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  1. RED MUQUI CENTRO Y RED MUQUI NACIONAL, nos solidarizamos con la situación de emergencia ambiental y sanitaria que atraviesa la población de Cerro de Pasco, en particular el distrito de Simón Bolívar, donde en especial las niñas/os sufren los impactos ambientales de la actividad minera, sin que a la fecha haya tenido respuestas efectivas desde el Estado.
  2. En reiteradas ocasiones, los pobladores de Cerro de Pasco, y en especial los de Simón Bolívar, han acudido a Lima para buscar canales de solución para la atención especializada de las personas, especialmente niños y mujeres embarazadas, afectadas por metales pesados y metaloides.
  3. Centro Labor Pasco, con el apoyo de Red Muqui los ha acompañado en diversas reuniones, la última de ellas el 06 de junio pasado, donde lamentamos que la Ministra de Salud no estuviera presente, lo que ocasionó que el alcalde y dirigentes de Simón Bolivar se retiraran. Esa situación ha generado la acción de protesta que actualmente los pobladores realizan en el frontis del Ministerio de Salud.
  4. Demandamos del gobierno el respeto a los derechos fundamentales de las personas que han llegado a Lima y se encuentran en el MINSA.

Finalmente, exigimos una pronta y definitiva solución para la población de Cerro de Pasco, que pasa por considerar las demandas que la Municipalidad de Simón Bolivar presentó al Despacho Presidencial, mediante el documento N° 001-2017-MDSB-ALC/PASCO, que incluyen la atención inmediata a las familias más afectadas, cierre definitivo de los pasivos ambientales mineros que generan impactos en la salud, implementación de políticas de salud para la atención especializada de los afectados por metales pesados, el diagnóstico e identificación de los afectados por metales pesados en Cerro de Pasco, entre otros puntos.

Huancayo, 16 de junio de 2017

 

 

 

Pasco – Junín – Ayacucho – Lima

  • RED MUQUI facilitó que afectados presenten caso de niños contaminados en Simón Bolívar
  • El colectivo también gestionó que ONU conociera caso de reasentamiento de Morococha
  • En salud ambiental y humana, ONU recomienda que el Estado fortalezca fiscalización ambiental

El Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos visitó el Perú entre el 10 y 19 de julio, con el fin de revisar si se están implementando los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.

En esa misión, estos representantes de la ONU determinaron que el Estado peruano ha tenido una limitada presencia en donde operan las empresas mineras y existen conflictividad social. Es así que la misión internacional observó que, al no notarse la gobernabilidad y el estado de derecho, se hace más difícil el diálogo con las comunidades y ello contribuye a un ambiente de desconfianza, descontento y agitación social.

“El alto número de protestas sociales sugiere que las estrategias existentes para prevenir y mitigar los efectos adversos de la inversión extranjera directa en los derechos humanos han fallado”, alerta en reciente documento.

Si bien, el informe final de misión oficial será presentado en la 38ª sesión del Consejo de derechos humanos en junio de 2018, esta comisión de trabajo emitió una declaración expresando su preocupación sobre el manejo de los Derechos Humanos durante los conflictos sociales en el Perú.

Tomando en cuenta los reportes de conflictividad de la Defensoría del Pueblo, los representantes de la ONU vieron que el alto número de conflictos sociales en nuestro país, está relacionados a comunidades locales que protestan contra los efectos adversos causados por las operaciones mineras, petroleras y energéticas.

Es por ello que, en sus conclusiones preliminares, los miembros de este grupo de la ONU incluyeron han remarcado -con preocupación- la cifra de 70 muertos (65 civiles y 5 policías) en el período 2012-2016, durante estallidos de conflictos sociales.

Durante su visita a nuestro país, los expertos de Naciones Unidas escucharon y recibieron denuncias de personas potencialmente afectadas por actividades mineras. La contaminación del agua, el agotamiento de las aguas superficiales y subterráneas, la presencia de metales pesados en la sangre de trabajadores mineros y habitantes locales, son las más recurrentes, como es el caso en La Oroya (Junín) Cerro de Pasco (Pasco), Chumbilvilca y Espinar (Cusco), entre otros.

RED MUQUI dio a conocer caso Simón Bolívar y Morococha

El pasado 10 de julio, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, invitó a una reunión a la RED MUQUI y otras de sus instituciones miembros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CooperAcción, FEDEPAZ, APRODEH.

En dicha oportunidad RED MUQUI facilitó que se conozca el caso de contaminación de la población de Simón Bolívar (Pasco), fue así que Jaime Silva, Regidor de dicho distrito, expuso sobre violaciones de derechos que sufrían sus poblaciones por efecto de la intervención de empresas mineras, en especial los derechos a la vida y salud, al ambiente adecuado y equilibrado, a la vivienda digna, entre otros derechos que los casos evidencian.

“La emergencia de salud pública en Pasco relacionada con la contaminación industrial debe servir como un llamado de atención para fortalecer la debida diligencia en materia de derechos humanos a través de evaluaciones de impacto ambiental y fiscalización fuertes. Además, pone en evidencia la necesidad de tener en cuenta los costos a más largo plazo de las salvaguardias ambientales subestándar”, advirtió la ONU luego de conocer el caso.

Asimismo, la misión tomó cuenta del caso Morococha, el primer caso en Perú de reasentamiento de un pueblo entero a causa de un proyecto minero. César Reyna, Asesor de la Municipalidad Distrital de Morococha, fue el encargado de informar de la situación de los pobladores que fueron reubicados en octubre de 2012 (a unos 12 kilómetros de distancia), por la minera china Chinalco, para poder llevar a cabo el proyecto Toromocho.

Los expertos de la ONU supieron que Morococha se está quedando vacía por la falta de oportunidades y de actividad económica, debido a que Chinalco no ha cumplido con sus promesas de trabajo y de instalar cerca el campamento minero.

Consulta previa previene conflictos

Por su parte, la RED MUQUI y sus instituciones miembros plantearon las dificultades de la aplicación del derecho a la consulta previa en minería, y la situación de las defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos.

