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MINSA se compromete buscar convenios con mineras para atención de personas contaminadas en Pasco

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SEGÚN LEY Y ACTA DE COMPROMISO

Uno de los compromisos que el Ministerio de Salud (MINSA) adquirió con las familias del distrito de Simón Bolívar (Pasco, Pasco) fue “oficiar” convenios con las mineras que operen en Pasco, para que estas asuman parte de la atención y tratamiento de las personas afectadas por la contaminación de metales pesados, tal como lo estipula la Ley N°29712.

Además de la Emergencia Sanitaria que regirá -por 90 días- tanto en Simón Bolívar como en el distrito de Chaupimarca, esta fue una de las principales demandas por parte de las autoridades y dirigentes de Simón Bolívar: el cumplimiento de esta ley que, a su vez, modifica la «Ley General de Salud» (Ley N°26842).

Esta modificación de las funciones y competencias de la autoridad de la Salud, fue aprobada en el año 2011 para favorecer a las personas afectadas por contaminación.

La norma contempla que las autoridades regionales, locales y las instituciones públicas de Salud -a nivel nacional-  sostengan convenios con las empresas extractivas, y estas puedan financiar la atención, el tratamiento y recuperación de las personas afectadas por los impactos ambientales que se generan con la explotación.

Recién ahora, el Ministerio de Salud tiene previsto elaborar y presentar un Plan de Salud Quinquenal de Salud para la Prevención y Control de Personas expuestas a metales pesados en los distritos de Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca 2017 – 2021, el cual será validado por las autoridades de los 3 distritos a más tardar la semana que viene de este mes de julio.

En ese sentido, el MINSA, ha previsto iniciar las acciones que le competen, independiente de lo que las empresas presupuesten para remediar el daño generado por la contaminación. Aun así, cumplirá con el artículo 105 de la Ley N°29712, y aseguró que se oficiará la suscripción de convenios con las empresas mineras que estuvieran ejerciendo actividad en la zona. Todo ello con la participación de la sociedad civil y los gobiernos locales involucrados.

Cabe recordar que el viernes 23 de junio último, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) los convocó a una reunión de para informar sobre los avances y gestiones realizadas por los diferentes sectores para atender las necesidades de la población de Simón Bolívar. En este encuentro, se firmó un acta de compromisos a la que RED MUQUI tuvo acceso, y que en esta nota citamos.

De esta manera, la PCM (mediante Oficio N° 070- 2017-PCM-DVGT) dio respuesta al memorial (N° 001-2017-MDSB-ALC/PASCO) que el distrito de Simón Bolívar le envió al Presidente Pedro Pablo Kuczynski y a varios sectores del Ejecutivo.

Compromisos del MINSA

Una de las acciones inmediatas, fue la declaración de la Emergencia Sanitaria (Decreto Supremo N° 020-2017-SA) en los distritos de Chaupimarca y Simón Bolívar, la cual podrá ser ampliada de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de los 90 días que durará, conforme a Ley. Este periodo contará con un plan de acción al que se le hará seguimiento la tercera semana de cada mes.

Precisamente, el estado de emergencia sanitaria incluirá la implementación de Políticas de Salud Efectivas, para la atención a los miles de afectados con metales pesados (principalmente niños y niñas).

En cuanto al diagnóstico e identificación de personas intoxicadas con metales pesados en sangre, en el acta consta el compromiso del MINSA para elaborar un análisis situacional de salud de Pasco a través de la DIRESA Pasco y el CDC del MINSA. Ello formará parte del Plan Quinquenal de salud del sector, al igual que la implementación del equipo de la CDC Atlanta Estados Unidos, con el fin de realizar diagnóstico de hasta 17 metales pesados.

Asimismo, el MINSA se comprometió a la implementación del Laboratorio ICP de masas para el dosaje de plomo, arsénico, cadmio y mercurio (incluidos también en el Plan Quinquenal), al igual que la presentación de guías y protocolos de atención médica a personas expuestas por metales pesados.

Ante ello, el MINSA y Municipalidad de Simón Bolívar fijaron el siguiente cronograma: en setiembre de 2017 estaría lista las guías de atención para mercurio; en diciembre, las de cadmio y las de arsénico en marzo de 2018. Cada una de las guías, y sus respectivos protocolos deberán ser actualizadas cada 4 años.

En cuanto a las medidas a largo plazo, se atendió el pedido de Simón Bolívar –y todo Pasco- para que se apruebe el financiamiento para para la construcción de la Clínica de Desintoxicación y Laboratorio Toxicológico. Para ello, el MINSA y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) darán asistencia técnica para el saneamiento físico legal de los terrenos y formularán los estudios de preinversión hasta su viabilidad, expediente técnico y la ejecución de la obra.

Sobre el pedido de Construcción del Hospital de Neoplásicas, el MINSA y Simón Bolívar acordaron implementar un Departamento Oncológico en el Hospital Regional de Daniel Alcides Carrión (de Pasco), de esta manera los pobladores con cáncer no tendrán que viajar hasta Huánuco o Lima. Toda la implementación y el equipamiento estará a cargo del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud (DVM-PAS).

Sobre la emergencia sanitaria

El mismo 23 de junio, en el Diario Oficial El Peruano, fue publicado el Decreto Supremo N° 020-2017-SA que llevaba la firma del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y la ministra de Salud, Patricia García.

El Ejecutivo reconoce que existe un riesgo de propalación de otras enfermedades transmitidas por la presencia de contaminantes en el agua para consumo humano (arsénico, aluminio, plomo, coliformes fecales) que superan los límites máximos permisibles. Además de la resencia de metales pesados (arsénico, plomo, cadmio y mercurio) en el suelo de uso residencial y parques, que exceden los estándares de calidad para suelos

“Le corresponde al MINSA y a la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Gobierno Regional de Pasco (DIRESA Pasco) realizar las acciones inmediatas desarrolladas en el Plan de Acción – Declaratoria de Emergencia Sanitaria en los distritos y localidades afectadas por metales pesados del departamento de Pasco, priorizando la población de niños menores de 12 años y madres gestantes”, indica el sector en este decreto.

