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Familiares de niños intoxicados con arsénico de la provincia de Huarmey, en Áncash, han obtenido un avance en sus reclamos por ser atendidos por las autoridades sanitarias.

Encabezados por los padres de familia Jesús Asencio y Grecia Maguiña y acompañados por la presidenta del Comité de Gestión de Salud de Huarmey, Estela Rojas, han firmado un acta de acuerdos por el cual el Ministerio de Salud (Minsa) se compromete a la atención de más de 10 niños afectados por plomo y arsénico en Puerto Grande, Puerto Huarmey y 9 de Octubre.

Sin embargo los casos de afectados por metales pesados en la provincia, que alberga el muelle de la terminal del mineroducto de la empresa Antamina emplazado en Punta Lobitos, afecta a varias docenas de personas, la mayoría niños, cuyos exámenes de sangre y de orina han arrojado valores de plomo y arsénico de hasta 3 mil por ciento por encima de los máximos considerados permisibles en personas por el Minsa.

Diversos síntomas detectados por los propios familiares en los últimos años en sus hijos, como el descoloramiento de la piel, dolores de cabeza y de estómago o la aparición de sangre en la orina alertaron a las familias, lo que las llevó a denunciar esta situación en agosto pasado a representantes de organizaciones de derechos humanos como el Instituto Ambientalista Natura y a la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Ambiente y Ecología. Su presidenta, la congresista Ruth Luque, solicitó entonces al Minsa que se hiciera cargo de examinar los casos denunciados.

Finalmente, las autoridades sanitarias, por medio de la Dirección Regional de Salud (DIRES) de Áncash, realizaron exámenes de tamizaje y de despistaje de concentración de metales pesados en pobladores de Puerto Huarmey y 9 de octubre. Su titular Luis Valverde Cueva, advirtió que 29 ciudadanos de Huarmey examinados solo durante el año 2023 presentaron arsénico en la sangre. Dentro de este grupo hay tres personas en estado de gestación.

Según DIRESA solo este año se ha detectado arsénico en 21 personas examinadas

Los representantes de los pobladores, entre ellos Juan Navarro Inga, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Huarmey, exigen ahora que se amplíen los exámenes a toda la población y se determine las causas de tan masivos casos de intoxicación con metales pesados a los que se están exponiendo la población en forma permanente y, por lo tanto, se van acumulando en los organismos de las personas, que traen consigo consecuencias tan graves como la disminución del coeficiente intelectual de menores en el caso de plomo y diversos tipos de cáncer como efecto del arsénico.

Las sospechas de la población se dirigen sobre todo contra la empresa Antamina y su terminal del mineroducto que transporta cobre y otros metales de sus yacimientos en Yanacancha ubicados a 304 kilómetros en la cordillera de Ancash, ya que desde su instalación en 2002 denuncian la aparición de numerosos casos de cáncer en la población que se encontrarían claramente por sobre la media nacional.

Antamina responde a las acusaciones

Tras darse a conocer los casos de las familias afectadas, la compañía minera Antamina respondió, mediante un comunicado, que, de acuerdo a sus monitoreos ambientales de calidad de agua y aire, los resultados muestran valores por debajo de los límites permisibles de niveles de arsénico.

Por lo tanto, no se habría encontrado “ninguna excedencia” que pueda afectar, incluso, al medio ambiente y personal de su empresa.

También, aseguraron que el puerto de Antamina, en Punta Lobitos, opera bajo condiciones controladas y monitoreadas en tiempo real y sin emisiones al medio ambiente, eliminando cualquier exposición de los productos hacia terceros.

La semana pasada el Relator Especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 54° período de sesiones el informe final de su visita al Perú.

En su recorrido por el país, que se extendió del 1 al 15 de diciembre del año pasado, Pedro Arrojo, economista de formación y experto en gestión de agua, visitó los departamentos de Lima, Ica, Cajamarca, Puno y Loreto. Durante su estadía se reunió con una extensa representación de la sociedad organizada que compartió con él sus preocupaciones y su lucha diaria en defensa de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Allí el Relator Especial pudo conocer de primera mano la alarmante vulnerabilidad hídrica del Perú ante el cambio climático, acrecentada por el modelo de desarrollo extractivista imperante, y las consecuencias devastadoras que la contaminación tóxica de las aguas genera sobre la población.

La destrucción de acuíferos, humedales, bofedales y bosques húmedos en cabeceras fluviales a causa de la gran minería, así como las graves afecciones que esta les provoca agrava el impacto sobre la regulación de caudales fluviales que supone la desaparición de los glaciares, lo que dispara la vulnerabilidad de la mayor parte de la población que vive en la franja costera del Pacífico, frente a los crecientes riesgos de sequía y de inundación.

Respecto a la contaminación tóxica, el Relator destaca los datos del propio Ministerio de Salud, según los cuales más de 10 millones de peruanos y peruanas, es decir más del 31 % de la población, sufren riesgo diario de contaminación por metales pesados, metaloides y otros tóxicos, con la demoledora precisión de que el 84 % son niños y niñas.

El relator en su informe también nombra los responsables de tan graves perjuicios para la salud pública, pues destaca que la contaminación procede de explotaciones mineras legales e ilegales activas y de frecuentes vertidos petroleros, pero también de 7.668 pasivos ambientales mineros, y de los 3.231 pasivos del sector de hidrocarburos identificados hasta la fecha. Concluye el relator: “ Estamos, en suma, ante un proceso de envenenamiento sistemático de gran parte de la población, especialmente en comunidades campesinas e indígenas, al tiempo que el cambio climático proyecta un futuro hidrológico sombrío para el país”.