En la reunión con la misión, la RED MUQUI informó los requisitos de participación pública relacionados con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y el otorgamiento de concesiones para operaciones mineras, son solo informativas y, por tanto, no corresponden procesos de consulta legítimos.

“La participación ciudadana y consultas con las comunidades afectadas por las operaciones empresariales es otra fuente principal de conflicto social (…) Recomendamos que todo tipo de consulta y participación se realice en la fase de planificación más temprana de un proyecto y que la misma incluya todas las fases, incluso hasta el cierre”, puntualizó este grupo especial de la ONU.

Los días posteriores los miembros de la Misión viajaron a Cajamarca, Cusco y Challhuahuacho (Apurímac), donde tuvieron diversas reuniones sobre la conflictividad social generada por la actividad mineras en dichas localidades. En esos casos, Grufides (Cajamarca) y Derechos Humanos sin Fronteras (Cusco) les informaron sobre esta problemática.

Criminalización y defensores ambientales

En su declaración, las Naciones Unidas recuerda que sus Principios Rectores se basan en la importancia del espacio ciudadano donde las voces críticas puedan expresarse con el fin de que las empresas entiendan las inquietudes y los riesgos relacionados con los derechos humanos vinculados con sus operaciones.

“Cuando la gente expresa su preocupación por los efectos negativos de las operaciones comerciales, a menudo se enfrentan a intimidación y criminalización”, dijo Dante Pesce, el segundo miembro de la delegación del Grupo de Trabajo.

Durante su visita, la misión se reunió con varios de los líderes comunitarios acusados de «extorsión» y otras imputaciones, debido a las modificaciones del código penal –en la última década- que han facilitado la criminalización de la protesta social y han impuesto sanciones más severas para delitos como «perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos».

“La criminalización de las protestas no ayuda a lograr la paz, y se deben hacer más esfuerzos para mejorar las condiciones de diálogo”, concluyen en una parte de su declaración.

Convenios mineros con la Policía

La misión de empresas y derechos humanos de la ONU, también reparó en los convenios que las empresas mineras sostienen con la Policía Nacional, los cuales consideró como un “arreglo crea confusión acerca de la función policial, que es la de proteger a la población (artículo 44 de la Constitución).

“En la práctica, esto se materializa a través de la presencia de policías pagados por la compañía para prestar servicios de seguridad portando el uniforme policial y las armas de reglamento. Esto solo refuerza la desconfianza en la policía nacional”, aseveró el grupo de trabajo.

DATO:

  • El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Sus miembros actuales son: el Sr. Michael Addo, el Sr. Surya Deva (actual Presidente), el Sr. Dante Pesce, el Sr. Pavel Sulyandziga, y la Sra. Anita Ramasastry actual Vicepresidente).
  • El grupo recorrió Lima, Loreto, Cajamarca, Cusco y Apurímac, donde se reunirán con autoridades gubernamentales y miembros de la sociedad civil.

Foto: Naciones Unidas / GRUFIDES

AL NO CUMPLIRSE EMERGENCIA AMBIENTAL

  • Pobladores y autoridades presentaron una plataforma de reclamos al Presidente de la República
  • Desde hace meses Simón Bolívar y toda la región de Pasco esperan políticas de salud para la atención de la población.
  • Ejecutivo aun no convoca a reunión de mesa de diálogo que ve caso de contaminación por metales pesados en Simón Bolívar

Para los peruanos de Simón Bolívar (Pasco, Pasco), el gobierno central no muestra interés por la salud de las personas en dicho distrito y de toda la región, ya que desde que se declaró la emergencia ambiental hace 5 años (2012), no se han cumplido con planes de acción, ni compromisos para atender a la población afectada por metales pesados en la sangre.

Es por ello que, las autoridades de Simón Bolívar presentaron una solicitud formal para que se declare la emergencia sanitaria en el lugar, y así garantizar que se priorice atención especializada urgente para los afectados y con un presupuesto designado.

Zumel Trujillo, alcalde de Simón Bolivar, recalcó que desde que inició el gobierno de PPK, se enviaron diversas cartas y solicitudes de audiencias en donde participen el Premier Fernando Zavala y los ministros relacionados a esta problemática de salud ambiental.

Es así que esta vez decidieron enviar un documento (N° 001-2017-MDSB-ALC/PASCO) al mismo Presidente Pedro Pablo Kuczynski para recordarle que la población de Simón Bolívar sigue esperando que se establezcan políticas públicas en salud para atender a los afectados por la contaminación que generan los pasivos ambientales y otras actividades de la empresa minera VOLCAN S.A.

“Estamos esperando que se dé continuidad a la mesa de diálogo impulsada el 01 de octubre de 2015 en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Desde esa fecha no hemos tenido atención directa de los sectores para resolver este problema de salud pública que aqueja principalmente a los niños”, indican en el documento.

Cabe mencionar que, en mayo de este año, la municipalidad de Simón Bolívar remitió dos cartas a la PCM (N°030-2017-ALCALDÍA-MDSB-PASCO del 8 de mayo, y N°035-2017-ALCALDÍA-MDSB-PASCO del 15 de mayo). En ambos documentos se pidió al Ejecutivo que, en un máximo de 15 días, el Ejecutivo fijen fecha y hora para reanudar la mesa de diálogo.

Encadenados

El alcalde Zumel Trujillo junto a una comitiva de autoridades locales y pobladores afectados, llegaron hasta la sede del Ministerio de Salud (MINSA) en donde se encadenaron en señal de protesta y espera hasta ser recibidos por las autoridades del sector.

Acompañados de sus pequeños hijos –algunos de ellos perjudicados en su salud por los metales- se aferraron al frontis del MINSA mientras eran custodiados por la Policía Nacional.

Ministra García no los recibió

Hace poco más de una semana (martes, 6 de junio), la Comisión de Pueblos Andinos y Medio Ambiente del Congreso, coordinó una reunión en donde serían recibidos por la propia ministra Patricia García. Sin embargo, solo estuvieron presentes la viceministra de salud pública, Silvia Pessah Eljay y otros funcionarios. Fue por ello que los pobladores de Pasco se retiraron.