La implementación de las acciones relativas a la Emergencia Sanitaria, aclara la norma, será financiada con cargo al presupuesto institucional del MINSA. Concluida la Emergencia Sanitaria, las entidades intervinientes –Minsa y la Diresa Pasco– deberán informar respecto de las actividades y recursos ejecutados en el marco del Plan de Acción, así como sobre los resultados alcanzados.

Fuente: RED MUQUI / Acta de compromiso PCM – Simón Bolívar / MINSA

Fotos: RED MUQUI / MINSA

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Poder Judicial comenzará a resolver caso de Espinar la próxima semana

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DESPÚES DE 5 AÑOS DE PROCESO

  • Defensa presentan alegatos finales de dirigentes y exalcalde procesados

El juicio oral contra el exalcalde de la provincia de Espinar (Cusco), Oscar Mollohuanca, y los exdirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Herbert Huamán y Sergio Huamani, ha llegado a su etapa final.

Para este martes 4 de julio a las 10:30 horas, el Poder Judicial de Ica programó la audiencia de alegatos finales en el Primer Juzgado Unipersonal de Ica. Luego de escuchar los alegatos finales, se estima que el juez estaría emitiendo sentencia en las próximas semanas.

Tras casi cinco años de investigaciones injustas y dilaciones en el caso, Mollohuanca, Huamán y Huamani vienen afrontando un proceso judicial en la ciudad de Ica, por haber participado en las movilizaciones sociales e intentar canalizar las justas demandas de la población espinarense en contra de la empresa minera Antapaccay.

Los delitos que se les imputan son: atentado contra la seguridad común y entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios. Para ello, la Fiscalía ha solicitado 8 años por los dos primeros delitos, y 7 por disturbios, Además del pago de 100 mil nuevos soles como reparación civil.

Cabe recordar que desde el 2012, la Fiscalía modificó en más de cuatro ocasiones su acusación y tipificación de delitos, pidió 20 años de cárcel. La investigación contra el alcalde y dirigentes se desarrolló en Ica, luego que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidiera remitir el caso fuera de Cusco, porque supuestamente no existía garantía para los fiscales. Desde entonces no retornó al distrito judicial Cusco pese a que cesó la violencia unos pocos días después de iniciada la investigación.

El caso fue asumido por la titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, María Ley Tokumori.

Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), con apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), informó que garantizará la presencia de los abogados y los mismos denunciados, en esta última fase del proceso.

DATO:

El conflicto en Espinar estalló en mayo del 2012, y cuyo saldo fueron 3 personas fallecidos, más de 100 heridos (entre civiles y policías), una decena de personas detenidas para luego ser procesados judicialmente.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco

Fotos: Radio Venus / DHSF Cusco

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I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana de la región Junín

Los suscritos, asistentes al I CONGRESO REGIONAL DE SALUD AMBIENTAL Y HUMANA DE LA REGIÓN JUNIN, reunidos en Huancayo los días 14, 15 y 16 de junio 2017, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. La salud es un derecho fundamental de la persona y es intrínseco a la vida.  Sin salud no hay vida ni desarrollo sostenible.
  2. Para atender adecuadamente la salud de las personas, es necesario mejorar sus condiciones sociales, ambientales y calidad de vida. La situación de pobreza extrema, la desnutrición crónica, la escasa educación, el limitado acceso a servicios básicos, en especial el agua potable como derecho humano, las deficiencias de vivienda adecuada y digna, son determinantes de la salud, por lo que es necesario priorizar su atención, antes de considerarnos un país OCDE. Ello es responsabilidad del Estado.
  3. Consideramos que es prioritaria la protección y promoción de la salud ambiental y humana, que implica la acción decidida de nuestras autoridades, la academia, organizaciones de sociedad civil, sector privado y de las comunidades y poblaciones afectadas por la contaminación ambiental; el empoderamiento de las personas y poblaciones para que participen activamente en las decisiones que los afectan, en especial su derecho a la salud y un ambiente sano.
  4. Los estándares ambientales son importantes para evitar mayores riesgos ambientales y a la salud; por ello requieren de la participación activa de las personas afectadas para su establecimiento. Siempre deben estar informados/as de la situación en que viven, de los riesgos que los pueden afectar o afectan, y participar de las decisiones que se van a tomar, en las que está involucrada su vida y salud.
  5. En ese sentido, lamentamos que el Gobierno haya decidido, a espaldas de la población, el establecimiento de nuevos ECAs de Calidad de Aire que han aumentado en 10 veces el Dióxido de Azufre a nivel nacional, con un sustento de interés económico.
  6. Se evidencia una desarticulación que existe a nivel del Estado, entre todos sus sectores, cuando deberían rescatar la vinculación que tiene en la gestión ambiental y la salud integral, que permita un equilibrio entre las actividades económicas y la sostenibilidad ambiental y el respeto a las condiciones de vida de las actuales y próximas generaciones.
  7. Dicha perspectiva nos exige evaluar nuestro sistema de salud, que se centra en la atención individual, en una lógica de lucro, y que más bien debiera focalizarse en la salud pública ambiental y comunitaria, que es preventiva y promotora, que evita mayores riesgos que impacten negativamente en la salud de las personas.
  8. Invocamos que el Estado sea transparente en la información ambiental y sanitaria con la que cuenta, y mantenga informada a las personas y poblaciones de la situación de vulnerabilidad, sobre la evolución y proyecciones, necesarias para la toma de decisiones, especialmente en lo que corresponde a los riesgo de los metales y metaloides más contaminantes: mercurio, plomo, cadmio y arsénico.
  9. Como parte de  la agenda regional, se cumpla con la implementación de la Ordenanza 141-2012 del Gobierno Regional de Junín con proyección a ser consideradas para las diversas regiones del país. La implementación de programas que comprendan un sistema de gestión integral de la salud ambiental y humana, incluyendo la disponibilidad de un laboratorio regional o macroregional certificado, que permita analizar los indicadores biológicos en las personas afectadas por agentes contaminantes.
  10. Exigimos la inmediata acción del Estado en la remediación de los pasivos ambientales, en especial de los 4353 declarados de alto riesgo a nivel nacional, por ser focos contaminantes de gran impacto en agua, aire y suelo.
  11. Nos solidarizamos con la situación de emergencia ambiental y sanitaria que atraviesa la población de Cerro de Pasco, en especial el distrito de Simón Bolivar, similar a la de La Oroya, donde en especial las niñas/os sufren los impactos ambientales de la actividad minera. Demandamos respeto a los derechos de quienes protestan en el Ministerio de Salud en Lima, y acciones concretas para solucionar en definitiva el problema ambiental y de salud que los afecta.
  12. Consideramos fundamental que se priorice como actores que impulsan éste proceso iniciado con éste Congreso, a las mujeres y jóvenes de la región Junín.
  13. Nos comprometemos hacer llegar las conclusiones de este I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humano, a las diversas instancias públicas y de sociedad civil, nacionales y regionales, para dar continuidad al proceso que iniciamos con éste Congreso.