Es especialmente preocupante la situación hidrológica del Perú, ya que más del 97 por ciento de las aguas superficiales y de acuíferos subterráneos discurren por la vertiente del Amazonas hacia el océano atlántico y menos del 2 % del total del agua disponible se genera en la vertiente pacífica, con la paradoja que es en la Región Hidrográfica del Pacífico donde se concentra el 65 % de la población y se produce la mayor actividad económica.

En esta tensa situación hídrica que presenta el país, la acción humana agrava la indefensión frente al cambio climático, constata el informe: “El desarrollo de la minería a cielo abierto en cabeceras fluviales, además de generar graves problemas de contaminación, deseca y amenaza lagunas, humedales y bofedales en las cabeceras, como ocurrió con la laguna de Yanacocha y las nacientes del Río Grande junto a la ciudad de Cajamarca”.

En efecto, en la región de Cajamarca, el Relator Especial visitó las lagunas y manantiales de Alto Perú de los que dependen varias cuencas hidrográficas. Inquietan al enviado de la ONU las concesiones mineras solicitadas en la zona y la falta de medidas legales para proteger estos ecosistemas. Además, recibió información preocupante sobre el proyecto minero Río Blanco, que afectaría a los bosques de neblina, importantes para regular las aguas de Piura, como reconoce la Autoridad Nacional del Agua y denuncian las comunidades campesinas.

Entre las principales recomendaciones que debería abordar el país para alcanzar el derecho humano al agua potable y el saneamiento, destacan las siguientes:

– Transitar a modelos de gobernanza del agua con enfoque ecosistémico y de derechos humanos, que garantice la participación ciudadana y los derechos de los pueblos indígenas.

– Promover laboratorios independientes con capacidad de análisis y seguimiento de los problemas de contaminación de aguas, al servicio de comunidades y organizaciones sociales.

– En contexto de escasez o de competencia entre usos del agua, deben reservarse las fuentes naturales de mayor calidad al abastecimiento humano.

– Activar la Ley 30640 y establecer una moratoria a nuevas concesiones mineras en cabeceras de cuenca, como zonas intangibles en las que no se otorgue ningún derecho de aguas.

– Crear el sistema nacional de información de la vigilancia sanitaria del agua previsto en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

– Implementar mecanismos de reparación para víctimas de contaminación.

– Fortalecer la gestión comunitaria del agua poniendo en valor la agro ganadería y las actividades económicas tradicionales respetando los saberes, las prácticas y la gobernanza comunitaria de los Pueblos Indígenas.

– Acabar con la criminalización de las personas defensoras del agua, por ello el Gobierno debe reconocer el papel de las personas defensoras del agua.

Puede leer el Informe completo del Relator Especial, dando clic AQUÍ

En el Perú 10 millones de personas podrían estar directamente afectadas por las actividades extractivas industriales que contaminan el agua, el aire, la tierra y los alimentos, según el Ministerio de Salud. La exposición durante décadas a los metales pesados tiene efectos irreversibles en la salud humana y devastadores en el caso de los menores de edad como lo han demostrado estudios nacionales e internacionales.

Para abordar esta problemática que lleva décadas sin soluciones concretas, la organización italiana Source International, Centro Labor y Red Muqui organizan el Ciclo de documentales sobre el impacto de los metales pesados en la salud humana y en la vida , en la Alianza Francesa, el viernes 18 de agosto, de 9:30 a. m. a 12:30.

Los documentales proyectados por primera vez en el Perú serán:

LOS NIÑOS DEL PLOMO (Les enfants du plomb, 54 min), del director francés Martin Boudot, realizado entre 2021 y 2022 para el programa francés VERT DE RAGE de France Télévisions. El documental revela el impacto de los metales pesados en la salud humana de las personas que viven cerca de las actividades extractivas, como la del plomo en Cerro de Pasco (Perú), y de personas que viven cerca de complejos metalúrgicos que transforman el plomo como en Evin-Malmaison (Francia). A través de la investigación periodística y de estudios científicos con las familias afectadas, en los espacios habitados, el documental expone la presencia alarmante de metales pesados y las consecuencias irreversibles en el crecimiento y cociente intelectual de los menores de edad. El documental realiza además entrevistas a científicos, empresas y autoridades en ambos países.

DONDE LOS NIÑOS NO SUEÑAN (20 min), 2023, del director italiano, Stefano Sbrulli, se centra en la historia de Lourdes y su familia que viven a pocos metros de la mina a tajo abierto en Cerro de Pasco. Los hijos de Lourdes padecen graves enfermedades causadas por la contaminación de metales pesados, con consecuencias en sus expectativas de vida. La necesidad de alejar a los niños de esa zona que los está matando contrasta con la imposibilidad social y económica de imaginar un futuro en otro lugar.

Al finalizar las proyecciones se realizará un conversatorio. En la primera mesa participan las familias afectadas protagonistas de los documentales; Felix Suasaca, presidente de la Plataforma Nacional de Asociaciones de Víctimas de Metales Pesados; y la productora audiovisual franco-peruana Pueblo Films a cargo de la producción local del documental francés LOS NIÑOS DEL PLOMO.

En una segunda mesa, participan Laura Grassi, investigadora científica de Source International, que lleva una década estudiando los impactos de los metales pesados en la población de Cerro de Pasco; Ana Leyva, subdirectora de Cooperacción y especialista legal en temas minero-ambientales, ordenamiento territorial, participación ciudadana y consulta previa; Percy Herrera Añazco – Jefe de equipo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud; y representantes del Ministerio del Ambiente.

Hace tres años un estudio coordinado por científicos italianos en colaboración con un equipo de investigadores de universidades españolas y una portuguesa, había logrado demostrar el envenenamiento constante de los niños que viven Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen debido a la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno. 