Asimismo, en el documento presentado al presidente Kuczynski mencionaron, que el 17 de enero último fueron invitados al evento “Metales pesados y la salud en el Perú”, organizado por el Ministerio de Salud (MINSA) en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, fueron programados para el último día de esta reunión que tenía días previos con expertos internacionales.

“Fuimos sorprendidos con una reunión en la que el MINSA brindó información limitada en donde solo se abordó el plomo en la sangre en los niños, cuando los menores tienen hasta 10 metales pesados en su organismo. Esto ha traído como consecuencia que sufran retardo mental, leucemia, cáncer, parálisis, entre otros síntomas y dolencias”, refieren.

Exigencias de atención en salud

  • Implementación de políticas de salud efectivas para atención de miles de afectados por contaminación de metales pesados.
  • Cierre definitivo de los pasivos ambientales más grandes de Cerro de Pasco como son la desmontera Excelsior y la relavera de Quiulacocha.
  • Atención inmediata a las 6 familias más afectadas con metales pesados que si bien fueron trasladados por tener diagnóstico delicado de salud, han sido abandonados a su suerte en su atención médica.
  • Diagnóstico e identificación sobre intoxicación con metales pesados y enfermedades neoplásicas a toda la población de Pasco.
  • Implementación del equipo de la CDC Atlanta Estados Unidos para diagnosticar hasta 17 metales pesados en la sangre, y así evitar que los afectados de Pasco se vean obligados a trasladarse hasta Lima.
  • Presentación de guías y protocolos de atención médica para personas expuestas a metales pesados como arsénico, manganeso, aluminio, cesio, cromo, níquel, talio, selenio, y mercurio.

Exigencias de infraestructura y saneamiento

  • Construcción de un Hospital de Enfermedades Neoplásicas en Pasco, al ser la segunda región con alto índice de cáncer en el 2014, según el INEN.
  • De igual modo piden el financiamiento para los estudios de prefactibilidad y factibilidad de la construcción de la clínica de desintoxicación y laboratorio toxicológico, que se ubicaría en la comunidad nativa de Ñagazu (distrito de Villa Roca, Oxapampa, Pasco). Para ello se cuenta con la documentación del saneamiento físico legal entregado por Villa Rica y Simón Bolívar al MINSA.
  • Para poder evitar que el aire arrastre polvo con metales pesados, se pide la construcción y pavimentación de pistas y veredas en todo Pasco.
  • Asimismo, se hace necesaria la culminación del proyecto integral de agua potable para la ciudad de Cerro de Pasco, ya que hasta la fecha sigue circulando agua sin tratamiento y con metales pesados.

Exigencias para Volcan

  • La población de Simón Bolívar pide que el estado exija el cumplimiento de los planes de descontaminación de los suelos y su tratamiento ambiental en zonas afectadas por parte de la empresa minera VOLCAN S.A.
  • Pasco pide que se evalúe y realice un peritaje del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto planta complementaria de minerales oxidados y una nueva evaluación al proyecto, así como el cumplimiento a las exhortaciones planteadas por OEFA, en enero de 2017, respecto a la unidad Óxidos de Pasco de VOLCAN.

DATOS:

  • Pasco presenta unos 574 pasivos ambientales sin remediación, en su mayoría son desmontes
  • Existen más de 2 mil niños identificados con metales pesados en sus organismos. Algunos presentan hasta 10 metales en la sangre, no solo plomo.
  • En setiembre de 2015 se realizó una marcha de sacrificio desde Pasco hasta Lima. Luego de esta movilización se instaló una mesa de diálogo con el Ejecutivo del gobierno de Ollanta Humala.

Fuente / Fotos: RED MUQUI

EN I CONGRESO DE SALUD AMBIENTAL

Organizaciones de la Sociedad Civil y entidades del Gobierno Regional de Junín decidieron organizar y convocar al I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana con el fin de generar importantes aportes para la implementación de la Ordenanza Regional (141-2012 GRJ/CR) que prioriza la atención especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental en Junín.

Luego de constatar que las condiciones ambientales para la vida de las personas y comunidades se encuentran en proceso de deterioro –y con serias repercusiones en la salud de la población- se hace necesario abordar este tema desde un dialogo con las poblaciones afectadas. Especialmente con aquellas de mayor potencial para nuestro futuro: los niños y las madres gestantes.

Se espera que este evento, basado en el enfoque de la relación: salud, ambiente y desarrollo de la región, sea un espacio de apertura al diálogo, generación de alianzas estratégicas e intercambio de conocimientos entre autoridades, profesionales, expertos, ciudadanos y personas afectadas por la contaminación ambiental.

Desde hace 5 años se espera que la Gerencia de Desarrollo Social honre el compromiso de implementar esta ordenanza, en articulación con los otros sectores del Gobierno Regional y el liderazgo de la Dirección Regional de Salud de Junín.

Con esta norma regional se establecería un nuevo modelo de salud para el desarrollo humano y sostenible de la región, luego que se declare “de interés y necesidad pública regional”, la atención prioritaria especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental, en la Provincia de Yauli y otras afectadas de la Región Junín.

No obstante, las demandas de la población también apuntan al Gobierno nacional, para que presten toda su atención a la evolución de los niveles de contaminación y la atención de salud para las personas que se consideran afectadas por la contaminación ambiental en la ciudad de La Oroya.

Es por ello que, este primer Congreso regional tiene como objetivo construir estrategias de corresponsabilidad multisectorial para lograr un sistema integrado y eficiente de la salud regional. Esto contempla un mayor acceso a los servicios de atención sanitaria por parte de la población afectada por la contaminación ambiental.

Además, se pretende sensibilizar a los asistentes sobre los impactos de los condicionantes ambientales y sociales regionales en la salud de las personas, valorando la necesidad de la promoción y prevención de la salud.