Huancayo, 16 de junio de 2017

Plataforma por la Salud Ambiental y Humana – Región Junín

Dirección Regional de Salud Junín

Colegio Médico del Perú – Consejo Regional IV Junín.

Red Muqui

Arzobispado de Huancayo

Pastoral de la Salud – Arzobispado de Huancayo

Pastoral Social de Dignidad Humana – PASSDIH Huancayo

Movimiento por la Salud de La Oroya

Organizaciones Zonales de Atención en Alimentos y Salud La Oroya – OZAAS

Agentes de Pastoral Social de Huancayo

Foro Salud – Región Junín

Consejo Regional de la Mujer Junín

Municipalidad Distrital de Óndores Mesa de Dialogo Ambiental – región Junín

Mesa Mujer Rural

Central Regional de Mujeres Rurales – Junín

Federación Agraria Regional de Junín

Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FEMUCARINAP

Comisión Episcopal de Acción Social

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social CEDEPAS Centro

Red Uniendo Manos Perú

Continúan firmas…

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Ante la difícil situación ambiental en el distrito de Simón Bolívar, región Pasco

COMUNICADO DE LA DIÓCESIS DE TARMA

“POR EL RESPETO A LA VIDA, EL DIALOGO Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE”

La Diócesis de Tarma manifiesta su cercanía a nuestros hermanos del Distrito Simón Bolívar, de la Región de Pasco, un grupo de ellos se encuentran en la ciudad de Lima con la finalidad de presentar sus demandas y propuestas frente a la grave situación de contaminación que afecta las comunidades de la zona. Este problema de contaminación ambiental no es de ahora, viene de muchos años a otras, por lo cual creemos que es de capital importancia entablar un diálogo sincero entre las partes en vistas al bien común y a la protección de las poblaciones vulnerables.

El Papa Francisco nos recuerda el clamor de la hermana tierra “Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes.” (Laudato Si n° 2) Por eso, vemos la urgencia de atender con toda prioridad esta problemática y urgencias, tanto ambientales como muy especialmente sanitarias. Es necesario que la población, en especial la más vulnerable pueda ser atendida y encuentre caminos que garanticen su salud integral y el desarrollo sostenible en sus comunidades, en las cuales viven y laboran.

Por ello llamamos a todas las partes, a las autoridades del sector público en lo nacional, regional y local, a las organizaciones representativas de la comunidad que busquen el camino del diálogo justo, transparente, bien informado y que se encamine en la perspectiva de la solución progresiva de la problemática con la urgencia del caso. Cuidemos la vida y salud de los niños que son los que más sufren.

Como pastor del amado pueblo que me ha sido confiado, hago este llamado para que todas las personas pongan de su buena voluntad en favor de la vida y sea posible superar la grave situación ambiental y encaminar hacia una calidad de vida digna, y respeto del bien común, como nos recuerda el Papa Francisco “el bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. El bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia” (Laudato Si n° 157).

Que el esfuerzo de ambas partes lleve a soluciones que dignifique la vida de los pueblos, como lo quiere el Señor. “yo he venido para que todos ustedes tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Jn. 10,10)

Tarma, 19 de junio de 2017

Monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco MCCJ

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Simón Bolívar presenta propuestas para que Estado declare emergencia sanitaria en Pasco

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  • Distrito más afectado de Pasco pide que igual se termine de ejecutar acciones de emergencia ambiental del 2012
  • Cuatro menores afectados que vinieron a Lima han sido trasladados al Hospital del Niño

Autoridades del distrito de Simón Bolívar, junto con la RED MUQUI, elaboraron propuestas específicas y prioritarias para que el Estado atienda a la población contaminada por metales pesados y declare la emergencia sanitaria en toda la región Pasco.

Los temas priorizados en esta propuesta de ejecución inmediata se centran en los ejes de Salud, Saneamiento (agua potable) y Remediación de pasivos ambientales. Actualmente, el Estado ha conformado una Comisión Multisectorial conformada por los viceministros de la PCM, MINSA, MINAM, MINEM y Vivienda. Por parte de los pobladores de Simón Bolívar, existe una Comisión de dirigentes encabezada por su alcalde Zumel Trujillo.

De la plataforma de 16 puntos que ellos han planteado al Estado, se vienen priorizando algunos temas como la declaratoria de emergencia sanitaria, un plan de salud que implique tratamiento de personas afectadas por metales pesados en la sangre y la implementación de la clínica de desintoxicación.

Esto implica la necesidad de establecer una línea de base de salud en la provincia de Cerro de Pasco, y se tenga un registro de todas aquellas personas que requieran atención urgente y especializada, sobre todo de los niños, embarazadas y mujeres en edad reproductiva.

