En las últimas semanas, han ocurrido hechos importantes en el Corredor Minero Sur, el cual se conocía como una red de caminos comunales que unía las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, pero que, lamentablemente, luego de la aprobación del Decreto Supremo 011-2016 fue recategorizada como una vía nacional, con la finalidad de permitir el transporte minero de la zona. A pesar de las constantes reuniones entre el gobierno, las comunidades y la empresa minera Las Bambas, no ha logrado resolver los conflictos que se han generado a raíz de la contaminación generada por el transporte de material de la minera ubicada en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, en la región Apurímac. A continuación, te contamos los hechos más relevantes ocurridos desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo.
Situación en Cusco:
Recordemos que, luego de la llegada del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, a Cusco, el 02 de agosto, y luego de haber prometido que trabajaría para resolver el conflicto y atendería las demandas de las comunidades de Chumbivilcas en 60 días, aún no se ha logrado represente una pronta solución del conflicto. Luego de ese acuerdo, las comunidades levantaron las medidas de fuerza, y el 27 de agosto se creó la “Mesa Técnica de Desarrollo Integral de la Provincia de Chumbivilcas”, además de los 04 subgrupos de trabajo de naturaleza temporal con el objetivo de establecer propuestas de solución para atender demandas de la comunidades campesinas. Las mesas de diálogo iniciaron el 29 de agosto con la presencia del premier.
Sin embargo, a pesar de haber logrado lo mencionado, el 11 de setiembre las comunidades reiniciaron sus protestas luego de que se rompiera el diálogo de la Mesa Técnica de Desarrollo Integral debido a que presidentes y autoridades comunales consideraran que los representantes de la minera Las Bambas no tenían la intención de asumir compromisos concretos, además estaban en contra de que las comunidades afectadas formaran parte de la cadena de valor de la empresa minera, lo cual era una de las demandas de las comunidades. Por último, en el pronunciamiento realizado por el Frente Único de Defensa de los intereses de la Provincia de Chumbivilcas y presidentes de las comunidades, cuestionaron el liderazgo de funcionarios de la PCM para mediar en el espacio de discusión y que tomaron una posición parcializada a favor de la mina.
El 13 de setiembre, dirigentes comunales, representantes de la minera y del Estado se reunieron para tratar de reanudar el diálogo con las comunidades. Algunas de las exigencias de los dirigentes comunales fueron que se retiren las denuncias y se archiven los proceso penales que iniciaron contra los comuneros en el marco de los conflictos sociales; que la empresa minera Las Bambas cambie de interlocutores ante el subgrupo de trabajo 03, el cual está encargado de promover que las comunidades tengan la posibilidad de convertirse en proveedoras de bienes y servicios e integrar la cadena de valor de la minera Las Bambas, para poder continuar con el proceso de diálogo; y que la PCM acepte continuar con este proceso siempre y cuando la vía continúe bloqueada. Al cabo de aproximadamente 3 horas de reunión, no se llegó a un acuerdo para continuar con el proceso de diálogo, además, las comunidades anunciaron que continuarán con las protestas y con el bloqueo de la vía.
El 22 de setiembre se llevó a cabo una reunión entre dirigentes comunales de Chumbivilcas y funcionarios de la PCM en la comunidad de Cancahuani. Si bien los comuneros y dirigentes tenían la esperanza de que los funcionarios del gobierno llegasen con propuestas concretas que atiendan sus demandas, esto no se dio así, por lo cual, las comunidades anunciaron que continuarán la protesta y mantendrán el bloqueo. Finalmente, se acordó programar una nueva reunión con representantes de la minera Las Bambas para el sábado 25 de septiembre en la comunidad de Huininquiri, en el cual se espera abordar el pedido de las comunidades.
Situación en Apurímac:
En el contexto del nuevo gobierno, uno de los sucesos más difundidos vinculados al Corredor Minero Sur ocurrió el 27 de agosto en Cotabambas. Un lamentable accidente de tránsito que sufrió un bus que trasladaba a trabajadores que brindaban servicios a la empresa minera Las Bambas dejó 16 muertos y 3 heridos. El vehículo accidentado usó una vía alterna debido al paro de 48 horas en el corredor minero que habían iniciado comuneros de la zona. Sin embargo, representantes del Frente único de Defensa señalaron que, a pesar del paro, sí permitían el pase por la vía.