Otro de los resultados esperados en este I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana, es recoger las ponencias y opiniones de expositores expertos para una futura publicación que recoja toda la problemática y propuestas de solución sobre la afectación de la salud humana a causa de la contaminación por metales pesados.

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El público al que está dirigido: Autoridades regionales, locales, profesionales, investigadores y estudiantes de la rama de la salud, representantes de organizaciones sociales, eclesiales y gremiales. Siendo el ingreso libre, tendremos la asistencia de ciudadanos, ciudadanas y personas que por su afinidad tengan interés.

Quienes realizan este importante espacio son organizaciones de la Sociedad Civil de Junín como la Plataforma por la Salud Ambiental y Humana – Región Junín y el Consejo Regional IV del Colegio Médico del Perú, la Red Muqui, y por parte del Estado, la Dirección Regional de Salud- DIRESA Junín.

El I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana se realizará el 14, 15 y 16 de junio en el auditorio del Colegio Médico del Perú – Consejo Regional IV Junín, situado en el Jr. Aguirre Morales 548 El Tambo Huancayo.

El miércoles 14 de junio el congreso se inaugura a las 18:30 horas; minetras que entre el jueves 15 y viernes 16 se realizarán tres paneles con expertos en salud y autoridades del sector.

jueves 15 de junio 2017

Primer Panel de “Salud y ambiente”

9.30 a.m. 1.00 p.m.

  • Salud y sus determinantes sociales y ambientales
  • Agua y Saneamiento en la salud pública  Enfoques actuales de la promoción de la salud
  • Desarrollo sostenible y salud urbana

Segundo Panel “Salud ambiental y efectos en la salud humana”

2.00 p.m. a 6.00 p.m.

  • Contaminantes en entorno mineros y metalúrgicos
  • Monitoreo biológico en las intoxicaciones por metales
  • Efectos dañinos para la salud: Neuro-toxicidad en humanos, Contaminación ambiental y cáncer, Contaminación del aire y enfermedades respiratorias o Contaminación del aire y la salud en las ciudades

viernes 16 de junio 2017

Tercer Panel “Construcción de políticas públicas de salud ambiental y humana”

9.00 a.m. 1.30 p.m.

  • Propuesta regional de Programa de Salud ambiental y humana
  • Situación y perspectivas del sistema de gestión de salud en el Perú
  • Situación y perspectivas del sistema de gestión ambiental en el Perú
  • Políticas públicas para un Programa de Salud Ambiental Integral Regional

Fuente: Plataforma por la Salud Ambiental y Humana – Región Junín

Fotos: Polución Ambiental / Plataforma por la Salud Ambiental y Humana – Región Junín

CON PROYECTO DE LEY

Ante la importancia y el impulso que el Estado le da inversiones en minería e hidrocarburos, con fin de reactivar la economía, el congresista Wilbert Rozas presentó un Proyecto de Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional, la prevención, mitigación y atención de la salud por contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas.

Uno de los argumentos que expone el proyecto es que la afectación de la salud humana en las actuales -y futuras- zonas mineras e hidrocarburíferas van a generar un alto costo social al Estado, debido a que los proyectos extractivos también representan riesgo por la generación, liberación y difusión de metales pesados y otras sustancias químicas peligrosas a las cuales está expuesto el organismo en las zonas de impacto.

La iniciativa N° 1256-2016-CR propone la creación de una “Mesa de Trabajo Gubernamental Intersectorial”, con una secretaría técnica presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), e integrada por técnicos del Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Dichos sectores serían los responsables de elaborar un diagnóstico, estrategias, así como propuestas de normas y medidas políticas para los fines de esta eventual ley.

Esta propuesta legislativa propone que los técnicos del MINSA provengan de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria y del Instituto Nacional de Salud (INS).

En su exposición de motivos, el proyecto de ley de Rozas concuerda con la política de Estado 13 de acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. De igual modo, está acorde con la política de estado 19, sobre Desarrollo Sostenible y gestión ambiental. Ambas políticas del establecidas en el Acuerdo Nacional.

La necesidad de contar con política públicas para quienes están –o podrían estar- afectados por metales pesados u otras sustancias tóxicas en el organismo, responde a la presencia de casi 9 mil Pasivos ambientales mineros que están presentes en zonas antiguas, intermedias y recientes de explotación minera. Así como ante los numerosos derrames de petróleo en la Amazonía.

El proyecto recoge los reportes de metales pesados presentes en recursos hídricos que son de uso común en poblaciones. Las diferentes fuentes de agua, cuencas y ríos delimitan alrededor de 20 zonas en las que se desarrollan actividades extractivas, tal como refiere el doctor Fernando Osores, médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales.

De igual modo, recoge que la concentración de metales pesados en el agua de los ríos, exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), por lo que podrían afectar seriamente el ambiente y la salud humana ante la presencia de Arsénico (As), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb)

Asimismo, expone un informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS)* en el que se recomienda incluir estudios de salud poblacional, respecto a la contaminación por metales y otras sustancias químicas peligrosas, en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y en los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

“Los EIA y PAMA refieren de manera muy superficial el tema de la salud, o no lo incluyen. La información que contienen solo refleja la morbilidad de enfermedades comunes en la región donde se realizará la actividad extractiva”, menciona dicho informe del año 2010.

Además, CENSOPAS reconoce que, en el caso de la actividad minera, se liberan metales pesados al medio ambiente, y que por medio del suelo, aire y agua se puede afectar a salud de quienes viven alrededor.

«La contaminación ambiental no es el único problema, sin una adecuada política de salud pública es imposible prever el deterioro de la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades aledañas que es causado solo por la minería, interviniendo además otros componentes de cambios, principalmente el social que se encuentra relacionado al desarrollo de la comunidad», se cita parte de este informe en el proyecto.