En ese sentido, los dirigentes y padres de familia de Simón Bolívar no olvidan la declaratoria de emergencia ambiental que el Estado decretó el 2012 en todo este distrito. Es por ello, que hoy exigen que se cumplan con acciones pendientes, y sobre todo que, el Gobierno Regional de Pasco ejecute el 100% del presupuesto designado para atender esta emergencia hace 5 años.

Otro tema priorizado es la elaboración y cumplimiento de un plan de salud, que implique protocolos de tratamiento de las personas afectadas, la implementación de la clínica de desintoxicación, entre otros que implique la atención especializada de los afectados.

Por el lado del tema de saneamiento, piden que el Estado atienda con urgencia el acceso a agua potable en Cerro de Pasco, ya que es una fuente de contaminación principal, junto con la calidad del aire. Como solución, Simón Bolivar propone la aplicación de plantas de tratamiento de agua portátiles –por zona- hasta que se pueda construir de una planta de tratamiento adecuada.

De igual modo, se pide priorizar la remediación urgente y definitiva de los principales pasivos ambientales, como el «Excelsior», ya que de nada serviría brindar tratamiento a las personas afectadas, si no se eliminan las fuentes de contaminación en sus localidades. En este caso el problema es que el MEM cuenta con US$ 51 millones a los que recién tendría acceso hasta el 28 de junio.

Atención por medio de acuerdos

Desde hace casi una semana, padres, niños y autoridades del distrito de Simón Bolívar (Pasco, Pasco) permanecen apostados en la puerta del Ministerio de Salud (MINSA) hasta que el gobierno, en especial el sector Salud, les brinde una solución definitiva.

Han manifestado que no van a permitir que sus hijos sean revisados por personal del MINSA, mientras no se lleguen a acuerdos claros y suscritos. Esta reacción se debe a que, durante la marcha de sacrificio del año 2015 y la conformación de la mesa de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los niños afectados que vinieron a Lima fueron llevados a algunos hospitales donde pasaron por triajes y dosajes, con el fin de reducir sus acciones de protesta y reclamo. Luego de ello, el Estado se mostró ante la opinión pública que los niños estaban siendo atendido; sin embargo, luego no se les hizo ningún seguimiento.

No obstante, cuatro menores tuvieron que ser trasladados con urgencia al Hospital del Niño, debido a su delicado estado de salud. Una de las menores presentó un cuadro de convulsión.

Todo ello ha generado indignación y la exigencia de acciones concretas con presupuestos y cronogramas de por medio, de lo contrario han manifestado que no van a deponer sus medidas.

A esto se suma, que persiste el amedrentamiento por parte de la fiscalía de prevención del delito hacia los padres de familia. Pese a la presencia de la Defensoría del Pueblo y su permanente coordinación con la Policía Nacional –que los custodia a las afueras del MINSA-, el Ministerio Público les advierte que serían denunciados por exposición de personas y menores al peligro.

Defensoría presente

La Defensoría del Pueblo pidió a las más altas autoridades competentes atender a los niños y niñas afectados por la contaminación por plomo, procedentes del distrito de Simón Bolívar, región Pasco.

En un comunicado, recordó que el Estado peruano asumió diversos compromisos con los pobladores de este distrito luego de la Declaratoria de Emergencia Ambiental. Asimismo, recordó al Estado sobre los estudios que indican que el 84% de los niños menores de 10 años y el 61.5 por ciento de las madres gestantes analizadas entre 1996 y 2005 presentaba concentraciones de plomo en la sangre por encima de los límites permisibles según la OMS.

“La principal fuente de contaminación ambiental de la zona está directamente relacionada a la actividad minera, así como a la existencia de 25 pasivos ambientales mineros pendientes de ser remediados”, remarcó la institución.

DATOS:

  • Desde la RED MUQUI iniciamos el acompañamiento a este caso, luego que Centro Labor Pasco (institución miembro) informaran de la medida.
  • En el año 2015, el distrito de Simón Bolivar realizó su marcha de sacrificio a Lima, producto de esta medida se conformó una mesa de diálogo multisectorial.
  • En noviembre 2016, la OMS/OPS contrató a un grupo de consultores internacionales para que realicen un informe y den recomendaciones sobre el caso de la contaminación en Pasco. Todo ello a pedido del MINSA.
  • En esta reunión, las autoridades y dirigentes de Simón Bolivar estuvieron presentes junto a la RED MUQUI y su asesor el Dr. Fernando Osores (con quien se ha realizado un estudio de salud de Pasco, La Oroya y San Mateo).
  • Lamentablemente, las recomendaciones de estos expertos internacionales señalaban responsabilidades sobre la población, y no de manera directa sobre el Estado. Ello generó malestar en los pobladores de Simón Bolivar, y terminaron abandonando la reunión.

Fuente / Fotos: RED MUQUI

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Pasco necesita decisión política que solucione problemática de Salud Ambiental y Humana

 

  1. RED MUQUI CENTRO Y RED MUQUI NACIONAL, nos solidarizamos con la situación de emergencia ambiental y sanitaria que atraviesa la población de Cerro de Pasco, en particular el distrito de Simón Bolívar, donde en especial las niñas/os sufren los impactos ambientales de la actividad minera, sin que a la fecha haya tenido respuestas efectivas desde el Estado.
  2. En reiteradas ocasiones, los pobladores de Cerro de Pasco, y en especial los de Simón Bolívar, han acudido a Lima para buscar canales de solución para la atención especializada de las personas, especialmente niños y mujeres embarazadas, afectadas por metales pesados y metaloides.
  3. Centro Labor Pasco, con el apoyo de Red Muqui los ha acompañado en diversas reuniones, la última de ellas el 06 de junio pasado, donde lamentamos que la Ministra de Salud no estuviera presente, lo que ocasionó que el alcalde y dirigentes de Simón Bolivar se retiraran. Esa situación ha generado la acción de protesta que actualmente los pobladores realizan en el frontis del Ministerio de Salud.
  4. Demandamos del gobierno el respeto a los derechos fundamentales de las personas que han llegado a Lima y se encuentran en el MINSA.