El 16 de septiembre, la oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros, confirmó la visita del premier, Guido Bellido, en la provincia de Cotabambas para el día siguiente, 17 de setiembre, con el objetivo de reinstalar la Comisión Multisectorial denominada “Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso de la provincia de Grau del departamento de Apurímac”. En esta reunión, además de funcionarios del Estado, participaron representantes de diferentes distritos, y alcaldes distritales y provinciales.
De esa manera, al promediar el mediodía, se reinstaló oficialmente la comisión para el desarrollo de Cotabambas. la cual integran 09 grupos de trabajo: Justicia, Corredor Minero Vial, Covenio Marco, Canon Minero, Inversión y Desarrollo, Responsabilidad Social y anexo K, Afectaciones Ambientales, Asuntos con la empresa minera y, finalmente, Seguridad y Convenio.
Como segundo acuerdo, se concluyó que el 27 y 28 del presente mes, los alcaldes y dirigentes de la Provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso, viajarán a la capital para iniciar las reuniones de los grupos de trabajo en mención.
Finalmente, según el acta, el Premier, Guido Bellido, reinstala las reuniones en Challhuahuacho, en el marco del DS Nº005-2016, que declara prioridad nacional el desarrollo económico y social del distrito.
Antecedentes y criminalización de la protesta
El corredor minero del sur atraviesa 37 comunidades campesinas quechuas: 12 de ellas ubicadas en la provincia de Cotabambas (Apurímac), 24 en Chumbivilcas y Espinar (Cusco) y una en Caylloma (Arequipa). Además de las denuncias de contaminación, veinte de estas comunidades reclaman desde el 2016 que se anule la recategorización de seis tramos de la carretera que antes eran vías comunales y departamentales, pero que se convirtieron en vías nacionales a pedido de los gobiernos regionales y fueron incorporadas al corredor minero.
Numerosas poblaciones y comunidades campesinas de las regiones de Apurímac y Cusco llevan una larga trayectoria de coexistencia entre la minería, las actividades Ganaderas – Agrícolas y el Comercio, sin embargo en las dos últimas décadas, a lo largo del corredor minero se han producido diversos conflictos socio ambientales, tanto en las zonas urbanas como rurales (Comunidades); debido a que en ambas zonas se encuentran los proyectos mineros de mayor magnitud: Las Bambas de la empresa minera MMG las Bambas y el proyecto Antapaccay de la empresa Xstrata Tintaya (hoy de propiedad de la empresa Minera Glencor). “
El origen de estos conflictos se debe a la afectación de derechos fundamentales como al medio ambiente, salud, participación o a derechos colectivos como al territorio y consulta previa; de la misma forma la falta de atención y satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento de los acuerdos firmados entre las comunidades y las empresas mineras, las que en reiteradas oportunidades han sido denunciadas por la población a través de diversos medios locales, nacionales e internacionales, incluso con el apoyo de instituciones aliadas. Ello evidencia también que el Estado no ha asumido su deber protección de los derechos de la población y las empresas en su deber de debida diligencia. Si bien, como se informa al inicio de la nota, ha habido diferentes espacios de discusión en diferentes zonas de impacto directo del proyecto para buscar una solución al conflicto, no se conoce debidamente sobre una problemática constante en los diferentes conflictos sociales que ocurren en el país,
En el caso del Corredor Minero Sur, como consecuencias de las protestas sociales que se desarrollaron en los últimos años, las empresas Las Bambas, la Procuraduría del Ministerio del Interior hicieron denuncias contra los defensores que representan a las organizaciones sociales y comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero; y el Ministerio Público los acusó por la supuesta comisión de delitos como disturbios, organización criminal, obstaculización de los servicios públicos, daños agravados, entre otros. Los procesos judiciales iniciados contra los defensores vienen durando más de 6 años innecesariamente, afectado derechos fundamentales de los defensores criminalizados, y la estabilidad económica y emocional de sus familias.
A lo largo del desarrollo de los procesos penales se ha observado que las acusaciones fiscales no son consistentes y menos han podido acreditar, fehacientemente y con pruebas la comisión de los delitos.
Finalmente, las víctimas del uso indebido de la fuerza pública en las protestas no han sido reparadas integralmente, al haber perdido la vida o sufrido daños físicos. Las investigaciones fiscales por estos hechos, aún no han sido formalizadas; por lo que hasta la actualidad no se ha identificado y menos sancionado a los responsables.