Lo que sus investigadores sospecharon entonces y que los llevó a realizar nuevos estudios con las mismas poblaciones en junio y julio de 2021  se ha hecho público en Pasco la semana pasada. No son solo los cuerpos de estos menores de hasta 16 años, también sus mentes, es decir su cerebro y su desarrollo cognitivo que están siendo atacados.

La salud de niños en Cerro de Pasco en 2019

En 2019 un equipo de las Universidades de Madrid, Santiago de Compostela en España y Coimbra en Portugal, coordinado por Source International, completó una historia clínica de los niños del distrito Paragsha y el asentamiento José Carlos Mariátegui, ubicados en Cerro de Pasco entre desmontes y el tajo abierto de la mina y por ello uno de los distritos más expuestos a las actividades mineras de la ciudad. Los investigadores hicieron lo mismo con un segundo grupo de Carhuamayo, una localidad a unos 40 kilómetros de distancia con condiciones climáticas y socioeconómicas similares, pero no expuesta directamente a la minería. La ONG italiana evalúa el medio ambiente en la ciudad minera de Cerro de Pasco y sus alrededores desde 2009 y esta vez contó con el apoyo de la organización Centro Labor Pasco.

Fuente: Source International

El objetivo era descubrir y exponer las enfermedades que presentan los niños en Cerro de Pasco  y comparar la prevalencia de esas patologías en los infantes de Carhuamayo. Los resultados son evidentes: las patologías específicas se presentan en los niños del Cerro de Pasco en una relación considerablemente superior que en los niños de Carhuamayo. Las hemorragias nasales constantes, por ejemplo, afectan al 62 por ciento de los niños de la ciudad minera, mientras que en Carhuamayo alcanza sólo a un 12 por ciento. La incidencia de manchas blancas en las uñas ( asociada a la exposición a ciertas toxinas, como el arsénico, el talio u otros metales pesados) en los niños de Cerro de Pasco es 12 veces mayor que en los del grupo de comparación. También hay casos de graves trastornos gastrointestinales y de comportamiento, relacionados con la acumulación de altas cantidades de manganeso y mercurio.

Qué ha cambiado

En junio del año pasado los investigadores de Source regresaron a Cerro de Pasco, esta vez para analizar, si continuaba la contaminación y la exposición de los niños a estos agentes tóxicos y estudiar su desarrollo cognitivo. 

El estudio arrojó que existe un claro aumento de las concentraciones de metales pesados desde el año 2016, un indicador de que las fuentes de contaminación siguen activas y los organismos de los menores de edad siguen expuestos y acumulando los contaminantes tóxicos y cancerígenos. La tendencia general de la concentración de metales pesados en la población de Paragsha entre 2016 y 2019 está marcada por un incremento entre 2016 y 2018 y un descenso relativo entre 2018 y 2021. La concentración promedio de la mayoría de metales pesados (salvo berilio y boro)  es más alta en el último año comparada con la de 2016. Es decir, la exposición de la población a metales con alto potencial tóxico incluso ha aumentado desde 2016 en adelante. 

Con ello se desvirtúa el argumento de los dueños de la mina que alegan que la contaminación no es responsabilidad de ellos, ya que proviene de una fecha anterior a la compra de dos tercios de las acciones de la empresa Volcan, operador de la mina Cerro de Pasco, por parte del consorcio suizo Glencore. Y antes de ellos, los cambiantes dueños alegaban que el envenenamiento databa incluso de épocas pre coloniales. 

3.09.21_Foto desde la punta del centro poblado de Paragsha, de la ciudad de Cerro de Pasco y el tajo abierto

La importancia de los cabellos y nuevos estudios

La novedad del más reciente estudio, es que por primera vez, un examen pone en relación la concentración de metales pesados en los cabellos de los niños con  el cociente intelectual de los menores. Se basó en  exámenes realizados a 81 niños de entre 6 y 16 años de Paragsha/José Carlos Mariátegui y 17 menores de entre 11 y 16 años en Carhuamayo de julio de 2019.

Para ello se tomaron  muestras de cabello, de tres centímetros de longitud, que equivalen a un periodo de aproximadamente tres meses de crecimiento. De esa forma se obtiene un valor promedio de la concentración de metales tóxicos en el tiempo mencionado, una metodología más precisa que la toma de muestra de sangre, que solo permite la conclusión de la exposición en un momento muy limitado.

Desde hace más de una década, varios estudios nacionales como internacionales vienen corroborando la exposición de la población, y en particular la infantil, a los metales pesados en Cerro de Pasco. Una ciudad que convive con una mina a tajo abierto y plantas concentradoras que reciclan los desechos de la minera, y que de esa forma extrae plomo, zinc y plata del subsuelo. 

La investigación de Source International sobre el cabello de los niños encontró concentraciones muy elevadas de 17 metales pesados diferentes, muchos de ellos tóxicos y cancerígenos, como arsénico, plomo, mercurio y talio. 

Como valor de referencia, los investigadores usaron el máximo nivel aceptable para niños fijado por el laboratorio alemán “Micro Trace Minerals”, especializado en análisis de cabello, establecido para una población saludable no expuesta a fuentes contaminantes.

Aquí una exposición que grafica la situación:

Fuente: Source International

Las pruebas de Paragsha muestran una concentración mayor o muy por encima de todos los metales comparadas con aquellas de Carhuamayo. En Cerro de Pasco el promedio de concentración de arsénico (0.45 mg/Kg) es tres veces más alto que el promedio registrado en el grupo de control (0,15 mg/Kg). En el caso del plomo (4.38 mg/Kg) la relación es seis veces superior. En cadmio los resultados doblan la concentración de aquella en Carhuamayo. Resaltan asimismo los resultados de antimonio, cuyas concentraciones son dos veces y media más altas en Cerro de Pasco que en Carhuamayo. En relación a los máximos niveles aceptables, fijados por el laboratorio germano, los resultados son aún más dramáticos. En cuanto al plomo los niños de Cerro de Pasco superan en 43 veces la cantidad límite del estándar internacional. En hierro cuatro veces, en manganeso lo supera por siete y en el caso de aluminio se multiplica por cuatro.