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* «Riesgos a la salud por exposición a metales pesados en la provincia de Espinar-Cusco-2010», elaborado por equipo técnico de CENSOPAS: Jonh Asteta C.; María del Carmen Gastañaga R.; Iselle Sbastizagal V.; Tania Oblitas C., Martha Lucero Pérez, Karina Chávez, Félix Rodríguez, Lorfio Lupu, Milagros Abadie, Jaime Rosales, Pilar Lizárraga.

Fuente: Despacho del Congresista Wilbert Rozas

Foto: Plataforma La Oroya por un cambio

RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones a nivel nacional, que acompaña y asesora a comunidades y poblaciones de zonas mineras en la defensa y promoción de sus derechos se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

  1. Nuestra preocupación y rechazo a la eliminación de varias Estrategias Sanitarias del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, reformulado mediante el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, publicado el pasado 05 de marzo del 2017, entre ellas la Estrategia de Salud de Pueblos Indígenas, la Estrategia Sanitaria Nacional de Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, Dirección de Atención Primaria en Salud, entre otras.
  2. Estos cambios eliminan importantes programas preventivos y de promoción de la salud, asociadas con actividades de anticipación para favorecer la salud de las personas, con el consecuente debilitamiento del sistema de atención sanitaria y quedarse en la emergencia permanente.
  3. Estas medidas están al margen de las cosmovisiones socioculturales de armonía de los pueblos con su entorno; tampoco responden a las necesidades, demandas y el perfil epidemiológico que presentan las regiones que vienen interactuando en zonas de mayor contaminación ambiental; en cambio están deteriorando o eliminando las organizaciones encargadas de ejecutar las acciones sanitarias prioritarias para la población.
  4. Consideramos que la dispersión y dilución de las funciones de la Dirección de Pueblos Indígenas, en otras direcciones del MINSA, según el nuevo ROF, es inconstitucional, pues la Constitución no sólo reconoce los derechos de las personas a la protección de su salud (artículo 7°), sino también, el respeto a su identidad étnica y cultural (artículo 2, inciso 19°) y la obligación del Estado de respetar la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas (artículo 89°).
  5. Esta decisión también es discriminatoria en el proceso de atención de salud, pues no considera el artículo 25° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que establece que el Estado Peruano como signatario, tiene la obligación de poner a disposición de los pueblos indígenas servicios de salud adecuados, considerando sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, y sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. De igual forma, establece que los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados sin discriminación alguna, y que los servicios de salud deben organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario con cooperación de los pueblos indígenas en cuanto a su planificación y administración.
  6. Al eliminar la Dirección de Atención Primaria en Salud, la Estrategia Sanitaria de Salud Familiar y la Estrategia de Salud Ocupacional se está debilitando la parte preventiva y promocional de la salud y el Ministerio de Salud se reduce a “combatir enfermedades” en situaciones de emergencia, presionando a la agudización de la conflictividad socio ambiental y profundizando las brechas de inequidad.
  7. El Estado peruano tampoco ha tenido voluntad política y capacidad de acción para garantizar el cumplimiento estricto de sus funciones tutelares de protección del derecho fundamental a vivir en un medio ambiente equilibrado y en armonía con la salud de las personas.
  8. La Estrategia Sanitaria Nacional de Metales Pesados y otras Sustancias Químicas ha tenido solo intervenciones puntuales e insuficientes, enfocadas en campañas esporádicas de dosajes que no fueron asociados con las sintomatologías, ni con la vigilancia epidemiológica en salud ambiental y humana, por lo que no han logrado establecer un sistema de atención especializada a nivel nacional; aun así, no es motivo para eliminarla de la Estructura del Ministerio de Salud; en cambio, esta Estrategia debió haberse constituido en una Dirección General que abarque los contenidos de Salud Ambiental y Humana con un enfoque integral, una articulación multisectorial y sistémica regional y nacional, que comprenda los impactos en la salud por efectos de la contaminación ambiental.

Por todo ello, exigimos al Estado Peruano y en particular al Ministerio de Salud que asuman sus responsabilidades, actuando de acuerdo a las normas y compromisos anteriores que priorizan la salud de los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas y comunidades sobre expuestas a la contaminación ambiental por metales pesados y otras sustancias químicas.

Lima, 17 de marzo de 2017

Durante la reunión técnica «Metales pesados y la Salud en el Perú», organizada por el Ministerio de Salud (Minsa), las organizaciones sociales del distrito de Simón

EN REUNIÓN CON OPS Y EXPERTOS

  • Representantes de Simón Bolivar cuestionaron que técnicos no hayan visitado Pasco antes de emitir recomendaciones
  • Reunión con Minsa forma parte de la mesa de diálogo de alto nivel que la PCM conformó con los afectados

Durante la reunión técnica «Metales pesados y la Salud en el Perú», organizada por el Ministerio de Salud (Minsa), las organizaciones sociales del distrito de Simón Bolívar (Cerro de Pasco, Pasco), pudieron exponer la situación de la salud ambiental ante la ministra Patricia García, y varios expertos extranjeros, así como de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En dicho encuentro, García afirmó que desde su sector existe la voluntad de replantear acciones para atender la salud ambiental en zonas de actividad extractiva en coordinación con otros ministerios involucrados.

Expertos no han visitado Pasco

A lo largo de la reunión, los dirigentes sociales del distrito de Simón Bolívar se expresaron su molestia ante la presentación de los técnicos, la cual consideraron insuficiente.

“No podemos solo con recomendaciones mitigar y controlar los problemas de la minería, si ya nuestros suelos están mineralizados, y no hay agua. Hemos planteado al MINSA que se controlen a las empresas mineras, que afectan derechos de las personas y nuestros animales”, aseveraron, antes de retirarse de la reunión.

En declaraciones a RED MUQUI, el regidor de Simón Bolivar, Jaime Silva, cuestionó la información que el Minsa entregó a estos expertos acerca de la salud en Pasco.

“Los expertos han dado un diagnóstico muy leve, acompañado de acciones de higiene. Esto ha generado malestar porque hablamos de un problema grave. Para comenzar, ellos no han ido a la zona. Solo se han basado en informaciones proporcionadas por el CENSOPAS”, aclaró.

