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  • Carta de solidaridad viene circulando entre ciudadanía con este pedido

Ciudadanos independientes y actores de la Sociedad Civil vienen promoviendo una carta de solidaridad con el abogado Juan Carlos Ruiz y el doctor Fernando Osores quienes han sido denunciados penalmente por el Ministerio de Salud (Minsa) luego de que ambos profesionales sacaran a la luz el caso de las comunidades campesinas contaminadas en Espinar.

En esta carta dirigida al ministro de Salud, Aníbal Velásquez, los firmantes exhortan a que se deje sin efecto la denuncia contra Ruiz y Osores, y más bien se tomen medidas urgentes para atender y asegurar la salud de los ciudadanos de Espinar.

LEER CARTA

Si desea firmar a nombre propio o institucional, puede enviar un correo a:  warditovega@gmail.com (Wilfredo Ardito).

Lo que alega el Estado

El Minsa, se ha centrado en el caso específico de Margarita Cahuana, comunera de Espinar que falleció el año pasado con cáncer de riñón y presentaba altos niveles de contaminación por metales pesados en la sangre. Y a quien pretender desconocer como parte del grupo de comunidades atendidas por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas).

Es así que Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el médico especialista enfermedades infeccionas y tropicales, Fernando Osores, por haber utilizado –presuntamente- documentación falsa para denunciar el caso de la señora Ccahuana.

El Procurador Público Luis Valdez, indica que el Censopas –entidad que en el 2010 recogió muestras de sangre y orina en la comunidad de Huano Huano– nunca sacó análisis a Margarita Ccahuana, por tanto el documento publicado en el portal de Justicia Viva de IDL, por Ruiz y Osores, lo señala como falso. También alega que dicho documento no lleva la firma ni el sello de la Coordinadora del Laboratorio Químico Toxicológico.

En respuesta, Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores alegaron que el certificado les fue entregado por el hijo de Margarita Ccahuana, y tiene el mismo formato de los que Censopas entregó a los comuneros tres años después del examen, sin firma ni sello, tal como lo comprobó Defensoría del Pueblo en diciembre del 2014, tras la denuncia del doctor Osores quien formó parte del equipo del Censopas en aquella época.

VIDEO DE OSORES

Pese a la insistencia del Minsa, en señalar que Margarita Ccahuana Córdova no fue parte del grupo del que se obtuvieron muestras de sangre alguna por exposición a metales pesados, los familiares de la comunera fallecida aseveran lo contrario y muestran el documento con los resultados positivos de la prueba que el Censopas realizó en el año 2010.

El Informe de ensayo N° 100/10 se titula «Estudio de línea de base a las comunidades aledañas al proyecto minero Quechua Huano Huano». Pertenece a Margarita Ccahuana y lleva el sello del INS. La fecha corresponde al 31 de enero del año 2011.

Tras expresar su apoyo a Ruiz y Osores, através de un pronunciamiento la RED MUQUI exhortó al Estado a preocuparse por tomar medidas de salud inmediatas para que las personas ya afectadas por cáncer, producto de metales pesados, tengan una muerte digna; que los enfermos puedan tener una mejor calidad de vida, y en especial atender el cáncer que padecen 5 niños en las comunidades de Espinar.

“Exigimos que se active el presupuesto para ejecutar los planes de atención de salud de las personas afectadas por la contaminación en Espinar (Cusco), y que se efectúe la remediación respectiva de los pasivos e impactos ambientales generados por la actividad minera, para eliminar los focos de contaminación que producen los problemas sanitarios”, indicó RED MUQUI.