«Poco se sabe de los efectos a largo plazo sobre la salud de estos niños, ya que la mayoría de los estudios realizados hasta ahora se han llevado a cabo sobre intoxicaciones agudas por un solo elemento y no sobre formas crónicas debidas a más de una docena de sustancias, cada una de ellas con diferentes efectos sobre el organismo, y que además tienen efectos interrelacionados entre sí», señala el biólogo Flaviano Bianchini, fundador y director de Source International, al explicar el objetivo de las investigaciones, únicas en su género, realizadas precisamente con este fin.

Los efectos comprobados de los metales pesados

Lo que sí se sabe a ciencia cierta son los efectos que provocan individualmente cada uno de los metales tóxicos, explica Bianchini:

“El plomo, entre sus primeros efectos está provocar retraso mental, trastornos del coeficiente intelectual. El plomo, interfiere en el desarrollo físico del cerebro. El cadmio, aumenta las discapacidades de aprendizaje: los niños tienen más dificultades de aprender, alteraciones de la memoria. Con el manganeso, se tiene menor nivel de atención además que interfiere con sus capacidades manuales. El arsénico provoca hiperactividad en los niños y reduce su capacidad de expresión verbal. Los niños tienen dificultad para hablar bien y presentan una disminución del coeficiente intelectual”.

Fuente: Source International

La medición de inteligencia

En forma paralela a las tomas de muestras de cabello, los investigadores hicieron una serie de exámenes del desarrollo cognitivo y verbal de los niños. 

En forma específica evaluaron la habilidad verbal, la habilidad visual y conceptual, es decir la capacidad de ver imágenes, reconocerlas y asociarlas, la capacidad de la memoria y la velocidad de procesamiento mental, es decir la capacidad en la que los niños logran procesar información, aprender y elaborar las informaciones. En todos estos aspectos, hay un alto número de niños de Paragsha (Cerro de Pasco) que presenta serios déficits. 

Así el valor promedio del Cociente Intelectual Total (CIT) en la población expuesta de Paragsha obtuvo una puntuación de 82,5, una cifra que está 12,3 puntos por debajo de sus pares de la población no expuesta de Carhuamayo, cuyo puntaje promedio fue de 94,8. Además, se detectó que el 37% de los niños y adolescentes que habitan el distrito afectado por los metales pesados obtuvieron un CIT “inferior” o “muy bajo”, en comparación con los estándares internacionales.

Esto significa en términos prácticos, según Bianchini que una persona con un cociente intelectual medio, puede acabar su estudio e ir a la universidad y hacer una carrera de ingeniero, por ejemplo. En cambio aquellos niños con un cociente intelectual medio-bajo como los casos vistos, les costará incluso terminar el ciclo escolar.

Irreversible daño

La gravedad de este resultado a largo plazo lo explica el investigador italiano: “El cociente intelectual y el cerebro se desarrollan en los primeros 6 años y medio de vida. El grueso se desarrolla en el feto antes de nacer y durante los primeros cinco a seis años de vida. Después de eso, muy poco. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos niños, con 8 o 9 años, su cerebro no se desarrolló como debería haber sido y el impacto será para toda su vida. No es un impacto de hoy, se quedará en sus vidas para siempre”, porque el cerebro no se desarrolla más”. advirtió

Si bien esperaban encontrar evidencias de la relación a la exposición de metales pesados y el desarrollo cognitivo de niños, porque los estudios científicos avalan esa relación, para Bianchino los resultados son dramáticos: “Hablamos que los niños de Paragsha (Cerro de Pasco) presentan en promedio un cociente intelectual de más de 12 puntos por debajo de sus pares en Carhuamayo. En Europa cuando se encuentran casos de población donde hay una diferencia promedio de unos o dos puntos por debajo de la media de esta parámetro de medir la inteligencia, inmediatamente esto causa alarma y se hacen más estudios para remediar la situación”

Palabras que resuenan entre los asistentes a la presentación del estudio en el municipio de Paraghas. Su alcalde es la única autoridad del Estado peruano presente en la mañana del 1. de marzo. ¿Qué responder ante preguntas que suenan desesperadas?:

Una joven mujer de no más de 25 años pregunta: ¿Qué puedo hacer para evitar que los niños que están por nacer, no se contaminen con plomo y otros metales pesados? Otro señor entre 40 y 50 años quiere saber ¿Qué debería hacer, si mi hijo de 17 años está con tanto sangramiento de narices, que ni siquiera ha podido continuar con sus estudios? 

Las respuestas que puede ofrecer Flaviano Bianchini son poco alentadoras, como la sugerencia de alejarse de las fuentes contaminantes, si Cerro de Pasco está colmada de ellas o que eviten tomar agua de la llave y que se alimenten con productos de otros valles, con los impagables precios que alcanza el agua embotellada y los alimentos.

Y no obstante, es necesario que el Estado se haga cargo de algunas recomendaciones que hace Bianchini: Afrontar la remediación ambiental integral de la zona y que comience a monitorear en forma permanente y en breves intervalos la salud de los habitantes así como el estado del medio ambiente. Y en forma urgente atender en clínicas especializadas a los niños y demás habitantes más gravemente afectados y otorgarles apoyo sicológico a menores cuyas capacidades cognitivas han sido afectadas de por vida. Y dirigido a quienes pongan en duda la metodología, las formas de trabajo o cualquier otro aspecto del estudio el investigador italiano invita a revisar el informe publicado por una de las revistas científicas más renombradas a nivel internacional, Scientific Reports de Nature que avala este estudio. Por lo tanto para Bianchini, no puede haber discusiones científicas en torno a esta temática, pero sí decisiones políticas que se deben tomar.