Fernando Osores, médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales –y consultor de la RED MUQUI-, desvirtuó que se emita una opinión “de gabinete”, acerca de un daño en la salud, cuando ni siquiera realizaron un trabajo de campo.

“No se puede opinar o proponer mecanismos de salud pública, sin conocer la realidad de las personas afectadas”, aseguró.

El regidor Silva comentó que la participación de Simón Bolivar en esta reunión forma parte de la mesa de diálogo de alto nivel que se sostiene con la Presidencia del Consejo de Ministros desde el año 2015, cuando vinieron en marcha de sacrificio hasta Lima.

Los dirigentes recordaron que más de 10 estudios han demostrado que las personas en Simón Bolivar, viven con más de 10 metales pesados en la sangre. Y que, en el lugar, no existen establecimientos de salud que brinden atención especializada, y que solo se limitan a dar atención u diagnósticos generales.

¿Qué dijeron los expertos?

En sus diferentes exposiciones, los técnicos internacionales indicaron que para “reducir” la contaminación, los trabajadores mineros deben no deben llevar su ropa de trabajo al hogar, utilizar equipos de protección, y tratar de pavimentar las calles.

Entre otras recomendaciones, resaltaron el suministro de complementos vitamínicos, mayor consumo de leche, así como limpiar las viviendas más seguido y usar paños húmedos para retirar el polvo que viene con partículas de plomo y demás metales. En estas labores de limpieza el gobierno podría apoyar, indicaron.

Los expertos recomendaron al Minsa, que las escuelas cuenten con equipos X-Ray Fluorecence, para constatar la presencia de plomo en el suelo, antes de extraer muestras y hacer análisis.

De igual manera, sugirieron contar con un programa de identificación por plomo en madres gestantes (que deben ser alejadas del lugar de contaminación), y terapia de quelación en embarazadas y niños (procedimiento médico que implica la administración de agentes quelantes para la eliminación de metales pesados ​​del cuerpo).

Este punto fue refutado por el doctor Fernando Osores, quien les recordó que la quelación solo está recomendada para personas que son retiradas permanentemente de la zona de contaminación; de lo contrario no sirve de nada, pues los metales vuelven ingresar al cuerpo constantemente.

Los convocados por el Minsa también hablaron de la prescripción de calcio y multivitamínicos, ya que el plomo no se elimina del cuerpo; sino se pega en huesos y va a la sangre. Ello debe ir acompañado de revisión de guías clínicas, chequeos y seguimientos a nivel local.

Ante ello, el médico consultor de la RED MUQUI, coincidió con la ministra en que la Estrategia Nacional de Metales Pesados, vaya de la mano con un programa de nutrición. “El CENSOPAS y la DIRESA, deben trabajar en una sola dirección”, advirtió Osores.

Acciones comprometidas para Pasco

En otro momento, RED MUQUI resaltó la importancia de involucrar a los sectores Ambiente, y Energía y Minas. En respuesta, Patricia García reconoció que es difícil que los demás sectores puedan alinearse para tratar la problemática de la salud ambiental y la contaminación por metales pesados en poblaciones que habitan cerca a proyectos extractivos.

Pese a ello, la titular del sector remarcó la necesidad de “seguir avanzando” y se comprometió a completar los protocolos de atención clínica, así como revisión de guías y a comenzar con la estandarización de métodos de laboratorio de todos los metales.

Se planteó que Simón Bolivar se convierta en el modelo de atención por exposición a metales pesados. Es así que, el Minsa y el Municipio se comprometieron a trabajar en un plan de acción para fortalecer los establecimientos de salud de la zona y así, atender oportunamente a la población expuesta.

De manera general, el Minsa, la OPS y los expertos convocados plantearon: primero, elaborar estándares para la toma de muestras y análisis de laboratorio; segundo, actualizar los protocolos de atención clínica por exposición a metales pesados; y tercero, validar los equipos con los que actualmente se cuenta para asegurar la confiabilidad de los resultados que se obtienen.

Propuestas Muqui

A su turno, el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, recomendó que desde el sector salud se exija a Energía y Minas, incluir un componente de salud ambiental en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), algo que recaería en alguna instancia de fiscalización de salud que revise la aplicación de medidas de los EIA.

En ese sentido, RED MUQUI recordó al Minsa que para la remediación de pasivos ambientales se requiere financiamiento, así como un mayor control y monitoreo ambiental desde las autoridades regionales, como en el caso de Cajamarca, región que cuenta con laboratorios regionales certificados.

Otros planteamientos del Minsa

A partir de las recomendaciones para tratar el caso de contaminación por metales pesados en Cerro de Pasco, se trazaron otras acciones para afrontar esta problemática en nuestro país.

Para ello se establecieron tres niveles de acción en: diagnóstico (niveles de toxicidad, muestras, equipos a utilizar), tamizaje (despistaje en grupos de población y con qué periodicidad), tratamiento (guías de manejo: revisión, cambios e implementación de las mismas) y prevención al minimizar la exposición de las personas a metales pesados.

DATOS:

  • Entre los expertos asistentes estuvieron: Teofilo Monteiro (Brasil), Paul Dargan (Reino Unido), Luis Fernández (Estados Unidos), Hillary Godwin (Estados Unidos), Richard Fuller (Tierra Segura y toxicología, Australia) y Muhammad Zaman (Pakistán).
  • Desde la OPS, participaron los especialistas: Ana Boischuio (Brasil), María Luisa Castro de Esparza, Henry Hernández, Stefany Ildefonso y Teófilo Monteiro.
  • Por el lado del Minsa, se presentaron: La ministra de Salud, Patricia García, ña Viceministra de Salud Pública, Silvia Pessah, funcionarios de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) y la Dirección de metales pesados.
  • Desde Pasco: Jaime Silva, regidor de Simón Bolivar; Ruben Alvarado, secretario municipal; Juan Escalante, gerente de desarrollo local y medio ambiente; Ángel Ricra, presidente de la comisión de evaluación de emergencia ambiental; Joel Nieto, presidente del pelotón N° 58 de la marcha de sacrificio, como parte de la sociedad civil.
  • Desde Sociedad Civil: RED MUQUI y Centro Labor Pasco.