VIDEO DE LA SITUACIÓN EN PACPACCO

CASO MARGARITA CCAHUANA

  • Margarita Ccahuana Córdova fue comunera de Alto Huancané (sector Pacpacco, Espinar, Cusco)
  • Según los propios exámenes que le fueron practicados por el Censopas, Margarita tenía 95.0 microgramos de plomo por decilitro de sangre y 129.97 microgramos de arsénico por gramo de creatinina en orina. En ambos casos, el mínimo permisible es 20.
  • El Instituto Nacional de Salud (INS), del que forma parte Censopas, no entregó a Margarita ni a los demás comuneros de Alto Huancané los resultados de las pruebas.
  • Tres años después  el médico Fernando Osores –entonces miembro del equipo del Censopas- denunció el caso ante la Defensoría del Pueblo, y ahí recién ahí los comuneros conocieron sus resultados.
  • El 8 de mayo del año pasado, Margarita Ccahuana falleció de cáncer a los riñones en el hospital Goyeneche de Arequipa.
  • En el certificado de defunción de Margarita se agregó: intoxicación crónica por arsénico y cadmio.

DATOS:

  • Desde 2010 comunidades de Espinar tienen presencia de metales pesados por encima de LMP
  • Hay dos planes de atención uno por MINSA y otra. Presupuesto de atención de hay.
  • OEFA ha solicitado a Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) la base de la contaminación, pero ello demora dos años.
  • Comunidad de Huinipampa es la más afectada y tiene 6 dirigentes con 6 meses de prisión preventiva. También van a procesar a Comunidad de Huiza.
  • En la demanda de Cumplimiento de IDL sobre Espinar, está pendiente declarar la Emergencia Sanitaria por presencia de metales pesados. Actualmente esta se reduce solo a infecciones.

Foto: Diario La República

Afectadas. Melchora Surco y Santusa Ñoñoncca de la comunidad del Alto Huancané

POR MEDIO DE TRES DEMANDAS

  • Denuncias penal y constitucional se formularon a la par con investigación periodística
  • Estado ocultó resultados de comuneros con metales en el organismo en dos oportunidades

Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF Cusco), CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA) emprendieron una serie de demandas en el ámbito civil y penal, así como un proceso de amparo, en defensa de dos de las comunidades que habitan en la zona de influencia del proyecto minero Antapacay (Espinar, Cusco) y que han visto afectada su salud ante la presencia de 16 metales pesados en la sangre.

Dichas demandas han sido interpuestas contra el Estado Peruano por haber omitido los resultados de las muestras de sangre y orina, que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), tomó a los habitantes de las comunidades de Huisa y Alto Huancané en el año 2010, en Espinar (Cusco).

Tal como indica el informe periodístico del equipo de investigación de Convoca, “Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, en este primer estudio, el CENSOPAS conoció que cientos de pobladores de Huisa y Alto Huancané, ubicadas entre los ríos Salado y Cañipía, estuvieron expuestos a arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales considerados por la OMS como altamente cancerígenos. Aun así callaron.

Asimismo, la investigación de Convoca, añade que en el 2013, Censopas hizo un nuevo estudio tras un acuerdo de la mesa de diálogo de Espinar; es así que recogió 180 muestras de orina y confirmó los hallazgos del primer estudio (2010), solo que esta vez arrojó resultados de otros 11 metales presentes en los organismos de los habitantes evaluados. La toma de muestras de estas nuevas 11 sustancias no tuvo el consentimiento de los donantes, y es por ello que volvieron a guardar “reserva”, y no se conocieron hasta diciembre de 2014.

Ante todas estas omisiones y secretismos por parte del Censopas, sin importar la salud de las personas, la plataforma de abogados de DHSF Cusco, CooperAcción y el IDL -junto con los afectados- elaboraron y presentaron una demanda de cumplimiento, es decir, un proceso constitucional con el que se busca que el Estado cumpla con las leyes para proteger la salud, específicamente en las comunidades aledañas al proyecto Antapaccay (ampliación Tintaya).