Relator Especial de Naciones Unidas y similares conclusiones

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana en su reciente visita a Perú que concluyó el fin de semana pasado y en la que se reunió con la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, lo puso de esta manera en una entrevista con el portal www.convoca.pe

“De los testimonios que he recibido, [se resalta] que el Estado, en vez de realizar un tamizaje a toda la población, ha hecho muestras a diferentes personas y los resultados de estos exámenes son entregados con mucha demora. A veces, seis meses o un año después. Esto limita las oportunidades de una intervención médica efectiva. Además, estas pruebas para que sean efectivas deberían ser periódicas, para ver cómo va evolucionando [la salud de la población]”,

Asimismo, recalcó que al Estado, en su deber de garantía de derechos, le corresponde un rol de fiscalización que es indispensable y un rol de garante para que cuando haya afectaciones a la salud tome las muestras necesarias para determinar la gravedad de los impactos y proveer asistencia médica especializada. “No es solo un tema de asistencia médica. Es posible pensar que las personas reciban asistencia médica fuera de sus poblados, pero si vuelven a sus comunidades que están contaminadas, esto [la afectación a la salud] empieza de nuevo. [Debe hacerse] una intervención integral, donde la salud ambiental sea un componente primordial de la [ política de ] salud del Estado para prevenir la exposición de personas a peligros tóxicos”.

Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Un envenenamiento progresivo y persistente que significa atrofiar el cerebro de niños. Es hora de parar la indiferencia de las autoridades gubernamentales, cuya cabeza fue elegida el año pasado precisamente por su promesa de revisar la relación entre la sociedad y los indolentes dueños de la mina. Dueños que en el caso de Volcán, propietaria de la mina Cerro de Pasco, se jactan en su página web de ser considerados uno de los productores de más bajo costo en la industria debido a la calidad de sus depósitos de mineral. Tal vez esos bajos costos también guarden relación con la forma de explotar estos metales, en la que las llamadas externalidades ambientales son arrojadas sobre la población.

Resultados del estudio completo: https://uploads-ssl.webflow.com/5d9bafe75f6edb09b82b5aaf/621c9a55ad176d5fc4171084_Copia%20di%20pasco%20short%20ENG.pdf

El martes 4 de mayo se ha promulgado en el diario El Peruano, la ley para “Fortalecer prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas”, firmada por el presidente de La República, Francisco Sagasti, y la presidenta de la PCM: Violeta Bermúdez. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República el 31 de marzo del presente año con el aporte de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, y faltaba la promulgación por parte del Ejecutivo si es que no había alguna observación. Desde octubre del 2018 en que se aprobó los “Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas” por el Ministerio de Salud, no había otro avance normativo importante.

Implicancias de la Ley

De acuerdo al artículo 3, esta ley encarga a la “Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Salud en ejercicio de su función rectora, la definición de los actores y de los mecanismos de articulación intersectorial e intergubernamental para la incorporación de la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas en los planes y programas a cargo de los sectores competentes, así como en los de los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

La coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, Karem Luque, señala que “esto permitirá que no solo haya una acción organizada a nivel multisectorial que contempla a diferentes ministerios, sino que entre los diferentes sectores haya mejores propuestas. Refuerza los canales de comunicación para que los gobiernos regionales y locales puedan ejecutar y dialogar mejor frente a las políticas nacionales que se vayan aprobando.

Agregó que desde la sociedad civil ahora se podrá argumentar que existe ya una ley para que los gobiernos regionales realicen un plan integral de salud que contemple a las y los afectados por metales tóxicos.

Minsa adecuará protocolos para atención

Asimismo, la ley señala que el Ministerio de Salud debe elaborar y actualizar “los protocolos de atención e instrumentos técnicos para la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas”.

Karem Luque precisa que actualmente el Ministerio de Salud tiene guías de diagnóstico clínico con los que los médicos evalúan los síntomas y signos de las personas que estarían afectadas por metales pesados. “La guía más actualizada es la de plomo del 2017. También hay guías para arsénico, cadmio y mercurio”. Agrega que lo que se pide con este artículo, es que estas guías sean actualizadas y sea asumido por todos los profesionales de la salud que van a trabajar en la zona donde hay exposición a metales pesados. “Los médicos deben conocer a detalle estas guías para diagnosticar la enfermedad de los pacientes expuesto a metales pesados”, puntualiza

Crearán Registro de personas afectadas por metales pesados

Otro importante avance de acuerdo a esta ley, es que el Ministerio de Salud implementará y actualizará el “Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, a fin de organizar el sistema de atención sobre esta materia, que brinde mayor conocimiento sobre su incidencia, prevalencia y demás información relevante en cada área geográfica que se produzca, así como los niveles de afectación en la salud”.

Hace unos meses el Ministerio de Salud informó que actualmente “hay más de 10 millones de personas expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en el país” . Sin embargo, Karem Luque señala que no es un informe detallado para saber cuántas personas expuestas a metales pesados hay en cada provincia y distrito. “La data solo es a nivel regional. Esperamos que con esta ley y su reglamento se pueda tener la data detallada con el apoyo de los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, en cusco hay 342 660 personas en riesgo de exposición a metales pesados, pero no se dice dónde”.

En el artículo 5, se precisa que el registro se construirá “a partir de la información obtenida en atenciones médicas realizadas, en los establecimientos de salud de los tres niveles de gobierno, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud su conducción y actualización periódica, conforme lo señale el reglamento”.