Fuente / Fotos: RED MUQUI / Minsa

Bolívar (Cerro de Pasco,

“No es suficiente una atención generalizada, requerimos una atención especializada”

Sobre la reciente campaña de atención a la salud que ha venido  realizando la DIRESA – Cusco en Espinar denominado: “Campaña de atención de las 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancane…”  los afectados y afectadas por metales pesados, la Asociación ADEPAMI, la comunidad campesina de Huisa de Espinar, las instituciones no gubernamentales como son Derechos Humanos Sin Fronteras, el Instituto de Defensa Legal (IDL), CooperAccion y la Red Muqui nos pronunciamos ante la intención del gobierno nacional y regional de disfrazar una atención a la salud generalizada por una especializada a las personas afectadas por metales pesados de la Provincia de Espinar. Por lo que señalamos:

Primero.- Que desde el año 2010 se tiene conocimiento de la grave situación en la que se encuentran las personas afectadas por metales pesados en la provincia de Espinar y a pesar de haber trascurrido más de cinco años el Estado no ha realizado ninguna medida adecuada que permita salvaguardar la vida e integridad de los afectados, por el contrario han sido objeto de constantes postergaciones y maltrato para ser atendidos como corresponde.

Segundo.- Que luego del conflicto de mayo del 2012, donde se instaló una mesa de diálogo y posteriormente el grupo de trabajo de medio ambiente, cuyos acuerdos se hacen seguimiento a través del Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental Sanitario, no se ha logrado atender el pedido constante que realizan los afectados, es decir una atención especializada. La respuesta tardía que ahora pretende dar el gobierno es la de implementar campañas de atención de salud con especialidades que no están vinculadas a la atención de pacientes con exposición a metales pesados.

Tercero.- El ultimo hecho que generó la indignación de los afectados es lo sucedido el pasado 18 y 19 de agosto en Espinar, ya que la campaña denominada: “Campaña de atención de las 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancane…”  no fue debidamente informada y/o comunicada a los afectados, además de no contar con un programa permanente de atención especializada para afectados por metales pesados. Todo esto viene evidenciando improvisación y poca seriedad por parte de la DIRESA en su trabajo.

Cuarto.- La atención que requieren los pobladores expuestos a metales pesados y principalmente las 180 personas, es la presencia de médicos con competencias en medicina ambiental y toxicología,  por ende en el manejo de exposición no ocupacional crónica a metales pesados, además deben estar acompañados de un programa de atención especializada permanente, sobre la base de un diagnóstico integral e idóneo y no con una sola acción, como se pretende realizar ahora, que en la práctica sólo busca cumplir con exigencias de instancias nacionales e internacionales, pero no con una preocupación sistemática por las personas afectadas en el respeto a sus derechos.

Quinto.- La desconfianza de las organizaciones sociales y de los mismos afectados en el cumplimiento de los compromisos asumidos por distintas instituciones del Estado ahora se ha resquebrajado, si bien se ha ampliado una nueva atención para el 19, 20 y 21 de octubre,  las personas ya no confían en las acciones de la DIRESA, por lo que solicitan que una institución y/o asesores acreditados por los mismos afectados de forma independiente y autónoma realice el seguimiento y veeduría correspondiente a esta acción.

Sexto.-  Así mismo exigimos al Poder Judicial emita sentencia en el proceso de cumplimiento presentado en mayo del 2015 por los afectados con metales pesados de Espinar, a fin de que el Juez ordene a las autoridades competentes declare en Estado de Emergencia Sanitaria Ambiental la Provincia de Espinar, conforme se ha solicitado en nuestra demanda.

Por todo ello los afectados y afectadas por  metales pesados, las organizaciones sociales y las instituciones que acompañamos este caso solicitamos a las autoridades competentes tomar las acciones que les corresponde en ejercicio de sus funciones.

 

Espinar, 25 de agosto del 2016

  • Exigen cese de contaminación por operaciones mineras e incumplimiento de acuerdos de la mesa de diálogo
  • Paro se desarrolló de manera ordenada y de manera pacífica

La integrante del Único de Defensa por los Interés de Espinar (FUDIE), Elsa Merma, informó a Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) que el paro preventivo que se acata en la provincia de Espinar (Cusco) se desarrolla de manera pacífica pese al bloqueo del km 14 de la vía Espinar – Arequipa, que comprende los centros poblados de Alto Huancané, Tintaya Marquiri, Huisa, Hancollahua, Condoroma, Imata; tramo por donde pasan las unidades vehiculares de las empresas mineras HudBay, Las Bambas y Antapaccay.

“Hasta el momento el paro se desarrolla de manera pacífica y ordenada, hemos conversado con los trabajadores de la UGEL, que han dispuesto apoyarnos y nos acompañan en esta marcha”.

Asimismo, indicó que por la tarde se llevará a cabo un mitin en la plaza central de Espinar donde se contará con la presencia del Alcalde provincial, Manuel Salinas. Esta jornada de protesta responde al incumplimiento de los compromisos y acuerdos asumidos por el Gobierno Central en la mesa de diálogo que fue instalada hace más de tres años.

Básicamente las organizaciones sociales y algunas autoridades locales de las comunidades exigen el cese de la contaminación ambiental en el entorno de las operaciones mineras de Glencore Antapaccay en la provincia. Como producto de estas actividades, existe parte de la población con altos índices de metales pesados en la sangre, y que hasta el momento no reciben tratamiento especializado por parte del Ministerio de Salud.

Desde las 00:00 horas, la medida de fuerza inició con la participación de las diferentes organizaciones sociales como: el Frente Único de Defensa por los Interés de Espinar – FUDIE, la Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería – ADEPAMI, El Frente único de defensa del cañón de Apurímac, la  Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio, El Frente Único Juventud Kana – FUJEK, y representantes de comunidades afectadas por la minería.