Juan Carlos Ruiz (IDL), Jaime Borda (DHSF Cusco), Melchora Surco (Alto Huancané) y Juan Magaño (Huisa)

Para ello, se contó con el apoyo del doctor Fernando Osores, médico Magister en enfermedades infeccionas y tropicales, quien trabajó en el CENSOPAS, así en el equipo de profesionales del estudio del 2013. En ese año, Osores denunció estas irregularidades al momento de evaluar a los pobladores, así como la expedición de los resultados a los pobladores “sin sellos, membretes, ni firmas”.

Dr. Fernando Osores 

Juan Carlos Ruiz, Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó de intolerable el hecho de que el mismo Ministerio de Salud, a través del CENSOPAS, haya ocultado a los pobladores durante tres años, los diagnósticos por metales pesados en la sangre.

El letrado de IDL también recalcó que el Estado tiene una función de garante de derechos, así como de protección de los mismos. En ese sentido, Ruiz recordó que el Estado -ante una situación como esta- tiene la obligación de investigar, prevenir, reparar y sancionar:

“Es necesario investigar las causas. Luego de cinco años aun no se sabe el origen de esta contaminación; por un lado, la empresa aduce que es de origen natural, y por otro, los afectados señalan directamente a la actividad minera. Además de también prevenir las violaciones (a los derechos humanos) y reparar la vigencia de la salud, se requiere sancionar a aquellos que resulten responsables por haber cometido ilícitos penales o administrativos” apuntó Juan Carlos Ruiz.

Melchora Surco muestra fotos de como eran sus tierras antes de la contaminación ambiental por metales

Tres demandas

De ser favorable la sentencia a raíz de la demanda de cumplimiento (presentada en mayo de 2015), se tendría que decretar emergencia sanitaria, emergencia ambiental, así como practicar exámenes epidemiológicos y toxicológicos en la zona.

Los defensores legales de las comunidades de Huisa y Alto Huancané indicaron que se busca una orden judicial para afectar el presupuesto y así ejecutar un Plan de Atención Integral que no se limite a campañas informativas, sino integrales.

De igual modo, los abogados de las comunidades señalaron está en curso una demanda penal interpuesta por la ONG Solsticio debido a los ilícitos penales, como el de no atender a personas en peligro.

Juan Carlos Ruiz del IDL añadió que vienen preparando una demanda civil contra el Estado, por no cumplir con atender la salud de estas personas, pese a saber y haber comprobando que se encontraban en peligro. Es por ello que se apunta a que los afectados por metales en la sangre, reciban una reparación civil.  “Aun no se establece la responsabilidad de la empresa minera”, deslizó Ruiz.

Cuestión de presupuesto

Otro aspecto importante que mencionaron los abogados defensores, fue que en medio de los procesos de amparo, la procuradora de la Dirección de Salud del Cusco (DIRESA Cusco) reconoció la gravedad de los afectados y adujo que como el gobierno regional tenía un PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL (PAI), pero que el gobierno central no facilitó el presupuesto. “Dicho PAI demanda un millón y medio de soles para su ejecución, y tras cinco de evidencia de daño en las personas no se atiende a la gente porque supuestamente no hay dinero, pese a lo que genera la actividad minera en la zona”, incidió Juan Carlos Ruiz del IDL.

“La actividad minera, petrolera y energética son muy importantes ya que generan trabajo y divisas, pero no a costa de sacrificar vidas y poner en peligro la integridad física de las personas. El artículo 59 de la Constitución es muy claro: la libertad de empresa, la libertad de industria y la libertad contractual son muy importantes y hay que protegerlas, pero no pueden poner en peligro la salud de las personas”, remarcó Ruiz.

Gabriel Arriarán y Milagros Salazar de Convoca.pe

“Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, es un informe periodístico elaborado por el equipo de periodistas de investigación de Convoca, con el respaldo de CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF – Cusco) y médicos especializados en salud ambiental.

La presentación estuvo a cargo de Milagros Salazar y Gabriel Arriarán de Convoca, junto con representantes de las comunidades afectadas.

Fotos: Facebook Convoca / Comunicaciones RED MUQUI