Financiamiento

Finalmente, sobre el financiamiento, en el artículo 7 de la ley se precisa que no habrá recursos adicionales del Tesoro Público para implementar estas acciones. “La aplicación de lo dispuesto en la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades públicas involucradas”.

Karem Luque señala que los gobiernos regionales deben elevar sus presupuestos, ya que ellos son los que definen los montos a utilizar en el sector salud de su región. “Si tendríamos en cada región una unidad de metales pesados que esté bien equipada, tendríamos mayor seguimiento a los casos de exposición y afectados por metales pesados”.

Finaliza, precisando que sí debería evaluarse un presupuesto especial a nivel nacional porque en los territorios donde ya hay afectados por metales pesados y personas en riesgo de serlo, se sigue impulsando la actividad minera, y por ello debería haber un presupuesto especial para implementar las acciones de mitigación, prevención y atención a los afectados por metales pesados.

Aprobada la ley, el reglamento de la Ley debe ser aprobado dentro del plazo de 90 días calendario, contados a partir del día de hoy, 4 de mayo.

DATO

Actualmente la Comisión Multisectorial Temporal de la que hacen parte representantes de ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Salud, Vivienda, Agricultura, Trabajo, Cultura, Mujer, Producción; 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales; y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, vienen elaborando el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.

Con la ley aprobada, la implementación del Plan Especial Multisectorial tendrá un respaldo jurídico para la prevención, mitigación y atención de la salud de los afectados y afectadas.

 

Por: Jaime Borda/ Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Como es sabido, esta semana la coyuntura política sigue centrada en la moción de la vacancia presidencial de Martin Vizcarra por parte del Congreso de la República. Está casi confirmado que el presidente tendrá que ir a responder por sus actos este viernes 18 de septiembre al Congreso. Sin embargo, cada día aparecen nuevos elementos que evidencian que detrás del pedido de vacancia existen otros intereses subalternos a los audios del presidente y sus asistentes. Se ha sumado las llamadas nada santas que ha realizado el presidente del Congreso, Manuel Merino, al comandante general de la Marina; dice Merino, para dar tranquilidad al país, así como las últimas denuncias del ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaústegui, quien ha hecho público unos chats donde allegados a Acción Popular le insinuaban sobre los cambios y la crisis que se avecinaban. Al final, se trata de “una burda comedia en medio de una tragedia” en nuestro país, como ha señalado acertadamente Javier Torres de NoticiasSer.

No solo de crisis política vivimos en nuestro país, a parte de la crisis sanitaria que tenemos que enfrentar, esta semana hemos conocido de una lamentable noticia, se trata del asesinato a balazos del defensor ambiental: Roberto Carlos Pacheco Villanueva, en Madre de Dios. Con esta muerte en nuestro país, ya suman 5 defensores ambientales asesinados, según la Defensoría del Pueblo. “En lo que va del 2020, además del señor Pacheco, otros cuatro defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente han sido asesinados por tratar de proteger los recursos naturales”. Estos datos son más que alarmantes debido a que la defensa de los derechos humanos y los líderes/as defensores están en riesgo. Por ello, es urgente implementar medidas más eficaces de protección desde el MINJUSDH, El Ministerio Publico y las autoridades competentes en favor de los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país.

Finalmente, en medio de esta crisis, un tema que espera algún nivel de atención desde hace mucho atrás es la situación de los afectados/as por metales tóxicos en nuestro país. Siempre que los gremios mineros y el gobierno hablan de la importancia de la minería se olvidan de la otra parte, de los impactos y los daños que genera esta actividad. El caso de los afectados, entre ellos niños y niñas de Cerro de Pasco es el más dramático, ya que la presencia de metales pesados en sus cuerpos les genera un sinnúmero de enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. En relación a este tema, el Centro Labor de Pasco en alianza con el Instituto Source de Italia han elaborado una investigación denominada: «Condiciones de la calidad ambiental y exposición humana a metales pesados en Cerro de Pasco». El estudio profundiza el análisis ambiental y de salud pública que aquejan a las poblaciones de Cerro de Pasco, y da cuenta de la situación de los niños y niñas en poblaciones cercanas al proyecto minero. El estudio fue presentado está siendo presentado este jueves 17 de septiembre en un evento virtual organizado en alianza con la Red Muqui.

Los comuneros de Tintaya Marquiri, comunidad de Espinar, vienen protestando desde el martes 16 de julio ante la empresa suiza Glencore, debido a que no cumple con los acuerdos fundamentales suscritos desde el 7 de noviembre del 2013. Antes la empresa suiza era Exstrata Cooper, pero se fusionó con la empresa Glencore. El presidente de la comunidad, Javier Alccamari, señaló que hasta ahora no hay proyectos de saneamiento básico, y básicamente lo que ha hecho la empresa son proyectos de poca envergadura.

Además, denuncia que las y los miembros de la comunidad de Tintaya Marquiri y comunidades aledañas, sufren de cáncer como consecuencia de la actividad minera en la provincia, que lleva 38 años.

La comunidad exige diálogo con el gerente general de la empresa, ya que los relacionistas comunitarios de la empresa no tienen poder de decisión.

El presidente de la comunidad, agregó que en estos más de 38 años de actividad minera, “la comunidad no se ha beneficiado. Solo ha traído el hambre, miseria y enfermedad. Beneficia a los funcionarios y a los familiares de los funcionarios, pero a la comunidad no beneficia en nada”

Finalizó señalando que en caso no haya resultados, radicalizarán su medida de lucha.

Para comprender la historia de Espinar en relación a la actividad minera, puede ver más aquí

El día de ayer se realizó un paro en toda la región de Moquegua convocado por las organizaciones de agricultores, juntas de usuarios de agua, juntas vecinales, el Sindicato de Profesores (SUTER) y diversas organizaciones de la sociedad civil. Denunciaron la contaminación minera que ha sufrido la región a lo largo de décadas por la empresa Southern y Anglo American Quellaveco, que en la actualidad viene contaminando, en su fase de construcción, los pastizales y el agua de las zonas de Tala, Pocata y Coscore. En el caso de Southern, la responsabilizan de contaminar la cuenca de Torata en Cuajone.