Con esta medida, también se recuerda el cuarto año de la lucha del 21 de mayo del 2012, cuando el pueblo de Espinar realizó una protesta contra la contaminación ambiental que afectaba a la población aledaña a la mina y al incumplimiento de los compromisos del gobierno central en torno al proyecto Majes Siguas II y de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). Como parte de las actividades, los dirigentes mencionaron además que se rendirá homenaje a las tres víctimas que fallecieron por impactos de bala durante los enfrentamientos con la Policía en mayo del 2012.

Lee también: Espinar inicia paro de 24 horas frente al incumplimiento de compromisos para afrontar contaminación ambiental

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

  • A esta audiencia acudieron representantes de víctimas de contaminación y un procurador del Estado
  • CIDH reconoce contundencia de las pruebas presentadas por los afectados en Espinar
  • CIDH pide que Estado revise situación jurídica de detenidos y denunciados en torno a este caso

En audiencia pública, los denunciantes y representantes de los afectados por contaminación en Espinar (Cusco) dieron a conocer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y presentaron como pruebas los estudios que el propio Estado peruano realizó en comunidades campesinas, y cuyos resultados se trataron de ocultar a la población expuesta a más de 10 metales pesados (cadmio, arsénico, cadmio, plomo y otros).

En este espacio internacional que se llevó a cabo este viernes de abril en Washington (Estados Unidos), también se describió la falta de atención que las comunidades de Espinar, Alto Huancané y Huisa, vienen demandando ante la contaminación por metales pesados en la sangre que sufren sus poblaciones.

Asimismo, se expuso ante la CIDH la situación de los detenidos y de quienes han, sido denunciados penalmente por el Estado, por hacer público este caso, tal como sucede con Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fernando Osores, médico ambientalista quien, en su momento, formó parte del equipo del Instituto Nacional de Salud (INS) que tomó y analizó las pruebas de sangre de los pobladores.

VER VIDEO: Lo que quiso ocultar el MINSA sobre las comunidades contaminadas con metales en la sangre en Espinar

Los hechos que se narraron –y sustentaron– en audiencia, se enmarcan en un contexto de abandono de los roles del Estado hacia la población indígena de Espinar, como el de velar por la salud pública; además de presentar un nivel de coordinación ilegal entre algunos organismos del Estado y las empresas mineras que realizan actividad extractiva en la zona. De igual modo, se demostró ante la CIDH, el nivel de amedrentamiento que se ejerce contra los pobladores que han denunciado estos hechos. Una situación en la que convergen graves violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la salud, integridad física y vida digna.

Quienes dirigieron la audiencia fueron los integrantes de la CIDH: Paulo Vannuchi, Enrique Gil Botero y Esmeralda Arosemena, quienes mostraron su preocupación por la falta de atención de la  salud de la población de las comunidades afectadas, así como por la actitud del Estado de abrir procesos penales a quienes denunciaron o protestan por esta situación.

El Comisionado Gil Botero, reconoció que los estudios muestran con contundencia y de forma alarmante lo nocivo de los metales pesados. Mientras que la Comisionada Arosemena, solicitó al Estado peruano una evaluación y revisión de la situación jurídica de las tres personas detenidas de forma preventiva por reclamar contaminación, e hizo un llamado a detener la contaminación.

Los representantes de las víctimas solicitaron a la CIDH lo siguiente:

Solitudes para el caso específico

  • Que el Estado peruano brinde atención a la salud de las víctimas expuestas a metales pesados en la región de Cusco, provincia de Espinar, y en concreto se realicen exámenes epidemiológicos y toxicológicos a toda la población afectada.
  • Que el Estado peruano asigne presupuesto a los planes de atención integral de las víctimas con metales pesados elaborados por el Gobierno Regional o el Ministerio de Salud.
  • Que el Estado peruano garantice un servicio de salud adecuado, idóneo, y bien implementado, con personal técnicamente capaz e imparcial.
  • Que el Estado peruano archive la denuncia ante Ministerio Público contra el médico Fernando Osores Plenge y el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, el primero médico asesor y el segundo abogado de las comunidades campesinas afectadas por metales pesados.
  • Que el Estado peruano, deje de criminalizar a los dirigentes de las comunidades campesinas en represalia por protestar contra la contaminación ambiental y la exposición a metales pesados en Espinar tal como se viene haciendo con 3 dirigentes de la Asociación de productores de Huinipampa, en Espinar, Cusco; específicamente se pide garantías para la dirigente Melchora Surco Rimachi.

Solicitudes generales

  • Que el Estado peruano cumpla con el deber de proteger a la población en su derecho a la salud, especialmente en zonas vulnerables, y cuando de por medio hay actividad de extracción de recursos naturales, especialmente mineras.
  • Que el Estado peruano se abstenga de realizar contratos, sea en materia de salud o de seguridad, con empresas extractivas de recursos naturales; a fin que no se vea mellado el principio de imparcialidad y no se corra el riesgo de privatizar servicios públicos.
  • Que el Estado peruano, bajo el principio de transparencia, solicite a las instituciones pertinentes a publicar todos los contratos que tienen tanto la Policía Nacional del Perú y las entidades del sector salud con empresas encargadas de extraer recursos naturales o las empresas tercerizadoras que realizan trabajo en zonas de extracción de recursos naturales.

Si deseas ver la audiencia completa puede visitar la página web de la CIDH: http://goo.gl/MDN9of


DATOS

  • En representación de las víctimas asistieron: Melchora Surco Rimachi, lideresa indígena; Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista. Por parte del Estado, participó el procurador, Luis Huerta Guerrero.
  • La audiencia fue gestionada por la Asociación para la Defensa de Paccpaco afectada por la Minería Alto Huancane (ADEPAMI), CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), Instituto de Defensa Legal (IDL) y el apoyo de Broederlijk Delen.

Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco (DHSF) / @dlcerqueira

 

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