Finalmente, exigimos una pronta y definitiva solución para la población de Cerro de Pasco, que pasa por considerar las demandas que la Municipalidad de Simón Bolivar presentó al Despacho Presidencial, mediante el documento N° 001-2017-MDSB-ALC/PASCO, que incluyen la atención inmediata a las familias más afectadas, cierre definitivo de los pasivos ambientales mineros que generan impactos en la salud, implementación de políticas de salud para la atención especializada de los afectados por metales pesados, el diagnóstico e identificación de los afectados por metales pesados en Cerro de Pasco, entre otros puntos.

Huancayo, 16 de junio de 2017

 

 

 

Pasco – Junín – Ayacucho – Lima

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ONU evidencia debilidad del Estado peruano en manejo de conflictos sociales mineros

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  • RED MUQUI facilitó que afectados presenten caso de niños contaminados en Simón Bolívar
  • El colectivo también gestionó que ONU conociera caso de reasentamiento de Morococha
  • En salud ambiental y humana, ONU recomienda que el Estado fortalezca fiscalización ambiental

El Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos visitó el Perú entre el 10 y 19 de julio, con el fin de revisar si se están implementando los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.

En esa misión, estos representantes de la ONU determinaron que el Estado peruano ha tenido una limitada presencia en donde operan las empresas mineras y existen conflictividad social. Es así que la misión internacional observó que, al no notarse la gobernabilidad y el estado de derecho, se hace más difícil el diálogo con las comunidades y ello contribuye a un ambiente de desconfianza, descontento y agitación social.

“El alto número de protestas sociales sugiere que las estrategias existentes para prevenir y mitigar los efectos adversos de la inversión extranjera directa en los derechos humanos han fallado”, alerta en reciente documento.

Si bien, el informe final de misión oficial será presentado en la 38ª sesión del Consejo de derechos humanos en junio de 2018, esta comisión de trabajo emitió una declaración expresando su preocupación sobre el manejo de los Derechos Humanos durante los conflictos sociales en el Perú.

Tomando en cuenta los reportes de conflictividad de la Defensoría del Pueblo, los representantes de la ONU vieron que el alto número de conflictos sociales en nuestro país, está relacionados a comunidades locales que protestan contra los efectos adversos causados por las operaciones mineras, petroleras y energéticas.

Es por ello que, en sus conclusiones preliminares, los miembros de este grupo de la ONU incluyeron han remarcado -con preocupación- la cifra de 70 muertos (65 civiles y 5 policías) en el período 2012-2016, durante estallidos de conflictos sociales.

Durante su visita a nuestro país, los expertos de Naciones Unidas escucharon y recibieron denuncias de personas potencialmente afectadas por actividades mineras. La contaminación del agua, el agotamiento de las aguas superficiales y subterráneas, la presencia de metales pesados en la sangre de trabajadores mineros y habitantes locales, son las más recurrentes, como es el caso en La Oroya (Junín) Cerro de Pasco (Pasco), Chumbilvilca y Espinar (Cusco), entre otros.

RED MUQUI dio a conocer caso Simón Bolívar y Morococha

El pasado 10 de julio, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, invitó a una reunión a la RED MUQUI y otras de sus instituciones miembros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CooperAcción, FEDEPAZ, APRODEH.

En dicha oportunidad RED MUQUI facilitó que se conozca el caso de contaminación de la población de Simón Bolívar (Pasco), fue así que Jaime Silva, Regidor de dicho distrito, expuso sobre violaciones de derechos que sufrían sus poblaciones por efecto de la intervención de empresas mineras, en especial los derechos a la vida y salud, al ambiente adecuado y equilibrado, a la vivienda digna, entre otros derechos que los casos evidencian.

“La emergencia de salud pública en Pasco relacionada con la contaminación industrial debe servir como un llamado de atención para fortalecer la debida diligencia en materia de derechos humanos a través de evaluaciones de impacto ambiental y fiscalización fuertes. Además, pone en evidencia la necesidad de tener en cuenta los costos a más largo plazo de las salvaguardias ambientales subestándar”, advirtió la ONU luego de conocer el caso.

Asimismo, la misión tomó cuenta del caso Morococha, el primer caso en Perú de reasentamiento de un pueblo entero a causa de un proyecto minero. César Reyna, Asesor de la Municipalidad Distrital de Morococha, fue el encargado de informar de la situación de los pobladores que fueron reubicados en octubre de 2012 (a unos 12 kilómetros de distancia), por la minera china Chinalco, para poder llevar a cabo el proyecto Toromocho.

Los expertos de la ONU supieron que Morococha se está quedando vacía por la falta de oportunidades y de actividad económica, debido a que Chinalco no ha cumplido con sus promesas de trabajo y de instalar cerca el campamento minero.

Consulta previa previene conflictos

Por su parte, la RED MUQUI y sus instituciones miembros plantearon las dificultades de la aplicación del derecho a la consulta previa en minería, y la situación de las defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos.

En la reunión con la misión, la RED MUQUI informó los requisitos de participación pública relacionados con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y el otorgamiento de concesiones para operaciones mineras, son solo informativas y, por tanto, no corresponden procesos de consulta legítimos.

“La participación ciudadana y consultas con las comunidades afectadas por las operaciones empresariales es otra fuente principal de conflicto social (…) Recomendamos que todo tipo de consulta y participación se realice en la fase de planificación más temprana de un proyecto y que la misma incluya todas las fases, incluso hasta el cierre”, puntualizó este grupo especial de la ONU.

Los días posteriores los miembros de la Misión viajaron a Cajamarca, Cusco y Challhuahuacho (Apurímac), donde tuvieron diversas reuniones sobre la conflictividad social generada por la actividad mineras en dichas localidades. En esos casos, Grufides (Cajamarca) y Derechos Humanos sin Fronteras (Cusco) les informaron sobre esta problemática.

