plataforma Colombiana frente al Cambio Climático, Colombia

71. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), Ecuador

72. Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías- Universidad de Buenos Aires, (PIDESONE- UBA), Argentina

73. Reacción Climática, Bolivia

74. Red Colombiana para la Defensa de los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y la Paz, Colombia

75. Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), Perú

76. Red Muqui, Perú

77. Red Nacional Jóvenes de Ambiente, Colombia

78. Red Regional Agua Desarrollo y Democracia, Perú

79. Red Uniendo Manos, Perú

80. Red Universitaria Ambiental nodo Universidad Nacional Ingeniera, Perú

81. Red Uruguaya de ONG´s Ambientalistas, Uruguay

82. Sostenibilidad Forestal y Ambiental (SFA), Perú

83. Viração Educomunicação, Brasil

 

Para recibir adhesiones al comunicado aquí el link: http://goo.gl/forms/4jzvl6Acfj

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Di Caprio en los premios Óscar: No menospreciemos a nuestro planeta

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  • El discurso del actor fue a favor del medio ambiente, y a todos quienes lo defienden

El reciente ganador del Óscar 2016, el actor Leonardo Di Caprio, aprovechó el espacio para agradecer por el máximo galardón del cine, para hablar del cambio climático y concientizar a millones de televidentes en el mundo.

Con la estatuilla en manos por su papel principal en la película “El renacido”, Di Caprio remarcó que el cambio climático no es un tema que la humanidad debe postergar, mas aun cuando el 2015 ha sido el año más cálido y existen millones de personas que son más vulnerables como son los pueblos indígenas en el planeta.

“El renacido trata la relación del hombre con la naturaleza, una naturaleza que en el año 2015 nos dejó el planeta más cálido de la historia. El equipo de la película tuvo que ir más al sur del planeta para encontrar nieve. El cambio climático es algo real, está sucediendo ahora mismo y es la mayor amenaza para nuestra especie. Tenemos que trabajar juntos para solucionarlo y no dejarlo para después”, comentó en su discurso.

Asimismo, Leonardo DiCaprio mencionó sobre la necesidad de defender a todos aquellos líderes que se enfrentar a grandes políticos y empresas trasnacionales para defender el medio ambiente.

“Tenemos que apoyar a los grandes líderes alrededor del mundo, hablo de quienes no velan por los intereses de las grandes compañías sino por los intereses de la humanidad, de los indígenas, de los miles de millones de personas a las que esto (el cambio climático) afecta”, aseveró.

Después de cinco nominaciones, a la Academia le pareció que su papel en El renacido merecía el reconocimiento que hace tanto tiempo el actor esperaba. Antes, el protagonista del film del director mexicano Alejandro Iñárritu había dicho: «Gracias a la Academia y a todos (…) El renacido fue producto de los esfuerzos inalcanzables de un elenco y equipo con quienes tuve la suerte de trabajar Fuera de la pantalla, el señor Alejandro Iñárritu. Al desarrollarse la historia del cine tú has abierto caminos, qué talento tan increíble», añadió.

No es la primera vez que el actor utiliza los espacios de premiación para exponer su posición sobre el medio ambiente, en su también reciente premiación en los Globos de Oro de este año (enero 2016), Di Caprio, dedicó unas palabras a los pueblos originarios norteamericanos:

«Quiero compartir este premio con toda la gente de las Naciones Originarias de Canadá representadas en esta película, y todas las comunidades indígenas del mundo. Es hora de que reconozcamos vuestra historia y que protejamos vuestras tierras indígenas de intereses corporativos y gente que quiere explotarlas. Es el momento de escucharos y proteger este planeta para las generaciones futuras», finalizó el autor de “El renacido”.


El discurso de Leonardo DiCaprio tras ganar el… por elhuffingtonpost

A continuación el breve discurso que el ganador del Óscar en la categoría de mejor actor, lanzó a los presentes en el Teatro Dolby:

“El renacido trata la relación del hombre con la naturaleza, una naturaleza que en el año 2015 nos dejó el planeta más cálido de la historia.

El equipo de la película tuvo que ir más al sur del planeta para encontrar nieve.

El cambio climático es algo real, está sucediendo ahora mismo y es la mayor amenaza para nuestra especie. Tenemos que trabajar juntos para solucionarlo y no dejarlo para después.

Tenemos que apoyar a los grandes líderes alrededor del mundo, hablo de quienes no velan por los intereses de las grandes compañías sino por los intereses de la humanidad, de los indígenas, de los miles de millones de personas a las que esto (el cambio climático) afecta.

Por lo hijos de nuestros hijos y todos aquellos que han sido acallados por la avaricia de la política. Les doy gracias a todos por este increíble premio esta noche.

¡No menospreciemos a nuestro planeta!»

Fotos: CNN

Video: Dailymotion The Huffington Post

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