El proyecto minero en mención inició su fase de construcción el año pasado, 2018, y prevé culminar su fase de construcción el 2022 para iniciar la primera producción de cobre ese año. Es uno de los yacimientos de cobre más grande del mundo y está siendo desarrollado por Anglo American del Reino Unido en sociedad con la Corporación Mitsubishi de Japón.

El paro también se desarrolla porque la empresa minera Anglo American no ha cumplido con la cantidad de ofrecimiento de trabajo local a los moqueguanos, quiénes observan que llega personal de otros lugares fuera de la región y tampoco se dan las capacitaciones a los jóvenes profesionales que la empresa prometió.

Historial de Southern en Moquegua

Hace algunos años Southern fue sancionada por el delito de contaminación ambiental al superar los límites máximos permisibles en la emisión de partículas de arsénico y al verter agua contaminada al mar de Ilo. Inicialmente la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y Medio Ambiente solicitó una pena de 2 años y 6 meses y el pago de una reparación civil por un millón de dólares a la empresa minera Southern Peru; sin embargo, la Procuraduría del Ministerio del Ambiente (MINAM) aceptó el pago del 5% de la minera por el proceso civil contra del representante de Southern, Oscar González Rocha.

Dirigentes opinan

Durante la movilización, los dirigentes cuestionaron al presidente Vizcarra porque siendo moqueguano no se pronunció sobre el paro regional frente al abuso de la empresa Anglo American. Señalaron que el presidente Vizcarra es quién ha promovido el desarrollo de la minería y que por responsabilidad de él, es que hoy están protestando. El recorrido de la movilización se dio desde el centro hasta el puente Montalvo, que fue bloqueado impidiendo el tránsito vehicular para los autos y buses que normalmente llegan de Arequipa y de regiones del norte del país; así como del otro extremo, quiénes llegan de Tacna e Ilo.

Durante el mitin que se dio en el puente Montalvo; Erick Rivera, dirigente de las juntas vecinales de Torata, señaló que su comunidad está contaminada. “No pedimos que se cumplan los acuerdos, sino que se vaya Anglo American, que ha venido contaminando más de 42 años”.

A su turno, el dirigente del sindicato de docentes a nivel regional, señaló que “no podemos permitir a los gobernantes que hagan lo que quieran y que de licencias a las empresas a espaldas del pueblo”, en alusión a Southern y el proyecto Tía María en Arequipa.

Finalmente, el dirigente Óscar Zeballos, representante de la sociedad civil ante el Comité de Monitoreo y Seguimiento de Acuerdos con Anglo American, señaló de que si no se paraliza el proyecto minero Quellaveco, se promoverá una huelga indefinida.

Ministra trabajó en Anglo American

Una ministra que viene siendo anunciada por Vizcarra para ayudar a solucionar el conflicto en Islay por Tía María, al tener la autoridad estatal en el sector de agricultura, es Fabiola Muñoz; quién anteriormente fue Gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de la empresa minera Anglo American Quellaveco. Empresa cuestionada en la protesta regional de Moquegua. La ministra de Agricultura señaló ayer en Canal N que la minería y la agricultura “pueden convivir” en Islay.

El día lunes se llevó a cabo en el Congreso de la República la “Audiencia pública: avances para la prevención y atención integral de los afectados en salud por metales tóxicos”, impulsada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), comisión encabezada por el Congresista Wilbert Rozas.

Ésta audiencia es el resultado de las seis sesiones de la mesa técnica de la CPAAAAE que mediante control político dio seguimiento a las gestiones que el Ejecutivo debe desarrollar para la implementación de una política nacional multisectorial y especializada para atender el tema.

La Audiencia Pública es una vía institucional donde la ciudadanía puede plantear sus necesidades de manera democrática. A ésta audiencia fue convocado el actual Presidente del Consejo de Ministros (PCM) Salvador del Solar a pedido de la CPAAAAE y como demanda de las comunidades andinas y amazónicas que conforman la “Plataforma Nacional de Afectados en salud por Metales Tóxicos”, ya que es clave que se pueda conformar una Comisión Multisectorial de Alto Nivel impulsada por la PCM y con participación efectiva de ministerios como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de quienes dependen decisiones de éste tipo.

Sin embargo, a pesar de la importancia de este espacio en que los afectados por metales tóxicos expusieron sus demandas y propuestas, el Premier no asistió a la cita, con lo que la PCM ha evidenciado que no tiene la voluntad política ni prioriza impulsar una política en salud a pesar de ser una demanda no resuelta por décadas y que los afectados por metales tóxicos en todo el país exigen un solución con urgencia.

En la audiencia se presentó el representante de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros Yuri Pinto Ortiz, quien informó sobre las gestiones que vienen desarrollando para la remediación de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de alto y muy alto riesgo, sin embargo el MINEM no informó sobre los avances en el compromiso que asumió en la mesa técnica respecto al desarrollo de un marco normativo que regule del “reaprovechamiento” de PAMs.

De Igual forma la representante del Ministerio de Salud (MINSA) no informó sobre mayores avances para la coordinación multisectorial necesaria para que lo establecido en los Lineamientos Sectoriales que emitió el año pasado puedan implementarse. Recordemos que el MINSA retiró a pedido de la PCM el proyecto de Resolución que crea la Comisión Multisectorial para desarrollar una política nacional sobre el tema, al parecer por presiones de la PCM. En la audiencia tampoco se señaló avances concretos de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el cumplimiento de la identificación de las fuentes hídricas contaminadas, y el mapeo de las rutas de contaminación.