Criminalización y defensores ambientales

En su declaración, las Naciones Unidas recuerda que sus Principios Rectores se basan en la importancia del espacio ciudadano donde las voces críticas puedan expresarse con el fin de que las empresas entiendan las inquietudes y los riesgos relacionados con los derechos humanos vinculados con sus operaciones.

“Cuando la gente expresa su preocupación por los efectos negativos de las operaciones comerciales, a menudo se enfrentan a intimidación y criminalización”, dijo Dante Pesce, el segundo miembro de la delegación del Grupo de Trabajo.

Durante su visita, la misión se reunió con varios de los líderes comunitarios acusados de «extorsión» y otras imputaciones, debido a las modificaciones del código penal –en la última década- que han facilitado la criminalización de la protesta social y han impuesto sanciones más severas para delitos como «perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos».

“La criminalización de las protestas no ayuda a lograr la paz, y se deben hacer más esfuerzos para mejorar las condiciones de diálogo”, concluyen en una parte de su declaración.

Convenios mineros con la Policía

La misión de empresas y derechos humanos de la ONU, también reparó en los convenios que las empresas mineras sostienen con la Policía Nacional, los cuales consideró como un “arreglo crea confusión acerca de la función policial, que es la de proteger a la población (artículo 44 de la Constitución).

“En la práctica, esto se materializa a través de la presencia de policías pagados por la compañía para prestar servicios de seguridad portando el uniforme policial y las armas de reglamento. Esto solo refuerza la desconfianza en la policía nacional”, aseveró el grupo de trabajo.

DATO:

  • El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Sus miembros actuales son: el Sr. Michael Addo, el Sr. Surya Deva (actual Presidente), el Sr. Dante Pesce, el Sr. Pavel Sulyandziga, y la Sra. Anita Ramasastry actual Vicepresidente).
  • El grupo recorrió Lima, Loreto, Cajamarca, Cusco y Apurímac, donde se reunirán con autoridades gubernamentales y miembros de la sociedad civil.

Foto: Naciones Unidas / GRUFIDES

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Afectados por contaminación piden que PPK declare a Pasco en emergencia sanitaria

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AL NO CUMPLIRSE EMERGENCIA AMBIENTAL

  • Pobladores y autoridades presentaron una plataforma de reclamos al Presidente de la República
  • Desde hace meses Simón Bolívar y toda la región de Pasco esperan políticas de salud para la atención de la población.
  • Ejecutivo aun no convoca a reunión de mesa de diálogo que ve caso de contaminación por metales pesados en Simón Bolívar

Para los peruanos de Simón Bolívar (Pasco, Pasco), el gobierno central no muestra interés por la salud de las personas en dicho distrito y de toda la región, ya que desde que se declaró la emergencia ambiental hace 5 años (2012), no se han cumplido con planes de acción, ni compromisos para atender a la población afectada por metales pesados en la sangre.

Es por ello que, las autoridades de Simón Bolívar presentaron una solicitud formal para que se declare la emergencia sanitaria en el lugar, y así garantizar que se priorice atención especializada urgente para los afectados y con un presupuesto designado.

Zumel Trujillo, alcalde de Simón Bolivar, recalcó que desde que inició el gobierno de PPK, se enviaron diversas cartas y solicitudes de audiencias en donde participen el Premier Fernando Zavala y los ministros relacionados a esta problemática de salud ambiental.

Es así que esta vez decidieron enviar un documento (N° 001-2017-MDSB-ALC/PASCO) al mismo Presidente Pedro Pablo Kuczynski para recordarle que la población de Simón Bolívar sigue esperando que se establezcan políticas públicas en salud para atender a los afectados por la contaminación que generan los pasivos ambientales y otras actividades de la empresa minera VOLCAN S.A.

“Estamos esperando que se dé continuidad a la mesa de diálogo impulsada el 01 de octubre de 2015 en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Desde esa fecha no hemos tenido atención directa de los sectores para resolver este problema de salud pública que aqueja principalmente a los niños”, indican en el documento.

Cabe mencionar que, en mayo de este año, la municipalidad de Simón Bolívar remitió dos cartas a la PCM (N°030-2017-ALCALDÍA-MDSB-PASCO del 8 de mayo, y N°035-2017-ALCALDÍA-MDSB-PASCO del 15 de mayo). En ambos documentos se pidió al Ejecutivo que, en un máximo de 15 días, el Ejecutivo fijen fecha y hora para reanudar la mesa de diálogo.

Encadenados

El alcalde Zumel Trujillo junto a una comitiva de autoridades locales y pobladores afectados, llegaron hasta la sede del Ministerio de Salud (MINSA) en donde se encadenaron en señal de protesta y espera hasta ser recibidos por las autoridades del sector.

Acompañados de sus pequeños hijos –algunos de ellos perjudicados en su salud por los metales- se aferraron al frontis del MINSA mientras eran custodiados por la Policía Nacional.

Ministra García no los recibió

Hace poco más de una semana (martes, 6 de junio), la Comisión de Pueblos Andinos y Medio Ambiente del Congreso, coordinó una reunión en donde serían recibidos por la propia ministra Patricia García. Sin embargo, solo estuvieron presentes la viceministra de salud pública, Silvia Pessah Eljay y otros funcionarios. Fue por ello que los pobladores de Pasco se retiraron.

Asimismo, en el documento presentado al presidente Kuczynski mencionaron, que el 17 de enero último fueron invitados al evento “Metales pesados y la salud en el Perú”, organizado por el Ministerio de Salud (MINSA) en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, fueron programados para el último día de esta reunión que tenía días previos con expertos internacionales.

“Fuimos sorprendidos con una reunión en la que el MINSA brindó información limitada en donde solo se abordó el plomo en la sangre en los niños, cuando los menores tienen hasta 10 metales pesados en su organismo. Esto ha traído como consecuencia que sufran retardo mental, leucemia, cáncer, parálisis, entre otros síntomas y dolencias”, refieren.

Exigencias de atención en salud

  • Implementación de políticas de salud efectivas para atención de miles de afectados por contaminación de metales pesados.
  • Cierre definitivo de los pasivos ambientales más grandes de Cerro de Pasco como son la desmontera Excelsior y la relavera de Quiulacocha.
  • Atención inmediata a las 6 familias más afectadas con metales pesados que si bien fueron trasladados por tener diagnóstico delicado de salud, han sido abandonados a su suerte en su atención médica.
  • Diagnóstico e identificación sobre intoxicación con metales pesados y enfermedades neoplásicas a toda la población de Pasco.
  • Implementación del equipo de la CDC Atlanta Estados Unidos para diagnosticar hasta 17 metales pesados en la sangre, y así evitar que los afectados de Pasco se vean obligados a trasladarse hasta Lima.
  • Presentación de guías y protocolos de atención médica para personas expuestas a metales pesados como arsénico, manganeso, aluminio, cesio, cromo, níquel, talio, selenio, y mercurio.

Exigencias de infraestructura y saneamiento

  • Construcción de un Hospital de Enfermedades Neoplásicas en Pasco, al ser la segunda región con alto índice de cáncer en el 2014, según el INEN.
  • De igual modo piden el financiamiento para los estudios de prefactibilidad y factibilidad de la construcción de la clínica de desintoxicación y laboratorio toxicológico, que se ubicaría en la comunidad nativa de Ñagazu (distrito de Villa Roca, Oxapampa, Pasco). Para ello se cuenta con la documentación del saneamiento físico legal entregado por Villa Rica y Simón Bolívar al MINSA.
  • Para poder evitar que el aire arrastre polvo con metales pesados, se pide la construcción y pavimentación de pistas y veredas en todo Pasco.
  • Asimismo, se hace necesaria la culminación del proyecto integral de agua potable para la ciudad de Cerro de Pasco, ya que hasta la fecha sigue circulando agua sin tratamiento y con metales pesados.

Exigencias para Volcan

  • La población de Simón Bolívar pide que el estado exija el cumplimiento de los planes de descontaminación de los suelos y su tratamiento ambiental en zonas afectadas por parte de la empresa minera VOLCAN S.A.
  • Pasco pide que se evalúe y realice un peritaje del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto planta complementaria de minerales oxidados y una nueva evaluación al proyecto, así como el cumplimiento a las exhortaciones planteadas por OEFA, en enero de 2017, respecto a la unidad Óxidos de Pasco de VOLCAN.

DATOS:

  • Pasco presenta unos 574 pasivos ambientales sin remediación, en su mayoría son desmontes
  • Existen más de 2 mil niños identificados con metales pesados en sus organismos. Algunos presentan hasta 10 metales en la sangre, no solo plomo.
  • En setiembre de 2015 se realizó una marcha de sacrificio desde Pasco hasta Lima. Luego de esta movilización se instaló una mesa de diálogo con el Ejecutivo del gobierno de Ollanta Humala.

Fuente / Fotos: RED MUQUI

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Sociedad Civil reúne a expertos y autoridades para resolver atención de afectados por contaminación en Junín

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EN I CONGRESO DE SALUD AMBIENTAL

Organizaciones de la Sociedad Civil y entidades del Gobierno Regional de Junín decidieron organizar y convocar al I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana con el fin de generar importantes aportes para la implementación de la Ordenanza Regional (141-2012 GRJ/CR) que prioriza la atención especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental en Junín.

Luego de constatar que las condiciones ambientales para la vida de las personas y comunidades se encuentran en proceso de deterioro –y con serias repercusiones en la salud de la población- se hace necesario abordar este tema desde un dialogo con las poblaciones afectadas. Especialmente con aquellas de mayor potencial para nuestro futuro: los niños y las madres gestantes.

Se espera que este evento, basado en el enfoque de la relación: salud, ambiente y desarrollo de la región, sea un espacio de apertura al diálogo, generación de alianzas estratégicas e intercambio de conocimientos entre autoridades, profesionales, expertos, ciudadanos y personas afectadas por la contaminación ambiental.

Desde hace 5 años se espera que la Gerencia de Desarrollo Social honre el compromiso de implementar esta ordenanza, en articulación con los otros sectores del Gobierno Regional y el liderazgo de la Dirección Regional de Salud de Junín.

Con esta norma regional se establecería un nuevo modelo de salud para el desarrollo humano y sostenible de la región, luego que se declare “de interés y necesidad pública regional”, la atención prioritaria especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental, en la Provincia de Yauli y otras afectadas de la Región Junín.

No obstante, las demandas de la población también apuntan al Gobierno nacional, para que presten toda su atención a la evolución de los niveles de contaminación y la atención de salud para las personas que se consideran afectadas por la contaminación ambiental en la ciudad de La Oroya.

Es por ello que, este primer Congreso regional tiene como objetivo construir estrategias de corresponsabilidad multisectorial para lograr un sistema integrado y eficiente de la salud regional. Esto contempla un mayor acceso a los servicios de atención sanitaria por parte de la población afectada por la contaminación ambiental.

Además, se pretende sensibilizar a los asistentes sobre los impactos de los condicionantes ambientales y sociales regionales en la salud de las personas, valorando la necesidad de la promoción y prevención de la salud.

Otro de los resultados esperados en este I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana, es recoger las ponencias y opiniones de expositores expertos para una futura publicación que recoja toda la problemática y propuestas de solución sobre la afectación de la salud humana a causa de la contaminación por metales pesados.

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El público al que está dirigido: Autoridades regionales, locales, profesionales, investigadores y estudiantes de la rama de la salud, representantes de organizaciones sociales, eclesiales y gremiales. Siendo el ingreso libre, tendremos la asistencia de ciudadanos, ciudadanas y personas que por su afinidad tengan interés.