Como lo señaló Karem Luque, Bióloga de Derechos Humanos Sin Fronteras, institución miembro de Red Muqui, el Estado peruano no está cumpliendo con sus obligaciones de protección a la salud ambiental y humana y de atención especializada a las personas afectadas, el Estado está declinando a su responsabilidad de identificar las causas de la contaminación y de realizar una atención integral y efectiva de salud en las zonas contaminadas.

Por su parte Yolanda Zurita, representante de los afectados de La Oroya (Junín) y vocera de la zona andina de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos, señaló que hasta la fecha las zonas con antiguo PAMs como La Oroya siguen sin ser remediadas, y aun así el Estado sigue permitiendo actividad minera en la zona. Señaló también que nada de lo informado en la audiencia se implementará sin un nivel de coordinación multisectorial y presupuesto asignado a nivel nacional y de gobiernos regionales.

 

«Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas.La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres» (Carta Encíclica Laudato Si’, N° 20).

El 21 de julio del año pasado emitimos un comunicado «Posición de la Iglesia Católica ante la situación que vive Lo Oroya» y decíamos:

La Iglesia está preocupada por la grave disyuntiva que se plantea ante el futuro del Complejo Metalúrgico de La Oroya -CMLO: la calidad de vida socio-ambiental o el trabajo remunerado, las ganancias de las Empresas y los impuestos que recibe el Estado. En ambos casos hay personas que se benefician, y otras que resultan afectadas.

La calidad del aire es esencial para la vida y la salud de las personas. Actualmente los pasivos ambientales afectan de manera especial a los niños.

• El proceso de venta del CMLO exige la adecuación de la calidad del aire a 80 ug/m3 para La Oroya, llo y Arequipa (Decreto Supremo N°006-2013 MINAM), pese a que en el resto del país la exigencia es de 20ug/m3 como nivel máximo de dióxido de azufre (Decreto Supremo N°003-2008 MINAM).

• Las exigencias ambientales no pueden flexibilizarse a favor de intereses económicos, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Asimismo, la preocupación laboral debe garantizar un trabajo digno y una justa indemnización de los trabajadores.

• Por lo cual, invocamos al señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo del Perú: el gobierno debe tener muy en cuenta el mandato constitucional: «La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado» (Art. 1°).

Ante estas afirmaciones del Comunicado que emitimos el 21de julio de 2016, se cumple lo que afirma el profeta Ezequiel: «…escuchan tus palabras.,…pero no las practican…» (Ez., 33,30-33). Y ahora añadimos lo siguiente:

1. En mayo pasado el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín (CIP-CDJ) emitió un pronunciamiento claro y valiente indicando: «En el marco de lo legislación ambiental, es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente paro el dióxido de azufre, el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud (OMS)».

2. El 6 de junio 2017 se establecieron los nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, mediante el D.S. N°003-2017- MINAM, elevando la norma de la emisión del Dióxido de Azufre de 80 a 250ug/m3 (24 horas).

3. con esta lamentable e incomprensible decisión, en el mes en que celebramos el 196 aniversario de la independencia de nuestra Patria, se realizará la segunda ronda de subastas. Una decisión Inmerecida para la Región Junín y para el Perú.

4. Sin embargo, «El Perú declaró desierto ayer, por falta de postores, la subasta del CMLO -administrado por Doe Run durante año, con severos daños medioambientales-, según informaron agencias internacionales… Lo agencia Reuters indica que para el 17 de julio, se ha programado una segunda subasta del complejo, y si esta fracasa, se realizaría otra el 26 de julio. En cada caso se reducirá el precio base en un 15%». (Diario CORREO – Huancayo, 07 de julio 2017)

5. Con la flexibilización de los ECA para el aire y la reducción del 30% en la tercera subasta a realizarse el 26 de julio próximo, se facilitaría la venta del CMLO que beneficiará a las instituciones-miembros de la Junta de Acreedores, presidida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

6. Debemos manifestar, con mucho pesar, que en dicha Junta de Acreedores participa el Grupo RENCO al cual pertenecía Doe Run Perú, y cuyo dueño, el Sr. Ira Rennen, enjuició al Estado Peruano solicitando $USD 800 millones de indemnización por no haber flexibilizado los ECA para el aire, en su debido momento.

7. La posible reactivación del CMLO, permitirá un empleo a los trabajadores. pero en un ambiente de alta contaminación del aire que seguirá perjudicando nocivamente su salud y la calidad de vida de las personas que viven en La Oroya, y la de sus trabajadores.

8. Con la probable venta del CMLO se condenaría nuevamente a la población de La Oroya a vivir en un ambiente insalubre, contrario a la dignidad de la persona humana y al espíritu de la Constitución Política a del Perú (Art.1°).

9. En ese sentido, debemos recordar que es obligación del Estado asegurar condiciones dignas y saludables de trabajo a la población de La Oroya, así como buscar otras alternativas de desarrollo sostenible para sus familias.

10. Igualmente nos solidarizamos con la población de Cerro de Paseo y con su Obispo Mons. Luis Alberto Barrera en la lucha por una vida digna y saludable.

11. Por último, ante la próxima visita del Papa Francisco, el hombre de la paz, el hombre que cuida toda la creación de Dios, un gesto solidario y efectivo del Estado peruano será reconocer que la dignidad y la salud de los pobladores de La Oroya están por encima de resultados económicos.

Deseamos a la gran familia peruana, en estas fiestas Patrias, una mayor unión de voluntades en la política, en la economía y en lo social, a fin de buscar el bien común en nuestro Perú. Por eso rezamos con el Papa Francisco: «Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. (Cfr. Carta Encíclica Laudato SI’N°246)