Quienes realizan este importante espacio son organizaciones de la Sociedad Civil de Junín como la Plataforma por la Salud Ambiental y Humana – Región Junín y el Consejo Regional IV del Colegio Médico del Perú, la Red Muqui, y por parte del Estado, la Dirección Regional de Salud- DIRESA Junín.

El I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana se realizará el 14, 15 y 16 de junio en el auditorio del Colegio Médico del Perú – Consejo Regional IV Junín, situado en el Jr. Aguirre Morales 548 El Tambo Huancayo.

El miércoles 14 de junio el congreso se inaugura a las 18:30 horas; minetras que entre el jueves 15 y viernes 16 se realizarán tres paneles con expertos en salud y autoridades del sector.

jueves 15 de junio 2017

Primer Panel de “Salud y ambiente”

9.30 a.m. 1.00 p.m.

  • Salud y sus determinantes sociales y ambientales
  • Agua y Saneamiento en la salud pública  Enfoques actuales de la promoción de la salud
  • Desarrollo sostenible y salud urbana

Segundo Panel “Salud ambiental y efectos en la salud humana”

2.00 p.m. a 6.00 p.m.

  • Contaminantes en entorno mineros y metalúrgicos
  • Monitoreo biológico en las intoxicaciones por metales
  • Efectos dañinos para la salud: Neuro-toxicidad en humanos, Contaminación ambiental y cáncer, Contaminación del aire y enfermedades respiratorias o Contaminación del aire y la salud en las ciudades

viernes 16 de junio 2017

Tercer Panel “Construcción de políticas públicas de salud ambiental y humana”

9.00 a.m. 1.30 p.m.

  • Propuesta regional de Programa de Salud ambiental y humana
  • Situación y perspectivas del sistema de gestión de salud en el Perú
  • Situación y perspectivas del sistema de gestión ambiental en el Perú
  • Políticas públicas para un Programa de Salud Ambiental Integral Regional

Fuente: Plataforma por la Salud Ambiental y Humana – Región Junín

Fotos: Polución Ambiental / Plataforma por la Salud Ambiental y Humana – Región Junín

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Proponen que Estado diseñe políticas para personas afectadas por metales pesados

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CON PROYECTO DE LEY

Ante la importancia y el impulso que el Estado le da inversiones en minería e hidrocarburos, con fin de reactivar la economía, el congresista Wilbert Rozas presentó un Proyecto de Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional, la prevención, mitigación y atención de la salud por contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas.

Uno de los argumentos que expone el proyecto es que la afectación de la salud humana en las actuales -y futuras- zonas mineras e hidrocarburíferas van a generar un alto costo social al Estado, debido a que los proyectos extractivos también representan riesgo por la generación, liberación y difusión de metales pesados y otras sustancias químicas peligrosas a las cuales está expuesto el organismo en las zonas de impacto.

La iniciativa N° 1256-2016-CR propone la creación de una “Mesa de Trabajo Gubernamental Intersectorial”, con una secretaría técnica presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), e integrada por técnicos del Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Dichos sectores serían los responsables de elaborar un diagnóstico, estrategias, así como propuestas de normas y medidas políticas para los fines de esta eventual ley.

Esta propuesta legislativa propone que los técnicos del MINSA provengan de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria y del Instituto Nacional de Salud (INS).

En su exposición de motivos, el proyecto de ley de Rozas concuerda con la política de Estado 13 de acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. De igual modo, está acorde con la política de estado 19, sobre Desarrollo Sostenible y gestión ambiental. Ambas políticas del establecidas en el Acuerdo Nacional.

La necesidad de contar con política públicas para quienes están –o podrían estar- afectados por metales pesados u otras sustancias tóxicas en el organismo, responde a la presencia de casi 9 mil Pasivos ambientales mineros que están presentes en zonas antiguas, intermedias y recientes de explotación minera. Así como ante los numerosos derrames de petróleo en la Amazonía.

El proyecto recoge los reportes de metales pesados presentes en recursos hídricos que son de uso común en poblaciones. Las diferentes fuentes de agua, cuencas y ríos delimitan alrededor de 20 zonas en las que se desarrollan actividades extractivas, tal como refiere el doctor Fernando Osores, médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales.

De igual modo, recoge que la concentración de metales pesados en el agua de los ríos, exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), por lo que podrían afectar seriamente el ambiente y la salud humana ante la presencia de Arsénico (As), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb)

Asimismo, expone un informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS)* en el que se recomienda incluir estudios de salud poblacional, respecto a la contaminación por metales y otras sustancias químicas peligrosas, en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y en los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

“Los EIA y PAMA refieren de manera muy superficial el tema de la salud, o no lo incluyen. La información que contienen solo refleja la morbilidad de enfermedades comunes en la región donde se realizará la actividad extractiva”, menciona dicho informe del año 2010.

Además, CENSOPAS reconoce que, en el caso de la actividad minera, se liberan metales pesados al medio ambiente, y que por medio del suelo, aire y agua se puede afectar a salud de quienes viven alrededor.

«La contaminación ambiental no es el único problema, sin una adecuada política de salud pública es imposible prever el deterioro de la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades aledañas que es causado solo por la minería, interviniendo además otros componentes de cambios, principalmente el social que se encuentra relacionado al desarrollo de la comunidad», se cita parte de este informe en el proyecto.

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* «Riesgos a la salud por exposición a metales pesados en la provincia de Espinar-Cusco-2010», elaborado por equipo técnico de CENSOPAS: Jonh Asteta C.; María del Carmen Gastañaga R.; Iselle Sbastizagal V.; Tania Oblitas C., Martha Lucero Pérez, Karina Chávez, Félix Rodríguez, Lorfio Lupu, Milagros Abadie, Jaime Rosales, Pilar Lizárraga.

Fuente: Despacho del Congresista Wilbert Rozas

Foto: Plataforma La Oroya por un cambio

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